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RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 149
Secretario Administrativo DR. SAADE MARTIN OMAR
Jefe SR. OTTONE IGNACIO
Martes 14.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2132 Internos 2132/2133
crnaturales@hcdn.gov.ar
- RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Reunión del día 20/11/2020
- INFORMATIVA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de noviembre de 2020, a la hora 18 y 30, comienza la reunión virtual de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE GROSSO Bienvenidos y bienvenidas: estamos sobre el final mismo del período ordinario de sesiones y queremos aprovechar para poder dictaminar cuestiones que tienen acuerdo y cuestiones que tuvieron muchísimo trabajo de todos y todas en esta comisión.
Todos los temas son importantes, pero un tema muy trascendente, dada la magnitud que tuvo la cuestión durante todo el año, es el de presupuestos mínimos de protección de humedales.
Atento a que todavía se están resolviendo algunos acuerdos entre los distintos bloques que integramos esta comisión, planteo una moción de orden con el fin de invertir el temario y pasar el proyecto sobre humedales a último término y avanzar con los otros proyectos que, si bien son temas con bastante consenso, tienen algún grado de debate.
Tenemos un pedido del ministerio y por eso hemos invitado a distintos expositores y expositoras a contarnos algunos de los proyectos.
Hay una iniciativa de 2019, sobre fitosanitarios, que tiene distintos expedientes. Se trata del control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, vencimiento y desarrollo de los cultivos; régimen; agricultura, ganadería y recursos naturales.
Para eso hemos invitado a Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y a Diana Guillén, jefa de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
¿Están conectados y conectadas?
Todos los temas son importantes, pero un tema muy trascendente, dada la magnitud que tuvo la cuestión durante todo el año, es el de presupuestos mínimos de protección de humedales.
Atento a que todavía se están resolviendo algunos acuerdos entre los distintos bloques que integramos esta comisión, planteo una moción de orden con el fin de invertir el temario y pasar el proyecto sobre humedales a último término y avanzar con los otros proyectos que, si bien son temas con bastante consenso, tienen algún grado de debate.
Tenemos un pedido del ministerio y por eso hemos invitado a distintos expositores y expositoras a contarnos algunos de los proyectos.
Hay una iniciativa de 2019, sobre fitosanitarios, que tiene distintos expedientes. Se trata del control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, vencimiento y desarrollo de los cultivos; régimen; agricultura, ganadería y recursos naturales.
Para eso hemos invitado a Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y a Diana Guillén, jefa de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
¿Están conectados y conectadas?
SRA. SECRETARIA (FUENTES) No los veo, señor presidente. Todavía no están conectados.
SR. PRESIDENTE GROSSO Entonces avancemos porque tenemos distintos temas, entre ellos, una propuesta del diputado Zamarbide sobre creación de un registro, el proyecto de fitosanitarios, un proyecto de la diputada Moisés y después tenemos proyectos de declaración y de resolución sobre los que van a ir hablando algunas personas.
Si quieren, podemos empezar por el proyecto de registro.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
Si quieren, podemos empezar por el proyecto de registro.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
SR. ZAMARBIDE Señor presidente: voy a tratar de ser breve en virtud de la cantidad de temas que tenemos que tratar.
Como todos saben, la legislación y la gestión de residuos sólidos urbanos es uno de los temas ambientales más importantes para el país y que genera mayor impacto ambiental por el volumen de residuos que generamos.
En Argentina, se da la circunstancia de que la gestión de residuos sólidos urbanos es competencia de los gobiernos locales y ahí hay una desconexión entre los distintos eslabones que componen la cadena de reciclaje en el país.
Desde hace bastante tiempo se viene hablando con distintas entidades vinculadas al sector del reciclaje sobre la necesidad de ordenar y tener un registro público claro de manera de facilitar el trabajo y la conexión entre los distintos eslabones de la cadena, pero sobre todo de facilitar la gestión pública y hacerles el trabajo más fácil a los intendentes que están tratando de seguir la estrategia de gestión integral de residuos sólidos urbanos.
Tenemos dos líneas de conexión para facilitar y fomentar esta cadena de reciclaje. La horizontal, entre los eslabones de la cadena de comercialización de reciclaje y, la vertical, entre los distintos niveles de gobierno, es decir, municipios, provincias y Estado nacional.
Por eso, proponemos crear un registro que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, pero como el proyecto lo presentamos el año pasado hay que cambiar algunos términos.
Si bien hay un registro actual en la AFIP, el mismo está hecho en base a las ventajas impositivas del IVA y del impuesto a las ganancias que tienen las entidades vinculadas a reciclar que se inscriben en ese registro de AFIP.
Obviamente, la mayoría de los actores de la cadena de reciclaje, sobre todo los recuperadores urbanos, no están en ese registro. Así que proponemos algo mucho más ágil. La inscripción es voluntaria porque la idea no es burocratizar, sino darle herramientas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para que pueda estimular la inscripción en este registro y, en definitiva, facilitar y mejorar la información que tenemos en Argentina respecto a la economía circular.
Muchos municipios quieren avanzar con estrategias de reciclado, pero a veces no cuentan con información suficiente. Por ejemplo, en mi ciudad, San Rafael, gran parte de los plásticos se reciclan, pero muy poca gente lo sabe. Muchos recuperadores urbanos que trabajan con materiales recuperados no saben a quién llevárselos, cuando hay una empresa acá, en la ciudad, que se encarga de eso.
Parece una locura, pero es así. Y no tengo ninguna duda de que esto se replica en muchas ciudades de Argentina.
También es una forma de reconocer el esfuerzo de quienes vienen trabajando en proyectos de investigación y desarrollo de este tema. Por eso proponemos vincular a las universidades nacionales y escuelas técnicas que participan en procesos de investigación y en proyectos de desarrollo en materia de reciclaje.
En líneas generales de eso se trata el proyecto. Algo para destacar es que muchas empresas terminan importando insumos y materiales para sus procesos que podrían provenir del sector de reciclaje si tuviésemos una economía circular más ágil.
La finalidad es insertar a los recuperadores urbanos en corrientes de residuos específicas e ir profesionalizando cada vez más la actividad.
Si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, con mucho gusto la voy a contestar.
Como todos saben, la legislación y la gestión de residuos sólidos urbanos es uno de los temas ambientales más importantes para el país y que genera mayor impacto ambiental por el volumen de residuos que generamos.
En Argentina, se da la circunstancia de que la gestión de residuos sólidos urbanos es competencia de los gobiernos locales y ahí hay una desconexión entre los distintos eslabones que componen la cadena de reciclaje en el país.
Desde hace bastante tiempo se viene hablando con distintas entidades vinculadas al sector del reciclaje sobre la necesidad de ordenar y tener un registro público claro de manera de facilitar el trabajo y la conexión entre los distintos eslabones de la cadena, pero sobre todo de facilitar la gestión pública y hacerles el trabajo más fácil a los intendentes que están tratando de seguir la estrategia de gestión integral de residuos sólidos urbanos.
Tenemos dos líneas de conexión para facilitar y fomentar esta cadena de reciclaje. La horizontal, entre los eslabones de la cadena de comercialización de reciclaje y, la vertical, entre los distintos niveles de gobierno, es decir, municipios, provincias y Estado nacional.
Por eso, proponemos crear un registro que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, pero como el proyecto lo presentamos el año pasado hay que cambiar algunos términos.
Si bien hay un registro actual en la AFIP, el mismo está hecho en base a las ventajas impositivas del IVA y del impuesto a las ganancias que tienen las entidades vinculadas a reciclar que se inscriben en ese registro de AFIP.
Obviamente, la mayoría de los actores de la cadena de reciclaje, sobre todo los recuperadores urbanos, no están en ese registro. Así que proponemos algo mucho más ágil. La inscripción es voluntaria porque la idea no es burocratizar, sino darle herramientas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para que pueda estimular la inscripción en este registro y, en definitiva, facilitar y mejorar la información que tenemos en Argentina respecto a la economía circular.
Muchos municipios quieren avanzar con estrategias de reciclado, pero a veces no cuentan con información suficiente. Por ejemplo, en mi ciudad, San Rafael, gran parte de los plásticos se reciclan, pero muy poca gente lo sabe. Muchos recuperadores urbanos que trabajan con materiales recuperados no saben a quién llevárselos, cuando hay una empresa acá, en la ciudad, que se encarga de eso.
Parece una locura, pero es así. Y no tengo ninguna duda de que esto se replica en muchas ciudades de Argentina.
También es una forma de reconocer el esfuerzo de quienes vienen trabajando en proyectos de investigación y desarrollo de este tema. Por eso proponemos vincular a las universidades nacionales y escuelas técnicas que participan en procesos de investigación y en proyectos de desarrollo en materia de reciclaje.
En líneas generales de eso se trata el proyecto. Algo para destacar es que muchas empresas terminan importando insumos y materiales para sus procesos que podrían provenir del sector de reciclaje si tuviésemos una economía circular más ágil.
La finalidad es insertar a los recuperadores urbanos en corrientes de residuos específicas e ir profesionalizando cada vez más la actividad.
Si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, con mucho gusto la voy a contestar.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Vilar.
SRA. VILAR Señor presidente: en primer lugar, festejo esta reunión y la cantidad de discusiones que estamos teniendo con respecto a esta temática. Así que, enhorabuena. Ni hablar de lo que sucedió también en la sesión, como fue poder haber tratado dos proyectos tan importantes que tienen que ver con el trabajo de esta comisión.
En cuanto a este registro, me tomo el atrevimiento de realizar algunos aportes y comentarios porque soy de Lomas de Zamora y nosotros tenemos mucha experiencia en el tema.
Hay una comunidad muy grande de cartoneros y cartoneras que viven en nuestro distrito y, por ello, tenemos un trabajo sistemático con la federación de cartoneros y cartoneras. Con lo cual, me parece oportuno hacer algunos comentarios al respecto que no me parecen menores.
En primer lugar, quiero comentar los distintos procesos que fuimos realizando en un distrito de 1.000.000 de habitantes donde, sin dudas, la problemática de la basura es una de las problemáticas ambientales más importantes. Por ello, el rol de los cartoneros y cartoneras en el circuito y en el sistema de recuperación es absolutamente importante no solamente por el rol puntual que mencionaba recién el diputado preopinante respecto de la economía circular, sino fundamentalmente porque los distintos reconocimientos y las políticas públicas que se llevaron a cabo al respecto se hicieron a partir de los aportes de este sector.
Me parece que necesitamos, porque es un sector además muy activo y muy organizado, que estos compañeros y compañeras formen parte de esta discusión, y que veamos cuál es su aporte. Sería oportuno en todo caso que se pueda discutir con la perspectiva de los compañeros y compañeras que trabajan hace muchos años en el sector y que vienen organizándose para obtener determinados derechos respecto al reconocimiento del trabajo, absolutamente trascendental, como bien dijo el diputado creador del proyecto, que cumplen en este circuito.
Me consta, porque de hecho lo hicimos en nuestro distrito, que desde estos colectivos y las organizaciones de cartoneros hay muchas propuestas para legislar su trabajo y su sector. Con lo cual, creo que tenemos que empezar por un reconocimiento hacia el sector antes de llegar a trabajar este proyecto tal cual está. El sector está organizado y están trabajando en muchos de los distritos de nuestro país, con lo cual es importante sin dudas tener en cuenta su voz para robustecer el proyecto.
Por otro lado, necesitamos trabajar un poco más el artículo 6º del proyecto, que plantea las diversas categorías del registro, las cuales desde los incisos a) hasta el e) son las mismas que las del registro de la AFIP. Si bien después de la última reunión de asesores se envió una versión actualizada, creemos que las definiciones técnicas pueden ser perfeccionadas, porque de alguna manera deberían diferenciarse mejor entre sí y no dejar actividades afuera.
Por nuestra parte, y desde nuestra verdad relativa, como siempre decimos, sugerimos evaluar las categorías de reciclado industrial, acopiadores, trabajadores recicladores y generadores de scrap. Me parece que debería volver a analizarse porque no encuentro que se pueda llegar a un punto en común si no lo volvemos a hacer, al menos así como está.
Por otro lado, creo que había diputados que también tenían algunos aportes, pero quiero generar esta discusión, obviamente estamos a disposición para charlarlo, entendiendo que me parece muy necesario trabajar este tema.
Entiendo que el registro es voluntario y no comprendo bien cómo se complementa con el registro obligatorio de comercializadores de materiales a reciclar de la AFIP. Creo que no está muy claro, porque habría que articular la correcta inscripción de los trabajadores y cooperativas de cartoneros que hoy están informalmente constituidas. Pienso que este es un punto que también tendríamos que rever y, en todo caso, deberíamos ir a hacia una coordinación mayor.
Por último, considero que necesitamos pensar un proyecto más amplio en el que se pueda contemplar a toda la comunidad. Es muy difícil pensar en una transición hacia una forma de utilización de los recursos o de gestión de los recursos responsable y sustentable si no está toda la sociedad involucrada y si no está fundamentalmente el sector que cumple el rol trascendental en este caso, que son los cartoneros y las cartoneras.
Por eso, si este proyecto en este sentido se enmarca en la Engirsu, deberían tomarse en cuenta algunos planteos, como por ejemplo que la gestión del manejo integral de los residuos sólidos urbanos requiere regulación del sector, capacidad técnica, administrativa, cuestiones de seguros, de salud y necesariamente algunas coordinaciones entre los gobiernos nacional, municipales y provinciales. Me parece que eso no está claro dentro de los objetivos del registro ni tampoco cómo va a ser la operatividad.
Creemos -insisto humildemente y desde la mirada de una verdad relativa, pero que tiene que ver con la experiencia de trabajo con el sector que, reitero, está muy organizado- que es más atinado que el área donde se vincule este registro sea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por los programas y la responsabilidad que tiene respecto de la articulación.
En principio, quería hacer referencia a eso. Tengo algunas cuestiones más sobre las que podríamos seguir charlando, pero me parece que lo que planteé es fundamental. Por eso, y con un respeto absoluto al espíritu de este proyecto, al trabajo del diputado autor y a todo su equipo, que considero que lo hicieron con mucha responsabilidad y con mucha buena voluntad, me parece -insisto, por el trabajo en un distrito tan grande como el que nosotros tenemos, donde está la mayor comunidad de cartoneros de toda la provincia de Buenos Aires- que deberíamos darle más tiempo de trabajo y discusión.
Esa es la propuesta y estos son los temas que me parece que deberíamos rever. Gracias, presidente.
En cuanto a este registro, me tomo el atrevimiento de realizar algunos aportes y comentarios porque soy de Lomas de Zamora y nosotros tenemos mucha experiencia en el tema.
Hay una comunidad muy grande de cartoneros y cartoneras que viven en nuestro distrito y, por ello, tenemos un trabajo sistemático con la federación de cartoneros y cartoneras. Con lo cual, me parece oportuno hacer algunos comentarios al respecto que no me parecen menores.
En primer lugar, quiero comentar los distintos procesos que fuimos realizando en un distrito de 1.000.000 de habitantes donde, sin dudas, la problemática de la basura es una de las problemáticas ambientales más importantes. Por ello, el rol de los cartoneros y cartoneras en el circuito y en el sistema de recuperación es absolutamente importante no solamente por el rol puntual que mencionaba recién el diputado preopinante respecto de la economía circular, sino fundamentalmente porque los distintos reconocimientos y las políticas públicas que se llevaron a cabo al respecto se hicieron a partir de los aportes de este sector.
Me parece que necesitamos, porque es un sector además muy activo y muy organizado, que estos compañeros y compañeras formen parte de esta discusión, y que veamos cuál es su aporte. Sería oportuno en todo caso que se pueda discutir con la perspectiva de los compañeros y compañeras que trabajan hace muchos años en el sector y que vienen organizándose para obtener determinados derechos respecto al reconocimiento del trabajo, absolutamente trascendental, como bien dijo el diputado creador del proyecto, que cumplen en este circuito.
Me consta, porque de hecho lo hicimos en nuestro distrito, que desde estos colectivos y las organizaciones de cartoneros hay muchas propuestas para legislar su trabajo y su sector. Con lo cual, creo que tenemos que empezar por un reconocimiento hacia el sector antes de llegar a trabajar este proyecto tal cual está. El sector está organizado y están trabajando en muchos de los distritos de nuestro país, con lo cual es importante sin dudas tener en cuenta su voz para robustecer el proyecto.
Por otro lado, necesitamos trabajar un poco más el artículo 6º del proyecto, que plantea las diversas categorías del registro, las cuales desde los incisos a) hasta el e) son las mismas que las del registro de la AFIP. Si bien después de la última reunión de asesores se envió una versión actualizada, creemos que las definiciones técnicas pueden ser perfeccionadas, porque de alguna manera deberían diferenciarse mejor entre sí y no dejar actividades afuera.
Por nuestra parte, y desde nuestra verdad relativa, como siempre decimos, sugerimos evaluar las categorías de reciclado industrial, acopiadores, trabajadores recicladores y generadores de scrap. Me parece que debería volver a analizarse porque no encuentro que se pueda llegar a un punto en común si no lo volvemos a hacer, al menos así como está.
Por otro lado, creo que había diputados que también tenían algunos aportes, pero quiero generar esta discusión, obviamente estamos a disposición para charlarlo, entendiendo que me parece muy necesario trabajar este tema.
Entiendo que el registro es voluntario y no comprendo bien cómo se complementa con el registro obligatorio de comercializadores de materiales a reciclar de la AFIP. Creo que no está muy claro, porque habría que articular la correcta inscripción de los trabajadores y cooperativas de cartoneros que hoy están informalmente constituidas. Pienso que este es un punto que también tendríamos que rever y, en todo caso, deberíamos ir a hacia una coordinación mayor.
Por último, considero que necesitamos pensar un proyecto más amplio en el que se pueda contemplar a toda la comunidad. Es muy difícil pensar en una transición hacia una forma de utilización de los recursos o de gestión de los recursos responsable y sustentable si no está toda la sociedad involucrada y si no está fundamentalmente el sector que cumple el rol trascendental en este caso, que son los cartoneros y las cartoneras.
Por eso, si este proyecto en este sentido se enmarca en la Engirsu, deberían tomarse en cuenta algunos planteos, como por ejemplo que la gestión del manejo integral de los residuos sólidos urbanos requiere regulación del sector, capacidad técnica, administrativa, cuestiones de seguros, de salud y necesariamente algunas coordinaciones entre los gobiernos nacional, municipales y provinciales. Me parece que eso no está claro dentro de los objetivos del registro ni tampoco cómo va a ser la operatividad.
Creemos -insisto humildemente y desde la mirada de una verdad relativa, pero que tiene que ver con la experiencia de trabajo con el sector que, reitero, está muy organizado- que es más atinado que el área donde se vincule este registro sea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por los programas y la responsabilidad que tiene respecto de la articulación.
En principio, quería hacer referencia a eso. Tengo algunas cuestiones más sobre las que podríamos seguir charlando, pero me parece que lo que planteé es fundamental. Por eso, y con un respeto absoluto al espíritu de este proyecto, al trabajo del diputado autor y a todo su equipo, que considero que lo hicieron con mucha responsabilidad y con mucha buena voluntad, me parece -insisto, por el trabajo en un distrito tan grande como el que nosotros tenemos, donde está la mayor comunidad de cartoneros de toda la provincia de Buenos Aires- que deberíamos darle más tiempo de trabajo y discusión.
Esa es la propuesta y estos son los temas que me parece que deberíamos rever. Gracias, presidente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, diputada.
Tiene la palabra la señora diputada María Rosa Martínez.
Tiene la palabra la señora diputada María Rosa Martínez.
SRA. MARTÍNEZ (M.R.) Buenas tardes. Tengo algunos problemas de conexión.
Quiero hablar en el mismo sentido que estaba planteando la diputada Daniela Vilar. Fui concejal del 2015 al 2019 en Almirante Brown, que es un distrito vecino a Lomas de Zamora.
Veo a Ariel Martínez, que ha sido director de Medioambiente en el distrito donde yo vivo, y la verdad es que quisiera poner al servicio de esta Cámara, al igual que Daniela, la experiencia de haber hecho un registro de recicladores urbanos que en muchos casos no tenían cooperativas, pero que hoy ya las tienen y han podido formalizar y ser parte de los requisitos de OPDS, y por otro lado empresas medianas, chicas y grandes que tenían obligaciones dentro de la ley existente. Una de esas obligaciones tenía que ver con contratar recicladores urbanos.
Me parece que uno de los pasos que nosotros tenemos que dar es ampliar la visión de todos aquellos que están involucrados en el proceso de reciclado para que sea posible generar dignidad en los trabajadores, mejoras en el cuidado del ambiente, diversificación y posibilidades de ahorro de recursos. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros municipios del conurbano es la inversión que significa el entierro de los desechos orgánicos y del scrap.
Entonces, pensamos que tener un panorama general va a categorizar, pero también colaborar con la regularización de los cooperativistas, lo que es un hecho fundamental. Muchas veces las mismas empresas valoran que este proceso se haya dado porque saben a quién recurrir a la hora de eliminar el scrap de una manera justa.
Por otro lado, este es un paso adelante en el proceso de organización y crecimiento en la tarea para los y las trabajadoras -que hay muchas-, que a nosotros nos ha llevado, por ejemplo, en este momento, a generar puntos de reciclados en el distrito a cargo de cooperativas que han hecho una gran tarea de educación ambiental, de cuidado del medioambiente, de colaboración y de solidaridad que sin dudas mejora las condiciones de vida de todos y todas.
Me parece que hay que profundizar, ampliar, reconocer y restituir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así como también otorgar la posibilidad de que las empresas tengan esa información y vayan regularizando sus tareas de manera creativa y digna.
Quiero hablar en el mismo sentido que estaba planteando la diputada Daniela Vilar. Fui concejal del 2015 al 2019 en Almirante Brown, que es un distrito vecino a Lomas de Zamora.
Veo a Ariel Martínez, que ha sido director de Medioambiente en el distrito donde yo vivo, y la verdad es que quisiera poner al servicio de esta Cámara, al igual que Daniela, la experiencia de haber hecho un registro de recicladores urbanos que en muchos casos no tenían cooperativas, pero que hoy ya las tienen y han podido formalizar y ser parte de los requisitos de OPDS, y por otro lado empresas medianas, chicas y grandes que tenían obligaciones dentro de la ley existente. Una de esas obligaciones tenía que ver con contratar recicladores urbanos.
Me parece que uno de los pasos que nosotros tenemos que dar es ampliar la visión de todos aquellos que están involucrados en el proceso de reciclado para que sea posible generar dignidad en los trabajadores, mejoras en el cuidado del ambiente, diversificación y posibilidades de ahorro de recursos. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros municipios del conurbano es la inversión que significa el entierro de los desechos orgánicos y del scrap.
Entonces, pensamos que tener un panorama general va a categorizar, pero también colaborar con la regularización de los cooperativistas, lo que es un hecho fundamental. Muchas veces las mismas empresas valoran que este proceso se haya dado porque saben a quién recurrir a la hora de eliminar el scrap de una manera justa.
Por otro lado, este es un paso adelante en el proceso de organización y crecimiento en la tarea para los y las trabajadoras -que hay muchas-, que a nosotros nos ha llevado, por ejemplo, en este momento, a generar puntos de reciclados en el distrito a cargo de cooperativas que han hecho una gran tarea de educación ambiental, de cuidado del medioambiente, de colaboración y de solidaridad que sin dudas mejora las condiciones de vida de todos y todas.
Me parece que hay que profundizar, ampliar, reconocer y restituir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así como también otorgar la posibilidad de que las empresas tengan esa información y vayan regularizando sus tareas de manera creativa y digna.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Fagioli.
Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, me escribe.
Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, me escribe.
SR. FAGIOLI Señor presidente: primero, les cuento que estuvimos hablando con la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores -compañeros que vienen laburando el eje hace muchísimos años y con quienes articulo cotidianamente- y con otras organizaciones que nos manifestaron que no se sintieron convocadas y que, en principio, no estarían de acuerdo con el texto del proyecto.
Consideramos importante tener en cuenta su opinión porque son organizaciones que hace muchísimos años vienen trabajando el eje, y lo hacen bien. Tratándose de los mismos cartoneros que llevan adelante este proceso, es fundamental que los compañeros recicladores urbanos estén contenidos en los procesos de generación de proyectos de estas características, y más aún en la creación de registros.
Ellos plantean que es buena la intención de la creación del registro, que contempla a los recicladores urbanos, pero que no tiene ninguna diferencia con el implementado por la AFIP.
Por lo tanto, tenemos diferencias en términos de clasificación y de categorías. Por eso, sugiero algunas modificaciones que consideramos fundamentales. Por ejemplo, creemos que hay que cambiar el artículo 6° porque su texto original no nos parece adecuado. Reitero que esto fue discutido con la Federación de Cartoneros.
Nuestra propuesta es que el artículo 6° quede redactado así: "Categorías. La autoridad de aplicación deberá organizar el registro en categorías según las características de las actividades desarrolladas por los sujetos inscriptos, contemplando al menos lo siguiente: a) Reciclado industrial: aquellas entidades que efectúan la transformación física, química o física-química en su forma o esencia de los materiales a reciclar a través de un proceso industrial; b) Acopiadores: quienes adquieran o reciban materiales provenientes de la recolección, procediendo a su clasificación, acondicionamiento y compactado para luego venderlos a entidades que realicen reciclado industrial; c) Trabajadores recicladores: todo trabajador que con su propio esfuerzo recupera residuos en la vía pública, en centros de disposición final o en basurales, cumpliendo un servicio ambiental en el proceso de valorización de residuos, ya sea que desarrolle su trabajo de forma independiente en cooperativas de trabajo o en otras formas asociativas; y, d) Generadores de 'scrap': entendiendo a estos como establecimientos industriales que comercialicen los materiales a reciclar generados como consecuencia de su propia actividad."
También creemos importante rever cómo se llevará adelante dicho registro. Nos parece fundamental la modalidad, sobre todo para no dejar afuera absolutamente a ningún compañero ni compañera recicladora. Nos preocupan los compañeros que están más postergados dentro del rubro de recicladores urbanos.
Comparto mucho de lo señalado por la compañera Vilar. Creemos que ese es el camino y nos parece fundamental que cada vez que queramos discutir o plantear algún eje vinculado a los temas de los recicladores, tengamos en cuenta a las organizaciones, a los cartoneros y a los trabajadores de la economía popular que vienen llevando adelante esa tarea, y que se la rebuscan y trabajan desde lo técnico y lo práctico cotidianamente.
Por lo expuesto, creemos que son modificaciones fundamentales para avanzar con esta iniciativa.
Consideramos importante tener en cuenta su opinión porque son organizaciones que hace muchísimos años vienen trabajando el eje, y lo hacen bien. Tratándose de los mismos cartoneros que llevan adelante este proceso, es fundamental que los compañeros recicladores urbanos estén contenidos en los procesos de generación de proyectos de estas características, y más aún en la creación de registros.
Ellos plantean que es buena la intención de la creación del registro, que contempla a los recicladores urbanos, pero que no tiene ninguna diferencia con el implementado por la AFIP.
Por lo tanto, tenemos diferencias en términos de clasificación y de categorías. Por eso, sugiero algunas modificaciones que consideramos fundamentales. Por ejemplo, creemos que hay que cambiar el artículo 6° porque su texto original no nos parece adecuado. Reitero que esto fue discutido con la Federación de Cartoneros.
Nuestra propuesta es que el artículo 6° quede redactado así: "Categorías. La autoridad de aplicación deberá organizar el registro en categorías según las características de las actividades desarrolladas por los sujetos inscriptos, contemplando al menos lo siguiente: a) Reciclado industrial: aquellas entidades que efectúan la transformación física, química o física-química en su forma o esencia de los materiales a reciclar a través de un proceso industrial; b) Acopiadores: quienes adquieran o reciban materiales provenientes de la recolección, procediendo a su clasificación, acondicionamiento y compactado para luego venderlos a entidades que realicen reciclado industrial; c) Trabajadores recicladores: todo trabajador que con su propio esfuerzo recupera residuos en la vía pública, en centros de disposición final o en basurales, cumpliendo un servicio ambiental en el proceso de valorización de residuos, ya sea que desarrolle su trabajo de forma independiente en cooperativas de trabajo o en otras formas asociativas; y, d) Generadores de 'scrap': entendiendo a estos como establecimientos industriales que comercialicen los materiales a reciclar generados como consecuencia de su propia actividad."
También creemos importante rever cómo se llevará adelante dicho registro. Nos parece fundamental la modalidad, sobre todo para no dejar afuera absolutamente a ningún compañero ni compañera recicladora. Nos preocupan los compañeros que están más postergados dentro del rubro de recicladores urbanos.
Comparto mucho de lo señalado por la compañera Vilar. Creemos que ese es el camino y nos parece fundamental que cada vez que queramos discutir o plantear algún eje vinculado a los temas de los recicladores, tengamos en cuenta a las organizaciones, a los cartoneros y a los trabajadores de la economía popular que vienen llevando adelante esa tarea, y que se la rebuscan y trabajan desde lo técnico y lo práctico cotidianamente.
Por lo expuesto, creemos que son modificaciones fundamentales para avanzar con esta iniciativa.
SR. PRESIDENTE GROSSO ¿Algún diputado o diputada quiere hablar?
Fede, ¿querés tomar la palabra?
Fede, ¿querés tomar la palabra?
SR. ZAMARBIDE En primer lugar, gracias por los aportes.
Voy a hacer un par de consideraciones. En su momento se tomaron las categorías de AFIP justamente porque la idea era utilizar las bases de datos existentes para desburocratizar y no empezar de cero. Además, me parecieron coherentes las consideraciones respecto a las categorías.
Recuerden que soy diputado nacional por Mendoza, con lo cual es lógico que tenga relación con las entidades vinculadas al reciclado de mi provincia y no con las de Buenos Aires; eso es lo que ha sucedido. Pero, con todo gusto, podemos trabajarlo. Además, si existe buena voluntad de los miembros de esta comisión -que entiendo así es-, estoy abierto a realizar cualquier reunión con las federaciones que nuclean a las entidades del sector o a los recuperadores urbanos. Insisto, he hablado con las entidades de Mendoza, pero no tengo problema en hacerlo con las de Buenos Aires o con las de cualquier provincia. Acepto esta metodología de trabajo.
Voy a hacer un par de consideraciones. En su momento se tomaron las categorías de AFIP justamente porque la idea era utilizar las bases de datos existentes para desburocratizar y no empezar de cero. Además, me parecieron coherentes las consideraciones respecto a las categorías.
Recuerden que soy diputado nacional por Mendoza, con lo cual es lógico que tenga relación con las entidades vinculadas al reciclado de mi provincia y no con las de Buenos Aires; eso es lo que ha sucedido. Pero, con todo gusto, podemos trabajarlo. Además, si existe buena voluntad de los miembros de esta comisión -que entiendo así es-, estoy abierto a realizar cualquier reunión con las federaciones que nuclean a las entidades del sector o a los recuperadores urbanos. Insisto, he hablado con las entidades de Mendoza, pero no tengo problema en hacerlo con las de Buenos Aires o con las de cualquier provincia. Acepto esta metodología de trabajo.
SR. PRESIDENTE GROSSO Buenísimo. Si no entiendo mal, se está proponiendo volver a reunirnos para tratar ese proyecto.
SR. ZAMARBIDE Sí, gracias, presidente. Salvo que alguien tenga otra observación.
SRA. AUSTIN Señor presidente: entiendo que recién se hizo una propuesta concreta para incorporar al texto. Si fuera así, ¿están en condiciones de acompañarla?
SRA. CAMAÑO Presidente...
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Me da la impresión de que el autor del proyecto ha aceptado la propuesta de consultar a los sectores involucrados.
Señor presidente: creo que el asunto debería volver a los asesores. Luego, una vez que avancen las conversaciones entre quienes están planteando algunas objeciones y el autor del proyecto, podríamos hacer una reunión en la propia comisión para escuchar a las personas directamente involucradas en el tema.
Si hay algo que ha caracterizado a esta comisión durante todo el año, ha sido la apertura de escuchar la opinión de la sociedad. Me da la impresión de que más allá de que se puedan poner de acuerdo con el autor del proyecto y enriquecer su texto, una vez logrados los consensos, todos los diputados podríamos escuchar a esas personas. Personalmente me interesa que puedan venir a expresarse en la comisión. Podríamos tomar algunas recomendaciones que ellos nos hagan directamente, para que se sientan contenidos en la comisión, ya que estamos afectando directamente su actividad. Me parece loable escucharlos.
Señor presidente: creo que el asunto debería volver a los asesores. Luego, una vez que avancen las conversaciones entre quienes están planteando algunas objeciones y el autor del proyecto, podríamos hacer una reunión en la propia comisión para escuchar a las personas directamente involucradas en el tema.
Si hay algo que ha caracterizado a esta comisión durante todo el año, ha sido la apertura de escuchar la opinión de la sociedad. Me da la impresión de que más allá de que se puedan poner de acuerdo con el autor del proyecto y enriquecer su texto, una vez logrados los consensos, todos los diputados podríamos escuchar a esas personas. Personalmente me interesa que puedan venir a expresarse en la comisión. Podríamos tomar algunas recomendaciones que ellos nos hagan directamente, para que se sientan contenidos en la comisión, ya que estamos afectando directamente su actividad. Me parece loable escucharlos.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Vilar.
SRA. VILAR Quiero agradecer la predisposición del autor del proyecto, porque sin duda se puede enriquecer con el aporte y lograrse un acuerdo rápidamente. Sé que el diputado Fagioli estuvo charlando con ellos hasta recién y que hay varias federaciones organizadas en esta temática.
Entonces, me parece que el aporte puede ser muy fructífero, no solamente para este proyecto, que es necesario, sino también para otras demandas que surgen del contexto que estamos viviendo. Estamos transitando hacia una nueva normalidad. Entendemos que los recicladores urbanos, cartoneros y cartoneras, en este proceso o tránsito, quizás, están conformando un nuevo paradigma, donde sin dudas -como el autor del proyecto mencionaba- la economía circular va a ser una variable súper protagónica en lo que viene.
Me parece que es oportuno poder incorporar también esa mirada para robustecer no solamente este proyecto, sino también distintas iniciativas, demandas o propuestas que puedan surgir desde el sector.
Por último, quiero expresar mi agradecimiento al autor de esta iniciativa.
Entonces, me parece que el aporte puede ser muy fructífero, no solamente para este proyecto, que es necesario, sino también para otras demandas que surgen del contexto que estamos viviendo. Estamos transitando hacia una nueva normalidad. Entendemos que los recicladores urbanos, cartoneros y cartoneras, en este proceso o tránsito, quizás, están conformando un nuevo paradigma, donde sin dudas -como el autor del proyecto mencionaba- la economía circular va a ser una variable súper protagónica en lo que viene.
Me parece que es oportuno poder incorporar también esa mirada para robustecer no solamente este proyecto, sino también distintas iniciativas, demandas o propuestas que puedan surgir desde el sector.
Por último, quiero expresar mi agradecimiento al autor de esta iniciativa.
SR. PRESIDENTE GROSSO Atento a todo lo que se ha dicho, vamos a mantener el proyecto en comisión.
Por lo tanto, por el trabajo que ha hecho el diputado Zamarbide -que me consta- y porque nos lo ha planteado permanentemente, nos comprometemos a hacer un encuentro con las otras federaciones de cartoneros -las que mencionaban el diputado Fagioli y la diputada Vilar- para poder trabajar entre todos y todas y hacer de este proyecto una ley que pueda establecer un registro acompañado por todos los sectores.
Muchas gracias, Federico. Diputados y diputadas, entonces, vamos a proceder en la forma indicada.
Ahora, si les parece bien, pasamos al próximo punto del orden del día, que trata sobre el régimen de control de productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.
Entiendo que ya está conectado Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Diana Guillén, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bienvenidos.
Ellos nos van a contar un poco acerca de este proyecto. No sé quién de los dos empieza.
Por lo tanto, por el trabajo que ha hecho el diputado Zamarbide -que me consta- y porque nos lo ha planteado permanentemente, nos comprometemos a hacer un encuentro con las otras federaciones de cartoneros -las que mencionaban el diputado Fagioli y la diputada Vilar- para poder trabajar entre todos y todas y hacer de este proyecto una ley que pueda establecer un registro acompañado por todos los sectores.
Muchas gracias, Federico. Diputados y diputadas, entonces, vamos a proceder en la forma indicada.
Ahora, si les parece bien, pasamos al próximo punto del orden del día, que trata sobre el régimen de control de productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.
Entiendo que ya está conectado Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Diana Guillén, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bienvenidos.
Ellos nos van a contar un poco acerca de este proyecto. No sé quién de los dos empieza.
SR. MARTÍNEZ Gracias, Leo. No sé si se la puede ver a Diana; me parece que justo se desconectó.
Si te parece, empiezo ya mismo a contar sobre el proyecto que tenemos entre manos.
Muchísimas gracias, señores diputados, por la atención y por la posibilidad nos brindan de contarles sobre este proyecto. Es un proyecto que viene a dar cuenta -y creemos que viene a traer una importante solución- de un tema que en los últimos años ha sido bastante conflictivo, territorial y judicialmente.
Se trata de un tema que ha calado fuertemente en la opinión pública. Me estoy refiriendo al manejo de los fitosanitarios, agroquímicos o agrotóxicos, según la escuela que lo presente.
En realidad, el proyecto era parte de una gran política pública que discutimos en su momento, cuando el exdiputado Basterra fue presidente de la Comisión de Agricultura, y que se siguió trabajando cuando fue vicepresidente del bloque.
La idea de esta gran política pública era dividir la iniciativa de fitosanitarios en tres grandes momentos, porque se necesitaban herramientas jurídicas y de estructura de ley totalmente distintas. Una primera parte era la aprobación de los principios activos de la fabricación e importación de los productos fitosanitarios; una segunda parte tenía que ver con la aplicación, y estaba mucho más vinculada con la posición que tenían que desarrollar las provincias y que, por lo tanto, podía ser una ley de presupuestos mínimos.
La primera de estas es una ley nacional porque se vincula con todo lo que tiene que ver con el registro de productos fitosanitarios, con una atribución del gobierno nacional y, finalmente, con la ley de envases, que es la única que salió de las tres patas de este proyecto y que terminó siendo sancionada a finales de 2015, pero que en realidad eran parte de una sola política.
Si ustedes ven el proyecto que se está presentando en este momento, tiene institutos muy parecidos a los que tiene la ley de envases: aparecen los consejos consultivos y las mesas más colegiadas. Es decir, son los mismos institutos que están en la ley de envases porque en realidad eran dos leyes que pretendían ensamblarse en la práctica; una que tenía que ver con las atribuciones que hasta el momento tiene solo el SENASA, y la ley de envases, que era una aplicación conjunta -así salió- de autoridad aplicación entre el Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Ambiente.
¿Cuál es la novedad que aporta este proyecto de ley para nosotros? Primero, que es un proyecto de ley en el que ya no solo el SENASA es el que interviene en el proceso de los fitosanitarios, sino que ahora Salud y Ambiente tienen una participación absolutamente directa con este tema.
Otra riqueza que tiene el proyecto es el nivel de consenso que se alcanzó en su momento con las fuerzas políticas, con los bloques -como estaban compuestos en ese entonces-, pero también en un recorrido en el que se habló con los pueblos fumigados y hasta con las asociaciones de fabricantes de agroquímicos.
Es un proyecto que está muy equilibrado, que probablemente no satisfaga a todas las partes, pero que finalmente genera un texto legal que en su conjunto creemos que avanza muchísimo con el estatus actual en materia de fitosanitarios.
Esto en términos ambientales nos parece lo más relevante, ya que las organizaciones ambientales muchas veces van por la prohibición del uso y nosotros vemos que con este proyecto estamos avanzando fuertemente en la situación de statu quo en la que hoy estamos.
Entonces, me parece que desde la perspectiva ambiental no es tan importante ver lo que le falta al proyecto, con relación a las exigencias ambientales más fuertes, sino ver el avance que hace el proyecto en materia de fitosanitarios respecto de la situación actual.
¿Cuáles son, para nosotros, esos avances? Hay toda una discusión en tres grandes aspectos. Uno es si, cuando se evalúa un fitosanitario, lo está evaluando una institución en soledad, como lo hace el SENASA, o si, por sus competencias, y dado que el conflicto en materia de fitosanitarios se presenta como algo que tiene una posible afectación a la salud y al ambiente, también deberían participar esas carteras del Estado. El proyecto incorpora al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente para ese proceso.
El otro avance es si, cuando hacemos la evaluación de los principios activos, la estamos haciendo con la última información o con la última tecnología vigente en materia de aprobación. Ahí se encuentra un Consejo Consultivo, que desde el ámbito académico evalúa si en el proceso se está aplicando lo último que internacionalmente hoy existe en tecnología en materia de productos fitosanitarios.
En lo que hace a la apertura a la sociedad civil, creemos que lo más importante es que se crea un ámbito consultivo en donde se incorporan distintas áreas del Estado, pero también de la sociedad civil, para que anualmente presenten al Parlamento, a diputados y senadores, a las comisiones de Ambiente y de Agricultura, el estatus o cómo funcionó el sistema de fitosanitarios durante el último año: cuántos se usaron, cómo se usaron, si se está disminuyendo o aumentando, si hubo conflictos.
Esa es la idea que tiene el proyecto; por un lado, incorpora nueva institucionalidad; por el otro, pone de manifiesto si la tecnología que se utiliza es la mejor disponible y, finalmente, pone en cabeza de la sociedad civil y de ustedes, los representantes del pueblo, si el funcionamiento del último año de este sistema ha registrado avances o ha sido un dolor de cabeza en materia de uso de los paquetes tecnológicos que actualmente utiliza la agricultura.
Asimismo, propende a la disminución del uso de los productos más tóxicos y tiene elementos que enganchan con la ley de envases.
La verdad es que hoy la ley de envases está medio "renga", ya que, por ejemplo, todo lo que es la trazabilidad del número de envase, hoy muchas veces se hace sobre las etiquetas; la ley dice que tiene que ser indeleble, o sea, sobre el mismo envase. Esto haría que la trazabilidad de los envases, aun quitando la etiqueta, sea mucho mejor que la que existe actualmente.
En cuanto al proceso de aprobación de los fitosanitarios, cómo lo hace hoy el SENASA y qué propone el proyecto de ley, Diana Guillén ha sido presidenta del SENASA, tiene una trayectoria enorme en este sentido, es nuestra jefa de Gabinete y creo que puede dar respuesta a cualquiera de las inquietudes que surjan en la materia.
En términos políticos, creo que la riqueza del proyecto es que está atado con alfileres en un amplio consenso donde participaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil que dieron su opinión. El proyecto de ley es el resultado de cuatro o cinco años de diálogo con distintos sectores.
También cabe resaltar que el actual ministro Basterra, siendo diputado de la Nación, tenía el consenso y las condiciones para presentar y votar el proyecto a fines de 2015. Pero cuando escuchó objeciones de parte de la sociedad civil y de algunos diputados, que creímos que eran pertinentes, decidió bajar el proyecto, y nos hizo trabajar muchísimo hasta conseguir una iniciativa consensuada y acordada con las fuerzas políticas y con las organizaciones de la sociedad civil que tenían interés en este tema.
El proyecto tampoco es disruptivo para el sector productivo. Por lo tanto, también es un proyecto ampliamente consensuado en ese sentido. Ha sido aprobado en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para nosotros sería una gran herramienta de gestión que en la Comisión de Recursos Naturales se avance con este proyecto que creemos que es de vanguardia.
Por último, quiero decir que Europa avanza fuertemente con el "Pacto Verde". El hecho de no avanzar con proyectos o tecnologías ambientales para el sector también se presenta como una amenaza comercial en más de un aspecto. Entonces, al mismo tiempo que estamos salvaguardando la salud y el ambiente, nuestros intereses comerciales se ven resguardados mediante un proyecto de estas características.
No quiero aburrirlos más. Si hubiera alguna pregunta, podremos responderla junto a nuestra jefa de Gabinete.
Si te parece, empiezo ya mismo a contar sobre el proyecto que tenemos entre manos.
Muchísimas gracias, señores diputados, por la atención y por la posibilidad nos brindan de contarles sobre este proyecto. Es un proyecto que viene a dar cuenta -y creemos que viene a traer una importante solución- de un tema que en los últimos años ha sido bastante conflictivo, territorial y judicialmente.
Se trata de un tema que ha calado fuertemente en la opinión pública. Me estoy refiriendo al manejo de los fitosanitarios, agroquímicos o agrotóxicos, según la escuela que lo presente.
En realidad, el proyecto era parte de una gran política pública que discutimos en su momento, cuando el exdiputado Basterra fue presidente de la Comisión de Agricultura, y que se siguió trabajando cuando fue vicepresidente del bloque.
La idea de esta gran política pública era dividir la iniciativa de fitosanitarios en tres grandes momentos, porque se necesitaban herramientas jurídicas y de estructura de ley totalmente distintas. Una primera parte era la aprobación de los principios activos de la fabricación e importación de los productos fitosanitarios; una segunda parte tenía que ver con la aplicación, y estaba mucho más vinculada con la posición que tenían que desarrollar las provincias y que, por lo tanto, podía ser una ley de presupuestos mínimos.
La primera de estas es una ley nacional porque se vincula con todo lo que tiene que ver con el registro de productos fitosanitarios, con una atribución del gobierno nacional y, finalmente, con la ley de envases, que es la única que salió de las tres patas de este proyecto y que terminó siendo sancionada a finales de 2015, pero que en realidad eran parte de una sola política.
Si ustedes ven el proyecto que se está presentando en este momento, tiene institutos muy parecidos a los que tiene la ley de envases: aparecen los consejos consultivos y las mesas más colegiadas. Es decir, son los mismos institutos que están en la ley de envases porque en realidad eran dos leyes que pretendían ensamblarse en la práctica; una que tenía que ver con las atribuciones que hasta el momento tiene solo el SENASA, y la ley de envases, que era una aplicación conjunta -así salió- de autoridad aplicación entre el Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Ambiente.
¿Cuál es la novedad que aporta este proyecto de ley para nosotros? Primero, que es un proyecto de ley en el que ya no solo el SENASA es el que interviene en el proceso de los fitosanitarios, sino que ahora Salud y Ambiente tienen una participación absolutamente directa con este tema.
Otra riqueza que tiene el proyecto es el nivel de consenso que se alcanzó en su momento con las fuerzas políticas, con los bloques -como estaban compuestos en ese entonces-, pero también en un recorrido en el que se habló con los pueblos fumigados y hasta con las asociaciones de fabricantes de agroquímicos.
Es un proyecto que está muy equilibrado, que probablemente no satisfaga a todas las partes, pero que finalmente genera un texto legal que en su conjunto creemos que avanza muchísimo con el estatus actual en materia de fitosanitarios.
Esto en términos ambientales nos parece lo más relevante, ya que las organizaciones ambientales muchas veces van por la prohibición del uso y nosotros vemos que con este proyecto estamos avanzando fuertemente en la situación de statu quo en la que hoy estamos.
Entonces, me parece que desde la perspectiva ambiental no es tan importante ver lo que le falta al proyecto, con relación a las exigencias ambientales más fuertes, sino ver el avance que hace el proyecto en materia de fitosanitarios respecto de la situación actual.
¿Cuáles son, para nosotros, esos avances? Hay toda una discusión en tres grandes aspectos. Uno es si, cuando se evalúa un fitosanitario, lo está evaluando una institución en soledad, como lo hace el SENASA, o si, por sus competencias, y dado que el conflicto en materia de fitosanitarios se presenta como algo que tiene una posible afectación a la salud y al ambiente, también deberían participar esas carteras del Estado. El proyecto incorpora al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente para ese proceso.
El otro avance es si, cuando hacemos la evaluación de los principios activos, la estamos haciendo con la última información o con la última tecnología vigente en materia de aprobación. Ahí se encuentra un Consejo Consultivo, que desde el ámbito académico evalúa si en el proceso se está aplicando lo último que internacionalmente hoy existe en tecnología en materia de productos fitosanitarios.
En lo que hace a la apertura a la sociedad civil, creemos que lo más importante es que se crea un ámbito consultivo en donde se incorporan distintas áreas del Estado, pero también de la sociedad civil, para que anualmente presenten al Parlamento, a diputados y senadores, a las comisiones de Ambiente y de Agricultura, el estatus o cómo funcionó el sistema de fitosanitarios durante el último año: cuántos se usaron, cómo se usaron, si se está disminuyendo o aumentando, si hubo conflictos.
Esa es la idea que tiene el proyecto; por un lado, incorpora nueva institucionalidad; por el otro, pone de manifiesto si la tecnología que se utiliza es la mejor disponible y, finalmente, pone en cabeza de la sociedad civil y de ustedes, los representantes del pueblo, si el funcionamiento del último año de este sistema ha registrado avances o ha sido un dolor de cabeza en materia de uso de los paquetes tecnológicos que actualmente utiliza la agricultura.
Asimismo, propende a la disminución del uso de los productos más tóxicos y tiene elementos que enganchan con la ley de envases.
La verdad es que hoy la ley de envases está medio "renga", ya que, por ejemplo, todo lo que es la trazabilidad del número de envase, hoy muchas veces se hace sobre las etiquetas; la ley dice que tiene que ser indeleble, o sea, sobre el mismo envase. Esto haría que la trazabilidad de los envases, aun quitando la etiqueta, sea mucho mejor que la que existe actualmente.
En cuanto al proceso de aprobación de los fitosanitarios, cómo lo hace hoy el SENASA y qué propone el proyecto de ley, Diana Guillén ha sido presidenta del SENASA, tiene una trayectoria enorme en este sentido, es nuestra jefa de Gabinete y creo que puede dar respuesta a cualquiera de las inquietudes que surjan en la materia.
En términos políticos, creo que la riqueza del proyecto es que está atado con alfileres en un amplio consenso donde participaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil que dieron su opinión. El proyecto de ley es el resultado de cuatro o cinco años de diálogo con distintos sectores.
También cabe resaltar que el actual ministro Basterra, siendo diputado de la Nación, tenía el consenso y las condiciones para presentar y votar el proyecto a fines de 2015. Pero cuando escuchó objeciones de parte de la sociedad civil y de algunos diputados, que creímos que eran pertinentes, decidió bajar el proyecto, y nos hizo trabajar muchísimo hasta conseguir una iniciativa consensuada y acordada con las fuerzas políticas y con las organizaciones de la sociedad civil que tenían interés en este tema.
El proyecto tampoco es disruptivo para el sector productivo. Por lo tanto, también es un proyecto ampliamente consensuado en ese sentido. Ha sido aprobado en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para nosotros sería una gran herramienta de gestión que en la Comisión de Recursos Naturales se avance con este proyecto que creemos que es de vanguardia.
Por último, quiero decir que Europa avanza fuertemente con el "Pacto Verde". El hecho de no avanzar con proyectos o tecnologías ambientales para el sector también se presenta como una amenaza comercial en más de un aspecto. Entonces, al mismo tiempo que estamos salvaguardando la salud y el ambiente, nuestros intereses comerciales se ven resguardados mediante un proyecto de estas características.
No quiero aburrirlos más. Si hubiera alguna pregunta, podremos responderla junto a nuestra jefa de Gabinete.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, Ariel.
Tiene la palabra Diana Guillén, jefa de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es un orgullo que con tanto trabajo se tome el tiempo de acompañarnos.
Tiene la palabra Diana Guillén, jefa de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es un orgullo que con tanto trabajo se tome el tiempo de acompañarnos.
SRA. GUILLÉN Señor presidente: gracias por la invitación. Estamos a su disposición para responder todas las preguntas.
Para nosotros es importante este proyecto de ley porque no modificar la normativa actual significa certificar o dejar el actual statu quo que, como todos sabemos, es insuficiente. Nos parece sumamente importante avanzar en este aspecto.
No podemos olvidar que luego debemos trabajar sobre lo más complejo, que es la aplicación. Tal como dijo Ariel, ese es un tema que deberá ser discutido con las provincias, pero sería el paquete completo para que la Argentina tuviera seguridad en cuanto a lo que utiliza.
El SENASA ha estado muchos años aprobando en soledad. Más allá de que en su proceso de aprobación hay evaluaciones de médicos toxicólogos y ecotoxicólogos, la decisión final ha sido solo de parte de ese organismo. Nos parece que la participación del área de Salud y Ambiente es una base muy grande.
Estoy a disposición de ustedes para responder todas las dudas que tengan sobre el sistema actual, sobre la complejidad que tiene en materia de competencias y lo que visualizamos como puntos más débiles del sistema completo. Además, podremos responder cualquier pregunta que tengan sobre el proyecto en consideración.
Para nosotros es importante este proyecto de ley porque no modificar la normativa actual significa certificar o dejar el actual statu quo que, como todos sabemos, es insuficiente. Nos parece sumamente importante avanzar en este aspecto.
No podemos olvidar que luego debemos trabajar sobre lo más complejo, que es la aplicación. Tal como dijo Ariel, ese es un tema que deberá ser discutido con las provincias, pero sería el paquete completo para que la Argentina tuviera seguridad en cuanto a lo que utiliza.
El SENASA ha estado muchos años aprobando en soledad. Más allá de que en su proceso de aprobación hay evaluaciones de médicos toxicólogos y ecotoxicólogos, la decisión final ha sido solo de parte de ese organismo. Nos parece que la participación del área de Salud y Ambiente es una base muy grande.
Estoy a disposición de ustedes para responder todas las dudas que tengan sobre el sistema actual, sobre la complejidad que tiene en materia de competencias y lo que visualizamos como puntos más débiles del sistema completo. Además, podremos responder cualquier pregunta que tengan sobre el proyecto en consideración.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, Diana.
Tiene la palabra la señora diputada Vilar.
Tiene la palabra la señora diputada Vilar.
SRA. VILAR Señor presidente: no tengo ninguna pregunta para formular. Simplemente quiero aclarar que en la Comisión de Agricultura y Ganadería se acordaron algunos cambios y mejoras al proyecto fitosanitario que no quedaron plasmados en el dictamen. Obviamente, esto se conversó en la comisión, fue un acuerdo de todos los bloques, y los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estaban de acuerdo.
Mi intervención formal es solo para modificar nuestro dictamen y que luego se ratifique en la Comisión de Agricultura y Ganadería lo que se había acordado y que no quedó plasmado en el dictamen que llegó a esta comisión. Puedo dar lectura a las modificaciones. No sé cómo sería la operatoria. Si Diana y Ariel lo desean, puedo leerlas porque saben de qué estoy hablando.
Mi intervención formal es solo para modificar nuestro dictamen y que luego se ratifique en la Comisión de Agricultura y Ganadería lo que se había acordado y que no quedó plasmado en el dictamen que llegó a esta comisión. Puedo dar lectura a las modificaciones. No sé cómo sería la operatoria. Si Diana y Ariel lo desean, puedo leerlas porque saben de qué estoy hablando.
SR. PRESIDENTE GROSSO Sí, señora diputada, lea la modificación.
SRA. VILAR El inciso e) del artículo 6° quedaría redactado de la siguiente manera: "El SENASA deberá, al terminar cada proceso de evaluación, sin importar los resultados, comunicar a las autoridades nacionales competentes en materia de Salud y en Ambiente los procedimientos y los resultados obtenidos en los productos fitosanitarios agroquímicos autorizados, así como enviar la documentación respaldatoria de dichos procedimientos.
"Dichos procedimientos quedarán firmes siempre y cuando no ocurran observaciones fundadas de los mismos."
Se elimina la última oración, que dice: "Ante estas observaciones regirá el principio precautorio."
El inciso b) del artículo 7 dice: "Ante las observaciones de las autoridades nacionales competentes en materia de Salud y en Ambiente, y en virtud del principio precautorio...". Se elimina a partir de: "...y en virtud...". De esta forma queda redactado de la siguiente manera: "Ante las observaciones de las autoridades nacionales competentes en materia de Salud y Ambiente, el SENASA deberá suspender, restringir o prohibir las sustancias en cuestión en virtud de la gravedad de las observaciones con fundamento técnico realizadas."
Luego se propone mejorar la redacción del inciso a) del artículo 5°, que quedaría redactado de esta forma: "Establecer políticas que impulsen la incorporación de tecnologías en los productos fitosanitarios agroquímicos que propendan a la disminución del uso de productos más tóxicos o el reemplazo por prácticas o tecnologías de menor impacto ambiental a fin de minimizar toda clase de riesgos para la salud humana, animal y el ambiente."
Acabo de dar lectura a los acuerdos hechos en la comisión que por error no están plasmados en el dictamen que llegó a este ámbito. Si aprobamos la iniciativa en tratamiento con estas modificaciones que fueron acordadas, se ratificará rápidamente en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Así el dictamen ya estaría aprobado. Esto es todo lo que quería agregar; es un tema principalmente formal.
"Dichos procedimientos quedarán firmes siempre y cuando no ocurran observaciones fundadas de los mismos."
Se elimina la última oración, que dice: "Ante estas observaciones regirá el principio precautorio."
El inciso b) del artículo 7 dice: "Ante las observaciones de las autoridades nacionales competentes en materia de Salud y en Ambiente, y en virtud del principio precautorio...". Se elimina a partir de: "...y en virtud...". De esta forma queda redactado de la siguiente manera: "Ante las observaciones de las autoridades nacionales competentes en materia de Salud y Ambiente, el SENASA deberá suspender, restringir o prohibir las sustancias en cuestión en virtud de la gravedad de las observaciones con fundamento técnico realizadas."
Luego se propone mejorar la redacción del inciso a) del artículo 5°, que quedaría redactado de esta forma: "Establecer políticas que impulsen la incorporación de tecnologías en los productos fitosanitarios agroquímicos que propendan a la disminución del uso de productos más tóxicos o el reemplazo por prácticas o tecnologías de menor impacto ambiental a fin de minimizar toda clase de riesgos para la salud humana, animal y el ambiente."
Acabo de dar lectura a los acuerdos hechos en la comisión que por error no están plasmados en el dictamen que llegó a este ámbito. Si aprobamos la iniciativa en tratamiento con estas modificaciones que fueron acordadas, se ratificará rápidamente en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Así el dictamen ya estaría aprobado. Esto es todo lo que quería agregar; es un tema principalmente formal.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
SR. ZAMARBIDE Señor presidente: propongo un par de puntos que son cuestiones de redacción, pero que me parece que son importantes.
En el artículo 3° agregaría lo siguiente: "A los efectos de esta ley, se entiende por productos fitosanitarios agroquímicos a cualquier sustancia...". En realidad, con esta iniciativa abarcamos una parte de los agroquímicos que son de cultivo. Nos parece que esta es una redacción mejor y, si bien es una cuestión mínima, es importante.
Luego, el inciso c) del artículo 5°, en su redacción actual, termina así: "...a la información pública no sujeta a obligación de confidencialidad." Creo que al final corresponde agregar lo siguiente: "La reserva de confidencialidad en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar posibles efectos en la salud o el ambiente."
El inciso c) se refiere a la confidencialidad de la libre competencia empresaria, pero esa confidencialidad no puede implicar el secreto para evaluar posibles efectos negativos en la salud o el ambiente.
Otra sugerencia es agregar un inciso h) en el artículo 5°. La propuesta diría los siguiente: "Promover la participación de la sociedad civil en el control y monitoreo de las disposiciones señaladas en la presente ley, creando o fortaleciendo los mecanismos previstos a tal fin." Esto es para dar participación expresa a las organizaciones de la sociedad civil en el control de esta norma.
Finalmente, adhiero a las modificaciones propuestas. Gracias, señor presidente.
En el artículo 3° agregaría lo siguiente: "A los efectos de esta ley, se entiende por productos fitosanitarios agroquímicos a cualquier sustancia...". En realidad, con esta iniciativa abarcamos una parte de los agroquímicos que son de cultivo. Nos parece que esta es una redacción mejor y, si bien es una cuestión mínima, es importante.
Luego, el inciso c) del artículo 5°, en su redacción actual, termina así: "...a la información pública no sujeta a obligación de confidencialidad." Creo que al final corresponde agregar lo siguiente: "La reserva de confidencialidad en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar posibles efectos en la salud o el ambiente."
El inciso c) se refiere a la confidencialidad de la libre competencia empresaria, pero esa confidencialidad no puede implicar el secreto para evaluar posibles efectos negativos en la salud o el ambiente.
Otra sugerencia es agregar un inciso h) en el artículo 5°. La propuesta diría los siguiente: "Promover la participación de la sociedad civil en el control y monitoreo de las disposiciones señaladas en la presente ley, creando o fortaleciendo los mecanismos previstos a tal fin." Esto es para dar participación expresa a las organizaciones de la sociedad civil en el control de esta norma.
Finalmente, adhiero a las modificaciones propuestas. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora Diana Guillén.
SRA. GUILLÉN Voy a referirme al tema de la confidencialidad y a lo que está proponiendo el diputado, en cuanto a que no puede ser utilizada la información confidencial para la evaluación del tema de salud o ambiente. En realidad, todo lo que sea patentes y propiedad intelectual está regido por el INPI. Por su parte, el SENASA es responsable de la confidencialidad de lo correspondiente al desarrollo del producto en sí mismo, es decir, a la fórmula química, exclusivamente, pero no se ocupa del sistema de desarrollo ni de las impurezas o los coadyuvantes que tiene el producto, ya que eso tiene que ser declarado. O sea que el agregado que están proponiendo no va a modificar en nada las obligaciones del SENASA, dado que nuestro organismo y la ley de patentes y de propiedad intelectual en el país no lo permiten. Eso por un lado.
Por otro lado, había algo más que se dijo respecto del inciso h), sobre promover la participación. Me gustaría saber en qué ámbito y de qué manera se promovería la participación. No recuerdo bien si el artículo 5° es el que se refiere al Consejo Consultivo.
Por otro lado, había algo más que se dijo respecto del inciso h), sobre promover la participación. Me gustaría saber en qué ámbito y de qué manera se promovería la participación. No recuerdo bien si el artículo 5° es el que se refiere al Consejo Consultivo.
SR. MARTÍNEZ Diana: quisiera agregar algo a lo que estás diciendo.
SRA. GUILLÉN Sí, adelante.
SR. MARTÍNEZ Lo que presentó el diputado nos parece sumamente interesante. De hecho, el proyecto lo contempla, porque el artículo 12 admite la participación de la sociedad civil, pero por intermedio de organizaciones que demuestren alguna trayectoria en la temática. Digo esto porque es un espacio bastante técnico respecto de lo que está sucediendo en el proceso de utilización de los productos fitosanitarios.
Como ustedes pueden ver, en el segundo párrafo del artículo 12 se prevé que puedan concurrir organizaciones de la sociedad civil con reconocida capacidad técnica en las temáticas que se traten en ese ámbito.
No sé si eso satisface la posición del diputado, pero lo que digo es que ese aspecto ya estaba contemplado. Al menos esa es la intención que tiene el proyecto al incluir la sociedad civil dentro del organismo colegiado.
Como ustedes pueden ver, en el segundo párrafo del artículo 12 se prevé que puedan concurrir organizaciones de la sociedad civil con reconocida capacidad técnica en las temáticas que se traten en ese ámbito.
No sé si eso satisface la posición del diputado, pero lo que digo es que ese aspecto ya estaba contemplado. Al menos esa es la intención que tiene el proyecto al incluir la sociedad civil dentro del organismo colegiado.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Buenas tardes a los funcionarios. Es un gusto volver a verlos. Habiendo sido el ministro Basterra nuestro colega en la Cámara de Diputados, de alguna manera ya teníamos una relación previa con este equipo de trabajo.
En lo que a mí respecta, considero que no se hizo una revisación profunda sobre el asunto porque recién ayer fue presentado el proyecto en la reunión de asesores, donde, según me informó mi asesor, fueron planteadas algunas cuestiones.
De todos modos, advierto que en el artículo 8º hay una delegación incorrecta. Se trata de una delegación importante. Me refiero a la delegación que se le da al SENASA, ante una emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente, con carácter de excepción y previo informe técnico, de autorizar circunstancialmente el uso de determinados productos fitosanitarios agroquímicos que ya se encuentren registrados para otros usos o cultivos pero que no estuvieran autorizados para los cultivos en riesgo.
La verdad es que yo no soy muy amiga de las delegaciones de facultades. Si hubiera alguna delegación en el Ejecutivo en este tema habría que ser muy cuidadosos en cuanto a que nosotros podríamos hacerla, pero con algunos resguardos. De todos modos, no me seduce mucho que este artículo quede tan abierto, porque estamos hablando de productos fitosanitarios. Entiendo la situación que se plantea, pero también entiendan que una delegación de este tipo comporta un riesgo.
En lo que a mí respecta, considero que no se hizo una revisación profunda sobre el asunto porque recién ayer fue presentado el proyecto en la reunión de asesores, donde, según me informó mi asesor, fueron planteadas algunas cuestiones.
De todos modos, advierto que en el artículo 8º hay una delegación incorrecta. Se trata de una delegación importante. Me refiero a la delegación que se le da al SENASA, ante una emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente, con carácter de excepción y previo informe técnico, de autorizar circunstancialmente el uso de determinados productos fitosanitarios agroquímicos que ya se encuentren registrados para otros usos o cultivos pero que no estuvieran autorizados para los cultivos en riesgo.
La verdad es que yo no soy muy amiga de las delegaciones de facultades. Si hubiera alguna delegación en el Ejecutivo en este tema habría que ser muy cuidadosos en cuanto a que nosotros podríamos hacerla, pero con algunos resguardos. De todos modos, no me seduce mucho que este artículo quede tan abierto, porque estamos hablando de productos fitosanitarios. Entiendo la situación que se plantea, pero también entiendan que una delegación de este tipo comporta un riesgo.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora Diana Guillén.
SRA. GUILLÉN Gracias por la intervención, diputada Camaño. Vamos a aclarar a qué se refiere ese artículo.
Los fitosanitarios son registrados en base al pedido de las empresas. Las empresas tienen un producto y solicitan que sea autorizado para un determinado uso. Como las empresas obviamente tienen un interés comercial, hay ciertos productos que no son solicitados. A esos productos en el SENASA los hemos estado llamando productos de "usos menores". Voy a poner un ejemplo muy claro. Durante varios años en el SENASA trabajamos sobre productos que no eran de interés para las empresas, como por ejemplo los fitosanitarios para perejil, apio u otros cultivos de usos menores. Cuando digo "menores" lo digo en el sentido del mercado que tienen las empresas. Las empresas, en cambio, presentaban para acelga, lechuga o tomate, que son cultivos de mayor nivel de mercado, y no para el resto. ¿Esto qué significaba? En la República Argentina, cuando un producto no está registrado no tiene fijado su límite máximo de residuos. El límite máximo, cuando se hace una fiscalización en el mercado, debe ser igual a cero.
Entonces, ¿qué nos estaba pasando? Pensemos, por ejemplo, en el verano, cuando suele haber problemas por cuestiones climáticas, como la humedad. Ante los ataques de hongos o bacterias, por ejemplo, no había productos que pudieran ser utilizados. Aclaro que esto no sucederá este verano porque va a ser seco. Entonces, cuando el SENASA llegaba al Mercado Central o a algún otro mercado, lo que hacía era confiscar, pero no porque el producto tuviera una cantidad de fitosanitarios aprobados o no; tenía cero. Si ese producto hubiese estado aprobado para el perejil -que es un buen ejemplo-, estaba dentro de las normas sanitarias.
Entonces, ese artículo dice que se puede avanzar en la aprobación de otros usos sin que lo pida el sector privado. Nos pasó, por ejemplo, con cultivos nuevos como el kiwi. Cuando entró el kiwi a la República Argentina no teníamos productos para ese cultivo. Estábamos en una situación de emergencia para el kiwi: no había mercado y, por lo tanto, no teníamos productos.
No sé si he podido aclarar a los diputados el motivo de ese artículo. No es una delegación en sí misma, sino que implica permitir que el SENASA pueda evaluar un producto, aunque no lo pida un privado.
Los fitosanitarios son registrados en base al pedido de las empresas. Las empresas tienen un producto y solicitan que sea autorizado para un determinado uso. Como las empresas obviamente tienen un interés comercial, hay ciertos productos que no son solicitados. A esos productos en el SENASA los hemos estado llamando productos de "usos menores". Voy a poner un ejemplo muy claro. Durante varios años en el SENASA trabajamos sobre productos que no eran de interés para las empresas, como por ejemplo los fitosanitarios para perejil, apio u otros cultivos de usos menores. Cuando digo "menores" lo digo en el sentido del mercado que tienen las empresas. Las empresas, en cambio, presentaban para acelga, lechuga o tomate, que son cultivos de mayor nivel de mercado, y no para el resto. ¿Esto qué significaba? En la República Argentina, cuando un producto no está registrado no tiene fijado su límite máximo de residuos. El límite máximo, cuando se hace una fiscalización en el mercado, debe ser igual a cero.
Entonces, ¿qué nos estaba pasando? Pensemos, por ejemplo, en el verano, cuando suele haber problemas por cuestiones climáticas, como la humedad. Ante los ataques de hongos o bacterias, por ejemplo, no había productos que pudieran ser utilizados. Aclaro que esto no sucederá este verano porque va a ser seco. Entonces, cuando el SENASA llegaba al Mercado Central o a algún otro mercado, lo que hacía era confiscar, pero no porque el producto tuviera una cantidad de fitosanitarios aprobados o no; tenía cero. Si ese producto hubiese estado aprobado para el perejil -que es un buen ejemplo-, estaba dentro de las normas sanitarias.
Entonces, ese artículo dice que se puede avanzar en la aprobación de otros usos sin que lo pida el sector privado. Nos pasó, por ejemplo, con cultivos nuevos como el kiwi. Cuando entró el kiwi a la República Argentina no teníamos productos para ese cultivo. Estábamos en una situación de emergencia para el kiwi: no había mercado y, por lo tanto, no teníamos productos.
No sé si he podido aclarar a los diputados el motivo de ese artículo. No es una delegación en sí misma, sino que implica permitir que el SENASA pueda evaluar un producto, aunque no lo pida un privado.
SR. MARTÍNEZ Me gustaría completar lo dicho por Diana.
La diputada Camaño, como siempre, fue muy incisiva, porque se trata de un tema que tuvo mucha discusión incluso dentro de nuestro propio equipo.
Como dijo Diana, lo que sucedía era que, si el sector privado no tenía interés comercial por un cierto tipo de cultivo, había productores de la agricultura familiar que quedaban desguarnecidos ante cualquier problema sanitario que pudiera surgir. El SENASA se daba cuenta de que tenía atributos para tratar ese producto, pero por una cuestión de mercado, y de no pagar el etiquetado de ese nuevo producto, los productores se quedaban sin la posibilidad de acceder al mismo. Dice: "informe técnico previo" porque, finalmente, es la misma institución la que, ante la solicitud del privado, daría o no el permiso.
Lo único que estaría cambiando acá -porque es atribución del SENASA hacerlo o no- es que no esperaría el pedido del sector privado, sino que actuaría en ese sentido en función de la necesidad que tienen algunos agricultores que no entran de lleno en la política de atención de alguno de los fabricantes o productores de ese agroquímico.
La diputada Camaño, como siempre, fue muy incisiva, porque se trata de un tema que tuvo mucha discusión incluso dentro de nuestro propio equipo.
Como dijo Diana, lo que sucedía era que, si el sector privado no tenía interés comercial por un cierto tipo de cultivo, había productores de la agricultura familiar que quedaban desguarnecidos ante cualquier problema sanitario que pudiera surgir. El SENASA se daba cuenta de que tenía atributos para tratar ese producto, pero por una cuestión de mercado, y de no pagar el etiquetado de ese nuevo producto, los productores se quedaban sin la posibilidad de acceder al mismo. Dice: "informe técnico previo" porque, finalmente, es la misma institución la que, ante la solicitud del privado, daría o no el permiso.
Lo único que estaría cambiando acá -porque es atribución del SENASA hacerlo o no- es que no esperaría el pedido del sector privado, sino que actuaría en ese sentido en función de la necesidad que tienen algunos agricultores que no entran de lleno en la política de atención de alguno de los fabricantes o productores de ese agroquímico.
SRA. GUILLÉN Puedo agregar algo más. En ningún caso significa que no se va a cumplir con el proceso de evaluación. En los casos en que tuvimos que avanzar con los productos para los cultivos menores, todo el proceso de investigación tuvo que hacerlo el Estado -lo hizo el INTA- para que el SENASA pudiera evaluar y aprobar, pero se trata de eso.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Hago otra pregunta: ¿por qué el proyecto no prohíbe expresamente la utilización de agrotóxicos en áreas suburbanas o rurales? A mí me da la impresión de que, de alguna manera, viene a resolver los temas vinculados a los productores, pero también considero que falta una suerte de mirada más ambiental.
En ese sentido, la última reflexión que hago -no para obstruir la posibilidad de que caminemos hacia adelante con el proyecto, porque yo no le advierto malas intenciones, por el contrario- es que el Estado tiene continuidad y, a veces, las políticas de un determinado gobierno tienen una mirada y otros gobiernos tienen otra, por eso siempre soy reticente a las delegaciones o a las posibilidades de extender las facultades. En algún momento, en esta materia, se hablaba de presupuestos mínimos; hubo algunos proyectos en ese orden y con alguna cierta severidad en torno a la problemática con la que nosotros, por lo menos desde esta comisión, miramos el tema que es el problema que tenemos los argentinos con el uso delictivo que se hace en muchos casos y que genera consecuencias.
Este tipo de leyes, en realidad, tratan de preservar la salud de los humanos y de los animales y no ha tenido giro a la Comisión de Salud, donde me parece que también hay una serie de proyectos vinculados al tema de los estragos de los tóxicos, de los agroquímicos, en muchas poblaciones de nuestro país.
Me permito sugerir que le demos una vuelta de tuerca en materia ambiental y si no, si usted considera que lo van a despachar en el día de hoy, lo voy a acompañar pero con disidencias, de manera tal de poder hacerle incorporaciones y seguir discutiendo hasta el momento en que lo tratemos en el recinto. Propongo esto para darle una vuelta de tuerca al proyecto, con una mirada más ambientalista.
En ese sentido, la última reflexión que hago -no para obstruir la posibilidad de que caminemos hacia adelante con el proyecto, porque yo no le advierto malas intenciones, por el contrario- es que el Estado tiene continuidad y, a veces, las políticas de un determinado gobierno tienen una mirada y otros gobiernos tienen otra, por eso siempre soy reticente a las delegaciones o a las posibilidades de extender las facultades. En algún momento, en esta materia, se hablaba de presupuestos mínimos; hubo algunos proyectos en ese orden y con alguna cierta severidad en torno a la problemática con la que nosotros, por lo menos desde esta comisión, miramos el tema que es el problema que tenemos los argentinos con el uso delictivo que se hace en muchos casos y que genera consecuencias.
Este tipo de leyes, en realidad, tratan de preservar la salud de los humanos y de los animales y no ha tenido giro a la Comisión de Salud, donde me parece que también hay una serie de proyectos vinculados al tema de los estragos de los tóxicos, de los agroquímicos, en muchas poblaciones de nuestro país.
Me permito sugerir que le demos una vuelta de tuerca en materia ambiental y si no, si usted considera que lo van a despachar en el día de hoy, lo voy a acompañar pero con disidencias, de manera tal de poder hacerle incorporaciones y seguir discutiendo hasta el momento en que lo tratemos en el recinto. Propongo esto para darle una vuelta de tuerca al proyecto, con una mirada más ambientalista.
SR. PRESIDENTE GROSSO La idea es avanzar hoy con el dictamen y, de hecho, si no hay ningún diputado o ninguna diputada más para hacer uso de la palabra, pasamos a firmarlo.
Es un proyecto de ley que viene de la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde recibió acompañamiento total de los integrantes y las integrantes de la comisión y que va a volver a esa comisión a partir de la incorporación de las modificaciones que propuso la diputada Daniela Vilar.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
Es un proyecto de ley que viene de la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde recibió acompañamiento total de los integrantes y las integrantes de la comisión y que va a volver a esa comisión a partir de la incorporación de las modificaciones que propuso la diputada Daniela Vilar.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
SR. ZAMARBIDE Señor presidente: en el mismo sentido que la diputada Camaño, nosotros vamos a acompañar con disidencias parciales. No viene al caso que las lea ahora porque son varias, algunas por una cuestión de forma. Solo a modo de ejemplo, voy a hablar del artículo 6°, inciso d), donde al final dice: "El Misterio de Salud, ante evidencia científica reconocida internacionalmente, podrá solicitar al organismo de aplicación la revisión del registro de productos fitosanitarios de que se trate..." Nosotros vamos a proponer reemplazar "podrá" por "deberá". Como son varias las observaciones de este tipo que tenemos, vamos a acompañar con disidencia parcial para poder plantearlas por escrito.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora Diana Guillén.
SRA. GUILLÉN Solamente quería agregar algo ante la preocupación de la diputada Camaño. En realidad, esta normativa o este proyecto, lo que está reglamentando son las competencias de nivel nacional, lo que significaría el registro y la trazabilidad de todos los productos a partir del registro. La preocupación de la diputada Camaño tiene que ver con el uso y la aplicación, que es competencia de las provincias y que debería ser, como dijo Ariel al principio, motivo de la tercera ley que no está en este momento sobre la mesa, porque claramente ahí entraría toda la problemática del uso en zonas urbanas, suburbanas periurbanas, la fumigación, los registros de los fumigadores, etcétera.
SR. PRESIDENTE GROSSO Vamos a pasar a la firma del dictamen.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen con las incorporaciones propuestas por la señora diputada Vilar los señores diputados Grosso, Vilar, Fagioli, Brambilla, Caparrós, Estévez (G.B.), Fernández (E.), Fregonese, Lampreabe, Martínez (M.R.), Muñoz, Obeid, Spósito, Uhrig y Vázquez.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen con las incorporaciones propuestas por el señor diputado Zamarbide los señores diputados Austin, Ansaloni, Arce, Berhongaray, Frigerio, Mendoza; Menna, Zamarbide y Zuvic.
Manifiesta disidencia parcial la señora diputada Camaño.
Manifiesta su abstención la señora diputada Cornejo.
No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión de los señores diputados Iglesias, Frizza, Alume Sbodio y Cerruti.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) El dictamen vuelve a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con las propuestas de la diputada Vilar y con las disidencias planteadas por el diputado Zamarbide.
SR. GRANDE Perdón, presidente. Me pude conectar. Quisiera votar.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) No lo veo conectado por la VPN, diputado. En un rato volvemos a intentar. Si no, luego lo puede firmar en forma digital.
SR. PRESIDENTE GROSSO Continuamos con el temario.
Despedimos a la ingeniera Diana Guillén y al licenciado Ariel Martínez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Les agradecemos su presencia.
Despedimos a la ingeniera Diana Guillén y al licenciado Ariel Martínez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Les agradecemos su presencia.
SRA. GUILLÉN Gracias a ustedes por recibirnos. Adiós.
SR. PRESIDENTE GROSSO Hasta luego. Muchas gracias.
El siguiente punto del temario es un proyecto de la diputada Moisés -me avisó que no se ha podido conectar - por el cual se declara monumento natural a la especie arbórea nativa árbol de papel o palo papel.
Ya fue discutido en comisión y tiene acuerdo general del conjunto de los bloques. Se trata de proteger esta especie arbórea del norte de nuestro país y del sur de Bolivia, que está en peligro de extinción.
Por Secretaría se requerirá a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe el dictamen.
El siguiente punto del temario es un proyecto de la diputada Moisés -me avisó que no se ha podido conectar - por el cual se declara monumento natural a la especie arbórea nativa árbol de papel o palo papel.
Ya fue discutido en comisión y tiene acuerdo general del conjunto de los bloques. Se trata de proteger esta especie arbórea del norte de nuestro país y del sur de Bolivia, que está en peligro de extinción.
Por Secretaría se requerirá a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe el dictamen.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen los señores diputados Grosso, Austin, Arce, Fagioli, Ansaloni, Berhongaray, Brambilla, Camaño, Caparrós, Cornejo (V.), Estévez, Fernández (E.), Fregonese, Frigerio, Martínez (M.R.), Mendoza, Menna, Muñoz, Obeid, Spósito, Uhrig, Vázquez, Zamarbide, Austin, Vilar, Lampreabe y Frizza.
No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión de los señores diputados Alume Sbodio, Cerruti, Iglesias, Grande y Zuvic.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Los que quedan van a poder firmar digitalmente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Le aclaro, señora secretaria, que el señor diputado Grande está diciendo lo mismo. Veo la imagen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Ya lo verifico, señor diputado. Lo estamos chequeando, señor presidente.
SR. GRANDE Estoy "logueado".
SRA. SECRETARIA (FUENTES) No lo veo "logueado".
Si usted quiere seguir con la reunión, señor presidente, en cuanto vea "logueado" al señor diputado Grande le preguntaré acerca de los acompañamientos para los respectivos proyectos.
Si usted quiere seguir con la reunión, señor presidente, en cuanto vea "logueado" al señor diputado Grande le preguntaré acerca de los acompañamientos para los respectivos proyectos.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, señora secretaria.
A continuación, vamos a continuar con el temario previsto para el día de la fecha. Tenemos que analizar una serie de proyectos de resolución y de declaración que fueron acordados por la comisión de asesores.
Quiero informarles que invité para esta reunión a María Giménez. Ella es responsable del IMDEL, es decir, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, pues uno de los proyectos se refiere a la creación de parques agrarios agroecológicos en la localidad de Moreno. Me parece que es una experiencia muy importante que comienza a desarrollarse y quería que ella nos brinde su visión al respecto.
A continuación, vamos a continuar con el temario previsto para el día de la fecha. Tenemos que analizar una serie de proyectos de resolución y de declaración que fueron acordados por la comisión de asesores.
Quiero informarles que invité para esta reunión a María Giménez. Ella es responsable del IMDEL, es decir, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, pues uno de los proyectos se refiere a la creación de parques agrarios agroecológicos en la localidad de Moreno. Me parece que es una experiencia muy importante que comienza a desarrollarse y quería que ella nos brinde su visión al respecto.
SRA. GIMÉNEZ Agradezco al señor presidente de la comisión por la invitación a participar de esta reunión.
Concretamente, estoy administrando el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Es un instituto descentralizado del municipio de Moreno. Desde el inicio de la gestión, nuestra intendenta -Mariel Fernández-, nos pidió la elaboración de proyectos que tengan que ver con la producción de alimentos en cercanía. No sé si están enterados, pero la producción de alimentos se ha desplazado, sobre todo la horticultura, más allá de la ruta 6.
En los últimos años las tierras productivas se alejan de las ciudades, del Conurbano y de la mayor concentración de gente. Esto hace que los alimentos aumenten su precio debido a que se incrementa el costo del flete. Entonces, esto representa un gran desafío.
Se escucha desde el INTA, la academia y varias universidades la necesidad de la elaboración, generación y producción de alimentos en cercanía. Ese es el desafío que nos propone nuestra intendenta. Por ello, empezamos a pensar en la zonificación rural de Moreno, que son alrededor de mil hectáreas, y nos encontramos con que eran tierras privadas y muy pocas de ellas tenían propiedad municipal o estatal. Entonces, empezamos a desarrollar una ordenanza que tenía que ver con la creación de parques agrarios agroecológicos. Lo presentamos en el Concejo Deliberante y dicha iniciativa fue discutida con todos los concejales. Finalmente, la propuesta fue aprobada.
Básicamente, estamos hablando de tierras privadas que están ociosas y en peligro de usurpación o de lo que nosotros llamamos tomas. Intentando dar una salida a los que buscan un lugar, empezamos a pensar en aquellas tierras que habían sufrido algún tipo de urbanización sin planificar. Es decir, en urbanizaciones no planificadas y en zonas en las que no hay servicios ni se puede hacer un plan porque la zonificación no permite urbanizaciones. Entonces, buscamos a esos dueños y les hicimos una propuesta para transformar esos lugares en tierras productivas.
En principio, buscamos tierras que estaban ociosas desde hacía muchos años, en las que ellos o ellas no tenían pensado hacer ningún tipo de proyecto o desarrollo. Entonces, les planteamos un consorcio donde productores hortícolas pudieran desarrollar y producir alimentos. Creamos unidades productivas de 2 hectáreas -que es más o menos lo que un productor familiar necesita como unidad económica-, y llegamos a un acuerdo con los productores en cuanto a la renta a pagar por esas tierras. Ya generamos el primer parque, que cuenta con 75 hectáreas, inauguramos un segundo parque, de 17 hectáreas, y estamos por inaugurar un tercero y un cuarto.
La producción es agroecológica, justamente porque se da en tierras, en Moreno, que están rodeadas de urbanizaciones y de barrios. Además, porque estamos convencidos de que es lo que hay que hacer; la agroecología es mucho más saludable.
Vamos a declarar también a Moreno libre de agroquímicos o agrotóxicos en la producción de alimentos. Nosotros somos capital provincial del plantín floral; por eso, vamos a excluir a la floricultura de esa declaración. Pero sí lo haremos en lo que es producción de alimentos, principalmente horticultura.
La creación de estos parques puso a disposición tierras productivas en zonas en las que al comienzo de la gestión solo contábamos con veinte productores. Hoy ya contamos con más del doble, porque hemos convocado más que nada a productores que vienen desplazados de otras zonas o de partidos cercanos a Moreno, como pueden ser Escobar o Pilar, donde el valor de la tierra y la renta ha aumentado mucho por la creación de barrios privados o urbanizaciones de ese estilo.
Entonces, los productores se empiezan a desplazar a lugares donde no tienen ese conflicto. Moreno pasa a ser un lugar donde el Estado los invita a producir y les ofrece tierras con una renta baja. Aquí cada consorcio es distinto, no es que la tierra y la renta son iguales para todos los consorcios, sino que eso depende de un acuerdo entre el propietario y el productor.
Estamos convocando a productores hortícolas con algún tipo de experiencia, así de inmediato se ponen a producir. También estamos pensando en convocar en el futuro a personas que quieran aprender sobre la producción.
Básicamente, se trata de eso. La iniciativa tuvo bastante repercusión, porque nos encontrábamos ante la problemática de tierras. El Estado está invirtiendo mucho en el cuidado de las tierras, y esta era una salida a esas situaciones que se venían dando.
El primer parque se hizo con mucho éxito. Tanto los productores como el propietario están muy contentos. Rápidamente, si los productores ya tienen algún tipo de experiencia, pueden comenzar a producir, y esta es una buena época del año para hacerlo.
Concretamente, estoy administrando el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Es un instituto descentralizado del municipio de Moreno. Desde el inicio de la gestión, nuestra intendenta -Mariel Fernández-, nos pidió la elaboración de proyectos que tengan que ver con la producción de alimentos en cercanía. No sé si están enterados, pero la producción de alimentos se ha desplazado, sobre todo la horticultura, más allá de la ruta 6.
En los últimos años las tierras productivas se alejan de las ciudades, del Conurbano y de la mayor concentración de gente. Esto hace que los alimentos aumenten su precio debido a que se incrementa el costo del flete. Entonces, esto representa un gran desafío.
Se escucha desde el INTA, la academia y varias universidades la necesidad de la elaboración, generación y producción de alimentos en cercanía. Ese es el desafío que nos propone nuestra intendenta. Por ello, empezamos a pensar en la zonificación rural de Moreno, que son alrededor de mil hectáreas, y nos encontramos con que eran tierras privadas y muy pocas de ellas tenían propiedad municipal o estatal. Entonces, empezamos a desarrollar una ordenanza que tenía que ver con la creación de parques agrarios agroecológicos. Lo presentamos en el Concejo Deliberante y dicha iniciativa fue discutida con todos los concejales. Finalmente, la propuesta fue aprobada.
Básicamente, estamos hablando de tierras privadas que están ociosas y en peligro de usurpación o de lo que nosotros llamamos tomas. Intentando dar una salida a los que buscan un lugar, empezamos a pensar en aquellas tierras que habían sufrido algún tipo de urbanización sin planificar. Es decir, en urbanizaciones no planificadas y en zonas en las que no hay servicios ni se puede hacer un plan porque la zonificación no permite urbanizaciones. Entonces, buscamos a esos dueños y les hicimos una propuesta para transformar esos lugares en tierras productivas.
En principio, buscamos tierras que estaban ociosas desde hacía muchos años, en las que ellos o ellas no tenían pensado hacer ningún tipo de proyecto o desarrollo. Entonces, les planteamos un consorcio donde productores hortícolas pudieran desarrollar y producir alimentos. Creamos unidades productivas de 2 hectáreas -que es más o menos lo que un productor familiar necesita como unidad económica-, y llegamos a un acuerdo con los productores en cuanto a la renta a pagar por esas tierras. Ya generamos el primer parque, que cuenta con 75 hectáreas, inauguramos un segundo parque, de 17 hectáreas, y estamos por inaugurar un tercero y un cuarto.
La producción es agroecológica, justamente porque se da en tierras, en Moreno, que están rodeadas de urbanizaciones y de barrios. Además, porque estamos convencidos de que es lo que hay que hacer; la agroecología es mucho más saludable.
Vamos a declarar también a Moreno libre de agroquímicos o agrotóxicos en la producción de alimentos. Nosotros somos capital provincial del plantín floral; por eso, vamos a excluir a la floricultura de esa declaración. Pero sí lo haremos en lo que es producción de alimentos, principalmente horticultura.
La creación de estos parques puso a disposición tierras productivas en zonas en las que al comienzo de la gestión solo contábamos con veinte productores. Hoy ya contamos con más del doble, porque hemos convocado más que nada a productores que vienen desplazados de otras zonas o de partidos cercanos a Moreno, como pueden ser Escobar o Pilar, donde el valor de la tierra y la renta ha aumentado mucho por la creación de barrios privados o urbanizaciones de ese estilo.
Entonces, los productores se empiezan a desplazar a lugares donde no tienen ese conflicto. Moreno pasa a ser un lugar donde el Estado los invita a producir y les ofrece tierras con una renta baja. Aquí cada consorcio es distinto, no es que la tierra y la renta son iguales para todos los consorcios, sino que eso depende de un acuerdo entre el propietario y el productor.
Estamos convocando a productores hortícolas con algún tipo de experiencia, así de inmediato se ponen a producir. También estamos pensando en convocar en el futuro a personas que quieran aprender sobre la producción.
Básicamente, se trata de eso. La iniciativa tuvo bastante repercusión, porque nos encontrábamos ante la problemática de tierras. El Estado está invirtiendo mucho en el cuidado de las tierras, y esta era una salida a esas situaciones que se venían dando.
El primer parque se hizo con mucho éxito. Tanto los productores como el propietario están muy contentos. Rápidamente, si los productores ya tienen algún tipo de experiencia, pueden comenzar a producir, y esta es una buena época del año para hacerlo.
SR. PRESDIENTE (GROSSO) Muchas gracias, María. Gracias por tomarte el tiempo para estar acá. En breve iremos a visitarte. Es para mí una alegría que, entre otros proyectos, podamos también declarar esa experiencia como de interés para la Cámara.
Si no hay más oradores y oradoras, solicito que la señora secretaria dé lectura de los números de expedientes que conforman el bloque de proyectos de resolución y de declaración que será sometido a votación, de manera que podamos avanzar con lo que queda del temario. El asunto que todavía nos falta considerare es, nada más ni nada menos, que el proyecto referido a los humedales.
Si no hay más oradores y oradoras, solicito que la señora secretaria dé lectura de los números de expedientes que conforman el bloque de proyectos de resolución y de declaración que será sometido a votación, de manera que podamos avanzar con lo que queda del temario. El asunto que todavía nos falta considerare es, nada más ni nada menos, que el proyecto referido a los humedales.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Los proyectos sobre los que se va a suscribir dictamen son los contenidos en los expedientes
1782-d-2020, de la señora diputada Ginocchio; 5.415 y
5505-d-2020, de la señora diputada Austin;
6046-d-2020, del señor diputado Grosso, y
6141-d-2020, de la señora diputada Spósito y otros.
SR. PRESDIENTE (GROSSO) Por Secretaría se requerirá a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe los dictámenes.
Manifiestan su acompañamiento a los dictámenes los señores diputados Grosso, Austin, Vilar, Arce, Fagioli, Ansaloni, Berhongaray, Brambilla, Camaño, Caparrós, Cerruti, Cornejo, Estévez, Fernández (E.), Fregonese, Frigerio, Grande, Lampreabe, Martínez (M.R.), Mendoza, Muñoz, Obeid, Spósito, Uhrig, Vázquez y Zamarbide.
No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión de los señores diputados Frisa, Alume Sbodio, Iglesias, Menna y Zuvic.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Quienes no hayan podido manifestarse recién, podrán luego suscribir digitalmente los dictámenes.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, señora secretaria. Hemos avanzado en todo lo que quedaba pendiente del temario y ya estamos listos para comenzar con el tratamiento más importante que abordaremos está tarde, ya casi de noche. Me refiero a los distintos proyectos de presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales.
Quiero mencionar varias cuestiones a modo introductorio. En primer lugar, solicitamos a los señores diputados y a las señoras diputadas que escriban al chat de la comisión o al del Webex para anotarse en la lista de oradores y hacer uso de la palabra. Algunos diputados y diputadas que no son integrantes de la comisión son autores y autoras de proyectos, y están presentes en esta reunión para realizar sus exposiciones.
Hace tres meses y medio, desde el 6 de agosto, empezamos el tratamiento de estas cuestiones en el Congreso de la Nación, después de la conmoción pública que reinara a partir de los enormes incendios que hubo en el Delta del Paraná, cuyo humo llegaba a las ciudades de Rosario y de Buenos Aires. En medio de esa situación, se presentaron diez proyectos de presupuestos mínimos de protección de humedales en esta comisión de la Cámara de Diputados.
Quiero dar cuenta del trabajo que realizamos entre todos y todas, desde esta comisión, en conjunto con los diputados y diputadas que la integramos. Decidimos abrir el debate público porque entendemos que es una propuesta de ley que necesita la construcción de amplios consensos, ya que es ampliamente resistida y viene de una historia de permanentes bloqueos en el Congreso.
En 2013, la iniciativa fue presentada por el senador Giustiniani en la Cámara Alta. En 2016, el compañero Pino Solanas logró el dictamen de comisión, pero la iniciativa perdió estado parlamentario. En 2018, el mismo Pino Solanas volvió a lograr dictamen en la comisión y luego la sanción de la iniciativa en el Senado, pero en la Cámara de Diputados durmió el sueño de los justos.
Ese ha sido el trayecto de esta iniciativa sobre protección de nuestros humedales, que es reclamada a lo largo y a lo ancho del país por sectores importantes de la sociedad civil, del ambientalismo, de las comunidades que viven en los entornos o sobre los humedales, de las comunidades de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas y las científicas, así como también de las universidades y los distintos sectores.
Entonces, abrimos la comisión y decidimos llevar adelante cuatro reuniones informativas con una extensión de mucho más de tres horas cada una de ellas, donde se contó con la presencia de la casi totalidad de los diputados y las diputadas que la integran. Se ha recibido a más de cincuenta y cinco expositores y expositoras: científicos, especialistas, referentes ambientales regionales e internacionales, organizaciones sociales y campesinas, sectores productivos, forestales e inmobiliarios.
Asimismo, se realizaron nueve reuniones de asesores y asesoras, con todos los autores y autoras de los proyectos, para lograr la unificación de las voluntades en un texto y la construcción de un solo dictamen. En este sentido, hubo una decisión política muy importante por parte de los diputados y de las diputadas de esta comisión, a fin de consensuar una legislación que recogiera el trabajo realizado por Pino Solanas en el Senado y también una síntesis de aquello que venía exponiendo la sociedad civil.
Por otro lado, hubo cinco reuniones con equipos técnicos ad hoc compuestos por prestigiosos científicos y científicas, así como también por investigadores e investigadoras del Conicet y de universidades nacionales. Agradecemos muchísimo la cantidad de horas de trabajo invertidas para el logro de este predictamen que hoy debatiremos.
Quiero mencionar que 315 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a nuestra comisión el 30 de septiembre, por la que se solicitó la unificación del dictamen.
Hoy, en el Salón Delia Parodi, recibimos un pedido con casi 700.000 firmas -que juntaron las y los jóvenes-, por el que se solicita la sanción inmediata de una ley de humedales. Se encontraron las organizaciones ambientalistas, con la representación de muchísimas organizaciones juveniles y de militantes ambientalistas, y por parte de la Cámara de Diputados estaba la representación de numerosos bloques de diputados y diputadas. Inclusive, se contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.
Además, se produjeron cincuenta asambleas de colectivos y organizaciones que armaron una red nacional de humedales -que hace mucho tiempo están peleando este tema-, y han organizado, a lo largo y ancho del país, una semana de distintas acciones, para que nosotros y nosotras hoy podamos dictaminar esta iniciativa.
Quiero mencionar que ciento noventa profesionales de distintos institutos y universidades de todo el país aportaron y apoyaron este texto unificado sobre el cual trabajamos en las últimas semanas.
Es decir que hubo numerosos consensos alrededor de la necesidad de sancionar esta ley, como producto de un problema que nos estalló en la cara una vez más, dado que casi 400.000 hectáreas de humedales fueron arrasadas por el fuego. Todo esto lo vimos durante meses y sufrimos el humo en las ciudades de Buenos Aires y de Rosario, tal como mencioné al principio.
Se trata de un ecocidio, como señalamos varias veces en esta comisión, porque necesitaremos muchísimos años para restaurar esos ecosistemas, no solo la cobertura vegetal sino los daños irreparables que la comunidad científica advierte que hemos sufrido este año.
Es necesario que el esfuerzo de toda esta gente, de todos nosotros y nosotras, del ambientalismo, de la comunidad científica y de los sectores que vienen planteando desde hace años la necesidad de una ley de humedales se concrete en la sanción de la norma.
Esperamos que hoy la iniciativa surja, desde esta comisión, como una señal política de sus integrantes para el conjunto de las comisiones que deben tratar los proyectos de presupuestos mínimos de protección de humedales.
Me parece que es un día importante para todos nosotros y todas nosotras porque estamos avanzando con el compromiso que asumimos ante la sociedad civil y ante los sectores que reclaman la necesidad de que la política establezca un límite y que el Estado regule lo que el mercado viene destruyendo, porque eso es lo que está pasando con nuestros humedales.
Sin duda, debemos estar a la altura de las circunstancias. No dudo del trabajo de esta comisión porque todos y todas asumimos las reuniones con mucho compromiso, a pesar de las complicaciones que trajo el desarrollo de las reuniones telemáticas de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Todos y todas los diputados y las diputadas de todos los bloques que conforman esta comisión trabajaron mucho. Me traje al siervo de los pantanos y al carpincho como fondo para que nos vayan guiando el camino en este debate, que espero comencemos ahora.
Sin más, vamos a darles la palabra a los diputados y a las diputadas que quieran hacer uso de ella. No sé si alguien me escribió porque estuve hablando...
Quiero mencionar varias cuestiones a modo introductorio. En primer lugar, solicitamos a los señores diputados y a las señoras diputadas que escriban al chat de la comisión o al del Webex para anotarse en la lista de oradores y hacer uso de la palabra. Algunos diputados y diputadas que no son integrantes de la comisión son autores y autoras de proyectos, y están presentes en esta reunión para realizar sus exposiciones.
Hace tres meses y medio, desde el 6 de agosto, empezamos el tratamiento de estas cuestiones en el Congreso de la Nación, después de la conmoción pública que reinara a partir de los enormes incendios que hubo en el Delta del Paraná, cuyo humo llegaba a las ciudades de Rosario y de Buenos Aires. En medio de esa situación, se presentaron diez proyectos de presupuestos mínimos de protección de humedales en esta comisión de la Cámara de Diputados.
Quiero dar cuenta del trabajo que realizamos entre todos y todas, desde esta comisión, en conjunto con los diputados y diputadas que la integramos. Decidimos abrir el debate público porque entendemos que es una propuesta de ley que necesita la construcción de amplios consensos, ya que es ampliamente resistida y viene de una historia de permanentes bloqueos en el Congreso.
En 2013, la iniciativa fue presentada por el senador Giustiniani en la Cámara Alta. En 2016, el compañero Pino Solanas logró el dictamen de comisión, pero la iniciativa perdió estado parlamentario. En 2018, el mismo Pino Solanas volvió a lograr dictamen en la comisión y luego la sanción de la iniciativa en el Senado, pero en la Cámara de Diputados durmió el sueño de los justos.
Ese ha sido el trayecto de esta iniciativa sobre protección de nuestros humedales, que es reclamada a lo largo y a lo ancho del país por sectores importantes de la sociedad civil, del ambientalismo, de las comunidades que viven en los entornos o sobre los humedales, de las comunidades de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas y las científicas, así como también de las universidades y los distintos sectores.
Entonces, abrimos la comisión y decidimos llevar adelante cuatro reuniones informativas con una extensión de mucho más de tres horas cada una de ellas, donde se contó con la presencia de la casi totalidad de los diputados y las diputadas que la integran. Se ha recibido a más de cincuenta y cinco expositores y expositoras: científicos, especialistas, referentes ambientales regionales e internacionales, organizaciones sociales y campesinas, sectores productivos, forestales e inmobiliarios.
Asimismo, se realizaron nueve reuniones de asesores y asesoras, con todos los autores y autoras de los proyectos, para lograr la unificación de las voluntades en un texto y la construcción de un solo dictamen. En este sentido, hubo una decisión política muy importante por parte de los diputados y de las diputadas de esta comisión, a fin de consensuar una legislación que recogiera el trabajo realizado por Pino Solanas en el Senado y también una síntesis de aquello que venía exponiendo la sociedad civil.
Por otro lado, hubo cinco reuniones con equipos técnicos ad hoc compuestos por prestigiosos científicos y científicas, así como también por investigadores e investigadoras del Conicet y de universidades nacionales. Agradecemos muchísimo la cantidad de horas de trabajo invertidas para el logro de este predictamen que hoy debatiremos.
Quiero mencionar que 315 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a nuestra comisión el 30 de septiembre, por la que se solicitó la unificación del dictamen.
Hoy, en el Salón Delia Parodi, recibimos un pedido con casi 700.000 firmas -que juntaron las y los jóvenes-, por el que se solicita la sanción inmediata de una ley de humedales. Se encontraron las organizaciones ambientalistas, con la representación de muchísimas organizaciones juveniles y de militantes ambientalistas, y por parte de la Cámara de Diputados estaba la representación de numerosos bloques de diputados y diputadas. Inclusive, se contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.
Además, se produjeron cincuenta asambleas de colectivos y organizaciones que armaron una red nacional de humedales -que hace mucho tiempo están peleando este tema-, y han organizado, a lo largo y ancho del país, una semana de distintas acciones, para que nosotros y nosotras hoy podamos dictaminar esta iniciativa.
Quiero mencionar que ciento noventa profesionales de distintos institutos y universidades de todo el país aportaron y apoyaron este texto unificado sobre el cual trabajamos en las últimas semanas.
Es decir que hubo numerosos consensos alrededor de la necesidad de sancionar esta ley, como producto de un problema que nos estalló en la cara una vez más, dado que casi 400.000 hectáreas de humedales fueron arrasadas por el fuego. Todo esto lo vimos durante meses y sufrimos el humo en las ciudades de Buenos Aires y de Rosario, tal como mencioné al principio.
Se trata de un ecocidio, como señalamos varias veces en esta comisión, porque necesitaremos muchísimos años para restaurar esos ecosistemas, no solo la cobertura vegetal sino los daños irreparables que la comunidad científica advierte que hemos sufrido este año.
Es necesario que el esfuerzo de toda esta gente, de todos nosotros y nosotras, del ambientalismo, de la comunidad científica y de los sectores que vienen planteando desde hace años la necesidad de una ley de humedales se concrete en la sanción de la norma.
Esperamos que hoy la iniciativa surja, desde esta comisión, como una señal política de sus integrantes para el conjunto de las comisiones que deben tratar los proyectos de presupuestos mínimos de protección de humedales.
Me parece que es un día importante para todos nosotros y todas nosotras porque estamos avanzando con el compromiso que asumimos ante la sociedad civil y ante los sectores que reclaman la necesidad de que la política establezca un límite y que el Estado regule lo que el mercado viene destruyendo, porque eso es lo que está pasando con nuestros humedales.
Sin duda, debemos estar a la altura de las circunstancias. No dudo del trabajo de esta comisión porque todos y todas asumimos las reuniones con mucho compromiso, a pesar de las complicaciones que trajo el desarrollo de las reuniones telemáticas de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Todos y todas los diputados y las diputadas de todos los bloques que conforman esta comisión trabajaron mucho. Me traje al siervo de los pantanos y al carpincho como fondo para que nos vayan guiando el camino en este debate, que espero comencemos ahora.
Sin más, vamos a darles la palabra a los diputados y a las diputadas que quieran hacer uso de ella. No sé si alguien me escribió porque estuve hablando...
SRA. AUSTIN Presidente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la diputada Austin.
SRA. AUSTIN Muchas gracias por el racconto minucioso que ha hecho de un proceso efectivamente muy intenso, de algo que muchos y muchas de quienes estamos en esta comisión creemos que es una deuda pendiente de nuestro Congreso de la Nación y, en particular, de la Cámara de Diputados. Digo esto atento a que los dos proyecto de ley que en distintas oportunidades el Senado logró sancionar, terminaron perdiendo estado parlamentario aquí, en la Cámara de Diputados. De modo que, indudablemente, este es un tema que nos compete y que acompañamos desde un inicio con mucha convicción de que debíamos tratarlo.
Hemos presentado diversos proyectos que tratan de recoger, en gran medida, la experiencia que hasta acá venía recorriendo, por un lado, la Cámara, pero por otro lado, también las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad científica y los distintos acuerdos a los que se había llegado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente.
Hubo participación casi unánime de las distintas provincias y tratamos de que todo eso pudiera ser volcado en un proyecto de ley que presentamos junto al diputado Gustavo Menna y a la diputada Ximena García. Asimismo, también hay proyectos que han presentado otros diputados de nuestro interbloque, que además fueron acompañados por un numeroso grupo de legisladores, como en el caso del proyecto que me toca encabezar y que vengo aquí a contar.
Quiero rescatar ese proceso de discusión que nos dimos, sobre todo, en las informativas, donde pudimos enriquecernos con la mirada, los aportes y las visiones de distintos actores. Seguramente, habrán quedado algunos y algunas esperando su convocatoria. En nombre de la Cámara, les pedimos disculpas. Hubiéramos querido que todas las voces ingresaran en el debate.
También valoramos profundamente el trabajo coordinado de esas organizaciones agrupadas bajo el lema "Ley de humedales ya". Hoy nos acercaron a la Cámara las firmas y las recibieron -como ejemplo nuevamente de esta transversalidad- referentes de diversas fuerzas políticas: la diputada Josefina Mendoza y, como bien usted mencionó, Gladys González, presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Senado.
Indudablemente, es un tema complejo, que tiene un montón de aristas técnicas, que requiere una revisión y una precisión en el proceso, que es lo que nos ha implicado esas tantas reuniones de asesores, tratando de lograr un texto acordado, un texto en conjunto.
Quiero hacer un especial reconocimiento a los asesores y asesoras en general, quienes han estado trabajando sin descanso empujando el proyecto al que hacía mención recién. En particular, a Karina Quispe, asesora del diputado Gustavo Menna; a Federico Singuerlin, asesor de la diputada Ximena García; a Miguel Zubizarreta, asesor del diputado Maximiliano Ferraro y a Anita Tello y Daniel González, integrantes de mi equipo. En el nombre de ellos, agradezco a todos los asesores. Sé que han trabajado muchísimo para llegar a este dictamen acordado para que, efectivamente, sea el mejor proyecto de ley que podamos traer al Congreso.
Lamentamos -aunque reconocemos todo ese racconto que usted bien ha hecho- que la última reunión de asesores en donde se estuvo trabajando para llegar a un texto acordado haya sido el 1º de octubre. El día de ayer fue el siguiente encuentro de asesores para convocar a esta reunión a la que hoy estamos asistiendo.
Quizá se podría haber previsto una reunión en ese tiempo, entre el 1º de octubre y el 19 de noviembre. Ello nos hubiera permitido llegar aquí, al último día habilitado según el reglamento, para poder dictaminar proyectos, con un marco de acuerdo y de consenso muchísimo mayor.
Quiero decirle también que hemos recibido, hace algunas horas, el dictamen que han trabajado los asesores y que han intentado integrar algunos aportes. Lo hemos estado analizando. Creemos que aún se pueden hacer propuestas superadoras que tiendan a mejorarlo.
Antes de mencionar las propuestas, quiero anticipar que, en mi caso y en el de gran parte de los diputados de nuestro interbloque, vamos a acompañar el dictamen que se está poniendo en consideración.
También vamos a hacer propuestas para mejorarlo. Algunas las voy a mencionar ahora, otras las vamos a acercar como disidencias parciales, que seguramente podremos escribir en el transcurso del fin de semana para hacérselas llegar a usted en las próximas horas hábiles de la Cámara.
En líneas generales, hay un planteo inicial que me veo en la obligación de hacer. Quizá nos costó un poco acomodar la mirada de los distintos proyectos. Nosotros teníamos la visión de que acá había que llevar adelante un proceso y que tenía que empezar por el inventario nacional de humedales, con el trabajo y el esfuerzo que sabemos que eso requiere, para poder delimitar y encontrar, efectivamente, cuál era la extensión de los humedales en la Argentina.
Los antecedentes de la legislación en materia ambiental así lo muestran. Para trabajar la Ley de Bosques Nativos, ello no fue necesario porque ya había un inventario; pero en el caso de la Ley de Glaciares, efectivamente, se previó la realización de esta herramienta.
Entendíamos que ahí la autoridad de aplicación a nivel nacional tenía que jugar un rol importante, justamente, porque estábamos hablando de una ley de presupuestos mínimos que se amparaba en el artículo 41 de la Constitución Nacional, es decir, de una facultad del Congreso de poder dictar estos pisos mínimos de protección. Una vez que tuviéramos eso, podría trabajarse con los procesos de ordenamiento territoriales, porque requería una información previa, que es la que iba a brindar el inventario.
Y sobre todo, a la luz de la experiencia de muchas provincias que -como lo decíamos días atrás en la sesión- no necesariamente han sido respetuosas de estos principios que deben guiar a la protección del ambiente. Así lo observamos cuando miramos el ejemplo de la Ley de Bosques y los desmontes ocurridos en cuatro provincias argentinas en particular.
Estos son algunos de los planteos estructurales. De todas maneras, veremos cuáles de ellos incorporamos en la disidencia, pero no quiero dejar de mencionarlos porque creo que podríamos haber hecho el esfuerzo de tener un mejor proyecto de ley.
Asimismo, entendíamos que debía trabajarse con criterios generales que permitieran un ordenamiento del territorio. No estamos abrazando necesariamente la idea de la semaforización -que es la que propusimos en nuestro texto- pero sí alguna herramienta que permita plantear categorías que delimiten, organicen y orienten a los planes de manejo, y no necesariamente focalizado por criterio de gestión de los humedales. Nos parece que eso da demasiada amplitud al texto y, quizás, podría ser poco claro.
Algunas de las propuestas que vamos a acercar también están orientadas a trabajar sobre lo que es el fondo de la cuestión. Empiezo por el final, que son las herramientas necesarias para poder efectivizar la iniciativa.
Veíamos también -y lo dijimos cuando la Cámara aprobó el presupuesto, que nosotros no acompañamos- que los fondos que se preveían para la realización del inventario eran escasos y no iban a permitir cumplir con los objetivos de esta norma. Ahora creemos que no solamente se debería reforzar el presupuesto, garantizar pisos mínimos de inversión, sino que también debería pensarse en una herramienta como un fondo fiduciario. ¿Por qué?
Siguiendo algunos ejemplos de legislaciones más recientes, se ha demostrado que esta herramienta es más eficaz y permite que no se pierdan los fondos en los cambios de ejercicios, entre uno y otro presupuesto. Asimismo, permite que esos fondos sean transferidos con mayor agilidad y, de alguna manera, mejorar los mecanismos de control.
Entonces, pensamos que esta redacción que les acercaremos y que creemos que es absolutamente compatible con el texto que ustedes han elaborado, sin lugar a dudas mejorará los recursos que son necesarios para la ley.
También creemos que se debe priorizar en la distribución de los recursos a aquellas provincias que efectivamente hayan avanzado con el ordenamiento territorial. Nos parece que los fondos tienen que priorizar a aquellas provincias que rápidamente van en camino de cumplir los criterios de esta ley de presupuestos mínimos.
A la vez, deben establecerse criterios de reparto que tengan en cuenta no solo las superficies sino también la compensación a las jurisdicciones por los servicios ecosistémicos que prestan, los planes de manejo sostenible y el financiamiento a aquellos titulares con mecanismos que consideren el esfuerzo que hacen para contribuir en el cuidado del ambiente.
Por otro lado, proponemos algunos cambios en torno de los artículos 7º y 9º bis. Por cierto, hay que renumerar este último artículo porque no tiene sentido pretender aprobar un dictamen que ya arranca con un artículo 9° bis.
Solicito que en ambos artículos -tanto en el 7º como en el hoy numerado 9º bis- se cambie el criterio de regiones por el de escala de paisajes. Nos parece que esto es congruente con el resto del texto del dictamen y, además, permitirá que sea más operativo. El criterio de regiones es demasiado amplio y en muchos casos incluye aspectos interjurisdiccionales.
Entonces, pedimos se modifiquen ambos artículos y que cuando se hace mención a las regiones se incorpore la escala de paisajes.
Asimismo, solicitamos una inclusión en el artículo 15. Recién se firmó el dictamen sobre la regulación de los fitosanitarios. En el artículo 15 se establecen una serie de prohibiciones, salvo que medie evaluación de impacto ambiental y autorización de la autoridad de aplicación. Se enumeran distintas acciones, como por ejemplo el ejercicio de la actividad minera, entre otras.
En ese sentido, nos parece que debe mencionarse el uso racional y responsable de sustancias y productos químicos ajustándose a las pautas técnicas que recién se mencionaban y a los criterios científicos internacionales.
Creemos importante recuperar un artículo que en la versión final no encontramos y tiene que ver con el mantenimiento de la protección de aquellos humedales que hayan resultado afectados o degradados por incendio. Les acercaremos una propuesta al respecto, específicamente a los fines de realizar una auditoría ambiental y planificar su recuperación y restauración. Nos parece que esto es prioritario, manteniendo los criterios de protección, gestión racional y uso sostenible que hubieran definido el ordenamiento ambiental del territorio.
¿Qué queremos con esto? Que no se cambie sino que se sostenga esta idea de la perpetuidad, sobre todo cuando se trata de humedales afectados por situaciones como la descripta.
A la vez, debe establecerse con claridad que cuando se trate de eventos antrópicos y se pueda identificar al responsable, éste tendrá la obligación de hacer frente al proceso de recuperación y restauración de los humedales afectados.
Además, queremos incorporar dos conceptos en relación con las obras de infraestructura.
Por un lado, queremos reforzar la idea que seguramente desarrollará con mayor precisión el señor diputado Berhongaray, acerca de la intervención de los Comités de Cuenca cuando se afectaren de alguna manera los humedales interjurisdiccionales y se tratare de cuencas hídricas. Es necesario pensar cómo se resuelven esas tensiones y sugerir distintas herramientas para su resolución.
Lo mismo acontece en relación con las obras de infraestructura. En un artículo de nuestro proyecto se establece la posibilidad de que cuando fuere necesario realizar acciones que tiendan a reducir la vulnerabilidad humana frente al impacto de inundaciones o eventos naturales extremos, previa evaluación ambiental estratégica y evaluación del impacto ambiental, se puedan incluir esas consideraciones.
Finalmente, tengo un último pedido a usted en particular, señor presidente, sobre el capítulo de delitos ambientales. Nosotros sostenemos -y lo hemos dicho en distintas oportunidades- que es de mejor técnica legislativa -y, además, pensamos que sería un enorme avance para nuestro país- aprobar un capítulo completo que tenga que ver con los delitos ambientales en nuestro Código Penal, que incluya no solo aquellos que implican la afectación de los humedales y de las cuencas hídricas sino también -como lo dijimos días atrás en la sesión- los incendios, la afectación del patrimonio genético y el daño a la flora y a la fauna. Nos parece que podemos darnos la oportunidad de incluir esto que, sin lugar a dudas, aumentará en gran medida los estándares de protección ambiental.
Nuevamente pido disculpas por la extensión de mi exposición.
Desarrollé algunos de los aportes que queríamos acercarles a partir del análisis del texto en las últimas horas.
Ratificamos nuestro compromiso en el sentido de que queremos que la Argentina tenga una ley de protección de humedales. Sobran razones para sancionarla, especialmente si tenemos en cuenta el deterioro que están sufriendo y su importancia en virtud de los servicios ecosistémicos que prestan, la cantidad de especies que nacen y habitan en aquellos y la necesidad de que nuestro país realmente se comprometa con el desarrollo sostenible.
Formuladas estas aclaraciones, en las próximas horas hábiles le haremos llegar, señor presidente, el texto final con las disidencias planteadas.
Hemos presentado diversos proyectos que tratan de recoger, en gran medida, la experiencia que hasta acá venía recorriendo, por un lado, la Cámara, pero por otro lado, también las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad científica y los distintos acuerdos a los que se había llegado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente.
Hubo participación casi unánime de las distintas provincias y tratamos de que todo eso pudiera ser volcado en un proyecto de ley que presentamos junto al diputado Gustavo Menna y a la diputada Ximena García. Asimismo, también hay proyectos que han presentado otros diputados de nuestro interbloque, que además fueron acompañados por un numeroso grupo de legisladores, como en el caso del proyecto que me toca encabezar y que vengo aquí a contar.
Quiero rescatar ese proceso de discusión que nos dimos, sobre todo, en las informativas, donde pudimos enriquecernos con la mirada, los aportes y las visiones de distintos actores. Seguramente, habrán quedado algunos y algunas esperando su convocatoria. En nombre de la Cámara, les pedimos disculpas. Hubiéramos querido que todas las voces ingresaran en el debate.
También valoramos profundamente el trabajo coordinado de esas organizaciones agrupadas bajo el lema "Ley de humedales ya". Hoy nos acercaron a la Cámara las firmas y las recibieron -como ejemplo nuevamente de esta transversalidad- referentes de diversas fuerzas políticas: la diputada Josefina Mendoza y, como bien usted mencionó, Gladys González, presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Senado.
Indudablemente, es un tema complejo, que tiene un montón de aristas técnicas, que requiere una revisión y una precisión en el proceso, que es lo que nos ha implicado esas tantas reuniones de asesores, tratando de lograr un texto acordado, un texto en conjunto.
Quiero hacer un especial reconocimiento a los asesores y asesoras en general, quienes han estado trabajando sin descanso empujando el proyecto al que hacía mención recién. En particular, a Karina Quispe, asesora del diputado Gustavo Menna; a Federico Singuerlin, asesor de la diputada Ximena García; a Miguel Zubizarreta, asesor del diputado Maximiliano Ferraro y a Anita Tello y Daniel González, integrantes de mi equipo. En el nombre de ellos, agradezco a todos los asesores. Sé que han trabajado muchísimo para llegar a este dictamen acordado para que, efectivamente, sea el mejor proyecto de ley que podamos traer al Congreso.
Lamentamos -aunque reconocemos todo ese racconto que usted bien ha hecho- que la última reunión de asesores en donde se estuvo trabajando para llegar a un texto acordado haya sido el 1º de octubre. El día de ayer fue el siguiente encuentro de asesores para convocar a esta reunión a la que hoy estamos asistiendo.
Quizá se podría haber previsto una reunión en ese tiempo, entre el 1º de octubre y el 19 de noviembre. Ello nos hubiera permitido llegar aquí, al último día habilitado según el reglamento, para poder dictaminar proyectos, con un marco de acuerdo y de consenso muchísimo mayor.
Quiero decirle también que hemos recibido, hace algunas horas, el dictamen que han trabajado los asesores y que han intentado integrar algunos aportes. Lo hemos estado analizando. Creemos que aún se pueden hacer propuestas superadoras que tiendan a mejorarlo.
Antes de mencionar las propuestas, quiero anticipar que, en mi caso y en el de gran parte de los diputados de nuestro interbloque, vamos a acompañar el dictamen que se está poniendo en consideración.
También vamos a hacer propuestas para mejorarlo. Algunas las voy a mencionar ahora, otras las vamos a acercar como disidencias parciales, que seguramente podremos escribir en el transcurso del fin de semana para hacérselas llegar a usted en las próximas horas hábiles de la Cámara.
En líneas generales, hay un planteo inicial que me veo en la obligación de hacer. Quizá nos costó un poco acomodar la mirada de los distintos proyectos. Nosotros teníamos la visión de que acá había que llevar adelante un proceso y que tenía que empezar por el inventario nacional de humedales, con el trabajo y el esfuerzo que sabemos que eso requiere, para poder delimitar y encontrar, efectivamente, cuál era la extensión de los humedales en la Argentina.
Los antecedentes de la legislación en materia ambiental así lo muestran. Para trabajar la Ley de Bosques Nativos, ello no fue necesario porque ya había un inventario; pero en el caso de la Ley de Glaciares, efectivamente, se previó la realización de esta herramienta.
Entendíamos que ahí la autoridad de aplicación a nivel nacional tenía que jugar un rol importante, justamente, porque estábamos hablando de una ley de presupuestos mínimos que se amparaba en el artículo 41 de la Constitución Nacional, es decir, de una facultad del Congreso de poder dictar estos pisos mínimos de protección. Una vez que tuviéramos eso, podría trabajarse con los procesos de ordenamiento territoriales, porque requería una información previa, que es la que iba a brindar el inventario.
Y sobre todo, a la luz de la experiencia de muchas provincias que -como lo decíamos días atrás en la sesión- no necesariamente han sido respetuosas de estos principios que deben guiar a la protección del ambiente. Así lo observamos cuando miramos el ejemplo de la Ley de Bosques y los desmontes ocurridos en cuatro provincias argentinas en particular.
Estos son algunos de los planteos estructurales. De todas maneras, veremos cuáles de ellos incorporamos en la disidencia, pero no quiero dejar de mencionarlos porque creo que podríamos haber hecho el esfuerzo de tener un mejor proyecto de ley.
Asimismo, entendíamos que debía trabajarse con criterios generales que permitieran un ordenamiento del territorio. No estamos abrazando necesariamente la idea de la semaforización -que es la que propusimos en nuestro texto- pero sí alguna herramienta que permita plantear categorías que delimiten, organicen y orienten a los planes de manejo, y no necesariamente focalizado por criterio de gestión de los humedales. Nos parece que eso da demasiada amplitud al texto y, quizás, podría ser poco claro.
Algunas de las propuestas que vamos a acercar también están orientadas a trabajar sobre lo que es el fondo de la cuestión. Empiezo por el final, que son las herramientas necesarias para poder efectivizar la iniciativa.
Veíamos también -y lo dijimos cuando la Cámara aprobó el presupuesto, que nosotros no acompañamos- que los fondos que se preveían para la realización del inventario eran escasos y no iban a permitir cumplir con los objetivos de esta norma. Ahora creemos que no solamente se debería reforzar el presupuesto, garantizar pisos mínimos de inversión, sino que también debería pensarse en una herramienta como un fondo fiduciario. ¿Por qué?
Siguiendo algunos ejemplos de legislaciones más recientes, se ha demostrado que esta herramienta es más eficaz y permite que no se pierdan los fondos en los cambios de ejercicios, entre uno y otro presupuesto. Asimismo, permite que esos fondos sean transferidos con mayor agilidad y, de alguna manera, mejorar los mecanismos de control.
Entonces, pensamos que esta redacción que les acercaremos y que creemos que es absolutamente compatible con el texto que ustedes han elaborado, sin lugar a dudas mejorará los recursos que son necesarios para la ley.
También creemos que se debe priorizar en la distribución de los recursos a aquellas provincias que efectivamente hayan avanzado con el ordenamiento territorial. Nos parece que los fondos tienen que priorizar a aquellas provincias que rápidamente van en camino de cumplir los criterios de esta ley de presupuestos mínimos.
A la vez, deben establecerse criterios de reparto que tengan en cuenta no solo las superficies sino también la compensación a las jurisdicciones por los servicios ecosistémicos que prestan, los planes de manejo sostenible y el financiamiento a aquellos titulares con mecanismos que consideren el esfuerzo que hacen para contribuir en el cuidado del ambiente.
Por otro lado, proponemos algunos cambios en torno de los artículos 7º y 9º bis. Por cierto, hay que renumerar este último artículo porque no tiene sentido pretender aprobar un dictamen que ya arranca con un artículo 9° bis.
Solicito que en ambos artículos -tanto en el 7º como en el hoy numerado 9º bis- se cambie el criterio de regiones por el de escala de paisajes. Nos parece que esto es congruente con el resto del texto del dictamen y, además, permitirá que sea más operativo. El criterio de regiones es demasiado amplio y en muchos casos incluye aspectos interjurisdiccionales.
Entonces, pedimos se modifiquen ambos artículos y que cuando se hace mención a las regiones se incorpore la escala de paisajes.
Asimismo, solicitamos una inclusión en el artículo 15. Recién se firmó el dictamen sobre la regulación de los fitosanitarios. En el artículo 15 se establecen una serie de prohibiciones, salvo que medie evaluación de impacto ambiental y autorización de la autoridad de aplicación. Se enumeran distintas acciones, como por ejemplo el ejercicio de la actividad minera, entre otras.
En ese sentido, nos parece que debe mencionarse el uso racional y responsable de sustancias y productos químicos ajustándose a las pautas técnicas que recién se mencionaban y a los criterios científicos internacionales.
Creemos importante recuperar un artículo que en la versión final no encontramos y tiene que ver con el mantenimiento de la protección de aquellos humedales que hayan resultado afectados o degradados por incendio. Les acercaremos una propuesta al respecto, específicamente a los fines de realizar una auditoría ambiental y planificar su recuperación y restauración. Nos parece que esto es prioritario, manteniendo los criterios de protección, gestión racional y uso sostenible que hubieran definido el ordenamiento ambiental del territorio.
¿Qué queremos con esto? Que no se cambie sino que se sostenga esta idea de la perpetuidad, sobre todo cuando se trata de humedales afectados por situaciones como la descripta.
A la vez, debe establecerse con claridad que cuando se trate de eventos antrópicos y se pueda identificar al responsable, éste tendrá la obligación de hacer frente al proceso de recuperación y restauración de los humedales afectados.
Además, queremos incorporar dos conceptos en relación con las obras de infraestructura.
Por un lado, queremos reforzar la idea que seguramente desarrollará con mayor precisión el señor diputado Berhongaray, acerca de la intervención de los Comités de Cuenca cuando se afectaren de alguna manera los humedales interjurisdiccionales y se tratare de cuencas hídricas. Es necesario pensar cómo se resuelven esas tensiones y sugerir distintas herramientas para su resolución.
Lo mismo acontece en relación con las obras de infraestructura. En un artículo de nuestro proyecto se establece la posibilidad de que cuando fuere necesario realizar acciones que tiendan a reducir la vulnerabilidad humana frente al impacto de inundaciones o eventos naturales extremos, previa evaluación ambiental estratégica y evaluación del impacto ambiental, se puedan incluir esas consideraciones.
Finalmente, tengo un último pedido a usted en particular, señor presidente, sobre el capítulo de delitos ambientales. Nosotros sostenemos -y lo hemos dicho en distintas oportunidades- que es de mejor técnica legislativa -y, además, pensamos que sería un enorme avance para nuestro país- aprobar un capítulo completo que tenga que ver con los delitos ambientales en nuestro Código Penal, que incluya no solo aquellos que implican la afectación de los humedales y de las cuencas hídricas sino también -como lo dijimos días atrás en la sesión- los incendios, la afectación del patrimonio genético y el daño a la flora y a la fauna. Nos parece que podemos darnos la oportunidad de incluir esto que, sin lugar a dudas, aumentará en gran medida los estándares de protección ambiental.
Nuevamente pido disculpas por la extensión de mi exposición.
Desarrollé algunos de los aportes que queríamos acercarles a partir del análisis del texto en las últimas horas.
Ratificamos nuestro compromiso en el sentido de que queremos que la Argentina tenga una ley de protección de humedales. Sobran razones para sancionarla, especialmente si tenemos en cuenta el deterioro que están sufriendo y su importancia en virtud de los servicios ecosistémicos que prestan, la cantidad de especies que nacen y habitan en aquellos y la necesidad de que nuestro país realmente se comprometa con el desarrollo sostenible.
Formuladas estas aclaraciones, en las próximas horas hábiles le haremos llegar, señor presidente, el texto final con las disidencias planteadas.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, señora diputada.
Ahora continuaremos con la lista de oradores. Luego, antes de manifestar nuestro acompañamiento al dictamen, si les parece bien nos referiremos a las propuestas aceptadas y demás.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
Ahora continuaremos con la lista de oradores. Luego, antes de manifestar nuestro acompañamiento al dictamen, si les parece bien nos referiremos a las propuestas aceptadas y demás.
Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN Señor presidente: pude ver que se anotó el señor diputado Berhongaray, que integra esta comisión. ¿Debo hacer uso de la palabra después de él?
SR. PRESIDENTE GROSSO Todos los señores diputados harán uso de la palabra, no se preocupe. Ahora hágalo usted.
SR. RAMÓN Señor presidente: quiero agradecerle a usted y a todos los integrantes de esta comisión por permitirme participar de esta reunión a pesar de no ser miembro. Me gustaría agradecer a todos los miembros, sobre todo a quienes pertenecen a los dos bloques mayoritarios ya que siempre los integrantes de los bloques más chicos tenemos algún problema con uno u otro frente.
Recién escuché a la señora diputada Austin y creo que acompañaremos muchas de sus propuestas. Ojalá que también alcancen consenso.
He seguido atentamente todo el debate. Se escucharon muchas voces y eso se refleja en el dictamen. Se atacan casi todos los aspectos que están en juego, se resuelve con claridad, se dan definiciones firmes, se determinan zonas, se permite generar un plan de trabajo claro para el censo de los humedales, se resuelven las interacciones entre la autoridad nacional y las autoridades provinciales y se dan herramientas prácticas para que esta norma pueda ser operativa. Es realmente un dictamen muy rico. Sería muy importante lograr que se firmara hoy.
Me interesa exponer acerca de una posición política relacionada con el medio ambiente y cada una de las iniciativas que venimos debatiendo. Necesitamos entender políticamente -también en el caso de otros proyectos de ley que aprobamos el martes pasado- que estamos ante un derecho protectorio que tiene jerarquía constitucional.
Cuando en 1994 se introdujo el capítulo de los nuevos derechos en la Constitución Nacional, se reconocieron los derechos políticos, los de los usuarios y consumidores y el de protección del medio ambiente, entre otros. Por lo tanto, se trata de un derecho protectorio.
Me interesa entender y transmitir esta idea porque -viéndolo por la negativa- en nuestro trabajo no tenemos que intentar encontrar un equilibrio razonable, como intentamos hacerlo en muchos proyectos de ley. Acá se trata de proteger el medio ambiente, y esa es una posición política.
La consecuencia es muy clara, porque siempre que tengamos un conflicto entre el medio ambiente y otros intereses, como pueden ser la industria, el crecimiento, la producción o los ingresos en dólares de la Nación, si nosotros tenemos clara la posición política, la respuesta siempre se va a inclinar, sin dudarlo, a la protección del medio ambiente. Así lo ordena la Constitución Nacional de manera operativa.
Entonces, es muy difícil que se hable de protección y de respetar la Constitución Nacional si cada vez que tenemos que resolver uno de estos temas terminamos sin aplicar sus artículos, con el espíritu con el cual fueron creados.
Creo que este texto que se ha consensuado es una respuesta que podríamos llamar integral a esta afectación cada vez es más constante e intensa en los humedales. No es algo menor: estamos hablando de que casi el 20 por ciento del territorio de la Argentina está sufriendo un ataque constante por múltiples factores, todos derivados de la actividad humana, y no de algún planeta que está chocando contra la Tierra. Recién decía que es una respuesta integral, porque tiene todas las características que un derecho protectorio debe tener: definiciones claras, presunciones y principios de protección e interpretación, que están en favor del interés que estamos intentando tutelar.
Es interesante la estructura administrativa y participativa del Estado y de la sociedad civil. Es fuerte eso, y sobre todo los fondos afectados (inaudible) y realmente exigibles, así como el tema del delito penal específico.
Me gustó lo que dijo la señora diputada Austin en el sentido de que necesitamos tener un capítulo que hable de los temas penales en el medio ambiente, no solo en cuanto a humedales, sino también sobre fuego y todo lo que venimos trabajando en la Cámara. Es central el tema protectorio y tener normas de este tipo.
Provengo de la defensa de los consumidores, que también es un derecho constitucional de la misma jerarquía que el derecho ambiental, pero que queda muy relegado.
Nosotros vamos a apoyar todos estos proyectos que tienen este sentido protectorio. Muy pronto vamos a tener una discusión muy fuerte en la Cámara cuando tratemos el nuevo Código de los Derechos del Consumidor, que va a tener muchas de estas normas que se están incorporando en este proyecto de ley de humedales. ¿Por qué veo ese paralelo? Porque ambos derechos son protectorios y tienen una conexión muy íntima. Cuando hablamos del consumo sustentable en el derecho del consumidor, hablamos de cambiar las formas de producción, y en la medida en que podamos resolver de qué manera se produce en la Argentina, el impacto va a ser muy fuerte en las consecuencias del medio ambiente. Así que felicito esto.
Antes de cerrar el tema, no quiero dejar de mencionar los aspectos penales, que son una verdadera herramienta para la protección cuando hablamos de derechos protectorios. Siempre digo esto en el tema de los derechos de los consumidores, con las estafas pequeñas o grandes, cuando hablamos de los daños que se producen en los consumidores y en el medio ambiente, que son sistémicos. No hablamos de afectaciones puntuales, de un culpable puntual, de un hecho de la vida; acá, cada vez que se afecta el derecho de los consumidores y del medio ambiente, hay estructuras sociales que se han tergiversado, están directamente planteadas y necesitan una corrección. Son sociedades anónimas. Entonces, todos los derechos y herramientas de tipo penal que tengamos nunca son suficientes para atacar este sistema que hoy no está funcionando.
En este sentido, creemos que para que el derecho penal sea realmente efectivo en la aplicación ante la violación de esta ley, se tiene que ir a los directores, a los gerentes y a quienes tienen la titularidad de las acciones. No se puede ir solamente contra la persona que creemos culpable. Esto del culpable en el derecho de la protección del medio ambiente no existe más; tenemos que poder ir contra la persona jurídica. Es difícil, sería hasta casi como cambiar la concepción del derecho penal, pero los daños de los consumidores y del medio ambiente son sistémicos, y muchas de estas personas humanas se esconden detrás de las sociedades anónimas para generar este tipo de daño y afectación colectiva.
Quiero dar otro concepto político: no podemos ser más tibios en esto. Hoy escuchaba decir al señor diputado Grosso -o no sé si lo vi escrito- que en los últimos trescientos años el 87 por ciento de los humedales ya no existe más en el planeta. Es fuerte. Es decir que si estamos en temas de tibieza ambiental, el lobby inmobiliario y el lobby agroindustrial intensivo, -no de personas humanas, sino de directores gerentes que son dueños de las acciones de esas empresas que tienen agroindustria intensiva y lobby inmobiliario- seguirán haciendo daño al medio ambiente. Tenemos que ser fuertes; no podemos ser tibios. Hay que discutir con la rigurosidad que requiere el tema que estamos intentando proteger.
Por último, quiero hacer una breve referencia a la encíclica Laudato si' del papa Francisco. Desde el punto de vista político digo que tenemos que utilizar y discutir estos temas que son fuertes, porque vamos a ir en contra de los lobbies. En ese sentido, la encíclica Laudato si' establece lo siguiente: "El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión, comunión entre nosotros y con la naturaleza, no destrucción del espacio para hacerlo más agradable a un estilo de vida que nada tiene que ver con la naturaleza."
Más importante aún es el otro aspecto que marca el documento de la encíclica Laudato si', en el sentido de que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar a la Justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres o de los más humildes.
La encíclica Laudato si' es fuerte y nos da una idea política de que tenemos que ser fuertes, tenemos que llevar adelante estas discusiones y -como decía al principio- no podemos ser lábiles ni blandos. Tenemos que ser ásperos más allá del lobby inmobiliario y de aquellos que quieren hacer negocios agroindustriales masivos. No podemos caer en la trampa de encontrar un equilibrio razonable, porque el medio ambiente es algo que está en riesgo y pone en riesgo el mejor vivir de nosotros, de nuestros hijos y de todos aquellos que vendrán en el futuro. Por eso digo que es político.
Les agradezco que me hayan dejado participar y manifestar estos conceptos políticos. Felicito a todos los miembros de la comisión porque han logrado ponerse de acuerdo, van a firmar un dictamen y probablemente haya algunas modificaciones muy positivas.
Sepa, señor presidente, que desde nuestro interbloque estamos acompañando este proyecto, y nuevamente los felicito por el gran trabajo que han hecho en la comisión.
Recién escuché a la señora diputada Austin y creo que acompañaremos muchas de sus propuestas. Ojalá que también alcancen consenso.
He seguido atentamente todo el debate. Se escucharon muchas voces y eso se refleja en el dictamen. Se atacan casi todos los aspectos que están en juego, se resuelve con claridad, se dan definiciones firmes, se determinan zonas, se permite generar un plan de trabajo claro para el censo de los humedales, se resuelven las interacciones entre la autoridad nacional y las autoridades provinciales y se dan herramientas prácticas para que esta norma pueda ser operativa. Es realmente un dictamen muy rico. Sería muy importante lograr que se firmara hoy.
Me interesa exponer acerca de una posición política relacionada con el medio ambiente y cada una de las iniciativas que venimos debatiendo. Necesitamos entender políticamente -también en el caso de otros proyectos de ley que aprobamos el martes pasado- que estamos ante un derecho protectorio que tiene jerarquía constitucional.
Cuando en 1994 se introdujo el capítulo de los nuevos derechos en la Constitución Nacional, se reconocieron los derechos políticos, los de los usuarios y consumidores y el de protección del medio ambiente, entre otros. Por lo tanto, se trata de un derecho protectorio.
Me interesa entender y transmitir esta idea porque -viéndolo por la negativa- en nuestro trabajo no tenemos que intentar encontrar un equilibrio razonable, como intentamos hacerlo en muchos proyectos de ley. Acá se trata de proteger el medio ambiente, y esa es una posición política.
La consecuencia es muy clara, porque siempre que tengamos un conflicto entre el medio ambiente y otros intereses, como pueden ser la industria, el crecimiento, la producción o los ingresos en dólares de la Nación, si nosotros tenemos clara la posición política, la respuesta siempre se va a inclinar, sin dudarlo, a la protección del medio ambiente. Así lo ordena la Constitución Nacional de manera operativa.
Entonces, es muy difícil que se hable de protección y de respetar la Constitución Nacional si cada vez que tenemos que resolver uno de estos temas terminamos sin aplicar sus artículos, con el espíritu con el cual fueron creados.
Creo que este texto que se ha consensuado es una respuesta que podríamos llamar integral a esta afectación cada vez es más constante e intensa en los humedales. No es algo menor: estamos hablando de que casi el 20 por ciento del territorio de la Argentina está sufriendo un ataque constante por múltiples factores, todos derivados de la actividad humana, y no de algún planeta que está chocando contra la Tierra. Recién decía que es una respuesta integral, porque tiene todas las características que un derecho protectorio debe tener: definiciones claras, presunciones y principios de protección e interpretación, que están en favor del interés que estamos intentando tutelar.
Es interesante la estructura administrativa y participativa del Estado y de la sociedad civil. Es fuerte eso, y sobre todo los fondos afectados (inaudible) y realmente exigibles, así como el tema del delito penal específico.
Me gustó lo que dijo la señora diputada Austin en el sentido de que necesitamos tener un capítulo que hable de los temas penales en el medio ambiente, no solo en cuanto a humedales, sino también sobre fuego y todo lo que venimos trabajando en la Cámara. Es central el tema protectorio y tener normas de este tipo.
Provengo de la defensa de los consumidores, que también es un derecho constitucional de la misma jerarquía que el derecho ambiental, pero que queda muy relegado.
Nosotros vamos a apoyar todos estos proyectos que tienen este sentido protectorio. Muy pronto vamos a tener una discusión muy fuerte en la Cámara cuando tratemos el nuevo Código de los Derechos del Consumidor, que va a tener muchas de estas normas que se están incorporando en este proyecto de ley de humedales. ¿Por qué veo ese paralelo? Porque ambos derechos son protectorios y tienen una conexión muy íntima. Cuando hablamos del consumo sustentable en el derecho del consumidor, hablamos de cambiar las formas de producción, y en la medida en que podamos resolver de qué manera se produce en la Argentina, el impacto va a ser muy fuerte en las consecuencias del medio ambiente. Así que felicito esto.
Antes de cerrar el tema, no quiero dejar de mencionar los aspectos penales, que son una verdadera herramienta para la protección cuando hablamos de derechos protectorios. Siempre digo esto en el tema de los derechos de los consumidores, con las estafas pequeñas o grandes, cuando hablamos de los daños que se producen en los consumidores y en el medio ambiente, que son sistémicos. No hablamos de afectaciones puntuales, de un culpable puntual, de un hecho de la vida; acá, cada vez que se afecta el derecho de los consumidores y del medio ambiente, hay estructuras sociales que se han tergiversado, están directamente planteadas y necesitan una corrección. Son sociedades anónimas. Entonces, todos los derechos y herramientas de tipo penal que tengamos nunca son suficientes para atacar este sistema que hoy no está funcionando.
En este sentido, creemos que para que el derecho penal sea realmente efectivo en la aplicación ante la violación de esta ley, se tiene que ir a los directores, a los gerentes y a quienes tienen la titularidad de las acciones. No se puede ir solamente contra la persona que creemos culpable. Esto del culpable en el derecho de la protección del medio ambiente no existe más; tenemos que poder ir contra la persona jurídica. Es difícil, sería hasta casi como cambiar la concepción del derecho penal, pero los daños de los consumidores y del medio ambiente son sistémicos, y muchas de estas personas humanas se esconden detrás de las sociedades anónimas para generar este tipo de daño y afectación colectiva.
Quiero dar otro concepto político: no podemos ser más tibios en esto. Hoy escuchaba decir al señor diputado Grosso -o no sé si lo vi escrito- que en los últimos trescientos años el 87 por ciento de los humedales ya no existe más en el planeta. Es fuerte. Es decir que si estamos en temas de tibieza ambiental, el lobby inmobiliario y el lobby agroindustrial intensivo, -no de personas humanas, sino de directores gerentes que son dueños de las acciones de esas empresas que tienen agroindustria intensiva y lobby inmobiliario- seguirán haciendo daño al medio ambiente. Tenemos que ser fuertes; no podemos ser tibios. Hay que discutir con la rigurosidad que requiere el tema que estamos intentando proteger.
Por último, quiero hacer una breve referencia a la encíclica Laudato si' del papa Francisco. Desde el punto de vista político digo que tenemos que utilizar y discutir estos temas que son fuertes, porque vamos a ir en contra de los lobbies. En ese sentido, la encíclica Laudato si' establece lo siguiente: "El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión, comunión entre nosotros y con la naturaleza, no destrucción del espacio para hacerlo más agradable a un estilo de vida que nada tiene que ver con la naturaleza."
Más importante aún es el otro aspecto que marca el documento de la encíclica Laudato si', en el sentido de que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar a la Justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres o de los más humildes.
La encíclica Laudato si' es fuerte y nos da una idea política de que tenemos que ser fuertes, tenemos que llevar adelante estas discusiones y -como decía al principio- no podemos ser lábiles ni blandos. Tenemos que ser ásperos más allá del lobby inmobiliario y de aquellos que quieren hacer negocios agroindustriales masivos. No podemos caer en la trampa de encontrar un equilibrio razonable, porque el medio ambiente es algo que está en riesgo y pone en riesgo el mejor vivir de nosotros, de nuestros hijos y de todos aquellos que vendrán en el futuro. Por eso digo que es político.
Les agradezco que me hayan dejado participar y manifestar estos conceptos políticos. Felicito a todos los miembros de la comisión porque han logrado ponerse de acuerdo, van a firmar un dictamen y probablemente haya algunas modificaciones muy positivas.
Sepa, señor presidente, que desde nuestro interbloque estamos acompañando este proyecto, y nuevamente los felicito por el gran trabajo que han hecho en la comisión.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada María Rosa Martínez.
SRA. MARTÍNEZ (M.R.) Señor presidente: en realidad me sumo a valorar enormemente todo el proceso que se ha dado hasta llegar a este debate, incluidas las reuniones informativas con la presencia de productores agrarios, empresarios, miembros de la economía popular, científicos y técnicos. Finalmente tenemos esta nota que nos llega, que creo que deja claramente establecida la importancia de que también las organizaciones sociales y ambientalistas expresan la necesidad y urgencia de legislar sobre el tema de los humedales.
La Argentina es firmante de la Convención Ramsar sobre Humedales. Es un pacto internacional de mucha importancia y un marco normativo. Sin embargo, la carencia de una legislación nacional genera depredación y pérdida en nuestro ecosistema.
Por eso es tan urgente y me parece muy auspicioso que de los diez proyectos presentados, más las iniciativas presentadas en el Senado, estemos arribando a un dictamen común sobre los puntos centrales. Creo que tuvimos tiempo y dedicación. Además, valoro enormemente la tarea que desarrollaron usted, señor presidente, y la señora diputada Austin, para acercarnos a esta posibilidad.
El hecho de que a nivel mundial y de manera global los humedales hayan disminuido su superficie entre un 64 por ciento y un 85 por ciento es un tema de enorme gravedad, no solamente para garantizar la flora y la fauna, sino también la cultura. Los humedales son valorados enormemente por su riqueza biológica, pero también ingresan en un tema que seguramente estaremos tratando muy pronto, que es el del cambio climático y los valores culturales y sociales que genera la depredación del medio ambiente. Sin duda los incendios nos han puesto en una alerta mayor.
Propongo que vayamos tratando los artículos de este dictamen porque creo que eso nos ayudará a encontrar los puntos en común. Por un lado, está el proyecto de presupuestos mínimos que estuvo presente en casi todas las iniciativas presentadas y resulta obvio que forma parte de un punto en común.
Por el otro está la definición de humedales, que es amplia, habla del origen y se entiende que no hay mayores disensos en este punto.
Dentro de los objetivos generales, me parece fundamental hablar de la realización del Inventario Nacional de Humedales y del establecimiento de un ordenamiento ambiental territorial. En este punto me parece que la clasificación de los humedales en cuanto a si deben ser preservados o son aptos para usos múltiples es una tarea que tenemos que desarrollar. Este es un instrumento que brinda información actualizada y georreferenciada sobre extensión, variedad, características, funciones ecológicas, servicios ecosistémicos y estado de conservación dentro del territorio nacional. Por eso es importante desarrollar este punto.
Al mismo tiempo se debe practicar la protección de los humedales con políticas vinculadas a la protección. Durante el transcurso de este tiempo, entre la sanción de la ley y la inclusión de humedales en el ordenamiento, no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las existentes en los humedales. Me parece un punto central dentro del Capítulo II.
El Capítulo IV, referido a la autoridad aplicación, que será la máxima autoridad ambiental que defina el Poder Ejecutivo nacional y las competencias locales, también involucra la existencia un consejo consultivo. Esto habla de ampliar la escucha hacia los sectores productivos y las organizaciones ambientalistas.
Un tema que se viene planteando con mucha fuerza en las últimas reuniones es la amplia participación de jóvenes dentro de organizaciones, algunas más antiguas y otras de reciente creación. Esto tiene un valor enorme si pensamos que una de las cosas que plantea la encíclica Laudato si' es que la creación, la conservación del ambiente y de la vida humana implica una gran conversación, pero también una conversión. Esa conversión implica comenzar a pensar que cuidar el ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos, porque no somos los dueños, sino que somos parte.
Entonces, me parece muy importante que dentro de la autoridad de aplicación se piense en los y las jóvenes, y por supuesto, también en el COFEMA, que es fundamental.
Tanto un programa nacional de conservación de humedales como este inventario me parecen centrales. En el Capítulo VI se habla de este programa.
El régimen penal mencionado por el señor diputado Ramón implica la posibilidad de sanciones. En este sentido, creo que tienen que ser muy amplias las acciones que tiendan a la modificación, la conversión y la racionalidad del uso de los humedales.
Cuando recibimos a quienes consultamos se plantearon algunas tensiones vinculadas con qué se podía desarrollar en los humedales. En vez de pensar qué puedo desarrollar en los humedales hay que pensar qué permiten los humedales que se desarrolle. Es casi como cambiar el binomio y el pensamiento. En algunos casos hay producciones como la crianza de ganado de manera ecológica o la producción de miel -como nos expresaron ampliamente los productores, sobre todo de la economía popular-, que tienen un desarrollo armónico y de coexistencia con la conservación de los humedales.
El artículo 9° establece en su parte final lo siguiente: "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el organismo que en el futuro lo reemplace con los recursos del Fondo Nacional de Humedales, brindará la asistencia económica y financiera para realizar estos planes de ordenamiento territorial".
Me parecen de gran importancia las sanciones penales, además de las económicas que se encuentran en el proyecto del señor diputado Grosso; a veces las económicas pesan más que las penales. En ese sentido tendremos que ver el artículo 31, donde dice: "Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que, de un modo peligroso para la salud humana o la naturaleza, envenenare, adulterare, incendiare, emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmósfera o el agua, destruyendo o de cualquier modo dañando significativamente, en todo o en parte, humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos." Por eso es tan importante la protección como criterio.
¿Por qué es tan importante la sanción urgente para las organizaciones ambientalistas y también para nosotros como legisladores responsables? Es clave porque todos los ecosistemas que se encuentran en peligro, tanto por las modificaciones sufridas por la actividad humana o productiva como por la contaminación, plantean que es posible la actividad agropecuaria en los humedales, siempre y cuando esta actividad se adapte al ecosistema.
Por eso algunas producciones continuarán y otras, sobre todo aquellas que quieran extender la frontera agropecuaria o el negocio mobiliario, no podrán realizarse. La ley es necesaria porque, como pasa con muchos sistemas de la Argentina, éstos también están en peligro; eso es clarísimo.
Las claves de los humedales son el agua y los ciclos de inundación y de sequía. Esto es fundamental porque tenemos que pensar que la actividad rural o económica que se desarrolle debe tener en cuenta estas dos variables: los ciclos de lluvias y de sequía que produce el humedal. Además, la posibilidad de evitar inundaciones, que es algo que conocemos perfectamente porque tenemos una historia reciente y dramática respecto de los ciclos del agua vinculados con los humedales.
En relación con las disposiciones complementarias, el artículo 36 establece lo siguiente: "Principio de protección ambiental. En caso de áreas de ecosistemas comprendidos por otras normativas de protección ambiental, se complementará con lo previsto en la presente ley, y en caso de superposición prevalecerá la que mayor protección ambiental otorgue". Esto me parece fundamental.
Creo que estamos en condiciones de emitir un dictamen de mayoría no solamente por las coincidencias -que a mi juicio son muchas-, sino porque me parece que amerita la movilidad, la movilización y la perspectiva que se ha creado en nuestra sociedad respecto de la protección de humedales. Creo que este es un paso enorme porque nos hace pensar en un territorio que tome en cuenta los seres humanos, la cultura, la ecología, la flora y la fauna y la calidad de vida que tengamos de aquí en adelante los argentinos.
El ordenamiento territorial es el que define cuál va a ser el uso de las cuencas hídricas, que son fundamentales. Primero hay que defender los humedales y el uso de las cuencas como zona de ganadería, de cría, pero de cría ecológica como ha sido hasta ahora porque convive con el humedal. Los temores que a veces surgen en el sector agropecuario son porque a veces se desconoce el funcionamiento del humedal y se apresura la posibilidad de ganancia económica. Yo apuesto a que podamos arribar a ese dictamen de mayoría.
La Argentina es firmante de la Convención Ramsar sobre Humedales. Es un pacto internacional de mucha importancia y un marco normativo. Sin embargo, la carencia de una legislación nacional genera depredación y pérdida en nuestro ecosistema.
Por eso es tan urgente y me parece muy auspicioso que de los diez proyectos presentados, más las iniciativas presentadas en el Senado, estemos arribando a un dictamen común sobre los puntos centrales. Creo que tuvimos tiempo y dedicación. Además, valoro enormemente la tarea que desarrollaron usted, señor presidente, y la señora diputada Austin, para acercarnos a esta posibilidad.
El hecho de que a nivel mundial y de manera global los humedales hayan disminuido su superficie entre un 64 por ciento y un 85 por ciento es un tema de enorme gravedad, no solamente para garantizar la flora y la fauna, sino también la cultura. Los humedales son valorados enormemente por su riqueza biológica, pero también ingresan en un tema que seguramente estaremos tratando muy pronto, que es el del cambio climático y los valores culturales y sociales que genera la depredación del medio ambiente. Sin duda los incendios nos han puesto en una alerta mayor.
Propongo que vayamos tratando los artículos de este dictamen porque creo que eso nos ayudará a encontrar los puntos en común. Por un lado, está el proyecto de presupuestos mínimos que estuvo presente en casi todas las iniciativas presentadas y resulta obvio que forma parte de un punto en común.
Por el otro está la definición de humedales, que es amplia, habla del origen y se entiende que no hay mayores disensos en este punto.
Dentro de los objetivos generales, me parece fundamental hablar de la realización del Inventario Nacional de Humedales y del establecimiento de un ordenamiento ambiental territorial. En este punto me parece que la clasificación de los humedales en cuanto a si deben ser preservados o son aptos para usos múltiples es una tarea que tenemos que desarrollar. Este es un instrumento que brinda información actualizada y georreferenciada sobre extensión, variedad, características, funciones ecológicas, servicios ecosistémicos y estado de conservación dentro del territorio nacional. Por eso es importante desarrollar este punto.
Al mismo tiempo se debe practicar la protección de los humedales con políticas vinculadas a la protección. Durante el transcurso de este tiempo, entre la sanción de la ley y la inclusión de humedales en el ordenamiento, no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las existentes en los humedales. Me parece un punto central dentro del Capítulo II.
El Capítulo IV, referido a la autoridad aplicación, que será la máxima autoridad ambiental que defina el Poder Ejecutivo nacional y las competencias locales, también involucra la existencia un consejo consultivo. Esto habla de ampliar la escucha hacia los sectores productivos y las organizaciones ambientalistas.
Un tema que se viene planteando con mucha fuerza en las últimas reuniones es la amplia participación de jóvenes dentro de organizaciones, algunas más antiguas y otras de reciente creación. Esto tiene un valor enorme si pensamos que una de las cosas que plantea la encíclica Laudato si' es que la creación, la conservación del ambiente y de la vida humana implica una gran conversación, pero también una conversión. Esa conversión implica comenzar a pensar que cuidar el ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos, porque no somos los dueños, sino que somos parte.
Entonces, me parece muy importante que dentro de la autoridad de aplicación se piense en los y las jóvenes, y por supuesto, también en el COFEMA, que es fundamental.
Tanto un programa nacional de conservación de humedales como este inventario me parecen centrales. En el Capítulo VI se habla de este programa.
El régimen penal mencionado por el señor diputado Ramón implica la posibilidad de sanciones. En este sentido, creo que tienen que ser muy amplias las acciones que tiendan a la modificación, la conversión y la racionalidad del uso de los humedales.
Cuando recibimos a quienes consultamos se plantearon algunas tensiones vinculadas con qué se podía desarrollar en los humedales. En vez de pensar qué puedo desarrollar en los humedales hay que pensar qué permiten los humedales que se desarrolle. Es casi como cambiar el binomio y el pensamiento. En algunos casos hay producciones como la crianza de ganado de manera ecológica o la producción de miel -como nos expresaron ampliamente los productores, sobre todo de la economía popular-, que tienen un desarrollo armónico y de coexistencia con la conservación de los humedales.
El artículo 9° establece en su parte final lo siguiente: "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el organismo que en el futuro lo reemplace con los recursos del Fondo Nacional de Humedales, brindará la asistencia económica y financiera para realizar estos planes de ordenamiento territorial".
Me parecen de gran importancia las sanciones penales, además de las económicas que se encuentran en el proyecto del señor diputado Grosso; a veces las económicas pesan más que las penales. En ese sentido tendremos que ver el artículo 31, donde dice: "Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que, de un modo peligroso para la salud humana o la naturaleza, envenenare, adulterare, incendiare, emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmósfera o el agua, destruyendo o de cualquier modo dañando significativamente, en todo o en parte, humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos." Por eso es tan importante la protección como criterio.
¿Por qué es tan importante la sanción urgente para las organizaciones ambientalistas y también para nosotros como legisladores responsables? Es clave porque todos los ecosistemas que se encuentran en peligro, tanto por las modificaciones sufridas por la actividad humana o productiva como por la contaminación, plantean que es posible la actividad agropecuaria en los humedales, siempre y cuando esta actividad se adapte al ecosistema.
Por eso algunas producciones continuarán y otras, sobre todo aquellas que quieran extender la frontera agropecuaria o el negocio mobiliario, no podrán realizarse. La ley es necesaria porque, como pasa con muchos sistemas de la Argentina, éstos también están en peligro; eso es clarísimo.
Las claves de los humedales son el agua y los ciclos de inundación y de sequía. Esto es fundamental porque tenemos que pensar que la actividad rural o económica que se desarrolle debe tener en cuenta estas dos variables: los ciclos de lluvias y de sequía que produce el humedal. Además, la posibilidad de evitar inundaciones, que es algo que conocemos perfectamente porque tenemos una historia reciente y dramática respecto de los ciclos del agua vinculados con los humedales.
En relación con las disposiciones complementarias, el artículo 36 establece lo siguiente: "Principio de protección ambiental. En caso de áreas de ecosistemas comprendidos por otras normativas de protección ambiental, se complementará con lo previsto en la presente ley, y en caso de superposición prevalecerá la que mayor protección ambiental otorgue". Esto me parece fundamental.
Creo que estamos en condiciones de emitir un dictamen de mayoría no solamente por las coincidencias -que a mi juicio son muchas-, sino porque me parece que amerita la movilidad, la movilización y la perspectiva que se ha creado en nuestra sociedad respecto de la protección de humedales. Creo que este es un paso enorme porque nos hace pensar en un territorio que tome en cuenta los seres humanos, la cultura, la ecología, la flora y la fauna y la calidad de vida que tengamos de aquí en adelante los argentinos.
El ordenamiento territorial es el que define cuál va a ser el uso de las cuencas hídricas, que son fundamentales. Primero hay que defender los humedales y el uso de las cuencas como zona de ganadería, de cría, pero de cría ecológica como ha sido hasta ahora porque convive con el humedal. Los temores que a veces surgen en el sector agropecuario son porque a veces se desconoce el funcionamiento del humedal y se apresura la posibilidad de ganancia económica. Yo apuesto a que podamos arribar a ese dictamen de mayoría.
SR. PRESIDENTE GROSSO Pido a los diputados y diputadas que achiquemos el tiempo, o sea, que debatamos pero que tengamos en cuenta que hay diez personas más anotadas para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el diputado Martín Berhongaray.
Tiene la palabra el diputado Martín Berhongaray.
SR. BERHONGARAY Señor presidente: por supuesto, valoro y destaco el trabajo que han hecho los diputados y asesores que han intervenido en este tema. La diputada Brenda Austin fue muy elocuente al señalar muchas cuestiones que, entiendo, pueden ayudar a mejorar la norma. Pero permítanme que plantee algunas observaciones puntuales, en línea con algunas prevenciones que tengo, y que puede que compartan otros diputados.
La primera tiene que ver con que en el texto no se hace referencia a los Comités de Cuenca, que son el único ámbito conocido donde potencialmente se pueden tratar los temas referidos a la gestión conjunta de recursos cuando son compartidos por dos o más jurisdicciones.
Tengamos presente que los humedales son subsistemas dentro del sistema que es la cuenca hídrica... (inaudible)...los ríos o cualquier manifestación que tenga el agua, ya sea de manera superficial o subterránea, si los disociamos del concepto organizador que es la cuenca.
Tampoco encontré ninguna referencia a la ley 25.688, sobre Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, que fue precisamente la que creó la entidad de los Comités de Cuenca, y me parece central que esa referencia se incluya, justamente por la aplicación del principio de congruencia.
Así como existe una vinculación vertical entre la Ley General del Ambiente y la ley 25.688, donde la Ley General del Ambiente es la que tiene que centrar y darle coherencia al sistema, me parece que esa misma relación tiene que existir entre la ley 25.688 y la que se apruebe sobre humedales, porque -como acabo de decir- los humedales pertenecen a sistemas hídricos de mayor envergadura, que son las cuencas hídricas.
Otra cuestión que me parece central es regular la relación de los humedales con las aguas subterráneas. Una función principalísima de los procesos hidrológicos que tienen los humedales es la recarga de los acuíferos; y en muchos casos, el humedal es la descarga del acuífero. Esa vinculación entre ambos es muy importante y, por lo tanto, tiene que estar bien explicitada.
Vinculado con el principio rector de política hídrica, que es el de la cuenca como unidad de gestión indivisible, no veo que se aborde la cuestión de los humedales interjurisdiccionales. Más allá de que muchos puedan estar emplazados o situados dentro de los límites de una provincia, en muchos casos forman parte de una cuenca que trasciende esos límites territoriales o políticos.
Algo dice al respecto el artículo 9º bis, pero de cualquier manera creo que es necesario incluir alguna cláusula del tenor del artículo 6º de la ley 25.688 para impedir, en el caso de cuencas compartidas por dos o más provincias, que las decisiones de una jurisdicción puedan perjudicar a la otra.
En los casos en que ya se produjo tal perjuicio, como es el caso de los Bañados del Atuel, deberían existir referencias concretas a cómo se van a poner en marcha estrategias de acción al corto y al mediano plazo.
Asimismo, en el artículo 9º bis se hace referencia al acuerdo formal -no me acuerdo si dice "institucional"- entre las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones. Se trata de una fórmula que no se ajusta a nuestro esquema constitucional, porque si bien todavía el Congreso no ha reglamentado los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional -es decir, está faltando esa regulación específica de los acuerdos interprovinciales y también de los intrafederales-, hay un consenso generalizado, que parte de la práctica consuetudinaria pero también -por supuesto- del derecho internacional, en cuanto a que estos convenios entre provincias deben tener otras etapas, más allá de la negociación y de la firma por la autoridad administrativa, como la aprobación por parte de los órganos legislativos. Si fuera interprovincial, habría que sumar como requisito el conocimiento por parte de este Congreso -obviamente, no haría falta en el caso de que sea intrafederal-, y hasta que eso no ocurra no habrá fuente de derecho.
Continúo con el artículo 9º bis. En la práctica, me parece poco probable pensar que dos direcciones de aguas provinciales o dos ministerios provinciales se puedan poner de acuerdo ante un conflicto. Por eso, me parece que el Comité de Cuenca es el lugar donde se deben establecer los usos de la cuenca y su prioridad.
Es decir...
La primera tiene que ver con que en el texto no se hace referencia a los Comités de Cuenca, que son el único ámbito conocido donde potencialmente se pueden tratar los temas referidos a la gestión conjunta de recursos cuando son compartidos por dos o más jurisdicciones.
Tengamos presente que los humedales son subsistemas dentro del sistema que es la cuenca hídrica... (inaudible)...los ríos o cualquier manifestación que tenga el agua, ya sea de manera superficial o subterránea, si los disociamos del concepto organizador que es la cuenca.
Tampoco encontré ninguna referencia a la ley 25.688, sobre Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, que fue precisamente la que creó la entidad de los Comités de Cuenca, y me parece central que esa referencia se incluya, justamente por la aplicación del principio de congruencia.
Así como existe una vinculación vertical entre la Ley General del Ambiente y la ley 25.688, donde la Ley General del Ambiente es la que tiene que centrar y darle coherencia al sistema, me parece que esa misma relación tiene que existir entre la ley 25.688 y la que se apruebe sobre humedales, porque -como acabo de decir- los humedales pertenecen a sistemas hídricos de mayor envergadura, que son las cuencas hídricas.
Otra cuestión que me parece central es regular la relación de los humedales con las aguas subterráneas. Una función principalísima de los procesos hidrológicos que tienen los humedales es la recarga de los acuíferos; y en muchos casos, el humedal es la descarga del acuífero. Esa vinculación entre ambos es muy importante y, por lo tanto, tiene que estar bien explicitada.
Vinculado con el principio rector de política hídrica, que es el de la cuenca como unidad de gestión indivisible, no veo que se aborde la cuestión de los humedales interjurisdiccionales. Más allá de que muchos puedan estar emplazados o situados dentro de los límites de una provincia, en muchos casos forman parte de una cuenca que trasciende esos límites territoriales o políticos.
Algo dice al respecto el artículo 9º bis, pero de cualquier manera creo que es necesario incluir alguna cláusula del tenor del artículo 6º de la ley 25.688 para impedir, en el caso de cuencas compartidas por dos o más provincias, que las decisiones de una jurisdicción puedan perjudicar a la otra.
En los casos en que ya se produjo tal perjuicio, como es el caso de los Bañados del Atuel, deberían existir referencias concretas a cómo se van a poner en marcha estrategias de acción al corto y al mediano plazo.
Asimismo, en el artículo 9º bis se hace referencia al acuerdo formal -no me acuerdo si dice "institucional"- entre las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones. Se trata de una fórmula que no se ajusta a nuestro esquema constitucional, porque si bien todavía el Congreso no ha reglamentado los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional -es decir, está faltando esa regulación específica de los acuerdos interprovinciales y también de los intrafederales-, hay un consenso generalizado, que parte de la práctica consuetudinaria pero también -por supuesto- del derecho internacional, en cuanto a que estos convenios entre provincias deben tener otras etapas, más allá de la negociación y de la firma por la autoridad administrativa, como la aprobación por parte de los órganos legislativos. Si fuera interprovincial, habría que sumar como requisito el conocimiento por parte de este Congreso -obviamente, no haría falta en el caso de que sea intrafederal-, y hasta que eso no ocurra no habrá fuente de derecho.
Continúo con el artículo 9º bis. En la práctica, me parece poco probable pensar que dos direcciones de aguas provinciales o dos ministerios provinciales se puedan poner de acuerdo ante un conflicto. Por eso, me parece que el Comité de Cuenca es el lugar donde se deben establecer los usos de la cuenca y su prioridad.
Es decir...
Se interrumpe el audio.
SR. PRESIDENTE GROSSO Se cortó el audio, diputado. De todos modos, tenga en cuenta que ya lleva siete minutos en el uso de la palabra.
SR. BERHONGARAY Sí, ya termino.
Decía que es en el Comité de Cuenca donde se deben definir los caudales para mantener y conservar los humedales. Me parece que este es un tema muy delicado, ya que luego aparecen los conflictos. Por eso, es importante ser precisos en la definición normativa, al menos si queremos llegar a acuerdos que terminen resultando útiles para resolver los problemas que en el futuro se puedan llegar a presentar.
Algo similar sucede en el artículo 10: cuando se habla del monitoreo, no se hace referencia a los humedales compartidos. Estas acciones de monitoreo, a mi juicio, deberían acordarse en los Comités de Cuenca. Del mismo modo, cuando se habla de las evaluaciones de impacto ambiental tampoco se hace referencia a los humedales interprovinciales.
Por último, en el artículo 25, cuando se habla de restauración, tampoco se hace referencia a situaciones que trasciendan los límites de una provincia.
Es como si todos los problemas empezaran y terminaran dentro de lo que haga cada provincia con sus humedales. Me parece que todo se resume en una sola pregunta: ¿cuál es la autoridad de aplicación en el caso de los humedales compartidos? Yo no tengo dudas de que debería ser el Comité de Cuenca o, en su defecto, algún desprendimiento del mismo.
Me voy a tomar solo treinta segundos más para hacer una síntesis final. Estoy convencido de que esta iniciativa merece una reflexión muy seria para evitar que se superponga con competencias provinciales, de leyes de aguas y de leyes ambientales.
Vuelvo a poner de relieve que los humedales pertenecen a un sistema hídrico de mayor envergadura, que son las cuencas hídricas superficiales y los acuíferos, ya sean provinciales o interjurisdiccionales; para su funcionamiento lógicamente dependen de esos aportes. Por lo tanto, están incluidos en los Comités de Cuenca. No se los puede separar o no hay forma de escindirlos. Lo mismo sucede con los ríos y los acuíferos, y con otros sistemas menores que pertenecen a una cuenca. Por lo tanto, la gestión necesariamente debe ser considerada como un subsistema.
Personalmente, me comprometo a acompañar algunas sugerencias -lo haré a través de la diputada Brenda Austin, que es nuestra autoridad en la comisión- para ver si en definitiva podemos llegar a un entendimiento mayor sobre los aspectos que ya señalé y algunos otros que, por cuestiones de tiempo, no desarrollo pero que también considero centrales. Muchas gracias.
Decía que es en el Comité de Cuenca donde se deben definir los caudales para mantener y conservar los humedales. Me parece que este es un tema muy delicado, ya que luego aparecen los conflictos. Por eso, es importante ser precisos en la definición normativa, al menos si queremos llegar a acuerdos que terminen resultando útiles para resolver los problemas que en el futuro se puedan llegar a presentar.
Algo similar sucede en el artículo 10: cuando se habla del monitoreo, no se hace referencia a los humedales compartidos. Estas acciones de monitoreo, a mi juicio, deberían acordarse en los Comités de Cuenca. Del mismo modo, cuando se habla de las evaluaciones de impacto ambiental tampoco se hace referencia a los humedales interprovinciales.
Por último, en el artículo 25, cuando se habla de restauración, tampoco se hace referencia a situaciones que trasciendan los límites de una provincia.
Es como si todos los problemas empezaran y terminaran dentro de lo que haga cada provincia con sus humedales. Me parece que todo se resume en una sola pregunta: ¿cuál es la autoridad de aplicación en el caso de los humedales compartidos? Yo no tengo dudas de que debería ser el Comité de Cuenca o, en su defecto, algún desprendimiento del mismo.
Me voy a tomar solo treinta segundos más para hacer una síntesis final. Estoy convencido de que esta iniciativa merece una reflexión muy seria para evitar que se superponga con competencias provinciales, de leyes de aguas y de leyes ambientales.
Vuelvo a poner de relieve que los humedales pertenecen a un sistema hídrico de mayor envergadura, que son las cuencas hídricas superficiales y los acuíferos, ya sean provinciales o interjurisdiccionales; para su funcionamiento lógicamente dependen de esos aportes. Por lo tanto, están incluidos en los Comités de Cuenca. No se los puede separar o no hay forma de escindirlos. Lo mismo sucede con los ríos y los acuíferos, y con otros sistemas menores que pertenecen a una cuenca. Por lo tanto, la gestión necesariamente debe ser considerada como un subsistema.
Personalmente, me comprometo a acompañar algunas sugerencias -lo haré a través de la diputada Brenda Austin, que es nuestra autoridad en la comisión- para ver si en definitiva podemos llegar a un entendimiento mayor sobre los aspectos que ya señalé y algunos otros que, por cuestiones de tiempo, no desarrollo pero que también considero centrales. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Cerruti.
Tiene la palabra la diputada Cerruti.
SRA. CERRUTI Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. No quería que pasara el día de hoy sin remarcar su importancia por el hecho de que hayamos llegado a este momento y tengamos la posibilidad de emitir un dictamen unificado. Si bien habrá disidencias, seguiremos tratando de buscar acuerdos más finos hasta el momento de dar el debate en el recinto.
Sin embargo, considero que el esfuerzo que han hecho los miembros de la comisión, los asesores y todas las organizaciones políticas para llegar a este dictamen unificado debe ser resaltado y está relacionado con el camino que estamos recorriendo.
Hoy al mediodía, cuando nos reunimos con las organizaciones ambientalistas, yo decía que los Jóvenes por el Clima y aquellos jóvenes que nacieron a partir del movimiento mundial que se inició con Greta Thunberg, en general plantean la cuestión con el nivel de angustia y de urgencia que marca a ese movimiento.
En este sentido, incluso cuando puede denunciarse todo lo que sucede y teniendo en cuenta el nivel de alarma de la situación, quisiera tomarme un momento para decir que durante este año hicimos muchas cosas y avanzamos muchísimo, aquí en esta comisión, en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general.
Me parece que todos los pasos que dimos son fundamentales, y hay que decirlo. A finales del año pasado pudimos votar los presupuestos mínimos del cambio climático -me refiero a la ley del queridísimo Pino Solanas- y de ahí en adelante tenemos el Acuerdo de Escazú, la modificación de la ley de fuego y también la Ley Yolanda, ambas sancionadas en la última sesión. Además, hemos dictaminado en esta comisión el proyecto relativo a la educación ambiental y esperamos que próximamente llegue al recinto.
Por otra parte, desde el Senado llegó a nuestra Cámara la ley de etiquetado de alimentos y tenemos el tema de los residuos plásticos. Es decir, hemos avanzado en una cantidad de temas que componen la agenda ambiental más fuerte, más urgente, y afortunadamente, siempre faltan.
Además, cuando hay un movimiento social que marcha concatenado con los movimientos políticos, ello permite que los avances sean más fuertes, más profundos y que todo el tiempo -de eso se trata la utopía- se corran las fronteras de lo posible y el horizonte un poco más allá.
Sin embargo, aunque corramos el horizonte todo el tiempo más allá y aunque siempre pidamos más, está bueno pararse en algún momento y pensar qué ha sucedido hasta ahora.
En tal sentido, debemos tener conciencia de que lo que logramos en el último año en la Argentina en lo relativo a la discusión ambiental está relacionado con el contexto en el que todos vemos el mundo, que de repente se detuvo y debió hacerse cargo de que el nivel de aceleración que llevaba en la producción, en el consumo y en los inventos para cada día extraer más y explotar más a la naturaleza y al planeta haría que en algún momento eso terminara mal. Y eso es lo que estamos viviendo este año, con esta enorme crisis mundial producto de una pandemia zoonótica.
Hace pocos días sancionamos la Ley Yolanda, y me parece fundamental en este momento recordar algo que decía Yolanda Ortiz: que debemos pasar del ego ciudadano al eco ciudadano. El mundo hasta ahora se ha movido con doctrinas económicas y políticas basadas en el egoísmo, en la codicia y en ver quién puede sacar más para beneficio propio, y eso es lo que nos ha llevado al ecocidio que estamos viviendo en el último año.
Por último, señor presidente, quiero plantear lo siguiente. Cuando hablamos de humedales, pensamos de qué manera cada provincia debe determinar ciertas cuestiones, tal como recién lo manifestaba el señor diputado. Pero también debemos pensar que los humedales no están solo en esas provincias, o en esos lugares que no vemos y que están en tierra profunda. Por ejemplo, nosotros en la ciudad de Buenos Aires hemos destruido humedales de manera permanente, y estamos a punto de destruirlos otra vez si permitimos que se construyan torres frente el Río de la Plata y a sus humedales, tal como figura en uno de los proyectos en danza.
Por lo tanto, solicito que cuando tratemos este tipo de temas transversalmente sepamos que entre el discurso ambiental, o los postulados ambientales, y la práctica, muchas veces se encuentran los intereses y los negocios; eso también es transversal.
Por esa razón, debemos ser capaces de oponernos cuando estas cosas suceden en todas partes; y en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, en la que también debemos cuidar al Río de la Plata como el gran lugar que tenemos los porteños y las porteñas para ver el horizonte, para disfrutar de los humedales, para que no haya tantas inundaciones y sequías, y todo lo que vemos que sucede en el resto del mundo.
Al referirnos a los humedales debemos tener en cuenta que también sufrimos las consecuencias en la ciudad de Buenos Aires. Sería bueno que hablemos de nuestro Río de la Plata como se habla de otras corrientes y no que lo tengamos allí en la espalda, sin prestarle atención, como tantas veces sucede.
Quiero decir al señor presidente y a la señora vicepresidenta, que tanto y tan fuerte han trabajado para que este tema pueda salir hoy, que celebro que sea aprobado por unanimidad. Ello nos ayudará a impulsarlo con mucha fuerza en el resto de las comisiones, para que llegue al recinto y sea ley lo antes posible. Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. No quería que pasara el día de hoy sin remarcar su importancia por el hecho de que hayamos llegado a este momento y tengamos la posibilidad de emitir un dictamen unificado. Si bien habrá disidencias, seguiremos tratando de buscar acuerdos más finos hasta el momento de dar el debate en el recinto.
Sin embargo, considero que el esfuerzo que han hecho los miembros de la comisión, los asesores y todas las organizaciones políticas para llegar a este dictamen unificado debe ser resaltado y está relacionado con el camino que estamos recorriendo.
Hoy al mediodía, cuando nos reunimos con las organizaciones ambientalistas, yo decía que los Jóvenes por el Clima y aquellos jóvenes que nacieron a partir del movimiento mundial que se inició con Greta Thunberg, en general plantean la cuestión con el nivel de angustia y de urgencia que marca a ese movimiento.
En este sentido, incluso cuando puede denunciarse todo lo que sucede y teniendo en cuenta el nivel de alarma de la situación, quisiera tomarme un momento para decir que durante este año hicimos muchas cosas y avanzamos muchísimo, aquí en esta comisión, en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general.
Me parece que todos los pasos que dimos son fundamentales, y hay que decirlo. A finales del año pasado pudimos votar los presupuestos mínimos del cambio climático -me refiero a la ley del queridísimo Pino Solanas- y de ahí en adelante tenemos el Acuerdo de Escazú, la modificación de la ley de fuego y también la Ley Yolanda, ambas sancionadas en la última sesión. Además, hemos dictaminado en esta comisión el proyecto relativo a la educación ambiental y esperamos que próximamente llegue al recinto.
Por otra parte, desde el Senado llegó a nuestra Cámara la ley de etiquetado de alimentos y tenemos el tema de los residuos plásticos. Es decir, hemos avanzado en una cantidad de temas que componen la agenda ambiental más fuerte, más urgente, y afortunadamente, siempre faltan.
Además, cuando hay un movimiento social que marcha concatenado con los movimientos políticos, ello permite que los avances sean más fuertes, más profundos y que todo el tiempo -de eso se trata la utopía- se corran las fronteras de lo posible y el horizonte un poco más allá.
Sin embargo, aunque corramos el horizonte todo el tiempo más allá y aunque siempre pidamos más, está bueno pararse en algún momento y pensar qué ha sucedido hasta ahora.
En tal sentido, debemos tener conciencia de que lo que logramos en el último año en la Argentina en lo relativo a la discusión ambiental está relacionado con el contexto en el que todos vemos el mundo, que de repente se detuvo y debió hacerse cargo de que el nivel de aceleración que llevaba en la producción, en el consumo y en los inventos para cada día extraer más y explotar más a la naturaleza y al planeta haría que en algún momento eso terminara mal. Y eso es lo que estamos viviendo este año, con esta enorme crisis mundial producto de una pandemia zoonótica.
Hace pocos días sancionamos la Ley Yolanda, y me parece fundamental en este momento recordar algo que decía Yolanda Ortiz: que debemos pasar del ego ciudadano al eco ciudadano. El mundo hasta ahora se ha movido con doctrinas económicas y políticas basadas en el egoísmo, en la codicia y en ver quién puede sacar más para beneficio propio, y eso es lo que nos ha llevado al ecocidio que estamos viviendo en el último año.
Por último, señor presidente, quiero plantear lo siguiente. Cuando hablamos de humedales, pensamos de qué manera cada provincia debe determinar ciertas cuestiones, tal como recién lo manifestaba el señor diputado. Pero también debemos pensar que los humedales no están solo en esas provincias, o en esos lugares que no vemos y que están en tierra profunda. Por ejemplo, nosotros en la ciudad de Buenos Aires hemos destruido humedales de manera permanente, y estamos a punto de destruirlos otra vez si permitimos que se construyan torres frente el Río de la Plata y a sus humedales, tal como figura en uno de los proyectos en danza.
Por lo tanto, solicito que cuando tratemos este tipo de temas transversalmente sepamos que entre el discurso ambiental, o los postulados ambientales, y la práctica, muchas veces se encuentran los intereses y los negocios; eso también es transversal.
Por esa razón, debemos ser capaces de oponernos cuando estas cosas suceden en todas partes; y en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, en la que también debemos cuidar al Río de la Plata como el gran lugar que tenemos los porteños y las porteñas para ver el horizonte, para disfrutar de los humedales, para que no haya tantas inundaciones y sequías, y todo lo que vemos que sucede en el resto del mundo.
Al referirnos a los humedales debemos tener en cuenta que también sufrimos las consecuencias en la ciudad de Buenos Aires. Sería bueno que hablemos de nuestro Río de la Plata como se habla de otras corrientes y no que lo tengamos allí en la espalda, sin prestarle atención, como tantas veces sucede.
Quiero decir al señor presidente y a la señora vicepresidenta, que tanto y tan fuerte han trabajado para que este tema pueda salir hoy, que celebro que sea aprobado por unanimidad. Ello nos ayudará a impulsarlo con mucha fuerza en el resto de las comisiones, para que llegue al recinto y sea ley lo antes posible. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, señora diputada Cerruti, por la brevedad de su exposición.
Tiene la palabra la diputada Romina Del Plá.
Tiene la palabra la diputada Romina Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Gracias, señor presidente. El Frente de Izquierda ha sido otro de los bloques que ha presentado proyectos alrededor de este tema.
Nos parece muy importante que este asunto se esté discutiendo ahora. Quiero remarcar que no lo estaríamos haciendo si no fuera por el enorme movimiento que se ha puesto en marcha, y creo que una pequeña muestra de ello son las 700 mil firmas de hoy que expresan el nivel de organización, de reclamos y de movilizaciones que desde el Frente de Izquierda hemos acompañado sistemáticamente y que han puesto este tema en el centro de la escena.
Durante todo el año hemos tenido desmontes masivos y sin control; incendios tremendos en distintas provincias y zonas, que se relacionan con el desmonte y la destrucción del monte y de distintos ecosistemas -en las islas, en las sierras-, y desmontes de bosques nativos por doquier. Creo que esto es muy importante, porque podemos aprobar leyes, como lo hicimos en la última sesión, o emitir un dictamen -que también es un avance, incluso con límites- pero el problema es cómo frenamos lo que ocurre en la realidad.
Esto último es importante, porque mientras aquí se discute -y todos están de acuerdo- la importancia de proteger los humedales y el ecosistema que los rodea y se habla de ecocidio, desde distintos niveles gubernamentales se celebran acuerdos con China para una megafactoría de cerdos completamente contaminante y se impulsan acciones para reforzar el fracking, que todos sabemos que también es una actividad muy contaminante.
Además, en el día de ayer el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, planteó nuevamente en sus declaraciones que va a ir a la carga para establecer la minería contaminante, en una provincia que ya ha votado que no, que se moviliza y que ha dicho una y otra vez que no permitirá el ingreso de la minería contaminante.
Creo que debemos remarcar esto porque, si no, se cantan loas a la aprobación de un dictamen pero luego en la práctica tenemos todo lo contrario.
¿Qué queremos desde el Frente de Izquierda? Que haya leyes de protección del ambiente, que las leyes se cumplan y que haya un correlato de lo que se dice con lo que ocurre en la realidad.
Yendo al tema del dictamen, nosotros no somos parte de esta comisión y por lo tanto no podemos presentar disidencias; pero si fuéramos parte, lo acompañaríamos de esa manera. No obstante, vamos a hacer observaciones respecto de algunos elementos que nos parecen claves.
Por ejemplo, nos parece que no se prohíben efectivamente las quemas. Creemos que ahí habría que ir más a fondo.
Por otro lado, está muy bien que en el artículo 19 se prohíban las fumigaciones, pero hay que tomar más colectivamente las zonas cercanas al humedal. Por eso, también hay que ver los resultados y las derivaciones que esto tiene.
En cuanto a la creación del Consejo Consultivo, justamente uno de los temas que hemos retomado en nuestro proyecto tiene que ver con todas las resoluciones de asambleas ambientales y de organizaciones en relación a cómo deben resolverse ciertas cuestiones en cada lugar.
Por eso nos parece que la idea de un Consejo Consultivo es limitada y creemos que es clave la propuesta de un consejo autónomo donde se integren y tengan (Inaudible) directo las asambleas ambientales de las distintas regiones, de los pueblos originarios y de las distintas formas de organizaciones.
Por otra parte, creemos que es limitado el financiamiento. Habría que avanzar un poco en ese punto, incluso contemplando también todo lo recaudado por las multas.
En cuanto a las sanciones que menciona el artículo 42, nos parece que el piso de un salario mínimo es realmente absurdo y creemos que hay que ir bastante más arriba. Cuando hablamos de que las sanciones económicas pueden mucho más que otro tipo de sanciones, es así siempre y cuando tengan algún peso; si no, tampoco son sanciones.
Justamente, nos parece un tema importante que ni en las sanciones ni en las medidas de restauración se establece claramente que los costos de la reparación quedan en manos de los responsables. Esto es importante marcarlo porque, efectivamente, también eso forma parte de este tipo de medidas reparatorias, pero además sancionatorias para evitar esas prácticas.
Con estas observaciones, y saludando al movimiento de las organizaciones que han facilitado, han permitido y han hecho posible que realmente se esté discutiendo este dictamen, lo vamos a acompañar, esperando que llegue pronto al recinto.
Nos parece muy importante que este asunto se esté discutiendo ahora. Quiero remarcar que no lo estaríamos haciendo si no fuera por el enorme movimiento que se ha puesto en marcha, y creo que una pequeña muestra de ello son las 700 mil firmas de hoy que expresan el nivel de organización, de reclamos y de movilizaciones que desde el Frente de Izquierda hemos acompañado sistemáticamente y que han puesto este tema en el centro de la escena.
Durante todo el año hemos tenido desmontes masivos y sin control; incendios tremendos en distintas provincias y zonas, que se relacionan con el desmonte y la destrucción del monte y de distintos ecosistemas -en las islas, en las sierras-, y desmontes de bosques nativos por doquier. Creo que esto es muy importante, porque podemos aprobar leyes, como lo hicimos en la última sesión, o emitir un dictamen -que también es un avance, incluso con límites- pero el problema es cómo frenamos lo que ocurre en la realidad.
Esto último es importante, porque mientras aquí se discute -y todos están de acuerdo- la importancia de proteger los humedales y el ecosistema que los rodea y se habla de ecocidio, desde distintos niveles gubernamentales se celebran acuerdos con China para una megafactoría de cerdos completamente contaminante y se impulsan acciones para reforzar el fracking, que todos sabemos que también es una actividad muy contaminante.
Además, en el día de ayer el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, planteó nuevamente en sus declaraciones que va a ir a la carga para establecer la minería contaminante, en una provincia que ya ha votado que no, que se moviliza y que ha dicho una y otra vez que no permitirá el ingreso de la minería contaminante.
Creo que debemos remarcar esto porque, si no, se cantan loas a la aprobación de un dictamen pero luego en la práctica tenemos todo lo contrario.
¿Qué queremos desde el Frente de Izquierda? Que haya leyes de protección del ambiente, que las leyes se cumplan y que haya un correlato de lo que se dice con lo que ocurre en la realidad.
Yendo al tema del dictamen, nosotros no somos parte de esta comisión y por lo tanto no podemos presentar disidencias; pero si fuéramos parte, lo acompañaríamos de esa manera. No obstante, vamos a hacer observaciones respecto de algunos elementos que nos parecen claves.
Por ejemplo, nos parece que no se prohíben efectivamente las quemas. Creemos que ahí habría que ir más a fondo.
Por otro lado, está muy bien que en el artículo 19 se prohíban las fumigaciones, pero hay que tomar más colectivamente las zonas cercanas al humedal. Por eso, también hay que ver los resultados y las derivaciones que esto tiene.
En cuanto a la creación del Consejo Consultivo, justamente uno de los temas que hemos retomado en nuestro proyecto tiene que ver con todas las resoluciones de asambleas ambientales y de organizaciones en relación a cómo deben resolverse ciertas cuestiones en cada lugar.
Por eso nos parece que la idea de un Consejo Consultivo es limitada y creemos que es clave la propuesta de un consejo autónomo donde se integren y tengan (Inaudible) directo las asambleas ambientales de las distintas regiones, de los pueblos originarios y de las distintas formas de organizaciones.
Por otra parte, creemos que es limitado el financiamiento. Habría que avanzar un poco en ese punto, incluso contemplando también todo lo recaudado por las multas.
En cuanto a las sanciones que menciona el artículo 42, nos parece que el piso de un salario mínimo es realmente absurdo y creemos que hay que ir bastante más arriba. Cuando hablamos de que las sanciones económicas pueden mucho más que otro tipo de sanciones, es así siempre y cuando tengan algún peso; si no, tampoco son sanciones.
Justamente, nos parece un tema importante que ni en las sanciones ni en las medidas de restauración se establece claramente que los costos de la reparación quedan en manos de los responsables. Esto es importante marcarlo porque, efectivamente, también eso forma parte de este tipo de medidas reparatorias, pero además sancionatorias para evitar esas prácticas.
Con estas observaciones, y saludando al movimiento de las organizaciones que han facilitado, han permitido y han hecho posible que realmente se esté discutiendo este dictamen, lo vamos a acompañar, esperando que llegue pronto al recinto.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Vara.
SR. VARA Señor presidente: para organizarme, quiero saber de qué tiempo dispongo.
SR. PRESIDENTE GROSSO Se estiman cinco minutos -aunque algunos diputados se están extendiendo un poco más-, ya que quedan diez oradores y oradoras para hacer uso de la palabra.
SR. VARA Señor presidente: como ustedes saben, no soy miembro de la comisión pero soy autor de uno de los proyectos y por eso estoy participando de esta reunión. Sí integro otra de las comisiones que va a tratar el proyecto también.
Personalmente no voy a opinar sobre los otros proyectos ni voy a hacer análisis comparativos que no me corresponden. Solo voy a opinar sobre el nuestro.
En ese sentido, uno de los principales puntos a destacar del proyecto que he elaborado en coautoría con la diputada Fregonese es que toma la definición de humedales que hace la Convención de Ramsar. ¿Por qué? Porque hay un consenso científico internacional sobre este tema y, fundamentalmente, porque ya hay dos leyes argentinas que avalan esos convenios internacionales.
Es cierto que esa definición puede ser un poco incompleta. Por eso proponemos algunos complementos, como plantas indicadoras, ya que éstas no mienten. Si hay determinadas plantas es porque evidentemente se trata de un humedal, y si no está ninguna de las especies vinculadas a humedales o a zonas con agua no lo es.
En cuanto a la permanencia del agua para determinar si se trata de un humedal o no -la Convención de Ramsar define que no necesariamente tienen que ser aguas permanentes, sino que pueden ser transitorias, y lo son-, proponemos definir aproximadamente cuál es el nivel de permanencia. Pero nosotros proponemos agregar el elemento de las plantas indicadoras porque el indicador vegetal no miente. Aclaro que no estamos hablando de lo que planta el hombre sino de lo que muestra la naturaleza, es decir, de zonas no modificadas por el hombre.
También proponemos utilizar imágenes satelitales y determinar en (Inaudible). Existían anteriormente, pero eran de uso militar y no civil. Entonces, vamos a tener que ir para atrás y recurrir necesariamente al inventario de fotologías aéreas del ex Instituto Geográfico Militar, actualmente denominado Instituto Geográfico Nacional.
Tal como explicamos en los fundamentos de nuestro proyecto, uno de los temas más fuertes para la diputada Fregonese y para quien les habla -ya que ambos representamos a provincias de la Mesopotamia- es la potestad provincial.
Si bien existe el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habilita que estemos discutiendo esta norma de presupuestos mínimos, también existen otros artículos -como el 121 y el 124- que definen la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales originarios. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre el artículo 41 y los artículos 121 y 124.
No son pocos los constitucionalistas -yo soy ingeniero agrónomo, pero sé leer y además tengo asesores en la materia- que sostienen...
Personalmente no voy a opinar sobre los otros proyectos ni voy a hacer análisis comparativos que no me corresponden. Solo voy a opinar sobre el nuestro.
En ese sentido, uno de los principales puntos a destacar del proyecto que he elaborado en coautoría con la diputada Fregonese es que toma la definición de humedales que hace la Convención de Ramsar. ¿Por qué? Porque hay un consenso científico internacional sobre este tema y, fundamentalmente, porque ya hay dos leyes argentinas que avalan esos convenios internacionales.
Es cierto que esa definición puede ser un poco incompleta. Por eso proponemos algunos complementos, como plantas indicadoras, ya que éstas no mienten. Si hay determinadas plantas es porque evidentemente se trata de un humedal, y si no está ninguna de las especies vinculadas a humedales o a zonas con agua no lo es.
En cuanto a la permanencia del agua para determinar si se trata de un humedal o no -la Convención de Ramsar define que no necesariamente tienen que ser aguas permanentes, sino que pueden ser transitorias, y lo son-, proponemos definir aproximadamente cuál es el nivel de permanencia. Pero nosotros proponemos agregar el elemento de las plantas indicadoras porque el indicador vegetal no miente. Aclaro que no estamos hablando de lo que planta el hombre sino de lo que muestra la naturaleza, es decir, de zonas no modificadas por el hombre.
También proponemos utilizar imágenes satelitales y determinar en (Inaudible). Existían anteriormente, pero eran de uso militar y no civil. Entonces, vamos a tener que ir para atrás y recurrir necesariamente al inventario de fotologías aéreas del ex Instituto Geográfico Militar, actualmente denominado Instituto Geográfico Nacional.
Tal como explicamos en los fundamentos de nuestro proyecto, uno de los temas más fuertes para la diputada Fregonese y para quien les habla -ya que ambos representamos a provincias de la Mesopotamia- es la potestad provincial.
Si bien existe el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habilita que estemos discutiendo esta norma de presupuestos mínimos, también existen otros artículos -como el 121 y el 124- que definen la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales originarios. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre el artículo 41 y los artículos 121 y 124.
No son pocos los constitucionalistas -yo soy ingeniero agrónomo, pero sé leer y además tengo asesores en la materia- que sostienen...
SR. PRESIDENTE GROSSO Señor diputado: la diputada Camaño le pide una interrupción. ¿Se la concede?
SR. VARA Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Para una interrupción, tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: quiero aclarar al señor diputado que hoy estamos dictaminando. Las cuatro reuniones informativas que tuvimos fueron justamente para que los diez autores de los proyectos informen sobre los mismos.
Hoy es el último día de este período ordinario en el que las comisiones puedan dictaminar; ya es la hora 21 y 29 y estamos excedidos en el plazo de entrega del dictamen.
Por eso, señor presidente, pido que nos atengamos a hablar del dictamen en tratamiento.
Hoy es el último día de este período ordinario en el que las comisiones puedan dictaminar; ya es la hora 21 y 29 y estamos excedidos en el plazo de entrega del dictamen.
Por eso, señor presidente, pido que nos atengamos a hablar del dictamen en tratamiento.
SR. PRESIDENTE GROSSO Creo que estamos...
SR. VARA Perdóneme, señor presidente, ¿pero yo no puedo hablar sobre nuestro proyecto?
SR. PRESIDENTE GROSSO Puede hablar sobre el dictamen, diputado. En las anteriores reuniones de la comisión se consideraron todos los proyectos presentados por ustedes y se elaboró un dictamen común. Hoy necesitamos avanzar sobre ese dictamen.
De manera que es correcta la aclaración que hace la señora diputada Camaño. En esta reunión estamos escuchando opiniones acerca del dictamen que estamos tratando hoy.
De manera que es correcta la aclaración que hace la señora diputada Camaño. En esta reunión estamos escuchando opiniones acerca del dictamen que estamos tratando hoy.
SR. VARA Está bien. De todas maneras, hablar de lo que estaba hablando es vinculante con el dictamen común.
No quise entrar sobre otro proyecto, pero evidentemente el nuestro no coincide. No podemos acompañar ese dictamen; esa es la cuestión. Voy a argumentar, si me permiten más allá de la interrupción, y decir por qué no vamos a acompañar.
No digo que este proyecto sea inconstitucional, pero es rayano, y en cuanto a la definición de humedales no estamos de acuerdo con lo que dice el dictamen consensuado en relación con la definición de suelos hidromórficos. Me parece que esto nos está imponiendo una superficie de más de 60 millones de hectáreas que involucra mucho más de lo que realmente son los humedales; este es un tema netamente técnico.
Me voy a limitar a explicar por qué no voy a apoyar. Entonces anticipo que no vamos a apoyarlo, y vamos a firmar un dictamen en minoría.
Ya que estamos hablando de la Constitución, un tema fundamental es el artículo 28 que habla de la razonabilidad de las leyes y sobre todo del equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre los daños que puede producir, que lo definen todos los constitucionalistas, y las ventajas que va a generar. Obviamente hay ventajas, pero también hay daños colaterales, que no es solamente lo que implicaría el presupuesto en el dictamen consensuado de un 0,30 por ciento del presupuesto nacional. Independientemente de eso, se producirán daños por dejar afuera posiblemente 60 millones de hectáreas de la Argentina, muchas de ellas en zonas fenomenalmente productivas, que van a provocar daños a la economía que pueden ser bastante más grave. Además, habrá reclamos por los particulares por incluir tierras como humedales y neutralizarlas; los propietarios pueden hacerlo, y en eso los constitucionalistas también se han expedido y hay bastante material. Por supuesto que como en todo, hay distintas bibliotecas, pero puede haber conflictos, y jurisdiccionalmente también puede haber conflicto.
Reitero que estoy explicando por qué no acompaño el dictamen.
¿Estoy bien ubicado o sigo desubicado?
No quise entrar sobre otro proyecto, pero evidentemente el nuestro no coincide. No podemos acompañar ese dictamen; esa es la cuestión. Voy a argumentar, si me permiten más allá de la interrupción, y decir por qué no vamos a acompañar.
No digo que este proyecto sea inconstitucional, pero es rayano, y en cuanto a la definición de humedales no estamos de acuerdo con lo que dice el dictamen consensuado en relación con la definición de suelos hidromórficos. Me parece que esto nos está imponiendo una superficie de más de 60 millones de hectáreas que involucra mucho más de lo que realmente son los humedales; este es un tema netamente técnico.
Me voy a limitar a explicar por qué no voy a apoyar. Entonces anticipo que no vamos a apoyarlo, y vamos a firmar un dictamen en minoría.
Ya que estamos hablando de la Constitución, un tema fundamental es el artículo 28 que habla de la razonabilidad de las leyes y sobre todo del equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre los daños que puede producir, que lo definen todos los constitucionalistas, y las ventajas que va a generar. Obviamente hay ventajas, pero también hay daños colaterales, que no es solamente lo que implicaría el presupuesto en el dictamen consensuado de un 0,30 por ciento del presupuesto nacional. Independientemente de eso, se producirán daños por dejar afuera posiblemente 60 millones de hectáreas de la Argentina, muchas de ellas en zonas fenomenalmente productivas, que van a provocar daños a la economía que pueden ser bastante más grave. Además, habrá reclamos por los particulares por incluir tierras como humedales y neutralizarlas; los propietarios pueden hacerlo, y en eso los constitucionalistas también se han expedido y hay bastante material. Por supuesto que como en todo, hay distintas bibliotecas, pero puede haber conflictos, y jurisdiccionalmente también puede haber conflicto.
Reitero que estoy explicando por qué no acompaño el dictamen.
¿Estoy bien ubicado o sigo desubicado?
SR. PRESIDENTE GROSSO No, está bien, diputado. Pero vaya finalizando porque ya se excedió de su tiempo.
SR. VARA Voy a cerrar.
Expliqué por qué no acompaño el proyecto. Una de las causales es por la definición de suelo hidromórfico. Nosotros apoyamos otro proyecto y como no voy a hablar del mío, entonces indicaría por qué no acompaño.
Me parece que es irracional, no guarda equilibrio, va sobre las autonomías provinciales y mi provincia además es muy celosa en esta cuestión. Como ustedes saben, en mi Corrientes las dos Cámaras ya emitieron opiniones contrarias a los proyectos inicialmente presentados.
Así que, ese es otro motivo por el cual me opongo. Yo nací, vivo y voy a seguir viviendo hasta que me muera en la provincia de Corrientes y vamos a tener algunos problemas. Aclaro que según esos criterios del proyecto que ustedes consensuaron, el 70 por ciento de las tierras de mi provincia queda como humedales. No digo que no se pueda producir en ese 70 por ciento, pero quedarían con fuertes restricciones desde el punto de vista productivo.
Tampoco el proyecto consensuado habla de restricciones de especies exóticas. Prácticamente todas las especies que cultivamos en la Argentina son exóticas. Nosotros tenemos 526.000 hectáreas forestadas, las dos especies de eucaliptos las trajo Sarmiento de Australia y los pinos vinieron de la cuenca del Misisipi de Estados Unidos y son exóticos; no puedo acompañar entonces este proyecto.
Reitero que estoy explicando por qué no acompaño este proyecto. Por otro lado, la aplicación de fitosanitarios está limitada en los humedales. Me parece que hoy hay suficientes avances y manuales de buenas prácticas agrícolas como para limitar, pero no prohibir taxativamente su uso, así como el uso de fertilizantes. O sea que hoy estamos por un lado discutiendo proyectos de promoción de uso de fertilizantes y por otro lado no se puede fertilizar en 60 millones de hectáreas en la Argentina. Eso representa el 22 por ciento de la superficie, que en mi provincia se incrementaría al 70 por ciento. Sobre 8.620.000 hectáreas mi provincia tiene 2 millones que están protegidas: los Esteros del Iberá, con 1.300.000 hectáreas, y otras 700.000 de humedales que también tienen protección. El caso de los Esteros tiene rango constitucional; no se puede reunir la Cámara y modificar su situación porque está la Constitución...
Expliqué por qué no acompaño el proyecto. Una de las causales es por la definición de suelo hidromórfico. Nosotros apoyamos otro proyecto y como no voy a hablar del mío, entonces indicaría por qué no acompaño.
Me parece que es irracional, no guarda equilibrio, va sobre las autonomías provinciales y mi provincia además es muy celosa en esta cuestión. Como ustedes saben, en mi Corrientes las dos Cámaras ya emitieron opiniones contrarias a los proyectos inicialmente presentados.
Así que, ese es otro motivo por el cual me opongo. Yo nací, vivo y voy a seguir viviendo hasta que me muera en la provincia de Corrientes y vamos a tener algunos problemas. Aclaro que según esos criterios del proyecto que ustedes consensuaron, el 70 por ciento de las tierras de mi provincia queda como humedales. No digo que no se pueda producir en ese 70 por ciento, pero quedarían con fuertes restricciones desde el punto de vista productivo.
Tampoco el proyecto consensuado habla de restricciones de especies exóticas. Prácticamente todas las especies que cultivamos en la Argentina son exóticas. Nosotros tenemos 526.000 hectáreas forestadas, las dos especies de eucaliptos las trajo Sarmiento de Australia y los pinos vinieron de la cuenca del Misisipi de Estados Unidos y son exóticos; no puedo acompañar entonces este proyecto.
Reitero que estoy explicando por qué no acompaño este proyecto. Por otro lado, la aplicación de fitosanitarios está limitada en los humedales. Me parece que hoy hay suficientes avances y manuales de buenas prácticas agrícolas como para limitar, pero no prohibir taxativamente su uso, así como el uso de fertilizantes. O sea que hoy estamos por un lado discutiendo proyectos de promoción de uso de fertilizantes y por otro lado no se puede fertilizar en 60 millones de hectáreas en la Argentina. Eso representa el 22 por ciento de la superficie, que en mi provincia se incrementaría al 70 por ciento. Sobre 8.620.000 hectáreas mi provincia tiene 2 millones que están protegidas: los Esteros del Iberá, con 1.300.000 hectáreas, y otras 700.000 de humedales que también tienen protección. El caso de los Esteros tiene rango constitucional; no se puede reunir la Cámara y modificar su situación porque está la Constitución...
SR. PRESIDENTE GROSSO Vaya cerrando, señor diputado.
SR. VARA Creo que estos son suficientes motivos. Fundamentalmente me parece que es un proyecto irracional y no tiene en cuenta el equilibrio entre los costos y los beneficios, y fundamentalmente...
SR. PRESIDENTE GROSSO Señor diputado...
SR. VARA Señor presidente: escuché discursos mucho más extensos que el mío. Tengo un proyecto presentado y estoy explicando por qué no acompaño el consensuado.
Hay deudas ambientales generadas en otros países que parece que las tenemos que pagar nosotros. Con eso no voy a estar de acuerdo nunca, eso es ser cipayo ambiental; reitero, no voy a estar de acuerdo nunca. Cada uno tiene que pagar sus deudas.
Las naciones del Hemisferio Norte tienen que pagar sus deudas ambientales y no imponernos a nosotros, a través de organizaciones internacionales, estas condiciones para hacernos pagar deudas ambientales de otros países.
Muchas gracias, señor presidente. Agradezco el tiempo.
Hay deudas ambientales generadas en otros países que parece que las tenemos que pagar nosotros. Con eso no voy a estar de acuerdo nunca, eso es ser cipayo ambiental; reitero, no voy a estar de acuerdo nunca. Cada uno tiene que pagar sus deudas.
Las naciones del Hemisferio Norte tienen que pagar sus deudas ambientales y no imponernos a nosotros, a través de organizaciones internacionales, estas condiciones para hacernos pagar deudas ambientales de otros países.
Muchas gracias, señor presidente. Agradezco el tiempo.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Florencia Lampreabe.
Tiene la palabra la diputada Florencia Lampreabe.
SRA. LAMPREABE Señor presidente: como decíamos hoy más temprano y en la entrega de las firmas de las organizaciones ambientales por la ley de humedales -y me sumo a lo que planteaba Gabi Cerruti-, primero que nada quiero celebrar estar hoy acá reunidos para lograr un dictamen unificado sobre este proyecto, coronando esta semana histórica en la que también aprobamos la ley de fuego y la ley Yolanda, la semana de la militancia socioambiental y la de los humedales.
Así como el conocido poema de Baldomero Fernández Moreno se preguntaba por una casa y decía "Setenta balcones y ninguna flor", las militancias ambientales nos venían preguntando hace rato qué pasaba que teníamos quince proyectos y ninguna ley. Hoy estamos a un paso de estar más cerca de esa ley.
Quiero hacer una mínima caracterización de la situación porque es bien sabido que los humedales son fundamentales para la vida y el equilibrio del ambiente, que desempeñan funciones de las cuales se derivan múltiples aportes vitales como fuentes de agua, mitigación de sequías e inundaciones, que suministran alimentos, que albergan una rica biodiversidad y que almacenan carbono, entre tantos servicios ecosistémicos.
En el mismo sentido, resulta absolutamente alarmante la situación en el mundo en la que según la Convención Ramsar -que también citaba la compañera diputada María Rosa Martínez- desde 1970 se ha perdido por lo menos un 35 por ciento de los humedales, y de las más de 19.500 especies que dependen de estos ecosistemas, hay una cuarta parte que está amenazada de extinción. Sin adentrarme tampoco en la situación del país porque la venimos caracterizando desde hace varios meses en la infinidad de reuniones informativas que hemos tenido para trabajar este proyecto de ley y la hemos discutido también durante el tratamiento de la ley de fuego, las casi 900.000 hectáreas incendiadas y las intenciones que hay detrás.
Hoy volvemos a hablar también de los cambios de uso de suelo como principal causa de estos ecocidios que redundan en beneficios económicos para unos poquísimos a costa de la calidad de vida de todos y de todas. Este es el principal problema, pero no el único.
También son problemáticas las aguas residuales no tratadas, los residuos industriales, los agrícolas -principalmente los agroquímicos-, los residuos y derrames de la minería, la erosión y los cambios de sedimento, etcétera. Aún tampoco sabemos con certeza la cantidad de humedales afectados en nuestro país porque tampoco tenemos todavía una dimensión clara de su extensión y de la existencia de estos humedales. Por eso también es clave esta herramienta para contar con un inventario de humedales y por supuesto el ordenamiento territorial como una condición para llevar adelante la protección que prevé este proyecto.
Hoy sobre todo creo que hay que reconocer el rol fundamental de las militancias ambientales, las ganas, la creatividad, la persistencia con las que vienen obligando a la sociedad y a los y las representantes en general a mirar el fuego de los humedales a la cara, las vigilias, los abrazos simbólicos, las manifestaciones, las caravanas, las marchas de antorchas, los reclamos en los puentes, "twittazos", acampes, charlas virtuales y tanto más, y hoy mismo, como decíamos, recibimos el petitorio con más de medio millón de firmas.
Hace un tiempo nos encontrábamos en una de las tantas reuniones informativas y decíamos también que, por supuesto, íbamos a empujar este proyecto de ley que contaba con nuestro compromiso, pero que con esto no era suficiente y no por una cuestión de pesimismo por supuesto porque como dijo Cristina allá por el 2000, en uno de los peores momentos para nuestro país, los militantes políticos estamos obligados a ser optimistas siempre. Lo decíamos en realidad porque hay intereses que enfrentamos que son muy poderosos y que para hacerlo necesitamos ser justamente cada vez más, organizarnos y militar antes, durante y después de esta ley.
También decimos que es insuficiente, lo que llamamos ambientalismo de maquillaje, de palabra, o de promoción de prácticas o conductas individuales, porque no cuestiona la matriz de la desigualdad que está detrás de la destrucción de nuestro planeta. Fíjense lo amarrada que está la cuestión ambiental a las estructuras más profundas e injustas de nuestra sociedad, que este mes la Unidad de Información Financiera se presentó como querellante en la causa por los incendios intencionales en el delta del Paraná. Uno se pregunta cómo puede ser que detrás de los incendios del delta del Paraná, también haya una sospecha de lavado de activos y que ese modelo de valorización financiera de la última dictadura cívico-militar, que se impuso a sangre y fuego, siga extendiendo sus garras hasta hoy y llegue a nuestros humedales. Claramente también nos enfrentamos a eso.
He escuchado al diputado preopinante decir que esto no es una afrenta a la producción, como muchos y muchas quieren hacer creer que este proyecto está destinado exclusivamente a proteger la existencia de los humedales y no a prohibir la producción, excepto aquella que vaya en desmedro de los equilibrios ecosistémicos que justamente garantizan la capacidad de resiliencia de sus humedales.
Entiendo que es importante llamar a las cosas por su nombre ya que las formas de obtener renta o engordar los bolsillos a costa de los bienes colectivos no es productiva, sino destructiva. Creo que tenemos la oportunidad de saldar una deuda de larga data en un momento especialmente crítico y estoy segura de que en este caso vamos a lograr sancionar un proyecto de ley. No vamos a permitir que se interpongan los intereses de los mismos de siempre.
Por otro lado, festejamos la incorporación al dictamen de los principios in dubio pro natura e in dubio pro aqua, que llevan a plantear la perspectiva ambiental de manera transversal en aquellos casos donde hay dudas. Es decir que, ante la posibilidad de dañar el ambiente, se tomen decisiones que prioricen no ponerlo en riesgo.
Por último, con la sanción de este proyecto de ley estaremos cumpliendo los compromisos asumidos al firmar el Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático.
Vuelvo al principio y al poema de Baldomero Fernández Moreno. Creo que con esta estructura y esta articulación entre organizaciones y militancias ambientales estamos sembrando los balcones para que florezcan las flores. Entonces, pido que sea ley.
Gracias a todos y a todas por este trabajo.
Así como el conocido poema de Baldomero Fernández Moreno se preguntaba por una casa y decía "Setenta balcones y ninguna flor", las militancias ambientales nos venían preguntando hace rato qué pasaba que teníamos quince proyectos y ninguna ley. Hoy estamos a un paso de estar más cerca de esa ley.
Quiero hacer una mínima caracterización de la situación porque es bien sabido que los humedales son fundamentales para la vida y el equilibrio del ambiente, que desempeñan funciones de las cuales se derivan múltiples aportes vitales como fuentes de agua, mitigación de sequías e inundaciones, que suministran alimentos, que albergan una rica biodiversidad y que almacenan carbono, entre tantos servicios ecosistémicos.
En el mismo sentido, resulta absolutamente alarmante la situación en el mundo en la que según la Convención Ramsar -que también citaba la compañera diputada María Rosa Martínez- desde 1970 se ha perdido por lo menos un 35 por ciento de los humedales, y de las más de 19.500 especies que dependen de estos ecosistemas, hay una cuarta parte que está amenazada de extinción. Sin adentrarme tampoco en la situación del país porque la venimos caracterizando desde hace varios meses en la infinidad de reuniones informativas que hemos tenido para trabajar este proyecto de ley y la hemos discutido también durante el tratamiento de la ley de fuego, las casi 900.000 hectáreas incendiadas y las intenciones que hay detrás.
Hoy volvemos a hablar también de los cambios de uso de suelo como principal causa de estos ecocidios que redundan en beneficios económicos para unos poquísimos a costa de la calidad de vida de todos y de todas. Este es el principal problema, pero no el único.
También son problemáticas las aguas residuales no tratadas, los residuos industriales, los agrícolas -principalmente los agroquímicos-, los residuos y derrames de la minería, la erosión y los cambios de sedimento, etcétera. Aún tampoco sabemos con certeza la cantidad de humedales afectados en nuestro país porque tampoco tenemos todavía una dimensión clara de su extensión y de la existencia de estos humedales. Por eso también es clave esta herramienta para contar con un inventario de humedales y por supuesto el ordenamiento territorial como una condición para llevar adelante la protección que prevé este proyecto.
Hoy sobre todo creo que hay que reconocer el rol fundamental de las militancias ambientales, las ganas, la creatividad, la persistencia con las que vienen obligando a la sociedad y a los y las representantes en general a mirar el fuego de los humedales a la cara, las vigilias, los abrazos simbólicos, las manifestaciones, las caravanas, las marchas de antorchas, los reclamos en los puentes, "twittazos", acampes, charlas virtuales y tanto más, y hoy mismo, como decíamos, recibimos el petitorio con más de medio millón de firmas.
Hace un tiempo nos encontrábamos en una de las tantas reuniones informativas y decíamos también que, por supuesto, íbamos a empujar este proyecto de ley que contaba con nuestro compromiso, pero que con esto no era suficiente y no por una cuestión de pesimismo por supuesto porque como dijo Cristina allá por el 2000, en uno de los peores momentos para nuestro país, los militantes políticos estamos obligados a ser optimistas siempre. Lo decíamos en realidad porque hay intereses que enfrentamos que son muy poderosos y que para hacerlo necesitamos ser justamente cada vez más, organizarnos y militar antes, durante y después de esta ley.
También decimos que es insuficiente, lo que llamamos ambientalismo de maquillaje, de palabra, o de promoción de prácticas o conductas individuales, porque no cuestiona la matriz de la desigualdad que está detrás de la destrucción de nuestro planeta. Fíjense lo amarrada que está la cuestión ambiental a las estructuras más profundas e injustas de nuestra sociedad, que este mes la Unidad de Información Financiera se presentó como querellante en la causa por los incendios intencionales en el delta del Paraná. Uno se pregunta cómo puede ser que detrás de los incendios del delta del Paraná, también haya una sospecha de lavado de activos y que ese modelo de valorización financiera de la última dictadura cívico-militar, que se impuso a sangre y fuego, siga extendiendo sus garras hasta hoy y llegue a nuestros humedales. Claramente también nos enfrentamos a eso.
He escuchado al diputado preopinante decir que esto no es una afrenta a la producción, como muchos y muchas quieren hacer creer que este proyecto está destinado exclusivamente a proteger la existencia de los humedales y no a prohibir la producción, excepto aquella que vaya en desmedro de los equilibrios ecosistémicos que justamente garantizan la capacidad de resiliencia de sus humedales.
Entiendo que es importante llamar a las cosas por su nombre ya que las formas de obtener renta o engordar los bolsillos a costa de los bienes colectivos no es productiva, sino destructiva. Creo que tenemos la oportunidad de saldar una deuda de larga data en un momento especialmente crítico y estoy segura de que en este caso vamos a lograr sancionar un proyecto de ley. No vamos a permitir que se interpongan los intereses de los mismos de siempre.
Por otro lado, festejamos la incorporación al dictamen de los principios in dubio pro natura e in dubio pro aqua, que llevan a plantear la perspectiva ambiental de manera transversal en aquellos casos donde hay dudas. Es decir que, ante la posibilidad de dañar el ambiente, se tomen decisiones que prioricen no ponerlo en riesgo.
Por último, con la sanción de este proyecto de ley estaremos cumpliendo los compromisos asumidos al firmar el Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático.
Vuelvo al principio y al poema de Baldomero Fernández Moreno. Creo que con esta estructura y esta articulación entre organizaciones y militancias ambientales estamos sembrando los balcones para que florezcan las flores. Entonces, pido que sea ley.
Gracias a todos y a todas por este trabajo.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la diputada Mendoza.
SRA. MENDOZA Muchas gracias, presidente.
Seré muy breve por respeto a todos nosotros y también a aquellos que están siguiendo la reunión desde temprano. Por supuesto celebro el tratamiento y la posibilidad de dictaminar para lograr la necesaria ley de humedales. Como ya se dijo, se estuvo trabajando durante mucho tiempo. Por eso, me parece importantísimo remarcar el enorme esfuerzo no sólo de los autores de los distintos proyectos, sino también de sus asesores y de las organizaciones que desde hace muchos meses vienen trabajando en conjunto.
Hoy se comentaba que cerca del mediodía, a través de Change, se habían juntado más de medio millón de firmas, y seguramente se reunirán muchas más. También recibimos el apoyo de las organizaciones, la mayoría de ellas protagonizadas por jóvenes, y me parece que eso tiene mucho que ver con la discusión que estamos dando. De repente alguien puede estar haciendo zapping en la televisión y ver el tratamiento en esta comisión, y pensaba que a veces caemos en los tecnicismos, lo que está muy bien, porque eso es lo que estamos discutiendo y partimos de allí para llegar a un dictamen consensuado. También pensaba que si tuviéramos que explicar por qué hace tanto tiempo hay tantas organizaciones y un colectivo reclamando la necesidad de contar con una ley de humedales y su posterior implementación y por qué la estamos discutiendo, sin dudas algo ya se mencionó. Efectivamente, esto tiene que ver muchísimo con que todos estamos de acuerdo, incluso a pesar de las diferencias en los criterios de armado y presentación de determinados proyectos. No escuché a nadie decir que no está de acuerdo con la necesidad de proteger los humedales. Eso me parece fundamental porque, si hablamos de los servicios sistémicos que brindan los humedales, sin dudas es muy importante que logremos avanzar en este dictamen. ¿Por qué? Porque, como ya se mencionó, necesitamos repensar nuestro sistema económico productivo. La protección de los humedales tiene mucho que ver con esto que necesitamos repensar y discutir en el sentido de que se amiguen el desarrollo y la producción con la protección del ambiente, la salud de las personas y que podamos garantizar el disfrute a las próximas generaciones de este planeta, donde todos vivimos y también disfrutamos. Esto me parece importante remarcarlo. Por supuesto, a partir de los consensos trabajados, los jóvenes y las distintas organizaciones que vienen insistiendo en la necesidad de esta ley de humedales, hoy estamos a punto de dictaminar. Sinceramente es más que valorable el trabajo que se ha venido haciendo en este tiempo. Agradezco y espero que una vez dictaminado en esta comisión, pueda seguir su curso en las demás comisiones. Sin dudas tiene que darse el tratamiento para que en algún momento podamos discutirlo en el recinto. Muchas gracias.
Seré muy breve por respeto a todos nosotros y también a aquellos que están siguiendo la reunión desde temprano. Por supuesto celebro el tratamiento y la posibilidad de dictaminar para lograr la necesaria ley de humedales. Como ya se dijo, se estuvo trabajando durante mucho tiempo. Por eso, me parece importantísimo remarcar el enorme esfuerzo no sólo de los autores de los distintos proyectos, sino también de sus asesores y de las organizaciones que desde hace muchos meses vienen trabajando en conjunto.
Hoy se comentaba que cerca del mediodía, a través de Change, se habían juntado más de medio millón de firmas, y seguramente se reunirán muchas más. También recibimos el apoyo de las organizaciones, la mayoría de ellas protagonizadas por jóvenes, y me parece que eso tiene mucho que ver con la discusión que estamos dando. De repente alguien puede estar haciendo zapping en la televisión y ver el tratamiento en esta comisión, y pensaba que a veces caemos en los tecnicismos, lo que está muy bien, porque eso es lo que estamos discutiendo y partimos de allí para llegar a un dictamen consensuado. También pensaba que si tuviéramos que explicar por qué hace tanto tiempo hay tantas organizaciones y un colectivo reclamando la necesidad de contar con una ley de humedales y su posterior implementación y por qué la estamos discutiendo, sin dudas algo ya se mencionó. Efectivamente, esto tiene que ver muchísimo con que todos estamos de acuerdo, incluso a pesar de las diferencias en los criterios de armado y presentación de determinados proyectos. No escuché a nadie decir que no está de acuerdo con la necesidad de proteger los humedales. Eso me parece fundamental porque, si hablamos de los servicios sistémicos que brindan los humedales, sin dudas es muy importante que logremos avanzar en este dictamen. ¿Por qué? Porque, como ya se mencionó, necesitamos repensar nuestro sistema económico productivo. La protección de los humedales tiene mucho que ver con esto que necesitamos repensar y discutir en el sentido de que se amiguen el desarrollo y la producción con la protección del ambiente, la salud de las personas y que podamos garantizar el disfrute a las próximas generaciones de este planeta, donde todos vivimos y también disfrutamos. Esto me parece importante remarcarlo. Por supuesto, a partir de los consensos trabajados, los jóvenes y las distintas organizaciones que vienen insistiendo en la necesidad de esta ley de humedales, hoy estamos a punto de dictaminar. Sinceramente es más que valorable el trabajo que se ha venido haciendo en este tiempo. Agradezco y espero que una vez dictaminado en esta comisión, pueda seguir su curso en las demás comisiones. Sin dudas tiene que darse el tratamiento para que en algún momento podamos discutirlo en el recinto. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Obeid.
SRA. OBEID Gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todas. Yo también voy a ser respetuosa con los tiempos.
Traté de resumir dos consideraciones que creo importante dejar plasmadas hoy. Por un lado, las consideraciones políticas y, por el otro, las relativas específicamente a mi provincia.
Con respecto a las consideraciones políticas, inicié mi función de diputada el 10 de diciembre pasado. Este es mi primer año en el Congreso con la gestión del presidente Sergio Massa y la verdad es que no sabía cómo iba a ser el trabajo porque, además de ser una gestión nueva, teníamos y tenemos una pandemia. Lo digo haciendo una comparación con la gestión anterior. La verdad es que estoy gratamente sorprendida porque tenemos un Congreso que buscó la forma de trabajar, sesionar y reunir sus comisiones.
Acerca de esta comisión, al principio de la reunión el señor presidente hizo mención de las cuatro reuniones informativas que tuvimos sobre el proyecto de ley de humedales, los cincuenta y cinco expositores, las nueve reuniones con los asesores de los diputados autores de estas iniciativas, las cinco reuniones con los equipos, las setecientas mil firmas reunidas y entregadas por las organizaciones ambientales, sociales, campesinas, etcétera, y los ocho años de recorrido de estos proyectos de ley en el Congreso.
Con respecto a este proyecto, quizás me tocó la parte más linda porque hoy, en esta comisión, estamos a punto de dictaminar. Es noble reconocer que siento que tomé la posta de mi compañera de la provincia de Santa Fe, también militante de este tema, hoy es diputada provincial, Lucila De Ponti.
Estas son las consideraciones generales sobre la unificación de los proyectos que hoy estamos tratando.
Por otro lado, quiero hacer consideraciones específicas sobre mi provincia. Acerca del tema de la ley de humedales, estamos hablando de qué vamos a proteger. Más allá de las seis grandes regiones de humedales que tiene nuestro país, en mi provincia de Santa Fe, señor presidente, vamos a proteger tres humedales. Primero, la laguna Melincué en el departamento General López y, para que se ubiquen, está al sur de mi provincia en el límite con Buenos Aires. Segundo, el delta e islas del Paraná, que es biprovincial y comprende una parte del departamento San Jerónimo, más al centro de la provincia de Santa Fe, y la sección de islas del departamento Diamante de la provincia de Entre Ríos -que no me pongo de pie porque estoy hablando-, pero nací en Diamante, así que es una especie de humedal provincial. Tercero, quizás mi preferido, está ubicado al norte de la provincia de Santa Fe, es Jaaukanigás, que en lengua nipona quiere decir "gente del agua". Este humedal está ubicado en el departamento General Obligado, exactamente al noroeste de la provincia y es la región más diversa en plantas y animales de la provincia de Santa Fe. Además es una de las más ricas en todo el territorio argentino. Tiene 429.000 hectáreas de riachos, arroyos lagunas, esteros e islas.
¿Qué protegemos además, específicamente? Trecientas especies de peces, treinta y seis especies de anfibios, cincuenta especies de reptiles, trescientas especies de aves, sesenta y ocho especies de mamíferos, y así podemos seguir la lista, juntando estos tres humedales que tiene mi querida provincia de Santa Fe.
La verdad es que hoy me siento orgullosa de coronar todo este trabajo y poder votar una ley para que los proteja.
Tengo que ser sincera, me preocupan frases como la que escuché recién del diputado preopinante cuando hablaba de las restricciones que va a tener su provincia, desde el punto de vista productivo.
Nosotros como legisladores y como hombres y mujeres de la política también tenemos que buscar los equilibrios. Se me venía a la mente -y con esto termino, señor presidente, diputados, diputadas y a los que están presentes- que hace un par de reuniones atrás, la diputada Camaño trajo una carta del General Juan Domingo Perón, la carta que escribió en 1972, un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo.
Si no me equivoco -después la diputada Camaño me podrá corregir-, pero creo que allí hay una frase muy cortita que dice el general Juan Domingo Perón: "Cada Nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales; pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos."
La última frase de la carta mencionada dice: "El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o de pueblos."
Pensaba que tal como aprendimos en esta pandemia a que cuidándonos nosotros, estamos cuidando al otro, tan bien lo refleja esta frase donde lo que tenemos que hacer es poner el derecho de la subsistencia individual sobre la supervivencia colectiva.
Me parece que ese es el ejercicio que tenemos que hacer. No preocuparnos quizás tanto por las restricciones desde el punto de vista productivo, sino tratar de buscar un equilibrio y tratar de buscar, por supuesto, una armonía; pero siempre poniendo en primer lugar el bien común y el bien de todos, todas y todes.
Así que esperemos que pronto se convierta en ley, señor presidente. Muchas gracias por este año de aprendizajes y de trabajo. Una muestra de eso es la comisión de hoy en la que ya llevamos votadas tres leyes, ocho declaraciones y resoluciones, salvo algunos diputados que no brindaron su apoyo en algunas iniciativas, pero espero que ahora sí nos acompañen en este proyecto de ley de humedales. Muchas gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todas.
Traté de resumir dos consideraciones que creo importante dejar plasmadas hoy. Por un lado, las consideraciones políticas y, por el otro, las relativas específicamente a mi provincia.
Con respecto a las consideraciones políticas, inicié mi función de diputada el 10 de diciembre pasado. Este es mi primer año en el Congreso con la gestión del presidente Sergio Massa y la verdad es que no sabía cómo iba a ser el trabajo porque, además de ser una gestión nueva, teníamos y tenemos una pandemia. Lo digo haciendo una comparación con la gestión anterior. La verdad es que estoy gratamente sorprendida porque tenemos un Congreso que buscó la forma de trabajar, sesionar y reunir sus comisiones.
Acerca de esta comisión, al principio de la reunión el señor presidente hizo mención de las cuatro reuniones informativas que tuvimos sobre el proyecto de ley de humedales, los cincuenta y cinco expositores, las nueve reuniones con los asesores de los diputados autores de estas iniciativas, las cinco reuniones con los equipos, las setecientas mil firmas reunidas y entregadas por las organizaciones ambientales, sociales, campesinas, etcétera, y los ocho años de recorrido de estos proyectos de ley en el Congreso.
Con respecto a este proyecto, quizás me tocó la parte más linda porque hoy, en esta comisión, estamos a punto de dictaminar. Es noble reconocer que siento que tomé la posta de mi compañera de la provincia de Santa Fe, también militante de este tema, hoy es diputada provincial, Lucila De Ponti.
Estas son las consideraciones generales sobre la unificación de los proyectos que hoy estamos tratando.
Por otro lado, quiero hacer consideraciones específicas sobre mi provincia. Acerca del tema de la ley de humedales, estamos hablando de qué vamos a proteger. Más allá de las seis grandes regiones de humedales que tiene nuestro país, en mi provincia de Santa Fe, señor presidente, vamos a proteger tres humedales. Primero, la laguna Melincué en el departamento General López y, para que se ubiquen, está al sur de mi provincia en el límite con Buenos Aires. Segundo, el delta e islas del Paraná, que es biprovincial y comprende una parte del departamento San Jerónimo, más al centro de la provincia de Santa Fe, y la sección de islas del departamento Diamante de la provincia de Entre Ríos -que no me pongo de pie porque estoy hablando-, pero nací en Diamante, así que es una especie de humedal provincial. Tercero, quizás mi preferido, está ubicado al norte de la provincia de Santa Fe, es Jaaukanigás, que en lengua nipona quiere decir "gente del agua". Este humedal está ubicado en el departamento General Obligado, exactamente al noroeste de la provincia y es la región más diversa en plantas y animales de la provincia de Santa Fe. Además es una de las más ricas en todo el territorio argentino. Tiene 429.000 hectáreas de riachos, arroyos lagunas, esteros e islas.
¿Qué protegemos además, específicamente? Trecientas especies de peces, treinta y seis especies de anfibios, cincuenta especies de reptiles, trescientas especies de aves, sesenta y ocho especies de mamíferos, y así podemos seguir la lista, juntando estos tres humedales que tiene mi querida provincia de Santa Fe.
La verdad es que hoy me siento orgullosa de coronar todo este trabajo y poder votar una ley para que los proteja.
Tengo que ser sincera, me preocupan frases como la que escuché recién del diputado preopinante cuando hablaba de las restricciones que va a tener su provincia, desde el punto de vista productivo.
Nosotros como legisladores y como hombres y mujeres de la política también tenemos que buscar los equilibrios. Se me venía a la mente -y con esto termino, señor presidente, diputados, diputadas y a los que están presentes- que hace un par de reuniones atrás, la diputada Camaño trajo una carta del General Juan Domingo Perón, la carta que escribió en 1972, un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo.
Si no me equivoco -después la diputada Camaño me podrá corregir-, pero creo que allí hay una frase muy cortita que dice el general Juan Domingo Perón: "Cada Nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales; pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos."
La última frase de la carta mencionada dice: "El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o de pueblos."
Pensaba que tal como aprendimos en esta pandemia a que cuidándonos nosotros, estamos cuidando al otro, tan bien lo refleja esta frase donde lo que tenemos que hacer es poner el derecho de la subsistencia individual sobre la supervivencia colectiva.
Me parece que ese es el ejercicio que tenemos que hacer. No preocuparnos quizás tanto por las restricciones desde el punto de vista productivo, sino tratar de buscar un equilibrio y tratar de buscar, por supuesto, una armonía; pero siempre poniendo en primer lugar el bien común y el bien de todos, todas y todes.
Así que esperemos que pronto se convierta en ley, señor presidente. Muchas gracias por este año de aprendizajes y de trabajo. Una muestra de eso es la comisión de hoy en la que ya llevamos votadas tres leyes, ocho declaraciones y resoluciones, salvo algunos diputados que no brindaron su apoyo en algunas iniciativas, pero espero que ahora sí nos acompañen en este proyecto de ley de humedales. Muchas gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todas.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Fregonese.
Tiene la palabra la diputada Fregonese.
SRA. FREGONESE Muchas gracias, señor presidente.
Como sé que el tiempo es muy corto, en estos pocos minutos, voy a explicar las diferencias que tenemos con el dictamen que estamos discutiendo y por qué vamos a compartir...
Como sé que el tiempo es muy corto, en estos pocos minutos, voy a explicar las diferencias que tenemos con el dictamen que estamos discutiendo y por qué vamos a compartir...
Se interrumpe el audio.
SRA. FREGONESE En primer lugar, quiero agradecer todas estas reuniones que tuvimos, la buena predisposición y disposición de todas mis colegas para discutir este tema, que es un tema muy importante y que todos entendemos que tiene que haber una ley de humedales y también que tenemos que protegerlos.
Además, y eso es un poco lo que quiero plantear, el desafío más grande que tenemos nosotros es cómo proteger el ambiente y además poder seguir produciendo. En ese sentido, me parece que más allá de prohibir, yo siempre voy por las buenas prácticas porque creo que nosotros tenemos que llevar adelante buenas prácticas agropecuarias.
De hecho, vivo en Entre Ríos, soy entrerriana, estoy en el campo y pertenezco a muchas instituciones y organizaciones que trabajan sobre buenas prácticas.
Entonces, quiero reivindicar la necesidad de armonizar el ambiente, el cuidado del ambiente y de la producción.
Después, por otro lado, la diferencia un poco también está en la definición. Nosotros elegimos la definición de Ramsar porque debemos tener mucha claridad en cuanto a la definición de lo que es un humedal y, a veces, con una definición un poco más amplia o que toman más indicadores, podemos llegar a tener una mala interpretación.
Nosotros tenemos 124 millones de hectáreas de zona húmeda y tenemos 30 millones de hectáreas de humedales. Me parece que es importante poder tener una buena definición para ver sobre qué vamos a estar trabajando.
Otra de las grandes diferencias también es la jurisdicción de la definición del inventario. Nosotros creemos y lo establece el artículo 124 que depende de las provincias.
Entonces, más allá de que hay un gran intento de poder unificar el proyecto, entendemos que tiene que ser la provincia con la ayuda de Nación la que establezca el inventario y después también el ordenamiento.
Me parece que es muy importante el rol de la provincia en el inventario. Vuelvo a decir: coincido en que hay muchas prácticas que no son buenas, pero tenemos que volver sobre el control, sobre el monitoreo, sobre la sanción cuando se hacen las cosas mal. No estoy negando nada, simplemente, lo que estoy diciendo es que trabajemos en positivo para mejorar las prácticas agropecuarias.
Otro de los temas es que si las provincias no tienen la capacidad para poder hacer el ordenamiento o establecer los humedales en cada jurisdicción, pueden tener la ayuda de Nación. Pero hay universidades en Entre Ríos, está el INTA, hay organismos estatales que también pueden ayudar en la definición de los humedales y en su ordenamiento.
Para finalizar, algunos proyectos avanzan sobre el ordenamiento desconociendo un poco el tipo de producción que tienen las provincias. Eso en definitiva lo que hace es, de alguna manera, impedir y terminar con parte de la producción que se realiza en provincias como la nuestra, en Entre Ríos, el tema citrícola, la nuez de pecán o la apicultura que son muy importantes porque generan empleo, crecimiento y desarrollo.
Nosotros entendemos que debemos tener un ambiente sano, pero también debemos tener una producción sostenible, social, ambiental y económicamente.
Entonces, por eso lo que quiero decir es que nosotros tenemos que legislar, es nuestro deber, no solo para el ambiente, sino para el desarrollo sostenible.
No es una posición ideológica, sino es una responsabilidad que tenemos nosotros como diputados para poder tener un país federal y que cada provincia pueda crecer y desarrollar.
Además, y eso es un poco lo que quiero plantear, el desafío más grande que tenemos nosotros es cómo proteger el ambiente y además poder seguir produciendo. En ese sentido, me parece que más allá de prohibir, yo siempre voy por las buenas prácticas porque creo que nosotros tenemos que llevar adelante buenas prácticas agropecuarias.
De hecho, vivo en Entre Ríos, soy entrerriana, estoy en el campo y pertenezco a muchas instituciones y organizaciones que trabajan sobre buenas prácticas.
Entonces, quiero reivindicar la necesidad de armonizar el ambiente, el cuidado del ambiente y de la producción.
Después, por otro lado, la diferencia un poco también está en la definición. Nosotros elegimos la definición de Ramsar porque debemos tener mucha claridad en cuanto a la definición de lo que es un humedal y, a veces, con una definición un poco más amplia o que toman más indicadores, podemos llegar a tener una mala interpretación.
Nosotros tenemos 124 millones de hectáreas de zona húmeda y tenemos 30 millones de hectáreas de humedales. Me parece que es importante poder tener una buena definición para ver sobre qué vamos a estar trabajando.
Otra de las grandes diferencias también es la jurisdicción de la definición del inventario. Nosotros creemos y lo establece el artículo 124 que depende de las provincias.
Entonces, más allá de que hay un gran intento de poder unificar el proyecto, entendemos que tiene que ser la provincia con la ayuda de Nación la que establezca el inventario y después también el ordenamiento.
Me parece que es muy importante el rol de la provincia en el inventario. Vuelvo a decir: coincido en que hay muchas prácticas que no son buenas, pero tenemos que volver sobre el control, sobre el monitoreo, sobre la sanción cuando se hacen las cosas mal. No estoy negando nada, simplemente, lo que estoy diciendo es que trabajemos en positivo para mejorar las prácticas agropecuarias.
Otro de los temas es que si las provincias no tienen la capacidad para poder hacer el ordenamiento o establecer los humedales en cada jurisdicción, pueden tener la ayuda de Nación. Pero hay universidades en Entre Ríos, está el INTA, hay organismos estatales que también pueden ayudar en la definición de los humedales y en su ordenamiento.
Para finalizar, algunos proyectos avanzan sobre el ordenamiento desconociendo un poco el tipo de producción que tienen las provincias. Eso en definitiva lo que hace es, de alguna manera, impedir y terminar con parte de la producción que se realiza en provincias como la nuestra, en Entre Ríos, el tema citrícola, la nuez de pecán o la apicultura que son muy importantes porque generan empleo, crecimiento y desarrollo.
Nosotros entendemos que debemos tener un ambiente sano, pero también debemos tener una producción sostenible, social, ambiental y económicamente.
Entonces, por eso lo que quiero decir es que nosotros tenemos que legislar, es nuestro deber, no solo para el ambiente, sino para el desarrollo sostenible.
No es una posición ideológica, sino es una responsabilidad que tenemos nosotros como diputados para poder tener un país federal y que cada provincia pueda crecer y desarrollar.
Se interrumpe el audio.
SRA. FREGONESE Nosotros vamos a acompañar el proyecto del diputado Vara y los invito a que lo acompañen. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, diputada.
Tiene la palabra el diputado Enrique Estévez.
Tiene la palabra el diputado Enrique Estévez.
SR. ESTÉVEZ Gracias, señor presidente. Menos mal que en la última sesión aprobamos la ley Yolanda. Creo que es importante que podamos aplicarla a la brevedad porque nosotros hoy estamos en un día muy importante.
Yo voy a ser honesto con usted públicamente porque también se lo he dicho en privado. Creo que lo que estamos haciendo hoy es un gran avance. Quiero destacar su trabajo como presidente, aunque quizás uno hubiera destacado algunos otros puntos. Creo que fue muy importante el trabajo que se hizo para tratar de construir un consenso.
Quiero destacar en esto la labor de todas las personas, de las organizaciones, de los especialistas, de las universidades y de las instituciones que trabajaron en las reuniones de comisión informativas. También quiero resaltar el trabajo de los asesores y las asesoras de todos los bloques, quienes realmente lo han hecho a conciencia, han estudiado en profundidad los temas y dedicado muchísimas horas de su tiempo para que hoy podamos considerar este proyecto.
Lamentablemente, tal como ocurre con otros temas, en general las organizaciones -en este caso, ambientalistas- vienen dando debates más rápido de lo que lo hacemos en el Congreso de la Nación. Este tema es complejo, porque hay situaciones que no dan para más. No es que en cada debate hay buenos y malos; hay costumbres arraigadas muy fuertemente en nuestra cultura que tenemos que cambiar. No es fácil hacerlo, pero debemos empujar y posibilitar ese cambio, fundamentalmente generando conciencia. Es un cambio cultural que, incluso, quizá sea más fácil que el cambio estructural que requiere nuestro sistema productivo. No es imposible tener un plan de desarrollo sostenible en la Argentina, aunque creo que tanto dicho plan como aquel objetivo nos llevarán muchísimo tiempo.
Hoy daremos un paso muy importante. Espero sinceramente que las autoridades de las otras comisiones traten este proyecto con la mayor celeridad posible. Ojalá tengamos una ley de humedales antes de que termine el año en curso porque, al menos desde el punto de vista legal, aunque también del simbólico, es importante contar con una norma.
Si hablo de simbolismo es porque sabemos que las leyes, automáticamente, no modifican la realidad; menos aún cuando nos referimos a cuestiones culturales o estructurales -como decía- relacionadas con un modelo productivo. En este sentido, los Estados nacional y provinciales deberán reformarse para ejercer las potestades que les daremos a través de esta norma. Tenemos ese desafío importante y no solo desde el punto de vista medioambiental.
Agradezco nuevamente la predisposición de toda la gente que trabajó sobre el tema durante tantos años, a los diputados, a las diputadas y a los senadores de mandato cumplido que han hecho punta en este debate.
Es una enorme alegría para el bloque Socialista haber hecho un aporte a este dictamen porque estamos convencidos de que es un avance muy importante. Muchas gracias a todos y a todas, y felicitaciones por el trabajo logrado.
Yo voy a ser honesto con usted públicamente porque también se lo he dicho en privado. Creo que lo que estamos haciendo hoy es un gran avance. Quiero destacar su trabajo como presidente, aunque quizás uno hubiera destacado algunos otros puntos. Creo que fue muy importante el trabajo que se hizo para tratar de construir un consenso.
Quiero destacar en esto la labor de todas las personas, de las organizaciones, de los especialistas, de las universidades y de las instituciones que trabajaron en las reuniones de comisión informativas. También quiero resaltar el trabajo de los asesores y las asesoras de todos los bloques, quienes realmente lo han hecho a conciencia, han estudiado en profundidad los temas y dedicado muchísimas horas de su tiempo para que hoy podamos considerar este proyecto.
Lamentablemente, tal como ocurre con otros temas, en general las organizaciones -en este caso, ambientalistas- vienen dando debates más rápido de lo que lo hacemos en el Congreso de la Nación. Este tema es complejo, porque hay situaciones que no dan para más. No es que en cada debate hay buenos y malos; hay costumbres arraigadas muy fuertemente en nuestra cultura que tenemos que cambiar. No es fácil hacerlo, pero debemos empujar y posibilitar ese cambio, fundamentalmente generando conciencia. Es un cambio cultural que, incluso, quizá sea más fácil que el cambio estructural que requiere nuestro sistema productivo. No es imposible tener un plan de desarrollo sostenible en la Argentina, aunque creo que tanto dicho plan como aquel objetivo nos llevarán muchísimo tiempo.
Hoy daremos un paso muy importante. Espero sinceramente que las autoridades de las otras comisiones traten este proyecto con la mayor celeridad posible. Ojalá tengamos una ley de humedales antes de que termine el año en curso porque, al menos desde el punto de vista legal, aunque también del simbólico, es importante contar con una norma.
Si hablo de simbolismo es porque sabemos que las leyes, automáticamente, no modifican la realidad; menos aún cuando nos referimos a cuestiones culturales o estructurales -como decía- relacionadas con un modelo productivo. En este sentido, los Estados nacional y provinciales deberán reformarse para ejercer las potestades que les daremos a través de esta norma. Tenemos ese desafío importante y no solo desde el punto de vista medioambiental.
Agradezco nuevamente la predisposición de toda la gente que trabajó sobre el tema durante tantos años, a los diputados, a las diputadas y a los senadores de mandato cumplido que han hecho punta en este debate.
Es una enorme alegría para el bloque Socialista haber hecho un aporte a este dictamen porque estamos convencidos de que es un avance muy importante. Muchas gracias a todos y a todas, y felicitaciones por el trabajo logrado.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, señor diputado. Damos fe de lo que acaba de decir, ya que lo hemos visto en reiteradas oportunidades impulsar el tratamiento de esta iniciativa. Una vez más, le agradecemos su participación.
Tiene la palabra la señora diputada García.
Tiene la palabra la señora diputada García.
SR. GARCÍA Señor presidente: seré breve por respeto al tiempo de mis colegas.
Celebro que estemos avanzando y dictaminando, por supuesto teniendo presente las disidencias expuestas por la señora diputada Brenda Austin. A pesar de no ser miembro de esta comisión, soy coautora junto a ella y el señor diputado Gustavo Menna de una iniciativa que fue acompañada por más de veinte diputados del interbloque Juntos por el Cambio.
Ha sido un año de intensas conversaciones. Por eso felicito el trabajo que han hecho desde la comisión, donde han escuchado a actores y referentes de todos los sectores que hoy tienen intereses en el tema. Por supuesto, hay diferencias y diversas opiniones sobre la letra del proyecto que hacen posible que éste tenga vigencia formal y material, e impiden que caiga en letra muerta. Las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad se han apropiado de la propuesta. Hemos dialogado con las universidades, con la comunidad científica, con el INTA, con instituciones que representan al agro y al sector productivo, y con organizaciones ambientales. A partir de todo esto trabajamos fuertemente.
Agradecemos a los asesores que trabajaron hasta el último minuto para que podamos contar con un texto representativo, que sintetice todos los intereses que hoy, por supuesto, genera un proyecto de ley de humedales que efectivamente complemente las diversas miradas. Tenemos que trabajar en una mirada equilibrada, donde complementemos el desarrollo productivo con la protección ambiental y el cuidado de la comunidad. No debemos tender a esa posición fundamentalista que bloquea los debates, sino que, por el contrario, debemos trabajar para salir de esos prejuicios ideológicos para concretar en conjunto aquellas normas que permitan regular los ecosistemas productivos que tienen servicios ecosistémicos valiosísimos, como bien lo expusieron los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
Por otro lado, quiero remarcar que tenemos disidencias con este dictamen único. Consideramos importantísima la prelación entre el inventario nacional y el ordenamiento territorial que deben realizar las provincias. Este es un insumo necesario de información científica para que las provincias puedan hacer su ordenamiento territorial. En ese sentido, las provincias deben aprobar por ley su ordenamiento territorial.
También consideramos importante remarcar la desjerarquización del inventario nacional. Necesitamos identificar la situación; debemos conocer primero para luego ordenar, no al revés. No se puede ordenar sin información o con desconocimiento.
Uno de los puntos que nos parece importante entender es que los humedales son diversos y que por ello se requiere información científica. Respecto del ordenamiento territorial, debe haber un ordenamiento según categorías, tal como lo propusimos en nuestro proyecto: categorías roja, amarilla y verde. Esta última permite el uso de sustancias químicas con criterio de sostenibilidad, pero en el entendimiento de que son ecosistemas donde se debe seguir produciendo.
Otro de los puntos, que muy bien expuso el diputado Martín Berhongaray, son las obras que se realizan en los humedales, y la gestión de las cuencas y de los humedales interjurisdiccionales.
En ese sentido, quiero agregar que es un día para celebrar porque este Congreso tiene una deuda: una ley que regule, proteja, cuide y establezca el uso racional y sostenible de los humedales. A su vez, tenemos una obligación convencional y debemos cumplir con compromisos internacionales, como la suscripción de la Convención de Ramsar y la manda constitucional del artículo 41. Por eso, requerimos y necesitamos avanzar con esta ley de humedales. Tenemos que dar ese gesto a la sociedad y, partir de eso, repensar la forma en que producimos.
Por otro lado, debemos avanzar en la idea de producción sostenible que posibilite el desarrollo económico con la protección ambiental y con beneficios para toda la sociedad. Muchas gracias.
Celebro que estemos avanzando y dictaminando, por supuesto teniendo presente las disidencias expuestas por la señora diputada Brenda Austin. A pesar de no ser miembro de esta comisión, soy coautora junto a ella y el señor diputado Gustavo Menna de una iniciativa que fue acompañada por más de veinte diputados del interbloque Juntos por el Cambio.
Ha sido un año de intensas conversaciones. Por eso felicito el trabajo que han hecho desde la comisión, donde han escuchado a actores y referentes de todos los sectores que hoy tienen intereses en el tema. Por supuesto, hay diferencias y diversas opiniones sobre la letra del proyecto que hacen posible que éste tenga vigencia formal y material, e impiden que caiga en letra muerta. Las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad se han apropiado de la propuesta. Hemos dialogado con las universidades, con la comunidad científica, con el INTA, con instituciones que representan al agro y al sector productivo, y con organizaciones ambientales. A partir de todo esto trabajamos fuertemente.
Agradecemos a los asesores que trabajaron hasta el último minuto para que podamos contar con un texto representativo, que sintetice todos los intereses que hoy, por supuesto, genera un proyecto de ley de humedales que efectivamente complemente las diversas miradas. Tenemos que trabajar en una mirada equilibrada, donde complementemos el desarrollo productivo con la protección ambiental y el cuidado de la comunidad. No debemos tender a esa posición fundamentalista que bloquea los debates, sino que, por el contrario, debemos trabajar para salir de esos prejuicios ideológicos para concretar en conjunto aquellas normas que permitan regular los ecosistemas productivos que tienen servicios ecosistémicos valiosísimos, como bien lo expusieron los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
Por otro lado, quiero remarcar que tenemos disidencias con este dictamen único. Consideramos importantísima la prelación entre el inventario nacional y el ordenamiento territorial que deben realizar las provincias. Este es un insumo necesario de información científica para que las provincias puedan hacer su ordenamiento territorial. En ese sentido, las provincias deben aprobar por ley su ordenamiento territorial.
También consideramos importante remarcar la desjerarquización del inventario nacional. Necesitamos identificar la situación; debemos conocer primero para luego ordenar, no al revés. No se puede ordenar sin información o con desconocimiento.
Uno de los puntos que nos parece importante entender es que los humedales son diversos y que por ello se requiere información científica. Respecto del ordenamiento territorial, debe haber un ordenamiento según categorías, tal como lo propusimos en nuestro proyecto: categorías roja, amarilla y verde. Esta última permite el uso de sustancias químicas con criterio de sostenibilidad, pero en el entendimiento de que son ecosistemas donde se debe seguir produciendo.
Otro de los puntos, que muy bien expuso el diputado Martín Berhongaray, son las obras que se realizan en los humedales, y la gestión de las cuencas y de los humedales interjurisdiccionales.
En ese sentido, quiero agregar que es un día para celebrar porque este Congreso tiene una deuda: una ley que regule, proteja, cuide y establezca el uso racional y sostenible de los humedales. A su vez, tenemos una obligación convencional y debemos cumplir con compromisos internacionales, como la suscripción de la Convención de Ramsar y la manda constitucional del artículo 41. Por eso, requerimos y necesitamos avanzar con esta ley de humedales. Tenemos que dar ese gesto a la sociedad y, partir de eso, repensar la forma en que producimos.
Por otro lado, debemos avanzar en la idea de producción sostenible que posibilite el desarrollo económico con la protección ambiental y con beneficios para toda la sociedad. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra la señora diputada Vilar.
Tiene la palabra la señora diputada Vilar.
SRA. VILAR Señor presidente: agradezco a todas y a todos los que integraron los equipos de trabajo. Sin dudas fue una tarea muy exhaustiva y, fundamentalmente, de mucho compromiso.
La introducción que quiero hacer va a ser redundante, pero, sin dudas, necesaria, porque es necesario destacar que tuvimos cuatro reuniones informativas con especialistas, con la militancia ambiental, con distintos representantes de la sociedad civil, con las ONG, con expertos académicos, con científicos y científicas. ¿Por qué destacamos esto? Porque realmente creemos que las políticas públicas se construyen así, de manera colaborativa, escuchando las voces de los expertos; esto es, de los actores y las actoras involucradas en el proceso.
Tenemos la certeza de que hay que avanzar hacia un paradigma de gestión pública abierta, participativa y transparente. No hay dudas de que estos son los espacios que tenemos que seguir generando desde el Congreso y, particularmente, desde esta Cámara de Diputados.
De manera que felicitamos a todas y a todos los asesores y al equipo del presidente de esta comisión por la vocación que mostraron a la hora de redactar este dictamen. Considero que este tipo de participación es fundamental porque estamos hablando de la regulación de un espectro amplio del territorio nacional, que presenta mucha heterogeneidad y diversidad. Habría sido difícil ordenar esta legislación sin el aporte de todos y todas los que participaron.
En el marco de este debate, la ley de humedales tiene que ser un instrumento para la política pública. Hoy hay muchos problemas para gestionar los humedales de nuestro país. Muchos de ellos, que conocemos y atravesamos actualmente -como la contaminación y las gravísimas inundaciones-, están directamente relacionados con el tema del manejo, que todos y todas mencionaron acá.
No obstante, me gustaría destacar tres puntos sobre el debate de este proyecto de ley. Por un lado, la salud de las personas. La salud de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo argentino está directamente relacionada con la existencia y protección de los humedales. Estos son reservorios de biodiversidad. Existe una vinculación directa entre los humedales y el bienestar. Lo digo desde la verdad relativa de una vecina como yo, que vive en el conurbano bonaerense. En un momento en el que está tan en boga la discusión entre ambiente y salud, entre ambiente y calidad de vida, no es menor destacar esto.
Hoy en día -ya lo dijimos, pero me parece importante volver a destacarlo- la tasa de pérdida, de degradación, es del 80 por ciento. Sobre esto hay que actuar de manera urgente. No lo decimos solamente nosotros ni los que estamos en esta comisión, sino la sociedad argentina en general. Pienso que esta escucha activa constituye una gran gestualidad, así como dar esta herramienta de política pública.
Desde el lugar donde vivimos y militamos también me parece importante trabajar sobre la gestión de los residuos, porque casi la totalidad de la basura que generamos termina contaminando los humedales y luego, por ende, los acuíferos. Después hay poblaciones que van a acceder a esa agua. A escala urbana, el problema es dramático, en particular en nuestro conurbano y en todo el AMBA. Estas son cosas que profundizan la pobreza.
Quiero plantear brevemente dos temas más.
- Se interrumpe el audio.
La introducción que quiero hacer va a ser redundante, pero, sin dudas, necesaria, porque es necesario destacar que tuvimos cuatro reuniones informativas con especialistas, con la militancia ambiental, con distintos representantes de la sociedad civil, con las ONG, con expertos académicos, con científicos y científicas. ¿Por qué destacamos esto? Porque realmente creemos que las políticas públicas se construyen así, de manera colaborativa, escuchando las voces de los expertos; esto es, de los actores y las actoras involucradas en el proceso.
Tenemos la certeza de que hay que avanzar hacia un paradigma de gestión pública abierta, participativa y transparente. No hay dudas de que estos son los espacios que tenemos que seguir generando desde el Congreso y, particularmente, desde esta Cámara de Diputados.
De manera que felicitamos a todas y a todos los asesores y al equipo del presidente de esta comisión por la vocación que mostraron a la hora de redactar este dictamen. Considero que este tipo de participación es fundamental porque estamos hablando de la regulación de un espectro amplio del territorio nacional, que presenta mucha heterogeneidad y diversidad. Habría sido difícil ordenar esta legislación sin el aporte de todos y todas los que participaron.
En el marco de este debate, la ley de humedales tiene que ser un instrumento para la política pública. Hoy hay muchos problemas para gestionar los humedales de nuestro país. Muchos de ellos, que conocemos y atravesamos actualmente -como la contaminación y las gravísimas inundaciones-, están directamente relacionados con el tema del manejo, que todos y todas mencionaron acá.
No obstante, me gustaría destacar tres puntos sobre el debate de este proyecto de ley. Por un lado, la salud de las personas. La salud de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo argentino está directamente relacionada con la existencia y protección de los humedales. Estos son reservorios de biodiversidad. Existe una vinculación directa entre los humedales y el bienestar. Lo digo desde la verdad relativa de una vecina como yo, que vive en el conurbano bonaerense. En un momento en el que está tan en boga la discusión entre ambiente y salud, entre ambiente y calidad de vida, no es menor destacar esto.
Hoy en día -ya lo dijimos, pero me parece importante volver a destacarlo- la tasa de pérdida, de degradación, es del 80 por ciento. Sobre esto hay que actuar de manera urgente. No lo decimos solamente nosotros ni los que estamos en esta comisión, sino la sociedad argentina en general. Pienso que esta escucha activa constituye una gran gestualidad, así como dar esta herramienta de política pública.
Desde el lugar donde vivimos y militamos también me parece importante trabajar sobre la gestión de los residuos, porque casi la totalidad de la basura que generamos termina contaminando los humedales y luego, por ende, los acuíferos. Después hay poblaciones que van a acceder a esa agua. A escala urbana, el problema es dramático, en particular en nuestro conurbano y en todo el AMBA. Estas son cosas que profundizan la pobreza.
Quiero plantear brevemente dos temas más.
- Se interrumpe el audio.
SR. PRESIDENTE GROSSO Mientras se soluciona el problema técnico, vamos a dar la palabra al señor diputado Ferraro. Apelamos a su brevedad y capacidad de síntesis.
SR. FERRARO Señor presidente: muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas.
Trataré de ser muy breve porque sé que estamos próximos a dictaminar. Como usted y el resto de las diputadas y los diputados saben, soy autor de uno de los proyectos presentados. En este sentido, quisiera ratificar, en primer lugar, nuestra conformidad con que tengamos, de una buena vez por todas, una ley de humedales en la Argentina. Como muchos ya lo han remarcado, celebro el esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo para tratar de llegar a un dictamen unificado. Los asesores de todos los bloques parlamentarios han trabajado con mucha solvencia técnica y han discutido intensamente para llegar a este buen proyecto de ley vinculado con la protección de nuestros humedales.
Coincido con la diputada Austin y otros diputados y diputadas que han manifestado que creen que todavía tenemos oportunidad de mejorar la propuesta. Digo esto más allá de que me parece que el dictamen de hoy responde a una legítima demanda de la sociedad civil, que viene a dar respuestas a una de las deudas de este Parlamento con respecto a los humedales. Tenemos que asumir el compromiso de sancionar muy pronto una ley que, de alguna manera, nos ayude a revertir su degradación y marque la transición, si se quiere, hacia un nuevo paradigma de sostenibilidad justa.
La ley tiene que contar con herramientas operativas, con una autoridad de aplicación muy fortalecida y con un adecuado financiamiento que no descuide los importantes avances que vinimos teniendo en los últimos tiempos -gracias al trabajo conjunto del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, y el mundo académico y científico- en relación con la identificación y gestión de los humedales.
En este punto, señor presidente, nos parece importante remarcar que los instrumentos operativos puedan ser aplicados efectivamente al manejo. Por otro lado, creemos que el ordenamiento ambiental territorial debe ser sancionado por una ley provincial para garantizar que el resultado tenga que ver con lo que nosotros reivindicamos: un proceso deliberativo amplio con participación de la sociedad civil, los expertos y los espacios políticos.
Además, resulta clave fortalecer la autoridad nacional de aplicación para que pueda liderar la política pública y las acciones sean verdaderamente coordinadas con cada una de las jurisdicciones. Con esto me refiero al inventario, las técnicas del ordenamiento ambiental territorial, la evaluación y el fondo fiduciario.
Habría que ver de qué manera hacemos el esfuerzo para reasignar las partidas vinculadas con el presupuesto 2021, ya que vemos una cierta diferenciación con lo que es el inventario. Como usted sabe, señor presidente, durante este año no se ha iniciado un solo proyecto de inventario por fuera de los procesos ya comenzados en años anteriores en nuestro país.
Finalmente, como decía, creo que el dictamen de hoy responde a esta legítima demanda de la sociedad civil, que es una deuda que tenemos que tratar de cumplimentar en la Cámara de Diputados para que, de una vez por todas, haya una sanción definitiva que no tenga los problemas y los escollos de anteriores sanciones en el Congreso de la Nación.
Más allá de que hoy se va a dictaminar, también quiero pedir al oficialismo, al resto los bloques parlamentarios y a los autores de proyectos, diputados y diputadas, la voluntad de trabajo para que podamos seguir trabajando en mejorar la propuesta a la hora de llegar al recinto.
Trataré de ser muy breve porque sé que estamos próximos a dictaminar. Como usted y el resto de las diputadas y los diputados saben, soy autor de uno de los proyectos presentados. En este sentido, quisiera ratificar, en primer lugar, nuestra conformidad con que tengamos, de una buena vez por todas, una ley de humedales en la Argentina. Como muchos ya lo han remarcado, celebro el esfuerzo que se ha hecho durante todo este tiempo para tratar de llegar a un dictamen unificado. Los asesores de todos los bloques parlamentarios han trabajado con mucha solvencia técnica y han discutido intensamente para llegar a este buen proyecto de ley vinculado con la protección de nuestros humedales.
Coincido con la diputada Austin y otros diputados y diputadas que han manifestado que creen que todavía tenemos oportunidad de mejorar la propuesta. Digo esto más allá de que me parece que el dictamen de hoy responde a una legítima demanda de la sociedad civil, que viene a dar respuestas a una de las deudas de este Parlamento con respecto a los humedales. Tenemos que asumir el compromiso de sancionar muy pronto una ley que, de alguna manera, nos ayude a revertir su degradación y marque la transición, si se quiere, hacia un nuevo paradigma de sostenibilidad justa.
La ley tiene que contar con herramientas operativas, con una autoridad de aplicación muy fortalecida y con un adecuado financiamiento que no descuide los importantes avances que vinimos teniendo en los últimos tiempos -gracias al trabajo conjunto del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, y el mundo académico y científico- en relación con la identificación y gestión de los humedales.
En este punto, señor presidente, nos parece importante remarcar que los instrumentos operativos puedan ser aplicados efectivamente al manejo. Por otro lado, creemos que el ordenamiento ambiental territorial debe ser sancionado por una ley provincial para garantizar que el resultado tenga que ver con lo que nosotros reivindicamos: un proceso deliberativo amplio con participación de la sociedad civil, los expertos y los espacios políticos.
Además, resulta clave fortalecer la autoridad nacional de aplicación para que pueda liderar la política pública y las acciones sean verdaderamente coordinadas con cada una de las jurisdicciones. Con esto me refiero al inventario, las técnicas del ordenamiento ambiental territorial, la evaluación y el fondo fiduciario.
Habría que ver de qué manera hacemos el esfuerzo para reasignar las partidas vinculadas con el presupuesto 2021, ya que vemos una cierta diferenciación con lo que es el inventario. Como usted sabe, señor presidente, durante este año no se ha iniciado un solo proyecto de inventario por fuera de los procesos ya comenzados en años anteriores en nuestro país.
Finalmente, como decía, creo que el dictamen de hoy responde a esta legítima demanda de la sociedad civil, que es una deuda que tenemos que tratar de cumplimentar en la Cámara de Diputados para que, de una vez por todas, haya una sanción definitiva que no tenga los problemas y los escollos de anteriores sanciones en el Congreso de la Nación.
Más allá de que hoy se va a dictaminar, también quiero pedir al oficialismo, al resto los bloques parlamentarios y a los autores de proyectos, diputados y diputadas, la voluntad de trabajo para que podamos seguir trabajando en mejorar la propuesta a la hora de llegar al recinto.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: quiero agradecerle por la capacidad y la voluntad de organización que ha puesto desde su presidencia a esta comisión.
No voy a decir que estoy feliz ni que tenemos un episodio revolucionario entre manos porque este proyecto de fijar los presupuestos mínimos que la Constitución establece para los humedales, las zonas que mayor protección están necesitando en nuestro país, es viejo, y la única demostración que nosotros hacemos constantemente es de fracaso.
Fíjese, señor presidente, que en el año 2013 ingresa el primer proyecto de la mano del socialismo. A pesar de que, por ejemplo, en dos oportunidades, la representación de los Estados provinciales en el Senado le dio sanción, en Diputados siempre naufragamos. Hasta hubo compromisos presidenciales en la presentación del proyecto -no voy a decir quién para no ahondar más la grieta-, pero no se cumplió.
En nuestra Cámara, lamentablemente, siempre nos hacen tener un partenaire que tiene una visión prejuiciosa de lo que es la protección de los humedales o lo que nosotros estamos haciendo, que es establecer presupuestos mínimos. Acá no se está vulnerando la integridad territorial de ninguna provincia; bajo ningún punto de vista. Estamos sujetos y atados a lo que el artículo 41 de la Constitución nos permite hacer en materia ambiental, con el amplio reconocimiento de todas las potestades que tienen las provincias sobre los recursos naturales.
Ese partenaire prejuicioso, antes era la Comisión de Intereses Marítimos, porque se suponía que había agua; ahora es la Comisión de Agricultura y Ganadería, y ya tenemos algunos exponentes del sector que notamos de qué manera y con qué prejuicio empiezan a mirar el anteproyecto. Dimos un pequeño paso, un pequeñísimo paso. Este es el último día, el último momento para dictaminar en este período. Esta comisión, la que tiene el mayor compromiso con el tema ambiental, puede hacer esto porque hubo setecientos ciudadanos de organizaciones no gubernamentales que con su firma nos han pedido que suscribamos una sola iniciativa; miren qué inteligente es la sociedad. Hoy estamos firmando el dictamen con algunas disidencias.
Yo debo decir que todo lo que planteé respecto del preproyecto que salió de asesores fue aceptado; no obstante, voy a presentar una disidencia para asegurarme de que efectivamente las cuestiones que planteé estén en el dictamen.
A los jóvenes que han sido nombrados por diferentes diputados y a las organizaciones no gubernamentales, les digo que no bajen los brazos, porque los políticos somos terribles y en estos tiempos somos más terribles que nunca. No sé por qué, pero estamos haciendo todas las cosas mal. No bajen los brazos; sigan detrás de esta ley, sigan militando, sigan presionando, sigan exigiendo, porque de lo que se trata -esto va para los más jóvenes- es del ambiente donde van a vivir y criar a sus hijos y a sus nietos. Entonces, están cuidando lo que les corresponde. No bajen los brazos. Sigan militando, sigan exigiendo.
El año que viene este dictamen se tiene que tratar en la Comisión de Agricultura y Ganadería, que no es una comisión fácil para este tipo de temas. Así que hay que seguir militando y meter mucha fuerza para realmente...
No voy a decir que estoy feliz ni que tenemos un episodio revolucionario entre manos porque este proyecto de fijar los presupuestos mínimos que la Constitución establece para los humedales, las zonas que mayor protección están necesitando en nuestro país, es viejo, y la única demostración que nosotros hacemos constantemente es de fracaso.
Fíjese, señor presidente, que en el año 2013 ingresa el primer proyecto de la mano del socialismo. A pesar de que, por ejemplo, en dos oportunidades, la representación de los Estados provinciales en el Senado le dio sanción, en Diputados siempre naufragamos. Hasta hubo compromisos presidenciales en la presentación del proyecto -no voy a decir quién para no ahondar más la grieta-, pero no se cumplió.
En nuestra Cámara, lamentablemente, siempre nos hacen tener un partenaire que tiene una visión prejuiciosa de lo que es la protección de los humedales o lo que nosotros estamos haciendo, que es establecer presupuestos mínimos. Acá no se está vulnerando la integridad territorial de ninguna provincia; bajo ningún punto de vista. Estamos sujetos y atados a lo que el artículo 41 de la Constitución nos permite hacer en materia ambiental, con el amplio reconocimiento de todas las potestades que tienen las provincias sobre los recursos naturales.
Ese partenaire prejuicioso, antes era la Comisión de Intereses Marítimos, porque se suponía que había agua; ahora es la Comisión de Agricultura y Ganadería, y ya tenemos algunos exponentes del sector que notamos de qué manera y con qué prejuicio empiezan a mirar el anteproyecto. Dimos un pequeño paso, un pequeñísimo paso. Este es el último día, el último momento para dictaminar en este período. Esta comisión, la que tiene el mayor compromiso con el tema ambiental, puede hacer esto porque hubo setecientos ciudadanos de organizaciones no gubernamentales que con su firma nos han pedido que suscribamos una sola iniciativa; miren qué inteligente es la sociedad. Hoy estamos firmando el dictamen con algunas disidencias.
Yo debo decir que todo lo que planteé respecto del preproyecto que salió de asesores fue aceptado; no obstante, voy a presentar una disidencia para asegurarme de que efectivamente las cuestiones que planteé estén en el dictamen.
A los jóvenes que han sido nombrados por diferentes diputados y a las organizaciones no gubernamentales, les digo que no bajen los brazos, porque los políticos somos terribles y en estos tiempos somos más terribles que nunca. No sé por qué, pero estamos haciendo todas las cosas mal. No bajen los brazos; sigan detrás de esta ley, sigan militando, sigan presionando, sigan exigiendo, porque de lo que se trata -esto va para los más jóvenes- es del ambiente donde van a vivir y criar a sus hijos y a sus nietos. Entonces, están cuidando lo que les corresponde. No bajen los brazos. Sigan militando, sigan exigiendo.
El año que viene este dictamen se tiene que tratar en la Comisión de Agricultura y Ganadería, que no es una comisión fácil para este tipo de temas. Así que hay que seguir militando y meter mucha fuerza para realmente...
Se interrumpe el audio.
SRA. CAMAÑO ...del Senado no es un antecedente menor. Cuando algunos baten el parche en la Cámara de Diputados tratando de defender la soberanía provincial, deberían darse cuenta de que la Constitución nos está encomendando a nosotros, como diputados, la representación del pueblo de la Nación. Entonces, dejemos de representar intereses particulares y empecemos a representar al pueblo de la Nación.
Este tipo de legislación vinculada al ambiente está con una mirada absolutamente puesta en el pueblo de la Nación. Los intereses de los Estados se defienden en el Senado. Dos veces el Senado nos dijo que quiere ley de humedales. Además, hay todo un debate que ya se dio.
Tenemos presupuestos mínimos en la Convención de Ramsar, como bien dijo alguna diputada, y un anclaje en el artículo 41 de nuestra Constitución. También pasó por esta Cámara el debate sobre la necesidad de proteger los humedales, que no quiere decir no producir; quiere decir hacerlo como corresponde y con respeto hacia la naturaleza, porque esta no pertenece a nadie. Es de las generaciones presentes y futuras, tal como dice nuestra Constitución.
Este tipo de legislación vinculada al ambiente está con una mirada absolutamente puesta en el pueblo de la Nación. Los intereses de los Estados se defienden en el Senado. Dos veces el Senado nos dijo que quiere ley de humedales. Además, hay todo un debate que ya se dio.
Tenemos presupuestos mínimos en la Convención de Ramsar, como bien dijo alguna diputada, y un anclaje en el artículo 41 de nuestra Constitución. También pasó por esta Cámara el debate sobre la necesidad de proteger los humedales, que no quiere decir no producir; quiere decir hacerlo como corresponde y con respeto hacia la naturaleza, porque esta no pertenece a nadie. Es de las generaciones presentes y futuras, tal como dice nuestra Constitución.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: simplemente quiero rescatar el enorme esfuerzo que se ha hecho para dar este paso. Bien lo decía recién la diputada Camaño,...
Se interrumpe el audio.
SR. PRESIDENTE GROSSO Señora diputada: se cortó el audio. No se escuchó el final.
SRA. AUSTIN Decía que celebro todo este esfuerzo y este camino a recorrer. Tenemos unos desafíos enormes en las comisiones que siguen para tratar de llegar con un dictamen al recinto.
Quiero agregar dos cositas más. Está claro que acá venimos a hacernos cargo de una responsabilidad intergeneracional: el desafío de entender que tenemos que cuidar el ambiente para nosotros y todos los que lo habitan -no solamente los seres humanos-, pero también para quienes vienen después. Aquí traigo a colación un fallo de la Corte, a propósito de que alguien mencionó los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura. La Corte dijo en aquel momento que debíamos dar paso a un paradigma ecocéntrico y que nunca los intereses estaduales, los particulares o sectoriales podían estar por encima del ecosistema entendido como tal.
Entonces, está claro cuál es el horizonte, cuál el compromiso constitucional y qué ha dicho la Corte al respecto.
De paso, señor presidente, quiero pedirle que nos ayude a empujar en el Senado aquel proyecto al que la Cámara dio sanción, que es el reconocimiento a estos dos principios -in dubio pro aqua e in dubio pro natura-, para que se puedan incorporar a la ley general de ambiente.
Simplemente, quiero agradecer y celebrar desde Córdoba, una Córdoba que tiene uno de los sitios Ramsar del país: la laguna Mar Chiquita, con sus bañados, que está esperando allí para poder convertirse en un parque nacional y que es una de las tantas declaraciones que hoy firmamos para que la Cámara de Diputados empuje la protección. Fíjense que, nada más ni nada menos, es un lugar que tiene el 36 por ciento de la avifauna del país; son trescientas ochenta especies de aves. Quiero celebrar y agradecer. Espero que este principio de acuerdo que hoy tenemos, con las disidencias que hemos planteado, se convierta rápidamente en ley.
Quiero agregar dos cositas más. Está claro que acá venimos a hacernos cargo de una responsabilidad intergeneracional: el desafío de entender que tenemos que cuidar el ambiente para nosotros y todos los que lo habitan -no solamente los seres humanos-, pero también para quienes vienen después. Aquí traigo a colación un fallo de la Corte, a propósito de que alguien mencionó los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura. La Corte dijo en aquel momento que debíamos dar paso a un paradigma ecocéntrico y que nunca los intereses estaduales, los particulares o sectoriales podían estar por encima del ecosistema entendido como tal.
Entonces, está claro cuál es el horizonte, cuál el compromiso constitucional y qué ha dicho la Corte al respecto.
De paso, señor presidente, quiero pedirle que nos ayude a empujar en el Senado aquel proyecto al que la Cámara dio sanción, que es el reconocimiento a estos dos principios -in dubio pro aqua e in dubio pro natura-, para que se puedan incorporar a la ley general de ambiente.
Simplemente, quiero agradecer y celebrar desde Córdoba, una Córdoba que tiene uno de los sitios Ramsar del país: la laguna Mar Chiquita, con sus bañados, que está esperando allí para poder convertirse en un parque nacional y que es una de las tantas declaraciones que hoy firmamos para que la Cámara de Diputados empuje la protección. Fíjense que, nada más ni nada menos, es un lugar que tiene el 36 por ciento de la avifauna del país; son trescientas ochenta especies de aves. Quiero celebrar y agradecer. Espero que este principio de acuerdo que hoy tenemos, con las disidencias que hemos planteado, se convierta rápidamente en ley.
SR. PRESIDENTE GROSSO Diputada: yo también tengo problemas de conexión. No escuché sus últimas palabras.
Quiero decir algo muy breve. Hemos trabajado mucho.
Hoy es el Día de la Soberanía. Recién un diputado se refería al tema del cipayismo ambiental y demás. Me parece que es interesante que podamos relacionar, de una vez y para siempre, que lo que necesitamos construir es un modelo de desarrollo distinto, un buen desarrollo.
Defender los bienes comunes, los servicios ecosistémicos y nuestro ambiente no es cipayismo, todo lo contrario: es soberanía real.
Si hay algo que tiene de cipayismo el modelo depredador de nuestro ambiente es la lógica del extractivismo que tanto daño le ha hecho a nuestros ecosistemas. Lo que tenemos que repensar en este momento es eso de una vez y para siempre.
Por supuesto, una ley no resuelve una discusión de fondo de un modelo, pero se empiezan a dar pasos en ese sentido. Creo que, en los últimos meses, hemos dado varios pasos, y con una dirección muy clara, aprendiendo de la lucha de nuestras organizaciones territoriales, de las experiencias socioambientales que se han construido en la Argentina, escuchando a la comunidad científica, repensando esto que varios diputados y diputadas de los distintos bloques que integran esta comisión han planteado: dejar de pensarnos en una realidad antropocéntrica -en la que nos creemos dueños del planeta- para empezar a pensarnos en una realidad en la que somos parte del planeta, ecocéntrica -según dicen algunos-.
Me parece que, sin duda, hoy estamos dando un pequeño paso. Todos los integrantes de esta comisión debemos promover que este proyecto -sobre el cual hoy emitiremos dictamen en unidad y con acuerdos- avance por las distintas comisiones. Creo que debemos comprometernos para ir incorporando en el resto de las comisiones este tipo de normativas que tienen una perspectiva ambiental.
Tal como dijimos muchísimas veces -y lo venimos discutiendo intensamente desde que arrancamos la tarea de esta comisión-, la nueva normalidad que debemos construir tiene que ser ecológica, sustentable; tiene que dejar atrás esta idea que aparece permanentemente y que sostiene que el desarrollo es contrario a la ecología porque, si tomamos los mismos caminos que hasta ahora, llegaremos a los mismos resultados: los problemas que estamos viviendo actualmente. Debemos construir caminos distintos.
Creo que desde esta comisión podemos hacer aportes en ese sentido. Este pequeño paso que daremos hoy es un homenaje a todas las militancias socioambientales que han luchado a lo largo y ancho del territorio; es un pequeño homenaje a los senadores y a las senadoras que han aprobado esta iniciativa en algún momento y que después esperaron a que nosotros terminemos este trabajo -cosa que no hemos hecho hasta ahora-; es un homenaje a esos pibes y pibas que hoy están en la calle y que fueron construyendo esta nueva participación juvenil que nos interpela todos los días; y, sobre todo, es el compromiso de construir un mundo distinto desde todas las perspectivas y desde todos los lugares en los que nos toque estar y trabajar -algunos desde el Congreso, otros desde la calle, otros desde la resistencia de una asamblea ambiental, otros yendo a apagar el fuego en los humedales, como vimos todos estos meses-.
Estoy muy contento de haber trabajado tanto con ustedes durante todos estos meses y de haber podido arribar a un acuerdo. Hoy, como decía la diputada Camaño, es el último día para dictaminar, y llegamos a hacerlo a última hora -son las 22 y 35 horas, y seguimos acá-.
Asumimos este compromiso, empeñamos nuestra palabra y la cumplimos. Dijimos que íbamos a traer el debate de la ley de humedales a la Cámara de Diputados de la Nación, que íbamos a construir la mayor cantidad de consensos posibles y que, como mínimo, avanzaríamos en dictaminar en nuestra comisión. Estamos a punto de hacerlo.
Quiero decir algo muy breve. Hemos trabajado mucho.
Hoy es el Día de la Soberanía. Recién un diputado se refería al tema del cipayismo ambiental y demás. Me parece que es interesante que podamos relacionar, de una vez y para siempre, que lo que necesitamos construir es un modelo de desarrollo distinto, un buen desarrollo.
Defender los bienes comunes, los servicios ecosistémicos y nuestro ambiente no es cipayismo, todo lo contrario: es soberanía real.
Si hay algo que tiene de cipayismo el modelo depredador de nuestro ambiente es la lógica del extractivismo que tanto daño le ha hecho a nuestros ecosistemas. Lo que tenemos que repensar en este momento es eso de una vez y para siempre.
Por supuesto, una ley no resuelve una discusión de fondo de un modelo, pero se empiezan a dar pasos en ese sentido. Creo que, en los últimos meses, hemos dado varios pasos, y con una dirección muy clara, aprendiendo de la lucha de nuestras organizaciones territoriales, de las experiencias socioambientales que se han construido en la Argentina, escuchando a la comunidad científica, repensando esto que varios diputados y diputadas de los distintos bloques que integran esta comisión han planteado: dejar de pensarnos en una realidad antropocéntrica -en la que nos creemos dueños del planeta- para empezar a pensarnos en una realidad en la que somos parte del planeta, ecocéntrica -según dicen algunos-.
Me parece que, sin duda, hoy estamos dando un pequeño paso. Todos los integrantes de esta comisión debemos promover que este proyecto -sobre el cual hoy emitiremos dictamen en unidad y con acuerdos- avance por las distintas comisiones. Creo que debemos comprometernos para ir incorporando en el resto de las comisiones este tipo de normativas que tienen una perspectiva ambiental.
Tal como dijimos muchísimas veces -y lo venimos discutiendo intensamente desde que arrancamos la tarea de esta comisión-, la nueva normalidad que debemos construir tiene que ser ecológica, sustentable; tiene que dejar atrás esta idea que aparece permanentemente y que sostiene que el desarrollo es contrario a la ecología porque, si tomamos los mismos caminos que hasta ahora, llegaremos a los mismos resultados: los problemas que estamos viviendo actualmente. Debemos construir caminos distintos.
Creo que desde esta comisión podemos hacer aportes en ese sentido. Este pequeño paso que daremos hoy es un homenaje a todas las militancias socioambientales que han luchado a lo largo y ancho del territorio; es un pequeño homenaje a los senadores y a las senadoras que han aprobado esta iniciativa en algún momento y que después esperaron a que nosotros terminemos este trabajo -cosa que no hemos hecho hasta ahora-; es un homenaje a esos pibes y pibas que hoy están en la calle y que fueron construyendo esta nueva participación juvenil que nos interpela todos los días; y, sobre todo, es el compromiso de construir un mundo distinto desde todas las perspectivas y desde todos los lugares en los que nos toque estar y trabajar -algunos desde el Congreso, otros desde la calle, otros desde la resistencia de una asamblea ambiental, otros yendo a apagar el fuego en los humedales, como vimos todos estos meses-.
Estoy muy contento de haber trabajado tanto con ustedes durante todos estos meses y de haber podido arribar a un acuerdo. Hoy, como decía la diputada Camaño, es el último día para dictaminar, y llegamos a hacerlo a última hora -son las 22 y 35 horas, y seguimos acá-.
Asumimos este compromiso, empeñamos nuestra palabra y la cumplimos. Dijimos que íbamos a traer el debate de la ley de humedales a la Cámara de Diputados de la Nación, que íbamos a construir la mayor cantidad de consensos posibles y que, como mínimo, avanzaríamos en dictaminar en nuestra comisión. Estamos a punto de hacerlo.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) En primer lugar, quiero hacerle una aclaración a la diputada Vilar. Le pido que, por favor, nos envíe el proyecto con las modificaciones de fitosanitarios al correo de la comisión.
Por su parte, les pido a los diputados que manifestaron disidencia que recuerden enviarlas al correo de la comisión.
Por su parte, les pido a los diputados que manifestaron disidencia que recuerden enviarlas al correo de la comisión.
SR. PRESIDENTE GROSSO Hubo un planteo de la diputada Austin y también de otros diputados y diputadas al principio de la reunión para dejar sin efecto el Título II, Capítulo 8, artículos 42 a 44. Se renumerarían los artículos 45 y 46.
Se quitaría el capítulo relativo al régimen penal que habíamos incorporado en este proyecto de ley a los fines de evitar un giro a la Comisión de Legislación Penal y hacer más veloz el trámite de este dictamen que vamos a emitir hoy.
Particularmente, pienso que es una deuda pendiente incorporar a nuestro Código Penal un capítulo relativo al régimen penal ambiental. Nos comprometemos con muchos diputados y diputadas con los que tenemos ese acuerdo a trabajar el año próximo para dar esa discusión de fondo porque hay distintas perspectivas y miradas, pero, sin duda, hay una necesidad de ir avanzando en esa dirección. Para este dictamen lo quitamos, aceptamos esa propuesta de modificación; después enviaremos una nota a la Comisión de Legislación Penal para quitar ese giro y que el trámite de este proyecto de ley sea más rápido.
Se quitaría el capítulo relativo al régimen penal que habíamos incorporado en este proyecto de ley a los fines de evitar un giro a la Comisión de Legislación Penal y hacer más veloz el trámite de este dictamen que vamos a emitir hoy.
Particularmente, pienso que es una deuda pendiente incorporar a nuestro Código Penal un capítulo relativo al régimen penal ambiental. Nos comprometemos con muchos diputados y diputadas con los que tenemos ese acuerdo a trabajar el año próximo para dar esa discusión de fondo porque hay distintas perspectivas y miradas, pero, sin duda, hay una necesidad de ir avanzando en esa dirección. Para este dictamen lo quitamos, aceptamos esa propuesta de modificación; después enviaremos una nota a la Comisión de Legislación Penal para quitar ese giro y que el trámite de este proyecto de ley sea más rápido.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Les pido que me envíen el proyecto para prepararlo y subirlo hoy.
SR. PRESIDENTE GROSSO Lo están enviando en este momento.
A continuación, por Secretaría se requerirá a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe el dictamen.
A continuación, por Secretaría se requerirá a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe el dictamen.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen los señores diputados Grosso, Vilar, Fagioli, Alume Sbodio, Ansaloni, Caparrós, Cerruti, Estévez, Fernández, Lampreabe, Martínez, Muñoz, Obeid, Espósito, Uhrig y Vázquez.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen con las disidencias planteadas los señores diputados Austin, Arce, Camaño, Zamarbide, Frigerio, Mendoza y Menna.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen de minoría los señores diputados Cornejo, Fregonese e Iglesias.
No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión de los señores diputados Frizza, Berhongaray, Brambilla, Grande y Zuvic.
Al requerírsele su opinión al señor diputado Grosso:
SR. PRESIDENTE GROSSO Acompaño el dictamen y suscribo el informe.
Al requerírsele su opinión al señor diputado Alume Sbodio:
SR. ALUME SBODIO Acompaño los proyectos de resolución y de declaración mencionados anteriormente. Asimismo, hago lo propio con el proyecto vinculado con el régimen de control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos y la iniciativa sobre la declaración como monumento natural a la especie arbórea nativa Árbol de Papel.
Al requerírsele su opinión a la señora diputada Cerruti:
SRA. CERRUTI Acompaño todas las iniciativas propiciadas por el señor presidente de esta comisión, diputado Grosso.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Entonces, le tomo el acompañamiento sobre los proyectos relativos al régimen de control de los productos fitosanitarios y el de la declaración como monumento nacional de la especie Árbol de Papel.
SRA. CERRUTI Así es, señora secretaria.
Al requerírsele su opinión al señor diputado Menna:
SR. MENNA Aclaro que los proyectos de resolución y de declaración ya los firmé.
Al requerírsele su opinión al señor diputado Iglesias:
SR. IGLESIAS Con respecto al acompañamiento sobre los otros dictámenes lo haré por vía digital directamente.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) En total tenemos 16 acompañamientos al dictamen, 7 acompañamientos con disidencias y 3 que harán lo propio con el dictamen de minoría.
SR. PRESIDENTE GROSSO Son 24 diputados y diputadas que acompañaron el dictamen unificado -algunos con disidencias y la mayoría sin disidencias- y tres que han presentado un dictamen en minoría. Por ello, habemus dictamen. Felicitaciones a todos y todas. Esperemos que prontamente en las restantes comisiones se comience a tratar la ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales.
Damos por levantada la reunión.
Damos por levantada la reunión.
Es la hora 22 y 50.