Solicitar al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS; al ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES; a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIÁLIDAD; a la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; y a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, que brinden información sobre los siguientes puntos:

1) Conocer de manera oficial a través de las resoluciones correspondientes si el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios rescindió el contrato de concesión del tramo de la ruta 5 entre Luján-Carlos Casares a la empresa Homaq S.A.

2) De haberse efectivamente rescindido el contrato de concesión, porqué se demoró dicha decisión, teniendo un informe de la Defensoría del Pueblo de La Nación, que alertaba de los incumplimientos en las obras desde hace años.

3) Qué empresa se hará cargo de la concesión del tramo de la ruta 5 entre Luján-Carlos Casares.

4) Cuáles van a ser las penalidades para la empresa Homaq S.A., ya que oportunamente el OCCOVI no impuso multa alguna a la concesionaria.

Señor presidente:

El presente proyecto de Resolución, tiene por objeto instar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio y de los organismos pertinentes a que nos confirme de manera oficial, si el PEN, tomó la decisión de rescindir el contrato de concesión del de la ruta 5 entre Luján- Carlos Casares a la empresa Homaq S.A.

La concesión de la ruta nacional 5 se desarrolla a lo largo de 248 km, y el Estado nacional se hizo cargo de la ejecución de la autovía en los primeros 28 km, mientras que la concesionaria Homaq S.A. debía ejecutar los 112 km siguientes para continuar luego con una obra de banquinas en los 108 km finales. Entre los incumplimientos detectados pueden señalarse la falta de tareas de mantenimiento, que ha permitido que en la calzada se formen baches, fisuras, hundimientos, desplazamientos con deformación, ahuellamientos; la deficiente señalización y la falta de inicio y ejecución de las obras en los tres primeros años de la concesión.

A través de sus investigaciones, la Defensoría Nacional determinó que "han existido demoras e incumplimientos en las obligaciones oportunamente pactadas y que las mismas son atribuibles de manera exclusiva a la concesionaria. Los usuarios están actualmente abonando una tarifa de peaje sin que la empresa haya efectuado las obras comprometidas".

Luego agregó que "el Estado tiene derecho a rescindir el contrato cuando el contratista actúe de modo fraudulento, con grave negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones contractuales, como lo puntualiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia".

El estado de las rutas provinciales es calamitoso. El alto índice de mortalidad en accidentes en las rutas nacionales es evidencia del mal estado de las vías de circulación en el interior del país. En la provincia más poblada, el elevado nivel de circulación ha puesto en relieve las condiciones en que se encuentran algunas de las más importantes vías de acceso a los epicentros más concurridos por turistas o por el transporte de las producciones regionales. Tres ejemplos claros para entender la realidad que atraviesan las rutas provinciales y las condiciones que sufren quienes circulan por ellas.

En 2012 el número de víctimas viales en todo el país fue de 7485 personas. Tan sólo en la provincia de Buenos Aires, el número se eleva a 2354, según las cifras relevadas desde la ONG Luchemos por la Vida.

Por lo expuesto, Señor Presidente, es que solicito a los demás Diputados de la Nación, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.