Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de la Subsecretaría de Transporte Automotor, adopte acciones de promoción y realice las modificaciones normativas pertinentes a fin de favorecer el desarrollo de servicios de tráfico libre entre localidades de distintas provincias, cuando una de ellas, por sus características de difícil acceso, escasa cantidad de habitantes y estructurada básicamente por un sistema económico de autosubsistencia, requiera a los fines esenciales de la comunicación de sus habitantes, contar con dichos servicios.

Señor presidente:

En Salta hay algunas localidades que únicamente se comunican con la capital de la Provincia transitando por rutas de la vecina Provincia de Jujuy.

Es el caso de Iruya y Santa Victoria Oeste, pequeñas localidades reconocidas por la belleza de sus paisajes, pero en las que la gran mayoría de sus habitantes soportan una situación económica y social muy difícil.

Muchos de ellos viven en la auto-subsistencia y en la mayoría de los casos en extrema precariedad.

Al ser pueblos de pocos habitantes, además de que en muchos casos están dispersos en las zonas montañosas, el servicio público de transporte se presta en pocas ocasiones. (con escasa frecuencia)

Indudablemente, el aumento de frecuencias no genera ningún beneficio económico, en todo caso provoca pérdidas para cualquier empresa.

Esto produce que en situaciones de emergencia o cuando los pobladores necesitan realizar trámites en la ciudad de Salta, y/o en Jujuy, se carece de medios de transporte.

Por ser de competencia nacional, al ser un servicio que se presta entre dos provincias, considero necesario que la autoridad competente realice modificaciones normativas y ponga en marcha algunas medidas de promoción a los efectos de dar una respuesta a esos ciudadanos que históricamente han sido postergados.

Señor Presidente, entiendo que el marco legal actual, que comprende las disposiciones generales del Servicio de Transporte de Pasajeros y su régimen de sanciones, debe corresponderse con la realidad a la que hice referencia, que quizás se reproduzca en otros puntos del país.

Los requisitos en cuanto a tarifas, recorridos y otras modalidades deben tomar en cuenta el transporte en zonas de montaña, con dispersión poblacional y economía de subsistencia. No podemos fijar los mismos parámetros que para otras zonas, mas desarrolladas o mas ricas del país.

Lo mismo sucede con el régimen de sanciones. Si se detecta una contravención a la norma, las penalidades deben guardar proporcionalidad con el hecho de que la prestación del servicio de transporte, que generalmente lo realiza alguna camioneta de un habitante de un pueblo cercano o un vehículo perteneciente al municipio, que no tiene fines de lucro y responde a necesidades elementales de comunicación de personas que de otra forma quedarían totalmente aisladas o más grave aún, por problemas de salud no atendidos a tiempo, podrían perder su vida.

Entonces, se deben modificar a través de la Subsecretaría de Transporte de la Nación, las pautas normativas para contemplar esta realidad, que aunque corresponda a una pequeña cantidad de argentinos, su necesidad debe ser atendida si queremos cumplir fielmente con nuestra Constitución, que reconoce derechos a todos los habitantes.

Es claro que las nuevas consideraciones legales no deben disminuir requisitos que hagan a la seguridad del trasporte, específicamente en lo relacionado al estado de los vehículos.

Es allí donde el Estado Nacional debería poner en marcha una política pública de promoción.

Cuando el mercado no puede brindar respuestas a necesidades esenciales de los habitantes, es el Estado el que debe garantizarla.

Ese principio llamado de la subsidiariedad, que tiene que ver con brindar igualdad de oportunidades para todos a los fines de permitir el pleno desarrollo de las potencialidades de la persona y el ejercicio de sus derechos, se materializa en este caso en instrumentar créditos, subsidios, u otra herramienta ,de acuerdo a lo que estime conveniente la autoridad de aplicación, para poner en condiciones los vehículos que correspondan y así consolidar servicios de tráfico libre, modalidad prevista por la normativa, en los casos en que una de las localidades entre las que se produce el transporte tiene las características apuntadas anteriormente.

Esto se puede instrumentar a través de las intendencias de las localidades ya que como dijimos antes, financian a personas que brindan de hecho estos servicios o ponen a disposición de este tipo de transporte un vehículo de la propia intendencia, además de solventar los gastos de mantenimiento y combustible.

Esto gastos se constituyen en una carga económica pesada para aquellos.

Pero, claro está, la necesidad de cumplir con los requisitos técnicos y de modelo de dichos vehículos requiere indudablemente de medidas de promoción del Estado Nacional, más aún teniendo en cuenta que esos municipios tienen enormes demandas sociales de parte de sus habitantes y sus presupuestos son magros.

Se hace necesario entonces dar una respuesta efectiva a esas poblaciones, por lo que se propone a través del proyecto, medidas conducentes a ello.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.