Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de las instancias que correspondan, informe a esta Honorable Cámara, en relación con el funcionamiento y saturación del servicio de trenes de la ex línea Sarmiento que ha derivado el pasado 4 septiembre en graves incidentes en las estaciones Merlo y Castelar de dicha línea férrea, sobre los siguientes puntos:

a) Cuáles fueron las inversiones que se han efectuado en la línea del tren Sarmiento desde 1994, año en que comienza el contrato de concesión con la subsidiada Trenes Buenos Aires SA, hasta la fecha.

b) Indique si los órganos de control han detectado alguna de las irregularidades en el cumplimiento de las pautas contractuales por parte de la empresa concesionaria en el periodo 2003-2008. En caso afirmativo, describa las medidas adoptadas al respecto.

c) Qué acciones ha realizado el Poder Ejecutivo desde que la Auditoría General de la Nación (AGN) determinó, a través de un informe fechado el 12 de marzo del corriente año, que la empresa concesionaria no cumplía los requisitos básicos sobre accesibilidad, seguridad operativa y mantenimiento, y que incluso no daba respuesta alguna frente a algunas observaciones y lineamientos dictados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

a) Cuáles fueron los subsidios otorgados por el Estado Nacional a la empresa concesionaria, en el periodo 2003-2008, y cuáles fueron las inversiones realizadas con esos montos. Asimismo indique cuál es el control que ha realizado el Estado para el manejo de dichos fondos.

b) Cuál es el diagnóstico que efectúa el Poder Ejecutivo para determinar que la exclusiva culpabilidad por los hechos ocurridos el pasado 4 de septiembre en las estaciones Castelar y Merlo de la línea Sarmiento, recae en "infiltrados" y algunos grupos que intencionalmente habrían armado los incidentes, desligando de toda causalidad al deficiente estado del servicio ferroviario que origina el descontento, el fastidio y la impaciencia en los usuarios.

Señor presidente:

El pasado 4 de septiembre, un grupo de pasajeros atacó e incendió una formación en la estación de la localidad bonaerense de Merlo del ferrocarril Sarmiento. A su vez, se produjeron destrozos en las instalaciones de la estación Castelar de la misma línea.

Los episodios se desencadenaron cerca de las 7 hs, cuando un tren que se dirigía a Once quedó detenido sorpresivamente entre las estaciones de Ituzaingó y Castelar. La formación estaba colmada de pasajeros, en su mayoría trabajadores y estudiantes que viajan diariamente a la Capital.

El trayecto entre Merlo y Castelar había consumido casi una hora, cuando en condiciones normales no lleva más de quince minutos. Presionados por el tiempo transcurrido y al no tener ninguna información oficial sobre la detención del tren (luego el Poder Ejecutivo dijo que se trató de un sabotaje) cientos de pasajeros bajaron de la formación y ocuparon las vías, por donde se extendió la protesta rápidamente. El servicio quedó interrumpido. Poco después, pasajeros furiosos llevaron la protesta a la estación Castelar, donde hubo importantes daños en las instalaciones. Según fuentes policiales, los usuarios directamente apedrearon las oficinas del lugar.

Transcurrido un breve lapso, mientras una multitud esperaba en la estación de Merlo el reintegro del servicio, un grupo más violento incendió siete vagones de una formación detenida en ese lugar. A partir de ese momento la Policía recibió instrucciones para actuar. Los efectivos detuvieron a ocho personas en Castelar, acusadas por daños y robos. Otras tres, en tanto, fueron apresadas en Morón, mientras que dos resultaron demoradas en proximidades de la estación Haedo.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que los incidentes fueron armados intencionalmente, que hubo presencia de "infiltrados". Para este funcionario, el grupo "Quebracho" y el Partido Obrero fueron responsables en los hechos violentos detallados anteriormente.

Estos graves incidentes han puesto una vez más en evidencia la crítica situación en la que se encuentra el servicio ferroviario, como consecuencia de la falta de previsión, de planificación y de inversión por parte de las empresas que deben encargarse, contractualmente, del mantenimiento y correcto funcionamiento de los trenes. Por ello resulta fundamental un adecuado control por parte del Gobierno Nacional, principalmente sobre el destino final de los millonarios subsidios otorgados a las concesionarias del servicio.

Al respecto, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) fechado el 12 de marzo de este año ya había señalado que la empresa concesionaria no cumplía los requisitos básicos sobre accesibilidad, seguridad operativa y mantenimiento.

El documento expresa en forma contundente que "a juzgar por el deficitario estado general de conservación que presenta el sistema, la gestión del concesionario puede caracterizarse como ineficaz". El mantenimiento edilicio de las estaciones es caracterizado como "deficitario". Además consigna que el material rodante no recibe un "mantenimiento adecuado" y "no se brinda respuesta técnica en tiempo y forma a las irregularidades encontradas por la CNRT". El documento agrega que los pasos a nivel también "evidencian déficit en su estado de conservación, observándose que el concesionario no efectúa la normalización de la totalidad de las falencias constatadas por la CNRT". Y continúa: "Los componentes del sistema de vía presentan un estado deficitario, ante lo cual, y como paliativo de la situación, se imponen restricciones a las velocidades máximas de circulación".

Inicialmente, se señala que TBA "no ha efectuado en su totalidad la presentación de los planes de mantenimiento referidos al período auditado, conforme a lo establecido contractualmente y a los lineamientos de los órganos de control". Y se agrega que "tampoco dio respuestas a los pedidos de aclaración y/o adicionales que se le efectúan sobre la documentación entregada". Por otro lado, los informes sobre el mantenimiento no han respetado la "periodicidad" exigida por contrato. "Este hecho provoca una limitación para el Órgano de Control, toda vez que imposibilita el adecuado control y seguimiento de las tareas que desarrolla TBA para el mantenimiento necesario de los bienes cedido en concesión", completa.

El informe recuerda que el Estado giró a la empresa que brinda servicios en los ramales Mitre y Sarmiento 128 millones de pesos entre 2005 y 2006 en concepto de subsidios. "En el sistema concesionado a Trenes de Buenos Aires persiste la falta de cumplimiento a la normativa vigente, tendiente a facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física a las estaciones y el material rodante", aseguró el documento oficial.

Señor presidente, estos incidentes bajo ningún concepto pueden ni deben ser justificados. Por el contrario, son objeto de repudio por quienes trabajamos cotidianamente en consolidar cada vez más un sistema democrático que permita la expresión de las voces de nuestros ciudadanos en un marco sin violencia y de respeto por las instituciones que lo sostienen. Más aún ante la posible presencia de activistas que hayan aprovechado las circunstancias en favor de intereses propios.

Sin embargo, son el reflejo del disgusto y el hastío de la gente que ve todos los días vulnerados sus derechos básicos por un sistema ferroviario de pasajeros en situación de colapso ante la ausencia de inversiones, producto del incumplimiento de quienes tienen la obligación de mantener el servicio en condiciones apropiadas, y la carencia de un sistema de control adecuado que impida el otorgamiento compulsivo de subsidios y permita la adopción de medidas frente a dichas inobservancias. Se llega entonces a un límite en el que la violencia se le representa, sin que ello implique justificación alguna, como la única herramienta con la que cuenta el usuario. Es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de garantizar un adecuado servicio a sus ciudadanos, que padecen en forma permanente el maltrato, el desprecio y la desidia al viajar en condiciones indignas y debiendo soportar sistemáticamente interrupciones y demoras. Frente a esto resulta imperativo y urgente que el Poder Ejecutivo brinde respuestas y dé las explicaciones correspondientes.

Señor presidente, por los fundamentos expuestos, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de resolución.