Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio del Interior informe:

1º. Si el Estado nacional desplegó fuerzas de seguridad, el pasado 26 de febrero, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, con motivo de conmemorarse los 56 meses de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

2º. En caso afirmativo, si las fuerzas actuantes informaron a sus respectivas superioridades sobre un incidente ocurrido en la zona y en el que participaron dos presuntos integrantes de dichas fuerzas vestidos de civil y militantes del Frente Popular Darío Santillán, entre quienes se encontraba el ciudadano Carlos Leiva, es decir, la misma persona que el pasado 2 de marzo denunciara en la seccional 30º de la Policía Federal que durante esa jornada había sido secuestrado en horas del mediodía en el barrio de Constitución, interrogado clandestinamente en un galpón cuya ubicación no pudo precisar y sometido a un simulacro de fusilamiento para luego ser liberado en el barrio de Barracas.

3º. Si es habitual que al hacerse una denuncia de este tipo, como la efectuada por Leiva el 2 de marzo ante la seccional 30º de la Policía Federal, suceda que, mientras el oficial sumariante toma nota de ella, otro miembro de la fuerza haga lo propio y produzca una versión paralela de lo denunciado.

4º. En caso afirmativo, cuál es la razón de ser de este doble registro de lo denunciado y el destino que se da a la versión paralela.

5º. Teniendo en cuenta la gravedad del hecho denunciado por Leiva y su significación política, si los efectivos policiales que tomaron su denuncia debieron dar cuenta de la misma a su superioridad y ésta a las autoridades del Ministerio del Interior. De ser así, si cumplieron con dicha obligación.

6º. En caso afirmativo, qué medidas tomó la cartera del Interior para dilucidar el caso, detener a los responsables y garantizar la seguridad del denunciante.

7º. Si es correcto el contenido del último párrafo del artículo publicado sobre el secuestro de Leiva en la página 17 del diario Clarín del 4 de marzo de 2007, donde dice: Clarín consultó al Ministerio del Interior, desde donde señalaron que "no había ningún comentario que hacer".

8º. De ser correcta tal información, qué evaluación del caso hizo esa cartera para desestimar la posibilidad de comentarlo ante el requerimiento periodístico.

Señor presidente:

Desde que, el 26 de junio de 2002, balas de la Policía bonaerense acabaron cobardemente con la vida de los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación ferroviaria de Avellaneda, sus compañeros de militancia se reúnen cada mes en la estación ferroviaria de Avellaneda para recordar a ambos luchadores populares.

A través de sus fuerzas de seguridad, el Estado nacional ha venido vigilando rigurosamente estas sucesivas conmemoraciones; cuestión que, por cierto, se enmarca en la legalidad.

Pero además de esta presencia de efectivos uniformados, los habituales concurrentes a estas conmemoraciones han detectado que de modo reiterado se entremezclan en sus columnas presuntos agentes de seguridad vestidos de civil.

Es más, integrantes del Frente Popular Darío Santillán aseguran haber obtenido de los fotógrafos que suelen cubrir las movilizaciones para diferentes medios periodísticos imágenes que documentan la presencia reiterada de individuos que a veces aparecen entremezclados con los manifestantes y en otras ocasiones se hallan desarrollando tareas junto a las fuerzas policiales a pesar de que visten de civil y no llevan ningún tipo de identificación, lo que induce a pensar que su misión es realizar acciones de inteligencia sobre los grupos sociales que se manifiestan.

Con estos antecedentes, el pasado 26 de febrero, al conmemorarse los 56 meses de los asesinatos de Kosteki y Santillán, integrantes de una de las columnas que participaban del acto detectaron a dos desconocidos vestidos de civil que se habían entremezclado con ellos. Un militante de esta agrupación, el ciudadano Carlos Leiva, pidió a estos desconocidos que se identificaran. Lejos de apelar a las evasivas típicas en estas circunstancias, los desconocidos respondieron con frases amenazantes.

Dos días después de este episodio, durante el mediodía del 2 de marzo, el ciudadano Leiva transitaba por la avenida Pavón en el barrio porteño de Constitución, cuando dos individuos lo interceptaron y lo introdujeron por la fuerza en un vehículo Volkswagen Polo de color gris oscuro y vidrios polarizados.

Tirado en el piso de ese vehículo, Leiva asegura que sus captores lo trasladaron a mediana velocidad durante media hora y dando muchas vueltas por calles que, obviamente, no reconoció hasta un lugar en el que el conductor del Volkswagen tocó bocina y, tras escucharse el sonido de un portón que se abría, introdujo el vehículo en lo que resultó ser un galpón.

A esta altura importa señalar que la estimación de Leiva sobre el tiempo que duró su traslado en el auto de sus captores es relativa; sabido es que quienes pasan por estas circunstancias suelen perder la noción de tiempo. Teniendo en cuenta que ese traslado pudo durar menos de lo que Leiva apreció, que el vehículo nunca desarrolló velocidades como las que se alcanzan en avenidas o autopistas y las continuas vueltas dadas, es legítimo presumir que el galpón no estaba demasiado lejos del lugar en que se produjo el secuestro y que muy probablemente se encontrara en la propia Capital Federal.

Si bien los secuestradores de Leiva ocultaban sus rostros con máscaras, otra persona que recién apareció en el galpón y actuaba a cara descubierta, se acercó a la silla en la que habían atado al secuestrado y le dijo: "Mirame, si sabés quién soy, me conocés, te hacés el boludo ahora". Como mientras esto decía, el desconocido le pasaba una pistola por el rostro, Leiva evitó mirarlo. Sin embargo, cuando pudo hacerlo, comprobó que quien así lo desafiaba era idéntico a una de las dos personas que el 26 de febrero habían intentado infiltrarse entre los concurrentes al acto conmemorativo.

A continuación, los captores sometieron a Leiva a un interrogatorio. Vale señalar que las preguntas que le formulaban giraban en torno a las características de la organización que integra y a sus dirigentes. Curiosamente, la información que requerían los secuestradores está a disposición de quien la busque en las publicaciones impresas o electrónicas del Frente Popular Darío Santillán. Teniendo en cuenta este dato, las amenazas que el secuestrado recibió tras el interrogatorio ("vas a ser el segundo desaparecido", en clara alusión a Julio López, o "querés que tu rostro aparezca en una bandera como el de Santillán") y el posterior simulacro de fusilamiento al que se lo sometió, se puede inferir que el propósito de los secuestradores no era obtener información, sino amedrentar a Leiva y dejar constancia de un nuevo hecho que atemorice a quienes puedan aportar datos que incriminen a los responsables de hechos aberrantes, tal como se intentó con la desaparición del ciudadano Julio López o mediante las amenazas y otros actos intimidatorios que diversas personas padecieron últimamente.

Tras el simulacro de fusilamiento al que hicimos referencia, uno de los captores dijo haber recibido un llamado telefónico de "el Loco", supuesto responsable del operativo. Acto seguido, volvieron a subir a Leiva al Wolkswagen de vidrios polarizados y lo llevaron hasta la Villa 21 del barrio de Barracas. Antes de abandonarlo en ese lugar le dieron unas monedas para que se tomara un colectivo que lo llevara a su casa.

Hasta aquí el relato de lo sucedido durante el secuestro de este joven de 34 años durante la jornada del 2 de marzo. Sin embargo, ese día no terminaría sin otras sorpresas.

Mientras buscaba la parada del colectivo, un agente de la Policía Federal que se encontraba en la zona y al que le llamó la atención el estado de desconcierto que exhibía Leiva, le preguntó qué le pasaba y se ofreció a acompañarlo hasta la seccional 30º de la repartición donde Leiva formalizó la denuncia de su secuestro que había durado siete horas.

En la seccional, Leiva recibió un trato más que cortés; ya que hasta el comisario y el subcomisario se acercaron a saludarlo. El primero en recibirlo había sido un ayudante de apellido Brizuela, quien al escuchar el relato de lo sucedido llamó al inspector Marcelo Tapia.

Tapia comenzó a tomar apuntes manuscritos de las cosas que Leiva contaba. En determinado momento se fue con sus anotaciones al interior de la seccional y regresó diez minutos después para decirle a Brizuela que comenzara a tomar formalmente la denuncia de Leiva. Más adelante, Tapia suplantó a Brizuela en ese menester, al tiempo que le ordenaba tipear en otra computadora un informe con lo denunciado por Leiva y los apuntes manuscritos que él había tomado previamente, y le advertía: "Apurate que esto va en sobre cerrado".

A esa altura, ya se había hecho presente en la seccional un colaborador del letrado de la organización de pertenencia de Leiva que, intrigado por el informe que iría en sobre cerrado, preguntó por la razón de ser del mismo. Tras vacilar, Tapia le respondió que era "un informe policial". El colaborador del abogado quiso saber si se hacía por el caso especial de Leiva, a lo que el inspector contestó que no, que siempre se hacía y le ordenó que se alejara del lugar donde ellos trabajaban. Cabe señalar que Leiva no tuvo acceso al contenido de este informe paralelo ni se le solicitó que lo avalara con su firma, tal como hubiese correspondido si se tratara de una copia de su denuncia.

Si hemos sido minuciosos en el relato es porque de él surgen circunstancias y trámites que no resultan familiares para quien alguna vez haya hecho una denuncia en una comisaría y que sugieren que el caso Leiva causó algún tipo de inquietud especial entre el personal de la seccional 30º.

Asimismo, cabe preguntarse hacia donde debía ir el informe "en sobre cerrado". El sentido común, indica que tratándose de un secuestro con fuerte perfil político, los destinatarios finales del sobre debían ser las autoridades políticas del Ministerio del Interior; cosa que así habría ocurrido, según veremos más adelante.

Lo cierto es que recién el domingo 4 de marzo tomó estado público a través de los medios de comunicación lo que le había sucedido al joven Leiva.

Al respecto, el matutino Clarín informaba sobre el asunto y culminaba su crónica con un llamativo párrafo que decía: "Clarín consultó al Ministerio del Interior, desde donde señalaron que ´no había ningún comentario que hacer".

Nótese que según el diario, la fuente ministerial no habría negado el caso ni habría dicho desconocerlo. Sólo habría manifestado que no se lo comentaría; algo que no sólo desconcierta sino que también indigna, en tanto lo que estaba en juego era la seguridad de un ciudadano argentino.

Recién el miércoles 7 de marzo el Sr. Ministro del Interior aludió a esta cuestión en declaraciones a Radio Continental que reprodujo la agencia Telam. En ellas, el Dr. Aníbal Fernández confirmaba que se había anoticiado del caso por la denuncia que recogiera la seccional 30º de la Policía Federal y aseguró que desde ese momento fueron encaradas "muchísimas acciones" que no especificó "porque esas cosas son delicadas y requieren el cuidado de la información que se investiga".

Más allá de las lógicas prevenciones que se deben tomar cuando se realizan investigaciones de este tipo, llama poderosamente la atención que sus responsables no hayan tomado aún contacto con Leiva para requerirle elementos orientadores de la pesquisa. Más aún cuando Leiva asegura que cree estar en condiciones de reconocer a uno de sus secuestradores.

Planteábamos recién la necesidad de orientar la pesquisa. Al respecto, en sus declaraciones, el Sr. ministro del Interior afirmó que existen en Argentina "resabios de quienes han actuado en otras épocas con determinados gestos" y sostuvo que, "a lo mejor, pibes comprometidos como el caso éste (de Leiva) con denuncias o planteos formales pueden ser víctimas de algún personaje de estas características".

Si la investigación está orientada por esta mirada ministerial, es muy posible que fracase. En efecto, quienes en otras épocas implantaron el terror en Argentina pueden aún organizar patéticos actos autoreivindicatorios en plazas públicas, hacerse oír a través de ciertos medios de comunicación o lograr los servicios de eficaces estudios de abogados; pero carecen de toda capacidad operativa y de la infraestructura necesaria para secuestrar a una persona durante el mediodía de una jornada hábil en una transitada avenida porteña, mantenerla en cautiverio y luego liberarla, todo ello - presuntamente- en una única jurisdicción policial.

Creemos que en este caso, las fuerzas de seguridad y sus autoridades políticas deben trabajar con hipótesis más actualizadas que permitan no sólo aclarar este episodio que ya no resulta aislado, sino también evitar su reiteración.

En tal sentido, solicitamos la aprobación de este proyecto de Resolución.