Su repudio a las amenazas recibidas por el presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Dr. Carlos Rozanski, y su preocupación por la seguridad de los magistrados y testigos que participan en los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad

Señor presidente:

"Nada es igual después de López", sostuvo en declaraciones públicas el titular del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Dr. Carlos Rozanski, tras denunciar que en la madrugada del domingo último había recibido doce amenazas telefónicas.

Por cierto, el López al que aludió el juez es el desaparecido albañil Julio López, cuyo testimonio ante el tribunal encabezado por Rozanski fue decisivo para condenar a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua por su responsabilidad en "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio".

Fue tras la lectura de aquella sentencia que el condenado profirió su recordada y generalizada amenaza: "No es este Tribunal el que me condena; son ustedes los que se condenan".

Las palabras de Etchecolatz no eran una mera bravuconada; al momento de pronunciarlas, Julio López ya había desaparecido.

Por eso, tiene razón el magistrado cuando advierte que "nada es igual". Aunque ya había recibido amenazas similares durante el juicio a Etchecolatz, las del domingo pasado adquieren nuevo significado a la luz de la desaparición de López, del confuso episodio del que habría sido víctima Luis Gerez y del casi ignorado caso de Carlos Leiva, un joven militante del Frente Darío Santillán, secuestrado durante siete horas en marzo último y sometido a un simulacro de fusilamiento mientras sus captores le requerían información sobre la organización que integra; hechos estos que alertan sobre el resurgir de prácticas supuestamente erradicadas por la democracia.

Paradójicamente, estos episodios con finalidad claramente intimidatoria se producen cuando, tras la nulidad de las las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los responsables de crímenes de lesa humanidad vuelven a ser convocados por la justicia.

Uno de los procesados por delitos de este tipo es el sacerdote y ex capellán de la policía bonaerense Cristian von Wernich. Su presunta participación en siete casos de homicidio y 41 casos de privación ilegal de la libertad y tormento que se perpetraron durante el gobierno militar lo ubican hoy en la antesala de un juicio oral que se sustanciará ante el tribunal presidido por Rozanski.

Es evidente que amenazas como las efectuadas el domingo último tienen por objeto doblegar la moral del magistrado y la de sus colegas.

Ante ello, esta Cámara en la que precisamente se originó la ley 25.779 que declara insanablemente nulas a las leyes 23.492 y 23.521 tiene la obligación de respaldar a los jueces encargados de aplicar la norma mencionado en primer término cuyo espíritu no es otro que el de verdad y justicia.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de este proyecto de Declaración.