Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos que correspondan, reformule el Procedimiento de Cálculo del Monto de los Subsidios a otorgar por parte del "Fondo del SISTAU" (Anexo IV de la resolución 337/2004), de tal modo que se obtenga una distribución mas federal de dicho Fondo, atendiendo la densidad de población, los índices de distribución de riqueza regional y el promedio de salarios, para que el beneficio alcance equitativamente a todo el país.

Señor presidente:

En el marco de la ley 26028, el decreto 652/02 creó el SISTAU. En ese decreto se argumentó que la finalidad era compensar los desfases tarifarios ocasionados por el impacto de la devaluación del peso en la estructura de costos de las empresas transportistas. No obstante, la distribución de los fondos del subsidio del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) establecidos en la resolución 337/2004 de la Secretaría de Transporte, responde a criterios que no guardan ninguna relación con la naturaleza del problema que dio origen a la norma, por el contrario, se realiza en base a un conjunto de variables tales como la cantidad de pasajeros transportados en cada jurisdicción, kilómetros recorridos, recaudación en pesos y unidades afectadas.

En los fundamentos de la Resol. 111/2002 de la Secretaría de Transporte se dice que el monto de los ingresos brutos es el que mayor relación posee con la naturaleza de las compensaciones. Nótese que en el sentido del decreto 652/02, el parámetro ingresos brutos no es demostrativo del impacto negativo de la devaluación.

Así, lejos de solucionar el problema la nueva normativa realzó desigualdades existentes entre las provincias. La actual distribución castiga a las provincias menos pobladas, y en algunos casos, las más pobres, en favor de aquellas cuyo número de habitantes sostienen de una manera rentable el transporte público. Esta política de transporte con los actuales criterios de distribución de subsidios, lejos de aminorar los efectos de la devaluación y su corolario inflacionario, aumenta la variable regresiva. Observamos así que la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, por su alta densidad demográfica, reciben actualmente el 70% de dichos subsidios mientras que por ejemplo, la provincia de Sata Fé recibe sólo el 1% del total de los subsidios otorgados y La Pampa el 0.12%.

De tal modo, se ha arrojado a los habitantes de las provincias con poca densidad de población a pagar tarifas más altas con un progresivo deterioro del servicio, puesto que con los criterios existentes de distribución de fondos no hay posibilidades para estas provincias de diseñar un sistema de transporte público rentable que satisfaga las necesidades de sus habitantes. Por consiguiente, y a modo de círculo vicioso, un sistema de transportes de tarifa alta y baja calidad expulsará a los usuarios a otros medios alternativos o bien a ninguno, excluyéndolos, lo cual redundará en que esa jurisdicción reciba cada vez menos fondos.

Ante tal situación este proyecto de resolución, lejos de agotar la problemática, trata de equilibrar los desfasajes descriptos proponiendo un nuevo cálculo del CPF que tenga en cuenta la cantidad de habitantes de cada jurisdicción reconvirtiendo la asignación de fondos del SISTAU en una medida federal, justa y equitativa.