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RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 149
Secretario Administrativo DR. SAADE MARTIN OMAR
Jefe SR. OTTONE IGNACIO
Martes 14.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2132 Internos 2132/2133
crnaturales@hcdn.gov.ar
- RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Reunión del día 26/10/2020
- INFORMATIVA - DICTÁMENES VARIOS
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de octubre de 2020, a la hora 15 y 10, comienza la reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE GROSSO Damos inicio a la reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Tenemos un temario acordado con los diputados y diputadas, pero antes de comenzar con él, me ha solicitado la palabra la diputada Austin.
Tenemos un temario acordado con los diputados y diputadas, pero antes de comenzar con él, me ha solicitado la palabra la diputada Austin.
SRA. AUSTIN Muchas gracias, señor presidente.
Me veo en la obligación de hacerle un pedido para que reconsideremos la dinámica de funcionamiento de esta comisión. A lo largo de cada una de las reuniones informativas que hemos tenido durante este año, hemos dicho que era urgente que pudiéramos convocar a la comisión para tratar una cantidad enorme de proyectos presentados sobre distintos temas, muchos de ellos vinculados con la situación de los desmontes y de los humedales.
En cada uno de los aportes que escuchábamos cuando comenzamos a considerar tiempo atrás estos temas en las reuniones informativas surgían demandas que tenían que ver con asuntos que tienen a esta comisión como cabecera.
Lo pedimos de distintas formas. Nuestros asesores empezaron a bosquejar distintas iniciativas y, lamentablemente, cuando nos encontramos con aquella primera convocatoria al tratamiento en reunión de asesores, vimos que muchos de estos temas habían quedado excluidos.
Hicimos uso de un recurso reglamentario, de una herramienta que tenemos los diputados para incidir en el modo en que se arman los temarios de las comisiones. Me refiero al artículo 109 del reglamento, una facultad que se vincula con las reglas de juego -que incluso está recogida dentro de nuestra propia Constitución- y que establece la manera en la que debemos funcionar.
Fíjese, señor presidente, que el artículo 109, cuando dice que los diputados y diputadas tenemos la posibilidad -con un número de firmas- de insistir con el tratamiento de ciertos temas, expresa que la comisión "deberá" ponerlo en tratamiento, algo que aquí no ha ocurrido.
Recientemente, hemos presentado las solicitudes para que se incorpore una importante cantidad de expedientes, dieciocho en total, de los cuales trece tienen que ver estrictamente con temas que hoy estamos discutiendo. Se trata de pedidos de informes que han presentado el diputado Arce, la diputada Ruarte, el diputado Sahad, la diputada Mendoza, la diputada Ayala, la diputada Fregonese, la diputada Lehmann, nuevamente la diputada Ayala, el diputado De Lamadrid, el diputado Enríquez y uno de mi autoría.
Todos ellos son pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo para el tratamiento de temas relacionados con la situación crítica de los incendios, con la interpelación y la citación a los ministros involucrados en el área, tanto a Cabandié como a Frederic, por lo que es el Sinagir y, sin embargo, no se incluyeron.
Entonces, decía que me veo en la obligación de hacer este llamado para que cambiemos la dinámica de funcionamiento de la comisión. Lamentablemente, queda poco tiempo de acá a fin de año, pero ojalá podamos encontrar un modo de trabajar que respete a los diputados de los distintos bloques, que respete la prelación de los proyectos que están presentados, que respete los acuerdos de asesores a los que se va llegando y que logremos que funcione adecuadamente una comisión tan importante como esta, en un momento en donde indudablemente la agenda ambiental, el cambio climático, el impacto en nuestros ecosistemas y el daño a la biodiversidad merecen que hagamos mucho más de lo que estamos haciendo.
Me veo en la obligación de hacerle un pedido para que reconsideremos la dinámica de funcionamiento de esta comisión. A lo largo de cada una de las reuniones informativas que hemos tenido durante este año, hemos dicho que era urgente que pudiéramos convocar a la comisión para tratar una cantidad enorme de proyectos presentados sobre distintos temas, muchos de ellos vinculados con la situación de los desmontes y de los humedales.
En cada uno de los aportes que escuchábamos cuando comenzamos a considerar tiempo atrás estos temas en las reuniones informativas surgían demandas que tenían que ver con asuntos que tienen a esta comisión como cabecera.
Lo pedimos de distintas formas. Nuestros asesores empezaron a bosquejar distintas iniciativas y, lamentablemente, cuando nos encontramos con aquella primera convocatoria al tratamiento en reunión de asesores, vimos que muchos de estos temas habían quedado excluidos.
Hicimos uso de un recurso reglamentario, de una herramienta que tenemos los diputados para incidir en el modo en que se arman los temarios de las comisiones. Me refiero al artículo 109 del reglamento, una facultad que se vincula con las reglas de juego -que incluso está recogida dentro de nuestra propia Constitución- y que establece la manera en la que debemos funcionar.
Fíjese, señor presidente, que el artículo 109, cuando dice que los diputados y diputadas tenemos la posibilidad -con un número de firmas- de insistir con el tratamiento de ciertos temas, expresa que la comisión "deberá" ponerlo en tratamiento, algo que aquí no ha ocurrido.
Recientemente, hemos presentado las solicitudes para que se incorpore una importante cantidad de expedientes, dieciocho en total, de los cuales trece tienen que ver estrictamente con temas que hoy estamos discutiendo. Se trata de pedidos de informes que han presentado el diputado Arce, la diputada Ruarte, el diputado Sahad, la diputada Mendoza, la diputada Ayala, la diputada Fregonese, la diputada Lehmann, nuevamente la diputada Ayala, el diputado De Lamadrid, el diputado Enríquez y uno de mi autoría.
Todos ellos son pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo para el tratamiento de temas relacionados con la situación crítica de los incendios, con la interpelación y la citación a los ministros involucrados en el área, tanto a Cabandié como a Frederic, por lo que es el Sinagir y, sin embargo, no se incluyeron.
Entonces, decía que me veo en la obligación de hacer este llamado para que cambiemos la dinámica de funcionamiento de la comisión. Lamentablemente, queda poco tiempo de acá a fin de año, pero ojalá podamos encontrar un modo de trabajar que respete a los diputados de los distintos bloques, que respete la prelación de los proyectos que están presentados, que respete los acuerdos de asesores a los que se va llegando y que logremos que funcione adecuadamente una comisión tan importante como esta, en un momento en donde indudablemente la agenda ambiental, el cambio climático, el impacto en nuestros ecosistemas y el daño a la biodiversidad merecen que hagamos mucho más de lo que estamos haciendo.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, señora diputada.
Vamos a dar comienzo al temario.
Corresponde considerar, en primer término, el proyecto de ley del señor diputado Arce, contenido en el expediente 1811-d-2019, por el que se declara monumento natural a la especie aguará guazú.
Tiene la palabra el diputado Arce.
Vamos a dar comienzo al temario.
Corresponde considerar, en primer término, el proyecto de ley del señor diputado Arce, contenido en el expediente 1811-d-2019, por el que se declara monumento natural a la especie aguará guazú.
Tiene la palabra el diputado Arce.
SR. ARCE Gracias, señor presidente.
Más allá de tomar como propio lo señalado por la diputada Austin, en el sentido de mostrar preocupación sobre el manejo de la comisión, nos parece importante lo que se señalaba y consideramos que hay algo que debemos mejorar para tratar todos los temas que interesan a los legisladores.
Teniendo en cuenta el proyecto que hemos presentado el año pasado, en este caso se pide puntualmente la declaración como monumento natural al aguará guazú. Es una especie animal que se encuentra en distintas provincias de la República Argentina, como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y también en el norte de la provincia de Santa Fe.
Distintas asociaciones como, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, han clasificado a este cánido silvestre en peligro de extinción. Así también está clasificada como una especie en peligro crítico de extinción por la Asociación Argentina de Mastozoología.
En esa línea, corresponde señalar también que la República Argentina necesita un marco legal de protección mayor, una protección absoluta. De allí la necesidad de que sea declarado como monumento natural.
En ese sentido, hay legislaciones provinciales que han avanzado en esa línea, como ocurrió en las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Misiones, que tienen legislación de protección al aguará guazú.
También Bolivia tiene una legislación en todo su territorio, de protección al aguará guazú. Por eso la importancia de que nuestro país tenga una normativa al respecto.
Se ha trabajado mucho en reuniones de asesores para tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con el texto legal. Por eso, en un principio, las sanciones e infracciones estaban comprendidas dentro de la ley de fauna silvestre y se ha acordado que estén dentro de la ley 22.351, de Parques Nacionales, en cuyo marco se crea la figura de monumento natural. Por lo tanto, seguiría la misma línea de otras declaraciones como monumento natural, como ocurrió con el yaguareté, la ballena franca austral, la taruca o el huemul. Eso en cuanto a las sanciones e infracciones.
Por otro lado, quiero señalar también que esta petición ha sido objeto de una campaña a través de change.org en la cual se han juntado más de 36.000 firmas.
También quiero agradecer el trabajo de los defensores de los derechos de los animales. Ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo con esta iniciativa, con la idea de que el aguará guazú sea declarado como monumento natural.
Asimismo, me parece importante entender y saber cuáles son las problemáticas que hoy tiene este animal: por un lado, la destrucción de su hábitat; por otro lado, aspectos que hacen muchas veces a los peligros en la ruta y los caminos, ya que son objeto de atropellamiento y, por último, el comercio ilegal.
Es por eso que se debe trabajar en este sentido, y creo que esta herramienta, esta iniciativa de darle una protección mayor al aguará guazú sirve para seguir trabajando, más allá de que todos sabemos que se necesitan otras herramientas. Principalmente, se necesita trabajar en forma coordinada entre el gobierno nacional, a través de la autoridad de aplicación, y las distintas autoridades provinciales.
Asimismo, debemos propender a tomar acciones que hagan a la conservación y a la mejora de su hábitat y disponer la prohibición de su caza total, así como la prohibición de su comercialización en todo el territorio de la República Argentina.
En síntesis, sostengo que hay tres puntos: por un lado, lo que hace el proyecto, es decir, la declaración como monumento natural del aguará guazú, conforme a la ley de Parques Nacionales en su artículo 8°, con la protección absoluta que ello significa.
Por otro lado, tenemos la prohibición de su comercialización y de su caza total, así como su protección en cuanto a cualquier tipo de secuestro de estos animales.
Por último, se propone establecer de manera más clara lo que hace a las infracciones y sanciones para los que violen esta normativa.
Simplemente, me resta agradecer a la comisión, a los asesores y a los defensores de los derechos de los animales, y pedir que sigamos trabajando para llevar adelante acciones que hagan a su preservación y a la mejora de su hábitat. A su vez, la idea es coordinar, entre la autoridad de aplicación a nivel nacional y las provincias, la protección de este animal tan noble que se encuentra principalmente en la zona norte de la República Argentina.
Vuelvo a mencionar mi agradecimiento, esperando el acompañamiento de todos los miembros de la comisión.
Más allá de tomar como propio lo señalado por la diputada Austin, en el sentido de mostrar preocupación sobre el manejo de la comisión, nos parece importante lo que se señalaba y consideramos que hay algo que debemos mejorar para tratar todos los temas que interesan a los legisladores.
Teniendo en cuenta el proyecto que hemos presentado el año pasado, en este caso se pide puntualmente la declaración como monumento natural al aguará guazú. Es una especie animal que se encuentra en distintas provincias de la República Argentina, como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y también en el norte de la provincia de Santa Fe.
Distintas asociaciones como, por ejemplo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, han clasificado a este cánido silvestre en peligro de extinción. Así también está clasificada como una especie en peligro crítico de extinción por la Asociación Argentina de Mastozoología.
En esa línea, corresponde señalar también que la República Argentina necesita un marco legal de protección mayor, una protección absoluta. De allí la necesidad de que sea declarado como monumento natural.
En ese sentido, hay legislaciones provinciales que han avanzado en esa línea, como ocurrió en las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Misiones, que tienen legislación de protección al aguará guazú.
También Bolivia tiene una legislación en todo su territorio, de protección al aguará guazú. Por eso la importancia de que nuestro país tenga una normativa al respecto.
Se ha trabajado mucho en reuniones de asesores para tratar de mejorar todo lo que tiene que ver con el texto legal. Por eso, en un principio, las sanciones e infracciones estaban comprendidas dentro de la ley de fauna silvestre y se ha acordado que estén dentro de la ley 22.351, de Parques Nacionales, en cuyo marco se crea la figura de monumento natural. Por lo tanto, seguiría la misma línea de otras declaraciones como monumento natural, como ocurrió con el yaguareté, la ballena franca austral, la taruca o el huemul. Eso en cuanto a las sanciones e infracciones.
Por otro lado, quiero señalar también que esta petición ha sido objeto de una campaña a través de change.org en la cual se han juntado más de 36.000 firmas.
También quiero agradecer el trabajo de los defensores de los derechos de los animales. Ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo con esta iniciativa, con la idea de que el aguará guazú sea declarado como monumento natural.
Asimismo, me parece importante entender y saber cuáles son las problemáticas que hoy tiene este animal: por un lado, la destrucción de su hábitat; por otro lado, aspectos que hacen muchas veces a los peligros en la ruta y los caminos, ya que son objeto de atropellamiento y, por último, el comercio ilegal.
Es por eso que se debe trabajar en este sentido, y creo que esta herramienta, esta iniciativa de darle una protección mayor al aguará guazú sirve para seguir trabajando, más allá de que todos sabemos que se necesitan otras herramientas. Principalmente, se necesita trabajar en forma coordinada entre el gobierno nacional, a través de la autoridad de aplicación, y las distintas autoridades provinciales.
Asimismo, debemos propender a tomar acciones que hagan a la conservación y a la mejora de su hábitat y disponer la prohibición de su caza total, así como la prohibición de su comercialización en todo el territorio de la República Argentina.
En síntesis, sostengo que hay tres puntos: por un lado, lo que hace el proyecto, es decir, la declaración como monumento natural del aguará guazú, conforme a la ley de Parques Nacionales en su artículo 8°, con la protección absoluta que ello significa.
Por otro lado, tenemos la prohibición de su comercialización y de su caza total, así como su protección en cuanto a cualquier tipo de secuestro de estos animales.
Por último, se propone establecer de manera más clara lo que hace a las infracciones y sanciones para los que violen esta normativa.
Simplemente, me resta agradecer a la comisión, a los asesores y a los defensores de los derechos de los animales, y pedir que sigamos trabajando para llevar adelante acciones que hagan a su preservación y a la mejora de su hábitat. A su vez, la idea es coordinar, entre la autoridad de aplicación a nivel nacional y las provincias, la protección de este animal tan noble que se encuentra principalmente en la zona norte de la República Argentina.
Vuelvo a mencionar mi agradecimiento, esperando el acompañamiento de todos los miembros de la comisión.
SR. PRESIDENTE GROSSO La señora diputada Camaño solicitó una interrupción.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: apoyo la iniciativa del señor diputado Arce por la importancia de su proyecto y las menciones que hizo en cuanto al resguardo provincial. Todos sabemos que no solamente la Nación tiene la potestad de proteger las especies, sean vegetales o animales, sino que eso es extensivo a todas las provincias. De hecho, las provincias de Chaco y del Neuquén han llevado a cabo esta protección a través de la sanción de leyes provinciales, como en el caso de la especie aguará guazú sucederá con esta ley nacional.
Más allá de eso, no quiero pasar por alto la observación que se hizo al inicio de la reunión. Lamentablemente debo decir que en reiteradas oportunidades he solicitado el normal funcionamiento de la Cámara en épocas normales. No me refiero solamente a las comisiones, sino también a lo que sucede en el propio recinto. Entonces, esto de que protesto dependiendo del lado del poder en que me encuentro, me parece que tiene que quedar muy claro. Nosotros no hemos tenido un período legislativo en el anterior gobierno como para ser tan enfáticos -por lo menos quienes han sido oficialistas en ese momento- a la hora de requerir el funcionamiento. Obviamente, lo ideal es que la Cámara funcione al igual que las comisiones, así todos podemos representar con dignidad nuestra función debatiendo nuestros proyectos y sancionando leyes. Pero estas cosas no ocurren.
Hay un famoso teorema en la Cámara de Diputados, que lo esbozó en algún momento un distinguido colega, el exdiputado Baglini, que quedó inmortalizado: cuanto más lejos del poder estamos, más lejos de adaptarnos a hacer las cosas que decimos que vamos a hacer cuando no estamos en el poder.
Entonces, sí, queremos que las comisiones funcionen siempre. Por esas cosas de la vida, casi siempre he sido opositora, es decir, he estado en la vereda del que se queja por el no funcionamiento de la Cámara. Lamento mucho que la Cámara no funcione correctamente, pero este no es un problema nuevo y esto tiene que quedar claro.
Lamento mucho que mi colega, la señora diputada Austin, no haya tenido la misma vehemencia para reclamar el normal funcionamiento de la Cámara en el período de gobierno anterior. Por supuesto que queremos que funcione la comisión y debatir los temas importantes.
La Cámara de Diputados, puntualmente, tiene una mora legislativa constante. De hecho, nos hemos perdido de analizar la Ley de Humedales, con el fin de que no se caiga la media sanción del Senado, en el año 2018. Efectivamente, en ese momento se cayó. O sea, podríamos tener una Ley de Humedales si en el período anterior hubiera habido voluntad de tratarla. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando exponemos las críticas.
Señor presidente: espero que nos aboquemos al tratamiento -se lo he dicho en forma privada y ahora lo hago públicamente- de la Ley de Humedales, porque se ha creado mucha expectativa. Honestamente, me interesa puntualmente que nosotros, desde esta comisión, tengamos la capacidad de darle el dictamen que corresponde.
Más allá de eso, no quiero pasar por alto la observación que se hizo al inicio de la reunión. Lamentablemente debo decir que en reiteradas oportunidades he solicitado el normal funcionamiento de la Cámara en épocas normales. No me refiero solamente a las comisiones, sino también a lo que sucede en el propio recinto. Entonces, esto de que protesto dependiendo del lado del poder en que me encuentro, me parece que tiene que quedar muy claro. Nosotros no hemos tenido un período legislativo en el anterior gobierno como para ser tan enfáticos -por lo menos quienes han sido oficialistas en ese momento- a la hora de requerir el funcionamiento. Obviamente, lo ideal es que la Cámara funcione al igual que las comisiones, así todos podemos representar con dignidad nuestra función debatiendo nuestros proyectos y sancionando leyes. Pero estas cosas no ocurren.
Hay un famoso teorema en la Cámara de Diputados, que lo esbozó en algún momento un distinguido colega, el exdiputado Baglini, que quedó inmortalizado: cuanto más lejos del poder estamos, más lejos de adaptarnos a hacer las cosas que decimos que vamos a hacer cuando no estamos en el poder.
Entonces, sí, queremos que las comisiones funcionen siempre. Por esas cosas de la vida, casi siempre he sido opositora, es decir, he estado en la vereda del que se queja por el no funcionamiento de la Cámara. Lamento mucho que la Cámara no funcione correctamente, pero este no es un problema nuevo y esto tiene que quedar claro.
Lamento mucho que mi colega, la señora diputada Austin, no haya tenido la misma vehemencia para reclamar el normal funcionamiento de la Cámara en el período de gobierno anterior. Por supuesto que queremos que funcione la comisión y debatir los temas importantes.
La Cámara de Diputados, puntualmente, tiene una mora legislativa constante. De hecho, nos hemos perdido de analizar la Ley de Humedales, con el fin de que no se caiga la media sanción del Senado, en el año 2018. Efectivamente, en ese momento se cayó. O sea, podríamos tener una Ley de Humedales si en el período anterior hubiera habido voluntad de tratarla. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando exponemos las críticas.
Señor presidente: espero que nos aboquemos al tratamiento -se lo he dicho en forma privada y ahora lo hago públicamente- de la Ley de Humedales, porque se ha creado mucha expectativa. Honestamente, me interesa puntualmente que nosotros, desde esta comisión, tengamos la capacidad de darle el dictamen que corresponde.
SR. PRESIDENTE GROSSO Antes de pasar a la votación quiero formular una aclaración...
SRA. AUSTIN Señor presidente: dado que he sido aludida, quiero respaldar el llamado que hace la señora diputada Camaño para que la Cámara funcione con normalidad. En cada instancia de las comisiones que he integrado, cuando se ha solicitado apelar al artículo 109 del reglamento lo hemos acompañado porque entendemos que es un recurso que tenemos los diputados y las diputadas para incidir en la construcción de la agenda.
Mencioné recién todo lo que tiene que ver con los pedidos de informes. Mire lo absurdo que sería tener que recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública para que nos respondan en lugar de asumir el rol central que tiene este Congreso, en cuanto al equilibrio de poderes. Me refiero a controlar al Poder Ejecutivo, es decir, el balance y el equilibrio de los poderes.
Este no es un tema reciente. Se trata de una agenda que venimos sosteniendo desde hace tiempo. El 20 de julio la señora diputada Camila Crescimbeni, junto a otros tres integrantes de esta comisión, los legisladores Frizza, Frigerio y Arce, presentaron el primer 109 para incluir el análisis de la Ley Yolanda...
Mencioné recién todo lo que tiene que ver con los pedidos de informes. Mire lo absurdo que sería tener que recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública para que nos respondan en lugar de asumir el rol central que tiene este Congreso, en cuanto al equilibrio de poderes. Me refiero a controlar al Poder Ejecutivo, es decir, el balance y el equilibrio de los poderes.
Este no es un tema reciente. Se trata de una agenda que venimos sosteniendo desde hace tiempo. El 20 de julio la señora diputada Camila Crescimbeni, junto a otros tres integrantes de esta comisión, los legisladores Frizza, Frigerio y Arce, presentaron el primer 109 para incluir el análisis de la Ley Yolanda...
SRA. CAMAÑO Eso fue durante su gobierno. ¿Usted quiere saber cuántos 109 presenté durante cuatro años, cuando en el último año del mandato del presidente Macri tuvimos solamente dos sesiones?
SRA. AUSTIN Le quiero decir con todo respeto que los temas que estamos...
SR. PRESIDENTE GROSSO Señora diputada Austin: le pido que redondee su exposición.
SRA. AUSTIN ...tienen que ver exclusivamente con la agenda de temas que esta comisión va a discutir hoy, pero además tienen que ver con leyes que ya tienen media sanción del Senado como, por ejemplo, la Ley Yolanda. Eso es algo que nos comprometimos a hacer cuando días atrás ratificamos el Acuerdo de Escazú.
Entonces, por supuesto que no tiene que ver con colocarnos en un lugar de oposición irresponsable, como la que tuvimos durante gran parte de nuestro gobierno, sino de tratar de colaborar, cooperar y construir con el presidente de esta comisión, sus autoridades y el resto de los legisladores, una agenda que busque resolver gran parte de los problemas de la deuda ambiental, que no es de este gobierno ni tampoco del anterior, sino que viene desde hace mucho tiempo en nuestro país. Me refiero al cumplimiento del mandato constitucional de preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Si realmente nos decimos defensores del reglamento, tenemos que buscar un modo de que esta comisión funcione y avance respecto de la enorme cantidad de temas que tenemos en la agenda. Hay que lograr que en la próxima reunión podamos tratar todas estas iniciativas que venimos analizando.
Entonces, por supuesto que no tiene que ver con colocarnos en un lugar de oposición irresponsable, como la que tuvimos durante gran parte de nuestro gobierno, sino de tratar de colaborar, cooperar y construir con el presidente de esta comisión, sus autoridades y el resto de los legisladores, una agenda que busque resolver gran parte de los problemas de la deuda ambiental, que no es de este gobierno ni tampoco del anterior, sino que viene desde hace mucho tiempo en nuestro país. Me refiero al cumplimiento del mandato constitucional de preservar el ambiente para las generaciones presentes y futuras.
Si realmente nos decimos defensores del reglamento, tenemos que buscar un modo de que esta comisión funcione y avance respecto de la enorme cantidad de temas que tenemos en la agenda. Hay que lograr que en la próxima reunión podamos tratar todas estas iniciativas que venimos analizando.
SR. PRESIDENTE GROSSO Quiero formular una aclaración antes de pasar a la votación.
Esta comisión está funcionando y lo hace con mucha intensidad. Hemos tenido más reuniones informativas y de asesores en comparación con lo ocurrido en los últimos dos años. Además, en el medio, tenemos una pandemia. Hemos actuado con un protocolo de funcionamiento vinculado al COVID que nos restringía el tratamiento. Hemos encarado un proceso de debate. Hay horas y horas de trabajo en comisión, de comisiones ad hoc para unificar proyectos, como el de la eliminación de plásticos de un solo uso o para tratar de unificar los diez dictámenes presentados en materia de humedales, después de cuatro sesiones informativas con más de 80 expositores y expositoras.
Esta comisión ha trabajado y sería importante tener en cuenta en las valoraciones globales de la comisión, más allá de si estamos de acuerdo o no con los proyectos que se tratan. Para eso hay una herramienta que tiene el Congreso, que es la de votar a favor o en contra.
Para no ahondar en este bello debate, vamos a pasar a la votación. Le pido a la secretaria de la comisión, Fabiana Fuentes, que nos ayude en ese sentido.
Vamos a votar el proyecto de ley contenido en el expediente 1811-d-2019, por el que se declara monumento natural a la especie aguará guazú, cuyo autor es el señor diputado Arce.
Esta comisión está funcionando y lo hace con mucha intensidad. Hemos tenido más reuniones informativas y de asesores en comparación con lo ocurrido en los últimos dos años. Además, en el medio, tenemos una pandemia. Hemos actuado con un protocolo de funcionamiento vinculado al COVID que nos restringía el tratamiento. Hemos encarado un proceso de debate. Hay horas y horas de trabajo en comisión, de comisiones ad hoc para unificar proyectos, como el de la eliminación de plásticos de un solo uso o para tratar de unificar los diez dictámenes presentados en materia de humedales, después de cuatro sesiones informativas con más de 80 expositores y expositoras.
Esta comisión ha trabajado y sería importante tener en cuenta en las valoraciones globales de la comisión, más allá de si estamos de acuerdo o no con los proyectos que se tratan. Para eso hay una herramienta que tiene el Congreso, que es la de votar a favor o en contra.
Para no ahondar en este bello debate, vamos a pasar a la votación. Le pido a la secretaria de la comisión, Fabiana Fuentes, que nos ayude en ese sentido.
Vamos a votar el proyecto de ley contenido en el expediente 1811-d-2019, por el que se declara monumento natural a la especie aguará guazú, cuyo autor es el señor diputado Arce.
SR. SECRETARIA (FUENTES) Antes de pasar a leer el proyecto de ley, les voy a pedir a los diputados Ansaloni, Grande y Zamarbide y a las diputadas Uhrig y Zuvic que procedan a loguearse. Una vez que estén logueados les voy a pedir que indiquen el sentido de su voto.
SRA. UHRIG Señora diputada: yo estoy en la WebEx y en el VPN y no sé por qué no aparezco.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) El personal de soporte técnico la va a ayudar, señora diputada.
Paso a leer el proyecto de ley del diputado Arce, contenido en el expediente 1811-d-2019.
Dice así: "Artículo 1°.- Declárese monumento natural en los términos del artículo 8º de la Ley 22.351, al aguará guazú (Chrysocyon brachyurus).
"Artículo 2°.- Se prohíbe la comercialización, caza total o captura en todo el territorio nacional de la especie mencionada en el artículo 1º.
"Artículo 3°: Será autoridad de aplicación de la presente ley la Administración de Parques Nacionales, en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
"Artículo 4°: Las infracciones que se cometan en violación de las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, serán sancionadas de acuerdo a lo previsto en la Ley 22.351.
"Artículo 5°.- Las sanciones serán impuestas por la autoridad de aplicación, previo sumario que asegure el derecho de defensa, conforme al procedimiento que se fije en cada jurisdicción.
"Artículo 6°.- La autoridad de aplicación instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1º: a) Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la captura incidental del aguará guazú (Chrysocyon brachyurus). b) Fijará excepciones al artículo 1º de la presente ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a la conservación del aguará guazú (Chrysocyon brachyurus).
"Artículo 7°.- Se invita a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.
"Artículo 8° Comuníquese al Poder Ejecutivo."
Paso a leer el proyecto de ley del diputado Arce, contenido en el expediente 1811-d-2019.
Dice así: "Artículo 1°.- Declárese monumento natural en los términos del artículo 8º de la Ley 22.351, al aguará guazú (Chrysocyon brachyurus).
"Artículo 2°.- Se prohíbe la comercialización, caza total o captura en todo el territorio nacional de la especie mencionada en el artículo 1º.
"Artículo 3°: Será autoridad de aplicación de la presente ley la Administración de Parques Nacionales, en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
"Artículo 4°: Las infracciones que se cometan en violación de las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, serán sancionadas de acuerdo a lo previsto en la Ley 22.351.
"Artículo 5°.- Las sanciones serán impuestas por la autoridad de aplicación, previo sumario que asegure el derecho de defensa, conforme al procedimiento que se fije en cada jurisdicción.
"Artículo 6°.- La autoridad de aplicación instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido en el artículo 1º: a) Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la captura incidental del aguará guazú (Chrysocyon brachyurus). b) Fijará excepciones al artículo 1º de la presente ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a la conservación del aguará guazú (Chrysocyon brachyurus).
"Artículo 7°.- Se invita a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.
"Artículo 8° Comuníquese al Poder Ejecutivo."
SR. PRESIDENTE GROSSO Por Secretaría se requerirá a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe el dictamen.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen los señores diputados Grosso, Austin, Vilar, Arce, Frizza, Fagioli, Alume Sbodio, Ansaloni, Brambilla, Camaño, Caparrós, Cerruti, Cornejo (V.), Estévez, Fernández (E.), Fregonese, Frigerio, Iglesias, Lampreabe, Martínez (M.R.), Mendoza, Muñoz, Obeid, Spósito, Uhrig, Vázquez, Zamarbide y Zuvic.
No se registra manifestación alguna al solicitarse la opinión de los señores diputados Berhongaray y Grande.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Más adelante les volveré a preguntar a los señores diputados Berhongaray y Grande.
Diputado Grosso: puede continuar.
Diputado Grosso: puede continuar.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, Fabiana.
Continuamos con el temario. Vamos a dar tratamiento a un proyecto de ley de la diputada Austin sobre régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua.
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
Continuamos con el temario. Vamos a dar tratamiento a un proyecto de ley de la diputada Austin sobre régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua.
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: voy a ser muy breve en la presentación.
Se trata de un proyecto que venimos empujando desde el 2018 que mira los antecedentes que tienen en la materia alguno de los países vecinos como Uruguay. Busca fundamentalmente asumir el compromiso de pensar acciones para cuidar el agua en los edificios públicos, aunque en la iniciativa original también incluíamos a las viviendas.
Básicamente este proyecto establece la creación de un mecanismo de cisternas de doble descarga. Esto busca la reducción del uso del agua en los baños, especialmente en los edificios públicos. Sabemos que en general en el mundo los baños representan el segundo factor de consumo doméstico de agua.
A la vez también una iniciativa como la que estamos proponiendo, que es tan simple como establecer en los pliegos de las licitaciones la exigencia de que se contemplen dos botones con distintos tipos de descarga para los baños públicos, permite ahorrar más de un 40 por ciento de agua. Esto es algo que obviamente todos tenemos claro, al menos quienes estamos aquí, y así lo asumo. El desarrollo de acciones que tiendan a cambiar nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de construcción, el modo en que concebimos el desarrollo que tiene que estar asociado, como siempre lo decimos, al desarrollo sostenible que es desarrollo social, económico y también ambiental debe ser un compromiso de nuestra generación.
Esta iniciativa que hemos acordado en comisión, a la que se le realizaron algunos cambios, finalmente va a quedar establecida fundamentalmente en los pliegos de licitación del Estado nacional para la ejecución de las obras públicas, algo que claramente es ámbito de competencia de este Congreso. A la vez se declara de interés nacional la promoción de acciones que tiendan a la utilización eficiente y responsable del agua. También se hace una invitación a las provincias y a los municipios para que adhieran, a sabiendas de que en todo lo que tiene que ver con los códigos urbanísticos todavía hay una enorme tarea que hacer pensando en diseños que sean más eficientes en el uso de los recursos y especialmente en el cuidado del agua.
Se trata de un proyecto que venimos empujando desde el 2018 que mira los antecedentes que tienen en la materia alguno de los países vecinos como Uruguay. Busca fundamentalmente asumir el compromiso de pensar acciones para cuidar el agua en los edificios públicos, aunque en la iniciativa original también incluíamos a las viviendas.
Básicamente este proyecto establece la creación de un mecanismo de cisternas de doble descarga. Esto busca la reducción del uso del agua en los baños, especialmente en los edificios públicos. Sabemos que en general en el mundo los baños representan el segundo factor de consumo doméstico de agua.
A la vez también una iniciativa como la que estamos proponiendo, que es tan simple como establecer en los pliegos de las licitaciones la exigencia de que se contemplen dos botones con distintos tipos de descarga para los baños públicos, permite ahorrar más de un 40 por ciento de agua. Esto es algo que obviamente todos tenemos claro, al menos quienes estamos aquí, y así lo asumo. El desarrollo de acciones que tiendan a cambiar nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de construcción, el modo en que concebimos el desarrollo que tiene que estar asociado, como siempre lo decimos, al desarrollo sostenible que es desarrollo social, económico y también ambiental debe ser un compromiso de nuestra generación.
Esta iniciativa que hemos acordado en comisión, a la que se le realizaron algunos cambios, finalmente va a quedar establecida fundamentalmente en los pliegos de licitación del Estado nacional para la ejecución de las obras públicas, algo que claramente es ámbito de competencia de este Congreso. A la vez se declara de interés nacional la promoción de acciones que tiendan a la utilización eficiente y responsable del agua. También se hace una invitación a las provincias y a los municipios para que adhieran, a sabiendas de que en todo lo que tiene que ver con los códigos urbanísticos todavía hay una enorme tarea que hacer pensando en diseños que sean más eficientes en el uso de los recursos y especialmente en el cuidado del agua.
SR. PRESIDENTE GROSSO ¿Alguna diputada o diputado quiere hablar sobre este proyecto? Si no es así, pasamos a la votación.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
Tiene la palabra el señor diputado Zamarbide.
SR. ZAMARBIDE Señor presidente: simplemente quiero reforzar el proyecto presentado por la diputada Austin.
En la provincia de Mendoza, que es una provincia desértica, tenemos un consumo de agua potable de 430 litros por habitante por día, algo similar al de zonas húmedas del país y del mundo. Esto habla de la falta de racionalidad que tenemos en el uso del agua potable. El inodoro es el artefacto que más agua consume en una vivienda, más que la ducha y que el agua que se utiliza para lavar. Esto no es una cuestión menor, pero con resoluciones y con el poder del Estado podemos ordenarlo fácilmente instalando inodoros con doble descarga como se hace en otros países de zonas áridas del mundo.
Así que no hay nada mejor que imitar a los que han hecho las cosas bien, por lo que celebro este proyecto.
En la provincia de Mendoza, que es una provincia desértica, tenemos un consumo de agua potable de 430 litros por habitante por día, algo similar al de zonas húmedas del país y del mundo. Esto habla de la falta de racionalidad que tenemos en el uso del agua potable. El inodoro es el artefacto que más agua consume en una vivienda, más que la ducha y que el agua que se utiliza para lavar. Esto no es una cuestión menor, pero con resoluciones y con el poder del Estado podemos ordenarlo fácilmente instalando inodoros con doble descarga como se hace en otros países de zonas áridas del mundo.
Así que no hay nada mejor que imitar a los que han hecho las cosas bien, por lo que celebro este proyecto.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: por supuesto quiero acompañar este proyecto.
Creo que esta iniciativa tiene implícito en su espíritu la utilización eficiente y responsable del agua, lo cual hay que apreciarlo desde una mirada integral.
La protección integral del agua fue receptada en algún momento por la comisión de juristas que trabajó en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, pero lamentablemente no fue tomado por el Congreso. Y yo creo que se hace absolutamente imprescindible que tengamos una mirada al respecto.
Por eso, desde el momento en que el Congreso lo quitó de ese trabajo preliminar que habían hecho los juristas más importantes de la Argentina en materia civil y comercial es que vengo presentando un proyecto de ley, que actualmente es el 0084-d-2020, que es muy sencillo y que dice: "Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales."
Le voy a pedir, señor presidente, que lo ponga en la agenda porque sé que a la dirigencia política de turno le asusta este párrafo en el Código Civil. Pero más allá del compromiso ineludible, inclaudicable y constitucional que tenemos con el tema, el hecho de tenerlo en el Código Civil genera una serie de responsabilidades y obligaciones que es sumamente importante que asumamos.
Entonces apoyo este proyecto porque me parece que entra en el marco del conjunto de proyectos en materia de agua que debemos votar a los efectos de protegerla.
En este sentido es importante destacar que el agua no es un commodity, pero existen informes de bancos mundiales que miran con mucho aprecio el agua dulce que tiene la Argentina. Nuestro país es un gran reservorio. Por eso, cuanto más tutela le pongamos y cuanto más la reconozcamos y protejamos creo que estaremos haciendo las cosas correctamente.
Por ello acompaño este proyecto y le pido, como presidente de la comisión, que tratemos en algún momento este proyecto que hace ya más de cuatro años que vengo presentando y que lamentablemente no encuentro apoyo en las comisiones ni en la propia Cámara.
Creo que esta iniciativa tiene implícito en su espíritu la utilización eficiente y responsable del agua, lo cual hay que apreciarlo desde una mirada integral.
La protección integral del agua fue receptada en algún momento por la comisión de juristas que trabajó en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, pero lamentablemente no fue tomado por el Congreso. Y yo creo que se hace absolutamente imprescindible que tengamos una mirada al respecto.
Por eso, desde el momento en que el Congreso lo quitó de ese trabajo preliminar que habían hecho los juristas más importantes de la Argentina en materia civil y comercial es que vengo presentando un proyecto de ley, que actualmente es el 0084-d-2020, que es muy sencillo y que dice: "Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales."
Le voy a pedir, señor presidente, que lo ponga en la agenda porque sé que a la dirigencia política de turno le asusta este párrafo en el Código Civil. Pero más allá del compromiso ineludible, inclaudicable y constitucional que tenemos con el tema, el hecho de tenerlo en el Código Civil genera una serie de responsabilidades y obligaciones que es sumamente importante que asumamos.
Entonces apoyo este proyecto porque me parece que entra en el marco del conjunto de proyectos en materia de agua que debemos votar a los efectos de protegerla.
En este sentido es importante destacar que el agua no es un commodity, pero existen informes de bancos mundiales que miran con mucho aprecio el agua dulce que tiene la Argentina. Nuestro país es un gran reservorio. Por eso, cuanto más tutela le pongamos y cuanto más la reconozcamos y protejamos creo que estaremos haciendo las cosas correctamente.
Por ello acompaño este proyecto y le pido, como presidente de la comisión, que tratemos en algún momento este proyecto que hace ya más de cuatro años que vengo presentando y que lamentablemente no encuentro apoyo en las comisiones ni en la propia Cámara.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, diputada. Por supuesto asumimos el compromiso; de hecho, he presentado un proyecto en el mismo sentido que es muy parecido. Así que trabajaremos en eso.
Si no hay más oradores y oradoras anotados pasamos a la votación de este proyecto. Les recuerdo a todos los diputados que se "logueen" para la votación.
Si no hay más oradores y oradoras anotados pasamos a la votación de este proyecto. Les recuerdo a todos los diputados que se "logueen" para la votación.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Antes de comenzar con la votación del punto 2, voy a volver a preguntar el sentido del voto a los diputados que faltaban.
¿Se encuentran los diputados Berhongaray, Grande y Menna?
¿Se encuentran los diputados Berhongaray, Grande y Menna?
-Luego de unos instantes:
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Voy a reiterarlo más tarde.
Pasamos a la votación; se dictaminará en primera competencia, con modificaciones. El proyecto 0366-d-2020 de los señores diputados Austin, Najul, El Sukaria, Ayala, Lena, Ascarate, Zamarbide y Sahad sobre régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua, quedaría redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º - Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la utilización de cisternas de doble descarga en las instalaciones sanitarias públicas y privadas, como mecanismo para impulsar la utilización eficiente y responsable del agua.
"Artículo 2°- Declaración de interés. Declárase de interés nacional la utilización eficiente y responsable del agua, así como la promoción industrial, la investigación, el desarrollo y la formación en tecnologías que aporten a su sustentabilidad y uso racional.
"Artículo 3°- Obras públicas y obras civiles. A partir de los doce meses de promulgada esta ley, los Pliegos de Licitación elaborados por el Estado nacional para la ejecución de obras públicas civiles y civiles, solo serán autorizados cuando se incluyan en las instalaciones sanitarias cisternas de doble descarga.
"Artículo 4°- Eficiencia y Calidad. A los efectos del cumplimiento de la presente ley, el Poder Ejecutivo promoverá, por medio de las autoridades pertinentes, los estándares de eficiencia y las certificaciones de calidad necesarias para la fabricación de las citadas cisternas de doble descarga.
"Artículo 5°- Adhesión. Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
"Artículo 6°- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta días contados a partir de su promulgación.
"Artículo 7°- Comuníquese al Poder Ejecutivo."
Paso a la votación.
Diputado Grosso, ¿Suscribe el dictamen y el informe?
Pasamos a la votación; se dictaminará en primera competencia, con modificaciones. El proyecto 0366-d-2020 de los señores diputados Austin, Najul, El Sukaria, Ayala, Lena, Ascarate, Zamarbide y Sahad sobre régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua, quedaría redactado de la siguiente forma: "Artículo 1º - Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la utilización de cisternas de doble descarga en las instalaciones sanitarias públicas y privadas, como mecanismo para impulsar la utilización eficiente y responsable del agua.
"Artículo 2°- Declaración de interés. Declárase de interés nacional la utilización eficiente y responsable del agua, así como la promoción industrial, la investigación, el desarrollo y la formación en tecnologías que aporten a su sustentabilidad y uso racional.
"Artículo 3°- Obras públicas y obras civiles. A partir de los doce meses de promulgada esta ley, los Pliegos de Licitación elaborados por el Estado nacional para la ejecución de obras públicas civiles y civiles, solo serán autorizados cuando se incluyan en las instalaciones sanitarias cisternas de doble descarga.
"Artículo 4°- Eficiencia y Calidad. A los efectos del cumplimiento de la presente ley, el Poder Ejecutivo promoverá, por medio de las autoridades pertinentes, los estándares de eficiencia y las certificaciones de calidad necesarias para la fabricación de las citadas cisternas de doble descarga.
"Artículo 5°- Adhesión. Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
"Artículo 6°- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta días contados a partir de su promulgación.
"Artículo 7°- Comuníquese al Poder Ejecutivo."
Paso a la votación.
Diputado Grosso, ¿Suscribe el dictamen y el informe?
SR. GROSSO Sí, acompaño dictamen e informe.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputada Austin, ¿suscribe el dictamen ?
SRA. AUSTIN Sí, suscribo.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputada Vilar, ¿suscribe el dictamen?
SRA. VILAR Sí, acompaño dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Arce, ¿suscribe?
SR. ARCE Sí, suscribo.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Frizza, ¿suscribe el dictamen?
SR. FRIZZA Sí, suscribo.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Fagioli, ¿suscribe el dictamen?
SR. FAGIOLI Sí, suscribo.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Alume Sbodio, ¿suscribe el dictamen?
SR. ALUME SBODIO Sí, suscribo.
Se interrumpe el audio.
Se interrumpe el audio.
SR. OTTONE Señor presidente: soy Gonzalo Ottone, ¿hasta qué diputado llegó a anotar Fabiana?
SR. PRESIDENTE GROSSO Se me cortó el audio un poco antes, así que no sé hasta quién llegó.
SRA. ARAGÓN Perdón, buenas tardes. Soy Miriam Aragón, subdirectora también. Gonzalo, llegó hasta Ansaloni y no le llegó a preguntar. Alume Sbodio contestó afirmativamente al acompañamiento del dictamen. Tenés que seguir por Ansaloni.
SR. OTTONE Diputado Ansaloni, ¿suscribe el dictamen?
SR. ANSALONI Sí, suscribo.
SR. OTTONE Diputado Berhongaray, ¿suscribe el dictamen?
Luego de unos instantes:
Luego de unos instantes:
SR. OTTONE Diputada Brambilla, ¿suscribe el dictamen?
- Luego de unos instantes:
- Luego de unos instantes:
SR. OTTONE Diputada Camaño, ¿suscribe el dictamen?
SRA. CAMAÑO Sí, suscribo.
SR. OTTONE Diputada Caparrós, ¿suscribe el dictamen?
SRA. CAPARRÓS Sí, suscribo el dictamen.
Luego de unos instantes:
Luego de unos instantes:
SR. OTTONE Diputada Cerruti, ¿suscribe?
SRA. CERRUTI Sí, suscribo.
SR. OTTONE Diputada Cornejo, ¿suscribe el dictamen?
SRA. CORNEJO Sí, suscribo.
SR. OTTONE Diputada Estévez, ¿suscribe el dictamen?
SRA. ESTÉVEZ Sí, suscribo.
SR. OTTONE Diputado Fernández, ¿suscribe el dictamen?
SR. FERNÁNDEZ Sí, suscribo.
SR. OTTONE Diputada Fregonese, ¿suscribe el dictamen?
SRA. FREGONESE Sí, suscribo.
SR. OTTONE Diputado Frigerio, ¿suscribe el dictamen?
SR. FRIGERIO Sí, suscribo.
SR. OTTONE Diputado Iglesias, ¿suscribe el dictamen?
SR. IGLESIAS Sí, acompaño.
SR. OTTONE Diputada Lampreabe, ¿suscribe el dictamen?
SRA. LAMPREABE Sí, acompaño el dictamen.
SR. OTTONE Diputada Martínez, ¿suscribe el dictamen?
SRA. MARTÍNEZ Sí, acompaño el dictamen.
SR. OTTONE Diputada Mendoza, ¿suscribe el dictamen?
SRA. MENDOZA Sí, suscribo el dictamen.
SR. OTTONE Diputado Menna, ¿suscribe el dictamen?
Luego de unos instantes:
Luego de unos instantes:
SR. OTTONE Diputada Muñoz, ¿suscribe el dictamen?
SRA. MUÑOZ Sí, suscribo el dictamen.
SR. OTTONE Diputada Obeid, ¿suscribe el dictamen?
SRA. OBEID Sí, suscribo el dictamen y el informe.
SR. OTTONE Diputada Spósito, ¿suscribe el dictamen?
SRA. SPÓSITO Sí, acompaño.
SR. OTTONE Diputada Uhrig, ¿suscribe el dictamen?
SRA. UHRIG Sí, acompaño el dictamen.
SR. OTTONE Diputado Vázquez, ¿suscribe el dictamen?
SR. VÁZQUEZ Sí, acompaño.
SR. OTTONE Diputado |Zamarbide, ¿suscribe el dictamen?
- Expresiones incomprensibles por dificultades en el audio.
- Expresiones incomprensibles por dificultades en el audio.
SR. OTTONE Diputada Zuvic, ¿suscribe el dictamen?
SRA. ZUVIC Sí, acompaño el dictamen.
SR. OTTONE Diputado Berhongaray, ¿suscribe el dictamen?
Luego de unos instantes:
Luego de unos instantes:
SR. OTTONE Diputada Brambilla, ¿suscribe el dictamen?
Luego de unos instantes:
Luego de unos instantes:
SR. OTTONE Diputado Menna, ¿suscribe el dictamen?
Luego de unos instantes:
Luego de unos instantes:
SR. OTTONE Diputado Zamarbide, ¿suscribe el dictamen?
Luego de unos instantes:
SR. OTTONE De igual forma, van a poder firmar digitalmente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Seguimos con el temario, que lo tengo acá.
Vamos a dar tratamiento al proyecto de ley de manejo del fuego, que propone modificaciones. Es un proyecto de ley del señor diputado Kirchner.
Les pedimos a todos los diputados que cierren todos los micrófonos, que estén conectados al VPN. Tengo una lista de oradores y oradoras un poco más larga. Cualquiera que quiera pedir la palabra lo solicita a través del WhatsApp o a través del chat del Cisco webex.
Vamos a dar inicio a este tema. Yo solamente quiero introducir algunas cuestiones. Se vienen debatiendo en la Argentina hace ya varios meses los incendios a lo largo y ancho del país. Hoy, mientras debatimos este proyecto de ley de modificación de la ley de manejo del fuego, hay cuatro provincias que siguen teniendo focos activos. En la Argentina se calcula que casi 900.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Hay muchos factores que intervienen, pero según el Sistema Federal de Manejo del Fuego el 95 por ciento de estos focos de incendio son el resultado de la acción humana, que se agudizan y se extienden, y son muy difíciles de apagar porque estamos pasando por un período de sequía, resultado también del calentamiento global.
Sin embargo, no fue solamente esto lo que afectó a nuestros montes, bosques y humedales, sino que en los últimos meses de pandemia también vivimos un proceso de deforestación bastante grande en la Argentina. De hecho, hicimos una reunión informativa sobre los desmontes por la denuncia que llevó adelante Greenpeace y organizaciones campesinas e indígenas.
Se calcula que en el período que va del 15 de marzo al 31 de julio de 2020 se desmontaron aproximadamente 210 hectáreas por día. La Argentina aporta el 4,3 por ciento de la deforestación mundial y está entre los primeros diez países del mundo en deforestación según la FAO.
Digo todo esto para darle un contexto al proyecto de ley porque no es un fuego que aparece de un día para el otro, sino que tenemos un problema serio con respecto al avance en el cambio de uso de nuestros montes, bosques nativos y humedales.
Voy a comenzar con la lista de oradores y oradoras. Dado que en esta reunión somos bastantes más que en la anterior, voy a controlar el tiempo de 5 minutos por orador.
Tiene la palabra la señora diputada Josefina Mendoza.
Vamos a dar tratamiento al proyecto de ley de manejo del fuego, que propone modificaciones. Es un proyecto de ley del señor diputado Kirchner.
Les pedimos a todos los diputados que cierren todos los micrófonos, que estén conectados al VPN. Tengo una lista de oradores y oradoras un poco más larga. Cualquiera que quiera pedir la palabra lo solicita a través del WhatsApp o a través del chat del Cisco webex.
Vamos a dar inicio a este tema. Yo solamente quiero introducir algunas cuestiones. Se vienen debatiendo en la Argentina hace ya varios meses los incendios a lo largo y ancho del país. Hoy, mientras debatimos este proyecto de ley de modificación de la ley de manejo del fuego, hay cuatro provincias que siguen teniendo focos activos. En la Argentina se calcula que casi 900.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Hay muchos factores que intervienen, pero según el Sistema Federal de Manejo del Fuego el 95 por ciento de estos focos de incendio son el resultado de la acción humana, que se agudizan y se extienden, y son muy difíciles de apagar porque estamos pasando por un período de sequía, resultado también del calentamiento global.
Sin embargo, no fue solamente esto lo que afectó a nuestros montes, bosques y humedales, sino que en los últimos meses de pandemia también vivimos un proceso de deforestación bastante grande en la Argentina. De hecho, hicimos una reunión informativa sobre los desmontes por la denuncia que llevó adelante Greenpeace y organizaciones campesinas e indígenas.
Se calcula que en el período que va del 15 de marzo al 31 de julio de 2020 se desmontaron aproximadamente 210 hectáreas por día. La Argentina aporta el 4,3 por ciento de la deforestación mundial y está entre los primeros diez países del mundo en deforestación según la FAO.
Digo todo esto para darle un contexto al proyecto de ley porque no es un fuego que aparece de un día para el otro, sino que tenemos un problema serio con respecto al avance en el cambio de uso de nuestros montes, bosques nativos y humedales.
Voy a comenzar con la lista de oradores y oradoras. Dado que en esta reunión somos bastantes más que en la anterior, voy a controlar el tiempo de 5 minutos por orador.
Tiene la palabra la señora diputada Josefina Mendoza.
SRA. MENDOZA Gracias, señor presidente. Trataré de ser breve y clara remarcando algunos puntos.
Con respecto al funcionamiento de la comisión quiero agregar que el planteo se hizo porque muchos presentamos iniciativas que claramente podrían complementar y sumar a esta discusión sobre el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Todos deberíamos estar de acuerdo en este tema tratando de construir consensos para atacar este problema que transcurre en muchas provincias de la Argentina. En algunas provincias fue más profundo, pero es cierto que el problema sucede muchas veces por negligencia, por falta de acción de parte de los gobiernos y por falta de fondos. Pero también es producto de la crisis climática que estamos atravesando y este momento de sequía hace que se profundice la situación.
Desde mi posición, lamento que estemos tratando este tema solamente con respecto a un dictamen en particular en lugar de que se hayan sumado las diferentes iniciativas propuestas.
Con respecto al proyecto en tratamiento tenemos algunas objeciones que voy a repasar. Para empezar, el proyecto de ley no crea una mayor protección ambiental, por el contrario, la disminuye.
Si nos referimos puntualmente a la protección del bosque nativo, vemos que en este proyecto se prohíbe el uso del suelo por 60 años en el caso de haber ocurrido un incendio, sin embargo, la Ley de Bosque Nativo lo prohíbe a perpetuidad. Con lo cual, de aprobarse este dictamen, estaríamos retrocediendo en cuanto a la protección del bosque nativo.
Por otro lado, cuando se habla del fondo de manejo del fuego, la protección de todos los tipos de bosques ya existe en la legislación; cuando habla de la protección de áreas naturales protegidas, hoy ya están totalmente protegidas por la ley 22.351 de parques nacionales y, por lo tanto, no se puede cambiar el uso del suelo. En este caso incurrimos en legislar sobre lo que ya está legislado.
Otra cuestión preocupante es que el proyecto no distingue entre incendios intencionales y accidentales con el fin de plantear una restricción que tiene características de una sanción penal. También se criminaliza al propietario de la tierra sin indagar sobre su culpabilidad.
Por otro lado, se inhibe la autonomía de las jurisdicciones municipales. Doy el ejemplo de un futuro plan de desarrollo urbano: si ocurre un incendio intencional en una zona donde el gobierno local planeaba hacer un plan de viviendas, no podrá cambiar el uso del suelo de ese terreno, producto de haber sucedido un incendio intencional.
En base a este tema presenté un pedido de informes en agosto de 2020 y hubiese sido bueno discutir estas cuestiones durante el transcurso de los hechos.
De los dos proyectos que presentamos hay uno que claramente sumaría a esta discusión. Lo que planteamos en dicho proyecto son modificaciones a la ley 26.562, donde se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para el control de las actividades de quema.
Entre otras modificaciones, se propone la creación de una comisión de investigación de causas. Se hace con el fin de atacar el problema sobre la necesidad de diferenciar entre los incendios intencionales, accidentales o naturales. Nos parece importante y se lleva adelante en otros países del mundo para detectar la intencionalidad de un incendio.
En otro proyecto proponemos la modificación de la ley 26.815, de manejo del fuego, con el objeto de implementar una capacitación obligatoria para el manejo adecuado de quemas. Sabemos que muchos de los sucesos ocurridos están relacionados con aquellos productores que utilizan la quema como una forma de producción. Por eso necesitamos reforzar el aporte del Estado en pos de la capacitación para fomentar el uso adecuado del fuego con fines productivos; no así si fuera intencional.
Cómo mínimo, la capacitación contempla adquirir conocimientos sobre los parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación de suelo, de flora y fauna, y los requisitos técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego resguardando la salud y seguridad pública.
Nuestra intención es poner sobre la mesa y discutir este tema de los incendios. Hay que resolverlo de forma urgente porque viene azotando a media Argentina hace varios meses. Nos parece importante construir consensos y si no se hubiera tratado este tema acorde a solo un proyecto, de los varios que fueron presentados, sin dudas podríamos estar sacado un buen proyecto de ley para que sea tratado en el recinto con el acuerdo de todos los bloques.
Con respecto al funcionamiento de la comisión quiero agregar que el planteo se hizo porque muchos presentamos iniciativas que claramente podrían complementar y sumar a esta discusión sobre el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Todos deberíamos estar de acuerdo en este tema tratando de construir consensos para atacar este problema que transcurre en muchas provincias de la Argentina. En algunas provincias fue más profundo, pero es cierto que el problema sucede muchas veces por negligencia, por falta de acción de parte de los gobiernos y por falta de fondos. Pero también es producto de la crisis climática que estamos atravesando y este momento de sequía hace que se profundice la situación.
Desde mi posición, lamento que estemos tratando este tema solamente con respecto a un dictamen en particular en lugar de que se hayan sumado las diferentes iniciativas propuestas.
Con respecto al proyecto en tratamiento tenemos algunas objeciones que voy a repasar. Para empezar, el proyecto de ley no crea una mayor protección ambiental, por el contrario, la disminuye.
Si nos referimos puntualmente a la protección del bosque nativo, vemos que en este proyecto se prohíbe el uso del suelo por 60 años en el caso de haber ocurrido un incendio, sin embargo, la Ley de Bosque Nativo lo prohíbe a perpetuidad. Con lo cual, de aprobarse este dictamen, estaríamos retrocediendo en cuanto a la protección del bosque nativo.
Por otro lado, cuando se habla del fondo de manejo del fuego, la protección de todos los tipos de bosques ya existe en la legislación; cuando habla de la protección de áreas naturales protegidas, hoy ya están totalmente protegidas por la ley 22.351 de parques nacionales y, por lo tanto, no se puede cambiar el uso del suelo. En este caso incurrimos en legislar sobre lo que ya está legislado.
Otra cuestión preocupante es que el proyecto no distingue entre incendios intencionales y accidentales con el fin de plantear una restricción que tiene características de una sanción penal. También se criminaliza al propietario de la tierra sin indagar sobre su culpabilidad.
Por otro lado, se inhibe la autonomía de las jurisdicciones municipales. Doy el ejemplo de un futuro plan de desarrollo urbano: si ocurre un incendio intencional en una zona donde el gobierno local planeaba hacer un plan de viviendas, no podrá cambiar el uso del suelo de ese terreno, producto de haber sucedido un incendio intencional.
En base a este tema presenté un pedido de informes en agosto de 2020 y hubiese sido bueno discutir estas cuestiones durante el transcurso de los hechos.
De los dos proyectos que presentamos hay uno que claramente sumaría a esta discusión. Lo que planteamos en dicho proyecto son modificaciones a la ley 26.562, donde se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para el control de las actividades de quema.
Entre otras modificaciones, se propone la creación de una comisión de investigación de causas. Se hace con el fin de atacar el problema sobre la necesidad de diferenciar entre los incendios intencionales, accidentales o naturales. Nos parece importante y se lleva adelante en otros países del mundo para detectar la intencionalidad de un incendio.
En otro proyecto proponemos la modificación de la ley 26.815, de manejo del fuego, con el objeto de implementar una capacitación obligatoria para el manejo adecuado de quemas. Sabemos que muchos de los sucesos ocurridos están relacionados con aquellos productores que utilizan la quema como una forma de producción. Por eso necesitamos reforzar el aporte del Estado en pos de la capacitación para fomentar el uso adecuado del fuego con fines productivos; no así si fuera intencional.
Cómo mínimo, la capacitación contempla adquirir conocimientos sobre los parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación de suelo, de flora y fauna, y los requisitos técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego resguardando la salud y seguridad pública.
Nuestra intención es poner sobre la mesa y discutir este tema de los incendios. Hay que resolverlo de forma urgente porque viene azotando a media Argentina hace varios meses. Nos parece importante construir consensos y si no se hubiera tratado este tema acorde a solo un proyecto, de los varios que fueron presentados, sin dudas podríamos estar sacado un buen proyecto de ley para que sea tratado en el recinto con el acuerdo de todos los bloques.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Daniela Vilar.
SRA. VILAR Gracias, señor presidente. Primero, quiero remarcar la importancia de tratar este tema en este momento.
Como bien dijo usted, estamos ante una situación absolutamente urgente porque lamentablemente el 95 por ciento de los incendios fueron de manera intencional. Son casi 900.000 mil las hectáreas quemadas, en 14 provincias de nuestro país, que están restringiendo toda la biodiversidad afectando los bosques nativos y humedales, pero también los bienes comunes naturales, recursos materiales e infraestructuras que, obviamente, afectan la calidad de vida y salud de las personas que habitan estos ecosistemas.
Cuando hablamos de ecocidio nos referimos a un concepto que tiene que ver con un daño socio ambiental profundo y extenso. Eso es exactamente lo que está pasando y los compañeros y compañeras diputadas y diputados pueden dar testimonio de que eso pasa en sus provincias.
Cuando decimos que ese concepto implica la pérdida de los ecosistemas con impactos ecológicos y humanos a gran escala, entonces estamos describiendo la situación que vivimos en este momento: un ecocidio.
Como nosotros y nosotras tenemos la obligación de generar herramientas y producir políticas públicas para solucionar y modificar diagnósticos de la realidad, es que me parece fundamental partir de la verdad.
No me refiero solamente a la situación que estamos viviendo. También me refiero a lo que plantea la redacción de este proyecto de ley que el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó en conjunto con otros diputados y diputadas, sabiendo que se propuso el acompañamiento de este proyecto a la totalidad de los bloques que hoy constituyen la Cámara baja y entendiendo a quiénes no acompañaron este proceso constructivo.
Cuando decimos que la mayoría de estos incendios fueron por la acción humana estamos diciendo que son por causas antrópicas. Es decir, por negligencia o fuegos intencionales para deforestar esas áreas con fines especulativos e inmobiliarios. Nosotros no estamos limitando la posibilidad de uso de la tierra a partir de este proyecto -como recién se mencionó-, sino el cambio en su uso.
Si hay tierra que ya tiene un destino, como por ejemplo la construcción de viviendas sociales, y hubo un incendio en ese lugar -que puede no haber sido intencional y pertenecer a ese 5 por ciento que no lo es- y el destino estaba planteado para ese fin, se puede hacer. No se tiene que esperar mucho tiempo para poder llevar adelante esta construcción.
Nosotros establecemos en la redacción de este proyecto que no se pueda cambiar el uso de ese suelo porque buscamos la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. Cuando planteamos esta cuestión, entendemos que no solamente hay que pensar en lo que se ve del suelo para arriba.
No estamos hablando solamente de los bosques que ya tienen una reglamentación y una legislación -que también fue debatida en este Congreso- que, obviamente, tiene su aplicación en las provincias. Acá estamos hablando de la recuperación del suelo y de todos los servicios socioambientales que los ecosistemas de nuestro país nos prestan y que se pierden a partir de esos incendios que se producen de manera intencional para deforestar con fines especulativos, inmobiliarios, o de (inaudible.)
Si solamente pensamos en que vuelvan la flora y la fauna, nos estamos perdiendo los tiempos de los procesos, que no son como los nuestros. No podemos ni imaginar cuánto tiempo tardan en reconstituirse esos ecosistemas. Estamos pensando en procesos naturales -que nunca será cuestión de años ni mucho menos- necesarios para recomponer esas funciones de la naturaleza.
Este proyecto de ley surge en ese marco y, fundamentalmente, pretende evitar los incendios y prevenir que se generen de manera intencional -con fines especulativos-, porque se va a desincentivar ese recurso.
A partir de que el incendio se produce en un territorio, no se podrá generar ningún emprendimiento especulativo, ni cambiar el uso para el cual estaba destinado ese suelo de manera previa al incendio. Sí podrá cambiar de uso a través de legislaciones provinciales que lo regulan. Nosotros planteamos que no se use el fuego como herramienta para cambiar ese uso. Es un planteo simple, de sentido común y constituye una necesidad.
El combate de los incendios es el último eslabón de un proceso que arranca en evitarlos, haciendo todo lo posible para que no sucedan. Después, se debe tener todo listo por si ocurren, y cuando ocurran, combatirlos o controlarlos. Cuando logramos controlarlos, debemos garantizar que ese territorio y que esos ecosistemas puedan recuperarse y restaurarse.
Claramente, es muy importante estar preparados y tener herramientas y recursos para apagar esos incendios. En ese sentido, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, está haciendo un gran trabajo. Lo hizo en conjunto con un montón de brigadistas y otros colaboradores que estuvieron llevando adelante esta tarea en todo nuestro país.
Entonces, desde nuestro bloque, junto con todos los diputados y las diputadas que acompañan este proyecto, insistimos en este punto. El foco de la política pública es la prevención y es lo que viene a hacer este proyecto.
En detalle, el artículo 1º propone cambiar el artículo 22 bis de la ley 26.815 sobre Manejo del Fuego, ampliando y especificando las restricciones que ya existen. Esas restricciones las construimos entre todos y, a partir de tales diagnósticos, expresamos la necesidad de su regulación.
A través de la modificación del artículo 22 bis de la ley 26.815 de Manejo del Fuego, planteamos ampliar y especificar esas restricciones para que no suceda lo que está ocurriendo en este momento: tenemos 900.000 hectáreas de suelo y de territorio de nuestro país prendidos fuego. Habremos perdido para siempre su diversidad y sus ecosistemas si no logramos que esta ley se ponga en ejecución.
En el artículo 1º proponemos prohibir el cambio de uso por sesenta años en, bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. Es decir, se prohíbe por sesenta años hacer modificaciones en esos territorios, ya sea en el uso y destino -que fue lo que mencionamos-, la división, el loteo y el parcelamiento, cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al que se venía haciendo en ese lugar -estamos hablando de áreas protegidas y es lógico que así lo planteemos- y cualquier actividad agropecuaria distinta al uso y destino de la superficie que tenía al momento del incendio.
Si el destino y el uso es el mismo que la tierra tenía previo al incendio, se puede usar, depende del destino que estaba establecido para ese espacio. Me parece importante mencionar que este aspecto fue planteado a partir del trabajo con investigadores del Conicet y recomendamos compartir esta información.
Los trabajos que produjeron los investigadores argentinos constituyen una producción científica muy importante, especialmente, aquellos referidos a la edad de los árboles nativos de bosques de nuestro país. Estamos hablando de estudios dendrocronológicos. Tenemos especies que viven hasta setecientos años, y muchos de ellos, más de doscientos años. Es por ello que, como decíamos al principio, no podemos pensar en tiempos humanos para la reconstrucción y la restauración de esos bosques.
Los tiempos naturales nos exceden. Es importante también pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros pibes y de nuestras pibas. Po ello, con este proyecto de ley también estamos legislando para ellos y para ellas.
Luego, el artículo 2° incorpora a la ley el artículo 22 ter, que establece que las prohibiciones del artículo 22 bis -que mencionamos recién- pueden extenderse en el tiempo en el caso que así lo indicara el ordenamiento territorial de bosques nativos de la jurisdicción correspondiente. Estamos diciendo que estas legislaciones de ninguna manera se superponen; por el contrario, se complementan. Hoy nosotros estamos trabajando con una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, estableciendo un piso de protección y salvaguarda de esos ecosistemas y de esos ambientes.
Luego, el artículo 3° incorpora al artículo 22 quáter, que establece que para incendios en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales se prohíbe hacer emprendimientos inmobiliarios distintos a la venta y el arrendamiento, actividades agropecuarias distintas al uso y al destino al del suelo en el que se produce el incendio. Y obviamente, también se prohíbe la modificación del uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva si no eran las que se realizaban antes del incendio.
Es simple, nosotros estamos planteando que no se use la estrategia del fuego porque, como bien parece, todos y todas coincidimos en algunas cuestiones. La situación de cambio climático, el calentamiento global que está viviendo todo nuestro planeta en este momento -del cual, obviamente, nosotros no estamos exentos- generan una sequía inédita, y el uso del fuego como estrategia para limpieza de los territorios es absolutamente nociva e incontrolable. Por eso estamos viviendo esta situación.
Nadie sugiere una restricción en la propiedad de las tierras de cada uno, sino que a partir de estas modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego proponemos que no se pueda usar el fuego como una estrategia para especular, cambiar la producción, ni para pensar en crear más riqueza en detrimento de los ecosistemas, y fundamentalmente, de todos y todas los que componemos -incluso los hombres y las mujeres- esos ecosistemas y esos ambientes.
Luego, en la reunión de asesores propusimos incorporar un artículo para aumentar los recursos. La verdad, como esa cuestión fue salvada en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a través del artículo 102, volvemos a la propuesta original, que es la que tienen todas y todos.
Luego habrá diputados y diputadas que podrán analizar y comentar más sobre este punto. Es cierto que el monto es superior a lo que cualquier plan podría hacer respecto del Fondo Nacional de Manejo del Fuego.
Estamos hablando de una prima del 3 por mil del fondo de las aseguradoras, que ya existe y está creada, ya que con tales recursos también se financia el sistema de bomberos voluntarios.
En el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 se especifica bien el monto que se destinará para el Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Eso ya está incorporado y es importante para este proceso que va desde el inicio de la prevención de estos incendios hasta cuando hay que acudir a apagar y asistir a las regiones en situación de incendio.
Entendemos que prohibir la modificación del uso del fuego en zonas que fueron incendiadas o en las que se utilizó el fuego con fines especulativos puede cambiar rotundamente el accionar de los lobbies inmobiliarios. Debemos entender que aunque consigamos apagar el fuego, si la misma zona se vuelve a incendiar va a ser inútil todo el esfuerzo y se van a quemar aún más hectáreas. Es por eso que en este caso lo más importante -seré redundante pero quiero ser absolutamente clara porque entiendo que, de acuerdo a nuestros relatos y discursos, la mayoría coincidimos en esto- es evitar que esas tierras se incendien; es decir, no solamente abocarnos a apagar el fuego cuando ya está sucediendo -algo que sabemos es complejo- sino evitar que eso suceda.
En principio, este es el aporte que podemos hacer en esta ocasión. Obviamente, quedo a su disposición para continuar esta discusión.
Como bien dijo usted, estamos ante una situación absolutamente urgente porque lamentablemente el 95 por ciento de los incendios fueron de manera intencional. Son casi 900.000 mil las hectáreas quemadas, en 14 provincias de nuestro país, que están restringiendo toda la biodiversidad afectando los bosques nativos y humedales, pero también los bienes comunes naturales, recursos materiales e infraestructuras que, obviamente, afectan la calidad de vida y salud de las personas que habitan estos ecosistemas.
Cuando hablamos de ecocidio nos referimos a un concepto que tiene que ver con un daño socio ambiental profundo y extenso. Eso es exactamente lo que está pasando y los compañeros y compañeras diputadas y diputados pueden dar testimonio de que eso pasa en sus provincias.
Cuando decimos que ese concepto implica la pérdida de los ecosistemas con impactos ecológicos y humanos a gran escala, entonces estamos describiendo la situación que vivimos en este momento: un ecocidio.
Como nosotros y nosotras tenemos la obligación de generar herramientas y producir políticas públicas para solucionar y modificar diagnósticos de la realidad, es que me parece fundamental partir de la verdad.
No me refiero solamente a la situación que estamos viviendo. También me refiero a lo que plantea la redacción de este proyecto de ley que el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó en conjunto con otros diputados y diputadas, sabiendo que se propuso el acompañamiento de este proyecto a la totalidad de los bloques que hoy constituyen la Cámara baja y entendiendo a quiénes no acompañaron este proceso constructivo.
Cuando decimos que la mayoría de estos incendios fueron por la acción humana estamos diciendo que son por causas antrópicas. Es decir, por negligencia o fuegos intencionales para deforestar esas áreas con fines especulativos e inmobiliarios. Nosotros no estamos limitando la posibilidad de uso de la tierra a partir de este proyecto -como recién se mencionó-, sino el cambio en su uso.
Si hay tierra que ya tiene un destino, como por ejemplo la construcción de viviendas sociales, y hubo un incendio en ese lugar -que puede no haber sido intencional y pertenecer a ese 5 por ciento que no lo es- y el destino estaba planteado para ese fin, se puede hacer. No se tiene que esperar mucho tiempo para poder llevar adelante esta construcción.
Nosotros establecemos en la redacción de este proyecto que no se pueda cambiar el uso de ese suelo porque buscamos la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. Cuando planteamos esta cuestión, entendemos que no solamente hay que pensar en lo que se ve del suelo para arriba.
No estamos hablando solamente de los bosques que ya tienen una reglamentación y una legislación -que también fue debatida en este Congreso- que, obviamente, tiene su aplicación en las provincias. Acá estamos hablando de la recuperación del suelo y de todos los servicios socioambientales que los ecosistemas de nuestro país nos prestan y que se pierden a partir de esos incendios que se producen de manera intencional para deforestar con fines especulativos, inmobiliarios, o de (inaudible.)
Si solamente pensamos en que vuelvan la flora y la fauna, nos estamos perdiendo los tiempos de los procesos, que no son como los nuestros. No podemos ni imaginar cuánto tiempo tardan en reconstituirse esos ecosistemas. Estamos pensando en procesos naturales -que nunca será cuestión de años ni mucho menos- necesarios para recomponer esas funciones de la naturaleza.
Este proyecto de ley surge en ese marco y, fundamentalmente, pretende evitar los incendios y prevenir que se generen de manera intencional -con fines especulativos-, porque se va a desincentivar ese recurso.
A partir de que el incendio se produce en un territorio, no se podrá generar ningún emprendimiento especulativo, ni cambiar el uso para el cual estaba destinado ese suelo de manera previa al incendio. Sí podrá cambiar de uso a través de legislaciones provinciales que lo regulan. Nosotros planteamos que no se use el fuego como herramienta para cambiar ese uso. Es un planteo simple, de sentido común y constituye una necesidad.
El combate de los incendios es el último eslabón de un proceso que arranca en evitarlos, haciendo todo lo posible para que no sucedan. Después, se debe tener todo listo por si ocurren, y cuando ocurran, combatirlos o controlarlos. Cuando logramos controlarlos, debemos garantizar que ese territorio y que esos ecosistemas puedan recuperarse y restaurarse.
Claramente, es muy importante estar preparados y tener herramientas y recursos para apagar esos incendios. En ese sentido, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, está haciendo un gran trabajo. Lo hizo en conjunto con un montón de brigadistas y otros colaboradores que estuvieron llevando adelante esta tarea en todo nuestro país.
Entonces, desde nuestro bloque, junto con todos los diputados y las diputadas que acompañan este proyecto, insistimos en este punto. El foco de la política pública es la prevención y es lo que viene a hacer este proyecto.
En detalle, el artículo 1º propone cambiar el artículo 22 bis de la ley 26.815 sobre Manejo del Fuego, ampliando y especificando las restricciones que ya existen. Esas restricciones las construimos entre todos y, a partir de tales diagnósticos, expresamos la necesidad de su regulación.
A través de la modificación del artículo 22 bis de la ley 26.815 de Manejo del Fuego, planteamos ampliar y especificar esas restricciones para que no suceda lo que está ocurriendo en este momento: tenemos 900.000 hectáreas de suelo y de territorio de nuestro país prendidos fuego. Habremos perdido para siempre su diversidad y sus ecosistemas si no logramos que esta ley se ponga en ejecución.
En el artículo 1º proponemos prohibir el cambio de uso por sesenta años en, bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. Es decir, se prohíbe por sesenta años hacer modificaciones en esos territorios, ya sea en el uso y destino -que fue lo que mencionamos-, la división, el loteo y el parcelamiento, cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al que se venía haciendo en ese lugar -estamos hablando de áreas protegidas y es lógico que así lo planteemos- y cualquier actividad agropecuaria distinta al uso y destino de la superficie que tenía al momento del incendio.
Si el destino y el uso es el mismo que la tierra tenía previo al incendio, se puede usar, depende del destino que estaba establecido para ese espacio. Me parece importante mencionar que este aspecto fue planteado a partir del trabajo con investigadores del Conicet y recomendamos compartir esta información.
Los trabajos que produjeron los investigadores argentinos constituyen una producción científica muy importante, especialmente, aquellos referidos a la edad de los árboles nativos de bosques de nuestro país. Estamos hablando de estudios dendrocronológicos. Tenemos especies que viven hasta setecientos años, y muchos de ellos, más de doscientos años. Es por ello que, como decíamos al principio, no podemos pensar en tiempos humanos para la reconstrucción y la restauración de esos bosques.
Los tiempos naturales nos exceden. Es importante también pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros pibes y de nuestras pibas. Po ello, con este proyecto de ley también estamos legislando para ellos y para ellas.
Luego, el artículo 2° incorpora a la ley el artículo 22 ter, que establece que las prohibiciones del artículo 22 bis -que mencionamos recién- pueden extenderse en el tiempo en el caso que así lo indicara el ordenamiento territorial de bosques nativos de la jurisdicción correspondiente. Estamos diciendo que estas legislaciones de ninguna manera se superponen; por el contrario, se complementan. Hoy nosotros estamos trabajando con una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, estableciendo un piso de protección y salvaguarda de esos ecosistemas y de esos ambientes.
Luego, el artículo 3° incorpora al artículo 22 quáter, que establece que para incendios en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales se prohíbe hacer emprendimientos inmobiliarios distintos a la venta y el arrendamiento, actividades agropecuarias distintas al uso y al destino al del suelo en el que se produce el incendio. Y obviamente, también se prohíbe la modificación del uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva si no eran las que se realizaban antes del incendio.
Es simple, nosotros estamos planteando que no se use la estrategia del fuego porque, como bien parece, todos y todas coincidimos en algunas cuestiones. La situación de cambio climático, el calentamiento global que está viviendo todo nuestro planeta en este momento -del cual, obviamente, nosotros no estamos exentos- generan una sequía inédita, y el uso del fuego como estrategia para limpieza de los territorios es absolutamente nociva e incontrolable. Por eso estamos viviendo esta situación.
Nadie sugiere una restricción en la propiedad de las tierras de cada uno, sino que a partir de estas modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego proponemos que no se pueda usar el fuego como una estrategia para especular, cambiar la producción, ni para pensar en crear más riqueza en detrimento de los ecosistemas, y fundamentalmente, de todos y todas los que componemos -incluso los hombres y las mujeres- esos ecosistemas y esos ambientes.
Luego, en la reunión de asesores propusimos incorporar un artículo para aumentar los recursos. La verdad, como esa cuestión fue salvada en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a través del artículo 102, volvemos a la propuesta original, que es la que tienen todas y todos.
Luego habrá diputados y diputadas que podrán analizar y comentar más sobre este punto. Es cierto que el monto es superior a lo que cualquier plan podría hacer respecto del Fondo Nacional de Manejo del Fuego.
Estamos hablando de una prima del 3 por mil del fondo de las aseguradoras, que ya existe y está creada, ya que con tales recursos también se financia el sistema de bomberos voluntarios.
En el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 se especifica bien el monto que se destinará para el Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Eso ya está incorporado y es importante para este proceso que va desde el inicio de la prevención de estos incendios hasta cuando hay que acudir a apagar y asistir a las regiones en situación de incendio.
Entendemos que prohibir la modificación del uso del fuego en zonas que fueron incendiadas o en las que se utilizó el fuego con fines especulativos puede cambiar rotundamente el accionar de los lobbies inmobiliarios. Debemos entender que aunque consigamos apagar el fuego, si la misma zona se vuelve a incendiar va a ser inútil todo el esfuerzo y se van a quemar aún más hectáreas. Es por eso que en este caso lo más importante -seré redundante pero quiero ser absolutamente clara porque entiendo que, de acuerdo a nuestros relatos y discursos, la mayoría coincidimos en esto- es evitar que esas tierras se incendien; es decir, no solamente abocarnos a apagar el fuego cuando ya está sucediendo -algo que sabemos es complejo- sino evitar que eso suceda.
En principio, este es el aporte que podemos hacer en esta ocasión. Obviamente, quedo a su disposición para continuar esta discusión.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Quetglas.
SR. QUETGLAS Señor presidente: particularmente quiero agradecerle por su generosidad en concederme la palabra, dado que no integro esta comisión.
Se ha hablado aquí de verdad... (Inaudible.) ...una amenaza para especies, hábitat, etcétera. Uno sabe que en cuestiones socioambientales, cuando es recurrente una manifestación, un problema o una circunstancia, debe ser estudiada no como una casualidad o un hecho episódico.
El año pasado se perdieron en Australia 10 millones de hectáreas de manera directa y otras 10 millones de manera indirecta y hubo doscientas muertes. En ese mismo año, se perdieron 2,5 millones de hectáreas en la Amazonia y 1,7 millones de hectáreas en California, lugar que posiblemente sea uno de los mejor preparados para luchar contra el fuego, ya que tiene una larga tradición en ese sentido, a pesar de haber perdido 700.000 hectáreas en el año 2018.
Evidentemente, estamos ante un fenómeno de escala global que no obedece a la maledicencia de nadie ni a cuestiones culturales. No hay nada que una la Amazonia con Australia, la Federación Rusa, el Congo y la Argentina, todos lugares en donde ha habido megaincendios en estos años. De hecho, todos los registros muestran que hay 2,5 veces más incendios en el período 2018-2020 que en el período 2001-2003, de acuerdo al comparativo que se toma como referencia.
Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que es cada vez más recurrente, sin importar dónde ocurre. Por eso es tan necesario encontrar una herramienta para combatirlo. Estoy seguro de que las herramientas son: tecnología, entrenamiento y equipamiento. No hay otra forma de enfrentar un fenómeno que se repite tanto. De hecho, no creo que una norma apague esta recurrencia de incendios tan significativa.
Aquí se apela a la cuestión de la especulación, algo que efectivamente es cierto y hay que combatir, pero California, el Congo, la Federación Rusa y Australia no están llenos de especuladores inmobiliarios y, sin embargo, han tenido semejantes incendios.
Se habla de un período de sesenta años. En sesenta años algunas ciudades argentinas triplicaron o cuadruplicaron su mancha urbana. Es un período muy largo y los cambios que pueden darse en el uso del suelo muchas veces pueden ser a favor de los ecosistemas, no necesariamente en contra. De hecho, la Argentina es líder mundial en siembra directa, que es una tecnología que perfeccionó y mejoró la recuperación de los suelos.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que no podemos sancionar una norma que ubique en idéntico rango los incendios provocados y los accidentales. No podemos establecer un período de tiempo que puede significar, por ejemplo, que nos ocurra lo mismo que sucedió en Australia -esperemos que nunca pase en Argentina-: diez millones de hectáreas a las que no se les puede dar ningún otro destino luego de sufrir un incendio de esas características. Para que tengan una referencia, la superficie agraria de la Argentina abarca en total treinta y cinco millones de hectáreas; o sea que nuestro país debe analizar cómo aumentar su equipamiento, tecnología y capacidad de incidencia.
Por supuesto que todos los incendios provocados tienen que tener una investigación penal. Estoy ciento por ciento a favor de que sea perseguido el mal uso de la técnica de quema y de que el Estado se comprometa en los procesos de educación ambiental correspondientes. Pero no pensemos que por tener una norma exigente y razonable esto va a parar. Lamentablemente, para transitar esta situación de cambio climático hace falta que el Estado cuente con un dispositivo tecnológico de una envergadura distinta al actual, pero este proyecto de ley no va en esa dirección.
Lamento esto porque es una oportunidad en la que podríamos estar todos unidos. Sin embargo, pareciera ser que con el sesgo de mirar la situación de algún incendio provocado -que, por supuesto, nos duele a todos-, en vez de debatir un proyecto de ley con sentido y con criterio ambiental que tienda a resolver el problema, construimos una norma punitiva que -a mi manera de ver- se propone discursivamente solucionar el problema, pero no lo va a lograr. En efecto, el problema no está en la intencionalidad de los agentes sino en las condiciones contextuales en las que se desarrolla.
Muchas gracias, señor presidente.
Se ha hablado aquí de verdad... (Inaudible.) ...una amenaza para especies, hábitat, etcétera. Uno sabe que en cuestiones socioambientales, cuando es recurrente una manifestación, un problema o una circunstancia, debe ser estudiada no como una casualidad o un hecho episódico.
El año pasado se perdieron en Australia 10 millones de hectáreas de manera directa y otras 10 millones de manera indirecta y hubo doscientas muertes. En ese mismo año, se perdieron 2,5 millones de hectáreas en la Amazonia y 1,7 millones de hectáreas en California, lugar que posiblemente sea uno de los mejor preparados para luchar contra el fuego, ya que tiene una larga tradición en ese sentido, a pesar de haber perdido 700.000 hectáreas en el año 2018.
Evidentemente, estamos ante un fenómeno de escala global que no obedece a la maledicencia de nadie ni a cuestiones culturales. No hay nada que una la Amazonia con Australia, la Federación Rusa, el Congo y la Argentina, todos lugares en donde ha habido megaincendios en estos años. De hecho, todos los registros muestran que hay 2,5 veces más incendios en el período 2018-2020 que en el período 2001-2003, de acuerdo al comparativo que se toma como referencia.
Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que es cada vez más recurrente, sin importar dónde ocurre. Por eso es tan necesario encontrar una herramienta para combatirlo. Estoy seguro de que las herramientas son: tecnología, entrenamiento y equipamiento. No hay otra forma de enfrentar un fenómeno que se repite tanto. De hecho, no creo que una norma apague esta recurrencia de incendios tan significativa.
Aquí se apela a la cuestión de la especulación, algo que efectivamente es cierto y hay que combatir, pero California, el Congo, la Federación Rusa y Australia no están llenos de especuladores inmobiliarios y, sin embargo, han tenido semejantes incendios.
Se habla de un período de sesenta años. En sesenta años algunas ciudades argentinas triplicaron o cuadruplicaron su mancha urbana. Es un período muy largo y los cambios que pueden darse en el uso del suelo muchas veces pueden ser a favor de los ecosistemas, no necesariamente en contra. De hecho, la Argentina es líder mundial en siembra directa, que es una tecnología que perfeccionó y mejoró la recuperación de los suelos.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que no podemos sancionar una norma que ubique en idéntico rango los incendios provocados y los accidentales. No podemos establecer un período de tiempo que puede significar, por ejemplo, que nos ocurra lo mismo que sucedió en Australia -esperemos que nunca pase en Argentina-: diez millones de hectáreas a las que no se les puede dar ningún otro destino luego de sufrir un incendio de esas características. Para que tengan una referencia, la superficie agraria de la Argentina abarca en total treinta y cinco millones de hectáreas; o sea que nuestro país debe analizar cómo aumentar su equipamiento, tecnología y capacidad de incidencia.
Por supuesto que todos los incendios provocados tienen que tener una investigación penal. Estoy ciento por ciento a favor de que sea perseguido el mal uso de la técnica de quema y de que el Estado se comprometa en los procesos de educación ambiental correspondientes. Pero no pensemos que por tener una norma exigente y razonable esto va a parar. Lamentablemente, para transitar esta situación de cambio climático hace falta que el Estado cuente con un dispositivo tecnológico de una envergadura distinta al actual, pero este proyecto de ley no va en esa dirección.
Lamento esto porque es una oportunidad en la que podríamos estar todos unidos. Sin embargo, pareciera ser que con el sesgo de mirar la situación de algún incendio provocado -que, por supuesto, nos duele a todos-, en vez de debatir un proyecto de ley con sentido y con criterio ambiental que tienda a resolver el problema, construimos una norma punitiva que -a mi manera de ver- se propone discursivamente solucionar el problema, pero no lo va a lograr. En efecto, el problema no está en la intencionalidad de los agentes sino en las condiciones contextuales en las que se desarrolla.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
SR. FERNÁNDEZ (E.) Señor presidente: como bien ha dicho usted, esta comisión viene trabajando y discutiendo diversos temas. Hemos escuchado a muchos especialistas y vemos qué es lo que está pasando en el mundo en relación con el ambiente.
Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar para los argentinos, las argentinas y nuestro territorio, obviamente, tomando las experiencias mundiales.
Repetidamente hemos escuchado decir a las organizaciones ambientales especialistas que esto es un problema mundial, lo que no significa que no debamos tomar los recaudos necesarios que, como legisladores nacionales, creemos pueden y deben desalentar las especulaciones. Yo no puedo asegurar que en otro lugar del mundo no se hayan provocado incendios por razones especulativas porque, en realidad, esta miseria humana de querer enriquecerse a costa de la naturaleza y en poco tiempo se da en cualquier parte.
Como cordobés, veo lo que sucede en mi provincia. En el inicio del tratamiento de este proyecto de ley, el presidente se refirió a 900.000 hectáreas, de las cuales 300.000 son de mi Córdoba. ¿Qué les puedo decir, señores diputados?
Nosotros sabemos qué es lo que en realidad sucede porque le preguntamos a los bomberos en los lugares de nuestra Córdoba en donde se produjeron los incendios, por ejemplo, Falda del Carmen o Falda del Cañete. Los incendios se han venido repitiendo desde el 2003 y 2004, pero no siempre con las mismas condiciones climatológicas que se han dado este año: sequía, viento y gran cantidad de material combustible. Esto se dio permanentemente, como una manera de transformar en otra cosa a esos bosques nativos de esas zonas con muchísima biodiversidad. ¿Qué hay en Falda del Carmen y Falda del Cañete? Hay barrios cerrados y countries. Pregúntenles a los bomberos de la zona cuántas veces han tenido que ir.
Quienes integramos esta comisión hemos escuchado y asentimos algunas de las cosas que han dicho ciertos diputados y diputadas. Nosotros no creemos que esta sea una norma para solucionar todo. Nunca lo hemos dicho; tampoco lo ha dicho el autor del proyecto de ley. Estamos tomando medidas urgentes ante este ecocidio. Mientras tanto, creemos en el círculo virtuoso que tenemos que desarrollar en el aspecto legal y en el ejecutivo -como también lo está proponiendo el ministro de Ambiente- es mediante el tratamiento integral y efectivo del problema del ambiente. Sabemos que la educación es esencial, y por eso creemos que tiene que haber una ley nacional de educación ambiental.
Además, debe existir la obligación de que todos los funcionarios -no solo la Dirección de Ambiente- sepan integralmente qué es el ambiente. Estamos ante un peligro cierto. Tenemos la prevención, y para eso debe haber publicidad adecuada, pero con el riesgo de este año, en mi Córdoba no la hubo.
Luego, por supuesto hay que combatir al fuego, y para eso ya el área de Ambiente -a la luz de lo que ha pasado- se sacó del Ministerio de Seguridad, y pasó a ese Ministerio, y ahora está distribuyendo geográficamente bases en distinta forma.
Después viene la remediación. Escuchamos a los biólogos y los conservacionistas del mundo, y vemos que hacen falta treinta o sesenta años para reponer la situación. Miren las fotos de lo que quedó en las sierras. Hubo hasta mil grados en Córdoba, cuando comúnmente en los incendios se llega a quinientos. Pregúntenles a los bomberos. ¡Llegó a mil grados! ¡Se han quemado hasta los troncos! Va a costar mucho reponer todo lo dañado.
Soy consciente de que las medidas no son punitivas sino de resguardo y de que las tenemos que implementar con los productores, los ambientalistas y los ciudadanos de cada lugar de mi Córdoba, con sus municipios y comunas chicas, quienes vieron casi incendiados sus centros, como en Luyaba. Entre todos debemos luchar contra el fuego.
Este es un granito de arena. Por eso apoyamos y suscribimos este proyecto, pero hace falta dar una señal en el sentido de que desde el Estado no vamos a permitir más la especulación. Luego, esta Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano debe hacer un complejo legal que afirme que estamos cuidando el ambiente y que el Estado cumple un rol principal, que no es solamente punitivo.
Me resisto a entender esta norma como punitiva, como dijo el señor diputado preopinante; esta es una norma para prevenir y defender la naturaleza. No es contra nadie; dejemos de contraponer ambiente y producción.
He hablado con pequeños productores ganaderos de Alpa Corral. ¿Quién más que ellos querría cuidar sus campos? Hay que hacerlo inteligentemente, y por eso las Direcciones de Ambiente tendrán que ver cuáles son las mejores formas. Hay que hacerlo entre todos, como hay que hacer todo en este país.
Resguardar el ambiente es fundamental. Por eso hay que aprobar el proyecto. Basarnos en tecnicismos o darle otro sentido no puede demorar la aprobación, porque muchísimos sectores en Córdoba y en otros lugares están esperando que demos una buena señal como esta.
Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar para los argentinos, las argentinas y nuestro territorio, obviamente, tomando las experiencias mundiales.
Repetidamente hemos escuchado decir a las organizaciones ambientales especialistas que esto es un problema mundial, lo que no significa que no debamos tomar los recaudos necesarios que, como legisladores nacionales, creemos pueden y deben desalentar las especulaciones. Yo no puedo asegurar que en otro lugar del mundo no se hayan provocado incendios por razones especulativas porque, en realidad, esta miseria humana de querer enriquecerse a costa de la naturaleza y en poco tiempo se da en cualquier parte.
Como cordobés, veo lo que sucede en mi provincia. En el inicio del tratamiento de este proyecto de ley, el presidente se refirió a 900.000 hectáreas, de las cuales 300.000 son de mi Córdoba. ¿Qué les puedo decir, señores diputados?
Nosotros sabemos qué es lo que en realidad sucede porque le preguntamos a los bomberos en los lugares de nuestra Córdoba en donde se produjeron los incendios, por ejemplo, Falda del Carmen o Falda del Cañete. Los incendios se han venido repitiendo desde el 2003 y 2004, pero no siempre con las mismas condiciones climatológicas que se han dado este año: sequía, viento y gran cantidad de material combustible. Esto se dio permanentemente, como una manera de transformar en otra cosa a esos bosques nativos de esas zonas con muchísima biodiversidad. ¿Qué hay en Falda del Carmen y Falda del Cañete? Hay barrios cerrados y countries. Pregúntenles a los bomberos de la zona cuántas veces han tenido que ir.
Quienes integramos esta comisión hemos escuchado y asentimos algunas de las cosas que han dicho ciertos diputados y diputadas. Nosotros no creemos que esta sea una norma para solucionar todo. Nunca lo hemos dicho; tampoco lo ha dicho el autor del proyecto de ley. Estamos tomando medidas urgentes ante este ecocidio. Mientras tanto, creemos en el círculo virtuoso que tenemos que desarrollar en el aspecto legal y en el ejecutivo -como también lo está proponiendo el ministro de Ambiente- es mediante el tratamiento integral y efectivo del problema del ambiente. Sabemos que la educación es esencial, y por eso creemos que tiene que haber una ley nacional de educación ambiental.
Además, debe existir la obligación de que todos los funcionarios -no solo la Dirección de Ambiente- sepan integralmente qué es el ambiente. Estamos ante un peligro cierto. Tenemos la prevención, y para eso debe haber publicidad adecuada, pero con el riesgo de este año, en mi Córdoba no la hubo.
Luego, por supuesto hay que combatir al fuego, y para eso ya el área de Ambiente -a la luz de lo que ha pasado- se sacó del Ministerio de Seguridad, y pasó a ese Ministerio, y ahora está distribuyendo geográficamente bases en distinta forma.
Después viene la remediación. Escuchamos a los biólogos y los conservacionistas del mundo, y vemos que hacen falta treinta o sesenta años para reponer la situación. Miren las fotos de lo que quedó en las sierras. Hubo hasta mil grados en Córdoba, cuando comúnmente en los incendios se llega a quinientos. Pregúntenles a los bomberos. ¡Llegó a mil grados! ¡Se han quemado hasta los troncos! Va a costar mucho reponer todo lo dañado.
Soy consciente de que las medidas no son punitivas sino de resguardo y de que las tenemos que implementar con los productores, los ambientalistas y los ciudadanos de cada lugar de mi Córdoba, con sus municipios y comunas chicas, quienes vieron casi incendiados sus centros, como en Luyaba. Entre todos debemos luchar contra el fuego.
Este es un granito de arena. Por eso apoyamos y suscribimos este proyecto, pero hace falta dar una señal en el sentido de que desde el Estado no vamos a permitir más la especulación. Luego, esta Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano debe hacer un complejo legal que afirme que estamos cuidando el ambiente y que el Estado cumple un rol principal, que no es solamente punitivo.
Me resisto a entender esta norma como punitiva, como dijo el señor diputado preopinante; esta es una norma para prevenir y defender la naturaleza. No es contra nadie; dejemos de contraponer ambiente y producción.
He hablado con pequeños productores ganaderos de Alpa Corral. ¿Quién más que ellos querría cuidar sus campos? Hay que hacerlo inteligentemente, y por eso las Direcciones de Ambiente tendrán que ver cuáles son las mejores formas. Hay que hacerlo entre todos, como hay que hacer todo en este país.
Resguardar el ambiente es fundamental. Por eso hay que aprobar el proyecto. Basarnos en tecnicismos o darle otro sentido no puede demorar la aprobación, porque muchísimos sectores en Córdoba y en otros lugares están esperando que demos una buena señal como esta.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Ramón.
SR. RAMÓN Señor presidente: en primer lugar, muchas gracias a usted y a todos los miembros de la comisión por permitirme intervenir en relación con este proyecto. No quiero basarme en el aspecto técnico -que creo que lo han explicado y lo explicarán los diputados que integran la comisión- sino que quiero fijar una posición política.
Con esta reforma de la Ley de Manejo del Fuego nos quedarán dos cuestiones en claro. Por un lado, queda claro que es un problema ambiental y que, después, muy lejos, es un problema económico. Por otro lado, que los esquemas que venimos manejando hace mucho tiempo fracasaron, por lo que se deben tomar medidas políticas fuertes. Este proyecto tiene una ventaja, y veo que el Frente de Todos, la Unidad Federal para el Desarrollo y el Bloque Federal estamos acompañando esta iniciativa porque entendemos que estos son los puntos a tener en cuenta. El tiempo de los proyectos tibios ya se terminó, porque se trata de un verdadero problema ambiental.
Cuando se trata de una cuestión ambiental, no pueden seguir priorizándose los aspectos económicos una y otra vez. Estos planteos que se vienen escuchando sobre la propiedad privada, la exageración y tantas otras cosas que levantan polvillo son un intento para que en el Congreso no se haga nada en relación con los temas ambientales, lo cual permitirá que se siga haciendo lo que se les dé la gana a quienes tienen la posición dominante, la fortaleza y el poder económico por fuera de las decisiones que nosotros podemos tomar.
Tengamos claro que no es el pequeño productor el que justo ahora se beneficia con las quemas o con los desmontes, sino que son los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas los que, de alguna u otra manera, provocan estas situaciones que agravan seriamente los estándares de calidad que debe tener nuestro medio ambiente.
Hay un diagnóstico en materia ambiental que indica consecuencias claras: la Argentina representa el 4,5 por ciento del desmonte a nivel global. Desde que se dictó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -que rigió entre 2007 y 2015-, el desmonte disminuyó notablemente, aunque no se terminó. A partir de 2015 pasó a aumentar de una manera desproporcionada hasta la actualidad. Desde que se aprobó esta ley -que está vigente y sobre la que proponemos su modificación-, se superaron los 2,8 millones de hectáreas. A su vez, en términos de la FAO, la Argentina está entre los diez países con mayor cantidad de pérdida de bosques.
Recién habló un colega que hacía referencia al problema de los incendios e, incluso, los incendios del exterior. Hay que hablar claro, y por eso hay que ser firmes: el Estado no tiene las herramientas para frenar los incendios y la especulación. Todos los años vemos incendios en los mismos lugares y jamás aparece un culpable. Siempre los funcionarios se llenan la boca diciendo que hay que encontrar a los culpables. Terminemos con eso y hagamos saber a la sociedad que el problema no es la imposibilidad de encontrar a los culpables. Por esa razón, este proyecto de ley tiene la severidad de imponer sesenta años, treinta años y el aporte económico.
Si me permite, señor presidente, quisiera decir que los incendios no se dan en cualquier lugar, sino que usualmente se producen en zonas protegidas. La mayoría de ellos se produjeron en Santiago del Estero -28 por ciento-, en Salta -21 por ciento-, en Chaco -14 por ciento- y en Formosa -13 por ciento. Es decir, son conocidos los usos que terminan teniendo estas tierras y violan directamente el objetivo de la protección, que es la producción agropecuaria.
Por esa razón, quiero retomar mi exposición y decir que se trata de un problema ambiental que está muy lejos de ser un problema económico. En tal sentido, quisiera realizar algunas propuestas porque necesitamos poner el ojo en esta situación. Cuando se busca expandir la frontera productiva de nuestro país siempre se lo hace a costa de la conservación de los recursos naturales, hecho que hoy es muy grave, como no lo era hace setenta años o cuando nuestros abuelos y bisabuelos intentaron conquistar la Pampa Húmeda de nuestra Argentina.
Sé que aquí y en el recinto escucharemos muchos discursos referidos a la afectación a la propiedad privada, a la dificultad de invertir y tantas otras cosas que escuchamos a diario, sin otro objeto que el de señalar que el peor de los problemas es la afectación de la propiedad privada y la dificultad de atraer inversiones con este tipo de proyectos.
Por lo tanto, propongo que en este Congreso se haga lo que debe hacerse en esta materia: pensar en el futuro y en la obligación constitucional y operativa del Artículo 41 de nuestra Carta Magna, que establece que debemos cuidar como prioridad -en la punta de la pirámide de los valores- la protección del medio ambiente, aun ante la pérdida de proyectos que económicamente pueden ser rentables.
Tal como vamos, estamos cada vez peor en cuanto a la protección de nuestro medio ambiente y los mecanismos con los que contamos no funcionan. La propuesta de buscar al culpable no dio ni va a dar resultados en el futuro.
Por eso, nuestro objetivo como legisladores debe ser frenar esta afectación ambiental, no solo en relación con la propiedad privada, la producción directa o un beneficio, sino porque no es posible avanzar una hectárea más en la deforestación de nuestra Argentina y porque tampoco podemos permitir que sigan haciéndose negocios con nuestro medio ambiente, al que debemos cuidar para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y la posteridad. ¡Vaya que tenemos una responsabilidad como legisladores!
Este proyecto es duro, no por las penas que fija sino porque se ocupa de la prevención. Ya no importa si hay un culpable, si fue accidental o de qué forma se produjo el incendio, sino que esta iniciativa establece que deben esperarse treinta años para hacer un desarrollo productivo distinto del que existía. Eso se llama prevención, no buscar al culpable, y esa es la virtud del proyecto.
Además, la iniciativa tiene un último punto que, en mi opinión, atraviesa de manera transversal todos los temas al proponer el aporte del 3 por mil de las compañías de seguro sin trasladarlo a los consumidores o a los usuarios. Ese aspecto es una propiedad de la operatividad que deben tener los derechos de la protección del medio ambiente y de los usuarios y consumidores.
Esta es una norma de avanzada, que es fuerte, que cuenta con el apoyo de varios bloques y de muchos diputados y diputadas que creemos que la manera de conservar y visualizar nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos es cuidando el medio ambiente de manera preventiva, aun a despecho de quienes dicen que se afecta la propiedad privada y que las inversiones no vendrán por el cuidado excesivo de nuestro hábitat. Estoy orgulloso de la cantidad de diputados que hoy apoyamos este proyecto y espero que muy pronto sea sancionado en el recinto.
Para finalizar, porque no quiero hacer muy extensa mi exposición, considero que debemos cuidar nuestros bosques y también el agua porque no hay tiempo para las mediciones y las consecuencias son evidentes. Considero que como país estamos muy atrasados en muchos aspectos porque como decía anteriormente, la Argentina no tiene los recursos para atacar los incendios, no podemos pararlos, los detiene la lluvia o Dios -si pensamos en términos de religión-, ya que se apagan cuando Él resuelve que llueva.
Entonces, debemos considerar claramente y sin buscar justificativos, que nuestro país es una enorme reserva natural a nivel mundial. Eso debe ser un orgullo para nosotros y también una enorme responsabilidad al igual que la que tenemos de emitir un dictamen para que sea tratado en el recinto.
Considero que debemos seguir el camino de la protección ambiental y del control de la especulación inmobiliaria. Tanto en este tema de la Ley del Fuego, como en muchos otros, la especulación de quienes tienen una posición dominante por su poder económico seguirá atada a un proceso en el que no importará la degradación.
En tal sentido, este proyecto de ley trae un principio que me genera la visión de que desde este Congreso funcionando -si bien al principio en la comisión había algunos diputados molestos por el no funcionamiento, pero no quiero entrar en ese tema porque no pertenezco a esta comisión- lograremos tomar decisiones para la preservación de la imposición operativa del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Agradezco a la Presidencia por haberme permitido participar y exponer sobre este proyecto del que también formo parte. Además, quiero agradecer a los diputados de otros bloques que apoyan esta iniciativa y espero puedan acompañarla en el recinto con su voto. Muchísimas gracias.
Con esta reforma de la Ley de Manejo del Fuego nos quedarán dos cuestiones en claro. Por un lado, queda claro que es un problema ambiental y que, después, muy lejos, es un problema económico. Por otro lado, que los esquemas que venimos manejando hace mucho tiempo fracasaron, por lo que se deben tomar medidas políticas fuertes. Este proyecto tiene una ventaja, y veo que el Frente de Todos, la Unidad Federal para el Desarrollo y el Bloque Federal estamos acompañando esta iniciativa porque entendemos que estos son los puntos a tener en cuenta. El tiempo de los proyectos tibios ya se terminó, porque se trata de un verdadero problema ambiental.
Cuando se trata de una cuestión ambiental, no pueden seguir priorizándose los aspectos económicos una y otra vez. Estos planteos que se vienen escuchando sobre la propiedad privada, la exageración y tantas otras cosas que levantan polvillo son un intento para que en el Congreso no se haga nada en relación con los temas ambientales, lo cual permitirá que se siga haciendo lo que se les dé la gana a quienes tienen la posición dominante, la fortaleza y el poder económico por fuera de las decisiones que nosotros podemos tomar.
Tengamos claro que no es el pequeño productor el que justo ahora se beneficia con las quemas o con los desmontes, sino que son los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas los que, de alguna u otra manera, provocan estas situaciones que agravan seriamente los estándares de calidad que debe tener nuestro medio ambiente.
Hay un diagnóstico en materia ambiental que indica consecuencias claras: la Argentina representa el 4,5 por ciento del desmonte a nivel global. Desde que se dictó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos -que rigió entre 2007 y 2015-, el desmonte disminuyó notablemente, aunque no se terminó. A partir de 2015 pasó a aumentar de una manera desproporcionada hasta la actualidad. Desde que se aprobó esta ley -que está vigente y sobre la que proponemos su modificación-, se superaron los 2,8 millones de hectáreas. A su vez, en términos de la FAO, la Argentina está entre los diez países con mayor cantidad de pérdida de bosques.
Recién habló un colega que hacía referencia al problema de los incendios e, incluso, los incendios del exterior. Hay que hablar claro, y por eso hay que ser firmes: el Estado no tiene las herramientas para frenar los incendios y la especulación. Todos los años vemos incendios en los mismos lugares y jamás aparece un culpable. Siempre los funcionarios se llenan la boca diciendo que hay que encontrar a los culpables. Terminemos con eso y hagamos saber a la sociedad que el problema no es la imposibilidad de encontrar a los culpables. Por esa razón, este proyecto de ley tiene la severidad de imponer sesenta años, treinta años y el aporte económico.
Si me permite, señor presidente, quisiera decir que los incendios no se dan en cualquier lugar, sino que usualmente se producen en zonas protegidas. La mayoría de ellos se produjeron en Santiago del Estero -28 por ciento-, en Salta -21 por ciento-, en Chaco -14 por ciento- y en Formosa -13 por ciento. Es decir, son conocidos los usos que terminan teniendo estas tierras y violan directamente el objetivo de la protección, que es la producción agropecuaria.
Por esa razón, quiero retomar mi exposición y decir que se trata de un problema ambiental que está muy lejos de ser un problema económico. En tal sentido, quisiera realizar algunas propuestas porque necesitamos poner el ojo en esta situación. Cuando se busca expandir la frontera productiva de nuestro país siempre se lo hace a costa de la conservación de los recursos naturales, hecho que hoy es muy grave, como no lo era hace setenta años o cuando nuestros abuelos y bisabuelos intentaron conquistar la Pampa Húmeda de nuestra Argentina.
Sé que aquí y en el recinto escucharemos muchos discursos referidos a la afectación a la propiedad privada, a la dificultad de invertir y tantas otras cosas que escuchamos a diario, sin otro objeto que el de señalar que el peor de los problemas es la afectación de la propiedad privada y la dificultad de atraer inversiones con este tipo de proyectos.
Por lo tanto, propongo que en este Congreso se haga lo que debe hacerse en esta materia: pensar en el futuro y en la obligación constitucional y operativa del Artículo 41 de nuestra Carta Magna, que establece que debemos cuidar como prioridad -en la punta de la pirámide de los valores- la protección del medio ambiente, aun ante la pérdida de proyectos que económicamente pueden ser rentables.
Tal como vamos, estamos cada vez peor en cuanto a la protección de nuestro medio ambiente y los mecanismos con los que contamos no funcionan. La propuesta de buscar al culpable no dio ni va a dar resultados en el futuro.
Por eso, nuestro objetivo como legisladores debe ser frenar esta afectación ambiental, no solo en relación con la propiedad privada, la producción directa o un beneficio, sino porque no es posible avanzar una hectárea más en la deforestación de nuestra Argentina y porque tampoco podemos permitir que sigan haciéndose negocios con nuestro medio ambiente, al que debemos cuidar para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y la posteridad. ¡Vaya que tenemos una responsabilidad como legisladores!
Este proyecto es duro, no por las penas que fija sino porque se ocupa de la prevención. Ya no importa si hay un culpable, si fue accidental o de qué forma se produjo el incendio, sino que esta iniciativa establece que deben esperarse treinta años para hacer un desarrollo productivo distinto del que existía. Eso se llama prevención, no buscar al culpable, y esa es la virtud del proyecto.
Además, la iniciativa tiene un último punto que, en mi opinión, atraviesa de manera transversal todos los temas al proponer el aporte del 3 por mil de las compañías de seguro sin trasladarlo a los consumidores o a los usuarios. Ese aspecto es una propiedad de la operatividad que deben tener los derechos de la protección del medio ambiente y de los usuarios y consumidores.
Esta es una norma de avanzada, que es fuerte, que cuenta con el apoyo de varios bloques y de muchos diputados y diputadas que creemos que la manera de conservar y visualizar nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos es cuidando el medio ambiente de manera preventiva, aun a despecho de quienes dicen que se afecta la propiedad privada y que las inversiones no vendrán por el cuidado excesivo de nuestro hábitat. Estoy orgulloso de la cantidad de diputados que hoy apoyamos este proyecto y espero que muy pronto sea sancionado en el recinto.
Para finalizar, porque no quiero hacer muy extensa mi exposición, considero que debemos cuidar nuestros bosques y también el agua porque no hay tiempo para las mediciones y las consecuencias son evidentes. Considero que como país estamos muy atrasados en muchos aspectos porque como decía anteriormente, la Argentina no tiene los recursos para atacar los incendios, no podemos pararlos, los detiene la lluvia o Dios -si pensamos en términos de religión-, ya que se apagan cuando Él resuelve que llueva.
Entonces, debemos considerar claramente y sin buscar justificativos, que nuestro país es una enorme reserva natural a nivel mundial. Eso debe ser un orgullo para nosotros y también una enorme responsabilidad al igual que la que tenemos de emitir un dictamen para que sea tratado en el recinto.
Considero que debemos seguir el camino de la protección ambiental y del control de la especulación inmobiliaria. Tanto en este tema de la Ley del Fuego, como en muchos otros, la especulación de quienes tienen una posición dominante por su poder económico seguirá atada a un proceso en el que no importará la degradación.
En tal sentido, este proyecto de ley trae un principio que me genera la visión de que desde este Congreso funcionando -si bien al principio en la comisión había algunos diputados molestos por el no funcionamiento, pero no quiero entrar en ese tema porque no pertenezco a esta comisión- lograremos tomar decisiones para la preservación de la imposición operativa del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Agradezco a la Presidencia por haberme permitido participar y exponer sobre este proyecto del que también formo parte. Además, quiero agradecer a los diputados de otros bloques que apoyan esta iniciativa y espero puedan acompañarla en el recinto con su voto. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Cerruti.
SRA. CERRUTI Señor presidente: quiero retomar lo manifestado por uno de los diputados que me precedió en el uso de la palabra en relación con qué es lo que tienen en común Australia, California, la Amazonia y la Argentina, y creo que en el medio mencionó a la República Rusa para que no dijéramos el capitalismo.
Sinceramente, tanto el extractivismo y sus consecuencias en la crisis climática como la especulación -tanto inmobiliaria como del negocio agroecológico y ganadero-, no tienen y no han tenido en el último siglo mucha distinción en cuanto a cuál es el sistema político y económico que los lleva adelante, sino que en todo el mundo ha sido de la misma manera.
Hoy estamos aquí, sufriendo las consecuencias de esa especulación, de haber sentido que la domesticación y la explotación podían llevarse adelante porque la Tierra nunca se iba a terminar. Es decir, como si las leyes de la entropía no existieran y la explotación de la Tierra y de los recursos naturales pudiera seguir haciéndose porque la energía va a seguir funcionando siempre; sin embargo, no es así.
La naturaleza nos está diciendo claramente que hemos llegado a un cuello de botella en el que no sabemos si dentro de algunas décadas el planeta será igual al que conocíamos hace un tiempo atrás y si podremos seguir desarrollando la vida tal como la conocíamos o la pensábamos.
Este año en el Congreso dijimos muchas veces que nos toca hablar del ambiente y de estos temas en medio de una pandemia zoonótica como la que estamos viviendo, que al mismo tiempo es consecuencia del nivel de aceleración y de explotación que ha tenido el mundo en los últimos años, de la mano de las industrias del turismo y aeronáutica, yendo de un lado a otro del mundo para explotar más y mejor a la Tierra de esa manera.
El mundo tardó muchísimos años en darse cuenta de que no se podía explotar a otros hombres, y muchos más todavía en darse cuenta de que no se podía explotar a las mujeres. Por lo tanto, estamos en un momento en el que debemos darnos cuenta de que tampoco puede explotarse de esta manera al suelo y a la naturaleza. El suelo no pasa a ser una cosa cuando es propiedad privada de alguien, sino que es el tapiz de la Tierra, la biodiversidad, lo que nos permite que el ecosistema funcione.
Cuando en la escuela primaria aprendimos que el ecosistema funciona porque la gacela come pasto y el tigre se come a la gacela, tengamos en cuenta que no hay pasto si hay sequías, incendios o si no llueve, y tampoco hay gacelas ni tigres.
Entonces, cuando ponemos en juego el tapiz de la Tierra estamos poniendo en juego la existencia de la vida humana y también la de los otros seres y la de las otras especies sobre este planeta.
Cuando nos referimos a la posibilidad o no de la regulación, algunos se preocupan y dicen que se están metiendo con la propiedad privada. Desde el principio, el campo aceptó la idea de la servidumbre cuando se trataba de entrar y sacar los productos que generaba. Los caminos de servidumbre permitían atravesar otros campos y no estaba en discusión la propiedad privada. En realidad, formaba parte de una cuestión sobre la cual la comunidad tenía que ponerse de acuerdo para que siguiera funcionando el sistema de explotación de la tierra.
A mí me gusta tomarme de los conceptos que trabajamos cuando hablamos de la servidumbre ambiental y de cómo el suelo es parte del ecosistema y del tapiz de la Tierra. Por lo tanto, hay decisiones que hay que tomar que tienen que ver con no convertirlo en algo sobre lo cual se puede hacer cualquier cosa y de cualquier manera.
El 95 por ciento de los incendios que se han desarrollado en la Argentina tienen origen en la acción humana. Es decir que la cantidad de hectáreas que se han quemado en el último tiempo tienen origen antrópico, ya sea por cuestiones accidentales o intencionales. En este último caso, empiezan para un lado y terminan en otro, pero también existe responsabilidad. Se trata de una responsabilidad que deriva de no prevenir el accidente que pueda ocurrir y termina con el incendio de un bosque. Hay responsabilidad de quien cree que es más barato limpiar un campo o deshacerse de la basura prendiendo fuego, y después no logra controlarlo.
Por supuesto que es fundamental la prevención y la educación. En ese sentido, hay que sancionar la ley de educación ambiental y avanzar con ella en todos los poderes del Estado. La verdad es que a esta altura del partido, después de tantos años de democracia y de esta forma que hemos construido entre todos y todas, sabemos que tener algún tipo de regulación ayuda a que pensemos dos veces antes de hacer determinadas cosas.
Estamos planteando lisa y llanamente en poner un coto a la posibilidad de que alguien piense que, quemando un suelo, después le podrá rendir más porque le cambia el uso y lo convierte en objeto de especulación inmobiliaria o de algún negocio agroganadero. Tenemos que hacerlo porque es fundamental.
La primera diputada de la oposición que habló en esta reunión se expresó con gran liviandad respecto del momento en el que se prende fuego cerca de las ciudades. Generalmente, cuando ocurre eso es porque se quiere llevar adelante un proyecto inmobiliario, y no solo es peligroso por la destrucción del ambiente de ese lugar, el humedal y todo el ecosistema de la zona, sino que también lo es para la ciudad y las personas que viven cerca.
Considero que no hay que referirse al fuego con liviandad. Un diputado preopinante dijo: "Bueno, se prende fuego en todo el mundo; qué vamos hacer; tengamos más bomberos". La verdad es que esto no se resuelve con bomberos o hidrantes, sino con el cambio de la cosmovisión del mundo que tenemos y con leyes que nos ayuden a acompañarlo.
Entonces, aquello que no aprendimos a través de la discusión y el diálogo se puede hacer carne, en principio, cumpliendo determinadas leyes que establezcan algún tipo de prevención y -si se quiere- de castigo, porque si no se cree que se está quemando el suelo por especulación inmobiliaria, entonces, no hay ningún castigo.
La verdad es que el que siente que esta iniciativa lo está castigando es el que quiere prender fuego a la tierra para después transformar el humedal, el bosque o lo que fuese en objeto de especulación inmobiliaria o de un negocio agroganadero. De lo contrario, si el suelo iba a seguir siendo tal, hay que ayudar a saber cómo se lo reconstruye para llevar adelante todo lo que se quería después de haber sufrido un incendio, intencional o no.
Antes de continuar con el debate en esta reunión de comisión quiero agregar que teníamos un tema con la cuestión presupuestaria que se iba a llevar adelante.
Retomo la discusión del principio. Es cierto que es muy fácil señalar numerosas cuestiones cuando se es oposición y después no llevarlas adelante cuando se es gobierno. Durante muchos años, en el Congreso de la Nación nos especializamos en votar iniciativas perfectas que después no se llevan adelante porque no se les asigna el presupuesto necesario o no se implementan.
En ese sentido, pasamos cuatro años sin que se asignara presupuesto a las leyes de Glaciares y de Bosques, ni se cumpliera con ninguna de las disposiciones que ya estaban sancionadas. Pasamos los dos últimos años con la degradación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la reducción de su presupuesto en más de un 35 por ciento de lo estipulado.
Queremos señalar que en el dictamen que se firmó el viernes pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda -que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados- ya está previsto un impuesto del 3 por mil de las aseguradoras para que esta ley cuente con su financiamiento. Esto implica que el Estado, en el proyecto de ley de presupuesto para 2021, teniendo en cuenta la inflación proyectada -del 32 por ciento para el año próximo-, contará con 1.500 millones de pesos para el financiamiento de la Ley de Manejo del Fuego, que se suman a los 275 millones de pesos que ya estaban previstos.
Esta asignación se encuentra establecida en el artículo 102 del texto del dictamen del proyecto de ley de presupuesto para 2021, que se firmó el viernes pasado en la comisión que preside el señor diputado Heller. Por ello, prevemos para el ejercicio 2021 un presupuesto de 1.725 millones de pesos asignados para la Ley de Manejo del Fuego, que es mucho más de la cifra a la que aspirábamos y pensábamos que íbamos a conseguir.
En ese sentido, pido que después veamos qué sucede con el dictamen que se emita desde esta comisión respecto de los fondos, porque están garantizados en el texto del dictamen del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2021, que se firmó el viernes pasado.
Consideramos que estamos ante una oportunidad fenomenal para empezar a trabajar de verdad en vez de hacer grandes discursos que, en definitiva, son bastante hipócritas cuando llega el momento de sentarse, votar, destinar los recursos y discutir en qué tipo de planeta queremos vivir de acá en adelante.
Sinceramente, tanto el extractivismo y sus consecuencias en la crisis climática como la especulación -tanto inmobiliaria como del negocio agroecológico y ganadero-, no tienen y no han tenido en el último siglo mucha distinción en cuanto a cuál es el sistema político y económico que los lleva adelante, sino que en todo el mundo ha sido de la misma manera.
Hoy estamos aquí, sufriendo las consecuencias de esa especulación, de haber sentido que la domesticación y la explotación podían llevarse adelante porque la Tierra nunca se iba a terminar. Es decir, como si las leyes de la entropía no existieran y la explotación de la Tierra y de los recursos naturales pudiera seguir haciéndose porque la energía va a seguir funcionando siempre; sin embargo, no es así.
La naturaleza nos está diciendo claramente que hemos llegado a un cuello de botella en el que no sabemos si dentro de algunas décadas el planeta será igual al que conocíamos hace un tiempo atrás y si podremos seguir desarrollando la vida tal como la conocíamos o la pensábamos.
Este año en el Congreso dijimos muchas veces que nos toca hablar del ambiente y de estos temas en medio de una pandemia zoonótica como la que estamos viviendo, que al mismo tiempo es consecuencia del nivel de aceleración y de explotación que ha tenido el mundo en los últimos años, de la mano de las industrias del turismo y aeronáutica, yendo de un lado a otro del mundo para explotar más y mejor a la Tierra de esa manera.
El mundo tardó muchísimos años en darse cuenta de que no se podía explotar a otros hombres, y muchos más todavía en darse cuenta de que no se podía explotar a las mujeres. Por lo tanto, estamos en un momento en el que debemos darnos cuenta de que tampoco puede explotarse de esta manera al suelo y a la naturaleza. El suelo no pasa a ser una cosa cuando es propiedad privada de alguien, sino que es el tapiz de la Tierra, la biodiversidad, lo que nos permite que el ecosistema funcione.
Cuando en la escuela primaria aprendimos que el ecosistema funciona porque la gacela come pasto y el tigre se come a la gacela, tengamos en cuenta que no hay pasto si hay sequías, incendios o si no llueve, y tampoco hay gacelas ni tigres.
Entonces, cuando ponemos en juego el tapiz de la Tierra estamos poniendo en juego la existencia de la vida humana y también la de los otros seres y la de las otras especies sobre este planeta.
Cuando nos referimos a la posibilidad o no de la regulación, algunos se preocupan y dicen que se están metiendo con la propiedad privada. Desde el principio, el campo aceptó la idea de la servidumbre cuando se trataba de entrar y sacar los productos que generaba. Los caminos de servidumbre permitían atravesar otros campos y no estaba en discusión la propiedad privada. En realidad, formaba parte de una cuestión sobre la cual la comunidad tenía que ponerse de acuerdo para que siguiera funcionando el sistema de explotación de la tierra.
A mí me gusta tomarme de los conceptos que trabajamos cuando hablamos de la servidumbre ambiental y de cómo el suelo es parte del ecosistema y del tapiz de la Tierra. Por lo tanto, hay decisiones que hay que tomar que tienen que ver con no convertirlo en algo sobre lo cual se puede hacer cualquier cosa y de cualquier manera.
El 95 por ciento de los incendios que se han desarrollado en la Argentina tienen origen en la acción humana. Es decir que la cantidad de hectáreas que se han quemado en el último tiempo tienen origen antrópico, ya sea por cuestiones accidentales o intencionales. En este último caso, empiezan para un lado y terminan en otro, pero también existe responsabilidad. Se trata de una responsabilidad que deriva de no prevenir el accidente que pueda ocurrir y termina con el incendio de un bosque. Hay responsabilidad de quien cree que es más barato limpiar un campo o deshacerse de la basura prendiendo fuego, y después no logra controlarlo.
Por supuesto que es fundamental la prevención y la educación. En ese sentido, hay que sancionar la ley de educación ambiental y avanzar con ella en todos los poderes del Estado. La verdad es que a esta altura del partido, después de tantos años de democracia y de esta forma que hemos construido entre todos y todas, sabemos que tener algún tipo de regulación ayuda a que pensemos dos veces antes de hacer determinadas cosas.
Estamos planteando lisa y llanamente en poner un coto a la posibilidad de que alguien piense que, quemando un suelo, después le podrá rendir más porque le cambia el uso y lo convierte en objeto de especulación inmobiliaria o de algún negocio agroganadero. Tenemos que hacerlo porque es fundamental.
La primera diputada de la oposición que habló en esta reunión se expresó con gran liviandad respecto del momento en el que se prende fuego cerca de las ciudades. Generalmente, cuando ocurre eso es porque se quiere llevar adelante un proyecto inmobiliario, y no solo es peligroso por la destrucción del ambiente de ese lugar, el humedal y todo el ecosistema de la zona, sino que también lo es para la ciudad y las personas que viven cerca.
Considero que no hay que referirse al fuego con liviandad. Un diputado preopinante dijo: "Bueno, se prende fuego en todo el mundo; qué vamos hacer; tengamos más bomberos". La verdad es que esto no se resuelve con bomberos o hidrantes, sino con el cambio de la cosmovisión del mundo que tenemos y con leyes que nos ayuden a acompañarlo.
Entonces, aquello que no aprendimos a través de la discusión y el diálogo se puede hacer carne, en principio, cumpliendo determinadas leyes que establezcan algún tipo de prevención y -si se quiere- de castigo, porque si no se cree que se está quemando el suelo por especulación inmobiliaria, entonces, no hay ningún castigo.
La verdad es que el que siente que esta iniciativa lo está castigando es el que quiere prender fuego a la tierra para después transformar el humedal, el bosque o lo que fuese en objeto de especulación inmobiliaria o de un negocio agroganadero. De lo contrario, si el suelo iba a seguir siendo tal, hay que ayudar a saber cómo se lo reconstruye para llevar adelante todo lo que se quería después de haber sufrido un incendio, intencional o no.
Antes de continuar con el debate en esta reunión de comisión quiero agregar que teníamos un tema con la cuestión presupuestaria que se iba a llevar adelante.
Retomo la discusión del principio. Es cierto que es muy fácil señalar numerosas cuestiones cuando se es oposición y después no llevarlas adelante cuando se es gobierno. Durante muchos años, en el Congreso de la Nación nos especializamos en votar iniciativas perfectas que después no se llevan adelante porque no se les asigna el presupuesto necesario o no se implementan.
En ese sentido, pasamos cuatro años sin que se asignara presupuesto a las leyes de Glaciares y de Bosques, ni se cumpliera con ninguna de las disposiciones que ya estaban sancionadas. Pasamos los dos últimos años con la degradación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con la reducción de su presupuesto en más de un 35 por ciento de lo estipulado.
Queremos señalar que en el dictamen que se firmó el viernes pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda -que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados- ya está previsto un impuesto del 3 por mil de las aseguradoras para que esta ley cuente con su financiamiento. Esto implica que el Estado, en el proyecto de ley de presupuesto para 2021, teniendo en cuenta la inflación proyectada -del 32 por ciento para el año próximo-, contará con 1.500 millones de pesos para el financiamiento de la Ley de Manejo del Fuego, que se suman a los 275 millones de pesos que ya estaban previstos.
Esta asignación se encuentra establecida en el artículo 102 del texto del dictamen del proyecto de ley de presupuesto para 2021, que se firmó el viernes pasado en la comisión que preside el señor diputado Heller. Por ello, prevemos para el ejercicio 2021 un presupuesto de 1.725 millones de pesos asignados para la Ley de Manejo del Fuego, que es mucho más de la cifra a la que aspirábamos y pensábamos que íbamos a conseguir.
En ese sentido, pido que después veamos qué sucede con el dictamen que se emita desde esta comisión respecto de los fondos, porque están garantizados en el texto del dictamen del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2021, que se firmó el viernes pasado.
Consideramos que estamos ante una oportunidad fenomenal para empezar a trabajar de verdad en vez de hacer grandes discursos que, en definitiva, son bastante hipócritas cuando llega el momento de sentarse, votar, destinar los recursos y discutir en qué tipo de planeta queremos vivir de acá en adelante.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: se han señalado numerosas cuestiones a lo largo de este debate.
Quiero empezar mi exposición señalando que compartimos la intención y la preocupación puestas de manifiesto. En ese sentido, comparto la preocupación expresada por muchos de los diputados del oficialismo y por el diputado coterráneo de Córdoba respecto de la necesidad de llevar a cabo un fuerte trabajo tendiente a evitar esas imágenes dantescas que han afectado a más de quince provincias de la Argentina.
Me permito decir, con mucho respeto, que existe una disociación entre la herramienta que están eligiendo y los objetivos que están buscando. La verdad es que son muchos los argumentos que tenemos y por los cuales creemos que esta no es la herramienta adecuada.
Quiero señalar que se trata de una iniciativa de cuatro artículos que habían sido acordados en la reunión de asesores, pero ahora nos informan que estarían sacando el cuarto. Entonces, para ordenar los argumentos me referiré a esa misma estructura.
El primero es el que involucra a los bosques. Se trata de una iniciativa que claramente tiene dos ejes: uno de ellos es la quema en de bosques y el otro se refiere a la quema de los pastizales. ¿Por qué digo que hay una disociación entre lo expresado y la iniciativa propuesta? Considero que con esta norma no se dará mayor protección a los bosques en la Argentina, sino que sucederá exactamente lo contrario. Es decir que se dará una protección menor.
En ese sentido, se modifica el artículo 22 bis de la Ley de Manejo del Fuego -que, si mal no recuerdo, es de 2017-, que establecía una protección a perpetuidad. Es decir que disponía que cada vez que se incendiara una superficie de bosque nativo, sin importar de quien fuera la propiedad ni la causa, no se podían realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies. Eso ya lo establece la ley y lo dice mejor que lo que se está proponiendo ahora, porque es a perpetuidad. Es decir que es para siempre.
Entonces, a un bosque que se quema hoy en la Argentina no puede cambiársele la categoría que tenía en relación con el uso del suelo. Con la iniciativa que se está proponiendo, se le impone un límite y se permite que se pueda cambiar.
Por ello, basta mirar las dos normas. No se puede argumentar en el sentido de estar de acuerdo o no, porque esto ya es así y se puede leer en un artículo y en el otro. Reitero que me refiero al artículo 22 bis de la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales.
Al mismo tiempo, la ley de bosques nativos ya establecía esto en su artículo 40. Entonces, se contempla tanto a los bosques nativos como a los no productivos. ¿Cuáles son estos últimos? Los leeré para no dejar ninguno afuera: los protectores, permanentes, experimentales, de producción, degradados y especiales.
Por su parte, los montes especiales son aquellos de propiedad privada creados con miras de protección u ornamentación de extensiones agrícolas, ganaderas o mixtas, que ya contaban con una mayor protección que la que ustedes están proponiendo.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con esta norma que están impulsando? Están violando el principio de no regresividad. También están violando algo que con el Acuerdo de Escazú nos comprometimos a respetar. Me refiero al principio de progresividad, es decir, su contracara. Cuando hablamos de estándares ambientales, siempre hay que ir por más; nunca por menos.
Este punto nos preocupa muchísimo porque, lejos de coincidir con la intención que están manifestando y los objetivos que dicen tener, están haciendo todo lo contrario: nos están demostrando que por medio de una ley del Congreso, sancionada con una mayoría circunstancial, pueden cambiar una regulación que era a perpetuidad, que no tenía límite ni plazo y violando, además, este principio de no progresividad.
Por otra parte, también incluyen en la norma las áreas naturales protegidas, para las cuales se aplica lo mismo. Todas ellas -ya sean parques nacionales, parques provinciales o áreas naturales protegidas- requieren una ley.
Cuando una zona es declarada área protegida, se aplica el mismo principio de progresividad y de no regresividad. Por más que se queme un parque nacional o un área protegida, no se puede cambiar el destino de ese suelo. De lo contrario, se estarían violando estos dos principios tan importantes, que están contemplados en la Ley General del Ambiente y que para nosotros, los legisladores y las legisladoras, deberían ser rectores.
Por lo tanto, lo primero que quiero decirles es que si efectivamente tienen esa intención, si aquello que los mueve es la convicción de que se deben proteger nuestros bosques, sepan que este no es el camino. Lejos de protegerlos, van a perjudicarlos.
En segundo lugar, la norma plantea la situación de los pastizales, praderas, zonas agropecuarias y matorrales. Pero les diría que casi ninguna de las 900.000 hectáreas que se han quemado en la Argentina no reúne alguna de estas características. Por eso, de una u otra manera estamos estableciendo una inmovilización de esas 900.000 hectáreas, que sabemos dónde están, porque tenemos las imágenes satelitales. Sabemos cuándo se originó el fuego en esas tierras y cómo afectó a muchos vecinos y campos colindantes.
En mi provincia, Córdoba, el incendio de Capilla del Monte recorrió en poco tiempo más de 30 kilómetros y fue pasando por distintos campos. Pero claramente, cuando se produce un incendio en forma intencional hay un responsable. Es decir que alguien, por la razón que fuera, tuvo la intención de encender el fuego.
La diputada que me precedió en el uso de la palabra mencionó que hay quienes inician el fuego, entre otros motivos, porque quieren quemar la basura; porque creen que es más barato hacer esto que desmontar para llevar a cabo una actividad ganadera o porque es una práctica que se da en algunos lugares de la Argentina para el desarrollo de actividad agropecuaria.
Sin embargo, pienso que con la sanción de esta norma no conseguiremos cambiar la conducta de esas personas irresponsables que están violando leyes actualmente vigentes sino que, por el contrario, impactaremos sobre todos aquellos que se vieron afectados por esas acciones. Por lo tanto, creo que de esta forma no cumplimos el objetivo de la prevención.
Vayamos ahora al caso que nos conmovió durante muchos meses. Me refiero a los incendios en las islas del Litoral. Supongamos que esos focos ígneos se produjeron porque efectivamente allí había pobladores, chacareros o grandes terratenientes que decidieron utilizar la quema para lo que en algunos lugares se denomina "el reverdecer del pasto", es decir, para llevar adelante las actividades que ellos realizan. Teniendo en cuenta esto, ¿piensan que esta norma va a hacer que ellos cambien esa práctica?
Ellos no cambiarán esta práctica en lo más mínimo, porque justamente la utilizan -y vienen llevándola a cabo desde hace tiempo- como un recurso para la actividad productiva. Creo que no lo hacen por especulación, sino porque tienen una idea equivocada de cómo llevar adelante las cosas, a lo que se suma la falta de control y de sanciones. Por lo tanto, seguirán haciéndolo y no podremos evitar situaciones como las que vimos.
Imaginemos ahora la situación de una persona que ya tiene decidido llevar adelante un desarrollo inmobiliario en tierras de su propiedad, y que ustedes consiguen sancionar esta ley. Esta persona, en primer lugar, dice: "Voy a llevar adelante un emprendimiento urbanístico en este lugar, voy a quemar todo para después subdividir y lotear la tierra". Pero como ustedes están diciendo que la norma no permitirá subdividir o lotear, entonces les pregunto: ¿creen que eso va a cambiar esta práctica? A mi entender, permitirá que se siga haciendo, pero en el orden inverso. Es decir que esa persona que especula y que quiere quemar un monte para hacer luego un desarrollo urbanístico podría subdividir primero la tierra y quemarla después.
En consecuencia, claramente no hay relación entre aquello que ustedes quieren prevenir -idea que comparto- y el objetivo de la norma que están proponiendo. Es necesario terminar con los incendios intencionales porque perjudican lo que más debemos cuidar: los bosques, las áreas protegidas, los humedales. Sin embargo, con esta norma no protegen ni transforman las prácticas que se realizan en nuestro país en relación con la quema de pastizales.
Por otro lado, en un artículo del proyecto -no sé si el 3° o el 4°, porque se ha modificado-, se consagraba esta violación al principio de no progresividad. Se decía que ahora los ordenamientos territoriales podían extender esa protección de los sesenta años, lo que constituye nada más y nada menos que la evidencia más clara de que están violando ese principio de no progresividad.
Por su parte, el artículo 4° -que ahora nos anuncian que lo eliminarían- tiene que ver con los fondos y la prevención. Nos dijeron que sería eliminado porque se introdujo una modificación en el proyecto de ley de presupuesto.
En este sentido, cuando hicimos el estudio sobre el proyecto de ley de presupuesto nos llevamos una enorme sorpresa: mientras se estaban incendiando quince provincias; mientras en Córdoba el fuego era incontrolable; mientras los bomberos estaban sin equipamiento; mientras los aviones hidrantes en la Argentina se encuentran sin contratos para poder funcionar, sin herramientas, sin horas de vuelo y restringidos en su capacidad máxima; mientras algunos gobernadores, además, levantaban tarde el teléfono y del otro lado se demoraban en responder, mientras todo esto estaba pasando y miles de hectáreas de biodiversidad se dañaban, se diseñaba un proyecto de ley de presupuesto que planteaba un recorte superior al 50 por ciento de los fondos destinados al sistema nacional de manejo del fuego. Estos números también son un dato objetivo. Como dije, porcentualmente pasaron a menos de la mitad: del 0,0067 por ciento al 0,003 por ciento.
En tal sentido, si bien escuché al jefe de Gabinete de Ministros en el Senado hablar de cuánto se había ampliado el presupuesto este año -cosa que celebro-, si lo comparan con esa ampliación presupuestaria, que hasta el momento tampoco se ejecutó, verán que el recorte es absolutamente escandaloso.
Pese a ello, ahora nos dicen: "Esperen, no vamos a recortar; en vez de que el Estado se haga cargo de fondear y de financiar el sistema nacional de manejo del fuego, vamos a hacerlo con aportes privados". Es decir que ya no será el Estado el encargado de cumplir con la responsabilidad de poner los recursos, sino que nos dicen: "Vamos a crear una sobretasa sobre las primas de seguros". Esto, emulando un poco lo que sucede con el sistema de bomberos, pero corriéndose el Estado nacional de esta cuestión sobre la que debe hacerse cargo.
Entonces, por supuesto que nosotros vamos a insistir en que se modifique ese presupuesto tan magro de 282 millones de pesos que le están dando. Queremos que el Estado nacional garantice que no quedará sujeto a un valor que no sabemos cuál va a ser, porque depende de la cantidad de primas de seguro y del valor de estas, y que se revisarán los otros ítems.
Quiero cerrar mi exposición con una explicación de por qué claramente hubo un recorte. Cuando miramos los indicadores de metas físicas vemos, por ejemplo, que la cantidad de horas de vuelo presupuestadas en el año 2019 fue de 7.200. Estoy hablando del rol de los aviones hidrantes, que son absolutamente claves para evitar que un incendio se convierta en una catástrofe: de 7.200 horas se bajó a 3.500. En cuanto a la capacitación de los agentes, de 2.000 horas se bajó a 1.000. Por su parte, el equipamiento de brigadas bajó de 25 a 3 horas.
Pero, lamentablemente, esto no es todo. Se afirma que ahora el problema se resolverá porque, si bien hay un traslado al privado, habrá recursos disponibles. Ahora bien, no tocaron otra parte que es clave: el Sinagir y el financiamiento de este sistema para la gestión del riesgo de desastres. Está claro que el cambio climático nos presenta desafíos cada vez más complejos y que necesitamos prepararnos con las herramientas necesarias para anticiparnos y responder. Sin embargo, los recursos fueron recortados: pasamos del 0,061 por ciento al 0,042 por ciento.
Podrán decir que quieren proteger los parques nacionales y, valga la redundancia, las áreas protegidas. Lo dicen en su proyecto de ley; pero, en este punto también recortaron, ya que la partida pasó del 0,054 por ciento del presupuesto al 0,037 ciento. También podrán decir que han hablado un montón sobre la deforestación y la ley de bosques, a la tarea que lleva a cabo un grupo de gobernadores con capacidad de control en cuatro provincias que están en el top ten del ranking de deforestación. Podríamos suponer que ahí hay una política activa, pero no. Tampoco en este aspecto hubo un incremento, sino que, por el contrario, hubo una subejecución si consideramos lo que establece la ley de bosques.
Me pregunto entonces cuál es la política ambiental que quieren llevar adelante. ¿Cuál es la transformación profunda en las estrategias para que cuidemos nuestros bosques, nuestros parques nacionales, nuestras áreas protegidas y nuestros humedales? ¿Cómo piensan transformar los modos de utilización de las tierras productivas en la Argentina?
Si esos son realmente los objetivos que tienen, el camino que han elegido es el equivocado. Para nada nos creemos los dueños de la verdad; por el contrario, pensamos que la solución debe surgir de un proceso de debate reflexivo que tenga como objetivo encontrar las mejores herramientas para proteger la gran virtud que tiene nuestro país: su enorme riqueza en términos de biodiversidad. No podemos permitir que esa riqueza se la lleve un tipo de desarrollo que nada tiene que ver con el desarrollo sostenible y sustentable.
Nosotros propusimos muchas alternativas. Creemos que el camino es otro, que es el control, y que debemos lograr una Justicia especializada en material ambiental para que los responsables de estas quemas intencionales respondan por ello; pero no con una multa, que encima está desactualizada, sino con el Código Penal. Por eso propusimos la inclusión de un capítulo sobre delitos ambientales, que forma parte de un trabajo enorme que ya se hizo en su momento con los anteproyectos de reforma del Código Penal. También sugerimos el establecimiento de un piso mínimo de inversión para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
En definitiva, hay un montón de acciones en las cuales podríamos trabajar juntos; pero, claramente, no son las que se han elegido para proteger los pastizales, por ejemplo. Permítanme decirles también que no son las que han elegido para proteger los bosques. Lejos de haber mejorado su estado, hoy están demostrando que una ley o una mayoría circunstancial pueden violar una conquista tan importante y de tantos años en la Argentina como el principio de progresividad, así como también el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Quiero empezar mi exposición señalando que compartimos la intención y la preocupación puestas de manifiesto. En ese sentido, comparto la preocupación expresada por muchos de los diputados del oficialismo y por el diputado coterráneo de Córdoba respecto de la necesidad de llevar a cabo un fuerte trabajo tendiente a evitar esas imágenes dantescas que han afectado a más de quince provincias de la Argentina.
Me permito decir, con mucho respeto, que existe una disociación entre la herramienta que están eligiendo y los objetivos que están buscando. La verdad es que son muchos los argumentos que tenemos y por los cuales creemos que esta no es la herramienta adecuada.
Quiero señalar que se trata de una iniciativa de cuatro artículos que habían sido acordados en la reunión de asesores, pero ahora nos informan que estarían sacando el cuarto. Entonces, para ordenar los argumentos me referiré a esa misma estructura.
El primero es el que involucra a los bosques. Se trata de una iniciativa que claramente tiene dos ejes: uno de ellos es la quema en de bosques y el otro se refiere a la quema de los pastizales. ¿Por qué digo que hay una disociación entre lo expresado y la iniciativa propuesta? Considero que con esta norma no se dará mayor protección a los bosques en la Argentina, sino que sucederá exactamente lo contrario. Es decir que se dará una protección menor.
En ese sentido, se modifica el artículo 22 bis de la Ley de Manejo del Fuego -que, si mal no recuerdo, es de 2017-, que establecía una protección a perpetuidad. Es decir que disponía que cada vez que se incendiara una superficie de bosque nativo, sin importar de quien fuera la propiedad ni la causa, no se podían realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies. Eso ya lo establece la ley y lo dice mejor que lo que se está proponiendo ahora, porque es a perpetuidad. Es decir que es para siempre.
Entonces, a un bosque que se quema hoy en la Argentina no puede cambiársele la categoría que tenía en relación con el uso del suelo. Con la iniciativa que se está proponiendo, se le impone un límite y se permite que se pueda cambiar.
Por ello, basta mirar las dos normas. No se puede argumentar en el sentido de estar de acuerdo o no, porque esto ya es así y se puede leer en un artículo y en el otro. Reitero que me refiero al artículo 22 bis de la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales.
Al mismo tiempo, la ley de bosques nativos ya establecía esto en su artículo 40. Entonces, se contempla tanto a los bosques nativos como a los no productivos. ¿Cuáles son estos últimos? Los leeré para no dejar ninguno afuera: los protectores, permanentes, experimentales, de producción, degradados y especiales.
Por su parte, los montes especiales son aquellos de propiedad privada creados con miras de protección u ornamentación de extensiones agrícolas, ganaderas o mixtas, que ya contaban con una mayor protección que la que ustedes están proponiendo.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con esta norma que están impulsando? Están violando el principio de no regresividad. También están violando algo que con el Acuerdo de Escazú nos comprometimos a respetar. Me refiero al principio de progresividad, es decir, su contracara. Cuando hablamos de estándares ambientales, siempre hay que ir por más; nunca por menos.
Este punto nos preocupa muchísimo porque, lejos de coincidir con la intención que están manifestando y los objetivos que dicen tener, están haciendo todo lo contrario: nos están demostrando que por medio de una ley del Congreso, sancionada con una mayoría circunstancial, pueden cambiar una regulación que era a perpetuidad, que no tenía límite ni plazo y violando, además, este principio de no progresividad.
Por otra parte, también incluyen en la norma las áreas naturales protegidas, para las cuales se aplica lo mismo. Todas ellas -ya sean parques nacionales, parques provinciales o áreas naturales protegidas- requieren una ley.
Cuando una zona es declarada área protegida, se aplica el mismo principio de progresividad y de no regresividad. Por más que se queme un parque nacional o un área protegida, no se puede cambiar el destino de ese suelo. De lo contrario, se estarían violando estos dos principios tan importantes, que están contemplados en la Ley General del Ambiente y que para nosotros, los legisladores y las legisladoras, deberían ser rectores.
Por lo tanto, lo primero que quiero decirles es que si efectivamente tienen esa intención, si aquello que los mueve es la convicción de que se deben proteger nuestros bosques, sepan que este no es el camino. Lejos de protegerlos, van a perjudicarlos.
En segundo lugar, la norma plantea la situación de los pastizales, praderas, zonas agropecuarias y matorrales. Pero les diría que casi ninguna de las 900.000 hectáreas que se han quemado en la Argentina no reúne alguna de estas características. Por eso, de una u otra manera estamos estableciendo una inmovilización de esas 900.000 hectáreas, que sabemos dónde están, porque tenemos las imágenes satelitales. Sabemos cuándo se originó el fuego en esas tierras y cómo afectó a muchos vecinos y campos colindantes.
En mi provincia, Córdoba, el incendio de Capilla del Monte recorrió en poco tiempo más de 30 kilómetros y fue pasando por distintos campos. Pero claramente, cuando se produce un incendio en forma intencional hay un responsable. Es decir que alguien, por la razón que fuera, tuvo la intención de encender el fuego.
La diputada que me precedió en el uso de la palabra mencionó que hay quienes inician el fuego, entre otros motivos, porque quieren quemar la basura; porque creen que es más barato hacer esto que desmontar para llevar a cabo una actividad ganadera o porque es una práctica que se da en algunos lugares de la Argentina para el desarrollo de actividad agropecuaria.
Sin embargo, pienso que con la sanción de esta norma no conseguiremos cambiar la conducta de esas personas irresponsables que están violando leyes actualmente vigentes sino que, por el contrario, impactaremos sobre todos aquellos que se vieron afectados por esas acciones. Por lo tanto, creo que de esta forma no cumplimos el objetivo de la prevención.
Vayamos ahora al caso que nos conmovió durante muchos meses. Me refiero a los incendios en las islas del Litoral. Supongamos que esos focos ígneos se produjeron porque efectivamente allí había pobladores, chacareros o grandes terratenientes que decidieron utilizar la quema para lo que en algunos lugares se denomina "el reverdecer del pasto", es decir, para llevar adelante las actividades que ellos realizan. Teniendo en cuenta esto, ¿piensan que esta norma va a hacer que ellos cambien esa práctica?
Ellos no cambiarán esta práctica en lo más mínimo, porque justamente la utilizan -y vienen llevándola a cabo desde hace tiempo- como un recurso para la actividad productiva. Creo que no lo hacen por especulación, sino porque tienen una idea equivocada de cómo llevar adelante las cosas, a lo que se suma la falta de control y de sanciones. Por lo tanto, seguirán haciéndolo y no podremos evitar situaciones como las que vimos.
Imaginemos ahora la situación de una persona que ya tiene decidido llevar adelante un desarrollo inmobiliario en tierras de su propiedad, y que ustedes consiguen sancionar esta ley. Esta persona, en primer lugar, dice: "Voy a llevar adelante un emprendimiento urbanístico en este lugar, voy a quemar todo para después subdividir y lotear la tierra". Pero como ustedes están diciendo que la norma no permitirá subdividir o lotear, entonces les pregunto: ¿creen que eso va a cambiar esta práctica? A mi entender, permitirá que se siga haciendo, pero en el orden inverso. Es decir que esa persona que especula y que quiere quemar un monte para hacer luego un desarrollo urbanístico podría subdividir primero la tierra y quemarla después.
En consecuencia, claramente no hay relación entre aquello que ustedes quieren prevenir -idea que comparto- y el objetivo de la norma que están proponiendo. Es necesario terminar con los incendios intencionales porque perjudican lo que más debemos cuidar: los bosques, las áreas protegidas, los humedales. Sin embargo, con esta norma no protegen ni transforman las prácticas que se realizan en nuestro país en relación con la quema de pastizales.
Por otro lado, en un artículo del proyecto -no sé si el 3° o el 4°, porque se ha modificado-, se consagraba esta violación al principio de no progresividad. Se decía que ahora los ordenamientos territoriales podían extender esa protección de los sesenta años, lo que constituye nada más y nada menos que la evidencia más clara de que están violando ese principio de no progresividad.
Por su parte, el artículo 4° -que ahora nos anuncian que lo eliminarían- tiene que ver con los fondos y la prevención. Nos dijeron que sería eliminado porque se introdujo una modificación en el proyecto de ley de presupuesto.
En este sentido, cuando hicimos el estudio sobre el proyecto de ley de presupuesto nos llevamos una enorme sorpresa: mientras se estaban incendiando quince provincias; mientras en Córdoba el fuego era incontrolable; mientras los bomberos estaban sin equipamiento; mientras los aviones hidrantes en la Argentina se encuentran sin contratos para poder funcionar, sin herramientas, sin horas de vuelo y restringidos en su capacidad máxima; mientras algunos gobernadores, además, levantaban tarde el teléfono y del otro lado se demoraban en responder, mientras todo esto estaba pasando y miles de hectáreas de biodiversidad se dañaban, se diseñaba un proyecto de ley de presupuesto que planteaba un recorte superior al 50 por ciento de los fondos destinados al sistema nacional de manejo del fuego. Estos números también son un dato objetivo. Como dije, porcentualmente pasaron a menos de la mitad: del 0,0067 por ciento al 0,003 por ciento.
En tal sentido, si bien escuché al jefe de Gabinete de Ministros en el Senado hablar de cuánto se había ampliado el presupuesto este año -cosa que celebro-, si lo comparan con esa ampliación presupuestaria, que hasta el momento tampoco se ejecutó, verán que el recorte es absolutamente escandaloso.
Pese a ello, ahora nos dicen: "Esperen, no vamos a recortar; en vez de que el Estado se haga cargo de fondear y de financiar el sistema nacional de manejo del fuego, vamos a hacerlo con aportes privados". Es decir que ya no será el Estado el encargado de cumplir con la responsabilidad de poner los recursos, sino que nos dicen: "Vamos a crear una sobretasa sobre las primas de seguros". Esto, emulando un poco lo que sucede con el sistema de bomberos, pero corriéndose el Estado nacional de esta cuestión sobre la que debe hacerse cargo.
Entonces, por supuesto que nosotros vamos a insistir en que se modifique ese presupuesto tan magro de 282 millones de pesos que le están dando. Queremos que el Estado nacional garantice que no quedará sujeto a un valor que no sabemos cuál va a ser, porque depende de la cantidad de primas de seguro y del valor de estas, y que se revisarán los otros ítems.
Quiero cerrar mi exposición con una explicación de por qué claramente hubo un recorte. Cuando miramos los indicadores de metas físicas vemos, por ejemplo, que la cantidad de horas de vuelo presupuestadas en el año 2019 fue de 7.200. Estoy hablando del rol de los aviones hidrantes, que son absolutamente claves para evitar que un incendio se convierta en una catástrofe: de 7.200 horas se bajó a 3.500. En cuanto a la capacitación de los agentes, de 2.000 horas se bajó a 1.000. Por su parte, el equipamiento de brigadas bajó de 25 a 3 horas.
Pero, lamentablemente, esto no es todo. Se afirma que ahora el problema se resolverá porque, si bien hay un traslado al privado, habrá recursos disponibles. Ahora bien, no tocaron otra parte que es clave: el Sinagir y el financiamiento de este sistema para la gestión del riesgo de desastres. Está claro que el cambio climático nos presenta desafíos cada vez más complejos y que necesitamos prepararnos con las herramientas necesarias para anticiparnos y responder. Sin embargo, los recursos fueron recortados: pasamos del 0,061 por ciento al 0,042 por ciento.
Podrán decir que quieren proteger los parques nacionales y, valga la redundancia, las áreas protegidas. Lo dicen en su proyecto de ley; pero, en este punto también recortaron, ya que la partida pasó del 0,054 por ciento del presupuesto al 0,037 ciento. También podrán decir que han hablado un montón sobre la deforestación y la ley de bosques, a la tarea que lleva a cabo un grupo de gobernadores con capacidad de control en cuatro provincias que están en el top ten del ranking de deforestación. Podríamos suponer que ahí hay una política activa, pero no. Tampoco en este aspecto hubo un incremento, sino que, por el contrario, hubo una subejecución si consideramos lo que establece la ley de bosques.
Me pregunto entonces cuál es la política ambiental que quieren llevar adelante. ¿Cuál es la transformación profunda en las estrategias para que cuidemos nuestros bosques, nuestros parques nacionales, nuestras áreas protegidas y nuestros humedales? ¿Cómo piensan transformar los modos de utilización de las tierras productivas en la Argentina?
Si esos son realmente los objetivos que tienen, el camino que han elegido es el equivocado. Para nada nos creemos los dueños de la verdad; por el contrario, pensamos que la solución debe surgir de un proceso de debate reflexivo que tenga como objetivo encontrar las mejores herramientas para proteger la gran virtud que tiene nuestro país: su enorme riqueza en términos de biodiversidad. No podemos permitir que esa riqueza se la lleve un tipo de desarrollo que nada tiene que ver con el desarrollo sostenible y sustentable.
Nosotros propusimos muchas alternativas. Creemos que el camino es otro, que es el control, y que debemos lograr una Justicia especializada en material ambiental para que los responsables de estas quemas intencionales respondan por ello; pero no con una multa, que encima está desactualizada, sino con el Código Penal. Por eso propusimos la inclusión de un capítulo sobre delitos ambientales, que forma parte de un trabajo enorme que ya se hizo en su momento con los anteproyectos de reforma del Código Penal. También sugerimos el establecimiento de un piso mínimo de inversión para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
En definitiva, hay un montón de acciones en las cuales podríamos trabajar juntos; pero, claramente, no son las que se han elegido para proteger los pastizales, por ejemplo. Permítanme decirles también que no son las que han elegido para proteger los bosques. Lejos de haber mejorado su estado, hoy están demostrando que una ley o una mayoría circunstancial pueden violar una conquista tan importante y de tantos años en la Argentina como el principio de progresividad, así como también el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, señora diputada.
Antes de dar la palabra a la señora diputada Camaño, me permito hacer una aclaración.
Si necesitamos un proceso reflexivo tenemos que lograr escucharnos. La diputada Vilar, al comienzo propuso una serie de modificaciones. Una de ellas pertenece a la señora diputada Camaño y tiene que ver con lo que planteó la diputada preopinante. Para que no exista un perjuicio a la ley de bosques, se incorpora un agregado al inciso d) del artículo 22 bis de la ley que dice así: "Sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos."
Hice esta aclaración en virtud de la preocupación de la señora diputada Austin. Si les parece bien, sobre el final podemos agregar algunas aclaraciones más, como por ejemplo la que planteó la señora diputada Cerruti en relación con el presupuesto.
Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
Antes de dar la palabra a la señora diputada Camaño, me permito hacer una aclaración.
Si necesitamos un proceso reflexivo tenemos que lograr escucharnos. La diputada Vilar, al comienzo propuso una serie de modificaciones. Una de ellas pertenece a la señora diputada Camaño y tiene que ver con lo que planteó la diputada preopinante. Para que no exista un perjuicio a la ley de bosques, se incorpora un agregado al inciso d) del artículo 22 bis de la ley que dice así: "Sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos."
Hice esta aclaración en virtud de la preocupación de la señora diputada Austin. Si les parece bien, sobre el final podemos agregar algunas aclaraciones más, como por ejemplo la que planteó la señora diputada Cerruti en relación con el presupuesto.
Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: como bien dijo, hice esa propuesta para no destruir, como se dijo acá, la ley.
También hice otra que tiene que ver con la subdivisión. Se trata de un agregado en el inciso b), que dice así: "...excepto cuando resulten de división o participación hereditaria..." Es lo que corresponde para preservar lo que establece la legislación respecto de las sucesiones.
En el mismo párrafo, vinculado con los bosques que se pretende cuidar por ser áreas protegidas, añosas o humedales, el término propuesto es de sesenta años para aquellos que no lo son y que tienen la prohibición por treinta años. Es en el mismo párrafo, de manera tal que la legislación jurisdiccional -en definitiva, cada jurisdicción es dueña de estos recursos- pueda tener un resguardo más propicio.
Quiero aclarar que esto lo hemos trabajado con los diputados de nuestro interbloque que representan a la provincia de Córdoba, quienes tienen una experiencia más extensa en la materia.
Quisiera que empecemos a tratar de comprender de qué hablamos, porque hicimos una gran ensalada. A mí me gustaría que nos vayamos de acá sabiendo que no estamos haciendo algo extraño o perjudicial para el ambiente. Jamás yo haría eso.
Cuando el diputado Máximo Kirchner hizo circular este proyecto para que lo acompañaran los diferentes colegas, como ocurre con prácticamente todos los proyectos, dije a mi asesor en materia ambiental que había un problema. Lo hice después de haberle propuesto que tuviera en cuenta algunas de las modificaciones que ya mencioné. Cuando me preguntó cuál era el problema, le dije: el autor. Ese es el problema que tiene este proyecto. En efecto, cualquier análisis que se haga de esta iniciativa se hará bajo un prisma absolutamente prejuicioso. Cuando uno escucha diferentes discursos advierte que el problema de este proyecto de ley es, casi fundamentalmente, que el autor se llama "Kirchner".
El derecho ambiental en la Argentina no es punitivo. No lo es no porque nosotros lo queramos así, sino porque goza de un resguardo constitucional, según expresa el artículo 41. En el primer párrafo in fine del mencionado artículo, nuestra hermosa Constitución Nacional dice: "El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley".
Si usted se fija, señor presidente, prácticamente todo el derecho ambiental está anclado en la reparación y en la recomposición. De hecho, el capítulo VII de la ley que vamos a reformar se refiere a las infracciones y sanciones; pero, lo que estamos modificando nosotros es el artículo 22, que precisamente trata lo relativo a las reparaciones y recomposiciones. Es importante distinguir esto porque nosotros, al sancionar las leyes, creemos que somos los hacedores de la legislación cuando, en realidad, son los jueces quienes la interpretarán según la doctrina, la jurisprudencia y lo que nosotros escribimos. Gracias a Dios.
Entonces, bajo ningún punto de vista puede haber en una ley un camino hacia atrás respecto de lo que está consagrado en pactos internacionales con rango constitucional.
Si sancionamos alguna legislación que, por hacernos los locos, resulta ser disvaliosa para lo que se logró hasta ahora, será la Justicia la que, a la hora de interpretarla, nos los hará saber declarando su inconstitucionalidad. Nuevamente, gracias a Dios.
Tenemos que distinguir que la Argentina tiene dos pilares, dos leyes importantes relativas al tema "fuego". Una es la ley 26.562, de presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema, y la otra es la ley de incendios. Acá se habló de la primera, pero se la mezcló con la segunda.
La ley 26.562, sancionada en 2009, tiene nueve artículos. Al definir la quema, dice que es "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo". Es decir que existe en la legislación la autorización para quemar. La ley, además, claramente dispone que, excepto que esté autorizada, queda prohibida, y establece una serie de requisitos sumamente interesantes. Por eso, pido a los señores diputados que la lean antes del debate en el recinto.
También dispone que la persona que va a quemar su campo para seguir produciendo debe aclarar, por ejemplo, entre qué horas lo hará y de dónde vendrá el viento. Es decir, dispone una serie de previsiones, y es lógico que así lo haga, porque los campos deben tener la posibilidad de realizar la quema para tener mejor producción en la siguiente cosecha.
Entonces, tenemos una ley sobre el control de actividades de quema y es competencia de las distintas jurisdicciones su aplicación. En todo lo que es fuego, siempre las jurisdicciones tienen un gran protagonismo.
Asimismo, contamos con una Ley de Parques Nacionales que también contiene una serie de cuestiones interesantísimas para leer.
Por su parte, la ley 13.273, de defensa de la riqueza forestal -por su número, podemos tener una idea de su antigüedad-, también es relevante. De alguna manera, el derecho en materia de fuego pivotea entre estas tres leyes.
La ley sobre defensa de la riqueza forestal es extensa. Consta de ochenta y siete artículos que están organizados en varios capítulos, algunos de los cuales son los siguientes: "Régimen forestal común", "Régimen forestal especial", "Régimen de los bosques fiscales", "Fondo forestal", "Fomento", "Penalidades", "Procedimiento" y "Órganos de aplicación".
Los artículos 19 a 24 están contenidos en el capítulo "Prevención y lucha contra incendio". Establecen, por ejemplo, que todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de denunciar cualquier incendio o posibilidad de que se produzca uno. En caso contrario, cabría una penalización. Pero el capítulo va más allá: obliga a las autoridades civiles y militares a facilitar todos los elementos para extinguirlo. Luego, establece como carga pública que todo ciudadano entre 15 y 20 años que habite o transite dentro de un radio de 40 kilómetros del lugar en que se produjera un incendio debe colaborar para extinguirlo. Dispone también la reciprocidad internacional; prohíbe llevar o encender fuego, fabricar carbón y los rozados, aserraderos, hornos de cal, de yeso, de ladrillo, etcétera.
Es una ley muy extensa -reitero que consta de ochenta y siete artículos- que es interesante leer porque establece prohibiciones estrictas. Es más, también dispone que, en caso de incendio -esto hay que decirlo en las leyes, y lo hace la ley de incendios-, el vecino tiene la obligación de romper tranqueras, de proveer. Es decir, no es opcional; todo el mundo debe ayudar a apagar el incendio.
Veamos qué dispone nuestra ley 26.815, por la que se crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Dicho sea de paso -porque es interesante saberlo-, en la Argentina este sistema fue creado antes de la ley. Con esto quiero decir que, a veces, no somos tan imprescindibles o que perdemos mucho tiempo discutiendo.
Muchos senadores presentaron proyectos y, como de costumbre ocurre en los proyectos ambientales, las provincias se ponen más de acuerdo que los diputados que representamos al pueblo. Si no me equivoco, esta ley surge como iniciativa de un senador por Misiones; las provincias ya tenían sistemas de manejo del fuego.
Entonces, en noviembre de 2012 tuvimos una ley federal para el manejo del fuego. Tiene treinta y siete artículos divididos en varios capítulos: "Disposiciones generales", "Sistema Federal de Manejo del Fuego", "Integración del Sistema Federal de Manejo del Fuego", "Obligaciones de los particulares", etcétera.
Es muy interesante conocerla porque crea una coordinación increíble. En este sentido, la Argentina está coordinada. Además, al mirar la legislación comparada, uno advierte que no somos inventores de nada. En realidad, el manejo del fuego tiene como una suerte de tratamiento internacional. De hecho, esta ley fue debatida en una comisión del Senado; no en el recinto, y en esta Cámara de Diputados pasó como por un tubo. Nadie se dio cuenta de todo lo que incluía. Esto no lo digo peyorativamente, solo aclaro que son normas que tienen estándares internacionales; no hay nada nuevo para crear o inventar.
Por supuesto, la Nación es la que coordina. La ley dispone una serie de cuestiones relacionadas con las autoridades y tienen un rol principal las provincias. ¡Obviamente! ¿Cómo no lo van a tener, si son las que conocen el territorio o dónde se encuentra una u otra siembra? Es propicio que cada jurisdicción tenga una reglamentación. También la ley dispone cuáles son las obligaciones de los particulares.
Es interesante la parte de la recomposición y la reparación, que es de lo que estamos hablando hoy. No estamos hablando de las sanciones, sino de la parte de la ley referida a la recomposición y la reparación.
El espíritu de las prohibiciones es fortalecer la recomposición y la reparación del ambiente, pero no porque queramos los diputados, sino porque lo dispone la Constitución.
Este anteproyecto -que acompañamos y cuyo autor es tan disruptivo, por no decir otra cosa- encuentra su similar en el derecho español. Esto es interesante. Cuando uno busca legislación comparada, encuentra que en algunos casos se establece la cantidad de años de prohibición, más allá de que lo que se prioriza es la recomposición y la reparación. Es así como la ley 43/2003 de España, en su artículo 50, prohíbe "el cambio de uso forestal al menos durante treinta años."
También me parece sumamente importante mencionar, sobre todo ahora que ustedes están haciendo tanto lío con las tomas, que por cierto son bastante repudiables, que esta iniciativa encuentra su basamento en el artículo 240 del Código Civil y Comercial, donde hay una suerte de limitación al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes cuando se trate de derechos de incidencia colectiva. Ahora bien, si frente a un incendio no estamos frente a un derecho de incidencia colectiva, ¿cuándo vamos a estarlo?
Por eso, más allá de que a alguno le cause urticaria el asunto de quién fue el primero que firmó o pensó, nosotros acompañamos el proyecto con nuestra firma; somos coautores. De la misma manera, solicitamos las modificaciones que creemos que lo perfeccionan y acompañamos el dictamen.
También hice otra que tiene que ver con la subdivisión. Se trata de un agregado en el inciso b), que dice así: "...excepto cuando resulten de división o participación hereditaria..." Es lo que corresponde para preservar lo que establece la legislación respecto de las sucesiones.
En el mismo párrafo, vinculado con los bosques que se pretende cuidar por ser áreas protegidas, añosas o humedales, el término propuesto es de sesenta años para aquellos que no lo son y que tienen la prohibición por treinta años. Es en el mismo párrafo, de manera tal que la legislación jurisdiccional -en definitiva, cada jurisdicción es dueña de estos recursos- pueda tener un resguardo más propicio.
Quiero aclarar que esto lo hemos trabajado con los diputados de nuestro interbloque que representan a la provincia de Córdoba, quienes tienen una experiencia más extensa en la materia.
Quisiera que empecemos a tratar de comprender de qué hablamos, porque hicimos una gran ensalada. A mí me gustaría que nos vayamos de acá sabiendo que no estamos haciendo algo extraño o perjudicial para el ambiente. Jamás yo haría eso.
Cuando el diputado Máximo Kirchner hizo circular este proyecto para que lo acompañaran los diferentes colegas, como ocurre con prácticamente todos los proyectos, dije a mi asesor en materia ambiental que había un problema. Lo hice después de haberle propuesto que tuviera en cuenta algunas de las modificaciones que ya mencioné. Cuando me preguntó cuál era el problema, le dije: el autor. Ese es el problema que tiene este proyecto. En efecto, cualquier análisis que se haga de esta iniciativa se hará bajo un prisma absolutamente prejuicioso. Cuando uno escucha diferentes discursos advierte que el problema de este proyecto de ley es, casi fundamentalmente, que el autor se llama "Kirchner".
El derecho ambiental en la Argentina no es punitivo. No lo es no porque nosotros lo queramos así, sino porque goza de un resguardo constitucional, según expresa el artículo 41. En el primer párrafo in fine del mencionado artículo, nuestra hermosa Constitución Nacional dice: "El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley".
Si usted se fija, señor presidente, prácticamente todo el derecho ambiental está anclado en la reparación y en la recomposición. De hecho, el capítulo VII de la ley que vamos a reformar se refiere a las infracciones y sanciones; pero, lo que estamos modificando nosotros es el artículo 22, que precisamente trata lo relativo a las reparaciones y recomposiciones. Es importante distinguir esto porque nosotros, al sancionar las leyes, creemos que somos los hacedores de la legislación cuando, en realidad, son los jueces quienes la interpretarán según la doctrina, la jurisprudencia y lo que nosotros escribimos. Gracias a Dios.
Entonces, bajo ningún punto de vista puede haber en una ley un camino hacia atrás respecto de lo que está consagrado en pactos internacionales con rango constitucional.
Si sancionamos alguna legislación que, por hacernos los locos, resulta ser disvaliosa para lo que se logró hasta ahora, será la Justicia la que, a la hora de interpretarla, nos los hará saber declarando su inconstitucionalidad. Nuevamente, gracias a Dios.
Tenemos que distinguir que la Argentina tiene dos pilares, dos leyes importantes relativas al tema "fuego". Una es la ley 26.562, de presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema, y la otra es la ley de incendios. Acá se habló de la primera, pero se la mezcló con la segunda.
La ley 26.562, sancionada en 2009, tiene nueve artículos. Al definir la quema, dice que es "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo". Es decir que existe en la legislación la autorización para quemar. La ley, además, claramente dispone que, excepto que esté autorizada, queda prohibida, y establece una serie de requisitos sumamente interesantes. Por eso, pido a los señores diputados que la lean antes del debate en el recinto.
También dispone que la persona que va a quemar su campo para seguir produciendo debe aclarar, por ejemplo, entre qué horas lo hará y de dónde vendrá el viento. Es decir, dispone una serie de previsiones, y es lógico que así lo haga, porque los campos deben tener la posibilidad de realizar la quema para tener mejor producción en la siguiente cosecha.
Entonces, tenemos una ley sobre el control de actividades de quema y es competencia de las distintas jurisdicciones su aplicación. En todo lo que es fuego, siempre las jurisdicciones tienen un gran protagonismo.
Asimismo, contamos con una Ley de Parques Nacionales que también contiene una serie de cuestiones interesantísimas para leer.
Por su parte, la ley 13.273, de defensa de la riqueza forestal -por su número, podemos tener una idea de su antigüedad-, también es relevante. De alguna manera, el derecho en materia de fuego pivotea entre estas tres leyes.
La ley sobre defensa de la riqueza forestal es extensa. Consta de ochenta y siete artículos que están organizados en varios capítulos, algunos de los cuales son los siguientes: "Régimen forestal común", "Régimen forestal especial", "Régimen de los bosques fiscales", "Fondo forestal", "Fomento", "Penalidades", "Procedimiento" y "Órganos de aplicación".
Los artículos 19 a 24 están contenidos en el capítulo "Prevención y lucha contra incendio". Establecen, por ejemplo, que todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de denunciar cualquier incendio o posibilidad de que se produzca uno. En caso contrario, cabría una penalización. Pero el capítulo va más allá: obliga a las autoridades civiles y militares a facilitar todos los elementos para extinguirlo. Luego, establece como carga pública que todo ciudadano entre 15 y 20 años que habite o transite dentro de un radio de 40 kilómetros del lugar en que se produjera un incendio debe colaborar para extinguirlo. Dispone también la reciprocidad internacional; prohíbe llevar o encender fuego, fabricar carbón y los rozados, aserraderos, hornos de cal, de yeso, de ladrillo, etcétera.
Es una ley muy extensa -reitero que consta de ochenta y siete artículos- que es interesante leer porque establece prohibiciones estrictas. Es más, también dispone que, en caso de incendio -esto hay que decirlo en las leyes, y lo hace la ley de incendios-, el vecino tiene la obligación de romper tranqueras, de proveer. Es decir, no es opcional; todo el mundo debe ayudar a apagar el incendio.
Veamos qué dispone nuestra ley 26.815, por la que se crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Dicho sea de paso -porque es interesante saberlo-, en la Argentina este sistema fue creado antes de la ley. Con esto quiero decir que, a veces, no somos tan imprescindibles o que perdemos mucho tiempo discutiendo.
Muchos senadores presentaron proyectos y, como de costumbre ocurre en los proyectos ambientales, las provincias se ponen más de acuerdo que los diputados que representamos al pueblo. Si no me equivoco, esta ley surge como iniciativa de un senador por Misiones; las provincias ya tenían sistemas de manejo del fuego.
Entonces, en noviembre de 2012 tuvimos una ley federal para el manejo del fuego. Tiene treinta y siete artículos divididos en varios capítulos: "Disposiciones generales", "Sistema Federal de Manejo del Fuego", "Integración del Sistema Federal de Manejo del Fuego", "Obligaciones de los particulares", etcétera.
Es muy interesante conocerla porque crea una coordinación increíble. En este sentido, la Argentina está coordinada. Además, al mirar la legislación comparada, uno advierte que no somos inventores de nada. En realidad, el manejo del fuego tiene como una suerte de tratamiento internacional. De hecho, esta ley fue debatida en una comisión del Senado; no en el recinto, y en esta Cámara de Diputados pasó como por un tubo. Nadie se dio cuenta de todo lo que incluía. Esto no lo digo peyorativamente, solo aclaro que son normas que tienen estándares internacionales; no hay nada nuevo para crear o inventar.
Por supuesto, la Nación es la que coordina. La ley dispone una serie de cuestiones relacionadas con las autoridades y tienen un rol principal las provincias. ¡Obviamente! ¿Cómo no lo van a tener, si son las que conocen el territorio o dónde se encuentra una u otra siembra? Es propicio que cada jurisdicción tenga una reglamentación. También la ley dispone cuáles son las obligaciones de los particulares.
Es interesante la parte de la recomposición y la reparación, que es de lo que estamos hablando hoy. No estamos hablando de las sanciones, sino de la parte de la ley referida a la recomposición y la reparación.
El espíritu de las prohibiciones es fortalecer la recomposición y la reparación del ambiente, pero no porque queramos los diputados, sino porque lo dispone la Constitución.
Este anteproyecto -que acompañamos y cuyo autor es tan disruptivo, por no decir otra cosa- encuentra su similar en el derecho español. Esto es interesante. Cuando uno busca legislación comparada, encuentra que en algunos casos se establece la cantidad de años de prohibición, más allá de que lo que se prioriza es la recomposición y la reparación. Es así como la ley 43/2003 de España, en su artículo 50, prohíbe "el cambio de uso forestal al menos durante treinta años."
También me parece sumamente importante mencionar, sobre todo ahora que ustedes están haciendo tanto lío con las tomas, que por cierto son bastante repudiables, que esta iniciativa encuentra su basamento en el artículo 240 del Código Civil y Comercial, donde hay una suerte de limitación al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes cuando se trate de derechos de incidencia colectiva. Ahora bien, si frente a un incendio no estamos frente a un derecho de incidencia colectiva, ¿cuándo vamos a estarlo?
Por eso, más allá de que a alguno le cause urticaria el asunto de quién fue el primero que firmó o pensó, nosotros acompañamos el proyecto con nuestra firma; somos coautores. De la misma manera, solicitamos las modificaciones que creemos que lo perfeccionan y acompañamos el dictamen.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Sapag.
SRA. SAPAG Señor presidente: muchísimas gracias a usted y a todos los integrantes de la comisión por permitir mi participación.
Obviamente, la problemática de los incendios que afectan a nuestro país merece mucha atención. Comparto totalmente esa preocupación y también creo que parte de nuestro trabajo es otorgar a la sociedad las herramientas para intentar resolver el problema.
Sin embargo, el remedio que intentamos generar en este caso, si bien no es peor que la enfermedad, genera consecuencias secundarias demasiado graves para nuestro gobierno como para pasarlas por alto, además de tornarlas invisibles.
En el caso particular de la modificación de la ley 26.815, he hecho llegar la postura de mi provincia no solo a los autores del proyecto, sino también a los miembros de la comisión.
La provincia del Neuquén tiene una realidad geográfica que no muchas otras poseen, ya que cuenta con ejidos municipales completos que se encuentran inmersos en bosques. Es justamente esa realidad la que ha hecho que mi provincia tome los principios rectores de la Ley de Presupuesto Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos vigentes en la Argentina y, en consonancia con la ley 2.780, establezca la importancia de la convivencia sana y sustentable, permitiendo el desarrollo de los municipios entre esos bosques y ciudades. Muchos conocen San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Traful, Moquehue, Ñorquín, Manzano Amargo, Caviahue. Así podría seguir nombrando una serie de municipios de nuestra provincia que, como todos saben, tiene una gran cantidad de territorio con bosque.
Desde la provincia del Neuquén hemos estado completamente en línea con el espíritu de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, desde su sanción en 2007.
En concordancia, como dije, se sancionó la ley provincial 2.780 con el objeto de establecer los principios rectores para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, según lo previsto en el artículo 6° de la ley nacional 26.331 y en ejercicio del dominio originario de la provincia sobre sus recursos naturales, en los términos de los artículos 124 de la Constitución Nacional y 90, 92, 93, 94, 102, 103 y 104 de la Constitución provincial.
Respecto al proyecto en cuestión, considero que su letra no colabora a la eficacia y economía legislativa, ya que no respeta criterios ambientales establecidos por ley en nuestro país, y legisla sobre materias que otras normas ya han legislado, como bien dijo la doctora Camaño. Cabe aclarar que mis consideraciones son en nombre de mi provincia y su gobierno. A veces se dice que gobernar es difícil, pero el Movimiento Popular Neuquino gobierna la provincia del Neuquén desde hace, ni más ni menos, sesenta años consecutivos.
Asimismo, el proyecto cercena derechos adquiridos a privados que sean legítimos propietarios de la tierra; avanza sobre el principio de autonomía de los municipios atentando contra lo establecido en la Constitución Nacional; no tiene en cuenta la tasa de recuperación de los ambientes dañados, que no es la misma para un pastizal, para un monte o para un bosque nativo, sino que solo propone la prohibición de uso y destino de las tierras en años para todas igual. Tampoco hace referencia a la obligación de recomponer o recuperar las áreas afectadas por el fuego.
Por último, para no robar el tiempo a la comisión, este proyecto restringe las facultades no delegadas por las provincias a la Nación, ya que una ley nacional puede limitar el ejercicio de cualquier actividad en pos de la protección ambiental, pero no restringir el uso del suelo, competencia originaria y exclusiva de las provincias.
El proyecto de modificación de la ley 26.815 propone que el artículo 22 bis de dicha norma quede redactado de la siguiente manera: "En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de 60 años desde su conclusión".
Por su parte, el artículo 40 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece: "En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial."
Es justamente ese el espíritu de la ley: se debe apuntar a la recuperación del bosque y al análisis de la autoridad de aplicación respecto del uso del suelo.
Respecto al proyecto de Máximo Kirchner, yo no tengo el pensamiento ni el sentimiento que señalaba la doctora Camaño; todo lo contrario. Para mí, Máximo es un compañero más dentro de los diputados, un militante más, una persona más, y no pienso ni siento que, porque él firme el proyecto, su tratamiento sea diferente.
El proyecto del señor diputado Kirchner quiere prohibir el cambio de uso por sesenta años sin tener en cuenta el espíritu de la normativa vigente, tanto nacional como provincial.
Señor presidente: agradezco muchísimo la invitación. Fue muy deferente, me llamó por teléfono, me dio la palabra. La verdad es que se lo agradezco profundamente. En estos años para mí ha sido muy difícil, como unibloque provincial, que se trate un proyecto o que se me dé la palabra, así que especialmente le agradezco la deferencia de haberme llamado. Muchas gracias también a la comisión.
Obviamente, la problemática de los incendios que afectan a nuestro país merece mucha atención. Comparto totalmente esa preocupación y también creo que parte de nuestro trabajo es otorgar a la sociedad las herramientas para intentar resolver el problema.
Sin embargo, el remedio que intentamos generar en este caso, si bien no es peor que la enfermedad, genera consecuencias secundarias demasiado graves para nuestro gobierno como para pasarlas por alto, además de tornarlas invisibles.
En el caso particular de la modificación de la ley 26.815, he hecho llegar la postura de mi provincia no solo a los autores del proyecto, sino también a los miembros de la comisión.
La provincia del Neuquén tiene una realidad geográfica que no muchas otras poseen, ya que cuenta con ejidos municipales completos que se encuentran inmersos en bosques. Es justamente esa realidad la que ha hecho que mi provincia tome los principios rectores de la Ley de Presupuesto Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos vigentes en la Argentina y, en consonancia con la ley 2.780, establezca la importancia de la convivencia sana y sustentable, permitiendo el desarrollo de los municipios entre esos bosques y ciudades. Muchos conocen San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Traful, Moquehue, Ñorquín, Manzano Amargo, Caviahue. Así podría seguir nombrando una serie de municipios de nuestra provincia que, como todos saben, tiene una gran cantidad de territorio con bosque.
Desde la provincia del Neuquén hemos estado completamente en línea con el espíritu de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, desde su sanción en 2007.
En concordancia, como dije, se sancionó la ley provincial 2.780 con el objeto de establecer los principios rectores para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, según lo previsto en el artículo 6° de la ley nacional 26.331 y en ejercicio del dominio originario de la provincia sobre sus recursos naturales, en los términos de los artículos 124 de la Constitución Nacional y 90, 92, 93, 94, 102, 103 y 104 de la Constitución provincial.
Respecto al proyecto en cuestión, considero que su letra no colabora a la eficacia y economía legislativa, ya que no respeta criterios ambientales establecidos por ley en nuestro país, y legisla sobre materias que otras normas ya han legislado, como bien dijo la doctora Camaño. Cabe aclarar que mis consideraciones son en nombre de mi provincia y su gobierno. A veces se dice que gobernar es difícil, pero el Movimiento Popular Neuquino gobierna la provincia del Neuquén desde hace, ni más ni menos, sesenta años consecutivos.
Asimismo, el proyecto cercena derechos adquiridos a privados que sean legítimos propietarios de la tierra; avanza sobre el principio de autonomía de los municipios atentando contra lo establecido en la Constitución Nacional; no tiene en cuenta la tasa de recuperación de los ambientes dañados, que no es la misma para un pastizal, para un monte o para un bosque nativo, sino que solo propone la prohibición de uso y destino de las tierras en años para todas igual. Tampoco hace referencia a la obligación de recomponer o recuperar las áreas afectadas por el fuego.
Por último, para no robar el tiempo a la comisión, este proyecto restringe las facultades no delegadas por las provincias a la Nación, ya que una ley nacional puede limitar el ejercicio de cualquier actividad en pos de la protección ambiental, pero no restringir el uso del suelo, competencia originaria y exclusiva de las provincias.
El proyecto de modificación de la ley 26.815 propone que el artículo 22 bis de dicha norma quede redactado de la siguiente manera: "En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de 60 años desde su conclusión".
Por su parte, el artículo 40 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece: "En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial."
Es justamente ese el espíritu de la ley: se debe apuntar a la recuperación del bosque y al análisis de la autoridad de aplicación respecto del uso del suelo.
Respecto al proyecto de Máximo Kirchner, yo no tengo el pensamiento ni el sentimiento que señalaba la doctora Camaño; todo lo contrario. Para mí, Máximo es un compañero más dentro de los diputados, un militante más, una persona más, y no pienso ni siento que, porque él firme el proyecto, su tratamiento sea diferente.
El proyecto del señor diputado Kirchner quiere prohibir el cambio de uso por sesenta años sin tener en cuenta el espíritu de la normativa vigente, tanto nacional como provincial.
Señor presidente: agradezco muchísimo la invitación. Fue muy deferente, me llamó por teléfono, me dio la palabra. La verdad es que se lo agradezco profundamente. En estos años para mí ha sido muy difícil, como unibloque provincial, que se trate un proyecto o que se me dé la palabra, así que especialmente le agradezco la deferencia de haberme llamado. Muchas gracias también a la comisión.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Obeid.
SRA. OBEID Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una breve referencia hacia el funcionamiento de la comisión. Quiero reconocer que tanto su funcionamiento como el del Congreso, puntualmente de la Cámara de Diputados, ha logrado romper cualquier barrera.
Yo soy de la provincia de Santa Fe, y desde mi ciudad pude trabajar y participar de las reuniones, más allá de estas barreras que nos impuso la pandemia, como cualquier legislador o legisladora. Eso habla no solamente del trabajo de todos y de todas, sino también de quien tiene que presidir una comisión; en este caso, el señor diputado Grosso.
Por otro lado, quiero hacer referencia a este proyecto específico que estamos tratando. Las diputadas Vilar y Camaño, quienes me han precedido en el uso de la palabra, han hecho todas las aclaraciones y especificaciones técnicas que requiere el caso.
Yo quiero hacer hincapié en algunas cuestiones que me interesan como santafesina y, obviamente, como habitante del territorio argentino. Con esta modificación a la Ley de Sistema Federal de Manejo del Fuego planteada por nuestro presidente de bloque, el diputado Máximo Kirchner, queremos poner fin a la especulación inmobiliaria y ganadera sobre nuestras tierras.
Señor presidente: queremos proteger los ecosistemas que pueden ser víctimas de los incendios y, sobre todo, queremos proteger la salud de nuestra población. En Rosario, Santa Fe, uno se levanta a la mañana, abre la puerta del patio y tiene que barrer cenizas. También ocurre que algunos días respiramos humo en lugar de aire.
Asimismo, queremos garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y desalentar los incendios intencionales -por supuesto, los otros también- y la especulación financiera inmobiliaria.
Tiempo atrás fui legisladora en mi ciudad, Santa Fe, y también fui diputada provincial. La verdad es que durante ese tiempo hemos legislado mucho sobre el tema del ambiente. A veces apuntamos a cuestiones minúsculas -si se quiere- y, otras, nos enfocamos en asuntos macro, más abarcativos. Por ejemplo, hoy hablamos y fijamos nuestra posición sobre el uso responsable del agua, los inodoros de doble descarga, el desalentar el uso de los plásticos de un solo uso -perdón por la redundancia- o de las bolsitas plásticas de los supermercados. Este tema lo hemos hablado mucho localmente, y en numerosas ciudades logramos que ya no se usen más las bolsitas plásticas de los supermercados.
También debatimos sobre la importancia de la clasificación de los residuos domiciliarios en origen, es decir, en la casa de cada uno y cada una, para después darles otros usos.
Entiendo que hoy tenemos un llamamiento mucho más grande, un llamamiento macro, y como legisladores y legisladoras de la Nación no debemos hablar en tercera persona sino asumir el compromiso y apoyar este proyecto de ley ahora y posteriormente en el recinto.
Como decía, apuntamos a lo macro, a la defensa de nuestra tierra, a la defensa de nuestro ambiente, a la defensa del futuro de nuestros hijos y nuestras hijas -del que tanto hablamos-, reafirmando nuestro compromiso con el ambiente, eligiendo estar de este lado, apoyando este proyecto de ley, estando parados en la vereda de enfrente de los incendios intencionales de nuestros bosques nativos y de nuestros humedales.
Queremos poner fin a las situaciones especulativas y a este número tan doloroso que representan las más de 900.000 hectáreas incendiadas en catorce provincias del país, dentro de las cuales está la mía, Santa Fe, donde la quema de pastizales aumentó un 120 por ciento desde enero hasta la fecha. Desde enero hasta agosto se registraron 1.206 incendios. Nos rodean las columnas de humo. Es lamentable ver esas quemas, ya sea en las imágenes tomadas por los drones o desde lo alto de algunos edificios de nuestra provincia. Han llegado a registrarse hasta trece incendios en solo veinticuatro horas.
Por lo expuesto, estoy convencida de que esta ley será una herramienta para empezar a terminar con todas estas situaciones que dañan al ambiente y a nosotros como personas. También estoy convencida de que esta es una oportunidad histórica. Como ya se ha señalado, no solamente se trata de compartir una preocupación, sino que debemos dejar de hablar en tercera persona e involucrarnos y mostrarnos comprometidos. Y creo que la única forma de demostrar ese compromiso con el ambiente y con el futuro de nuestros hijos, hijas e hijes es acompañando este proyecto de ley.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.
Yo soy de la provincia de Santa Fe, y desde mi ciudad pude trabajar y participar de las reuniones, más allá de estas barreras que nos impuso la pandemia, como cualquier legislador o legisladora. Eso habla no solamente del trabajo de todos y de todas, sino también de quien tiene que presidir una comisión; en este caso, el señor diputado Grosso.
Por otro lado, quiero hacer referencia a este proyecto específico que estamos tratando. Las diputadas Vilar y Camaño, quienes me han precedido en el uso de la palabra, han hecho todas las aclaraciones y especificaciones técnicas que requiere el caso.
Yo quiero hacer hincapié en algunas cuestiones que me interesan como santafesina y, obviamente, como habitante del territorio argentino. Con esta modificación a la Ley de Sistema Federal de Manejo del Fuego planteada por nuestro presidente de bloque, el diputado Máximo Kirchner, queremos poner fin a la especulación inmobiliaria y ganadera sobre nuestras tierras.
Señor presidente: queremos proteger los ecosistemas que pueden ser víctimas de los incendios y, sobre todo, queremos proteger la salud de nuestra población. En Rosario, Santa Fe, uno se levanta a la mañana, abre la puerta del patio y tiene que barrer cenizas. También ocurre que algunos días respiramos humo en lugar de aire.
Asimismo, queremos garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y desalentar los incendios intencionales -por supuesto, los otros también- y la especulación financiera inmobiliaria.
Tiempo atrás fui legisladora en mi ciudad, Santa Fe, y también fui diputada provincial. La verdad es que durante ese tiempo hemos legislado mucho sobre el tema del ambiente. A veces apuntamos a cuestiones minúsculas -si se quiere- y, otras, nos enfocamos en asuntos macro, más abarcativos. Por ejemplo, hoy hablamos y fijamos nuestra posición sobre el uso responsable del agua, los inodoros de doble descarga, el desalentar el uso de los plásticos de un solo uso -perdón por la redundancia- o de las bolsitas plásticas de los supermercados. Este tema lo hemos hablado mucho localmente, y en numerosas ciudades logramos que ya no se usen más las bolsitas plásticas de los supermercados.
También debatimos sobre la importancia de la clasificación de los residuos domiciliarios en origen, es decir, en la casa de cada uno y cada una, para después darles otros usos.
Entiendo que hoy tenemos un llamamiento mucho más grande, un llamamiento macro, y como legisladores y legisladoras de la Nación no debemos hablar en tercera persona sino asumir el compromiso y apoyar este proyecto de ley ahora y posteriormente en el recinto.
Como decía, apuntamos a lo macro, a la defensa de nuestra tierra, a la defensa de nuestro ambiente, a la defensa del futuro de nuestros hijos y nuestras hijas -del que tanto hablamos-, reafirmando nuestro compromiso con el ambiente, eligiendo estar de este lado, apoyando este proyecto de ley, estando parados en la vereda de enfrente de los incendios intencionales de nuestros bosques nativos y de nuestros humedales.
Queremos poner fin a las situaciones especulativas y a este número tan doloroso que representan las más de 900.000 hectáreas incendiadas en catorce provincias del país, dentro de las cuales está la mía, Santa Fe, donde la quema de pastizales aumentó un 120 por ciento desde enero hasta la fecha. Desde enero hasta agosto se registraron 1.206 incendios. Nos rodean las columnas de humo. Es lamentable ver esas quemas, ya sea en las imágenes tomadas por los drones o desde lo alto de algunos edificios de nuestra provincia. Han llegado a registrarse hasta trece incendios en solo veinticuatro horas.
Por lo expuesto, estoy convencida de que esta ley será una herramienta para empezar a terminar con todas estas situaciones que dañan al ambiente y a nosotros como personas. También estoy convencida de que esta es una oportunidad histórica. Como ya se ha señalado, no solamente se trata de compartir una preocupación, sino que debemos dejar de hablar en tercera persona e involucrarnos y mostrarnos comprometidos. Y creo que la única forma de demostrar ese compromiso con el ambiente y con el futuro de nuestros hijos, hijas e hijes es acompañando este proyecto de ley.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Fregonese.
SRA. FREGONESE Señor presidente: la verdad es que hoy hubiera querido estar debatiendo, en esta comisión, cómo solucionar el problema de los argentinos que están viendo sus bienes arrasados por el fuego en distintas provincias de nuestro país. Sin embargo, estamos discutiendo a las apuradas un proyecto que trae más problemas que soluciones. Pareciera que se busca tapar los problemas de gestión de los incendios con la sanción de una ley que no va a solucionar nada.
Hubiéramos querido -y así lo hemos pedido desde nuestro bloque mediante varios proyectos no tratados- que la ministra Frederic y el ministro Cabandié hubieran venido a esta comisión a explicarnos qué dificultades tuvieron para gestionar los incendios y cuáles fueron los motivos por los cuales el gobierno nacional atendió tan tarde este problema. Hubiésemos querido trabajar todos unidos buscando soluciones para que esto no se repita en la magnitud y con el descontrol con que viene sucediendo.
Como el ministro Cabandié y la presidencia de esta comisión insistieron equivocadamente en que la solución de los incendios pasaba por la sanción de una ley de humedales, toda la energía de esta comisión se concentró en eso. Sin embargo, cuando los incendios se generalizaron en la zona semiárida de Córdoba, abandonaron esa idea, postergaron la ley de humedales y ahora, a las apuradas, presentan este proyecto de ley, que -como ya dijimos- no trae ninguna solución a los argentinos que sufren los incendios, sino todo lo contrario: más problemas.
Las modificaciones propuestas a la ley 26.815, de Sistema Federal de Manejo del Fuego, no aportaron ninguna solución porque parten del supuesto, absolutamente erróneo, de que todos los incendios son provocados con fines especulativos por los titulares de los predios. Las restricciones al dominio que propone este proyecto prejuzgan el dolo del titular del predio en caso de incendios provocados o accidentales, sin tener en cuenta quién haya sido el causante.
Permítame, señor presidente, dar algunos ejemplos. Según información publicada por el INTA Anguil y otros datos brindados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, durante la sequía de 2017 y 2018 en la provincia de La Pampa se registraron 310 focos de incendio, quemándose algo más de 1.000.000 de hectáreas, mayoritariamente de caldenes. Esto representa el 43 por ciento del total de 719 focos y el 59 por ciento de las aproximadamente 1.700.000 hectáreas quemadas durante ese período en todo el país.
¿Sabe, señor presidente, en cuántas de esas hectáreas se modificó el uso de los suelos? En ninguna. Reitero: en ninguna. Tomando como ejemplo el 59 por ciento de los incendios ocurridos en 2017 y 2018, ninguno estuvo vinculado al cambio del uso del suelo. Durante los dos años siguientes a los incendios, en La Pampa se sembraron 150.000 hectáreas menos. Lo mismo ocurrirá con la mayoría de las casi 900.000 hectáreas incendiadas informadas hasta el día de hoy.
Puedo anticipar con absoluta seguridad que en el 67 por ciento de los casos, que corresponden a más de 600.000 hectáreas en mi provincia, Entre Ríos, y a algunas zonas de Córdoba que conozco muy bien, el cambio en el uso de los suelos de toda esa superficie será insignificante.
Para terminar, quiero decir que estos datos deberían haberse presentado de forma mucho más detallada en los fundamentos de este proyecto de ley. Pero, claro, ello hubiera demostrado que este proyecto no tiene fundamento.
Por estos motivos, y por los expuestos por mis compañeros, no puedo acompañar este proyecto de ley. Reitero el pedido de que los ministros Frederic y Cabandié vengan a esta comisión a dar explicaciones sobre este tema, a fin de trabajar todos juntos para encontrar una solución a este enorme problema que afecta a tantos argentinos y a nuestro medio ambiente. Muchas gracias.
Hubiéramos querido -y así lo hemos pedido desde nuestro bloque mediante varios proyectos no tratados- que la ministra Frederic y el ministro Cabandié hubieran venido a esta comisión a explicarnos qué dificultades tuvieron para gestionar los incendios y cuáles fueron los motivos por los cuales el gobierno nacional atendió tan tarde este problema. Hubiésemos querido trabajar todos unidos buscando soluciones para que esto no se repita en la magnitud y con el descontrol con que viene sucediendo.
Como el ministro Cabandié y la presidencia de esta comisión insistieron equivocadamente en que la solución de los incendios pasaba por la sanción de una ley de humedales, toda la energía de esta comisión se concentró en eso. Sin embargo, cuando los incendios se generalizaron en la zona semiárida de Córdoba, abandonaron esa idea, postergaron la ley de humedales y ahora, a las apuradas, presentan este proyecto de ley, que -como ya dijimos- no trae ninguna solución a los argentinos que sufren los incendios, sino todo lo contrario: más problemas.
Las modificaciones propuestas a la ley 26.815, de Sistema Federal de Manejo del Fuego, no aportaron ninguna solución porque parten del supuesto, absolutamente erróneo, de que todos los incendios son provocados con fines especulativos por los titulares de los predios. Las restricciones al dominio que propone este proyecto prejuzgan el dolo del titular del predio en caso de incendios provocados o accidentales, sin tener en cuenta quién haya sido el causante.
Permítame, señor presidente, dar algunos ejemplos. Según información publicada por el INTA Anguil y otros datos brindados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, durante la sequía de 2017 y 2018 en la provincia de La Pampa se registraron 310 focos de incendio, quemándose algo más de 1.000.000 de hectáreas, mayoritariamente de caldenes. Esto representa el 43 por ciento del total de 719 focos y el 59 por ciento de las aproximadamente 1.700.000 hectáreas quemadas durante ese período en todo el país.
¿Sabe, señor presidente, en cuántas de esas hectáreas se modificó el uso de los suelos? En ninguna. Reitero: en ninguna. Tomando como ejemplo el 59 por ciento de los incendios ocurridos en 2017 y 2018, ninguno estuvo vinculado al cambio del uso del suelo. Durante los dos años siguientes a los incendios, en La Pampa se sembraron 150.000 hectáreas menos. Lo mismo ocurrirá con la mayoría de las casi 900.000 hectáreas incendiadas informadas hasta el día de hoy.
Puedo anticipar con absoluta seguridad que en el 67 por ciento de los casos, que corresponden a más de 600.000 hectáreas en mi provincia, Entre Ríos, y a algunas zonas de Córdoba que conozco muy bien, el cambio en el uso de los suelos de toda esa superficie será insignificante.
Para terminar, quiero decir que estos datos deberían haberse presentado de forma mucho más detallada en los fundamentos de este proyecto de ley. Pero, claro, ello hubiera demostrado que este proyecto no tiene fundamento.
Por estos motivos, y por los expuestos por mis compañeros, no puedo acompañar este proyecto de ley. Reitero el pedido de que los ministros Frederic y Cabandié vengan a esta comisión a dar explicaciones sobre este tema, a fin de trabajar todos juntos para encontrar una solución a este enorme problema que afecta a tantos argentinos y a nuestro medio ambiente. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra la diputada Lampreabe.
Tiene la palabra la diputada Lampreabe.
SRA. LAMPREABE Señor presidente: muchos de los que me precedieron en el uso de la palabra ya caracterizaron la problemática sobre la que urge que legislemos para dar una respuesta. Casi 900.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego en lo que va del año, lo que equivale a cuarenta y cuatro veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires o a media provincia de Tucumán o de Tierra del Fuego.
El dato central -como varios dijeron acá- es que el 95 por ciento de estos incendios son intencionales y la mayoría están motivados por intereses ligados a cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias e inmobiliarias.
Los y las legisladores de Juntos por el Cambio se oponen a este proyecto porque creen que no es una respuesta a la problemática y plantean como respuesta alternativa el aumento del presupuesto para el manejo del fuego y/o el establecimiento y tipificación de nuevos delitos ambientales.
Todos y todas estamos de acuerdo en apoyar al Servicio Nacional de Manejo del Fuego otorgándole más presupuesto para herramientas y equipamiento. También estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en la sanción o penalización de los delitos ambientales. Pero en ambos casos se trata de ir, cual bomberos, detrás del fuego.
Como legisladores, tenemos el deber de generar normativas tendientes a prevenir todos los daños para no tener que repararlos posteriormente. El proyecto de ley que estamos tratando es justamente preventivo porque busca desincentivar que se encienda la llama, evitando la motivación que está detrás, que es la especulación por negocios ligados -como dijimos- a intereses inmobiliarios o agropecuarios.
Una vez que el patrimonio biocultural es arrasado no se recupera; se puede regenerar parcialmente -por eso el proyecto de ley establece determinados plazos- pero el daño ya está hecho.
Por otra parte, nos preguntamos cuánto presupuesto tiene que seguir invirtiendo el Estado -o sea, todos y todas- para frenar un daño que hacen algunos para beneficio propio. Aumentar el presupuesto para apagar el fuego es necesario, y lo vamos a hacer, pero no altera en lo más mínimo el negocio del fuego. Por otra parte, agregar penas o tipificar nuevos delitos ambientales también es necesario y lo debemos hacer, pero eso no evita ni repara el daño causado sobre los ecosistemas, el patrimonio biocultural y sus complejos equilibrios.
Este proyecto de ley va a la raíz del problema, porque está comprobado que detrás de los incendios hay intereses. Más allá de los sobrados ejemplos que hay respecto de la especulación con el cambio de uso del suelo, de cómo aumenta el precio de la hectárea desmontada y demás, en términos globales basta con ver la coincidencia que hay entre el mapa de la deforestación en la Argentina y el mapa del avance de la frontera agropecuaria y de los negocios inmobiliarios para descubrir quiénes se esconden detrás del encendedor.
Cuando queremos frenar esta motivación, aparece entonces la defensa de la propiedad privada. Pero me pregunto: ¿de qué propiedad hablan?, porque el fuego viene avanzando también sobre las propiedades y sobre el medio de vida de muchas y muchos productores y pobladores de los territorios arrasados.
Entonces, ¿qué propiedad están defendiendo los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio? ¿Están defendiendo la propiedad o están defendiendo la apropiación o el negocio privado de algunos pocos? En este sentido, es difícil olvidarse del listado de los trescientos responsables de la deforestación que presentó Green Peace, entre los que figuraban los Macri y los Peña Brown. Tal vez se trata de otro conflicto de intereses que enfrentan hoy los legisladores de Juntos por el Cambio: defienden los intereses del pueblo, los bienes comunes naturales, el patrimonio biocultural -en definitiva, la vida de y para el conjunto del pueblo de la Nación-, o defienden los intereses y los negocios de su jefe político, Mauricio Macri, y del pequeño grupo que concentra el poder económico en la Argentina.
En ese pequeño grupo también se encuentran aquellos que en Entre Ríos, la segunda provincia más afectada por estos incendios -con casi 300.000 hectáreas quemadas-, han deforestado más de 150.000 hectáreas de bosques nativos en los últimos diez años. No conocemos con precisión la cantidad de hectáreas de humedales que han arrasado, pero sí conocemos la presión que ejercen para frenar el avance de la ley de humedales en el Congreso, al igual que lo están haciendo con esta iniciativa.
Es el mismo grupo que en dos oportunidades consiguió la autorización provincial para fumigar a cien metros de las escuelas y que hoy está violentando y amenazando públicamente a Dolores Etchevehere, a Juan Grabois y a todos aquellos que se organizan para defender los intereses populares, la soberanía alimentaria y las necesidades y los derechos del conjunto de la población. Parece que ese pequeño grupo de intereses, cuyo número de personas no llega ni al 1 por ciento de la población, cuenta con una buena porción de las bancas de esta Cámara.
Para oponerse al presente proyecto también se ha mencionado la superposición con la actual protección que establecen el artículo 22 bis de la ley de manejo de fuego y el artículo 40 de la ley de bosques. En principio quiero aclarar que la protección de esta iniciativa alcanzará a bosques, humedales, pastizales y todo otro ecosistema, y no solo a los bosques nativos o a los bosques en general.
También quiero aclarar a la diputada Austin -y a quienes lo mencionaron anteriormente- que en la actualidad esa protección no tiene la perpetuidad que establecen el artículo 22 bis de la ley de manejo del fuego -que buscamos modificar- y el artículo 40 de la ley de bosques. Esa protección, que es indeterminada en cuanto al plazo, se aplica con diversidad en las provincias. En la realidad, las provincias prevén la posibilidad de modificar el uso del suelo y realizar recategorizaciones prediales utilizando justamente la imposibilidad de reparar las consecuencias de los incendios y desmontes como un vehículo para terminar justificando la excepción que ha devenido en regla. Como ejemplo podemos mencionar el caso de Salta, que para 2014 había recategorizado más de 150.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las categorías 1 y 2.
Creo que hoy estamos ante una oportunidad única. La sociedad nos está mirando para ver de qué lado de la mecha nos encontramos. El daño a los ecosistemas -en gran parte, irrecuperable- y la crisis ambiental a la que estamos asistiendo no admite este ambientalismo de maquillaje ni tergiversaciones interpretativas, porque creo que todas y todos sabemos de qué estamos hablando.
El factor más importante que ha provocado de forma directa una mayor pérdida de biodiversidad en los sistemas terrestres en las últimas décadas ha sido el cambio en los usos del suelo. Esta situación es alarmante, especialmente en nuestra región. En Latinoamérica y el Caribe, el descenso medio de las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y otras especies es del 94 por ciento, muy por encima del promedio mundial de 68 por ciento, que ya considerábamos muy alto.
En Argentina, además, el cambio de uso del suelo constituye también la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero y de contribución al cambio climático, por encima del sector industrial, energético o del transporte.
Como legisladores, estamos acá para defender los derechos consagrados en la Constitución Nacional, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud y el más esencial de todos los derechos, que es el derecho a la vida. Y como entendemos la magnitud del daño que acarrean estos incendios, que casi en su totalidad son intencionales -como dijimos-, vamos a acompañar esta iniciativa para terminar de una vez y para siempre con el negocio del fuego en nuestro país. Muchas gracias.
El dato central -como varios dijeron acá- es que el 95 por ciento de estos incendios son intencionales y la mayoría están motivados por intereses ligados a cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias e inmobiliarias.
Los y las legisladores de Juntos por el Cambio se oponen a este proyecto porque creen que no es una respuesta a la problemática y plantean como respuesta alternativa el aumento del presupuesto para el manejo del fuego y/o el establecimiento y tipificación de nuevos delitos ambientales.
Todos y todas estamos de acuerdo en apoyar al Servicio Nacional de Manejo del Fuego otorgándole más presupuesto para herramientas y equipamiento. También estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en la sanción o penalización de los delitos ambientales. Pero en ambos casos se trata de ir, cual bomberos, detrás del fuego.
Como legisladores, tenemos el deber de generar normativas tendientes a prevenir todos los daños para no tener que repararlos posteriormente. El proyecto de ley que estamos tratando es justamente preventivo porque busca desincentivar que se encienda la llama, evitando la motivación que está detrás, que es la especulación por negocios ligados -como dijimos- a intereses inmobiliarios o agropecuarios.
Una vez que el patrimonio biocultural es arrasado no se recupera; se puede regenerar parcialmente -por eso el proyecto de ley establece determinados plazos- pero el daño ya está hecho.
Por otra parte, nos preguntamos cuánto presupuesto tiene que seguir invirtiendo el Estado -o sea, todos y todas- para frenar un daño que hacen algunos para beneficio propio. Aumentar el presupuesto para apagar el fuego es necesario, y lo vamos a hacer, pero no altera en lo más mínimo el negocio del fuego. Por otra parte, agregar penas o tipificar nuevos delitos ambientales también es necesario y lo debemos hacer, pero eso no evita ni repara el daño causado sobre los ecosistemas, el patrimonio biocultural y sus complejos equilibrios.
Este proyecto de ley va a la raíz del problema, porque está comprobado que detrás de los incendios hay intereses. Más allá de los sobrados ejemplos que hay respecto de la especulación con el cambio de uso del suelo, de cómo aumenta el precio de la hectárea desmontada y demás, en términos globales basta con ver la coincidencia que hay entre el mapa de la deforestación en la Argentina y el mapa del avance de la frontera agropecuaria y de los negocios inmobiliarios para descubrir quiénes se esconden detrás del encendedor.
Cuando queremos frenar esta motivación, aparece entonces la defensa de la propiedad privada. Pero me pregunto: ¿de qué propiedad hablan?, porque el fuego viene avanzando también sobre las propiedades y sobre el medio de vida de muchas y muchos productores y pobladores de los territorios arrasados.
Entonces, ¿qué propiedad están defendiendo los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio? ¿Están defendiendo la propiedad o están defendiendo la apropiación o el negocio privado de algunos pocos? En este sentido, es difícil olvidarse del listado de los trescientos responsables de la deforestación que presentó Green Peace, entre los que figuraban los Macri y los Peña Brown. Tal vez se trata de otro conflicto de intereses que enfrentan hoy los legisladores de Juntos por el Cambio: defienden los intereses del pueblo, los bienes comunes naturales, el patrimonio biocultural -en definitiva, la vida de y para el conjunto del pueblo de la Nación-, o defienden los intereses y los negocios de su jefe político, Mauricio Macri, y del pequeño grupo que concentra el poder económico en la Argentina.
En ese pequeño grupo también se encuentran aquellos que en Entre Ríos, la segunda provincia más afectada por estos incendios -con casi 300.000 hectáreas quemadas-, han deforestado más de 150.000 hectáreas de bosques nativos en los últimos diez años. No conocemos con precisión la cantidad de hectáreas de humedales que han arrasado, pero sí conocemos la presión que ejercen para frenar el avance de la ley de humedales en el Congreso, al igual que lo están haciendo con esta iniciativa.
Es el mismo grupo que en dos oportunidades consiguió la autorización provincial para fumigar a cien metros de las escuelas y que hoy está violentando y amenazando públicamente a Dolores Etchevehere, a Juan Grabois y a todos aquellos que se organizan para defender los intereses populares, la soberanía alimentaria y las necesidades y los derechos del conjunto de la población. Parece que ese pequeño grupo de intereses, cuyo número de personas no llega ni al 1 por ciento de la población, cuenta con una buena porción de las bancas de esta Cámara.
Para oponerse al presente proyecto también se ha mencionado la superposición con la actual protección que establecen el artículo 22 bis de la ley de manejo de fuego y el artículo 40 de la ley de bosques. En principio quiero aclarar que la protección de esta iniciativa alcanzará a bosques, humedales, pastizales y todo otro ecosistema, y no solo a los bosques nativos o a los bosques en general.
También quiero aclarar a la diputada Austin -y a quienes lo mencionaron anteriormente- que en la actualidad esa protección no tiene la perpetuidad que establecen el artículo 22 bis de la ley de manejo del fuego -que buscamos modificar- y el artículo 40 de la ley de bosques. Esa protección, que es indeterminada en cuanto al plazo, se aplica con diversidad en las provincias. En la realidad, las provincias prevén la posibilidad de modificar el uso del suelo y realizar recategorizaciones prediales utilizando justamente la imposibilidad de reparar las consecuencias de los incendios y desmontes como un vehículo para terminar justificando la excepción que ha devenido en regla. Como ejemplo podemos mencionar el caso de Salta, que para 2014 había recategorizado más de 150.000 hectáreas de bosques nativos inicialmente zonificados en las categorías 1 y 2.
Creo que hoy estamos ante una oportunidad única. La sociedad nos está mirando para ver de qué lado de la mecha nos encontramos. El daño a los ecosistemas -en gran parte, irrecuperable- y la crisis ambiental a la que estamos asistiendo no admite este ambientalismo de maquillaje ni tergiversaciones interpretativas, porque creo que todas y todos sabemos de qué estamos hablando.
El factor más importante que ha provocado de forma directa una mayor pérdida de biodiversidad en los sistemas terrestres en las últimas décadas ha sido el cambio en los usos del suelo. Esta situación es alarmante, especialmente en nuestra región. En Latinoamérica y el Caribe, el descenso medio de las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y otras especies es del 94 por ciento, muy por encima del promedio mundial de 68 por ciento, que ya considerábamos muy alto.
En Argentina, además, el cambio de uso del suelo constituye también la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero y de contribución al cambio climático, por encima del sector industrial, energético o del transporte.
Como legisladores, estamos acá para defender los derechos consagrados en la Constitución Nacional, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud y el más esencial de todos los derechos, que es el derecho a la vida. Y como entendemos la magnitud del daño que acarrean estos incendios, que casi en su totalidad son intencionales -como dijimos-, vamos a acompañar esta iniciativa para terminar de una vez y para siempre con el negocio del fuego en nuestro país. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado Berhongaray.
Tiene la palabra el señor diputado Berhongaray.
SR. BERHONGARAY Señor presidente: me apena o me entristece que haya colegas que acompañan o dejan de acompañar una iniciativa por motivos de prejuicio. Esta consideración me parece poco afortunada, porque desmerece el correcto análisis que uno pueda llegar a hacer sobre un asunto determinado. Lo positivo en este caso es que hay una preocupación compartida, lo cual es un buen comienzo en la discusión.
Algunos diputados hablaban de lo que pasa en Australia, en Nueva Zelanda o en otras partes del mundo con los incendios y el cambio climático. Pero no hace falta ir tan lejos. Con todo respeto les digo que si van a La Pampa y hablan con la gente que sabe del tema -como decía una diputada preopinante, allí se queman en promedio 300.000 hectáreas todos los años-, seguramente se van a convencer de que los cambios que se proponen no están abordando las prioridades en lo que hace al combate del fuego.
¿Qué encuesta dice que el 95 por ciento de los incendios rurales son intencionales? No es lo que pasa en La Pampa. Hablen con los legisladores de esa provincia -sean del signo político que sean- y salgan de ese error, o por lo menos convénzanse de que esa no es la realidad de La Pampa, porque esa encuesta seguro que acá no la hicieron.
Por supuesto que hay que hacer algunas modificaciones en las leyes nacionales y también en las provinciales -porque siempre hay espacio para mejorarlas-, pero la prioridad absoluta es cumplir con lo que ya está establecido y no se está cumpliendo; y la verdad es que pocas veces se cumple. Este es un problema de todos los gobiernos, pero hoy lo tiene que resolver este gobierno. Y, vuelvo a decir, no veo que se esté abordando lo central.
Yo soy de La Pampa. Hace un rato venía de una localidad que está al sur de Santa Rosa, por la ruta nacional 35, y veía que no hay un solo metro de picada perimetral contrafuego repasada del lado de la banquina. Esta es una obligación del Estado nacional; por supuesto, todavía está a tiempo de cumplirla, pero no queda mucho tiempo. Eso, que es el ABC en materia de prevención de incendios rurales, el Estado nacional todavía no lo ha hecho. Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntar si lo van a hacer, porque se viene el verano, época en la que hay mucho pasto y bastante sequía, y todos sabemos lo peligrosa que es esta combinación.
Reitero: no hay un solo metro de picada perimetral contrafuego en una ruta nacional. Lógicamente, lo mismo le cabe al Estado provincial, si hablamos de las banquinas de las rutas provinciales, y a los municipios, si hablamos de los caminos vecinales.
Por supuesto, también hay que controlar que los productores hagan las picadas en sus campos, porque es una exigencia legal y tienen que cumplirla para protegerse entre todos. Ahora bien, todos sabemos que no hay nada peor que un Estado que pretende exigir lo que él mismo no viene cumpliendo.
Después los fuegos pasan las rutas, como si nada, quemando campos y alambrados, y muchas veces matan ganado; incluso, a veces se cobran vidas humanas porque se vuelven inmanejables. Faltan esos elementos mínimos para trabajar en el control del fuego, y reitero que son obligatorios para todos.
¿Por qué tener picadas perimetrales contrafuego es fundamental para un Estado? Porque es a partir de ellas que se pueden hacer los contrafuegos. Además, son los lugares por donde el personal de Defensa Civil y los bomberos se tienen que desplazar dentro de los campos para combatir el fuego y por donde pueden ingresar las camionetas con una mayor seguridad, sobre todo de noche. Prácticamente, son la única referencia que tienen para ubicarse y saber dónde va a trabajar cada uno.
Hoy hay montes que son casi impenetrables. Cuando hay vientos fuertes, en un lugar con mucha masa de vegetación no hay forma de parar el fuego si no es iniciando a tiempo un buen contrafuego, y para esto son fundamentales las picadas.
El segundo elemento de mayor relieve para el combate del fuego -pero del que no escuché hablar- es la comunicación. Vuelvo a poner como ejemplo mi viaje del día de hoy: en el 80 por ciento del trecho que hice hasta Santa Rosa por una ruta nacional no tuve señal de celular, y mucho menos de internet. Imagínense lo que ocurre cuando nos alejamos de una ruta nacional o provincial.
La realidad de la inmensa mayoría de los campos es que no tienen comunicación, que es una herramienta clave en el combate de los incendios. La comunicación es fundamental para que los brigadistas puedan coordinar acciones y se puedan orientar en los terrenos, que normalmente no conocen; ni que hablar de cuando tienen que trabajar de noche. De nada sirve que solo un móvil de Defensa Civil tenga comunicación satelital si el resto de los brigadistas no la tienen, si no pueden hablar entre ellos o con los productores, que siempre ayudan y muchísimo en los incendios. Esto hay que decirlo también.
Si no ha habido desastres mayores es por el impresionante trabajo que se hace desde Defensa Civil o desde el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Es excepcional lo que hace ese personal, que trabaja a destajo, en muchos casos combatiendo el fuego pero también combatiendo todos los incumplimientos y faltantes que recién mencioné, como la falta de picadas o la falta de comunicación. No ha habido desastres mayores por lo mucho que colaboran también los trabajadores rurales. Hay muchísima solidaridad.
No es un tema sencillo. Para que tengan una idea, una tormenta de verano que larga treinta rayos en una noche prende treinta fuegos al mismo tiempo; si a esto le sumamos fuertes vientos que no aflojan, temperaturas superiores a los 30° en la noche y sequía, no hay personal que alcance ni que aguante. La única forma de hacer un trabajo exitoso es teniendo en la mano el conjunto de herramientas que están disponibles, en la medida en que el Estado controle lo que tiene que controlar y cumpla con lo que tiene que cumplir.
Para terminar, quiero decir lo siguiente. Recién una diputada habló de la necesidad de cambiar la cosmovisión del mundo. Pero en lo que hace al manejo del fuego creo que hay cosas mucho más sencillas para hacer, que son bien mundanas, que dependen de nuestros comportamientos, que dependen de que se respete lo que ya está establecido y de que el Estado controle y haga cumplir las leyes pero también dé el ejemplo y cumpla con sus propias obligaciones. Muchas gracias, señor presidente.
Algunos diputados hablaban de lo que pasa en Australia, en Nueva Zelanda o en otras partes del mundo con los incendios y el cambio climático. Pero no hace falta ir tan lejos. Con todo respeto les digo que si van a La Pampa y hablan con la gente que sabe del tema -como decía una diputada preopinante, allí se queman en promedio 300.000 hectáreas todos los años-, seguramente se van a convencer de que los cambios que se proponen no están abordando las prioridades en lo que hace al combate del fuego.
¿Qué encuesta dice que el 95 por ciento de los incendios rurales son intencionales? No es lo que pasa en La Pampa. Hablen con los legisladores de esa provincia -sean del signo político que sean- y salgan de ese error, o por lo menos convénzanse de que esa no es la realidad de La Pampa, porque esa encuesta seguro que acá no la hicieron.
Por supuesto que hay que hacer algunas modificaciones en las leyes nacionales y también en las provinciales -porque siempre hay espacio para mejorarlas-, pero la prioridad absoluta es cumplir con lo que ya está establecido y no se está cumpliendo; y la verdad es que pocas veces se cumple. Este es un problema de todos los gobiernos, pero hoy lo tiene que resolver este gobierno. Y, vuelvo a decir, no veo que se esté abordando lo central.
Yo soy de La Pampa. Hace un rato venía de una localidad que está al sur de Santa Rosa, por la ruta nacional 35, y veía que no hay un solo metro de picada perimetral contrafuego repasada del lado de la banquina. Esta es una obligación del Estado nacional; por supuesto, todavía está a tiempo de cumplirla, pero no queda mucho tiempo. Eso, que es el ABC en materia de prevención de incendios rurales, el Estado nacional todavía no lo ha hecho. Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntar si lo van a hacer, porque se viene el verano, época en la que hay mucho pasto y bastante sequía, y todos sabemos lo peligrosa que es esta combinación.
Reitero: no hay un solo metro de picada perimetral contrafuego en una ruta nacional. Lógicamente, lo mismo le cabe al Estado provincial, si hablamos de las banquinas de las rutas provinciales, y a los municipios, si hablamos de los caminos vecinales.
Por supuesto, también hay que controlar que los productores hagan las picadas en sus campos, porque es una exigencia legal y tienen que cumplirla para protegerse entre todos. Ahora bien, todos sabemos que no hay nada peor que un Estado que pretende exigir lo que él mismo no viene cumpliendo.
Después los fuegos pasan las rutas, como si nada, quemando campos y alambrados, y muchas veces matan ganado; incluso, a veces se cobran vidas humanas porque se vuelven inmanejables. Faltan esos elementos mínimos para trabajar en el control del fuego, y reitero que son obligatorios para todos.
¿Por qué tener picadas perimetrales contrafuego es fundamental para un Estado? Porque es a partir de ellas que se pueden hacer los contrafuegos. Además, son los lugares por donde el personal de Defensa Civil y los bomberos se tienen que desplazar dentro de los campos para combatir el fuego y por donde pueden ingresar las camionetas con una mayor seguridad, sobre todo de noche. Prácticamente, son la única referencia que tienen para ubicarse y saber dónde va a trabajar cada uno.
Hoy hay montes que son casi impenetrables. Cuando hay vientos fuertes, en un lugar con mucha masa de vegetación no hay forma de parar el fuego si no es iniciando a tiempo un buen contrafuego, y para esto son fundamentales las picadas.
El segundo elemento de mayor relieve para el combate del fuego -pero del que no escuché hablar- es la comunicación. Vuelvo a poner como ejemplo mi viaje del día de hoy: en el 80 por ciento del trecho que hice hasta Santa Rosa por una ruta nacional no tuve señal de celular, y mucho menos de internet. Imagínense lo que ocurre cuando nos alejamos de una ruta nacional o provincial.
La realidad de la inmensa mayoría de los campos es que no tienen comunicación, que es una herramienta clave en el combate de los incendios. La comunicación es fundamental para que los brigadistas puedan coordinar acciones y se puedan orientar en los terrenos, que normalmente no conocen; ni que hablar de cuando tienen que trabajar de noche. De nada sirve que solo un móvil de Defensa Civil tenga comunicación satelital si el resto de los brigadistas no la tienen, si no pueden hablar entre ellos o con los productores, que siempre ayudan y muchísimo en los incendios. Esto hay que decirlo también.
Si no ha habido desastres mayores es por el impresionante trabajo que se hace desde Defensa Civil o desde el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Es excepcional lo que hace ese personal, que trabaja a destajo, en muchos casos combatiendo el fuego pero también combatiendo todos los incumplimientos y faltantes que recién mencioné, como la falta de picadas o la falta de comunicación. No ha habido desastres mayores por lo mucho que colaboran también los trabajadores rurales. Hay muchísima solidaridad.
No es un tema sencillo. Para que tengan una idea, una tormenta de verano que larga treinta rayos en una noche prende treinta fuegos al mismo tiempo; si a esto le sumamos fuertes vientos que no aflojan, temperaturas superiores a los 30° en la noche y sequía, no hay personal que alcance ni que aguante. La única forma de hacer un trabajo exitoso es teniendo en la mano el conjunto de herramientas que están disponibles, en la medida en que el Estado controle lo que tiene que controlar y cumpla con lo que tiene que cumplir.
Para terminar, quiero decir lo siguiente. Recién una diputada habló de la necesidad de cambiar la cosmovisión del mundo. Pero en lo que hace al manejo del fuego creo que hay cosas mucho más sencillas para hacer, que son bien mundanas, que dependen de nuestros comportamientos, que dependen de que se respete lo que ya está establecido y de que el Estado controle y haga cumplir las leyes pero también dé el ejemplo y cumpla con sus propias obligaciones. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Iglesias.
SR. IGLESIAS Gracias, señor presidente.
Voy a arrancar proponiéndoles que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué estaría pasando con todas estas devastaciones o incendios si estuviéramos gobernando nosotros? ¿Qué estaría diciendo hoy el frente kirchnerista y los peronistas? Estarían diciendo: "Gobierno neoliberal. La derecha quema la Argentina para hacer negocios inmobiliarios".
Se prendió fuego todo, muchachos, y ustedes son el gobierno. ¿Cómo es que nosotros tenemos la culpa? Por algunos discursos que estoy escuchando acá, pareciera que nosotros fuéramos los responsables del problema de los incendios. Muchachos: ustedes están gobernando, no nosotros.
Entonces, arranquemos por ordenar un poco el debate; si no, parece una cosa de locos. Ustedes están en el gobierno, se les prenden fuego todo el país, y resulta que la culpa la tiene la oposición. ¿Lo dicen en serio? Es raro.
Pasamos de un Estado ausente -porque cuando gobernábamos nosotros se la pasaban diciendo que el Estado estaba ausente y que éramos los responsables de todo- a un Estado presente pero que no tiene la culpa de nada. Es un poquito raro.
Si vamos a poner parámetros para ecología, les propongo dos: nosotros durante cuatro años duplicamos las superficies protegidas y los parques nacionales, y el porcentaje de energía renovable se sextuplicó en el total del uso energético. Reitero: se sextuplicó.
Les deseo a todos ustedes, ya que los veo tan preocupados por la ecología, que dentro de tres años, cuando termine este gobierno, puedan presentar los mismos resultados: duplicación de los parques nacionales y sextuplicación de las energías renovables. Si lo logran, los vamos a aplaudir. Me comprometo a aplaudirlos y a pedirles disculpas públicamente.
¿Qué tiene que hacer un Estado razonable frente a un problema como el que enfrentamos? En primer lugar, tiene que hacer prevención. ¿Hacemos campañas de prevención? No hacemos.
En segundo lugar, tiene que hacer un combate contra el fuego. ¿Hubo un efectivo combate contra el fuego? No hubo combate contra el fuego.
En tercer lugar, tiene que haber justicia. Es decir, no una ley punitiva que da por sentado que lo más probable es que el propietario del campo haya iniciado el fuego, sino que primero se debe investigar -mandar a la policía y a los bomberos para ver qué pasó- y luego, eventualmente, sancionar. ¿Hacemos algo de todo esto? No hacemos nada de todo esto.
Como no hacemos nada de todo esto venimos con una ley para el único ministerio. En realidad, son dos los ministerios que funcionan bien en este gobierno: uno es el de la impunidad y la venganza y el otro es el ministerio de la propaganda. Como no prevenimos, como no combatimos el fuego y como no tenemos una justicia que funcione ni sistemas de investigación para estos temas, ¿qué es lo que hacemos? Culpabilizamos a todo el mundo y el ministerio de la propaganda viene con una ley que la encabeza Máximo Kirchner. Es un problema, señora diputada. Claro que es un problema. Porque no se toman políticas de Estado sino se hace propaganda. Yo lo invito al diputado tan preocupado por su querida Córdoba. Me parece que hay una ley que impide que se transforme después de un incendio en countries y en sectores inmobiliarios especulativos. Si eso pasó y usted lo vio, señor diputado, le invito a hacer lo que hacemos nosotros que somos funcionarios públicos y tenemos la obligación de que cuando hay un delito lo tenemos que denunciar. Así que menos discursos de Córdoba querida y más denuncias para que quien tenga la responsabilidad se haga cargo. Por ahí la ley nacional está bien y está pasando algo a nivel provincial. No sé quién gobierna esa provincia, o a nivel local en los municipios. Tampoco lo sé. Fíjese, por ahí son de su partido, diputado de la querida provincia de Córdoba.
No puedo dejar pasar algunas manifestaciones. Estamos cada vez peor en el tema de los incendios. La verdad es que estamos cada vez peor, diputado, no lo quiero nombrar para no darle... Me refiero al diputado mendocino, el del ponchito. Sí, estamos cada vez peor con los incendios. Se incendia el país, se incendia la economía. Manden los bomberos a ver si lo paran. Me parece que esta ley no solamente es mala sino que, en el mejor de los casos, empeora estándares que ya estaban establecidos. Eso, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es absolutamente inútil. Por eso me parece que nuestra posición ha sido ya explicitada. Y no tiene que ver simplemente con una defensa de la propiedad privada. Pero es también una defensa de la propiedad privada. Uno de los elementos por los cuales se prende fuego la economía del país es que se está yendo todo el mundo, se están yendo nuestros mejores jóvenes, se están yendo las empresas que mayor aporte pueden hacer a la economía. Se está yendo toda la parte que vamos a necesitar para poder salir de donde estamos. Esta ley no solamente no soluciona ningún problema ecológico sino que emite una nueva señal de falta de respeto a la propiedad privada y de culpabilización sin ningún tipo de pruebas. Es decir, los dos grandes problemas que estamos enfrentando y que están provocando los problemas económicos que tenemos, que es la falta de institucionalidad y de respeto por lo que dice la Constitución y el avance sobre la justicia.
Voy a arrancar proponiéndoles que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué estaría pasando con todas estas devastaciones o incendios si estuviéramos gobernando nosotros? ¿Qué estaría diciendo hoy el frente kirchnerista y los peronistas? Estarían diciendo: "Gobierno neoliberal. La derecha quema la Argentina para hacer negocios inmobiliarios".
Se prendió fuego todo, muchachos, y ustedes son el gobierno. ¿Cómo es que nosotros tenemos la culpa? Por algunos discursos que estoy escuchando acá, pareciera que nosotros fuéramos los responsables del problema de los incendios. Muchachos: ustedes están gobernando, no nosotros.
Entonces, arranquemos por ordenar un poco el debate; si no, parece una cosa de locos. Ustedes están en el gobierno, se les prenden fuego todo el país, y resulta que la culpa la tiene la oposición. ¿Lo dicen en serio? Es raro.
Pasamos de un Estado ausente -porque cuando gobernábamos nosotros se la pasaban diciendo que el Estado estaba ausente y que éramos los responsables de todo- a un Estado presente pero que no tiene la culpa de nada. Es un poquito raro.
Si vamos a poner parámetros para ecología, les propongo dos: nosotros durante cuatro años duplicamos las superficies protegidas y los parques nacionales, y el porcentaje de energía renovable se sextuplicó en el total del uso energético. Reitero: se sextuplicó.
Les deseo a todos ustedes, ya que los veo tan preocupados por la ecología, que dentro de tres años, cuando termine este gobierno, puedan presentar los mismos resultados: duplicación de los parques nacionales y sextuplicación de las energías renovables. Si lo logran, los vamos a aplaudir. Me comprometo a aplaudirlos y a pedirles disculpas públicamente.
¿Qué tiene que hacer un Estado razonable frente a un problema como el que enfrentamos? En primer lugar, tiene que hacer prevención. ¿Hacemos campañas de prevención? No hacemos.
En segundo lugar, tiene que hacer un combate contra el fuego. ¿Hubo un efectivo combate contra el fuego? No hubo combate contra el fuego.
En tercer lugar, tiene que haber justicia. Es decir, no una ley punitiva que da por sentado que lo más probable es que el propietario del campo haya iniciado el fuego, sino que primero se debe investigar -mandar a la policía y a los bomberos para ver qué pasó- y luego, eventualmente, sancionar. ¿Hacemos algo de todo esto? No hacemos nada de todo esto.
Como no hacemos nada de todo esto venimos con una ley para el único ministerio. En realidad, son dos los ministerios que funcionan bien en este gobierno: uno es el de la impunidad y la venganza y el otro es el ministerio de la propaganda. Como no prevenimos, como no combatimos el fuego y como no tenemos una justicia que funcione ni sistemas de investigación para estos temas, ¿qué es lo que hacemos? Culpabilizamos a todo el mundo y el ministerio de la propaganda viene con una ley que la encabeza Máximo Kirchner. Es un problema, señora diputada. Claro que es un problema. Porque no se toman políticas de Estado sino se hace propaganda. Yo lo invito al diputado tan preocupado por su querida Córdoba. Me parece que hay una ley que impide que se transforme después de un incendio en countries y en sectores inmobiliarios especulativos. Si eso pasó y usted lo vio, señor diputado, le invito a hacer lo que hacemos nosotros que somos funcionarios públicos y tenemos la obligación de que cuando hay un delito lo tenemos que denunciar. Así que menos discursos de Córdoba querida y más denuncias para que quien tenga la responsabilidad se haga cargo. Por ahí la ley nacional está bien y está pasando algo a nivel provincial. No sé quién gobierna esa provincia, o a nivel local en los municipios. Tampoco lo sé. Fíjese, por ahí son de su partido, diputado de la querida provincia de Córdoba.
No puedo dejar pasar algunas manifestaciones. Estamos cada vez peor en el tema de los incendios. La verdad es que estamos cada vez peor, diputado, no lo quiero nombrar para no darle... Me refiero al diputado mendocino, el del ponchito. Sí, estamos cada vez peor con los incendios. Se incendia el país, se incendia la economía. Manden los bomberos a ver si lo paran. Me parece que esta ley no solamente es mala sino que, en el mejor de los casos, empeora estándares que ya estaban establecidos. Eso, en el mejor de los casos. En el peor de los casos es absolutamente inútil. Por eso me parece que nuestra posición ha sido ya explicitada. Y no tiene que ver simplemente con una defensa de la propiedad privada. Pero es también una defensa de la propiedad privada. Uno de los elementos por los cuales se prende fuego la economía del país es que se está yendo todo el mundo, se están yendo nuestros mejores jóvenes, se están yendo las empresas que mayor aporte pueden hacer a la economía. Se está yendo toda la parte que vamos a necesitar para poder salir de donde estamos. Esta ley no solamente no soluciona ningún problema ecológico sino que emite una nueva señal de falta de respeto a la propiedad privada y de culpabilización sin ningún tipo de pruebas. Es decir, los dos grandes problemas que estamos enfrentando y que están provocando los problemas económicos que tenemos, que es la falta de institucionalidad y de respeto por lo que dice la Constitución y el avance sobre la justicia.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Del Plá.
SRA. DEL PLÁ Señor presidente: no integro la comisión aunque lo parezco por la cantidad de reuniones a las que asisto. Es una preocupación enorme del Partido Obrero, del Frente de Izquierda este tema de la situación ambiental y el enorme peligro, ataques, destrucción, que estamos sufriendo en nuestro país y por supuesto a escala internacional porque venimos de la huelga mundial por el clima denunciando exactamente el nivel de depredación ambiental en función de los negocios capitalistas que se vienen desenvolviendo y que afectan a toda la población del planeta pero especialmente a la población trabajadora y a la juventud de esa misma población. Por eso hemos presentado varios proyectos de ley. El proyecto de emergencia y suspensión inmediata de los desmontes, el proyecto de ley de protección de los humedales y en la Legislatura de Córdoba la diputada Soledad Díaz ha presentado un proyecto de ley de prohibición de cambios en el uso del suelo a partir justamente de lo que está ocurriendo en esa provincia.
Justamente uno de los temas fundamentales que aborda ese proyecto y que aborda nuestro proyecto de desmonte tiene que ver con un concepto que es el de la retroactividad que está ausente en el proyecto que estamos charlando aquí. Todos hablan de la magnitud de la situación de los incendios en este momento. Sin embargo, cualquier situación que se planteé con la ley que se está discutiendo va a ser de aquí para adelante. Por lo tanto, de aquí para lo que se está destruyendo no genera en sí misma ninguna situación. En ese punto me parece que es un tema importante porque otra cosa que está ausente es la intervención de los que realmente están defendiendo el ambiente, que son las asambleas ambientales, las asambleas populares, los pueblos originarios, la población de todos los lugares donde esto se está perpetrando y que vienen actuando movilizándose, cortando el puente Rosario-Victoria, haciendo tantas otras cosas para exigir que realmente los gobiernos de todos los niveles intervengan y no sigan protegiendo los negociados que efectivamente acá se han mencionado. Me refiero a los negociados inmobiliarios, el avance de la frontera agrícola. Creo que sobra polemizar con los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, que han sido parte de un gobierno y de un presupuesto ultraajustador en este sentido. Pero hay que llamarle la atención al Frente de Todos. Aquí están interviniendo como si fuera una epopeya en defensa del ambiente. Perdonen pero se acaba de aprobar el uso del trigo transgénico, se están habilitando y se está dando el visto bueno a la megaminería y todavía no han explicado qué van a hacer con el acuerdo porcino con China. Creo que lo de la epopeya no se corresponde con la realidad de lo que está ocurriendo, incluidos los incendios. Justamente estas asambleas que yo mencionaba han hecho propuestas muy concretas que nosotros integramos en el proyecto de ley de humedales. Por ejemplo, en el caso de los incendios en la zona de las islas de Entre Ríos lindantes con Santa Fe. ¿Qué han propuesto las asambleas? La protección de toda esa región convirtiéndola en un parque protegido, en un parque nacional, permitiendo a la vez las actividades artesanales que se desarrollan. No sacando a la población que viene desarrollando sus tareas de sustento de hace mucho tiempo sino frenando el avance de los latifundios, de la frontera ganadera, etcétera, que es lo que está generando esta situación.
Por lo tanto, y ahí le responde a uno de los diputados que decía que acá esto es obra de los rayos y de todo el país y de todo el mundo y entonces no hay de qué preocuparse. No, efectivamente, hay una cuestión concreta. ¿Cómo se le pone un freno concreto a la especulación inmobiliaria? Protegiendo las áreas que están en cuestión y que deben ser protegidas. Por lo tanto, una vez que uno pone la protección convirtiéndola en área protegida, se terminó la posibilidad de la especulación. Por eso la protección no debe tener límites. Tanta resistencia a avanzar en una ley de humedales, en los inventarios y en declarar una emergencia frenando todos los desmontes es fundamental. Porque quiero insistir en una idea. Acá cada vez que se avanza contra la situación medioambiental hay compromisos de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, que son los que permiten, por ejemplo en este cambio del uso del suelo con la ley de desmontes, las rezonificaciones y dejan avanzar ocupaciones de todo tipo.
Sobre este proyecto se mencionó un problema que tenía que ver con el presupuesto. Ya venimos de presupuestos de ajuste y vamos hacia otro. Entonces, ahí surgió, ante la evidencia de que 275 millones era muy poquito, este asunto del tres por mil que tienen que poner las aseguradoras de riesgo. No es claro cuánto es ese monto. Una diputada que intervino en forma precedente habló de 1.500 millones. ¿Son 1.500 millones? ¿Cuánto es efectivamente? Porque es difícil de dimensionar. ¿Es esa cifra? ¿Y por qué esa cifra va a funcionar como un fideicomiso y no como un presupuesto claramente asignado? Ya sabemos que los fideicomisos, de los cuales hay más de una veintena en el presupuesto, son una suerte de agujeros y cajas negras. En ese sentido, es probable que mucho de lo que hoy se está asignando sin tanta claridad termine sin una utilización allí.
Casi sobre el final de las intervenciones empezó la mención al debate sobre la propiedad privada. Esto es interesante. Hay algunos defensores de la propiedad privada y otros que de pronto parecen que son socialistas.
Parece que están a favor de la propiedad colectiva. No. Son los que gobiernan, con Berni, que está desalojando a todas las familias que no tienen viviendas y se jacta de que todos los fines de semana no sé cuántos desalojos produce mediante la intervención de su fuerza, es decir, mediante la represión.
Acá no se ha hecho un censo del banco de tierras disponibles, por ejemplo, para decir cómo se resuelve el problema de la vivienda popular.
Además, tenemos declaraciones altisonantes. Ahora, el gobernador Kicillof dijo que los countries son ocupaciones de gente multimillonaria. Compartimos en un ciento por ciento, pero entonces que deje de amenazar a las 1.400 familias de Guernica y a las 4.400 personas que reconoce que están allí el propio censo, que estuvo monitoreado por organizaciones de derechos humanos, que no son de izquierda, sino que son más afines al gobierno.
Entonces, que se termine con esas amenazas y se pase a aceptar la propuesta que han hecho los vecinos, que tiene una claridad para la defensa de un uso correcto de los terrenos ociosos y terminar con la contaminación, el basural y el mal uso del ambiente que genera la falta de políticas en cuanto a la vivienda popular.
Por todo esto, veremos cómo finalmente llega el proyecto al recinto. Porque es costumbre ya en este Congreso que cuando se firma un dictamen para algún proyecto, después llegue completamente cambiado. De manera que veremos cómo llega.
Por ahora, este proyecto nos genera muchas más objeciones que convicciones. A la vez, nos parece clave que se discuta rápidamente la ley que propusimos de suspensión de los desmontes, avanzar en la ley de humedales en el sentido protectivo y, por supuesto, llevar adelante todas las medidas para que paguen los responsables de los incendios. No se puede permitir que los especuladores sigan interfiriendo en las situaciones y afectando al conjunto de la población, tanto de esas provincias como también del conjunto del país.
Justamente uno de los temas fundamentales que aborda ese proyecto y que aborda nuestro proyecto de desmonte tiene que ver con un concepto que es el de la retroactividad que está ausente en el proyecto que estamos charlando aquí. Todos hablan de la magnitud de la situación de los incendios en este momento. Sin embargo, cualquier situación que se planteé con la ley que se está discutiendo va a ser de aquí para adelante. Por lo tanto, de aquí para lo que se está destruyendo no genera en sí misma ninguna situación. En ese punto me parece que es un tema importante porque otra cosa que está ausente es la intervención de los que realmente están defendiendo el ambiente, que son las asambleas ambientales, las asambleas populares, los pueblos originarios, la población de todos los lugares donde esto se está perpetrando y que vienen actuando movilizándose, cortando el puente Rosario-Victoria, haciendo tantas otras cosas para exigir que realmente los gobiernos de todos los niveles intervengan y no sigan protegiendo los negociados que efectivamente acá se han mencionado. Me refiero a los negociados inmobiliarios, el avance de la frontera agrícola. Creo que sobra polemizar con los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, que han sido parte de un gobierno y de un presupuesto ultraajustador en este sentido. Pero hay que llamarle la atención al Frente de Todos. Aquí están interviniendo como si fuera una epopeya en defensa del ambiente. Perdonen pero se acaba de aprobar el uso del trigo transgénico, se están habilitando y se está dando el visto bueno a la megaminería y todavía no han explicado qué van a hacer con el acuerdo porcino con China. Creo que lo de la epopeya no se corresponde con la realidad de lo que está ocurriendo, incluidos los incendios. Justamente estas asambleas que yo mencionaba han hecho propuestas muy concretas que nosotros integramos en el proyecto de ley de humedales. Por ejemplo, en el caso de los incendios en la zona de las islas de Entre Ríos lindantes con Santa Fe. ¿Qué han propuesto las asambleas? La protección de toda esa región convirtiéndola en un parque protegido, en un parque nacional, permitiendo a la vez las actividades artesanales que se desarrollan. No sacando a la población que viene desarrollando sus tareas de sustento de hace mucho tiempo sino frenando el avance de los latifundios, de la frontera ganadera, etcétera, que es lo que está generando esta situación.
Por lo tanto, y ahí le responde a uno de los diputados que decía que acá esto es obra de los rayos y de todo el país y de todo el mundo y entonces no hay de qué preocuparse. No, efectivamente, hay una cuestión concreta. ¿Cómo se le pone un freno concreto a la especulación inmobiliaria? Protegiendo las áreas que están en cuestión y que deben ser protegidas. Por lo tanto, una vez que uno pone la protección convirtiéndola en área protegida, se terminó la posibilidad de la especulación. Por eso la protección no debe tener límites. Tanta resistencia a avanzar en una ley de humedales, en los inventarios y en declarar una emergencia frenando todos los desmontes es fundamental. Porque quiero insistir en una idea. Acá cada vez que se avanza contra la situación medioambiental hay compromisos de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, que son los que permiten, por ejemplo en este cambio del uso del suelo con la ley de desmontes, las rezonificaciones y dejan avanzar ocupaciones de todo tipo.
Sobre este proyecto se mencionó un problema que tenía que ver con el presupuesto. Ya venimos de presupuestos de ajuste y vamos hacia otro. Entonces, ahí surgió, ante la evidencia de que 275 millones era muy poquito, este asunto del tres por mil que tienen que poner las aseguradoras de riesgo. No es claro cuánto es ese monto. Una diputada que intervino en forma precedente habló de 1.500 millones. ¿Son 1.500 millones? ¿Cuánto es efectivamente? Porque es difícil de dimensionar. ¿Es esa cifra? ¿Y por qué esa cifra va a funcionar como un fideicomiso y no como un presupuesto claramente asignado? Ya sabemos que los fideicomisos, de los cuales hay más de una veintena en el presupuesto, son una suerte de agujeros y cajas negras. En ese sentido, es probable que mucho de lo que hoy se está asignando sin tanta claridad termine sin una utilización allí.
Casi sobre el final de las intervenciones empezó la mención al debate sobre la propiedad privada. Esto es interesante. Hay algunos defensores de la propiedad privada y otros que de pronto parecen que son socialistas.
Parece que están a favor de la propiedad colectiva. No. Son los que gobiernan, con Berni, que está desalojando a todas las familias que no tienen viviendas y se jacta de que todos los fines de semana no sé cuántos desalojos produce mediante la intervención de su fuerza, es decir, mediante la represión.
Acá no se ha hecho un censo del banco de tierras disponibles, por ejemplo, para decir cómo se resuelve el problema de la vivienda popular.
Además, tenemos declaraciones altisonantes. Ahora, el gobernador Kicillof dijo que los countries son ocupaciones de gente multimillonaria. Compartimos en un ciento por ciento, pero entonces que deje de amenazar a las 1.400 familias de Guernica y a las 4.400 personas que reconoce que están allí el propio censo, que estuvo monitoreado por organizaciones de derechos humanos, que no son de izquierda, sino que son más afines al gobierno.
Entonces, que se termine con esas amenazas y se pase a aceptar la propuesta que han hecho los vecinos, que tiene una claridad para la defensa de un uso correcto de los terrenos ociosos y terminar con la contaminación, el basural y el mal uso del ambiente que genera la falta de políticas en cuanto a la vivienda popular.
Por todo esto, veremos cómo finalmente llega el proyecto al recinto. Porque es costumbre ya en este Congreso que cuando se firma un dictamen para algún proyecto, después llegue completamente cambiado. De manera que veremos cómo llega.
Por ahora, este proyecto nos genera muchas más objeciones que convicciones. A la vez, nos parece clave que se discuta rápidamente la ley que propusimos de suspensión de los desmontes, avanzar en la ley de humedales en el sentido protectivo y, por supuesto, llevar adelante todas las medidas para que paguen los responsables de los incendios. No se puede permitir que los especuladores sigan interfiriendo en las situaciones y afectando al conjunto de la población, tanto de esas provincias como también del conjunto del país.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Figueroa.
SRA. FIGUEROA Señor presidente: agradezco que me permitan hacer uso de la palabra aunque no sea parte integrante de esta comisión.
Me interesa muchísimo el tema porque cuando hice mi juramento como diputada lo hice por la Madre Tierra y cuando regresé al departamento de Orán, en Salta, estaba envuelto en llamas.
Finalmente, el fuego se ha podido extinguir producto de la lluvia, el trabajo de los bomberos locales y también gracias al apoyo nacional, ya que finalmente se logró conseguir el avión hidrante. Sin embargo, se han perdido miles y miles de especies.
Esta zona norte de la provincia de Salta es una zona endémica. Desde hace muchísimos años venimos sufriendo las consecuencias de los incendios y de los desmontes, que han permitido y facilitado la proliferación de enfermedades tropicales como el dengue, el hantavirus y todo tipo de enfermedades producidas por insectos, como el leishmaniasis. En este momento, empezaron a aparecer además las enfermedades del verano.
Por eso estoy agradecida y contenta por la iniciativa de este proyecto de ley. En esta zona nosotros sabemos que los incendios fueron provocados por intereses para la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente.
Van quedando muy pocas hectáreas vírgenes de nuestra selva o de un monte donde los pobladores locales podamos apreciar las distintas especies, aprovechar y hacer el uso racional de los recursos.
Orán se destaca por ser un departamento que tiene la mayor cantidad de aves de todo el país. Nosotros antes concentrábamos muchas especies. Me gustaría saber si después de estos incendios ha quedado alguna de estas especies o muchas ya están en vías de extinción. Es lamentable y triste lo que debemos padecer.
Por eso yo celebro esta iniciativa, aunque pareciera que, ahora, se le quiere encontrar todas las respuestas a los problemas de desmontes e incendios que venimos arrastrando desde hace muchos años.
Creo que este proyecto es un esfuerzo para poner sobre la mesa una problemática. Pero, obviamente, que los legisladores estamos para ir pensando cómo implementar y cómo ir buscando otras maneras para que, de una vez por todas, como muchos ya dijeron, cuidemos el medioambiente y cuidemos a la Madre Tierra. Porque eso es cuidarnos también a nosotros mismos.
Hay que cuidar la vida por sobre los negocios. Cuidar la vida de la mayoría por sobre el bienestar de muy pocos que se benefician con los incendios.
Por supuesto que voy a acompañar en forma positiva este proyecto, aunque no considero que sea el único proyecto que se tenga que elaborar para poner freno a la especulación, proteger a la Madre Tierra y al ambiente. Como muchos ya dijeron, de esa manera también protegemos la continuidad de la especie humana, algo que sabemos muy bien de lo que se trata ahora con la pandemia.
A la pandemia, si bien se la trata como una enfermedad, como un tema de la salud, en realidad es un tema ambiental y del cambio climático.
Me interesa muchísimo el tema porque cuando hice mi juramento como diputada lo hice por la Madre Tierra y cuando regresé al departamento de Orán, en Salta, estaba envuelto en llamas.
Finalmente, el fuego se ha podido extinguir producto de la lluvia, el trabajo de los bomberos locales y también gracias al apoyo nacional, ya que finalmente se logró conseguir el avión hidrante. Sin embargo, se han perdido miles y miles de especies.
Esta zona norte de la provincia de Salta es una zona endémica. Desde hace muchísimos años venimos sufriendo las consecuencias de los incendios y de los desmontes, que han permitido y facilitado la proliferación de enfermedades tropicales como el dengue, el hantavirus y todo tipo de enfermedades producidas por insectos, como el leishmaniasis. En este momento, empezaron a aparecer además las enfermedades del verano.
Por eso estoy agradecida y contenta por la iniciativa de este proyecto de ley. En esta zona nosotros sabemos que los incendios fueron provocados por intereses para la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente.
Van quedando muy pocas hectáreas vírgenes de nuestra selva o de un monte donde los pobladores locales podamos apreciar las distintas especies, aprovechar y hacer el uso racional de los recursos.
Orán se destaca por ser un departamento que tiene la mayor cantidad de aves de todo el país. Nosotros antes concentrábamos muchas especies. Me gustaría saber si después de estos incendios ha quedado alguna de estas especies o muchas ya están en vías de extinción. Es lamentable y triste lo que debemos padecer.
Por eso yo celebro esta iniciativa, aunque pareciera que, ahora, se le quiere encontrar todas las respuestas a los problemas de desmontes e incendios que venimos arrastrando desde hace muchos años.
Creo que este proyecto es un esfuerzo para poner sobre la mesa una problemática. Pero, obviamente, que los legisladores estamos para ir pensando cómo implementar y cómo ir buscando otras maneras para que, de una vez por todas, como muchos ya dijeron, cuidemos el medioambiente y cuidemos a la Madre Tierra. Porque eso es cuidarnos también a nosotros mismos.
Hay que cuidar la vida por sobre los negocios. Cuidar la vida de la mayoría por sobre el bienestar de muy pocos que se benefician con los incendios.
Por supuesto que voy a acompañar en forma positiva este proyecto, aunque no considero que sea el único proyecto que se tenga que elaborar para poner freno a la especulación, proteger a la Madre Tierra y al ambiente. Como muchos ya dijeron, de esa manera también protegemos la continuidad de la especie humana, algo que sabemos muy bien de lo que se trata ahora con la pandemia.
A la pandemia, si bien se la trata como una enfermedad, como un tema de la salud, en realidad es un tema ambiental y del cambio climático.
Se interrumpe el audio.
SRA. FIGUEROA ...Los males que nos han acaecido en estos últimos años a todo el planeta y, especialmente, a las zonas más ricas de nuestro país.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Arce.
Queda por hacer uso de la palabra una diputada más, así que, vayan conectándose al VPN así podemos votar.
Queda por hacer uso de la palabra una diputada más, así que, vayan conectándose al VPN así podemos votar.
SR. ARCE Señor presidente: quería agregar una reflexión con la intención de marcar algunos puntos.
En primer lugar, entiendo el espíritu del proyecto y comparto la necesidad de trabajar para buscar soluciones.
Sin embargo, a la luz de muchas objeciones que ha realizado nuestro interbloque, insistir en avanzar con este proyecto sin la mínima intención de atenderlas, me parece que imposibilita buscar consenso en un futuro plan de trabajo.
Los que estamos en esta comisión tratamos de generar las mejores condiciones para hacer sostenible ambientalmente el desarrollo.
Me parece que muchas veces no ayudan estas campañas que lo que plantean es que los que no estamos a favor del proyecto, estamos a favor de los emprendimientos inmobiliarios o de alguna explotación agroexportadora. Eso, lo único que demuestra es una falta de fundamentación para rebatir algunas observaciones que se le han realizado al proyecto.
Más allá de eso, entiendo que ya fueron debidamente explicitadas por algunos referentes de nuestro interbloque -principalmente la diputada Austin fue muy precisa- las observaciones que se le hacen al proyecto. Por ello, insisto en la necesidad de trabajar.
Lo que estamos buscando es ver cómo mitigar los incendios que ocurren en nuestro país. Por eso, un punto que no se debe dejar de lado tiene que ver con el presupuesto.
En ese sentido, nosotros hemos presentado un proyecto, justamente para que se garantice un mínimo en cuanto a la necesidad de que este fondo para el manejo del fuego esté garantizado para poder afrontarlo. Por ejemplo, yo puedo señalar que en mi provincia ni siquiera contamos con aviones hidrantes. Por lo tanto, ni siquiera podemos hablar de horas de vuelo. No hay capacitación. Tampoco existen aspectos que hacen al equipamiento para poder enfrentar los incendios. Eso, en gran parte, tiene que ver con el presupuesto.
Por otro lado, también me parece que hay aspectos que se han señalado anteriormente que tienen que ver con normativas que de alguna u otra manera se superponen o pueden llegar a entrar en contradicción.
Puntualmente señalaba el tema de la ley de protección de bosques nativos en cuanto al uso del suelo, y en cuanto al carácter y a la protección que tiene nuestra legislación y nuestro ordenamiento jurídico, así como también se hablaba de la ley de parques nacionales.
Yo vengo de la provincia de Formosa que no solamente es noticia por los varados, los más de 5.000 formoseños que hoy se encuentran imposibilitados de ingresar, donde evidentemente hay una dudosa constitucionalidad que se encuentra vulnerada que tiene que ver con el derecho a la circulación y a la libertad de los ciudadanos. También es noticia por cuestiones ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con la mortandad de los peces en el bañado La Estrella, la desforestación que fue denunciada recientemente por la organización Greenpeace, o con el incendio en el Parque Nacional Río Pilcomayo.
Este proyecto de ley no necesariamente va a solucionar esto siendo que hay otras cuestiones pendientes, como por ejemplo el debido control por parte de las autoridades provinciales que autorizan esos permisos de desmontes. Como decía recién, por ejemplo, no cuentan con las herramientas necesarias para afrontar los incendios. Por eso entiendo que este proyecto no ayuda a resolver el problema de los incendios.
Creo que la solución pasa por un mayor control, un mayor presupuesto, avanzar con proyectos de ley -como decía recién- que garanticen un piso mínimo y avanzar con un proyecto de ley relacionado con la justicia especializada en delitos ambientales.
Por eso, por las consideraciones expuestas, mi posición, y creo que la del interbloque, es la de rechazar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, entiendo el espíritu del proyecto y comparto la necesidad de trabajar para buscar soluciones.
Sin embargo, a la luz de muchas objeciones que ha realizado nuestro interbloque, insistir en avanzar con este proyecto sin la mínima intención de atenderlas, me parece que imposibilita buscar consenso en un futuro plan de trabajo.
Los que estamos en esta comisión tratamos de generar las mejores condiciones para hacer sostenible ambientalmente el desarrollo.
Me parece que muchas veces no ayudan estas campañas que lo que plantean es que los que no estamos a favor del proyecto, estamos a favor de los emprendimientos inmobiliarios o de alguna explotación agroexportadora. Eso, lo único que demuestra es una falta de fundamentación para rebatir algunas observaciones que se le han realizado al proyecto.
Más allá de eso, entiendo que ya fueron debidamente explicitadas por algunos referentes de nuestro interbloque -principalmente la diputada Austin fue muy precisa- las observaciones que se le hacen al proyecto. Por ello, insisto en la necesidad de trabajar.
Lo que estamos buscando es ver cómo mitigar los incendios que ocurren en nuestro país. Por eso, un punto que no se debe dejar de lado tiene que ver con el presupuesto.
En ese sentido, nosotros hemos presentado un proyecto, justamente para que se garantice un mínimo en cuanto a la necesidad de que este fondo para el manejo del fuego esté garantizado para poder afrontarlo. Por ejemplo, yo puedo señalar que en mi provincia ni siquiera contamos con aviones hidrantes. Por lo tanto, ni siquiera podemos hablar de horas de vuelo. No hay capacitación. Tampoco existen aspectos que hacen al equipamiento para poder enfrentar los incendios. Eso, en gran parte, tiene que ver con el presupuesto.
Por otro lado, también me parece que hay aspectos que se han señalado anteriormente que tienen que ver con normativas que de alguna u otra manera se superponen o pueden llegar a entrar en contradicción.
Puntualmente señalaba el tema de la ley de protección de bosques nativos en cuanto al uso del suelo, y en cuanto al carácter y a la protección que tiene nuestra legislación y nuestro ordenamiento jurídico, así como también se hablaba de la ley de parques nacionales.
Yo vengo de la provincia de Formosa que no solamente es noticia por los varados, los más de 5.000 formoseños que hoy se encuentran imposibilitados de ingresar, donde evidentemente hay una dudosa constitucionalidad que se encuentra vulnerada que tiene que ver con el derecho a la circulación y a la libertad de los ciudadanos. También es noticia por cuestiones ambientales que tienen que ver, por ejemplo, con la mortandad de los peces en el bañado La Estrella, la desforestación que fue denunciada recientemente por la organización Greenpeace, o con el incendio en el Parque Nacional Río Pilcomayo.
Este proyecto de ley no necesariamente va a solucionar esto siendo que hay otras cuestiones pendientes, como por ejemplo el debido control por parte de las autoridades provinciales que autorizan esos permisos de desmontes. Como decía recién, por ejemplo, no cuentan con las herramientas necesarias para afrontar los incendios. Por eso entiendo que este proyecto no ayuda a resolver el problema de los incendios.
Creo que la solución pasa por un mayor control, un mayor presupuesto, avanzar con proyectos de ley -como decía recién- que garanticen un piso mínimo y avanzar con un proyecto de ley relacionado con la justicia especializada en delitos ambientales.
Por eso, por las consideraciones expuestas, mi posición, y creo que la del interbloque, es la de rechazar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, diputado.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Estévez.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Estévez.
SRA. ESTÉVEZ Muchas gracias, señor presidente. Escuché muy atentamente a quienes me precedieron en el uso de la palabra y hay varias cuestiones que me gustaría aclarar y puntualizar.
La diputada Austin habló puntualmente de la ley 25.675, la Ley General del Ambiente, de los principios que están contemplados en el artículo 4º de esa normativa, y del principio de no regresividad ambiental.
La Ley General del Ambiente no nombra al principio de no regresividad. Están contemplados otros principios, pero ese puntualmente no lo está; quizás es algo que debamos modificar. Entonces, lo que planteamos de marcar plazos de 60 años en las tierras que han sido afectadas por los incendios tiene que ver con que se impida avanzar sobre la recategorización de las tierras. Bien decía la diputada Lampreabe que la realidad es que por más que el artículo 40 de la ley nacional de ordenamiento territorial de bosques nativos y el artículo 22 bis de la ley de Plan Nacional de Manejo del Fuego hablan de que no se debería permitir la recategorización de las tierras, en los hechos sucede. Porque en definitiva quienes terminan tomando las decisiones son las autoridades de aplicación, quienes en muchos casos permiten que esas tierras se recategoricen o se modifique su uso.
Entonces, nos parece que marcar en la ley en términos muy taxativos y que quede bien expresado que esas tierras no pueden recategorizarse y que no puede cambiarse su uso significa generar mejores condiciones de protección.
Por eso invito a la diputada a que nos acompañe a sumar este principio tan necesario a la Ley General del Ambiente, que es el principio de no regresividad al que hacía alusión.
Por otro lado, quiero comentarles que en todo este proceso de discusión de este proyecto y de profundizar con diferentes especialistas, como decía al principio la diputada Vilar, hemos hablado con científicos del CONICET, del INTA y también hemos establecido un vínculo con la CONAE para que nos provea información sobre cuánto había impactado territorialmente el desarrollo de los incendios durante este año.
Quiero mostrar el mapa que me ha enviado recientemente la CONAE sobre los incendios en la provincia de Córdoba. La superficie que ha sido afectada por los incendios -porque también me mandó una tabla sobre las diferentes superficies en la provincia de Córdoba- es de 279.000 hectáreas. La parte de abajo que ven en rojo, que es una superficie muy importante, es Alpa Corral, al sur de nuestra provincia.
La realidad es que con las condiciones meteorológicas que tuvimos y con la enorme sequía -que también hay que analizar por qué se dan sequías tan pronunciadas, por qué tenemos tanto viento, cuánto incide en esto el tremendo desmonte que ha sufrido nuestra provincia-, si no hubiésemos tenido el apoyo del gobierno nacional, del Plan Nacional de Manejo del Fuego y de los aviones hubiese sido mucho peor; si ya fue devastador, imagínense si no hubiésemos tenido este apoyo. Además, no solamente nos apoyaron enviando aviones y brigadistas, sino que también en tres oportunidades el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación visitó la provincia de Córdoba. El funcionario recorrió el terreno y estuvo presente acompañando a los bomberos, a los brigadistas y a las autoridades de la provincia para ponerse en situación de lo que estaba sucediendo.
Creemos que es importante marcar los plazos, y lo hemos discutido muchísimo con diferentes especialistas, porque hay condiciones que se terminan dando vinculadas al desmonte y que impactan tremendamente en la vida de las personas. En la provincia de Córdoba podemos dar fe de lo que significan estos desastres producidos por el desmonte.
Digo que podemos dar fe porque en el 2015, no sé si lo recuerdan -seguramente el diputado Eduardo Fernández lo recuerda muy bien-, tuvimos unas enormes inundaciones en la zona de las Sierras Chicas, que mayoritariamente fueron ocasionadas por el tremendo desmonte que se produjo en toda esa zona por los emprendimientos inmobiliarios.
Las Sierras Chicas es una zona que está llena de countries y de diferentes barrios privados, lo que produjo que todo el bosque que había fuese talado, y significó no solamente enormes pérdidas materiales sino también de vidas.
Al consultar por qué se había dado semejante inundación en la zona de Sierras Chicas, que fue sin precedentes en términos históricos, el director de Parques Nacionales de la región centro me decía que, en buen estado de conservación, el bosque absorbe 300 milímetros de lluvias en una hora. Como todo ese bosque no existe, como la tala ha modificado las condiciones del suelo y este ha dejado de absorber, cualquier lluvia incluso de menor envergadura o cualquier chaparrón importante genera este tipo de situaciones.
Entonces, cuando nos preguntamos por qué no debemos permitir que en las zonas periurbanas de las sierras se autoricen desmontes, en muchos casos argumentando que sirve para que se expandan las ciudades y para que se crezca, es porque después pasa esto; es porque después se producen estas inundaciones que terminan generando no solamente enormes pérdidas materiales sino también pérdidas de vida.
Por lo tanto, cuando damos estas discusiones las tenemos que hacer seriamente, y cuando hablamos de neoliberalismo hablamos de esto. Cuando decimos que no podemos permitir que se siga desmontando para llevar adelante emprendimientos inmobiliarios o que queremos poner plazos para desincentivar la especulación, hablamos de que estas son las consecuencias, es decir, nos referimos a que porque haya un par de barrios privados más cerca de las ciudades estamos promoviendo que se tale nuestro monte, lo que significa que después se inunden las ciudades. Y lo más gracioso de todo es que, por lo general, los barrios privados "canaletean" hacia el pueblo, con lo cual no se inundan los barrios privados, se inunda el pueblo. Eso pasó, por ejemplo, en la ciudad de Villa Allende, donde terminó con un metro de agua en medio de la ciudad, porque los countries desagotaban hacia la ciudad.
Entonces, nosotros hablamos de responsabilidad y de pensar a largo plazo. Hablamos de que es necesario pensar en cómo hacemos para que estos ecosistemas que estamos defendiendo, a partir de este proyecto de ley, puedan regenerarse, y cuánto tiempo tardan en hacerlo. La verdad es que no hay estudios que proyecten a largo plazo, pero sí hay estudios realizados cada veinte años y esos estudios dicen que en ese lapso pueden mejorarse las condiciones del suelo, se puede empezar a regenerar el arbustal, puede incluso desarrollarse algo de lo arbóreo del bosque. Sin embargo, las condiciones ecosistémicas que prestan los servicios ambientales que la comunidad necesita para vivir en un ambiente sano no se regeneran en veinte años, necesitan mucho más tiempo, y nuestra responsabilidad está en legislar para garantizar que esas condiciones vuelvan a establecerse.
Entonces, cuando por ahí se plantea con mucha liviandad que ya están contempladas en las leyes precedentes las condiciones para que se respete el bosque, para que no se recategorice el suelo, la verdad es que hay muchas buenas intenciones que están planteadas en las diferentes leyes, pero la prohibición de manera taxativa no existe; la prohibición de manera taxativa la estamos elaborando a partir de este proyecto de ley.
Entiendo que pueda molestar, porque todo lo que tiene que ver con lo ambiental está cruzado por un montón de intereses. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender los intereses del pueblo argentino y ello implica garantizar un ambiente sano, la posibilidad de que los ecosistemas sigan brindando los servicios que se necesitan para disfrutar del ambiente, del paisaje, y esto es un poco lo que proponemos a partir de este proyecto de ley.
No se trata únicamente -como plantean- de poner en cuestión la propiedad privada. Cuando hablamos de cuestiones ambientales, lo que tiene que ver con la propiedad privada es algo que también tenemos que cuestionarnos. Un poco lo decía Gabriela Cerruti cuando hablaba. Si dentro de un campo privado tenemos una gran cantidad de bosque nativo, es patrimonio de todos los argentinos y argentinas, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo; esto también estamos proponiendo con este proyecto de ley.
Por último, me gustaría también reconocer a todos los activistas ambientales, a los vecinos y vecinas de todo el territorio de la provincia de Córdoba que han sido afectados por estos devastadores incendios. La realidad es que la enorme voluntad, vocación y compromiso de todos ellos han logrado que en muchas zonas las consecuencias no hayan sido aún peores. La elaboración de este proyecto de ley tiene que ver mucho con eso; y aquí quiero rescatar la vocación y la voluntad política de nuestro jefe de bloque. Quiero rescatarla porque escuchó el pedido que estaban haciendo sistemáticamente los militantes y los activistas del ambiente para que se llevara adelante un proyecto que prohibiera la recategorización del suelo.
Hay que recordar que por más que esté expresado en el artículo 40 el ordenamiento territorial del bosque nativo -en el caso de la provincia de Córdoba, el artículo 30 señala que no puede recategorizarse-, también se señala que cada cinco años debe llevarse adelante un nuevo ordenamiento territorial. Lo que termina pasando es que cuando se llevan adelante esos nuevos ordenamientos territoriales, muchas veces, esas tierras que han sido devastadas por los incendios se recategorizan y se modifica el uso de ese suelo.
Entonces, no se trata de aprovechar este momento para tirarnos cosas por la cabeza, unos a otros; se trata de ponernos a discutir en serio qué política ambiental queremos, cómo pretendemos cuidar nuestra casa común para pensar en la construcción de una economía más sustentable, en la construcción de una política ambiental que tenga que ver con las necesidades concretas del uso de ecosistemas y de los servicios que presta a la comunidad. No se puede estar pensando siempre en términos de la especulación inmobiliaria y el constante movimiento de la barrera agropecuaria para seguir explotando de manera intensiva la tierra y dejar sin futuro a las próximas generaciones.
La diputada Austin habló puntualmente de la ley 25.675, la Ley General del Ambiente, de los principios que están contemplados en el artículo 4º de esa normativa, y del principio de no regresividad ambiental.
La Ley General del Ambiente no nombra al principio de no regresividad. Están contemplados otros principios, pero ese puntualmente no lo está; quizás es algo que debamos modificar. Entonces, lo que planteamos de marcar plazos de 60 años en las tierras que han sido afectadas por los incendios tiene que ver con que se impida avanzar sobre la recategorización de las tierras. Bien decía la diputada Lampreabe que la realidad es que por más que el artículo 40 de la ley nacional de ordenamiento territorial de bosques nativos y el artículo 22 bis de la ley de Plan Nacional de Manejo del Fuego hablan de que no se debería permitir la recategorización de las tierras, en los hechos sucede. Porque en definitiva quienes terminan tomando las decisiones son las autoridades de aplicación, quienes en muchos casos permiten que esas tierras se recategoricen o se modifique su uso.
Entonces, nos parece que marcar en la ley en términos muy taxativos y que quede bien expresado que esas tierras no pueden recategorizarse y que no puede cambiarse su uso significa generar mejores condiciones de protección.
Por eso invito a la diputada a que nos acompañe a sumar este principio tan necesario a la Ley General del Ambiente, que es el principio de no regresividad al que hacía alusión.
Por otro lado, quiero comentarles que en todo este proceso de discusión de este proyecto y de profundizar con diferentes especialistas, como decía al principio la diputada Vilar, hemos hablado con científicos del CONICET, del INTA y también hemos establecido un vínculo con la CONAE para que nos provea información sobre cuánto había impactado territorialmente el desarrollo de los incendios durante este año.
Quiero mostrar el mapa que me ha enviado recientemente la CONAE sobre los incendios en la provincia de Córdoba. La superficie que ha sido afectada por los incendios -porque también me mandó una tabla sobre las diferentes superficies en la provincia de Córdoba- es de 279.000 hectáreas. La parte de abajo que ven en rojo, que es una superficie muy importante, es Alpa Corral, al sur de nuestra provincia.
La realidad es que con las condiciones meteorológicas que tuvimos y con la enorme sequía -que también hay que analizar por qué se dan sequías tan pronunciadas, por qué tenemos tanto viento, cuánto incide en esto el tremendo desmonte que ha sufrido nuestra provincia-, si no hubiésemos tenido el apoyo del gobierno nacional, del Plan Nacional de Manejo del Fuego y de los aviones hubiese sido mucho peor; si ya fue devastador, imagínense si no hubiésemos tenido este apoyo. Además, no solamente nos apoyaron enviando aviones y brigadistas, sino que también en tres oportunidades el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación visitó la provincia de Córdoba. El funcionario recorrió el terreno y estuvo presente acompañando a los bomberos, a los brigadistas y a las autoridades de la provincia para ponerse en situación de lo que estaba sucediendo.
Creemos que es importante marcar los plazos, y lo hemos discutido muchísimo con diferentes especialistas, porque hay condiciones que se terminan dando vinculadas al desmonte y que impactan tremendamente en la vida de las personas. En la provincia de Córdoba podemos dar fe de lo que significan estos desastres producidos por el desmonte.
Digo que podemos dar fe porque en el 2015, no sé si lo recuerdan -seguramente el diputado Eduardo Fernández lo recuerda muy bien-, tuvimos unas enormes inundaciones en la zona de las Sierras Chicas, que mayoritariamente fueron ocasionadas por el tremendo desmonte que se produjo en toda esa zona por los emprendimientos inmobiliarios.
Las Sierras Chicas es una zona que está llena de countries y de diferentes barrios privados, lo que produjo que todo el bosque que había fuese talado, y significó no solamente enormes pérdidas materiales sino también de vidas.
Al consultar por qué se había dado semejante inundación en la zona de Sierras Chicas, que fue sin precedentes en términos históricos, el director de Parques Nacionales de la región centro me decía que, en buen estado de conservación, el bosque absorbe 300 milímetros de lluvias en una hora. Como todo ese bosque no existe, como la tala ha modificado las condiciones del suelo y este ha dejado de absorber, cualquier lluvia incluso de menor envergadura o cualquier chaparrón importante genera este tipo de situaciones.
Entonces, cuando nos preguntamos por qué no debemos permitir que en las zonas periurbanas de las sierras se autoricen desmontes, en muchos casos argumentando que sirve para que se expandan las ciudades y para que se crezca, es porque después pasa esto; es porque después se producen estas inundaciones que terminan generando no solamente enormes pérdidas materiales sino también pérdidas de vida.
Por lo tanto, cuando damos estas discusiones las tenemos que hacer seriamente, y cuando hablamos de neoliberalismo hablamos de esto. Cuando decimos que no podemos permitir que se siga desmontando para llevar adelante emprendimientos inmobiliarios o que queremos poner plazos para desincentivar la especulación, hablamos de que estas son las consecuencias, es decir, nos referimos a que porque haya un par de barrios privados más cerca de las ciudades estamos promoviendo que se tale nuestro monte, lo que significa que después se inunden las ciudades. Y lo más gracioso de todo es que, por lo general, los barrios privados "canaletean" hacia el pueblo, con lo cual no se inundan los barrios privados, se inunda el pueblo. Eso pasó, por ejemplo, en la ciudad de Villa Allende, donde terminó con un metro de agua en medio de la ciudad, porque los countries desagotaban hacia la ciudad.
Entonces, nosotros hablamos de responsabilidad y de pensar a largo plazo. Hablamos de que es necesario pensar en cómo hacemos para que estos ecosistemas que estamos defendiendo, a partir de este proyecto de ley, puedan regenerarse, y cuánto tiempo tardan en hacerlo. La verdad es que no hay estudios que proyecten a largo plazo, pero sí hay estudios realizados cada veinte años y esos estudios dicen que en ese lapso pueden mejorarse las condiciones del suelo, se puede empezar a regenerar el arbustal, puede incluso desarrollarse algo de lo arbóreo del bosque. Sin embargo, las condiciones ecosistémicas que prestan los servicios ambientales que la comunidad necesita para vivir en un ambiente sano no se regeneran en veinte años, necesitan mucho más tiempo, y nuestra responsabilidad está en legislar para garantizar que esas condiciones vuelvan a establecerse.
Entonces, cuando por ahí se plantea con mucha liviandad que ya están contempladas en las leyes precedentes las condiciones para que se respete el bosque, para que no se recategorice el suelo, la verdad es que hay muchas buenas intenciones que están planteadas en las diferentes leyes, pero la prohibición de manera taxativa no existe; la prohibición de manera taxativa la estamos elaborando a partir de este proyecto de ley.
Entiendo que pueda molestar, porque todo lo que tiene que ver con lo ambiental está cruzado por un montón de intereses. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender los intereses del pueblo argentino y ello implica garantizar un ambiente sano, la posibilidad de que los ecosistemas sigan brindando los servicios que se necesitan para disfrutar del ambiente, del paisaje, y esto es un poco lo que proponemos a partir de este proyecto de ley.
No se trata únicamente -como plantean- de poner en cuestión la propiedad privada. Cuando hablamos de cuestiones ambientales, lo que tiene que ver con la propiedad privada es algo que también tenemos que cuestionarnos. Un poco lo decía Gabriela Cerruti cuando hablaba. Si dentro de un campo privado tenemos una gran cantidad de bosque nativo, es patrimonio de todos los argentinos y argentinas, y tenemos la responsabilidad de cuidarlo; esto también estamos proponiendo con este proyecto de ley.
Por último, me gustaría también reconocer a todos los activistas ambientales, a los vecinos y vecinas de todo el territorio de la provincia de Córdoba que han sido afectados por estos devastadores incendios. La realidad es que la enorme voluntad, vocación y compromiso de todos ellos han logrado que en muchas zonas las consecuencias no hayan sido aún peores. La elaboración de este proyecto de ley tiene que ver mucho con eso; y aquí quiero rescatar la vocación y la voluntad política de nuestro jefe de bloque. Quiero rescatarla porque escuchó el pedido que estaban haciendo sistemáticamente los militantes y los activistas del ambiente para que se llevara adelante un proyecto que prohibiera la recategorización del suelo.
Hay que recordar que por más que esté expresado en el artículo 40 el ordenamiento territorial del bosque nativo -en el caso de la provincia de Córdoba, el artículo 30 señala que no puede recategorizarse-, también se señala que cada cinco años debe llevarse adelante un nuevo ordenamiento territorial. Lo que termina pasando es que cuando se llevan adelante esos nuevos ordenamientos territoriales, muchas veces, esas tierras que han sido devastadas por los incendios se recategorizan y se modifica el uso de ese suelo.
Entonces, no se trata de aprovechar este momento para tirarnos cosas por la cabeza, unos a otros; se trata de ponernos a discutir en serio qué política ambiental queremos, cómo pretendemos cuidar nuestra casa común para pensar en la construcción de una economía más sustentable, en la construcción de una política ambiental que tenga que ver con las necesidades concretas del uso de ecosistemas y de los servicios que presta a la comunidad. No se puede estar pensando siempre en términos de la especulación inmobiliaria y el constante movimiento de la barrera agropecuaria para seguir explotando de manera intensiva la tierra y dejar sin futuro a las próximas generaciones.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora diputada Cornejo. Le pido, por favor, que sea breve.
SRA. CORNEJO Señor presidente: voy a intentar ser lo más breve posible.
En primer lugar, quiero argumentar mi voto. Desde mi interbloque, se ha fundamentado por qué lo estamos haciendo. Como señaló la diputada que me precedió en el uso de la palabra en su alocución, las leyes existen, el problema es que no se cumplen. Hablo de los pequeños bosques nativos, dentro de lo que son las propiedades privadas. Yo soy de Salta, y nosotros tenemos la adhesión a la ley nacional de los bosques nativos. Tal vez, deberíamos preguntarnos por qué no se cumplen las leyes vigentes, como también lo dijo la diputada preopinante.
Me parece que habría que hablar con los gobernantes. Hoy, sin duda, nuestro país está nuevamente en manos de quienes han gobernado por años, y siguen gobernando las provincias. ¿Por qué no hacen cumplir estas leyes? ¿Por qué no se cumple con el cuidado del medioambiente? Soy una de las personas a las que le preocupa enormemente este tema; me encantó la clase que nos dieron de humedales, cómo insumen nuestras lluvias en la tierra y por qué muchas veces se producen inundaciones. No se trata solamente de la problemática de los incendios producidos por una enorme sequía.
He pedido la palabra para preguntarles si realmente creen que los propietarios, los desarrolladores inmobiliarios, los productores son los que prenden fuego a sus campos. La verdad es que no sé en qué idioma estamos hablando. Realmente quiero que cuidemos el ambiente, y cumpliendo con mi palabra hacia Leonardo, debo decirle que esto está íntimamente relacionado con la educación.
Acaba de ingresar un proyecto del Poder Ejecutivo nacional, que sin duda ha escuchado esto que, en este momento, estamos discutiendo, y apoya lo que dijimos ya desde nuestro interbloque de Juntos por el Cambio. Necesitamos educarnos todos en el medioambiente para que realmente podamos cuidarlo y dejar de pensar únicamente que vamos a ir a poner una mecha y echar nafta al fuego para que nuestros campos se incendien. No tengo campos, pero cuido el campo y cuido la propiedad privada. La verdad es que si educamos vamos a tener muy buenos efectos sobre el cuidado del ambiente.
La madre tierra se cuida inclusive no echándole todos los desechos que producimos los humanos, con una gestión integral de los residuos urbanos, por ejemplo. No los escucho hablar sobre estos temas. Me encantaría que debatamos en serio. Las ciudades son las más contaminantes de nuestro ambiente, porque todo lo que desechamos no lo utilizamos como residuos. Esto que estamos debatiendo hoy se ha explicado con toda claridad y está contemplado en las leyes que ya tenemos.
Mi voto es negativo, es a favor de que entendamos que debemos velar por el cumplimiento de las leyes que se sancionan en el Honorable Congreso de la Nación.
De esta manera, sabremos cómo cuidar realmente el ambiente, no con estos proyectos que ni siquiera se enviaron a las comisiones donde deberían haberse discutido. Me refiero a la Comisión de Legislación General, que es fundamental para estudiar estas discrepancias que quedaron muy claras en el debate de hoy, respecto de si determinado artículo contempla o no lo que pretendemos superponer, con este proyecto de ley, sobre el manejo del fuego.
A mi país y a todos ustedes les deseo lo mejor, porque es lo que nos merecemos todos los argentinos; pero legislemos de verdad. Lo que escuché aquí es mucho resentimiento contra la propiedad privada, los desarrollos inmobiliarios, el que produce y el trabajo. Entonces, legislemos para la Argentina, porque la patria nos necesita a todos unidos.
En primer lugar, quiero argumentar mi voto. Desde mi interbloque, se ha fundamentado por qué lo estamos haciendo. Como señaló la diputada que me precedió en el uso de la palabra en su alocución, las leyes existen, el problema es que no se cumplen. Hablo de los pequeños bosques nativos, dentro de lo que son las propiedades privadas. Yo soy de Salta, y nosotros tenemos la adhesión a la ley nacional de los bosques nativos. Tal vez, deberíamos preguntarnos por qué no se cumplen las leyes vigentes, como también lo dijo la diputada preopinante.
Me parece que habría que hablar con los gobernantes. Hoy, sin duda, nuestro país está nuevamente en manos de quienes han gobernado por años, y siguen gobernando las provincias. ¿Por qué no hacen cumplir estas leyes? ¿Por qué no se cumple con el cuidado del medioambiente? Soy una de las personas a las que le preocupa enormemente este tema; me encantó la clase que nos dieron de humedales, cómo insumen nuestras lluvias en la tierra y por qué muchas veces se producen inundaciones. No se trata solamente de la problemática de los incendios producidos por una enorme sequía.
He pedido la palabra para preguntarles si realmente creen que los propietarios, los desarrolladores inmobiliarios, los productores son los que prenden fuego a sus campos. La verdad es que no sé en qué idioma estamos hablando. Realmente quiero que cuidemos el ambiente, y cumpliendo con mi palabra hacia Leonardo, debo decirle que esto está íntimamente relacionado con la educación.
Acaba de ingresar un proyecto del Poder Ejecutivo nacional, que sin duda ha escuchado esto que, en este momento, estamos discutiendo, y apoya lo que dijimos ya desde nuestro interbloque de Juntos por el Cambio. Necesitamos educarnos todos en el medioambiente para que realmente podamos cuidarlo y dejar de pensar únicamente que vamos a ir a poner una mecha y echar nafta al fuego para que nuestros campos se incendien. No tengo campos, pero cuido el campo y cuido la propiedad privada. La verdad es que si educamos vamos a tener muy buenos efectos sobre el cuidado del ambiente.
La madre tierra se cuida inclusive no echándole todos los desechos que producimos los humanos, con una gestión integral de los residuos urbanos, por ejemplo. No los escucho hablar sobre estos temas. Me encantaría que debatamos en serio. Las ciudades son las más contaminantes de nuestro ambiente, porque todo lo que desechamos no lo utilizamos como residuos. Esto que estamos debatiendo hoy se ha explicado con toda claridad y está contemplado en las leyes que ya tenemos.
Mi voto es negativo, es a favor de que entendamos que debemos velar por el cumplimiento de las leyes que se sancionan en el Honorable Congreso de la Nación.
De esta manera, sabremos cómo cuidar realmente el ambiente, no con estos proyectos que ni siquiera se enviaron a las comisiones donde deberían haberse discutido. Me refiero a la Comisión de Legislación General, que es fundamental para estudiar estas discrepancias que quedaron muy claras en el debate de hoy, respecto de si determinado artículo contempla o no lo que pretendemos superponer, con este proyecto de ley, sobre el manejo del fuego.
A mi país y a todos ustedes les deseo lo mejor, porque es lo que nos merecemos todos los argentinos; pero legislemos de verdad. Lo que escuché aquí es mucho resentimiento contra la propiedad privada, los desarrollos inmobiliarios, el que produce y el trabajo. Entonces, legislemos para la Argentina, porque la patria nos necesita a todos unidos.
SR. PRESIDENTE GROSSO Para realizar una breve aclaración, tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: gracias por permitirme hacer uso de la palabra para aclarar brevemente algo que recién se mencionó. Es con respecto a una de las razones fundamentales por las cuales no vamos a acompañar el dictamen: porque viola el principio de no regresividad.
Si escuchan con claridad mi intervención, dije que cuando ratificamos, prácticamente por unanimidad, el Acuerdo de Escazú, días atrás, consagramos de manera expresa el principio de no regresividad. En su artículo 3°, inciso c), consagra también la contracara, que está en la ley general de ambiente: el principio de progresividad. Ambos, hoy forman parte de compromisos que nuestro Estado asumió.
¿Por qué insisto en que si avanzamos con esta ley estaremos violando el principio de progresividad y el de no regresividad? Señor presidente: usted tuvo la gentileza de hacernos llegar el dictamen con los cambios propuestos, surgidos del debate en la reunión de comisión. Lo leí con detenimiento, porque realmente espero que no cometamos el error que estamos por cometer.
En el artículo 1° se incluye un párrafo adicional que usted leyó luego de finalizada mi intervención. Dice así: "Sin perjuicio de la protección que puedan tener por otras leyes u otras normas..." El problema es que hacen esto sobrescribiendo el artículo 22 bis de la ley 26.815, que les da esta protección a los bosques. Si hoy consolidan este dictamen que pretender aprobar, van a estar quitando esa protección a los bosques nativos y a los bosques contemplados en aquella vieja ley 13.273.
Voy a leer el párrafo, porque creo que no tienen la intención de hacerlo, pero lo están haciendo, y realmente el daño que van a ocasionar a la protección del bosque nativo y a los bosques de nuestro país es grande.
El artículo 22 bis, que se estaría modificando, dice: "En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio..."
Continúa mencionando las leyes y más adelante agrega: "Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente." Ustedes borran este artículo y lo reescriben, hablando de estos sesenta años.
Quizás, alguien con mucho esfuerzo podría ir a la Justicia y dejar a salvo los bosques nativos, usando la ley de bosques, el artículo 40 y estos dos principios. Como dijo una diputada preopinante al inicio, vamos a tener que ir a la Justicia para proteger los bosques, porque ahora todos los bosques no productivos se quedaron sin marco de protección.
Ojalá que puedan recapacitar y no consoliden este error, porque realmente implica un retroceso para el piso de protección ambiental que tenía nuestro país.
Si escuchan con claridad mi intervención, dije que cuando ratificamos, prácticamente por unanimidad, el Acuerdo de Escazú, días atrás, consagramos de manera expresa el principio de no regresividad. En su artículo 3°, inciso c), consagra también la contracara, que está en la ley general de ambiente: el principio de progresividad. Ambos, hoy forman parte de compromisos que nuestro Estado asumió.
¿Por qué insisto en que si avanzamos con esta ley estaremos violando el principio de progresividad y el de no regresividad? Señor presidente: usted tuvo la gentileza de hacernos llegar el dictamen con los cambios propuestos, surgidos del debate en la reunión de comisión. Lo leí con detenimiento, porque realmente espero que no cometamos el error que estamos por cometer.
En el artículo 1° se incluye un párrafo adicional que usted leyó luego de finalizada mi intervención. Dice así: "Sin perjuicio de la protección que puedan tener por otras leyes u otras normas..." El problema es que hacen esto sobrescribiendo el artículo 22 bis de la ley 26.815, que les da esta protección a los bosques. Si hoy consolidan este dictamen que pretender aprobar, van a estar quitando esa protección a los bosques nativos y a los bosques contemplados en aquella vieja ley 13.273.
Voy a leer el párrafo, porque creo que no tienen la intención de hacerlo, pero lo están haciendo, y realmente el daño que van a ocasionar a la protección del bosque nativo y a los bosques de nuestro país es grande.
El artículo 22 bis, que se estaría modificando, dice: "En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio..."
Continúa mencionando las leyes y más adelante agrega: "Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente." Ustedes borran este artículo y lo reescriben, hablando de estos sesenta años.
Quizás, alguien con mucho esfuerzo podría ir a la Justicia y dejar a salvo los bosques nativos, usando la ley de bosques, el artículo 40 y estos dos principios. Como dijo una diputada preopinante al inicio, vamos a tener que ir a la Justicia para proteger los bosques, porque ahora todos los bosques no productivos se quedaron sin marco de protección.
Ojalá que puedan recapacitar y no consoliden este error, porque realmente implica un retroceso para el piso de protección ambiental que tenía nuestro país.
SR. PRESIDENTE GROSSO Vuelvo a reiterar que no es así como usted dice. Tiene que leer el párrafo entero, que apela a la legitimidad o a la aplicación de la ley más benigna. Es decir que no hay un criterio de regresividad en este proyecto de ley.
Hay dos o tres cuestiones que quiero plantear antes de pasar a la firma, porque se dijeron muchas cosas y hay que volver a encauzar algunas.
Varios diputados y diputadas preopinantes dijeron: "algún incendio por ahí". Vuelvo a plantearlo: no estamos discutiendo este proyecto de ley porque sí. Estamos discutiendo este proyecto porque hace seis meses que se está prendiendo fuego la mitad de la Argentina: 900.000 hectáreas se prendieron fuego durante estos seis meses.
Lo vimos en distintos ecosistemas: humedales, bosques nativos, tierras agrícolas y matorrales. Vimos el fuego arrasar casas, casas quintas, casas de chacareros, animales, biodiversidad de ecosistemas complejos y también animales de producción de granja. Vimos el fuego arrasar parte de nuestra Argentina y discutimos este tema durante meses. Es decir, nadie llegó aquí en un plato volador a decir que modificamos la ley de manejo del fuego porque sí; es porque hay un problema que debate la sociedad argentina y resulta necesario dar una respuesta política.
Nos hubiera encantado dar esa respuesta desde el conjunto de las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados, pero siempre encontramos algunas resistencias.
La ciudad de Buenos Aires se prendió fuego cuarenta y cuatro veces. Al principio de la reunión dije que no solo el fuego arrasó con nuestros montes y humedales, también hubo desmontes. El proceso es mucho más complejo y peligroso para nuestros ecosistemas de lo que muchas veces pensamos.
Debemos tomar conciencia y dar señales claras hacia la protección de nuestro medio ambiente, en este contexto de pandemia global que es el resultado de un virus de origen zoonótico, producto de la depredación del medio ambiente, en este caso, del sudeste asiático. Si no volvemos a traer toda la discusión que tuvimos en esta comisión a este debate, no podremos poner este tema en contexto.
Otros argumentos utilizados: los culpables, la Justicia, si es o no intencional. En primer lugar, hay que decir a los diputados que los datos de que el 95 por ciento de los focos de incendios son el resultado de la acción humana, no surgen de una encuesta realizada por alguna encuestadora privada, son datos del Sistema Federal de Manejo del Fuego. No se nos ocurrieron a nosotros, son datos federales de gente que viene trabajando sobre el tema.
Respecto de la Justicia, hace siete años seguidos que la provincia de Córdoba se viene prendiendo fuego, por eso tiene poco porcentaje de montes nativos. En los últimos cinco años solo se iniciaron veintidós causas para encontrar a los responsables de ese fuego iniciado por la acción humana. ¿Justicia? Allí vemos un poder que debe intervenir y poco hace. Además, de esas veintidós causas hay solo dos condenas.
Por estas razones, es que debemos discutir. El presidente de esta comisión presentó en todos sus proyectos la pata penal de las cuestiones que estamos trabajando. Son temas que sin duda hay que discutir, pero ahora debemos dar una respuesta política, desde el Estado, con todas las fuerzas políticas que integramos el Congreso.
¿Para quién es la respuesta política? ¿Qué son los incendios intencionales? ¿Son todos despistados que comen asado en los montes y dejan el fuego mal apagado? ¿Son rayos de tormentas que prenden fuego los montes y los humedales durante seis meses? ¿Son solo los chacareros que prenden fuego para después volver a sembrar? Me parece que el tema es un poco más complejo y debemos ahondar un poco más en las causas de ese fuego.
Lo que planteamos con este proyecto es que en la Argentina hay un problema central que empuja a que esos fuegos se enciendan; muchas veces, esos fuegos anteceden a un negocio. Por eso, con este proyecto de ley pretendemos dar una señal clara: no queremos más que el fuego sea un negocio en la Argentina. Y por eso, ponemos obstáculos al desarrollo de ese negocio; mucho se puede discutir al respecto.
El argumento principal de Juntos por el Cambio fue el tema del presupuesto. Estamos de acuerdo, falta presupuesto. Por eso, nuestro gobierno incorporó en el proyecto de ley de presupuesto -que se está discutiendo- una alícuota del 3 por mil para brindar los recursos necesarios a este sistema.
De hecho, estamos tan de acuerdo que constituye casi el mismo presupuesto que ustedes proponían en su proyecto de ley de presupuesto. En realidad, es un poco más. Nosotros proponemos 1.782 millones de pesos para el sistema federal de manejo del fuego, además de los recursos que ya existen, y de todos los incisos que se veían en el artículo propuesto para este proyecto de ley. Hicimos el cálculo del proyecto de ley que se tratará a continuación del que estamos debatiendo ahora, y el proyecto de ustedes propone 1.250 millones de pesos. Es casi lo mismo; podríamos decir que tenemos una coincidencia en los recursos necesarios.
Nosotros estamos preocupados por los recursos, pero queremos llegar antes. Tal como dijo la diputada Lampreabe, "queremos llegar antes", porque cuando el fuego arrasa, destruye ecosistemas. El ecosistema no es el pastito o el bosquecito que se ve en el paisaje; es mucho más complejo, tarda años y años -entre treinta y sesenta- en recomponerse y restaurarse. Tardamos sesenta años en recuperar las capacidades ecosistémicas que tiene un bosque.
¿Ustedes escucharon a los geógrafos decir que después de estos incendios va a haber problemas de inundaciones en Córdoba? Todos lo escuchamos en los medios de comunicación. No solo eso, va a haber problemas para tener agua potable, porque el agua que empieza a filtrar por las napas está llena de cenizas de los incendios; y ni hablar de la pérdida de biodiversidad.
Esto sucede en el marco de un proceso global donde la comunidad científica plantea que estamos ante la sexta extinción, que es de origen antrópico. Es decir que los responsables de esta sexta extinción masiva de origen ambiental, que estamos viviendo como humanidad -en el medio de una pandemia que nos costó las economías del mundo y miles de vidas-, somos los humanos.
Voy a repetirlo cada vez que me toque hablar, porque no puedo creer que también pongamos en la grieta este proyecto de ley. No puedo creer que no digamos realmente lo que estamos o no defendiendo.
Ya hablé de proyectos inmobiliarios. Me pareció muy claro uno de los argumentos que esgrimió la diputada Camaño -en relación con lo que decía recién- respecto de señalar la realidad: el principal problema que ustedes encuentran en este proyecto de ley es el autor. Dejen esas mezquindades políticas de lado y pensemos en la Argentina. Asumamos la responsabilidad política que tenemos los diputados y las diputadas de la Nación, y demos una herramienta a nuestros Estados nacional, provincial y municipal.
Un diputado decía que nosotros le echamos la culpa a la oposición durante este debate. Quiero plantear dos argumentos: en primer lugar, no escuchó bien el debate y, en segundo término, nosotros le echamos la culpa a los negocios que empujan ese fuego. Si el diputado se hace cargo de eso, a confesión de parte relevo de pruebas. Están defendiendo los negocios que están incendiando los humedales y los bosques en la Argentina, y no lo pueden decir. Están defendiendo a los sectores que prenden fuego en la Argentina en función de sus intereses económicos, y no pueden decirlo porque queda políticamente incorrecto.
Discutamos la realidad. Nosotros pretendemos que el Estado esté al servicio de la gente; ustedes, que el Estado esté al servicio del mercado, y que después vayamos mitigando los desastres que esto genera. Donde el Estado no regula, el mercado destruye, y la mejor foto para ilustrar lo que estoy diciendo son las 900.000 hectáreas prendidas fuego en la Argentina.
Por todo lo expuesto, hemos presentado y puesto a consideración el dictamen de nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, que cuenta con el acompañamiento de otros diputados y diputadas de la mayoría de las fuerzas políticas, con excepción de Juntos por el Cambio.
Hay dos o tres cuestiones que quiero plantear antes de pasar a la firma, porque se dijeron muchas cosas y hay que volver a encauzar algunas.
Varios diputados y diputadas preopinantes dijeron: "algún incendio por ahí". Vuelvo a plantearlo: no estamos discutiendo este proyecto de ley porque sí. Estamos discutiendo este proyecto porque hace seis meses que se está prendiendo fuego la mitad de la Argentina: 900.000 hectáreas se prendieron fuego durante estos seis meses.
Lo vimos en distintos ecosistemas: humedales, bosques nativos, tierras agrícolas y matorrales. Vimos el fuego arrasar casas, casas quintas, casas de chacareros, animales, biodiversidad de ecosistemas complejos y también animales de producción de granja. Vimos el fuego arrasar parte de nuestra Argentina y discutimos este tema durante meses. Es decir, nadie llegó aquí en un plato volador a decir que modificamos la ley de manejo del fuego porque sí; es porque hay un problema que debate la sociedad argentina y resulta necesario dar una respuesta política.
Nos hubiera encantado dar esa respuesta desde el conjunto de las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados, pero siempre encontramos algunas resistencias.
La ciudad de Buenos Aires se prendió fuego cuarenta y cuatro veces. Al principio de la reunión dije que no solo el fuego arrasó con nuestros montes y humedales, también hubo desmontes. El proceso es mucho más complejo y peligroso para nuestros ecosistemas de lo que muchas veces pensamos.
Debemos tomar conciencia y dar señales claras hacia la protección de nuestro medio ambiente, en este contexto de pandemia global que es el resultado de un virus de origen zoonótico, producto de la depredación del medio ambiente, en este caso, del sudeste asiático. Si no volvemos a traer toda la discusión que tuvimos en esta comisión a este debate, no podremos poner este tema en contexto.
Otros argumentos utilizados: los culpables, la Justicia, si es o no intencional. En primer lugar, hay que decir a los diputados que los datos de que el 95 por ciento de los focos de incendios son el resultado de la acción humana, no surgen de una encuesta realizada por alguna encuestadora privada, son datos del Sistema Federal de Manejo del Fuego. No se nos ocurrieron a nosotros, son datos federales de gente que viene trabajando sobre el tema.
Respecto de la Justicia, hace siete años seguidos que la provincia de Córdoba se viene prendiendo fuego, por eso tiene poco porcentaje de montes nativos. En los últimos cinco años solo se iniciaron veintidós causas para encontrar a los responsables de ese fuego iniciado por la acción humana. ¿Justicia? Allí vemos un poder que debe intervenir y poco hace. Además, de esas veintidós causas hay solo dos condenas.
Por estas razones, es que debemos discutir. El presidente de esta comisión presentó en todos sus proyectos la pata penal de las cuestiones que estamos trabajando. Son temas que sin duda hay que discutir, pero ahora debemos dar una respuesta política, desde el Estado, con todas las fuerzas políticas que integramos el Congreso.
¿Para quién es la respuesta política? ¿Qué son los incendios intencionales? ¿Son todos despistados que comen asado en los montes y dejan el fuego mal apagado? ¿Son rayos de tormentas que prenden fuego los montes y los humedales durante seis meses? ¿Son solo los chacareros que prenden fuego para después volver a sembrar? Me parece que el tema es un poco más complejo y debemos ahondar un poco más en las causas de ese fuego.
Lo que planteamos con este proyecto es que en la Argentina hay un problema central que empuja a que esos fuegos se enciendan; muchas veces, esos fuegos anteceden a un negocio. Por eso, con este proyecto de ley pretendemos dar una señal clara: no queremos más que el fuego sea un negocio en la Argentina. Y por eso, ponemos obstáculos al desarrollo de ese negocio; mucho se puede discutir al respecto.
El argumento principal de Juntos por el Cambio fue el tema del presupuesto. Estamos de acuerdo, falta presupuesto. Por eso, nuestro gobierno incorporó en el proyecto de ley de presupuesto -que se está discutiendo- una alícuota del 3 por mil para brindar los recursos necesarios a este sistema.
De hecho, estamos tan de acuerdo que constituye casi el mismo presupuesto que ustedes proponían en su proyecto de ley de presupuesto. En realidad, es un poco más. Nosotros proponemos 1.782 millones de pesos para el sistema federal de manejo del fuego, además de los recursos que ya existen, y de todos los incisos que se veían en el artículo propuesto para este proyecto de ley. Hicimos el cálculo del proyecto de ley que se tratará a continuación del que estamos debatiendo ahora, y el proyecto de ustedes propone 1.250 millones de pesos. Es casi lo mismo; podríamos decir que tenemos una coincidencia en los recursos necesarios.
Nosotros estamos preocupados por los recursos, pero queremos llegar antes. Tal como dijo la diputada Lampreabe, "queremos llegar antes", porque cuando el fuego arrasa, destruye ecosistemas. El ecosistema no es el pastito o el bosquecito que se ve en el paisaje; es mucho más complejo, tarda años y años -entre treinta y sesenta- en recomponerse y restaurarse. Tardamos sesenta años en recuperar las capacidades ecosistémicas que tiene un bosque.
¿Ustedes escucharon a los geógrafos decir que después de estos incendios va a haber problemas de inundaciones en Córdoba? Todos lo escuchamos en los medios de comunicación. No solo eso, va a haber problemas para tener agua potable, porque el agua que empieza a filtrar por las napas está llena de cenizas de los incendios; y ni hablar de la pérdida de biodiversidad.
Esto sucede en el marco de un proceso global donde la comunidad científica plantea que estamos ante la sexta extinción, que es de origen antrópico. Es decir que los responsables de esta sexta extinción masiva de origen ambiental, que estamos viviendo como humanidad -en el medio de una pandemia que nos costó las economías del mundo y miles de vidas-, somos los humanos.
Voy a repetirlo cada vez que me toque hablar, porque no puedo creer que también pongamos en la grieta este proyecto de ley. No puedo creer que no digamos realmente lo que estamos o no defendiendo.
Ya hablé de proyectos inmobiliarios. Me pareció muy claro uno de los argumentos que esgrimió la diputada Camaño -en relación con lo que decía recién- respecto de señalar la realidad: el principal problema que ustedes encuentran en este proyecto de ley es el autor. Dejen esas mezquindades políticas de lado y pensemos en la Argentina. Asumamos la responsabilidad política que tenemos los diputados y las diputadas de la Nación, y demos una herramienta a nuestros Estados nacional, provincial y municipal.
Un diputado decía que nosotros le echamos la culpa a la oposición durante este debate. Quiero plantear dos argumentos: en primer lugar, no escuchó bien el debate y, en segundo término, nosotros le echamos la culpa a los negocios que empujan ese fuego. Si el diputado se hace cargo de eso, a confesión de parte relevo de pruebas. Están defendiendo los negocios que están incendiando los humedales y los bosques en la Argentina, y no lo pueden decir. Están defendiendo a los sectores que prenden fuego en la Argentina en función de sus intereses económicos, y no pueden decirlo porque queda políticamente incorrecto.
Discutamos la realidad. Nosotros pretendemos que el Estado esté al servicio de la gente; ustedes, que el Estado esté al servicio del mercado, y que después vayamos mitigando los desastres que esto genera. Donde el Estado no regula, el mercado destruye, y la mejor foto para ilustrar lo que estoy diciendo son las 900.000 hectáreas prendidas fuego en la Argentina.
Por todo lo expuesto, hemos presentado y puesto a consideración el dictamen de nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, que cuenta con el acompañamiento de otros diputados y diputadas de la mayoría de las fuerzas políticas, con excepción de Juntos por el Cambio.
SR. IGLESIAS Esperamos que presenten las denuncias cuando quieran, señor presidente...
SR. PRESIDENTE GROSSO Por favor, señores diputados....
- Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE GROSSO Por secretaría se dará lectura del mencionado despacho.
SRA. FUENTES Según las modificaciones planteadas, el dictamen recaído en el proyecto de ley del señor diputado Kirchner y otros, contenido en el expediente
5222-d-2020, quedará redactado de la siguiente manera:
"Modificación de la ley 26.815 de Manejo del Fuego.
"Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 22 bis de la ley 26.815 de Manejo del Fuego, que quedará redactado de la siguiente manera:
'Artículo 22 bis.- En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de 60 (sesenta) años desde su extinción: a) Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; b) La división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta de tierras particulares; c) La venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento de tierras fiscales; y d) Cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio. Sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto a sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para los mismos.'
"Artículo 2º.- Incorpórese el artículo 22 ter a la ley 26.815 de Manejo del Fuego, que quedará redactado de la siguiente manera:
'Artículo 22 ter.- La prohibición establecida en el artículo 22 bis, será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente.'
"Artículo 3º.- Incorpórese el artículo 22 quáter a la ley 26.815 de Manejo del Fuego, que quedará redactado de la siguiente manera:
'Artículo 22 quáter.- En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclen con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas y sin perjuicio de la protección ambiental más extensa o amplia que en beneficios de tales bienes dispongan las leyes locales, se prohíbe por el término de 30 (treinta) años desde su extinción: a) La realización de emprendimientos inmobiliarios; b) Cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y c) La modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos en que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento. Las medidas respecto a las superficies incendiadas, resultantes de los artículos 22 bis, 22 ter y del presente serán inscriptas en los registros que correspondan a cada jurisdicción.
"Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional."
A continuación, requeriré a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe el dictamen y el informe.
"Modificación de la ley 26.815 de Manejo del Fuego.
"Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 22 bis de la ley 26.815 de Manejo del Fuego, que quedará redactado de la siguiente manera:
'Artículo 22 bis.- En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de 60 (sesenta) años desde su extinción: a) Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; b) La división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta de tierras particulares; c) La venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento de tierras fiscales; y d) Cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio. Sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto a sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para los mismos.'
"Artículo 2º.- Incorpórese el artículo 22 ter a la ley 26.815 de Manejo del Fuego, que quedará redactado de la siguiente manera:
'Artículo 22 ter.- La prohibición establecida en el artículo 22 bis, será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente.'
"Artículo 3º.- Incorpórese el artículo 22 quáter a la ley 26.815 de Manejo del Fuego, que quedará redactado de la siguiente manera:
'Artículo 22 quáter.- En caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclen con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas y sin perjuicio de la protección ambiental más extensa o amplia que en beneficios de tales bienes dispongan las leyes locales, se prohíbe por el término de 30 (treinta) años desde su extinción: a) La realización de emprendimientos inmobiliarios; b) Cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y c) La modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos en que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento. Las medidas respecto a las superficies incendiadas, resultantes de los artículos 22 bis, 22 ter y del presente serán inscriptas en los registros que correspondan a cada jurisdicción.
"Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional."
A continuación, requeriré a cada integrante de la comisión que exprese de viva voz si suscribe el dictamen y el informe.
- Manifiestan su acompañamiento al dictamen sobre el proyecto presentado por el señor diputado Kirchner los señores diputados Grosso, Vilar, Fagioli, Alume Sbodio, Ansaloni, Camaño, Caparrós, Cerruti, Estevez (G.B.), Fernández (E.)., Lampreabe, Martínez (M.R.), Muñoz, Obeid, Spósito, Uhrig y Vázquez.
- Manifiestan su acompañamiento al dictamen del rechazo los señores diputados Austin, Arce, Frizza, Berhongaray, Cornejo (V.), Fregonese, Iglesias, Mendoza (J.) y Zuvic.
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión de los señores diputados Brambilla, Frigerio, Grande, Menna y Zamarbide.
Al requerírsele su opinión a la señora diputada Austin:
SRA. AUSTIN No vamos a acompañar el dictamen y hemos enviado al correo electrónico de la comisión un dictamen alternativo con los argumentos que expusimos durante el debate.
Al requerírsele su opinión al señor diputado Arce:
SR. ARCE Rechazo el dictamen por los mismos motivos expresados por la diputada Austin.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Frizza:
SR. FRIZZA Firmo el dictamen de rechazo presentado por la diputada Austin.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Berhongaray:
SR. BERHONGARAY Acompaño el dictamen de rechazo.
- Al requerírsele su opinión a la señora diputada Cornejo (V.):
SRA. CORNEJO Suscribo el dictamen de rechazo.
- Al requerírsele su opinión a la señora diputada Fregonese:
SRA. FREGONESE Acompaño el dictamen de rechazo.
- Al requerírsele su opinión al señor diputado Iglesias:
SR. IGLESIAS Suscribo el dictamen de rechazo.
- Al requerírsele su opinión a la señora diputada Mendoza (J.):
SRA. MENDOZA (J.) Rechazo el dictamen en virtud de los argumentos expresados en mi intervención.
- Al requerírsele su opinión a la señora diputada Zuvic:
SRA. ZUVIC Suscribo el rechazo.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Informo a los señores diputados que están logueados y que no pudieron dar a conocer a viva voz su voto que luego podrán firmar digitalmente. En ese momento sabremos el resultado final de la votación.
Hay 17 acompañamientos al dictamen y 9 rechazos. (Aplausos.)
Hay 17 acompañamientos al dictamen y 9 rechazos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE GROSSO Si tenemos 17 firmas, corresponde a más de la mitad de los integrantes de esta Comisión, y quiere decir que hay dictamen de ley de fuego, y -por lo menos para mí- es una buena noticia.
Vamos a seguir con el temario de esta Comisión. Tenemos un proyecto de ley más y después tenemos diez proyectos de declaración y demás.
En consideración el proyecto de garantía de un piso mínimo presupuestario para la protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales, expediente 5484-d-2020.
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
Vamos a seguir con el temario de esta Comisión. Tenemos un proyecto de ley más y después tenemos diez proyectos de declaración y demás.
En consideración el proyecto de garantía de un piso mínimo presupuestario para la protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales, expediente 5484-d-2020.
Tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: voy a ser breve, en honor a la extensión que ha tenido esta reunión, y porque ha formado parte del debate del proyecto anterior. Expuse cuáles fueron los motivos que nos llevaron a presentar esta iniciativa, que fue justamente indagar en torno a los fondos destinados en el presupuesto de 2021 para el sistema nacional de manejo del fuego. Como ya señalé, allí nos encontramos con un recorte de más del cincuenta por ciento en el valor de los mismos, en el porcentual que representan sobre el presupuesto, y también claramente esto es consolidado con el recorte de las metas físicas, es decir, las expectativas de cuáles son los objetivos que el propio Ministerio se plantea al respecto.
Para no tener que estar atados a la incertidumbre de no saber cuál va a ser el presupuesto del sistema nacional de manejo del fuego, creemos conveniente atarlo a la herramienta de establecer un porcentaje de la partida presupuestaria destinada a fondear esta herramienta tan importante para el combate de los incendios.
Se dijo recién que todos queremos que los recursos sean justamente para poder llegar antes, para evitar que una pequeña llama, un foco o un incendio intencional o accidental se conviertan en las catástrofes que estamos viendo a lo largo y ancho de la Argentina. Lo hemos visto en Córdoba, con impacto profundo en el ecosistema, en la biodiversidad y en las comunidades que allí habitan. Para llegar antes, primero hace falta que nuestro sistema nacional de manejo del fuego aprenda de sus errores, piense qué cosas necesita mejorar, trabaje en la alerta temprana, en la detección a tiempo y en el mejoramiento de todos los sistemas que tienen que ver con reforzar la prevención y el sofocamiento a tiempo de los incendios.
Los especialistas y los bomberos voluntarios vienen diciendo que estamos frente a una categoría de incendios diferente. Se habla de la quinta o sexta generación de incendios por la magnitud, por la intencionalidad y por la vehemencia y fuerza que tienen. Para ello hay que responder con más profesionalismo, con mayor equipamiento y con anticipación. Esto es lo que busca esta iniciativa, que no entendemos que vaya en sentido contrapuesto a la que ustedes han propuesto días atrás en la Comisión de Presupuesto y Hacienda respecto de tomar una alícuota de los seguros.
Nosotros creemos que este proyecto viene a garantizar un piso mínimo de protección en materia de incendios forestales y rurales en la Argentina, de modo que pedimos a esta Comisión que pueda acompañar un dictamen para garantizar los recursos, más allá de esta cláusula que ustedes están pretendiendo modificar a partir del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
No vemos que sean incompatibles, sino que esta es una herramienta que nos permite contar efectivamente con un piso de protección, que además supera con creces los fondos que hoy tenemos y los que tuvimos los años anteriores, en la búsqueda de ese piso mínimo del 0,02 por ciento del presupuesto nacional.
Para no tener que estar atados a la incertidumbre de no saber cuál va a ser el presupuesto del sistema nacional de manejo del fuego, creemos conveniente atarlo a la herramienta de establecer un porcentaje de la partida presupuestaria destinada a fondear esta herramienta tan importante para el combate de los incendios.
Se dijo recién que todos queremos que los recursos sean justamente para poder llegar antes, para evitar que una pequeña llama, un foco o un incendio intencional o accidental se conviertan en las catástrofes que estamos viendo a lo largo y ancho de la Argentina. Lo hemos visto en Córdoba, con impacto profundo en el ecosistema, en la biodiversidad y en las comunidades que allí habitan. Para llegar antes, primero hace falta que nuestro sistema nacional de manejo del fuego aprenda de sus errores, piense qué cosas necesita mejorar, trabaje en la alerta temprana, en la detección a tiempo y en el mejoramiento de todos los sistemas que tienen que ver con reforzar la prevención y el sofocamiento a tiempo de los incendios.
Los especialistas y los bomberos voluntarios vienen diciendo que estamos frente a una categoría de incendios diferente. Se habla de la quinta o sexta generación de incendios por la magnitud, por la intencionalidad y por la vehemencia y fuerza que tienen. Para ello hay que responder con más profesionalismo, con mayor equipamiento y con anticipación. Esto es lo que busca esta iniciativa, que no entendemos que vaya en sentido contrapuesto a la que ustedes han propuesto días atrás en la Comisión de Presupuesto y Hacienda respecto de tomar una alícuota de los seguros.
Nosotros creemos que este proyecto viene a garantizar un piso mínimo de protección en materia de incendios forestales y rurales en la Argentina, de modo que pedimos a esta Comisión que pueda acompañar un dictamen para garantizar los recursos, más allá de esta cláusula que ustedes están pretendiendo modificar a partir del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
No vemos que sean incompatibles, sino que esta es una herramienta que nos permite contar efectivamente con un piso de protección, que además supera con creces los fondos que hoy tenemos y los que tuvimos los años anteriores, en la búsqueda de ese piso mínimo del 0,02 por ciento del presupuesto nacional.
SR. PRESIDENTE GROSSO Voy a hacer una moción. Considerando que es un proyecto de presupuesto y que hay un artículo para financiar el sistema de manejo del fuego en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de presupuesto que pasado mañana se tratará en el recinto, y que aún no tuvimos dictamen de la Oficina de Presupuesto del Congreso, si estamos todos de acuerdo, podemos pasar el proyecto a asesores y con esa información abordar mucho más integral y seriamente esta propuesta, con todas las modificaciones que hubo en el camino desde que usted presentó el proyecto.
Entiendo que lo presentó cuando esto no estaba en el presupuesto, pero en el medio ya tenemos dictamen y pasado mañana se tratará, por lo que podríamos darle vista a la Oficina de Presupuesto y avanzar en la próxima reunión de asesores con el tratamiento formal de este proyecto para una próxima reunión de Comisión.
Entiendo que lo presentó cuando esto no estaba en el presupuesto, pero en el medio ya tenemos dictamen y pasado mañana se tratará, por lo que podríamos darle vista a la Oficina de Presupuesto y avanzar en la próxima reunión de asesores con el tratamiento formal de este proyecto para una próxima reunión de Comisión.
SRA. AUSTIN No es que no tengamos ánimo de acordarlo. Hemos estado a disposición de la reunión de asesores para hacerlo hasta último momento, pero insisto con lo siguiente: la iniciativa que estamos sometiendo a consideración no es contradictoria con esta alícuota a cobrar de los seguros, como propone su proyecto.
Me parece que no es el mejor camino el que han elegido, pero de ninguna manera es incompatible con esto. Esto permite al sistema nacional de manejo del fuego tener fondos y previsibilidad, que es lo que no otorga la alícuota de la prima de seguros. Nosotros queremos que el Estado se haga cargo. Ya que hablamos tanto del rol y de la importancia que debe tener, queremos que el Estado sea el que garantice los recursos para algo tan importante como es el sistema de manejo del fuego, y también en los otros aspectos que hemos dicho.
Vamos a pedirle que lo ponga en consideración, porque este proyecto tuvo giro a dos comisiones -Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda-, de modo que, si hubiera voluntad del oficialismo, con un dictamen favorable de esta Comisión, podríamos eventualmente lograr que se incluya en esta discusión del proyecto de ley del presupuesto que vamos a tener en la próxima semana.
Agradecemos su buena voluntad, señor presidente, pero le pido que lo ponga a votación. Ojalá puedan acompañar una ley tan importante para financiar el sistema nacional de manejo del fuego.
Me parece que no es el mejor camino el que han elegido, pero de ninguna manera es incompatible con esto. Esto permite al sistema nacional de manejo del fuego tener fondos y previsibilidad, que es lo que no otorga la alícuota de la prima de seguros. Nosotros queremos que el Estado se haga cargo. Ya que hablamos tanto del rol y de la importancia que debe tener, queremos que el Estado sea el que garantice los recursos para algo tan importante como es el sistema de manejo del fuego, y también en los otros aspectos que hemos dicho.
Vamos a pedirle que lo ponga en consideración, porque este proyecto tuvo giro a dos comisiones -Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda-, de modo que, si hubiera voluntad del oficialismo, con un dictamen favorable de esta Comisión, podríamos eventualmente lograr que se incluya en esta discusión del proyecto de ley del presupuesto que vamos a tener en la próxima semana.
Agradecemos su buena voluntad, señor presidente, pero le pido que lo ponga a votación. Ojalá puedan acompañar una ley tan importante para financiar el sistema nacional de manejo del fuego.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra el señor diputado Alumé Sbodio.
SR. ALUMÉ SBODIO Señor presidente: primero, permítanme hacer un paréntesis respecto de la cuestión que se ha planteado al inicio de esta reunión sobre el funcionamiento de la Comisión, porque yo la integro desde 2017 y he sido testigo de su falta de funcionamiento, como pasó también con muchas otras comisiones en este Congreso, en un período de funcionamiento errante.
Comparto en un ciento por ciento las palabras de la señora diputada Camaño, y quiero brindarle un reconocimiento a la tarea que usted lleva adelante, señor presidente, respecto de volver a poner en la agenda del Congreso el tema de los recursos naturales.
En el tratamiento del proyecto anterior, un diputado habló de este concepto de Estado presente o no presente, que creo que también tiene que ver con lo que ha pasado en nuestra Comisión y con la crisis que se desató por los diferentes incendios a lo largo y ancho del país, con la presencia de Juan Cabandié en los lugares donde estaba la crisis, y la diferencia que existió con la actitud de su antecesor, que prácticamente en cuatro años no cruzó la General Paz. Creo que eso es una foto de lo que es un Estado presente y federal.
Abocándonos al proyecto que estamos tratando, que figura bajo el expediente 5484-d-2020 y que propone la modificación del artículo 30 de la ley 26.815, de manejo del fuego, por supuesto que es incompatible con el dictamen del proyecto de ley de presupuesto en su artículo 102, porque son dos propuestas con dos textos totalmente diferentes sobre un mismo artículo. Eso los hace casi incompatibles.
Pero una de las cuestiones que tenemos que analizar y sopesar entre los artículos que proponen la modificación del mismo artículo de una ley, hay que considerar lo que decía la señora diputada Cerruti respecto de que ya con el solo hecho de considerar que mediante este artículo que está proponiendo la oposición se le otorgan menos recursos a la política de manejo del fuego en la Argentina, ya tendría que darnos un indicador de cómo deberíamos votar este proyecto de ley y sobre cómo deberíamos apoyar la modificación del artículo 102 del dictamen del proyecto de presupuesto.
Entre las dos propuestas hay diferencias de técnica legislativa, lo que hace que un proyecto sea superador del otro. Primero, es importante que la otra propuesta se encuentra dentro de la ley de presupuesto, no solo por su implicancia, sino porque esa herramienta es el programa de un gobierno electo. Es importante que esté incorporada en esta ley una modificación como la que se está planteando en el dictamen porque tiene que ver con la visión política de un gobierno determinado en un año determinado.
Otra de las cuestiones que también nos hacen creer en la superioridad de una propuesta sobre la otra es que el artículo 102 no solo establece cuál es el destino de los recursos -como lo hace también el proyecto que estamos evaluando-, sino que también establece cuál es el origen. Esa es realmente una política presupuestaria parlamentaria correcta: no solamente establecer cuáles son los destinos de los recursos, sino también establecer con qué recursos se va a financiar tal o cual política.
La principal diferencia entre los proyectos es la técnica que se utiliza para determinar el porcentaje. Por un lado, el proyecto que estamos discutiendo establece un porcentaje en la ley de presupuesto y, por otro lado, la propuesta del artículo 102 del dictamen de la ley de presupuesto establece una alícuota sobre un costo de un servicio, una alícuota sobre la prima de un seguro. Ambas inciden en su diferencia en la estabilidad de los recursos que le asignamos a una política pública ambiental. Esa estabilidad de recursos tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de las políticas que vayamos a llevar adelante.
Recién se presentó el tratamiento del tema anterior. Hagamos un ejercicio de imaginación respecto de la propuesta de este proyecto con el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el artículo 102. Imaginemos ambos: uno establece una alícuota sobre el presupuesto, y otro, una alícuota sobre el costo de un determinado servicio. Imaginemos cómo hubieran funcionado los dos esquemas en 2019, donde el gobierno de Cambiemos estableció una ley de presupuesto que proyectaba una inflación del 23 por ciento, pero que en 2019 terminó con 53,8 por ciento. Al corto plazo, con la fórmula que estamos discutiendo en este momento, la política nacional de combate del fuego hubiera terminado con la mitad de los recursos.
Por eso, señor presidente, no voy a acompañar este proyecto que estamos debatiendo. No lo acompaño no solamente porque encontramos en el artículo 102 del dictamen de presupuesto una fórmula superadora y que garantiza la estabilidad de los recursos para una política pública que tiene que estar proyectada a largo plazo, sino porque el artículo 102 es superador de lo que estamos discutiendo en este momento, como usted recién lo dijo.
Discutir este proyecto suena más a un intento de simular una agenda para justificar el voto en contra del dictamen que acabamos de acompañar con muchísima alegría y con la esperanza de que se aplique de una manera correcta en el futuro, para que la Argentina comience a tener una política de manejo del fuego que sea mantenida en el tiempo en lugar de ser errante.
Comparto en un ciento por ciento las palabras de la señora diputada Camaño, y quiero brindarle un reconocimiento a la tarea que usted lleva adelante, señor presidente, respecto de volver a poner en la agenda del Congreso el tema de los recursos naturales.
En el tratamiento del proyecto anterior, un diputado habló de este concepto de Estado presente o no presente, que creo que también tiene que ver con lo que ha pasado en nuestra Comisión y con la crisis que se desató por los diferentes incendios a lo largo y ancho del país, con la presencia de Juan Cabandié en los lugares donde estaba la crisis, y la diferencia que existió con la actitud de su antecesor, que prácticamente en cuatro años no cruzó la General Paz. Creo que eso es una foto de lo que es un Estado presente y federal.
Abocándonos al proyecto que estamos tratando, que figura bajo el expediente 5484-d-2020 y que propone la modificación del artículo 30 de la ley 26.815, de manejo del fuego, por supuesto que es incompatible con el dictamen del proyecto de ley de presupuesto en su artículo 102, porque son dos propuestas con dos textos totalmente diferentes sobre un mismo artículo. Eso los hace casi incompatibles.
Pero una de las cuestiones que tenemos que analizar y sopesar entre los artículos que proponen la modificación del mismo artículo de una ley, hay que considerar lo que decía la señora diputada Cerruti respecto de que ya con el solo hecho de considerar que mediante este artículo que está proponiendo la oposición se le otorgan menos recursos a la política de manejo del fuego en la Argentina, ya tendría que darnos un indicador de cómo deberíamos votar este proyecto de ley y sobre cómo deberíamos apoyar la modificación del artículo 102 del dictamen del proyecto de presupuesto.
Entre las dos propuestas hay diferencias de técnica legislativa, lo que hace que un proyecto sea superador del otro. Primero, es importante que la otra propuesta se encuentra dentro de la ley de presupuesto, no solo por su implicancia, sino porque esa herramienta es el programa de un gobierno electo. Es importante que esté incorporada en esta ley una modificación como la que se está planteando en el dictamen porque tiene que ver con la visión política de un gobierno determinado en un año determinado.
Otra de las cuestiones que también nos hacen creer en la superioridad de una propuesta sobre la otra es que el artículo 102 no solo establece cuál es el destino de los recursos -como lo hace también el proyecto que estamos evaluando-, sino que también establece cuál es el origen. Esa es realmente una política presupuestaria parlamentaria correcta: no solamente establecer cuáles son los destinos de los recursos, sino también establecer con qué recursos se va a financiar tal o cual política.
La principal diferencia entre los proyectos es la técnica que se utiliza para determinar el porcentaje. Por un lado, el proyecto que estamos discutiendo establece un porcentaje en la ley de presupuesto y, por otro lado, la propuesta del artículo 102 del dictamen de la ley de presupuesto establece una alícuota sobre un costo de un servicio, una alícuota sobre la prima de un seguro. Ambas inciden en su diferencia en la estabilidad de los recursos que le asignamos a una política pública ambiental. Esa estabilidad de recursos tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de las políticas que vayamos a llevar adelante.
Recién se presentó el tratamiento del tema anterior. Hagamos un ejercicio de imaginación respecto de la propuesta de este proyecto con el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el artículo 102. Imaginemos ambos: uno establece una alícuota sobre el presupuesto, y otro, una alícuota sobre el costo de un determinado servicio. Imaginemos cómo hubieran funcionado los dos esquemas en 2019, donde el gobierno de Cambiemos estableció una ley de presupuesto que proyectaba una inflación del 23 por ciento, pero que en 2019 terminó con 53,8 por ciento. Al corto plazo, con la fórmula que estamos discutiendo en este momento, la política nacional de combate del fuego hubiera terminado con la mitad de los recursos.
Por eso, señor presidente, no voy a acompañar este proyecto que estamos debatiendo. No lo acompaño no solamente porque encontramos en el artículo 102 del dictamen de presupuesto una fórmula superadora y que garantiza la estabilidad de los recursos para una política pública que tiene que estar proyectada a largo plazo, sino porque el artículo 102 es superador de lo que estamos discutiendo en este momento, como usted recién lo dijo.
Discutir este proyecto suena más a un intento de simular una agenda para justificar el voto en contra del dictamen que acabamos de acompañar con muchísima alegría y con la esperanza de que se aplique de una manera correcta en el futuro, para que la Argentina comience a tener una política de manejo del fuego que sea mantenida en el tiempo en lugar de ser errante.
SR. PRESIDENTE GROSSO No habiendo más oradores, ponemos en consideración el proyecto de la señora diputada Austin.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Voy a leer el dictamen, primera competencia, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, sin modificaciones, expediente
5484-d-2020, de la señora diputada Austin y otros: "Proyecto de ley. Garantía de piso mínimo presupuestario para la protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales. Modificación de la ley 26.815, de manejo del fuego.
"Artículo 1°- Modificación. Modifícase el artículo 30 de la Ley 26.815, de Manejo del Fuego, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 30.- Creación. Créase el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación y estará compuesto por:
"a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas, las que no podrán ser inferiores al 0,02 por ciento del presupuesto nacional;
"b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de la Autoridad Nacional de Aplicación;
"c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas humanas o jurídicas, de organismos nacionales y/o internacionales;
"d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
"e) Los recursos que fijen leyes especiales;
"f) Los recursos no utilizados del Fondo, provenientes de ejercicios anteriores.
"Artículo 2°- Cláusula transitoria. Para el ejercicio fiscal del año 2021, las partidas presupuestarias asignadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego no podrán ser inferiores al 0,015 por ciento del presupuesto nacional.
"Artículo 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo."
Lo pasamos a la firma.
Diputado Grosso: ¿suscribe el proyecto y el dictamen?
"Artículo 1°- Modificación. Modifícase el artículo 30 de la Ley 26.815, de Manejo del Fuego, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 30.- Creación. Créase el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que será administrado por la Autoridad Nacional de Aplicación y estará compuesto por:
"a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas, las que no podrán ser inferiores al 0,02 por ciento del presupuesto nacional;
"b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de la Autoridad Nacional de Aplicación;
"c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas humanas o jurídicas, de organismos nacionales y/o internacionales;
"d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
"e) Los recursos que fijen leyes especiales;
"f) Los recursos no utilizados del Fondo, provenientes de ejercicios anteriores.
"Artículo 2°- Cláusula transitoria. Para el ejercicio fiscal del año 2021, las partidas presupuestarias asignadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego no podrán ser inferiores al 0,015 por ciento del presupuesto nacional.
"Artículo 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo."
Lo pasamos a la firma.
Diputado Grosso: ¿suscribe el proyecto y el dictamen?
SR. PRESIDENTE GROSSO No, no suscribo el proyecto y el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputada Austin: ¿suscribe el proyecto y firma el informe?
SRA. AUSTIN Sí, suscribo el proyecto, por los argumentos que dimos y porque representa un incremento muy significativo del presupuesto del sistema de manejo del fuego.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) ¿El informe lo va a firmar usted?
SRA. AUSTIN Tendría que verlo, señora secretaria. Nosotros hemos enviado el texto y lo firmamos, por supuesto.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Queda sin modificaciones.
Diputada Vilar: ¿suscribe?
Diputada Vilar: ¿suscribe?
SRA. VILAR No, no acompaño por estar ya garantizado en el artículo 102 del proyecto de presupuesto.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Arce: ¿suscribe el dictamen?
SR. ARCE Sí, suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Frizza: ¿suscribe el dictamen?
SR. FRIZZA Suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Fagioli: ¿suscribe el dictamen?
SR. FAGIOLI No, no suscribo el dictamen por ser un retroceso al artículo 102 de nuestro proyecto de presupuesto nacional.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Alumé Sbodio: ¿suscribe el dictamen?
SR. ALUMÉ SBODIO No suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Ansaloni: ¿suscribe el dictamen?
Luego de algunos instantes:
Luego de algunos instantes:
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputado Berhongaray: ¿suscribe el dictamen?
SR. BERHONGARAY Sí, suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Diputada Brambilla: ¿suscribe el dictamen?
SRA. BRAMBILLA Sí, suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Camaño, ¿suscribe el dictamen?
SRA. CAMAÑO No, señora secretaria. Me parece que es una maniobra de la grieta, y otra vez estamos inmersos en ella quienes no tenemos nada que ver.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Caparrós, ¿suscribe el dictamen?
SRA. CAPARRÓS No suscribo el dictamen, por estar contemplados los fondos en el presupuesto nacional.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Cerruti, ¿suscribe el dictamen?
SRA. CERRUTI No, rechazo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Cornejo, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Estévez, ¿suscribe el dictamen?
SRA. ESTÉVEZ No, no lo suscribo, porque ya está contemplado en el artículo 102 del proyecto de ley de presupuesto.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Edgardo Fernández, ¿suscribe el dictamen?
SR. FERNÁNDEZ (E.) No, no lo acompaño.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Fregonese, ¿suscribe el dictamen?
SRA. FREGONESE Sí, suscribo el dictamen, porque me parece importante el aumento del presupuesto para el manejo de los fuegos. Creo que la grieta la generó el proyecto anterior.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Frigerio, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Grande, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Iglesias, ¿suscribe el dictamen?
SR. IGLESIAS Sí, yo sé de qué lado de la grieta estoy, es público y notorio, y no me da vergüenza. Suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Lampreabe, ¿suscribe el dictamen?
SRA. LAMPREABE Rechazo el dictamen por las razones que ya expusieron la diputada Vilar y demás compañeros de bloque.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada María Rosa Martínez, ¿suscribe el dictamen?
SRA. MARTÍNEZ (M.R.) No lo acompaño, señora secretaria.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Mendoza, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Menna, ¿suscribe el dictamen?
SR. MENNA Suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Muñoz, ¿suscribe el dictamen?
SRA. MUÑOZ No suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Obeid, ¿suscribe el dictamen?
SRA. OBEID No suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Spósito, ¿suscribe el dictamen?
SRA. SPÓSITO No lo acompaño, señora secretaria.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Uhrig, ¿suscribe el dictamen?
SRA. UHRIG No acompaño el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Vázquez, ¿suscribe el dictamen?
SR. VÁZQUEZ No, no acompaño el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Zamarbide, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Zuvic, ¿suscribe el dictamen?
SRA. ZUVIC Sí, acompaño el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor presidente: si me permite, realizo una segunda ronda y reitero la solicitud a los diputados que no se pudieron comunicar.
Señor diputado Ansaloni, ¿suscribe el dictamen?
Señor diputado Ansaloni, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Cornejo, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Frigerio, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Grande, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señora diputada Mendoza, ¿suscribe el dictamen?
SRA. MENDOZA Sí, suscribo el dictamen.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor diputado Zamarbide, ¿suscribe el dictamen?
- No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Señor presidente: el resultado arrojó 16 votos por el rechazo del dictamen y 10 firmantes. Entonces, no hay dictamen.
SRA. CORNEJO Suscribo el dictamen, señora secretaria.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Entonces, tenemos 16 no acompañamientos y 11 firmantes. No hay dictamen.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, no hay dictamen.
A continuación, seguiremos con el tratamiento del orden del día, dado que tenemos diez proyectos de declaración de distintos diputados y diputadas.
Voy a proponer una metodología: los diputados y las diputadas que quieran defender brevemente su proyecto pueden anotarse en la lista de oradores, a través del chat o del WhatsApp.
La segunda propuesta consiste en votarlos todos juntos y, si alguien vota en contra o se abstiene de algún expediente, que avise en el momento en el que la secretaria de la comisión de lectura de los expedientes. Si estamos de acuerdo podemos llevar adelante este procedimiento, que es más rápido, dado que son las ocho menos diez de la noche y comenzamos a las tres de la tarde.
Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
A continuación, seguiremos con el tratamiento del orden del día, dado que tenemos diez proyectos de declaración de distintos diputados y diputadas.
Voy a proponer una metodología: los diputados y las diputadas que quieran defender brevemente su proyecto pueden anotarse en la lista de oradores, a través del chat o del WhatsApp.
La segunda propuesta consiste en votarlos todos juntos y, si alguien vota en contra o se abstiene de algún expediente, que avise en el momento en el que la secretaria de la comisión de lectura de los expedientes. Si estamos de acuerdo podemos llevar adelante este procedimiento, que es más rápido, dado que son las ocho menos diez de la noche y comenzamos a las tres de la tarde.
Tiene la palabra la señora diputada Camaño.
SRA. CAMAÑO Señor presidente: voy a suscribir todos los proyectos y, puntualmente, me referiré al proyecto de declaración contenido en el expediente
2715-d-2020 -que está décimo-, por el que se expresa adhesión el Día Mundial de los Océanos, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
No me voy a referir tanto a este proyecto, porque todos sabemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que las Naciones Unidas designase el 8 de junio como Día Mundial de los Océanos, en virtud de su resolución 63/111 de 2008. Por ello, el mundo medita cada 8 de junio respecto a lo que pasa en los océanos, que es el gran tema.
Los residuos tóxicos están generando ingentes daños, ya sea por plásticos o productos que llegan al mar, por la negligencia, por la irresponsabilidad de los gobiernos, de las personas o de las industrias. Quiero aprovechar el tratamiento de este proyecto que usted ha puesto en el orden del día para solicitar el tratamiento -tal como hice con la iniciativa relativa al agua- del proyecto de resolución contenido en el expediente número 2716-d-2020. Se trata de un pedido de informes al Poder Ejecutivo, pues este tema forma parte de una de las grandes preocupaciones que tenemos a raíz de las prácticas vinculadas a la sonoridad que existe en los océanos.
La Argentina tiene puntualmente un problema muy serio. Se busca petróleo en el fondo marino utilizando una técnica denominada prospección sísmica. Cuando se elige el área en la que se va a hacer la búsqueda según la geografía y la geología -porque de acuerdo con esta técnica se determina la acumulación de petróleo y gas dentro de una "roca almacén"- se procede a efectuar esa prospección sísmica para poder estudiar el subsuelo marino y la ubicación del yacimiento.
Dicho método consiste en emitir ondas acústicas por acumulación de aire a alta presión mediante unos aparatos llamados cañones de aire comprimido, los que posteriormente expulsan en forma violenta el aire contenido en su interior.
Cada embarcación llega a utilizar simultáneamente hasta veinte cañones de aire comprimido, cuya fuente de emisión de sonido es arrastrada de cuatro a diez metros de profundidad. Imagínense entonces lo que ocurre con la flora y con la fauna, pero fundamentalmente con esta última. Estos cañones se disparan aproximadamente en intervalos de 6 a 20 segundos, o sea que esas ondas son realmente terribles.
En tal sentido, estamos ante un problema serio, porque en noviembre de 2019, por medio de resoluciones de los entonces ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Energía, se aprobó la exploración hidrocarburífera en nuestro Mar Argentino por parte de una empresa noruega, que utiliza esta forma nociva para el ecosistema marino.
Señor presidente: por lo expuesto, y más allá de la aprobación del proyecto referido al Día Mundial de los Océanos -que ya pasó, por supuesto, como ocurre siempre en nuestra Cámara-, quiero pedirle que contemple la posibilidad de que se trate este pedido de informes, porque realmente se están haciendo estragos en la plataforma marina patagónica. De hecho, hace no mucho la organización no gubernamental Greenpeace presentó una denuncia respecto de este tema, mientras nosotros estamos aquí, sin enterarnos de que estas cuestiones están ocurriendo a raíz de la tan desacertada decisión que se ha tomado. Muchas gracias.
No me voy a referir tanto a este proyecto, porque todos sabemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que las Naciones Unidas designase el 8 de junio como Día Mundial de los Océanos, en virtud de su resolución 63/111 de 2008. Por ello, el mundo medita cada 8 de junio respecto a lo que pasa en los océanos, que es el gran tema.
Los residuos tóxicos están generando ingentes daños, ya sea por plásticos o productos que llegan al mar, por la negligencia, por la irresponsabilidad de los gobiernos, de las personas o de las industrias. Quiero aprovechar el tratamiento de este proyecto que usted ha puesto en el orden del día para solicitar el tratamiento -tal como hice con la iniciativa relativa al agua- del proyecto de resolución contenido en el expediente número 2716-d-2020. Se trata de un pedido de informes al Poder Ejecutivo, pues este tema forma parte de una de las grandes preocupaciones que tenemos a raíz de las prácticas vinculadas a la sonoridad que existe en los océanos.
La Argentina tiene puntualmente un problema muy serio. Se busca petróleo en el fondo marino utilizando una técnica denominada prospección sísmica. Cuando se elige el área en la que se va a hacer la búsqueda según la geografía y la geología -porque de acuerdo con esta técnica se determina la acumulación de petróleo y gas dentro de una "roca almacén"- se procede a efectuar esa prospección sísmica para poder estudiar el subsuelo marino y la ubicación del yacimiento.
Dicho método consiste en emitir ondas acústicas por acumulación de aire a alta presión mediante unos aparatos llamados cañones de aire comprimido, los que posteriormente expulsan en forma violenta el aire contenido en su interior.
Cada embarcación llega a utilizar simultáneamente hasta veinte cañones de aire comprimido, cuya fuente de emisión de sonido es arrastrada de cuatro a diez metros de profundidad. Imagínense entonces lo que ocurre con la flora y con la fauna, pero fundamentalmente con esta última. Estos cañones se disparan aproximadamente en intervalos de 6 a 20 segundos, o sea que esas ondas son realmente terribles.
En tal sentido, estamos ante un problema serio, porque en noviembre de 2019, por medio de resoluciones de los entonces ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Energía, se aprobó la exploración hidrocarburífera en nuestro Mar Argentino por parte de una empresa noruega, que utiliza esta forma nociva para el ecosistema marino.
Señor presidente: por lo expuesto, y más allá de la aprobación del proyecto referido al Día Mundial de los Océanos -que ya pasó, por supuesto, como ocurre siempre en nuestra Cámara-, quiero pedirle que contemple la posibilidad de que se trate este pedido de informes, porque realmente se están haciendo estragos en la plataforma marina patagónica. De hecho, hace no mucho la organización no gubernamental Greenpeace presentó una denuncia respecto de este tema, mientras nosotros estamos aquí, sin enterarnos de que estas cuestiones están ocurriendo a raíz de la tan desacertada decisión que se ha tomado. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Señora diputada Camaño: vamos a trabajar en el proyecto que usted acaba de plantear.
No tengo ningún otro legislador anotado para hacer uso de la palabra. Entiendo, además, que estos proyectos fueron considerados en una comisión de asesores y que hay acuerdo sobre todos ellos, de manera que los votaremos en forma conjunta.
Si no se formulan objeciones, se pasará a la firma de los dictámenes. Pido a la señora secretaria que proceda a registrar los votos de los señores diputados.
No tengo ningún otro legislador anotado para hacer uso de la palabra. Entiendo, además, que estos proyectos fueron considerados en una comisión de asesores y que hay acuerdo sobre todos ellos, de manera que los votaremos en forma conjunta.
Si no se formulan objeciones, se pasará a la firma de los dictámenes. Pido a la señora secretaria que proceda a registrar los votos de los señores diputados.
- No se formulan objeciones y se pasa a la firma del dictamen.
- Votan por la afirmativa los señores diputados Grosso, Austin, Vilar, Arce, Frizza, Fagioli, Alume Sbodio, Berhongaray, Brambilla, Camaño, Caparrós, Estévez, Fregonese, Grande, Lampreabe, Martínez (M.R.), Mendoza, Menna, Muñoz, Spósito, Uhrig, Vázquez y Zuvic, no registrándose votos por la negativa.
- No se encuentran presentes al momento de la votación los señores diputados Ansaloni, Cerruti, Cornejo, Fernández (E.), Frigerio, Iglesias, Obeid y Zamarbide.
- Al requerírsele el sentido de su voto a la señora diputada Camaño:
SRA. CAMAÑO Señora secretaria: además de confirmarle que suscribo los dictámenes, antes de que finalice esta reunión quiero expresarle mi agradecimiento por su trabajo.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Gracias a usted, señora diputada.
- Al requerírsele el sentido de su voto a la señora diputada Caparrós:
SRA. CAPARRÓS Señora secretaria: en el mismo sentido, no solo quiero manifestar mi apoyo a los dictámenes, sino también agradecerle por el acompañamiento durante el día de hoy.
SRA. SECRETARIA (FUENTES) Gracias a usted, señora diputada Caparrós.
SR. PRESIDENTE GROSSO Quedan aprobados los dictámenes.
Se recuerda a los señores diputados que deben suscribir los dictámenes mediante la firma digital. Quienes no se encontraban presentes al momento de la votación, podrán igualmente hacerlo bajo esa misma modalidad. Para ello, tendrán tiempo hasta mañana a las 20; creemos que es un plazo suficiente. Ante cualquier problema, pueden contactarse con la comisión.
Agradezco a la señora secretaria, Fabiana Fuentes, y a todo el equipo de la comisión, por el trabajo realizado, al igual que a todos los diputados y las diputadas por su participación.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Se recuerda a los señores diputados que deben suscribir los dictámenes mediante la firma digital. Quienes no se encontraban presentes al momento de la votación, podrán igualmente hacerlo bajo esa misma modalidad. Para ello, tendrán tiempo hasta mañana a las 20; creemos que es un plazo suficiente. Ante cualquier problema, pueden contactarse con la comisión.
Agradezco a la señora secretaria, Fabiana Fuentes, y a todo el equipo de la comisión, por el trabajo realizado, al igual que a todos los diputados y las diputadas por su participación.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
- Es la hora 20 y 2.