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RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 149
Secretario Administrativo DR. SAADE MARTIN OMAR
Jefe SR. OTTONE IGNACIO
Martes 14.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2132 Internos 2132/2133
crnaturales@hcdn.gov.ar
- RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO
Reunión del día 18/09/2020
- INFORMATIVA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de septiembre de 2020, a la hora 18 y 13, comienza la reunión virtual de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE GROSSO Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la cuarta reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano con el objetivo de ir construyendo una ley de humedales. Hoy tenemos una serie expositores y expositoras.
Les cuento a todos y a todas que se viene construyendo, en el marco de la comisión -además de estos espacios de audiencias públicas, donde el objetivo es escuchar todas las voces, es decir, ir sumando argumentos, perspectivas y miradas para la mejor construcción de una ley de humedales en la Argentina-, una comisión ad hoc, para decirlo de alguna manera, que viene trabajando en la unificación de los distintos proyectos que han sido presentados por diputados y diputadas, y ya lleva cumplida la cuarta reunión. Vienen trabajando intensamente para la construcción de un solo proyecto entre todas las diputadas y los diputados.
Así que para seguir trabajando, para seguir construyendo y consolidando este proceso de debate, que nos encuentra a todos y a todas con la voluntad de poder salir de este proceso con una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, en un día donde el ambientalismo de América Latina denuncia que nuestro continente está en llamas y donde los debates ambientales cada vez toman mayor relevancia en la agenda pública y política de nuestros países -por suerte, digo yo-, vamos a arrancar con esta cuarta reunión informativa de nuestra comisión.
Les voy a ir dando la palabra a cada uno y a cada una. Les voy a pedir que sean muy respetuosos con el tiempo. Tiene cinco minutos cada expositor y cada expositora, a los cuatro minutos yo les voy a marcar que queda un minuto para que vayan redondeando.
Vamos a arrancar el día de hoy con María Eugenia Testa, directora ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales, magíster en política y economía internacional con especialización de posgrado en derecho ambiental, consultora en política comunicacional ambiental y docente y fue directora política de las campañas de Greenpeace en la Argentina, Chile y Colombia hasta el año 2014.
Les cuento a todos y a todas que se viene construyendo, en el marco de la comisión -además de estos espacios de audiencias públicas, donde el objetivo es escuchar todas las voces, es decir, ir sumando argumentos, perspectivas y miradas para la mejor construcción de una ley de humedales en la Argentina-, una comisión ad hoc, para decirlo de alguna manera, que viene trabajando en la unificación de los distintos proyectos que han sido presentados por diputados y diputadas, y ya lleva cumplida la cuarta reunión. Vienen trabajando intensamente para la construcción de un solo proyecto entre todas las diputadas y los diputados.
Así que para seguir trabajando, para seguir construyendo y consolidando este proceso de debate, que nos encuentra a todos y a todas con la voluntad de poder salir de este proceso con una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, en un día donde el ambientalismo de América Latina denuncia que nuestro continente está en llamas y donde los debates ambientales cada vez toman mayor relevancia en la agenda pública y política de nuestros países -por suerte, digo yo-, vamos a arrancar con esta cuarta reunión informativa de nuestra comisión.
Les voy a ir dando la palabra a cada uno y a cada una. Les voy a pedir que sean muy respetuosos con el tiempo. Tiene cinco minutos cada expositor y cada expositora, a los cuatro minutos yo les voy a marcar que queda un minuto para que vayan redondeando.
Vamos a arrancar el día de hoy con María Eugenia Testa, directora ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales, magíster en política y economía internacional con especialización de posgrado en derecho ambiental, consultora en política comunicacional ambiental y docente y fue directora política de las campañas de Greenpeace en la Argentina, Chile y Colombia hasta el año 2014.
SRA. TESTA Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a la comisión por la invitación y nos gustaría aprovechar estos cinco minutos que tenemos para enfatizar la necesidad y la urgencia del tratamiento y la aprobación de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales.
En esta línea queremos remarcar los puntos clave que debe contener una ley de estas características. En primer lugar, en lo que se refiere a la definición, debe ser clara, por lo tanto de utilidad para la realización del inventario nacional de humedales, que es uno de los instrumentos que introducen estos proyectos de ley, y una definición tal que no genere conflictos al respecto luego de ser aprobada la norma.
En segunda instancia, en el primer instrumento que introducen los proyectos de ley, es preciso que el inventario se defina por un acuerdo científico y que sea dirigido por la autoridad nacional de aplicación, para que pueda tener una coherencia a nivel nacional.
Por otro lado, se debe procurar acelerar los tiempos en lo que respecta a la realización del inventario, estableciendo zonas prioritarias e incluyendo un presupuesto para su elaboración, a fin de que se puedan completar los niveles mínimos necesarios para hacer el ordenamiento territorial lo antes posible.
El tercer punto es el del ordenamiento territorial, que creemos que es el instrumento clave que introduce esta norma. En primer lugar, se debe contemplar para este ordenamiento que la misma norma establezca los criterios de sostenibilidad y que sean claros, y que defina las categorías de conservación y su uso.
Por otro lado, es indispensable para que el ordenamiento pueda ser lo más consensuado posible que se garantice la participación de la sociedad civil durante todo el proceso de elaboración y que, además, una vez finalizado, sea aprobado a través de una ley nacional y ratificado por las legislaturas provinciales para dar espacio al debate político a nivel provincial.
El cuarto punto que queremos mencionar es que la ley debe introducir necesariamente una moratoria a las actividades nuevas en tanto se realicen el inventario y, luego, el ordenamiento territorial. Esto debe ser así sobre la base de dos puntos que queremos remarcar. En principio, para que el territorio que se esté ordenando no sea modificado durante el proceso en el que se estén llevando adelante tanto el inventario como el ordenamiento. Pero, en segunda instancia, además, porque una moratoria garantiza la concreción de ambos instrumentos y además los agiliza, y empuja a las provincias a la implementación de la norma.
Y, por último, queremos señalar que se debe garantizar el acceso a los fondos para las jurisdicciones. En primer término, se debe garantizar el acceso para poder llevar adelante todo el proceso de los ordenamientos territoriales con todos los requerimientos que la norma establezca y, en segundo lugar, para compensar a las jurisdicciones y a los actores privados por aquellas zonas que sean intangibles o que requieran de aprovechamiento sostenible con características específicas.
En esta línea queremos remarcar los puntos clave que debe contener una ley de estas características. En primer lugar, en lo que se refiere a la definición, debe ser clara, por lo tanto de utilidad para la realización del inventario nacional de humedales, que es uno de los instrumentos que introducen estos proyectos de ley, y una definición tal que no genere conflictos al respecto luego de ser aprobada la norma.
En segunda instancia, en el primer instrumento que introducen los proyectos de ley, es preciso que el inventario se defina por un acuerdo científico y que sea dirigido por la autoridad nacional de aplicación, para que pueda tener una coherencia a nivel nacional.
Por otro lado, se debe procurar acelerar los tiempos en lo que respecta a la realización del inventario, estableciendo zonas prioritarias e incluyendo un presupuesto para su elaboración, a fin de que se puedan completar los niveles mínimos necesarios para hacer el ordenamiento territorial lo antes posible.
El tercer punto es el del ordenamiento territorial, que creemos que es el instrumento clave que introduce esta norma. En primer lugar, se debe contemplar para este ordenamiento que la misma norma establezca los criterios de sostenibilidad y que sean claros, y que defina las categorías de conservación y su uso.
Por otro lado, es indispensable para que el ordenamiento pueda ser lo más consensuado posible que se garantice la participación de la sociedad civil durante todo el proceso de elaboración y que, además, una vez finalizado, sea aprobado a través de una ley nacional y ratificado por las legislaturas provinciales para dar espacio al debate político a nivel provincial.
El cuarto punto que queremos mencionar es que la ley debe introducir necesariamente una moratoria a las actividades nuevas en tanto se realicen el inventario y, luego, el ordenamiento territorial. Esto debe ser así sobre la base de dos puntos que queremos remarcar. En principio, para que el territorio que se esté ordenando no sea modificado durante el proceso en el que se estén llevando adelante tanto el inventario como el ordenamiento. Pero, en segunda instancia, además, porque una moratoria garantiza la concreción de ambos instrumentos y además los agiliza, y empuja a las provincias a la implementación de la norma.
Y, por último, queremos señalar que se debe garantizar el acceso a los fondos para las jurisdicciones. En primer término, se debe garantizar el acceso para poder llevar adelante todo el proceso de los ordenamientos territoriales con todos los requerimientos que la norma establezca y, en segundo lugar, para compensar a las jurisdicciones y a los actores privados por aquellas zonas que sean intangibles o que requieran de aprovechamiento sostenible con características específicas.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra Juan José Neiff, que es profesor en ciencias naturales, magíster en ecología acuática continental y doctor en biología, investigador principal del CONICET y miembro del Comité Científico Técnico de la Convención Internacional de Humedales (Ramsar) en representación de la Región Neotropical (2006-2008).
SR. NEIFF Señor presidente: quiero agradecer antes que nada a la comisión la deferencia, el honor que me brinda de comentar con ustedes algunos aspectos que creo que son importantes a la hora de pensar en una ley nacional.
En primer lugar, toda ley debe identificar adecuadamente el objeto, establecer las características del mismo, la variabilidad espacial y temporal, lo cual es un poco dificultoso en los humedales. Yo pienso que surgirán conflictos y posiblemente litigios entre sectores y usuarios del recurso.
La Argentina ha adherido a la Convención Internacional de Humedales de Ramsar por ley 23.919 y luego a través de la ley 25.335 se aprueban las enmiendas adoptadas por la Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratantes. Esas leyes están vigentes; por lo tanto, la Argentina, al no haber hecho ninguna reserva al momento de su promulgación en cuanto a la definición, debiera utilizar esa definición.
En 2016, en una reunión que tuvimos en la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se consensuó una definición que yo di en 1994 y es la que está en la mayoría de los proyectos de ley que he podido leer. Sin embargo, creo que puede haber un aspecto formal en el sentido que he mencionado de la adhesión a la Convención de Ramsar.
El otro problema que veo es que los humedales son sistemas elásticos y es así que en los distintos proyectos, al tomar la superficie de los humedales, se consideran distintas superficies como 11, 23, 25 por ciento, lo cual no es un error de los señores legisladores, es un problema del objeto mismo. Por ejemplo, el humedal del río Paraná puede variar entre 1 y 10 veces su superficie en tanto se consideren aguas altas o una situación de seca, como la que tenemos ahora. El bañado La Estrella, en Formosa, puede variar entre 10 y 12 veces; hoy está seco. Entonces establecer el límite de nuestro objeto que estamos tratando de por sí es un problema.
El otro tema a considerar es que los humedales son un objeto polifacético, no se puede abordar con una sola palabra todos los humedales, porque una cosa es un humedal pluvial, como podría ser el Delta o la región del Paraná en general, y otra es un lago, como podrían ser los lagos de Córdoba o los lagos del sur, aunque éstos no entrarían en la definición de Ramsar porque son muy profundos. Esto hace que sea muy difícil tratar una misma legislación para todos los humedales.
Otra cuestión que me parece importante plantear es que si bien la Constitución Nacional, en su artículo 41, acuerda el establecimiento de los principios mínimos de manejo de recursos naturales a la Nación, el artículo 124 de la Constitución de 1994 da la potestad de los recursos naturales a las provincias. Por esta razón, entiendo que las provincias tienen derecho a que se respeten sus diferencias en cuanto al objeto de la ley de humedales y a lo que se defina como aprovechamiento sostenible. Hay provincias o localidades que están construidas sobre humedales, como es el caso de Santa Fe, de Resistencia y de Clorinda. Los humedales urbanos son una cosa y los humedales rurales otra.
Una cuestión que me parece importante tener en cuenta es el estado de conservación que tienen los humedales en distintas partes del país. Corrientes y Misiones, por ejemplo, son provincias que tienen muy bien conservados sus recursos naturales. Corrientes tiene 15.000 kilómetros cuadrados de humedales y el 15 por ciento de la provincia está bajo régimen de conservación de parques, de reservas y de reservas privadas.
Esto no es lo que pasa en Buenos Aires o Entre Ríos, donde vimos serios problemas con las quemas, con la ocupación por desarrollos inmobiliarios y otras cuestiones más. Entonces, la estrategia de tratamiento para cada caso es necesariamente distinta y no puede ser abordada en una sola ley, que es lo que estamos viendo.
En otro sentido, recientemente se planteó un amparo, que la Corte Suprema de Justicia resolvió en base al tema de las quemas en el Delta. En dicho caso, la Corte no hizo ningún planteo con respecto a la falta de legislación para resolver el problema. Lo hizo en base a la normativa vigente en el artículo 41 de la Ley General del Ambiente y la Ley de Control de Quemas. Creo que la situación de cada provincia es distinta y no se puede generalizar. Por lo tanto, cada provincia deberá considerar la necesidad de una ley de humedales o no.
En primer lugar, toda ley debe identificar adecuadamente el objeto, establecer las características del mismo, la variabilidad espacial y temporal, lo cual es un poco dificultoso en los humedales. Yo pienso que surgirán conflictos y posiblemente litigios entre sectores y usuarios del recurso.
La Argentina ha adherido a la Convención Internacional de Humedales de Ramsar por ley 23.919 y luego a través de la ley 25.335 se aprueban las enmiendas adoptadas por la Conferencia Extraordinaria de las Partes Contratantes. Esas leyes están vigentes; por lo tanto, la Argentina, al no haber hecho ninguna reserva al momento de su promulgación en cuanto a la definición, debiera utilizar esa definición.
En 2016, en una reunión que tuvimos en la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se consensuó una definición que yo di en 1994 y es la que está en la mayoría de los proyectos de ley que he podido leer. Sin embargo, creo que puede haber un aspecto formal en el sentido que he mencionado de la adhesión a la Convención de Ramsar.
El otro problema que veo es que los humedales son sistemas elásticos y es así que en los distintos proyectos, al tomar la superficie de los humedales, se consideran distintas superficies como 11, 23, 25 por ciento, lo cual no es un error de los señores legisladores, es un problema del objeto mismo. Por ejemplo, el humedal del río Paraná puede variar entre 1 y 10 veces su superficie en tanto se consideren aguas altas o una situación de seca, como la que tenemos ahora. El bañado La Estrella, en Formosa, puede variar entre 10 y 12 veces; hoy está seco. Entonces establecer el límite de nuestro objeto que estamos tratando de por sí es un problema.
El otro tema a considerar es que los humedales son un objeto polifacético, no se puede abordar con una sola palabra todos los humedales, porque una cosa es un humedal pluvial, como podría ser el Delta o la región del Paraná en general, y otra es un lago, como podrían ser los lagos de Córdoba o los lagos del sur, aunque éstos no entrarían en la definición de Ramsar porque son muy profundos. Esto hace que sea muy difícil tratar una misma legislación para todos los humedales.
Otra cuestión que me parece importante plantear es que si bien la Constitución Nacional, en su artículo 41, acuerda el establecimiento de los principios mínimos de manejo de recursos naturales a la Nación, el artículo 124 de la Constitución de 1994 da la potestad de los recursos naturales a las provincias. Por esta razón, entiendo que las provincias tienen derecho a que se respeten sus diferencias en cuanto al objeto de la ley de humedales y a lo que se defina como aprovechamiento sostenible. Hay provincias o localidades que están construidas sobre humedales, como es el caso de Santa Fe, de Resistencia y de Clorinda. Los humedales urbanos son una cosa y los humedales rurales otra.
Una cuestión que me parece importante tener en cuenta es el estado de conservación que tienen los humedales en distintas partes del país. Corrientes y Misiones, por ejemplo, son provincias que tienen muy bien conservados sus recursos naturales. Corrientes tiene 15.000 kilómetros cuadrados de humedales y el 15 por ciento de la provincia está bajo régimen de conservación de parques, de reservas y de reservas privadas.
Esto no es lo que pasa en Buenos Aires o Entre Ríos, donde vimos serios problemas con las quemas, con la ocupación por desarrollos inmobiliarios y otras cuestiones más. Entonces, la estrategia de tratamiento para cada caso es necesariamente distinta y no puede ser abordada en una sola ley, que es lo que estamos viendo.
En otro sentido, recientemente se planteó un amparo, que la Corte Suprema de Justicia resolvió en base al tema de las quemas en el Delta. En dicho caso, la Corte no hizo ningún planteo con respecto a la falta de legislación para resolver el problema. Lo hizo en base a la normativa vigente en el artículo 41 de la Ley General del Ambiente y la Ley de Control de Quemas. Creo que la situación de cada provincia es distinta y no se puede generalizar. Por lo tanto, cada provincia deberá considerar la necesidad de una ley de humedales o no.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra la señora Maristella Svampa, socióloga, escritora e investigadora del Conicet. Hace muy poquito publicó el libro El colapso ecológico ya llegó.
SRA. SVAMPA Señor presidente: muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Mi perspectiva trata de abordar la temática más general. Quiero comenzar diciendo que en el mundo existen líderes políticos negacionistas en relación con el cambio climático, como Trump, Bolsonaro o Scott Morrison, en Australia. Nadie ignora acerca de su peligrosidad, pero ya no existen discusiones en el campo científico acerca del carácter antrópico de los cambios.
Hay un consenso científico acerca de si son las acciones humanas y los modelos actuales de desarrollo los responsables de la crisis climática, de la pérdida de biodiversidad y otros temas más que hoy amenazan la vida en el planeta. Este consenso científico insiste también en la necesidad de modificar los modelos de desarrollo a través de políticas públicas que protejan los bienes naturales y también de instalar una agenda urgente de transición socioecológica.
Poco antes de la pandemia, once mil científicos firmaron una declaración en la cual confirmaron la aceleración del cambio climático y llamaron a instalar medidas drásticas, cambios severos en los modelos de desarrollo para hacer frente a esto. Cuando se habla de la crisis climática no se habla solamente de los impactos relacionados con los eventos extremos, sino que esto está asociado a dinámicas locales y territoriales que ilustran modelos de desarrollo insustentables, por ejemplo, los que hay en nuestro país.
En segundo lugar, la clase política y la élite económica argentina parecen ajenas a la discusión de estas problemáticas socioambientales y a la emergencia que estamos atravesando. La cuestión ambiental tuvo gran dificultad para entrar en la agenda pública y política, como sucedió con la ley de bosques que probablemente habrá que revisar para fortalecerla. Hace diez años, se aprobó la ley nacional de glaciares con una gran oposición del lobby minero expresado abiertamente en la voz de ciertos senadores.
Esta es la tercera vez que se trata un proyecto de ley de humedales y muchos expertos insistieron que estamos ante ecosistemas frágiles que son reguladores hídricos y que, en un contexto de crisis climática, los numerosos servicios ecosistémicos que brindan son más importantes que nunca.
En los últimos meses asistimos a un crimen ambiental de grandes proporciones en el Delta. La superficie incendiada es de 200.000 hectáreas o más en las islas del Paraná. Esta no es la primera vez, pero en el contexto de sequía que se señalaba debido al cambio climático y a la voracidad de los intereses empresariales sojeros, ganaderos e inmobiliarios, se incrementó la dimensión de este crimen ambiental.
A los intereses económicos que van en esa línea hay que añadir -lo voy a decir provocativamente- el analfabetismo ambiental que recorre a nuestra élite económica y a nuestra clase política. Porque, salvo excepciones, la cuestión ambiental se convirtió en un punto ciego, no conceptualizable, que desborda las diferencias políticas e ideológicas, más allá de cualquier polarización.
Esta ceguera -creo yo- está ligada a que las demandas ambientales o socioambientales son molestas e incomodan, no solo porque cuestionan grandes intereses económicos, sino también porque exigen otro modo de ver las cosas, otro vínculo con la naturaleza, otros modos de producir y habitar el territorio. Generan incomodidad porque ponen de manifiesto una ceguera ligada a la afirmación de determinados modelos de desarrollo que siguen apostando al crecimiento indefinido y al discurso del progreso. Además, no reducen las brechas de la desigualdad, afectan a los sectores más vulnerables y son responsables de la destrucción de valiosos ecosistemas y de esta catástrofe ambiental que estamos viviendo.
Enrique Leff, ecologista político, dice que esta ceguera muestra una falla en la comprensión de las condiciones de vida. Esta ceguera asienta las bases de un extendido analfabetismo ambiental -creo yo- que niega la ciencia e implica una fuga hacia adelante.
Algunos hablan de la sustentabilidad, es cierto, pero lo hacen de manera muy superficial. Para muchos, lo ambiental termina siendo un saludo a la bandera, una mera formalidad carente de contenido. En realidad, no modifican en nada su visión productivista del desarrollo; en cuanto el último incendio abandona la portada de los diarios, sonríen pensando que ya se acabó todo, que no hay nada que discutir, que la gente se va a olvidar, y todo seguirá como antes.
Esta vez no; la sociedad argentina está cada vez más movilizada por cuestiones ambientales. Cada vez hay más organizaciones socioambientales que se movilizan y promueven demandas de protección de nuestros bienes comunes. Cada vez se movilizan más jóvenes, mujeres y hombres que hoy tienen un protagonismo central en la agenda pública. Cada vez hay más sectores de la sociedad que son conscientes de la necesidad de salir de esta ignorancia o de este analfabetismo ambiental. Inclusive, el mundo de la cultura se ha movilizado en los últimos tiempos en función de esto y está reclamando una ley de protección de humedales. En esta pandemia, uno de los datos más relevantes fue el protagonismo y la importancia de las cuestiones ambientales.
Para ir cerrando dejo algunas preguntas. ¿Qué hará este Congreso? ¿Estará a altura de este desafío? ¿Saldrá de su zona de confort o seguirá insistiendo en el negacionismo climático, en la ceguera y en el analfabetismo ambiental para no aprobar esta ley? ¿Saldrá de la zona de confort, que implica confrontar con los intereses empresariales que están detrás del lobby que se opone a la ley de humedales, y que además en algunas provincias agrega intereses mineros e inclusive arroceros? ¿Le dará la espalda a una sociedad que hoy exige esta ley? ¿Le dará la espalda a la ciencia, que está reclamando una modificación de los modelos de desarrollo?
Para finalizar, recuerdo que hace diez años, cuando discutimos la Ley Nacional de Glaciares, que se aprobó por solo dos o tres votos, varios senadores dijeron que era hora de poner límites a las compañías mineras, es decir, a los intereses empresariales que solo buscan la rentabilidad económica de unos pocos. Hoy, en plena emergencia climática, e inclusive en el marco de una pandemia con orígenes socioambientales, el desafío y la urgencia son aún mayores.
Está en ustedes tomar esta oportunidad histórica para poner límites a los intereses empresariales que se oponen a esta ley; para aprobar una ley que arroje un inventario y un ordenamiento territorial, que instale una moratoria a las actividades nuevas y que penalice a quienes destruyen este ecosistema tan valioso; y para avanzar como clase política -junto con la sociedad y con la ciencia- en una agenda de protección de nuestros bienes comunes y de nuestra casa común, para abrir, finalmente, una discusión seria sobre la urgencia de una transición justa y socioecológica.
Mi perspectiva trata de abordar la temática más general. Quiero comenzar diciendo que en el mundo existen líderes políticos negacionistas en relación con el cambio climático, como Trump, Bolsonaro o Scott Morrison, en Australia. Nadie ignora acerca de su peligrosidad, pero ya no existen discusiones en el campo científico acerca del carácter antrópico de los cambios.
Hay un consenso científico acerca de si son las acciones humanas y los modelos actuales de desarrollo los responsables de la crisis climática, de la pérdida de biodiversidad y otros temas más que hoy amenazan la vida en el planeta. Este consenso científico insiste también en la necesidad de modificar los modelos de desarrollo a través de políticas públicas que protejan los bienes naturales y también de instalar una agenda urgente de transición socioecológica.
Poco antes de la pandemia, once mil científicos firmaron una declaración en la cual confirmaron la aceleración del cambio climático y llamaron a instalar medidas drásticas, cambios severos en los modelos de desarrollo para hacer frente a esto. Cuando se habla de la crisis climática no se habla solamente de los impactos relacionados con los eventos extremos, sino que esto está asociado a dinámicas locales y territoriales que ilustran modelos de desarrollo insustentables, por ejemplo, los que hay en nuestro país.
En segundo lugar, la clase política y la élite económica argentina parecen ajenas a la discusión de estas problemáticas socioambientales y a la emergencia que estamos atravesando. La cuestión ambiental tuvo gran dificultad para entrar en la agenda pública y política, como sucedió con la ley de bosques que probablemente habrá que revisar para fortalecerla. Hace diez años, se aprobó la ley nacional de glaciares con una gran oposición del lobby minero expresado abiertamente en la voz de ciertos senadores.
Esta es la tercera vez que se trata un proyecto de ley de humedales y muchos expertos insistieron que estamos ante ecosistemas frágiles que son reguladores hídricos y que, en un contexto de crisis climática, los numerosos servicios ecosistémicos que brindan son más importantes que nunca.
En los últimos meses asistimos a un crimen ambiental de grandes proporciones en el Delta. La superficie incendiada es de 200.000 hectáreas o más en las islas del Paraná. Esta no es la primera vez, pero en el contexto de sequía que se señalaba debido al cambio climático y a la voracidad de los intereses empresariales sojeros, ganaderos e inmobiliarios, se incrementó la dimensión de este crimen ambiental.
A los intereses económicos que van en esa línea hay que añadir -lo voy a decir provocativamente- el analfabetismo ambiental que recorre a nuestra élite económica y a nuestra clase política. Porque, salvo excepciones, la cuestión ambiental se convirtió en un punto ciego, no conceptualizable, que desborda las diferencias políticas e ideológicas, más allá de cualquier polarización.
Esta ceguera -creo yo- está ligada a que las demandas ambientales o socioambientales son molestas e incomodan, no solo porque cuestionan grandes intereses económicos, sino también porque exigen otro modo de ver las cosas, otro vínculo con la naturaleza, otros modos de producir y habitar el territorio. Generan incomodidad porque ponen de manifiesto una ceguera ligada a la afirmación de determinados modelos de desarrollo que siguen apostando al crecimiento indefinido y al discurso del progreso. Además, no reducen las brechas de la desigualdad, afectan a los sectores más vulnerables y son responsables de la destrucción de valiosos ecosistemas y de esta catástrofe ambiental que estamos viviendo.
Enrique Leff, ecologista político, dice que esta ceguera muestra una falla en la comprensión de las condiciones de vida. Esta ceguera asienta las bases de un extendido analfabetismo ambiental -creo yo- que niega la ciencia e implica una fuga hacia adelante.
Algunos hablan de la sustentabilidad, es cierto, pero lo hacen de manera muy superficial. Para muchos, lo ambiental termina siendo un saludo a la bandera, una mera formalidad carente de contenido. En realidad, no modifican en nada su visión productivista del desarrollo; en cuanto el último incendio abandona la portada de los diarios, sonríen pensando que ya se acabó todo, que no hay nada que discutir, que la gente se va a olvidar, y todo seguirá como antes.
Esta vez no; la sociedad argentina está cada vez más movilizada por cuestiones ambientales. Cada vez hay más organizaciones socioambientales que se movilizan y promueven demandas de protección de nuestros bienes comunes. Cada vez se movilizan más jóvenes, mujeres y hombres que hoy tienen un protagonismo central en la agenda pública. Cada vez hay más sectores de la sociedad que son conscientes de la necesidad de salir de esta ignorancia o de este analfabetismo ambiental. Inclusive, el mundo de la cultura se ha movilizado en los últimos tiempos en función de esto y está reclamando una ley de protección de humedales. En esta pandemia, uno de los datos más relevantes fue el protagonismo y la importancia de las cuestiones ambientales.
Para ir cerrando dejo algunas preguntas. ¿Qué hará este Congreso? ¿Estará a altura de este desafío? ¿Saldrá de su zona de confort o seguirá insistiendo en el negacionismo climático, en la ceguera y en el analfabetismo ambiental para no aprobar esta ley? ¿Saldrá de la zona de confort, que implica confrontar con los intereses empresariales que están detrás del lobby que se opone a la ley de humedales, y que además en algunas provincias agrega intereses mineros e inclusive arroceros? ¿Le dará la espalda a una sociedad que hoy exige esta ley? ¿Le dará la espalda a la ciencia, que está reclamando una modificación de los modelos de desarrollo?
Para finalizar, recuerdo que hace diez años, cuando discutimos la Ley Nacional de Glaciares, que se aprobó por solo dos o tres votos, varios senadores dijeron que era hora de poner límites a las compañías mineras, es decir, a los intereses empresariales que solo buscan la rentabilidad económica de unos pocos. Hoy, en plena emergencia climática, e inclusive en el marco de una pandemia con orígenes socioambientales, el desafío y la urgencia son aún mayores.
Está en ustedes tomar esta oportunidad histórica para poner límites a los intereses empresariales que se oponen a esta ley; para aprobar una ley que arroje un inventario y un ordenamiento territorial, que instale una moratoria a las actividades nuevas y que penalice a quienes destruyen este ecosistema tan valioso; y para avanzar como clase política -junto con la sociedad y con la ciencia- en una agenda de protección de nuestros bienes comunes y de nuestra casa común, para abrir, finalmente, una discusión seria sobre la urgencia de una transición justa y socioecológica.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, Maristella.
Tiene la palabra Jessica Vega, indígena Mixteca. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM y coordinadora de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y El Caribe.
Tiene la palabra Jessica Vega, indígena Mixteca. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM y coordinadora de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y El Caribe.
SRA. VEGA Sí.
La oradora se expresa en lengua indígena.
SRA. VEGA Saludo a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir este espacio.
En primer lugar, me gustaría enfocarme en reconocer que los pueblos indígenas han sido protectores del 80 por ciento de la biodiversidad de este planeta y, sin embargo, tienen en su poder territorial solo el 11 por ciento de dichas tierras.
No podemos negar que existen intereses monetarios que afectan, de manera devastadora, el cambio climático. Actualmente, lo estamos viviendo justamente con la pandemia ante la invasión de las áreas naturales protegidas, que están causando procesos de zoonosis. Estamos viendo el enorme impacto que está causando esta situación.
El COVID-19 nos ha hecho vivir un proceso complicado y ha permitido que surjan reflexiones y cuestionamientos hacia el modelo capitalista. Existe una conjunción constante entre lo que significa el desarrollo y lo que realmente implica.
Por eso, es urgente crear estas políticas conscientes de las realidades globales y prevenir estas futuras pandemias, en las que se incluya también la voz de los pueblos indígenas y se reconozca su trabajo constante en la protección hacia la biodiversidad.
Me gustaría reconocer la importancia de implementar acciones reglamentarias jurídicas -como esta ley de humedales- porque pueden sentar un precedente para nuestra región y nos pueden guiar hacia acciones que protejan el medioambiente, cuidando tanto a la sociedad como a los pueblos indígenas, y marcando el respeto de los marcos jurídicos internacionales, como el consentimiento libre, previo e informado.
Los marcos jurídicos son fundamentales para la participación consciente de la ciudadanía, de todos los que habitamos la Tierra. Actualmente, estamos viviendo una situación crítica, que aunque sucedió en otra comunidad, nos impacta a todos. Aunque yo no soy de la Argentina, soy consciente de ello. Cualquier intervención que no esté bien ejecutada puede perjudicar al mundo entero.
Lo estamos viviendo. No se trata solamente de quién comió o no comió un murciélago, sino de quién está comprometido para proteger la vida misma. No podemos dejar ese trabajo solamente en manos de los medioambientalistas, los indígenas, los políticos o los congresistas. Ese compromiso es una obligación de todas y todos, porque todos contaminamos y todos somos dependientes de estas cadenas masivas de consumo.
Debemos reflexionar en el contexto de la pandemia. Justamente, en el marco de la agenda 2030, solamente contamos con diez años para cumplir estas metas, y realmente hoy estamos muy por debajo de estos objetivos.
Invito a los congresistas a poner atención en las voces de los pueblos indígenas de su Nación. Pido que los pueblos guaraníes y quechuas estén incluidos -y que todos los pueblos lo estén- en estos procesos de manera efectiva y eficaz.
Sé que las acciones de mi país pueden repercutir en el mundo. Por eso, me preocupo y estoy en acción constante. Debemos enfrentarnos a las acciones violentas como las que suceden en México. Allí nos enfrentamos a una acción violenta y constante, confusa incluso para los defensores y promotores activistas del medioambiente, del territorio y de la vida.
Allí hemos vivido procesos en donde el mismísimo ministro de Ambiente ha sido atacado por querer poner límites a la invasión de utilización de agroquímicos en las tierras mexicanas. Esto me hace pensar en qué nos espera a nosotros, a los pueblos indígenas que estamos defendiendo el territorio.
En primer lugar, me gustaría enfocarme en reconocer que los pueblos indígenas han sido protectores del 80 por ciento de la biodiversidad de este planeta y, sin embargo, tienen en su poder territorial solo el 11 por ciento de dichas tierras.
No podemos negar que existen intereses monetarios que afectan, de manera devastadora, el cambio climático. Actualmente, lo estamos viviendo justamente con la pandemia ante la invasión de las áreas naturales protegidas, que están causando procesos de zoonosis. Estamos viendo el enorme impacto que está causando esta situación.
El COVID-19 nos ha hecho vivir un proceso complicado y ha permitido que surjan reflexiones y cuestionamientos hacia el modelo capitalista. Existe una conjunción constante entre lo que significa el desarrollo y lo que realmente implica.
Por eso, es urgente crear estas políticas conscientes de las realidades globales y prevenir estas futuras pandemias, en las que se incluya también la voz de los pueblos indígenas y se reconozca su trabajo constante en la protección hacia la biodiversidad.
Me gustaría reconocer la importancia de implementar acciones reglamentarias jurídicas -como esta ley de humedales- porque pueden sentar un precedente para nuestra región y nos pueden guiar hacia acciones que protejan el medioambiente, cuidando tanto a la sociedad como a los pueblos indígenas, y marcando el respeto de los marcos jurídicos internacionales, como el consentimiento libre, previo e informado.
Los marcos jurídicos son fundamentales para la participación consciente de la ciudadanía, de todos los que habitamos la Tierra. Actualmente, estamos viviendo una situación crítica, que aunque sucedió en otra comunidad, nos impacta a todos. Aunque yo no soy de la Argentina, soy consciente de ello. Cualquier intervención que no esté bien ejecutada puede perjudicar al mundo entero.
Lo estamos viviendo. No se trata solamente de quién comió o no comió un murciélago, sino de quién está comprometido para proteger la vida misma. No podemos dejar ese trabajo solamente en manos de los medioambientalistas, los indígenas, los políticos o los congresistas. Ese compromiso es una obligación de todas y todos, porque todos contaminamos y todos somos dependientes de estas cadenas masivas de consumo.
Debemos reflexionar en el contexto de la pandemia. Justamente, en el marco de la agenda 2030, solamente contamos con diez años para cumplir estas metas, y realmente hoy estamos muy por debajo de estos objetivos.
Invito a los congresistas a poner atención en las voces de los pueblos indígenas de su Nación. Pido que los pueblos guaraníes y quechuas estén incluidos -y que todos los pueblos lo estén- en estos procesos de manera efectiva y eficaz.
Sé que las acciones de mi país pueden repercutir en el mundo. Por eso, me preocupo y estoy en acción constante. Debemos enfrentarnos a las acciones violentas como las que suceden en México. Allí nos enfrentamos a una acción violenta y constante, confusa incluso para los defensores y promotores activistas del medioambiente, del territorio y de la vida.
Allí hemos vivido procesos en donde el mismísimo ministro de Ambiente ha sido atacado por querer poner límites a la invasión de utilización de agroquímicos en las tierras mexicanas. Esto me hace pensar en qué nos espera a nosotros, a los pueblos indígenas que estamos defendiendo el territorio.
SR. PRESIDENTE GROSSO Le queda un minuto, señora Vega.
SRA. VEGA Es hora de avanzar, porque los incendios forestales son cada vez más frecuentes y con mayor intensidad. Los lagos y los ríos se están secando. En mi localidad, en Valle de Chalco, los empresarios están secando la laguna Xico al tirar sus desechos. Están rellenando lagos, pasando por encima de todo y pensando solamente en enriquecerse a través de construcciones de casas sobre los humedales y de la propia vida.
Debemos dar el ejemplo y sembrar esta semilla en las juventudes. Nosotros estamos listos; no queremos volver a una "nueva normalidad", queremos volver a la Tierra. Los invito a volver a la Tierra. Gracias.
Debemos dar el ejemplo y sembrar esta semilla en las juventudes. Nosotros estamos listos; no queremos volver a una "nueva normalidad", queremos volver a la Tierra. Los invito a volver a la Tierra. Gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, Jessica.
Tiene la palabra Paloma Costa Oliveira, miembro de Youth Advisory Group, del secretario general de la ONU.
Tiene la palabra Paloma Costa Oliveira, miembro de Youth Advisory Group, del secretario general de la ONU.
SRA. COSTA OLIVEIRA Muchas gracias por la invitación.
Me llamo Paloma Costa y soy de Brasil, así que les pido perdón por mi español si no alcanzan a comprenderme.
Yo quiero hablar sobre algo muy sencillo. Creo que todos sabemos que el mundo está en llamas. Actualmente, estamos enfrentando una triple crisis: la del clima, la de la vulnerabilidad a nuevas enfermedades, y también una crisis económica, social, sistémica y de masiva pérdida de nuestra vida y de nuestra biodiversidad. Esto sí es culpa de cada uno de nosotros, y es nuestra responsabilidad, como ciudadanos globales, hacer algo al respecto.
En mi país tuvimos la peor sequía en 47 años. El Pantanal, que es uno de los principales biomas que hacen frontera con la Amazonia, quedó con el 15 ciento de su bioma completamente quemado. Se perdieron 2,3 millones de hectáreas. La Amazonia -nuestra floresta, nuestro bosque, nuestra madre- casi llega a su punto de inflexión. Su punto de inflexión está entre el 20 y el 25 por ciento. Hoy, tenemos el 19 por ciento de la Amazonia desforestada. Todo esto sucedió en dos años. Antes teníamos el 16, pero en poquitos años desforestaron casi todo.
Es inaceptable. Nuestras vidas no pueden entrar en negociación, no están en negociación, no se venden. Lo peor es que las respuestas a estas prácticas significan el más grande retroceso de la legislación socioambiental en Brasil.
Actualmente, mis compañeros en la articulación con los pueblos indígenas de Brasil están siendo acusados por nuestro vicepresidente en Twitter solamente por estar manifestándose ante la realidad que vivimos aquí. La gente, principalmente quienes están en una posición de toma de decisiones, nos dice que estamos traicionando a nuestra Nación. Esto no es traición; es democracia. Como poblaciones y principalmente juventudes, líderes del ahora y del futuro, tenemos el derecho intergeneracional a participar de estos espacios en los que se toman decisiones sobre nuestras vidas. Sólo así llegaremos a decisiones y a caminos que nos contemplen a todos y que traigan seguridad jurídica en esta conversación, pues si no hay acuerdo, no hay aseguranza.
Es por ello que es clave entender que para garantizar en este proceso una participación efectiva de todos -pueblos indígenas y juventudes- es necesario tener transparencia, accountability, acceso a la información y educación; pero nada de esto importa si no hay un sistema completo que permita elevar la educación y garantizarla a todos.
El medioambiente no tiene fronteras; por eso, quiero decirles que lo que pasa acá, en Brasil, se refleja en la Argentina y en toda América Latina. Lo que sucede en nuestro territorio es nuestra responsabilidad.
Por eso, quiero saludar a mis amigos de Argentina de la organización Jóvenes por el Clima. Si tengo alguna esperanza en el futuro, se debe a la movilización de la juventud. De hecho, hoy mismo lanzamos nuestra campaña "Latinoamérica en llamas" y necesitamos todo su apoyo como diputados tomadores de decisiones y como ciudadanos latinoamericanos, porque la única forma de recuperarnos de este mundo que está enfermo es a través del afecto y en comunidad.
Muchas gracias por el espacio; espero que siempre estemos en unión.
Me llamo Paloma Costa y soy de Brasil, así que les pido perdón por mi español si no alcanzan a comprenderme.
Yo quiero hablar sobre algo muy sencillo. Creo que todos sabemos que el mundo está en llamas. Actualmente, estamos enfrentando una triple crisis: la del clima, la de la vulnerabilidad a nuevas enfermedades, y también una crisis económica, social, sistémica y de masiva pérdida de nuestra vida y de nuestra biodiversidad. Esto sí es culpa de cada uno de nosotros, y es nuestra responsabilidad, como ciudadanos globales, hacer algo al respecto.
En mi país tuvimos la peor sequía en 47 años. El Pantanal, que es uno de los principales biomas que hacen frontera con la Amazonia, quedó con el 15 ciento de su bioma completamente quemado. Se perdieron 2,3 millones de hectáreas. La Amazonia -nuestra floresta, nuestro bosque, nuestra madre- casi llega a su punto de inflexión. Su punto de inflexión está entre el 20 y el 25 por ciento. Hoy, tenemos el 19 por ciento de la Amazonia desforestada. Todo esto sucedió en dos años. Antes teníamos el 16, pero en poquitos años desforestaron casi todo.
Es inaceptable. Nuestras vidas no pueden entrar en negociación, no están en negociación, no se venden. Lo peor es que las respuestas a estas prácticas significan el más grande retroceso de la legislación socioambiental en Brasil.
Actualmente, mis compañeros en la articulación con los pueblos indígenas de Brasil están siendo acusados por nuestro vicepresidente en Twitter solamente por estar manifestándose ante la realidad que vivimos aquí. La gente, principalmente quienes están en una posición de toma de decisiones, nos dice que estamos traicionando a nuestra Nación. Esto no es traición; es democracia. Como poblaciones y principalmente juventudes, líderes del ahora y del futuro, tenemos el derecho intergeneracional a participar de estos espacios en los que se toman decisiones sobre nuestras vidas. Sólo así llegaremos a decisiones y a caminos que nos contemplen a todos y que traigan seguridad jurídica en esta conversación, pues si no hay acuerdo, no hay aseguranza.
Es por ello que es clave entender que para garantizar en este proceso una participación efectiva de todos -pueblos indígenas y juventudes- es necesario tener transparencia, accountability, acceso a la información y educación; pero nada de esto importa si no hay un sistema completo que permita elevar la educación y garantizarla a todos.
El medioambiente no tiene fronteras; por eso, quiero decirles que lo que pasa acá, en Brasil, se refleja en la Argentina y en toda América Latina. Lo que sucede en nuestro territorio es nuestra responsabilidad.
Por eso, quiero saludar a mis amigos de Argentina de la organización Jóvenes por el Clima. Si tengo alguna esperanza en el futuro, se debe a la movilización de la juventud. De hecho, hoy mismo lanzamos nuestra campaña "Latinoamérica en llamas" y necesitamos todo su apoyo como diputados tomadores de decisiones y como ciudadanos latinoamericanos, porque la única forma de recuperarnos de este mundo que está enfermo es a través del afecto y en comunidad.
Muchas gracias por el espacio; espero que siempre estemos en unión.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, Paloma. Saludos para todos tus compatriotas.
Tiene la palabra Silvia Abral, mujer de Laya Los Andes Marka y Ayllus Wayatayoc -espero haberlo dicho bien, pero creo que no-, de Río Grande, Red de Mujeres del Buen Vivir.
Tiene la palabra Silvia Abral, mujer de Laya Los Andes Marka y Ayllus Wayatayoc -espero haberlo dicho bien, pero creo que no-, de Río Grande, Red de Mujeres del Buen Vivir.
- Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE GROSSO No está presente. Luego, intentaremos de nuevo.
A continuación, tienen la palabra Ariana Krochik y Mijael Kaufman, de Consciente Colectivo, quienes van a compartir el tiempo.
A continuación, tienen la palabra Ariana Krochik y Mijael Kaufman, de Consciente Colectivo, quienes van a compartir el tiempo.
SRA. KROCHIK Diputadas y diputados: hoy estamos acá porque todavía tenemos una cuota de optimismo. Venimos en representación de Consciente Colectivo, uno de los tantos espacios que a diario militan y activan porque todavía creemos que todo esto puede y debe ser distinto.
Militamos por un país soberano en el que nadie tenga que buscar sus alimentos en un basural ni vivir a metros de un río contaminado. Militamos porque a toda persona se le garantice su derecho a una alimentación sana, a la salud, a la educación y a una vida digna. Militamos también por un futuro digno y habitable.
Hoy nos toca vivir y hablar de cómo se están destruyendo los ecosistemas que nos mantienen con vida, de que en nuestro país hay miles de hectáreas bajo fuego y de que hay comunidades campesinas e indígenas que están siendo desplazadas de sus hogares. Lo que está pasando hoy en los humedales -a la corta o a la larga- nos afecta a todos los seres vivos, solo que parece que algunas personas aún no se enteraron.
Tenemos claro que los aspectos técnicos se los debemos dejar a los y las especialistas que expusieron en otras reuniones informativas, al igual que a quienes lo hacen hoy. Somos pibes y pibas que hoy participamos de esta reunión porque nos tocó y estamos representando únicamente a nuestro espacio; en cambio, cada una de ustedes y cada uno de ustedes está representando a la sociedad. Hoy esa sociedad -a lo largo y a lo ancho del país- les está pidiendo una ley de humedales. Les pedimos que estén a la altura y que no hagan oídos sordos.
En las últimas semanas, según las noticias publicadas en diversos medios, pareciera que estas quemas ocurren por primera vez, pero no es así. Estas quemas vienen ocurriendo hace más de treinta años.
Tenemos una estructura gubernamental que tiene el manejo del fuego a nivel nacional y que no está pudiendo terminar de extinguir todos los focos. Años anteriores se desarrollaron focos de incendios en Neuquén, La Pampa, San Luis y Córdoba al mismo tiempo. ¿Qué pasaría ahora si estos focos existieran? Les preguntamos -les pregunto- qué ecorregión elegirían salvar. En efecto, hasta ahora el manejo del fuego fue ineficiente y tampoco se está invirtiendo presupuesto para que esto mejore. El colapso ecosistémico viene acompañado de grandes incendios para los que, como país, no estamos preparados.
Le cedo el uso de la palabra a mi compañero.
Militamos por un país soberano en el que nadie tenga que buscar sus alimentos en un basural ni vivir a metros de un río contaminado. Militamos porque a toda persona se le garantice su derecho a una alimentación sana, a la salud, a la educación y a una vida digna. Militamos también por un futuro digno y habitable.
Hoy nos toca vivir y hablar de cómo se están destruyendo los ecosistemas que nos mantienen con vida, de que en nuestro país hay miles de hectáreas bajo fuego y de que hay comunidades campesinas e indígenas que están siendo desplazadas de sus hogares. Lo que está pasando hoy en los humedales -a la corta o a la larga- nos afecta a todos los seres vivos, solo que parece que algunas personas aún no se enteraron.
Tenemos claro que los aspectos técnicos se los debemos dejar a los y las especialistas que expusieron en otras reuniones informativas, al igual que a quienes lo hacen hoy. Somos pibes y pibas que hoy participamos de esta reunión porque nos tocó y estamos representando únicamente a nuestro espacio; en cambio, cada una de ustedes y cada uno de ustedes está representando a la sociedad. Hoy esa sociedad -a lo largo y a lo ancho del país- les está pidiendo una ley de humedales. Les pedimos que estén a la altura y que no hagan oídos sordos.
En las últimas semanas, según las noticias publicadas en diversos medios, pareciera que estas quemas ocurren por primera vez, pero no es así. Estas quemas vienen ocurriendo hace más de treinta años.
Tenemos una estructura gubernamental que tiene el manejo del fuego a nivel nacional y que no está pudiendo terminar de extinguir todos los focos. Años anteriores se desarrollaron focos de incendios en Neuquén, La Pampa, San Luis y Córdoba al mismo tiempo. ¿Qué pasaría ahora si estos focos existieran? Les preguntamos -les pregunto- qué ecorregión elegirían salvar. En efecto, hasta ahora el manejo del fuego fue ineficiente y tampoco se está invirtiendo presupuesto para que esto mejore. El colapso ecosistémico viene acompañado de grandes incendios para los que, como país, no estamos preparados.
Le cedo el uso de la palabra a mi compañero.
SR. KAUFMAN Buenas tardes. Siguiendo la línea de lo que dijo mi compañera, quiero decirles que hoy ustedes -diputados y diputadas- tienen la oportunidad de demostrar a gran parte de la sociedad que todavía hay motivos para ser optimistas. Ustedes nos pueden demostrar que militar sirve y que vale la pena. Pero, lamentablemente, nos angustia ver que muchas veces los egos personales y las ganas de decir que el proyecto sancionado es el propio roban toda la importancia cuando, a la larga, lo vital es que haya un proyecto superador y unificado que trascienda esa grieta de la que tanto se habla pero que tanto mal nos hace. Por eso, hoy estamos acá para hablarles a ustedes.
La problemática de la quema de los humedales está presente en este Congreso desde el año 2008 pero, como dijo mi compañera, existe hace más de treinta años. Hablar de humedales implica hablar de derechos humanos y, lamentablemente, en nuestro país esto quiere decir vulneración de derechos humanos. En este tema existe una grieta entre quienes respetan los derechos humanos y quienes no lo hacen.
La cuestión es: mirar para el costado o involucrarse. Nosotros y nosotras elegimos hacer, involucrarnos, exigir y proponer. Como dijo hoy Maristella Svampa, ustedes -diputados y diputadas- tienen que elegir qué van a hacer. Por eso, les preguntamos qué es lo que van a hacer en materia de humedales y en tantas otras problemáticas socioambientales.
La ley de humedales no puede ser una más, puesto que no estamos en un año más. Seré repetitivo pero queda en evidencia que este año es un año trascendental y, por eso, la ley de humedales no tiene que ser una más, tiene que quedar en la historia.
El reloj sigue corriendo y claramente no está a nuestro favor, estamos corriendo detrás. Por eso, es importante que revirtamos la historia. Por supuesto que celebramos este proceso y agradecemos la invitación a esta reunión informativa pero esperamos que no quede todo acá. Ojalá que esta Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano sea un punto de inflexión en toda la Cámara de Diputados y Diputadas y que se actúe, en lugar de hablar para la tribuna, porque a la larga eso es lo que importa.
Espero que trascendamos esa grieta que, repito, tanto mal nos hace. Pedimos -y también exigimos- a esta comisión que haga historia, pero no solo en materia humedales.
Les pedimos de forma sentida y sincera que sean ejemplo a nivel nacional. Dennos motivos y hechos para seguir creyendo que es posible una Argentina sin hambre, sin pobreza y sin desempleo, en la que también se piense a corto y largo plazo y en donde las constantes crisis no justifiquen actividades que generan más pérdidas que beneficios. Necesitamos una Argentina justa y sostenible, nos la merecemos y nos la debemos.
Para concluir, como dice el nombre de nuestra organización -Consciente Colectivo-, creemos que es importante construir colectivamente y realmente poder trascender las diferencias ideológicas que puedan existir.
Las problemáticas socioambientales no deben ser temas de relleno, sino que deben ser una prioridad; y ustedes, diputados y diputadas, tienen que dar ejemplo a nivel nacional en esto.
Agradezco una vez más la invitación para ser parte de esta reunión informativa. Esperamos que en las próximas semanas se trate un proyecto unificado y superador. Realmente deseamos que estén a la altura de las circunstancias.
Por último, quiero decir que estamos en un contexto mundial que -como ustedes bien saben- requiere de acciones trascendentales, no de acciones a medias. Por eso, diputados y diputadas, les preguntamos una vez más qué van a hacer ustedes frente a esto. Muchas gracias.
La problemática de la quema de los humedales está presente en este Congreso desde el año 2008 pero, como dijo mi compañera, existe hace más de treinta años. Hablar de humedales implica hablar de derechos humanos y, lamentablemente, en nuestro país esto quiere decir vulneración de derechos humanos. En este tema existe una grieta entre quienes respetan los derechos humanos y quienes no lo hacen.
La cuestión es: mirar para el costado o involucrarse. Nosotros y nosotras elegimos hacer, involucrarnos, exigir y proponer. Como dijo hoy Maristella Svampa, ustedes -diputados y diputadas- tienen que elegir qué van a hacer. Por eso, les preguntamos qué es lo que van a hacer en materia de humedales y en tantas otras problemáticas socioambientales.
La ley de humedales no puede ser una más, puesto que no estamos en un año más. Seré repetitivo pero queda en evidencia que este año es un año trascendental y, por eso, la ley de humedales no tiene que ser una más, tiene que quedar en la historia.
El reloj sigue corriendo y claramente no está a nuestro favor, estamos corriendo detrás. Por eso, es importante que revirtamos la historia. Por supuesto que celebramos este proceso y agradecemos la invitación a esta reunión informativa pero esperamos que no quede todo acá. Ojalá que esta Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano sea un punto de inflexión en toda la Cámara de Diputados y Diputadas y que se actúe, en lugar de hablar para la tribuna, porque a la larga eso es lo que importa.
Espero que trascendamos esa grieta que, repito, tanto mal nos hace. Pedimos -y también exigimos- a esta comisión que haga historia, pero no solo en materia humedales.
Les pedimos de forma sentida y sincera que sean ejemplo a nivel nacional. Dennos motivos y hechos para seguir creyendo que es posible una Argentina sin hambre, sin pobreza y sin desempleo, en la que también se piense a corto y largo plazo y en donde las constantes crisis no justifiquen actividades que generan más pérdidas que beneficios. Necesitamos una Argentina justa y sostenible, nos la merecemos y nos la debemos.
Para concluir, como dice el nombre de nuestra organización -Consciente Colectivo-, creemos que es importante construir colectivamente y realmente poder trascender las diferencias ideológicas que puedan existir.
Las problemáticas socioambientales no deben ser temas de relleno, sino que deben ser una prioridad; y ustedes, diputados y diputadas, tienen que dar ejemplo a nivel nacional en esto.
Agradezco una vez más la invitación para ser parte de esta reunión informativa. Esperamos que en las próximas semanas se trate un proyecto unificado y superador. Realmente deseamos que estén a la altura de las circunstancias.
Por último, quiero decir que estamos en un contexto mundial que -como ustedes bien saben- requiere de acciones trascendentales, no de acciones a medias. Por eso, diputados y diputadas, les preguntamos una vez más qué van a hacer ustedes frente a esto. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra Silvia Abral, de la Red de Mujeres de Buen Vivir.
SRA. ABRAL Señor presidente: esta tarde nos convoca a reflexionar sobre el futuro de la Ley de Humedales. Los pueblos indígenas venimos esperando desde hace mucho tiempo, por siglos, estas tratativas por el buen vivir, para que nos escuchen, para estar presentes en estos estrados y para reflexionar profundamente sobre lo que es nuestra conciencia, nuestro sentir, el cosmosentir de los pueblos originarios.
Hoy voy a hacer un llamamiento a través de estas cuatro hojitas que seguramente ustedes conocen: la sagrada hoja de coca. Espero que estas hojas sensibilicen de alguna forma a los diputados y a nuestros hermanos, para que nos ayuden, para que haya justicia social y para lograr una ley de humedales donde haya participación total y absoluta de los pueblos indígenas, en particular de la Puna de Jujuy, que en este momento nos encontramos aislados por esta pandemia.
Sin embargo, no queremos estar ajenos a esta situación que nos preocupa. Ustedes están mirando nuestro cántaro de agua, algo que es simbólico para nosotros, que desde siempre nuestros ancestros lo han cargado en la Puna. El agua ue está resguardada en los humedales, y cuando digo humedales me refiero a los cerros, a los cieneguitos, a los ojos de agua, a los puquios y a la laguna, como la Laguna de Guayatayoc. Esta última es el lugar de anidación de las guayatas -los flamencos-, que recorren todos los Andes para llegar a estos lugares y luego pasar a otras zonas bajas.
Por eso pedimos, imploramos y exigimos que se cumplan los derechos constitucionales de nuestros ancestros, aquellas normas, convenios y leyes nacionales e internacionales que ya todos ustedes saben que están escritas en papel. Lo único que pedimos es que se cumplan estas leyes para que, de una vez por todas, se inserte en esta nueva Ley de Humedales el derecho al agua y al resguardo de los bienes naturales.
El agua es muy necesaria en la Puna. Si bien muchos la conocen como un lugar desierto, no lo es: hay una laguna, y en estas zonas desérticas hay pequeñas plantas como la tola chijua, la lampaya, la yareta. Aquí hay bosquecillos o bosques pequeños donde anida toda la vida. En el Cerro Morado nacen las Aguas del Alto, pequeños glaciares que bajan y que dan vida a la Laguna de Guayatayoc, que ustedes seguramente conocen por fotos.
Cuando pase esta pandemia, vamos a invitarlos a que todos ustedes puedan acompañarnos a visitar esta gran cuenca, este inmenso territorio ancestral, para que puedan caminar y hacer este círculo que nosotros hacemos en las zonas altas y bajas, en lo que ustedes llaman el pervivir de la trashumancia. Por millones de años, desde tiempos inmemoriales, hemos podido cuidarla y resguardarla. Pedimos que esta forma natural y ancestral siga resguardada. Esto nos da vida a nosotros, a toda la Argentina y a todos los Andes. Es un lugar único, que queda resguardado en la Puna jujeña y que debe ser conservado tal como está hoy, hacia una economía de desarrollo local, comunitaria y participativa, como lo son el turismo y la cosecha de la sal.
Hoy voy a hacer un llamamiento a través de estas cuatro hojitas que seguramente ustedes conocen: la sagrada hoja de coca. Espero que estas hojas sensibilicen de alguna forma a los diputados y a nuestros hermanos, para que nos ayuden, para que haya justicia social y para lograr una ley de humedales donde haya participación total y absoluta de los pueblos indígenas, en particular de la Puna de Jujuy, que en este momento nos encontramos aislados por esta pandemia.
Sin embargo, no queremos estar ajenos a esta situación que nos preocupa. Ustedes están mirando nuestro cántaro de agua, algo que es simbólico para nosotros, que desde siempre nuestros ancestros lo han cargado en la Puna. El agua ue está resguardada en los humedales, y cuando digo humedales me refiero a los cerros, a los cieneguitos, a los ojos de agua, a los puquios y a la laguna, como la Laguna de Guayatayoc. Esta última es el lugar de anidación de las guayatas -los flamencos-, que recorren todos los Andes para llegar a estos lugares y luego pasar a otras zonas bajas.
Por eso pedimos, imploramos y exigimos que se cumplan los derechos constitucionales de nuestros ancestros, aquellas normas, convenios y leyes nacionales e internacionales que ya todos ustedes saben que están escritas en papel. Lo único que pedimos es que se cumplan estas leyes para que, de una vez por todas, se inserte en esta nueva Ley de Humedales el derecho al agua y al resguardo de los bienes naturales.
El agua es muy necesaria en la Puna. Si bien muchos la conocen como un lugar desierto, no lo es: hay una laguna, y en estas zonas desérticas hay pequeñas plantas como la tola chijua, la lampaya, la yareta. Aquí hay bosquecillos o bosques pequeños donde anida toda la vida. En el Cerro Morado nacen las Aguas del Alto, pequeños glaciares que bajan y que dan vida a la Laguna de Guayatayoc, que ustedes seguramente conocen por fotos.
Cuando pase esta pandemia, vamos a invitarlos a que todos ustedes puedan acompañarnos a visitar esta gran cuenca, este inmenso territorio ancestral, para que puedan caminar y hacer este círculo que nosotros hacemos en las zonas altas y bajas, en lo que ustedes llaman el pervivir de la trashumancia. Por millones de años, desde tiempos inmemoriales, hemos podido cuidarla y resguardarla. Pedimos que esta forma natural y ancestral siga resguardada. Esto nos da vida a nosotros, a toda la Argentina y a todos los Andes. Es un lugar único, que queda resguardado en la Puna jujeña y que debe ser conservado tal como está hoy, hacia una economía de desarrollo local, comunitaria y participativa, como lo son el turismo y la cosecha de la sal.
SR. PRESIDENTE GROSSO Muchas gracias, Silvia.
Tiene la palabra Enrique Viale, abogado ambientalista, y coautor, junto con Maristella Svampa, del libro El colapso ecológico ya llegó, editado recientemente.
Tiene la palabra Enrique Viale, abogado ambientalista, y coautor, junto con Maristella Svampa, del libro El colapso ecológico ya llegó, editado recientemente.
SR. VIALE Señor presidente: le agradezco mucho esta oportunidad. Es un gusto estar acá. Sé cuánto están trabajando por esta ley y cuánto venimos trabajando las organizaciones desde hace años.
Casi que me niego a discutir técnicamente este proyecto; no es un problema técnico por qué no avanza la ley. Hago un poco de historia rápidamente: este proyecto de humedales tuvo sanción del Senado en 2013 y después en 2016, y la Cámara de Diputados de la Nación fue la encargada de archivarla en un coqueto cajón. Es la hora de los hechos: puede haber cuestiones técnicas -que se van a resolver-, pero hay que decir que detrás del no avance de la ley hay lobbies muy poderosos.
Esto nos trae una especie de déjà vu de lo que pasó con la Ley de Glaciares. Hablamos con Maristella Svampa -con quien tratamos de colaborar en ese momento- y notamos que el 30 de septiembre se cumplen diez años de la sanción de esa ley. Ahí había un lobby enorme en contra de la ley por parte de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y de las grandes mineras como Barrick Gold, Yamana Gold, La Alumbrera, etcétera.
Acá hay un triple lobby, ese es el gran problema que tenemos. Está el agronegocio, que no quiere ninguna ley. Quiere avanzar sin ningún tipo de legislación. La especulación inmobiliaria ha avanzado sobre los humedales para, paradójicamente, después vender esos countries o barrios cerrados como una vuelta a la naturaleza. Destruyen humedales para construir esos barrios cerrados.
Después está el lobby minero. Hay que decirlo, porque si no seguimos discutiendo sobre el articulado, pero la verdad es que hay lobbies muy grandes.
No sé si hemos tomado conciencia de dónde estamos, de la crisis sistémica que estamos viviendo como planeta y como humanidad, con una pandemia de origen zoonótica cuya raíz está en la degradación ambiental, con incendios desde hace meses y meses, mirando como aspirar ese humo y cómo devastan fauna y flora.
Estos lobbies no quieren ninguna regulación, por mínima que sea, y eso es inaceptable. Los proyectos de humedales que ahora están en discusión no tienen prohibiciones; son regulaciones mínimas de ordenamiento territorial.
Los lobbies generalmente se encargan de falsear datos para generar zozobra, y usan conceptos como que en el 23 por ciento del territorio no se podrá hacer nada, como si este proyecto fuese sobre la creación de un parque nacional, cuando en realidad trata de ordenar el territorio.
Creo que hay que ser muy sincero: el que no quiere esta ley, quiere destruir los humedales. No hay otra cosa; es una postura o la otra. En este caso hay dos lugares, y esta grieta es absolutamente transversal. Fíjense que los lobbies son federales o unitarios, y por eso tengo el déjà vu de la Ley de Glaciares. En efecto, los lobbies son federales o unitarios según la conveniencia. Entonces, para enfrentar las leyes provinciales, que prohíben algún tipo de actividad minera, nos dicen que el Código de Minería nacional no se puede tocar. Para rechazar las leyes de presupuestos mínimos, como estas, son federales y dicen que cada provincia tiene que hacerlo, como si los humedales tuviesen conciencia de las diferentes administraciones que atraviesan.
El segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución, de alguna manera, vino a limitar lo absoluto del artículo 124, que establece que los recursos son provinciales. Los recursos son provinciales, pero el manejo puede ser -en algunos casos- nacional o, incluso, la legislación puede ser nacional, como sucede en este caso.
Ninguna de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental fue cuestionada. La Justicia jamás ha tenido un fallo desfavorable en cuanto a la Ley de Glaciares o en cuanto a la Ley de Bosques.
Necesitamos una parte penal para quien destruye un humedal. A ver si se entiende: la parte penal es para quien destruye un humedal; quien no quiere una parte penal para quien destruye un humedal es que quiere que se destruyan los humedales; no hay otra opción.
Necesitamos una mirada uniforme, y en ese sentido es clave contar con un inventario nacional de responsabilidad de la autoridad de aplicación nacional. Como les dije, los humedales no reconocen fronteras administrativas.
Obviamente, también necesitamos una moratoria para el mientras tanto.
Personalmente, colaboré en la sanción de 2016 y vi actuar al lobby minero. Vi diputados y senadores que eran representantes del lobby minero, directamente, al igual que del agronegocio y del lobby de la especulación inmobiliaria, que es el más silencioso de todos, pero es uno de los más poderosos.
Es hora de decirnos de qué lado están. Es el momento en que los diputados de todos los partidos nos digan de qué lado están, si están del lado de los lobbies, como la Barrick Gold, el Grupo IRSA, el Grupo Consultatio, Nordelta, Monsanto o las grandes corporaciones del agronegocio, o si están del lado de una legislación que regule mínimamente, ordene el territorio y proteja a los humedales. Este es el momento. Muchas gracias.
Casi que me niego a discutir técnicamente este proyecto; no es un problema técnico por qué no avanza la ley. Hago un poco de historia rápidamente: este proyecto de humedales tuvo sanción del Senado en 2013 y después en 2016, y la Cámara de Diputados de la Nación fue la encargada de archivarla en un coqueto cajón. Es la hora de los hechos: puede haber cuestiones técnicas -que se van a resolver-, pero hay que decir que detrás del no avance de la ley hay lobbies muy poderosos.
Esto nos trae una especie de déjà vu de lo que pasó con la Ley de Glaciares. Hablamos con Maristella Svampa -con quien tratamos de colaborar en ese momento- y notamos que el 30 de septiembre se cumplen diez años de la sanción de esa ley. Ahí había un lobby enorme en contra de la ley por parte de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y de las grandes mineras como Barrick Gold, Yamana Gold, La Alumbrera, etcétera.
Acá hay un triple lobby, ese es el gran problema que tenemos. Está el agronegocio, que no quiere ninguna ley. Quiere avanzar sin ningún tipo de legislación. La especulación inmobiliaria ha avanzado sobre los humedales para, paradójicamente, después vender esos countries o barrios cerrados como una vuelta a la naturaleza. Destruyen humedales para construir esos barrios cerrados.
Después está el lobby minero. Hay que decirlo, porque si no seguimos discutiendo sobre el articulado, pero la verdad es que hay lobbies muy grandes.
No sé si hemos tomado conciencia de dónde estamos, de la crisis sistémica que estamos viviendo como planeta y como humanidad, con una pandemia de origen zoonótica cuya raíz está en la degradación ambiental, con incendios desde hace meses y meses, mirando como aspirar ese humo y cómo devastan fauna y flora.
Estos lobbies no quieren ninguna regulación, por mínima que sea, y eso es inaceptable. Los proyectos de humedales que ahora están en discusión no tienen prohibiciones; son regulaciones mínimas de ordenamiento territorial.
Los lobbies generalmente se encargan de falsear datos para generar zozobra, y usan conceptos como que en el 23 por ciento del territorio no se podrá hacer nada, como si este proyecto fuese sobre la creación de un parque nacional, cuando en realidad trata de ordenar el territorio.
Creo que hay que ser muy sincero: el que no quiere esta ley, quiere destruir los humedales. No hay otra cosa; es una postura o la otra. En este caso hay dos lugares, y esta grieta es absolutamente transversal. Fíjense que los lobbies son federales o unitarios, y por eso tengo el déjà vu de la Ley de Glaciares. En efecto, los lobbies son federales o unitarios según la conveniencia. Entonces, para enfrentar las leyes provinciales, que prohíben algún tipo de actividad minera, nos dicen que el Código de Minería nacional no se puede tocar. Para rechazar las leyes de presupuestos mínimos, como estas, son federales y dicen que cada provincia tiene que hacerlo, como si los humedales tuviesen conciencia de las diferentes administraciones que atraviesan.
El segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución, de alguna manera, vino a limitar lo absoluto del artículo 124, que establece que los recursos son provinciales. Los recursos son provinciales, pero el manejo puede ser -en algunos casos- nacional o, incluso, la legislación puede ser nacional, como sucede en este caso.
Ninguna de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental fue cuestionada. La Justicia jamás ha tenido un fallo desfavorable en cuanto a la Ley de Glaciares o en cuanto a la Ley de Bosques.
Necesitamos una parte penal para quien destruye un humedal. A ver si se entiende: la parte penal es para quien destruye un humedal; quien no quiere una parte penal para quien destruye un humedal es que quiere que se destruyan los humedales; no hay otra opción.
Necesitamos una mirada uniforme, y en ese sentido es clave contar con un inventario nacional de responsabilidad de la autoridad de aplicación nacional. Como les dije, los humedales no reconocen fronteras administrativas.
Obviamente, también necesitamos una moratoria para el mientras tanto.
Personalmente, colaboré en la sanción de 2016 y vi actuar al lobby minero. Vi diputados y senadores que eran representantes del lobby minero, directamente, al igual que del agronegocio y del lobby de la especulación inmobiliaria, que es el más silencioso de todos, pero es uno de los más poderosos.
Es hora de decirnos de qué lado están. Es el momento en que los diputados de todos los partidos nos digan de qué lado están, si están del lado de los lobbies, como la Barrick Gold, el Grupo IRSA, el Grupo Consultatio, Nordelta, Monsanto o las grandes corporaciones del agronegocio, o si están del lado de una legislación que regule mínimamente, ordene el territorio y proteja a los humedales. Este es el momento. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, Enrique Viale.
Es el turno de Belén Prado, observadora de aves, abogada especialista en la Magistratura Judicial y en Derecho Ambiental y miembro de Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Es el turno de Belén Prado, observadora de aves, abogada especialista en la Magistratura Judicial y en Derecho Ambiental y miembro de Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
SRA. PRADO Buenas tardes, señor presidente, diputados, diputadas, expositores y público que está siguiendo la transmisión de esta reunión informativa a través de las redes sociales.
Celebro la oportunidad de poder hablarles en esta intervención sobre los humedales de nuestros ríos, del río Uruguay, el río de los pájaros. Soy de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Concepción del Uruguay, que está ubicada sobre la margen derecha de este río.
El área urbana de esta ciudad se ve beneficiada por la estrecha conexión que mantiene con los humedales ribereños, que son nuestros pulmones verdes porque constituyen el área más significativa en cuanto a la producción de oxígeno y a la captación de dióxido de carbono cercana a nuestra ciudad.
Además, en ellos podemos observar una vasta vegetación propia del lugar, cuna de una enorme variedad de aves que vienen a migrar y a reproducirse en estos humedales. Ellos son refugio de una diversidad de fauna que encuentra allí su hábitat natural y una inmensidad de vida que la práctica del kayakismo y la observación de aves me han permitido conocer desde adentro y en profundidad.
Sin embargo, toda esta vida, todos estos beneficios que brindan los humedales a nuestra comunidad se ven amenazados por el avance de la especulación inmobiliaria, llegando incluso, en estos últimos días, a arder en llamas a causa de fuegos intencionales, replicando así, aunque sea en menor medida, el ecocidio que están sufriendo las islas de nuestro Delta del Paraná, nuestro río hermano.
Hoy, en pleno de 2020, atravesados en un contexto de pandemia mundial y crisis climática, comenzamos a transitar esta nueva normalidad, repleta de consecuencias negativas en nuestra salud y en nuestro ambiente; consecuencias que encuentran -como vemos- un origen innegable en la actividad antrópica.
Estas instancias de debate y construcción colectiva hoy se vuelven urgentes, así como se vuelve urgente alzar nuestras voces ante tanta injusticia, aunque hoy nuestras bocas se encuentren cubiertas con un barbijo.
Hoy toca que sea mi voz la que hable en representación de todas las voces del colectivo del cual formo parte: Vecinos por los Humedales, del río Uruguay, en representación de todas aquellas personas conscientes de la necesidad de protección de nuestros bienes comunes.
Entre todas estas voces asumiremos la responsabilidad de seguir luchando en cada uno de nuestros territorios, hasta que tengamos la ley, exigiendo nuevas políticas conscientes del cambio necesario de paradigma, políticas que se vuelvan hoy urgentes para poder dejar un ambiente sano que valga no la pena, sino la alegría de las generaciones futuras.
Nuestro colectivo pretende hacer foco en tres cuestiones que consideramos necesarias en el espíritu y en la letra de la Ley de Humedales a los fines de asegurar su efectividad.
En primer lugar, consideramos que en el tratamiento de la Ley de Humedales no puede pasar inadvertida la urgente necesidad de una transición hacia un nuevo paradigma. Muchas de las leyes de nuestro ordenamiento jurídico aún son atravesadas por un paradigma antropocéntrico, que considera al ser humano como dueño y señor de la naturaleza.
Nuestro ordenamiento legal se ha ido construyendo alrededor del individuo, en relación con el derecho de dominio de éste sobre los bienes comunes de la naturaleza, mercantilizándola, volviéndola un objeto oprimido y subordinado a sus usos irrestrictos.
Por eso, pensamos que es necesario y urgente cambiar esta visión, evolucionando hacia una perspectiva ecocéntrica, que considera a la naturaleza como sujeto de derecho y al ser humano como parte de ella, como una de las tantas partes que integran un sistema ecológico, que es complejo, vivo, dinámico, que late, que no sabe de límites espaciales, de límites generacionales ni de límites especistas.
La segunda cuestión que quiero abordar es la necesidad de que en el articulado de la ley expresamente se contemple la participación ciudadana, de las comunidades, de las organizaciones que conocen en profundidad el territorio que defienden porque viven respetuosamente en él o en sus alrededores o porque lo estudian o porque lo investigan.
La clave es la participación de toda la sociedad. Lo hemos comprobado en nuestras luchas contra un nuevo emprendimiento inmobiliario que pretendía instalarse en los humedales, en Concepción del Uruguay, tal como les contaba hace un ratito. El mayor esfuerzo desde nuestro lugar ha sido involucrar a todas esas voces del sector social, del sector académico, del sector político, del sector especializado. Eso es lo que hasta ahora nos ha dado los triunfos concretos.
Por eso se hace necesaria una vía de acceso a la información que garantice esta participación. En este sentido toma gran relevancia el Acuerdo de Escazú, cuya incorporación en nuestro plexo normativo ya es casi inminente.
A lo largo de estas reuniones informativas hemos visto el compromiso de los movimientos sociales en defensa de los humedales y, fundamentalmente, de les jóvenes, lo cual habla de la necesidad también de pensar esta ley en términos de acción, efectividad y soluciones sostenibles.
Señor presidente: nos restan diez años para tratar de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, aquellos objetivos loables que los líderes mundiales adoptaron para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todes. Pero ellos nos dicen que, para alcanzar estas metas, cada uno de nosotres tenemos que hacer nuestra parte desde el lugar que nos toque ocupar, desde los poderes del Estado nacional, provincial o municipal, desde el sector privado, desde la sociedad civil toda.
Para finalizar, la tercera cuestión que queremos abordar hoy es que consideramos necesaria la incorporación en la ley -ya sea en su letra o, quizás, en su reglamentación- de una instancia de capacitación obligatoria en perspectiva ambiental, dirigida a aquellas personas que intervienen en la toma de decisiones, tanto del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial como también dentro del Poder Legislativo.
Justifica esta propuesta el rol que asumen nuestros representantes frente a toda la sociedad, que exige soluciones urgentes a problemas nuevos, a reclamos heterogéneas que muchas veces presentan alto grado de complejidad.
Respecto a mi área, que es el ámbito judicial, la mayoría de las veces observamos que los conflictos ambientales son tratados en juzgados Civiles y Comerciales, o en cámaras Contencioso Administrativas, lo cual hace necesario que, si queremos tomar como norte la justicia ambiental, el justiciable no sienta miedo porque su causa sea tratada por jueces o juezas que poco o nulo recorrido tengan en el derecho ambiental.
Por eso necesitamos una magistratura idónea en la materia. Necesitamos una Justicia donde la defensa del ambiente sea la prioridad.
No quiero abusar del tiempo que nos han brindado. Ratifico lo que han dicho muchos de los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra. Solo quiero agregar que a nuestra provincia la abrazan dos ríos hermanos, como lo son el río Uruguay y el río Paraná, pero hoy yacen entre fuego, humo, cenizas, víctimas inocentes, consumo desmedido, desarrollo avasallador, entre tanta idiotez, tanta perversidad, tanta ambición; pero nos encontramos en ese contexto con ríos de voces que luchan, ríos de voluntades que construyen, ríos de jóvenes conscientes con perspectivas de género que empujan, ríos de corazones que defienden.
Entre esos ríos, a veces calmos, a veces turbulentos, procuremos avanzar hacia la Ley Nacional de Humedales, para que sea una buena ley. Muchas gracias.
Celebro la oportunidad de poder hablarles en esta intervención sobre los humedales de nuestros ríos, del río Uruguay, el río de los pájaros. Soy de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Concepción del Uruguay, que está ubicada sobre la margen derecha de este río.
El área urbana de esta ciudad se ve beneficiada por la estrecha conexión que mantiene con los humedales ribereños, que son nuestros pulmones verdes porque constituyen el área más significativa en cuanto a la producción de oxígeno y a la captación de dióxido de carbono cercana a nuestra ciudad.
Además, en ellos podemos observar una vasta vegetación propia del lugar, cuna de una enorme variedad de aves que vienen a migrar y a reproducirse en estos humedales. Ellos son refugio de una diversidad de fauna que encuentra allí su hábitat natural y una inmensidad de vida que la práctica del kayakismo y la observación de aves me han permitido conocer desde adentro y en profundidad.
Sin embargo, toda esta vida, todos estos beneficios que brindan los humedales a nuestra comunidad se ven amenazados por el avance de la especulación inmobiliaria, llegando incluso, en estos últimos días, a arder en llamas a causa de fuegos intencionales, replicando así, aunque sea en menor medida, el ecocidio que están sufriendo las islas de nuestro Delta del Paraná, nuestro río hermano.
Hoy, en pleno de 2020, atravesados en un contexto de pandemia mundial y crisis climática, comenzamos a transitar esta nueva normalidad, repleta de consecuencias negativas en nuestra salud y en nuestro ambiente; consecuencias que encuentran -como vemos- un origen innegable en la actividad antrópica.
Estas instancias de debate y construcción colectiva hoy se vuelven urgentes, así como se vuelve urgente alzar nuestras voces ante tanta injusticia, aunque hoy nuestras bocas se encuentren cubiertas con un barbijo.
Hoy toca que sea mi voz la que hable en representación de todas las voces del colectivo del cual formo parte: Vecinos por los Humedales, del río Uruguay, en representación de todas aquellas personas conscientes de la necesidad de protección de nuestros bienes comunes.
Entre todas estas voces asumiremos la responsabilidad de seguir luchando en cada uno de nuestros territorios, hasta que tengamos la ley, exigiendo nuevas políticas conscientes del cambio necesario de paradigma, políticas que se vuelvan hoy urgentes para poder dejar un ambiente sano que valga no la pena, sino la alegría de las generaciones futuras.
Nuestro colectivo pretende hacer foco en tres cuestiones que consideramos necesarias en el espíritu y en la letra de la Ley de Humedales a los fines de asegurar su efectividad.
En primer lugar, consideramos que en el tratamiento de la Ley de Humedales no puede pasar inadvertida la urgente necesidad de una transición hacia un nuevo paradigma. Muchas de las leyes de nuestro ordenamiento jurídico aún son atravesadas por un paradigma antropocéntrico, que considera al ser humano como dueño y señor de la naturaleza.
Nuestro ordenamiento legal se ha ido construyendo alrededor del individuo, en relación con el derecho de dominio de éste sobre los bienes comunes de la naturaleza, mercantilizándola, volviéndola un objeto oprimido y subordinado a sus usos irrestrictos.
Por eso, pensamos que es necesario y urgente cambiar esta visión, evolucionando hacia una perspectiva ecocéntrica, que considera a la naturaleza como sujeto de derecho y al ser humano como parte de ella, como una de las tantas partes que integran un sistema ecológico, que es complejo, vivo, dinámico, que late, que no sabe de límites espaciales, de límites generacionales ni de límites especistas.
La segunda cuestión que quiero abordar es la necesidad de que en el articulado de la ley expresamente se contemple la participación ciudadana, de las comunidades, de las organizaciones que conocen en profundidad el territorio que defienden porque viven respetuosamente en él o en sus alrededores o porque lo estudian o porque lo investigan.
La clave es la participación de toda la sociedad. Lo hemos comprobado en nuestras luchas contra un nuevo emprendimiento inmobiliario que pretendía instalarse en los humedales, en Concepción del Uruguay, tal como les contaba hace un ratito. El mayor esfuerzo desde nuestro lugar ha sido involucrar a todas esas voces del sector social, del sector académico, del sector político, del sector especializado. Eso es lo que hasta ahora nos ha dado los triunfos concretos.
Por eso se hace necesaria una vía de acceso a la información que garantice esta participación. En este sentido toma gran relevancia el Acuerdo de Escazú, cuya incorporación en nuestro plexo normativo ya es casi inminente.
A lo largo de estas reuniones informativas hemos visto el compromiso de los movimientos sociales en defensa de los humedales y, fundamentalmente, de les jóvenes, lo cual habla de la necesidad también de pensar esta ley en términos de acción, efectividad y soluciones sostenibles.
Señor presidente: nos restan diez años para tratar de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, aquellos objetivos loables que los líderes mundiales adoptaron para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todes. Pero ellos nos dicen que, para alcanzar estas metas, cada uno de nosotres tenemos que hacer nuestra parte desde el lugar que nos toque ocupar, desde los poderes del Estado nacional, provincial o municipal, desde el sector privado, desde la sociedad civil toda.
Para finalizar, la tercera cuestión que queremos abordar hoy es que consideramos necesaria la incorporación en la ley -ya sea en su letra o, quizás, en su reglamentación- de una instancia de capacitación obligatoria en perspectiva ambiental, dirigida a aquellas personas que intervienen en la toma de decisiones, tanto del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial como también dentro del Poder Legislativo.
Justifica esta propuesta el rol que asumen nuestros representantes frente a toda la sociedad, que exige soluciones urgentes a problemas nuevos, a reclamos heterogéneas que muchas veces presentan alto grado de complejidad.
Respecto a mi área, que es el ámbito judicial, la mayoría de las veces observamos que los conflictos ambientales son tratados en juzgados Civiles y Comerciales, o en cámaras Contencioso Administrativas, lo cual hace necesario que, si queremos tomar como norte la justicia ambiental, el justiciable no sienta miedo porque su causa sea tratada por jueces o juezas que poco o nulo recorrido tengan en el derecho ambiental.
Por eso necesitamos una magistratura idónea en la materia. Necesitamos una Justicia donde la defensa del ambiente sea la prioridad.
No quiero abusar del tiempo que nos han brindado. Ratifico lo que han dicho muchos de los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra. Solo quiero agregar que a nuestra provincia la abrazan dos ríos hermanos, como lo son el río Uruguay y el río Paraná, pero hoy yacen entre fuego, humo, cenizas, víctimas inocentes, consumo desmedido, desarrollo avasallador, entre tanta idiotez, tanta perversidad, tanta ambición; pero nos encontramos en ese contexto con ríos de voces que luchan, ríos de voluntades que construyen, ríos de jóvenes conscientes con perspectivas de género que empujan, ríos de corazones que defienden.
Entre esos ríos, a veces calmos, a veces turbulentos, procuremos avanzar hacia la Ley Nacional de Humedales, para que sea una buena ley. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias por tus palabras, Belén Prado.
Ahora va a seguir presentando los últimos expositores y expositoras, Lucía Figueroa, que trabaja en el equipo de la comisión.
Ahora va a seguir presentando los últimos expositores y expositoras, Lucía Figueroa, que trabaja en el equipo de la comisión.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Tiene la palabra Valeria Enderle, directora ejecutiva de la Fundación Cauce, abogada magíster en Derecho Ambiental y Urbanismo y especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural. Además, forma parte del Programa Humedales sin Fronteras.
SRA. ENDERLE Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas.
En primer lugar, quiero agradecer por el espacio brindado en esta última reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y por todo el proceso que ha sido habilitado desde su Presidencia.
Voy a hablar en representación de la Fundación Cauce, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Casa Río y Taller Ecologista, integrantes del Programa Humedales Sin Fronteras.
Somos organizaciones con años de experiencia y trabajo territorial en los humedales del país. Hemos expresado públicamente la urgencia del tratamiento y sanción de una ley de presupuestos mínimos de humedales a través de documentos formales, incontables reuniones con autoridades, apariciones en diversos medios de comunicación y redes del país, en este espacio informativo de la Cámara de Diputados, también en el Senado y a través de nuestro sitio web www.leydehumedalesya.org, que a la fecha cuenta con el apoyo de más de 110 organizaciones de todo el país y 12.000 personas.
Lo que pasó y sigue pasando en el Delta del Paraná debería bastar para comprender el estado de emergencia en el que se encuentran los humedales a lo largo y ancho de la Argentina, con ecosistemas que se pierden y degradan cada día. En este sentido, las causas son múltiples: el agronegocio, la minería, la contaminación, la especulación inmobiliaria y las urbanizaciones, la caza furtiva y la pesca industrial, el cambio climático, etcétera.
Todo esto se resume en un modelo productivo extractivista, dominante y arrasador de la biodiversidad y de la salud de las poblaciones. Se trata de un modelo que solo prioriza la renta y se lleva puesto al ambiente e incluso a derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la cultura, a la salud, a la tierra, a la alimentación y al agua.
La falta de una apropiada institucionalidad de cumplimiento y adecuación normativa, así como la inacción de las autoridades para prevenir la pérdida y degradación de humedales y para controlar actividades dañinas, nos lleva a instar el pronto desarrollo de herramientas normativas e institucionales eficaces, que permitan gestionar y proteger los humedales de nuestro país en pleno respeto por su valor intrínseco.
Vivimos claramente una crisis ambiental que no es solo ecológica, sino social y cultural. Se trata de una crisis que también afecta a las instituciones políticas y judiciales, que muchas veces avalan relaciones injustas y promueven la dominación y la destrucción de la vida en todas sus formas.
La justicia social y la justicia ecológica están inexorablemente unidas. Esta es la dimensión ética y política que el llamado de la época nos impone abrazar. Por ello, necesitamos hoy más que nunca una ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales; una ley de humedales que sea progresista, que tenga una visión ecocéntrica y consagre los principios de prevención, precautorio y de no regresión, y especialmente, los principios in dubio pro natura, in dubio pro aqua y el de interculturalidad, centrales para la salvaguarda de los humedales; una ley con enfoque de derechos, para proteger los derechos y contribuciones de los pueblos indígenas, comunidades locales, jóvenes, mujeres y de todas las personas que defienden los humedales.
Además, necesitamos una ley operativa desde su definición, objetivos y aplicación, tanto desde el desarrollo institucional a nivel nacional, con una autoridad de aplicación con fuertes y claros mandatos, hasta el orden provincial, con ordenamientos territoriales construidos con aportes ciudadanos; una ley que prohíba las actividades contaminantes y destructivas en los humedales y con partidas presupuestarias a la altura del desafío, que promueva una real conservación, uso sostenible y restauración de los humedales por los beneficios que nos brindan, sosteniendo su integridad ecológica, porque somos humedal; una ley que asegure una efectiva participación ciudadana y popular, construida e implementada desde los territorios; una ley de humedales de y para la gente.
El inventario y el ordenamiento no deben ser procesos tecnocráticos, sino que deben recibir el aporte de toda la sociedad civil, incluyendo a las personas que viven, trabajan y producen en los humedales. Además, es necesario consagrar expresamente el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT.
Finalmente, celebramos que la Ley de Humedales esté nuevamente en la agenda parlamentaria. Es importante que ambas Cámaras se complementen y que el Poder Ejecutivo acompañe y empuje la iniciativa legislativa. Esta vez el Congreso Nacional debe estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Es su deber, como representantes de pueblo, proveer a la protección del derecho humano a un ambiente sano, legislando en resguardo de los humedales y de las personas que viven en y de ellos.
Las generaciones presentes y futuras piden un mundo distinto, mejor y habitable. Es imperativo para el bien de toda la ciudadanía establecer una nueva relación con la naturaleza e impulsar un desarrollo humano desde la conservación, ya que no hay producción ni vida posible con ecosistemas degradados. Al fin y al cabo, como dice Galeano, "Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos". Por eso, resaltamos aquello que ya instauramos tiempo atrás: Ley de Humedales ya.
En primer lugar, quiero agradecer por el espacio brindado en esta última reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y por todo el proceso que ha sido habilitado desde su Presidencia.
Voy a hablar en representación de la Fundación Cauce, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Casa Río y Taller Ecologista, integrantes del Programa Humedales Sin Fronteras.
Somos organizaciones con años de experiencia y trabajo territorial en los humedales del país. Hemos expresado públicamente la urgencia del tratamiento y sanción de una ley de presupuestos mínimos de humedales a través de documentos formales, incontables reuniones con autoridades, apariciones en diversos medios de comunicación y redes del país, en este espacio informativo de la Cámara de Diputados, también en el Senado y a través de nuestro sitio web www.leydehumedalesya.org, que a la fecha cuenta con el apoyo de más de 110 organizaciones de todo el país y 12.000 personas.
Lo que pasó y sigue pasando en el Delta del Paraná debería bastar para comprender el estado de emergencia en el que se encuentran los humedales a lo largo y ancho de la Argentina, con ecosistemas que se pierden y degradan cada día. En este sentido, las causas son múltiples: el agronegocio, la minería, la contaminación, la especulación inmobiliaria y las urbanizaciones, la caza furtiva y la pesca industrial, el cambio climático, etcétera.
Todo esto se resume en un modelo productivo extractivista, dominante y arrasador de la biodiversidad y de la salud de las poblaciones. Se trata de un modelo que solo prioriza la renta y se lleva puesto al ambiente e incluso a derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la cultura, a la salud, a la tierra, a la alimentación y al agua.
La falta de una apropiada institucionalidad de cumplimiento y adecuación normativa, así como la inacción de las autoridades para prevenir la pérdida y degradación de humedales y para controlar actividades dañinas, nos lleva a instar el pronto desarrollo de herramientas normativas e institucionales eficaces, que permitan gestionar y proteger los humedales de nuestro país en pleno respeto por su valor intrínseco.
Vivimos claramente una crisis ambiental que no es solo ecológica, sino social y cultural. Se trata de una crisis que también afecta a las instituciones políticas y judiciales, que muchas veces avalan relaciones injustas y promueven la dominación y la destrucción de la vida en todas sus formas.
La justicia social y la justicia ecológica están inexorablemente unidas. Esta es la dimensión ética y política que el llamado de la época nos impone abrazar. Por ello, necesitamos hoy más que nunca una ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales; una ley de humedales que sea progresista, que tenga una visión ecocéntrica y consagre los principios de prevención, precautorio y de no regresión, y especialmente, los principios in dubio pro natura, in dubio pro aqua y el de interculturalidad, centrales para la salvaguarda de los humedales; una ley con enfoque de derechos, para proteger los derechos y contribuciones de los pueblos indígenas, comunidades locales, jóvenes, mujeres y de todas las personas que defienden los humedales.
Además, necesitamos una ley operativa desde su definición, objetivos y aplicación, tanto desde el desarrollo institucional a nivel nacional, con una autoridad de aplicación con fuertes y claros mandatos, hasta el orden provincial, con ordenamientos territoriales construidos con aportes ciudadanos; una ley que prohíba las actividades contaminantes y destructivas en los humedales y con partidas presupuestarias a la altura del desafío, que promueva una real conservación, uso sostenible y restauración de los humedales por los beneficios que nos brindan, sosteniendo su integridad ecológica, porque somos humedal; una ley que asegure una efectiva participación ciudadana y popular, construida e implementada desde los territorios; una ley de humedales de y para la gente.
El inventario y el ordenamiento no deben ser procesos tecnocráticos, sino que deben recibir el aporte de toda la sociedad civil, incluyendo a las personas que viven, trabajan y producen en los humedales. Además, es necesario consagrar expresamente el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado de pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT.
Finalmente, celebramos que la Ley de Humedales esté nuevamente en la agenda parlamentaria. Es importante que ambas Cámaras se complementen y que el Poder Ejecutivo acompañe y empuje la iniciativa legislativa. Esta vez el Congreso Nacional debe estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Es su deber, como representantes de pueblo, proveer a la protección del derecho humano a un ambiente sano, legislando en resguardo de los humedales y de las personas que viven en y de ellos.
Las generaciones presentes y futuras piden un mundo distinto, mejor y habitable. Es imperativo para el bien de toda la ciudadanía establecer una nueva relación con la naturaleza e impulsar un desarrollo humano desde la conservación, ya que no hay producción ni vida posible con ecosistemas degradados. Al fin y al cabo, como dice Galeano, "Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos". Por eso, resaltamos aquello que ya instauramos tiempo atrás: Ley de Humedales ya.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Muchas gracias, Valeria.
Tiene la palabra Gastón Fulquet, coordinador del Programa Corredor Azul, Fundación Humedales.
Tiene la palabra Gastón Fulquet, coordinador del Programa Corredor Azul, Fundación Humedales.
SR. FULQUET Buenas tardes y muchas gracias a todos por la invitación.
Quiero aclarar que, si bien hablo en representación de la Fundación Humedales, los contenidos que comparto surgen de un proceso más amplio, de más de veinte intercambios, talleres y reuniones de trabajo con referentes de diferentes puntos del país, en los que tratamos de analizar antecedentes de proyectos de ley presentados en diferentes instancias hasta la fecha, como se ha relatado en expresiones anteriores. La idea es, a partir de ese análisis, hacer un aporte pensando en los pasos que siguen en este proceso de construcción de una ley de humedales.
Consideramos que esta discusión no puede ser nuevamente dilatada y que este momento debe ser visto como una oportunidad de tener finalmente una herramienta para conservar y hacer un uso sostenible de los humedales.
Creemos que sería erróneo considerar que una ley de humedales trata de imponer políticas restrictivas a todo
tipo de actividades productivas. Por el contrario, se trata de garantizar la integridad y la salud de los humedales hoy; ese es el camino para que el sistema natural y la sociedad continúen beneficiándose de las funciones de los humedales también a futuro.
Por lo tanto, para lograr ese objetivo el debate de la ley debe encontrar algunos equilibrios. Entre ellos, el primero que vemos es lograr un entendimiento compartido sobre el concepto de conservación.
La conservación de los humedales debe ser el objetivo de la ley, entendido este concepto como un equilibrio entre la idea de preservación, uso sostenible y restauración.
El segundo equilibrio se refiere a la definición, que también se ha mencionado en exposiciones anteriores. Consideramos que la ley debe reconocer a la Convención de Ramsar como un compromiso internacional asumido por el país, pero la definición de humedal, a los fines de la ley, también debe ser operativa.
Por eso, proponemos la definición acordada en el marco del proceso de Inventario Nacional de Humedales, construida en una alianza entre el conocimiento técnico y la gestión, a partir de antecedentes de trabajo en la ex Secretaría de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En ese sentido, recomendamos su adopción como una definición única frente a los intentos de definiciones provinciales respecto de qué es un humedal.
El tercer equilibrio está relacionado con lograr arreglos institucionales que consideren la dimensión federal de un país como la Argentina. En tal sentido, como parte de una ley de presupuestos mínimos, se debe formalizar un programa nacional de humedales, que desde la autoridad de aplicación permita coordinar con las autoridades competentes -es decir, con las provincias- y brindar herramientas para que la conservación de los humedales sea efectiva, garantizando a su vez el avance del Inventario Nacional de Humedales como herramienta de conocimiento e información.
Asimismo, proponemos que se conforme un gabinete nacional de humedales como ámbito de concertación interministerial e interjurisdiccional, articulado con los consejos federales existentes y competentes en la materia.
Por último, proponemos la constitución de un consejo consultivo como ámbito de participación ciudadana capaz de articular con todo este proceso.
Un cuarto equilibrio tiene que ver con los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio. Como se ha dicho, los humedales son ecosistemas variables y complejos que funcionan en un delicado equilibrio con otros elementos de un paisaje. Por ello, el ordenamiento ambiental del territorio debe partir de un enfoque de la ecología de paisaje, complementario con el enfoque ecosistémico, y a su vez debe considerar la noción de cuenca. Desde este enfoque es indispensable que las provincias ordenen sus territorios sobre una base de lineamientos comunes a ser fijados en esta ley y con plazos claros.
Creemos que la información existente, surgida del Inventario Nacional de Humedales, es un elemento importante para complementar este trabajo de ordenamiento ambiental del territorio, junto con otra información que se refiere a los usos y las actividades que actualmente se desarrollan allí.
Un último punto tiene que ver con la búsqueda de un equilibrio en esta moratoria, que no implica prohibir necesariamente todas las actividades, pero sí debe establecer mecanismos que aseguren que los humedales no sean transformados ni degradados mientras se avanza en el ordenamiento.
Por eso proponemos que, frente a la presentación de modificaciones para el uso del suelo u obras de infraestructura con potencial impacto, se desarrollen los estudios de evaluación ambiental estratégica junto con un inventario del área a intervenir, asegurando la participación social en ese proceso.
A fin de orientar a las provincias en esa exigencia -respecto de los estudios o evaluaciones ambientales-, la ley debe encomendar a la autoridad de aplicación el desarrollo de pautas sobre cómo deben realizarse esos estudios y evaluaciones, a partir de guías y metodologías considerando, en particular, los ecosistemas de humedales.
Para cerrar mi exposición quiero agradecerles y mencionar como una contribución a este último punto que, desde la Fundación Humedales, estamos trabajando junto al ministerio en la construcción de pensar los estudios de impacto ambiental, fundamentalmente, para ecosistemas de humedales.
Esperamos que estas contribuciones sean útiles para la construcción colectiva del proceso de unificación de proyectos hacia una Ley de Humedales. Muchas gracias.
Quiero aclarar que, si bien hablo en representación de la Fundación Humedales, los contenidos que comparto surgen de un proceso más amplio, de más de veinte intercambios, talleres y reuniones de trabajo con referentes de diferentes puntos del país, en los que tratamos de analizar antecedentes de proyectos de ley presentados en diferentes instancias hasta la fecha, como se ha relatado en expresiones anteriores. La idea es, a partir de ese análisis, hacer un aporte pensando en los pasos que siguen en este proceso de construcción de una ley de humedales.
Consideramos que esta discusión no puede ser nuevamente dilatada y que este momento debe ser visto como una oportunidad de tener finalmente una herramienta para conservar y hacer un uso sostenible de los humedales.
Creemos que sería erróneo considerar que una ley de humedales trata de imponer políticas restrictivas a todo
tipo de actividades productivas. Por el contrario, se trata de garantizar la integridad y la salud de los humedales hoy; ese es el camino para que el sistema natural y la sociedad continúen beneficiándose de las funciones de los humedales también a futuro.
Por lo tanto, para lograr ese objetivo el debate de la ley debe encontrar algunos equilibrios. Entre ellos, el primero que vemos es lograr un entendimiento compartido sobre el concepto de conservación.
La conservación de los humedales debe ser el objetivo de la ley, entendido este concepto como un equilibrio entre la idea de preservación, uso sostenible y restauración.
El segundo equilibrio se refiere a la definición, que también se ha mencionado en exposiciones anteriores. Consideramos que la ley debe reconocer a la Convención de Ramsar como un compromiso internacional asumido por el país, pero la definición de humedal, a los fines de la ley, también debe ser operativa.
Por eso, proponemos la definición acordada en el marco del proceso de Inventario Nacional de Humedales, construida en una alianza entre el conocimiento técnico y la gestión, a partir de antecedentes de trabajo en la ex Secretaría de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En ese sentido, recomendamos su adopción como una definición única frente a los intentos de definiciones provinciales respecto de qué es un humedal.
El tercer equilibrio está relacionado con lograr arreglos institucionales que consideren la dimensión federal de un país como la Argentina. En tal sentido, como parte de una ley de presupuestos mínimos, se debe formalizar un programa nacional de humedales, que desde la autoridad de aplicación permita coordinar con las autoridades competentes -es decir, con las provincias- y brindar herramientas para que la conservación de los humedales sea efectiva, garantizando a su vez el avance del Inventario Nacional de Humedales como herramienta de conocimiento e información.
Asimismo, proponemos que se conforme un gabinete nacional de humedales como ámbito de concertación interministerial e interjurisdiccional, articulado con los consejos federales existentes y competentes en la materia.
Por último, proponemos la constitución de un consejo consultivo como ámbito de participación ciudadana capaz de articular con todo este proceso.
Un cuarto equilibrio tiene que ver con los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio. Como se ha dicho, los humedales son ecosistemas variables y complejos que funcionan en un delicado equilibrio con otros elementos de un paisaje. Por ello, el ordenamiento ambiental del territorio debe partir de un enfoque de la ecología de paisaje, complementario con el enfoque ecosistémico, y a su vez debe considerar la noción de cuenca. Desde este enfoque es indispensable que las provincias ordenen sus territorios sobre una base de lineamientos comunes a ser fijados en esta ley y con plazos claros.
Creemos que la información existente, surgida del Inventario Nacional de Humedales, es un elemento importante para complementar este trabajo de ordenamiento ambiental del territorio, junto con otra información que se refiere a los usos y las actividades que actualmente se desarrollan allí.
Un último punto tiene que ver con la búsqueda de un equilibrio en esta moratoria, que no implica prohibir necesariamente todas las actividades, pero sí debe establecer mecanismos que aseguren que los humedales no sean transformados ni degradados mientras se avanza en el ordenamiento.
Por eso proponemos que, frente a la presentación de modificaciones para el uso del suelo u obras de infraestructura con potencial impacto, se desarrollen los estudios de evaluación ambiental estratégica junto con un inventario del área a intervenir, asegurando la participación social en ese proceso.
A fin de orientar a las provincias en esa exigencia -respecto de los estudios o evaluaciones ambientales-, la ley debe encomendar a la autoridad de aplicación el desarrollo de pautas sobre cómo deben realizarse esos estudios y evaluaciones, a partir de guías y metodologías considerando, en particular, los ecosistemas de humedales.
Para cerrar mi exposición quiero agradecerles y mencionar como una contribución a este último punto que, desde la Fundación Humedales, estamos trabajando junto al ministerio en la construcción de pensar los estudios de impacto ambiental, fundamentalmente, para ecosistemas de humedales.
Esperamos que estas contribuciones sean útiles para la construcción colectiva del proceso de unificación de proyectos hacia una Ley de Humedales. Muchas gracias.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Muchas gracias, Gastón.
Tiene la palabra el señor Leonel Mingo, licenciado en Economía, magister en Gestión y Ciencia de Recursos Hídricos, máster en Business Administration, docente en la Universidad Católica de La Plata, coordinador de la campaña de humedales de Greenpeace Argentina.
Tiene la palabra el señor Leonel Mingo, licenciado en Economía, magister en Gestión y Ciencia de Recursos Hídricos, máster en Business Administration, docente en la Universidad Católica de La Plata, coordinador de la campaña de humedales de Greenpeace Argentina.
SR. MINGO Muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, me gustaría destacar que -como se sabe- las leyes pueden ser un arma de doble filo. Es decir que pueden genuinamente proteger al ecosistema o también pueden legitimar su destrucción; por eso hay que tener mucho ojo. En ese sentido, comentaré los tres ítems que, desde Greenpeace, consideramos que debe cumplir un proyecto de ley que verdaderamente tenga intenciones genuinas de proteger los humedales.
El primer ítem es, por supuesto, de una vez por todas, la realización del inventario. El segundo ítem se refiere a la moratoria que debe tener esta iniciativa frente al avance sobre los humedales hasta tanto se termine el inventario. Esto es importante por dos razones.
La primera y principal es que protege el ecosistema y la segunda es que sirve de incentivo para que se termine rápido el inventario. Aprendamos de los hechos del pasado. La Ley de Protección de Glaciares también estipulaba la realización de un inventario, pero al no incluir una moratoria se demoró nueve años su finalización.
El tercer ítem, el más importante desde el punto de vista de Greenpeace, es que se incluya la figura del delito penal. No podemos permitir que las personas que deliberadamente destruyen estos ecosistemas, tan vitales para la vida humana y para el ambiente, queden impunes. Consideramos que esas personas tienen que ir presas.
Una vez más: aprendamos de los hechos del pasado. La Ley de Bosques, uno de los hitos ambientales de nuestro país, fue muy positiva al momento de su sanción, pero con el tiempo demostró que no fue suficiente porque las sanciones son solo económicas. Esto implicó que, desde la sanción de la Ley de Bosques hasta la fecha, se hayan perdido más de un millón de hectáreas de áreas protegidas. Los empresarios simplemente pagan la multa y siguen deforestando. Entonces, si no incluimos la figura del delito penal en la Ley de Humedales va a pasar lo mismo.
Si me permiten, les voy a mostrar unas fotos. La primera imagen es del Delta del río Paraná, que muestra cómo se deberían ver los humedales. A continuación, les mostraré una imagen de lo que está pasando ahora, mientras nosotros estamos hablando, que muestra el avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre el Delta del Paraná. En esta foto se observa, particularmente, el río Luján. Reitero: esto está pasando mientras nosotros seguimos debatiendo y dando vueltas, en vez de avanzar -de una vez por todas- con un proyecto de ley que proteja a los humedales.
Les pido que presten atención a la última foto que les mostraré. Quizás no se puede ver muy claramente, pero puedo sintetizar rápidamente el tema. De hecho, todo esto se puede encontrar en Internet, porque están vendiendo -por todos lados- lotes a un precio que oscila entre los 70.000 y los 100.000 dólares. Se trata de proyectos inmobiliarios sobre los humedales en el Delta del Paraná.
Les pido por un segundo que imaginen el monto de la multa más alta que se les ocurra para estas personas, que de por sí están violando las leyes provinciales y las ordenanzas municipales. ¿Esto les importa? No, porque se trata solamente de pagar multas económicas que, como sabemos, se pagan en pesos en la Argentina, y los precios de los loteos son ofrecidos en dólares.
Si la sanción a la destrucción de los humedales solamente se vincula con el aspecto económico, lo único que se logrará es que los lotes que se están vendiendo a 100.000 dólares se vendan a 105.000 dólares. ¿Esto protege a los humedales? No, en absoluto. Solamente eleva un poquito...
En primer lugar, me gustaría destacar que -como se sabe- las leyes pueden ser un arma de doble filo. Es decir que pueden genuinamente proteger al ecosistema o también pueden legitimar su destrucción; por eso hay que tener mucho ojo. En ese sentido, comentaré los tres ítems que, desde Greenpeace, consideramos que debe cumplir un proyecto de ley que verdaderamente tenga intenciones genuinas de proteger los humedales.
El primer ítem es, por supuesto, de una vez por todas, la realización del inventario. El segundo ítem se refiere a la moratoria que debe tener esta iniciativa frente al avance sobre los humedales hasta tanto se termine el inventario. Esto es importante por dos razones.
La primera y principal es que protege el ecosistema y la segunda es que sirve de incentivo para que se termine rápido el inventario. Aprendamos de los hechos del pasado. La Ley de Protección de Glaciares también estipulaba la realización de un inventario, pero al no incluir una moratoria se demoró nueve años su finalización.
El tercer ítem, el más importante desde el punto de vista de Greenpeace, es que se incluya la figura del delito penal. No podemos permitir que las personas que deliberadamente destruyen estos ecosistemas, tan vitales para la vida humana y para el ambiente, queden impunes. Consideramos que esas personas tienen que ir presas.
Una vez más: aprendamos de los hechos del pasado. La Ley de Bosques, uno de los hitos ambientales de nuestro país, fue muy positiva al momento de su sanción, pero con el tiempo demostró que no fue suficiente porque las sanciones son solo económicas. Esto implicó que, desde la sanción de la Ley de Bosques hasta la fecha, se hayan perdido más de un millón de hectáreas de áreas protegidas. Los empresarios simplemente pagan la multa y siguen deforestando. Entonces, si no incluimos la figura del delito penal en la Ley de Humedales va a pasar lo mismo.
Si me permiten, les voy a mostrar unas fotos. La primera imagen es del Delta del río Paraná, que muestra cómo se deberían ver los humedales. A continuación, les mostraré una imagen de lo que está pasando ahora, mientras nosotros estamos hablando, que muestra el avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre el Delta del Paraná. En esta foto se observa, particularmente, el río Luján. Reitero: esto está pasando mientras nosotros seguimos debatiendo y dando vueltas, en vez de avanzar -de una vez por todas- con un proyecto de ley que proteja a los humedales.
Les pido que presten atención a la última foto que les mostraré. Quizás no se puede ver muy claramente, pero puedo sintetizar rápidamente el tema. De hecho, todo esto se puede encontrar en Internet, porque están vendiendo -por todos lados- lotes a un precio que oscila entre los 70.000 y los 100.000 dólares. Se trata de proyectos inmobiliarios sobre los humedales en el Delta del Paraná.
Les pido por un segundo que imaginen el monto de la multa más alta que se les ocurra para estas personas, que de por sí están violando las leyes provinciales y las ordenanzas municipales. ¿Esto les importa? No, porque se trata solamente de pagar multas económicas que, como sabemos, se pagan en pesos en la Argentina, y los precios de los loteos son ofrecidos en dólares.
Si la sanción a la destrucción de los humedales solamente se vincula con el aspecto económico, lo único que se logrará es que los lotes que se están vendiendo a 100.000 dólares se vendan a 105.000 dólares. ¿Esto protege a los humedales? No, en absoluto. Solamente eleva un poquito...
-Se interrumpe el audio.
SR. MINGO Todos escuchamos a diario -porque de hecho así se difunde en la mayoría de los medios de comunicación- lo relativo a estas famosas tierras que están siendo tomadas, usurpadas, en distintos lugares del conurbano. No es mi lugar defender ni atacar este tipo de acciones, pero quiero destacar que muchas de las tierras que están siendo tomadas por estos emprendimientos inmobiliarios también son usurpadas y son ilegales porque están tomando tierras que no les pertenecen.
¿Cuál es la diferencia? El primer sector -por supuesto, lo vemos en los medios de comunicación y en todos lados- lo conforma gente de recursos económicos bajos. Por el contrario, el otro grupo está conformado, justamente, por personas muy adineradas. Además, las personas que están destruyendo el Delta del río Paraná están incurriendo en un delito y ocasionando un daño ambiental enorme, para la salud humana y para el ambiente.
Desde Greenpeace les anunció que todas estas imágenes forman parte de una investigación que estamos llevando adelante, que en los próximos días la haremos pública -al estilo de Greenpeace-, con nombres y apellidos. Vamos a denunciar a todos y a cada uno de estos emprendimientos inmobiliarios, que están destruyendo impunemente los humedales del Delta del Paraná.
Contamos con su apoyo. Una vez más, queremos resaltar la importancia de que se sancione un proyecto de ley de humedales que genuinamente proteja a estos ecosistemas. Asimismo, hago hincapié en que es primordial la inclusión de la figura del delito penal, para proteger estos ecosistemas y para que no quede impune el tipo de accionar que les acabo de mostrar en las imágenes.
¿Cuál es la diferencia? El primer sector -por supuesto, lo vemos en los medios de comunicación y en todos lados- lo conforma gente de recursos económicos bajos. Por el contrario, el otro grupo está conformado, justamente, por personas muy adineradas. Además, las personas que están destruyendo el Delta del río Paraná están incurriendo en un delito y ocasionando un daño ambiental enorme, para la salud humana y para el ambiente.
Desde Greenpeace les anunció que todas estas imágenes forman parte de una investigación que estamos llevando adelante, que en los próximos días la haremos pública -al estilo de Greenpeace-, con nombres y apellidos. Vamos a denunciar a todos y a cada uno de estos emprendimientos inmobiliarios, que están destruyendo impunemente los humedales del Delta del Paraná.
Contamos con su apoyo. Una vez más, queremos resaltar la importancia de que se sancione un proyecto de ley de humedales que genuinamente proteja a estos ecosistemas. Asimismo, hago hincapié en que es primordial la inclusión de la figura del delito penal, para proteger estos ecosistemas y para que no quede impune el tipo de accionar que les acabo de mostrar en las imágenes.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Tiene la palabra Jackeline Ermini, referente de Jóvenes por el Clima Rosario.
SRA. ERMINI Buenas tardes. Les agradezco este espacio, que celebro que hoy nos reúna, para debatir y avanzar hacia una Ley de Humedales, que es impostergable. Se trata de una deuda que tiene nuestro país hacia ecosistemas muy importantes.
Esto lo hemos visto materializado en los incendios que está sufriendo la región, en particular, el Delta del río Paraná. Cabe mencionar que ciudades como Rosario y sus alrededores han sido invadidas por el humo y la contaminación aérea superó hasta cinco veces los niveles permitidos. Lo hemos visto en las comunidades que han enfrentado al fuego a metros de sus casas.
También lo hemos visto en los años de lucha de los pueblos cordilleranos en contra de la minería, en la lucha de estos pueblos en defensa del agua, en la lucha de las comunidades que resisten a ser desplazadas, y en los años de destrucción de nuestros ecosistemas, por parte de este modelo extractivista que vulnera todos los derechos humanos.
La Ley de Humedales es imperante, pero no queremos cualquier ley. No queremos una ley que se adapte a los intereses de aquellos sectores que nos han traído hasta aquí. En ese sentido, me parece importante que en este camino empecemos a desmitificar la ley.
La Ley de Humedales no apagará los incendios y tampoco terminará con la producción en los humedales ni convertirá a estos ecosistemas en territorios intocables, como muchos nos quieren hacer creer.
Es transcendental entender a la Ley de Humedales como un instrumento muy importante para ordenar el territorio, así como también para permitir a las provincias planificar qué actividades se llevarán a cabo en estos ecosistemas, de qué manera, dónde, cómo y quiénes, entre otras cuestiones.
La Ley de Humedales es una herramienta fundamental para evitar que se repita todo lo que estamos viviendo hoy. Creo que la Argentina tiene el enorme desafío de empezar a planificar y ordenar el territorio. Las consecuencias de no hacerlo, las vemos todos los días; lo vemos en las calles y en la crisis sistémica que nos está atravesando.
Creo que esto nos invita también a repensar qué modelo queremos para nuestro país, a repensar nuestros modelos de producción, a repensar nuestros modelos de consumo y a repensarnos íntegramente como sociedad.
Por otra parte, no debemos entender a los humedales como ecosistemas independientes del medio que los rodea, sino como territorios dinámicos que forman parte de un complejo entramado de interacciones de los ecosistemas. Por eso, debemos legislar sobre los mismos con esta visión integrada del paisaje. La ley de humedales que queremos debe ser abarcativa de todos estos aspectos.
Necesitamos dejar de ver a nuestros ecosistemas y a nuestros bienes comunes como recursos inagotables e infinitos, y empezar a transicionar hacia un modelo sostenible.
Desde Jóvenes por el Clima, como parte de la juventud y en su representación , queremos -y quiero en particular- que nuestra generación y las que vienen detrás puedan vivir en un ambiente sano y tengan una calidad de vida digna. Sin embargo, todo esto es muy improbable si seguimos apostando al modelo actual. La pandemia que hoy estamos viviendo es solo una muestra de lo inviable que es este sistema.
Sabemos que las soluciones no se logran de un día para otro. Esto lo dice la ciencia y también los expertos. Pero no hay mucho más tiempo y, por lo tanto, debemos empezar a tomar medidas concretas para que esta transición sea real.
Para cerrar mi intervención, quiero decir que la Ley de Humedales es el primer paso. Necesitamos legisladores comprometidos con la protección de nuestros recursos y ecosistemas, y tenemos el deber de abogar por un país donde se respete la salud del ambiente, se pondere la dignidad y de los pueblos y se garanticen los derechos humanos.
Quiero que trabajemos por una Argentina que sea cada día más justa y más federal. Eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias.
Esto lo hemos visto materializado en los incendios que está sufriendo la región, en particular, el Delta del río Paraná. Cabe mencionar que ciudades como Rosario y sus alrededores han sido invadidas por el humo y la contaminación aérea superó hasta cinco veces los niveles permitidos. Lo hemos visto en las comunidades que han enfrentado al fuego a metros de sus casas.
También lo hemos visto en los años de lucha de los pueblos cordilleranos en contra de la minería, en la lucha de estos pueblos en defensa del agua, en la lucha de las comunidades que resisten a ser desplazadas, y en los años de destrucción de nuestros ecosistemas, por parte de este modelo extractivista que vulnera todos los derechos humanos.
La Ley de Humedales es imperante, pero no queremos cualquier ley. No queremos una ley que se adapte a los intereses de aquellos sectores que nos han traído hasta aquí. En ese sentido, me parece importante que en este camino empecemos a desmitificar la ley.
La Ley de Humedales no apagará los incendios y tampoco terminará con la producción en los humedales ni convertirá a estos ecosistemas en territorios intocables, como muchos nos quieren hacer creer.
Es transcendental entender a la Ley de Humedales como un instrumento muy importante para ordenar el territorio, así como también para permitir a las provincias planificar qué actividades se llevarán a cabo en estos ecosistemas, de qué manera, dónde, cómo y quiénes, entre otras cuestiones.
La Ley de Humedales es una herramienta fundamental para evitar que se repita todo lo que estamos viviendo hoy. Creo que la Argentina tiene el enorme desafío de empezar a planificar y ordenar el territorio. Las consecuencias de no hacerlo, las vemos todos los días; lo vemos en las calles y en la crisis sistémica que nos está atravesando.
Creo que esto nos invita también a repensar qué modelo queremos para nuestro país, a repensar nuestros modelos de producción, a repensar nuestros modelos de consumo y a repensarnos íntegramente como sociedad.
Por otra parte, no debemos entender a los humedales como ecosistemas independientes del medio que los rodea, sino como territorios dinámicos que forman parte de un complejo entramado de interacciones de los ecosistemas. Por eso, debemos legislar sobre los mismos con esta visión integrada del paisaje. La ley de humedales que queremos debe ser abarcativa de todos estos aspectos.
Necesitamos dejar de ver a nuestros ecosistemas y a nuestros bienes comunes como recursos inagotables e infinitos, y empezar a transicionar hacia un modelo sostenible.
Desde Jóvenes por el Clima, como parte de la juventud y en su representación , queremos -y quiero en particular- que nuestra generación y las que vienen detrás puedan vivir en un ambiente sano y tengan una calidad de vida digna. Sin embargo, todo esto es muy improbable si seguimos apostando al modelo actual. La pandemia que hoy estamos viviendo es solo una muestra de lo inviable que es este sistema.
Sabemos que las soluciones no se logran de un día para otro. Esto lo dice la ciencia y también los expertos. Pero no hay mucho más tiempo y, por lo tanto, debemos empezar a tomar medidas concretas para que esta transición sea real.
Para cerrar mi intervención, quiero decir que la Ley de Humedales es el primer paso. Necesitamos legisladores comprometidos con la protección de nuestros recursos y ecosistemas, y tenemos el deber de abogar por un país donde se respete la salud del ambiente, se pondere la dignidad y de los pueblos y se garanticen los derechos humanos.
Quiero que trabajemos por una Argentina que sea cada día más justa y más federal. Eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Muchas gracias, Jackeline Ermini.
Tiene la palabra la señora María Aguilar, coordinadora general de los departamentos de Educación Socioambiental e Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse.
Tiene la palabra la señora María Aguilar, coordinadora general de los departamentos de Educación Socioambiental e Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse.
SRA. AGUILAR Muchas gracias. Saludo a todos y a todas. Antes que nada, quiero agradecer este espacio. Realmente nos honra poder participar de esta reunión y traer a la comisión la visión de nuestra organización -así como también la de muchas otras que formamos parte del Movimiento Socioambiental- con respecto a esta norma, que nos parece tan importante en el camino hacia el desarrollo sostenible de nuestro país. Esto nos parece importante, sobre todo en un contexto o en un momento de inflexión que creemos que es histórico, que plantea la urgencia y la necesidad de un cambio de paradigma.
Nos gustaría empezar remarcando la importancia de estos ecosistemas. Los humedales, en su enorme variedad, son muy particulares, muy complejos y, sobre todo, muy valiosos. Constituyen importantes reservas de agua dulce y cumplen un rol fundamental en el filtrado y purificación del agua; son ecosistemas que albergan gran parte de la biodiversidad del planeta; se estima que alrededor del 40 por ciento de las especies del mundo habita o se cría en los humedales.
También almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, y eso los convierte en aliados estratégicos frente a la crisis climática que estamos atravesando. Brindan, además, un montón de beneficios sociales y culturales; son espacios ideales para la educación ambiental y para el contacto con la naturaleza que, por supuesto, mejoran la calidad de vida y la salud de las personas. La lista de beneficios sigue y sigue. Pero, a pesar de esto, los humedales se encuentran entre los ecosistemas más afectados y amenazados por las actividades humanas.
Se estima que alrededor del 87 por ciento de los humedales del planeta se perdieron en los últimos trescientos años. Reitero: 87 por ciento. Las principales causas ya las estuvimos mencionando a lo largo de las exposiciones: ampliación de la frontera agrícola, uso de agrotóxicos, actividad minera, sobrexplotación, desarrollo industrial, desarrollo inmobiliario, cambio climático, especies invasoras, entre otras y otras.
En la Argentina ya dimos pasos hacia la protección de los humedales. Podemos mencionar la Convención de Ramsar, ratificada en 1991; también se comenzó a trabajar en los inventarios, que todavía no están terminados; la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020, cuya meta número 4 propone aumentar un 20 por ciento la superficie de protección actual de humedales.
No obstante, lograr una ley nacional es una deuda histórica pendiente con el ambiente y con la sociedad. El primer proyecto presentado data de 2007. Sin embargo, todavía no logramos una norma específica para estos ecosistemas.
En este sentido, entendemos que la ley que finalmente se sancione debería tener ciertas características. En cuanto a su definición, debería ser construida junto con organizaciones y referentes que trabajen en estos ecosistemas.
En cuanto al ordenamiento territorial y el aplazamiento de las actividades, consideramos importante que se prevean disposiciones transitorias respecto de las actividades que se estén desarrollando, hasta tanto se defina y se determine el ordenamiento territorial, especialmente revisando las evaluaciones de impacto ambiental presentadas y las licencias ambientales otorgadas. También planteamos que debería haber consideraciones especiales respecto de la evaluación de impacto ambiental, ya que todavía no hay una norma de presupuestos mínimos sobre este tema y las provincias tienen regímenes a veces muy diversos.
En cuanto a las sanciones, coincidimos con que es necesario que sean categóricas y ejemplificadoras, y en ese sentido entendemos que deberían incluir la figura de delito penal.
En cuanto a los salares, cabe destacar que en la última discusión de la Ley de Humedales que se dio en el Senado en 2016, se excluyó explícitamente a los salares de altura, indicando que tendrían una regulación aparte. Esto no puede admitirse en futuras discusiones, ya que los salares son humedales y actualmente enfrentan una gran amenaza por la exploración y la explotación hidrocarburífera y de litio.
En relación con la articulación con otros actores, la ley también debería plantear espacios específicos de intercambio con autoridades provinciales, con el COFEMA a nivel interministerial en Gabinete nacional, con organizaciones de la sociedad civil, de la academia, en consejos consultivos y, por supuesto, con las comunidades locales y pueblos originarios que estén en la zona.
Antes de finalizar, quiero decir que la ley de humedales por sí sola no soluciona el problema, pero sí brinda un marco general de ordenamiento territorial que sienta las bases para ver dónde y cómo vamos a desarrollar las distintas actividades humanas. Por eso, es fundamental que se trabaje con las provincias, que son quienes finalmente regulan y administran los recursos naturales.
Nos urge una ley que se nutra de experiencias pasadas, del trabajo de organizaciones en territorio, que contemple la enorme diversidad de humedales en el territorio nacional, que promueva su protección y su uso sostenible, y que por supuesto incluya un plan de educación socioambiental y un sistema de control y fiscalización para que sea realmente efectiva.
Lo que está sucediendo hoy con los humedales es un ecocidio a gran escala. Además, está en juego la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Es muy importante que contemos con esta ley. Por supuesto, vamos a hacer fuerza para que se sancione, pero también podemos empezar a actuar ahora y eso es lo que queremos destacar: ya existe un marco legal vigente y debemos hacerlo cumplir.
Tenemos la Ley General del Ambiente, regulaciones en el Código de Minería y protocolos de buenas prácticas para distintas actividades, entre otros instrumentos. Empecemos a diseñar una planificación integral estratégica. Tenemos que saber qué podemos hacer y dónde. Para eso, es fundamental seguir impulsando la investigación y la educación. Ya hay señales más que suficientes de que, así como estamos, no vamos por buen camino. Por lo tanto, pido que se impulse el mejor proyecto de ley posible, pero que actuemos mientras tanto. Muchas gracias.
Nos gustaría empezar remarcando la importancia de estos ecosistemas. Los humedales, en su enorme variedad, son muy particulares, muy complejos y, sobre todo, muy valiosos. Constituyen importantes reservas de agua dulce y cumplen un rol fundamental en el filtrado y purificación del agua; son ecosistemas que albergan gran parte de la biodiversidad del planeta; se estima que alrededor del 40 por ciento de las especies del mundo habita o se cría en los humedales.
También almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, y eso los convierte en aliados estratégicos frente a la crisis climática que estamos atravesando. Brindan, además, un montón de beneficios sociales y culturales; son espacios ideales para la educación ambiental y para el contacto con la naturaleza que, por supuesto, mejoran la calidad de vida y la salud de las personas. La lista de beneficios sigue y sigue. Pero, a pesar de esto, los humedales se encuentran entre los ecosistemas más afectados y amenazados por las actividades humanas.
Se estima que alrededor del 87 por ciento de los humedales del planeta se perdieron en los últimos trescientos años. Reitero: 87 por ciento. Las principales causas ya las estuvimos mencionando a lo largo de las exposiciones: ampliación de la frontera agrícola, uso de agrotóxicos, actividad minera, sobrexplotación, desarrollo industrial, desarrollo inmobiliario, cambio climático, especies invasoras, entre otras y otras.
En la Argentina ya dimos pasos hacia la protección de los humedales. Podemos mencionar la Convención de Ramsar, ratificada en 1991; también se comenzó a trabajar en los inventarios, que todavía no están terminados; la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad y Plan de Acción 2016-2020, cuya meta número 4 propone aumentar un 20 por ciento la superficie de protección actual de humedales.
No obstante, lograr una ley nacional es una deuda histórica pendiente con el ambiente y con la sociedad. El primer proyecto presentado data de 2007. Sin embargo, todavía no logramos una norma específica para estos ecosistemas.
En este sentido, entendemos que la ley que finalmente se sancione debería tener ciertas características. En cuanto a su definición, debería ser construida junto con organizaciones y referentes que trabajen en estos ecosistemas.
En cuanto al ordenamiento territorial y el aplazamiento de las actividades, consideramos importante que se prevean disposiciones transitorias respecto de las actividades que se estén desarrollando, hasta tanto se defina y se determine el ordenamiento territorial, especialmente revisando las evaluaciones de impacto ambiental presentadas y las licencias ambientales otorgadas. También planteamos que debería haber consideraciones especiales respecto de la evaluación de impacto ambiental, ya que todavía no hay una norma de presupuestos mínimos sobre este tema y las provincias tienen regímenes a veces muy diversos.
En cuanto a las sanciones, coincidimos con que es necesario que sean categóricas y ejemplificadoras, y en ese sentido entendemos que deberían incluir la figura de delito penal.
En cuanto a los salares, cabe destacar que en la última discusión de la Ley de Humedales que se dio en el Senado en 2016, se excluyó explícitamente a los salares de altura, indicando que tendrían una regulación aparte. Esto no puede admitirse en futuras discusiones, ya que los salares son humedales y actualmente enfrentan una gran amenaza por la exploración y la explotación hidrocarburífera y de litio.
En relación con la articulación con otros actores, la ley también debería plantear espacios específicos de intercambio con autoridades provinciales, con el COFEMA a nivel interministerial en Gabinete nacional, con organizaciones de la sociedad civil, de la academia, en consejos consultivos y, por supuesto, con las comunidades locales y pueblos originarios que estén en la zona.
Antes de finalizar, quiero decir que la ley de humedales por sí sola no soluciona el problema, pero sí brinda un marco general de ordenamiento territorial que sienta las bases para ver dónde y cómo vamos a desarrollar las distintas actividades humanas. Por eso, es fundamental que se trabaje con las provincias, que son quienes finalmente regulan y administran los recursos naturales.
Nos urge una ley que se nutra de experiencias pasadas, del trabajo de organizaciones en territorio, que contemple la enorme diversidad de humedales en el territorio nacional, que promueva su protección y su uso sostenible, y que por supuesto incluya un plan de educación socioambiental y un sistema de control y fiscalización para que sea realmente efectiva.
Lo que está sucediendo hoy con los humedales es un ecocidio a gran escala. Además, está en juego la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Es muy importante que contemos con esta ley. Por supuesto, vamos a hacer fuerza para que se sancione, pero también podemos empezar a actuar ahora y eso es lo que queremos destacar: ya existe un marco legal vigente y debemos hacerlo cumplir.
Tenemos la Ley General del Ambiente, regulaciones en el Código de Minería y protocolos de buenas prácticas para distintas actividades, entre otros instrumentos. Empecemos a diseñar una planificación integral estratégica. Tenemos que saber qué podemos hacer y dónde. Para eso, es fundamental seguir impulsando la investigación y la educación. Ya hay señales más que suficientes de que, así como estamos, no vamos por buen camino. Por lo tanto, pido que se impulse el mejor proyecto de ley posible, pero que actuemos mientras tanto. Muchas gracias.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Muchas gracias, María Aguilar.
Tiene la palabra la señora Guadalupe Nava, de Alianza por el Clima.
Tiene la palabra la señora Guadalupe Nava, de Alianza por el Clima.
SRA. NAVA Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
En representación de las treinta y nueve organizaciones socioambientales que integramos Alianza por el Clima, expresamos aquí los puntos que creemos deben ser fundacionales en esta Ley de Humedales, porque estamos ante una crisis ecológica, climática, social y sanitaria mundial.
La regulación del uso y la protección de los humedales no puede esperar.
Los humedales son necesarios para hacer frente al cambio climático, las sequías y las inundaciones que se vienen. Los humedales son sinónimo de agua, purifican el agua, el aire y garantizan la biodiversidad.
No queremos cualquier ley. Queremos la mejor ley, la que se implementa, la que asigna recursos económicos a quienes los ejecutan con responsabilidad, la que controla que se cumpla, la que sanciona a quienes la violan, la que promueve la producción responsable a escala local, las pequeñas economías regionales, las tradicionales y las ancestrales; la que garantiza la participación ciudadana en todas sus instancias -reglamentación, elaboración de inventarios e implementación- y la que asegura la conservación y conectividad con otras áreas protegidas con las que conformen un verdadero corredor biológico.
En relación con el uso sostenible, no estamos creando una ley que proteja y regule la totalidad de los humedales que supo tener el territorio argentino, sino a los que quedan, ya que una buena parte de los humedales han sido degradados al punto de desaparecer.
Parte de los que hoy existen, sobreviven entre rellenos, basurales, contaminación, incendios, creación ictícola, caza furtiva, agroquímicos y megaminería. Son mal llamados "tierra de nadie", "baldío", "yuyales" y "tierras ociosas".
¡Qué lejos parecemos estar del concepto de uso sostenible! Esta ley debiera ser la oportunidad de aprender y ejecutar este concepto.
Para llegar a un consenso sobre el significado de "sostenible", esta ley debe ser acompañada con el compromiso de promover la educación ambiental.
Como Federación de Organizaciones Ambientales entendemos que tiene que haber un debate amplio, federal, con la participación de todos los actores, incluidos los productivos, al que acompañaremos con la participación activa de las organizaciones socioambientales.
Es una oportunidad que la sociedad toda esté reclamando una ley ambiental. Una oportunidad para que nuestros representantes demuestren que están comprendiendo este reclamo que tiene que ver con la vida en nuestro territorio, el derecho a un ambiente sano y la garantía de un hábitat para las generaciones venideras.
En representación de las treinta y nueve organizaciones socioambientales que integramos Alianza por el Clima, expresamos aquí los puntos que creemos deben ser fundacionales en esta Ley de Humedales, porque estamos ante una crisis ecológica, climática, social y sanitaria mundial.
La regulación del uso y la protección de los humedales no puede esperar.
Los humedales son necesarios para hacer frente al cambio climático, las sequías y las inundaciones que se vienen. Los humedales son sinónimo de agua, purifican el agua, el aire y garantizan la biodiversidad.
No queremos cualquier ley. Queremos la mejor ley, la que se implementa, la que asigna recursos económicos a quienes los ejecutan con responsabilidad, la que controla que se cumpla, la que sanciona a quienes la violan, la que promueve la producción responsable a escala local, las pequeñas economías regionales, las tradicionales y las ancestrales; la que garantiza la participación ciudadana en todas sus instancias -reglamentación, elaboración de inventarios e implementación- y la que asegura la conservación y conectividad con otras áreas protegidas con las que conformen un verdadero corredor biológico.
En relación con el uso sostenible, no estamos creando una ley que proteja y regule la totalidad de los humedales que supo tener el territorio argentino, sino a los que quedan, ya que una buena parte de los humedales han sido degradados al punto de desaparecer.
Parte de los que hoy existen, sobreviven entre rellenos, basurales, contaminación, incendios, creación ictícola, caza furtiva, agroquímicos y megaminería. Son mal llamados "tierra de nadie", "baldío", "yuyales" y "tierras ociosas".
¡Qué lejos parecemos estar del concepto de uso sostenible! Esta ley debiera ser la oportunidad de aprender y ejecutar este concepto.
Para llegar a un consenso sobre el significado de "sostenible", esta ley debe ser acompañada con el compromiso de promover la educación ambiental.
Como Federación de Organizaciones Ambientales entendemos que tiene que haber un debate amplio, federal, con la participación de todos los actores, incluidos los productivos, al que acompañaremos con la participación activa de las organizaciones socioambientales.
Es una oportunidad que la sociedad toda esté reclamando una ley ambiental. Una oportunidad para que nuestros representantes demuestren que están comprendiendo este reclamo que tiene que ver con la vida en nuestro territorio, el derecho a un ambiente sano y la garantía de un hábitat para las generaciones venideras.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Tiene la palabra Daniel Bracamonte, dirigente del Partido Verde Argentina.
SR. BRACAMONTE Muchas gracias por permitirme participar.
En varias sesiones estuve escuchando atentamente importantes reflexiones desde el punto de vista científico y técnico sobre los humedales, de manera que no voy a abundar más sobre el tema. Yo vivo en un humedal, soy islero, así que conozco muy bien cuáles son los beneficios de estar ahí.
En realidad, estamos frente a una ley que plantea un problema fundamentalmente político. Lo que tenemos acá es un debate político global. Es decir, veníamos haciendo políticas sobre un paradigma donde la naturaleza es un recurso y donde nuestro concepto de desarrollo es acumulativo. Es decir, nos desarrollamos, consumimos, nos desarrollamos, consumimos. No vemos la frontera del límite natural de esa acción.
Lo que hay que cambiar acá es el paradigma político. Es decir, la idea de pensar desde ahora en adelante una nueva relación con el ambiente y otorgarle a la naturaleza derechos. En el caso del humedal, tendría que pasar a ser sujeto colectivo de interés público y darle derechos. De esta manera evitamos cualquier malinterpretación de leyes de presupuestos mínimos que después, en la práctica, cuando se aplican, dejan huecos por donde pasan los destructores del ambiente.
Quiero dar un simple ejemplo. En el concepto utópico de sustentabilidad -digo utópico porque el concepto de sustentabilidad tiene tantas variantes y tantas diferencias de criterio que hasta hoy no está muy bien definido-, un sistema debe ser totalmente suficiente, sin necesidad de intercambiar materia o energía con otro sistema colindante.
Vamos a llevar eso a dos lugares. Vamos a llevarlo a Zárate, donde al día de hoy hay más de 20.000 cabezas de ganado, y vamos a llevarlo a Ibicuy, donde el ganado bufalino tiene más de 2.000 cabezas. En estos lugares, se puede decir que hay zonas de pastoreo. No hay más humedal. Ahí donde se instaló la agricultura y la ganadería, el humedal desapareció. Al desaparecer su flora, cambió el uso del suelo. A partir de ahí, el humedal ya no responde más, está degradado. A partir de perder su flora, vamos a perder parte del territorio de la isla.
Entonces yo me pregunto ¿esta es la producción sustentable de la que hablamos? Si la ley de humedales se sanciona, pese a la resistencia que va a tener porque va a implicar una lucha muy dura, y se aplica este concepto de producción sustentable, hoy los productores de ganado y los agrícolas van a tener que retroceder territorio y replantearse rigurosamente su forma de producir. ¿Por qué? Simplemente porque no pueden seguir produciendo contaminaciones emergentes. No pueden seguir llenando los ríos de antibióticos y de metales pesados. Esto ya es imposible de aceptar en una producción sustentable.
Ahí nos enfrentamos al problema central, porque una ley no solo viene a proteger, sino que viene a deshacer un concepto de producción. De otra manera, no cambiaría nada.
Si nosotros decimos que en el lugar se puede producir, pero en forma sustentable, en realidad no decimos nada, porque hasta ahora en ninguno de los encuentros alguien dijo cómo es la producción sustentable.
Yo lo voy a decir. ¿Saben cómo se produce en forma sustentable sobre el humedal? Como lo hace el nativo, el isleño, que hace una producción familiar, limitada, local y en baja escala. Eso es una producción sustentable.
La producción de mediana y alta escala, el humedal, no la tolera porque rompe y quiebra su sistema.
Por otro lado, estoy de acuerdo con el tema de la moratoria; es fundamental. Pero hay otro elemento que es fundamental: cuando se empiece a analizar el inventario de humedales y se llegue al paisaje local. Para dar un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se van a tachar con una cruz muchos humedales que están desconectados, que son resabios de humedales pero que cumplen una función ecosistémica fundamental para una provincia de Buenos Aires que tiene un metro cuadrado de espacio verde por habitante. Si no protegemos esos espacios de humedales, va a aumentar la crisis sanitaria.
Entonces, repito, este es un problema político y va a darse una lucha muy dura. La Ley de Humedales es el primer paso de esta lucha. Si no logramos que esta ley se sancione, lo que vamos a generar es una gran conflictividad social. Muchas gracias.
En varias sesiones estuve escuchando atentamente importantes reflexiones desde el punto de vista científico y técnico sobre los humedales, de manera que no voy a abundar más sobre el tema. Yo vivo en un humedal, soy islero, así que conozco muy bien cuáles son los beneficios de estar ahí.
En realidad, estamos frente a una ley que plantea un problema fundamentalmente político. Lo que tenemos acá es un debate político global. Es decir, veníamos haciendo políticas sobre un paradigma donde la naturaleza es un recurso y donde nuestro concepto de desarrollo es acumulativo. Es decir, nos desarrollamos, consumimos, nos desarrollamos, consumimos. No vemos la frontera del límite natural de esa acción.
Lo que hay que cambiar acá es el paradigma político. Es decir, la idea de pensar desde ahora en adelante una nueva relación con el ambiente y otorgarle a la naturaleza derechos. En el caso del humedal, tendría que pasar a ser sujeto colectivo de interés público y darle derechos. De esta manera evitamos cualquier malinterpretación de leyes de presupuestos mínimos que después, en la práctica, cuando se aplican, dejan huecos por donde pasan los destructores del ambiente.
Quiero dar un simple ejemplo. En el concepto utópico de sustentabilidad -digo utópico porque el concepto de sustentabilidad tiene tantas variantes y tantas diferencias de criterio que hasta hoy no está muy bien definido-, un sistema debe ser totalmente suficiente, sin necesidad de intercambiar materia o energía con otro sistema colindante.
Vamos a llevar eso a dos lugares. Vamos a llevarlo a Zárate, donde al día de hoy hay más de 20.000 cabezas de ganado, y vamos a llevarlo a Ibicuy, donde el ganado bufalino tiene más de 2.000 cabezas. En estos lugares, se puede decir que hay zonas de pastoreo. No hay más humedal. Ahí donde se instaló la agricultura y la ganadería, el humedal desapareció. Al desaparecer su flora, cambió el uso del suelo. A partir de ahí, el humedal ya no responde más, está degradado. A partir de perder su flora, vamos a perder parte del territorio de la isla.
Entonces yo me pregunto ¿esta es la producción sustentable de la que hablamos? Si la ley de humedales se sanciona, pese a la resistencia que va a tener porque va a implicar una lucha muy dura, y se aplica este concepto de producción sustentable, hoy los productores de ganado y los agrícolas van a tener que retroceder territorio y replantearse rigurosamente su forma de producir. ¿Por qué? Simplemente porque no pueden seguir produciendo contaminaciones emergentes. No pueden seguir llenando los ríos de antibióticos y de metales pesados. Esto ya es imposible de aceptar en una producción sustentable.
Ahí nos enfrentamos al problema central, porque una ley no solo viene a proteger, sino que viene a deshacer un concepto de producción. De otra manera, no cambiaría nada.
Si nosotros decimos que en el lugar se puede producir, pero en forma sustentable, en realidad no decimos nada, porque hasta ahora en ninguno de los encuentros alguien dijo cómo es la producción sustentable.
Yo lo voy a decir. ¿Saben cómo se produce en forma sustentable sobre el humedal? Como lo hace el nativo, el isleño, que hace una producción familiar, limitada, local y en baja escala. Eso es una producción sustentable.
La producción de mediana y alta escala, el humedal, no la tolera porque rompe y quiebra su sistema.
Por otro lado, estoy de acuerdo con el tema de la moratoria; es fundamental. Pero hay otro elemento que es fundamental: cuando se empiece a analizar el inventario de humedales y se llegue al paisaje local. Para dar un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se van a tachar con una cruz muchos humedales que están desconectados, que son resabios de humedales pero que cumplen una función ecosistémica fundamental para una provincia de Buenos Aires que tiene un metro cuadrado de espacio verde por habitante. Si no protegemos esos espacios de humedales, va a aumentar la crisis sanitaria.
Entonces, repito, este es un problema político y va a darse una lucha muy dura. La Ley de Humedales es el primer paso de esta lucha. Si no logramos que esta ley se sancione, lo que vamos a generar es una gran conflictividad social. Muchas gracias.
SRA. COORDINADORA (FIGUEROA) Tiene la palabra el señor César Massi, representante del Colectivo de Naturalistas Santafesinos y de la Asociación Civil Amigos de la Reserva de Villa Gobernador Gálvez.
SR. MASSI Antes que nada, es un honor para mí estar exponiendo en esta comisión. Desearía que sea en mejores circunstancias y no después de nueve meses de quemas intencionales, de incendios deliberados y masivos de enero a septiembre en el Paraná. Incendios que solo pararon en el momento de la fase uno de la cuarentena, único momento donde no hubo fuegos.
Los fuegos hoy están rodeando, por ejemplo, los dos parques nacionales que tenemos en la costa del río, el Pre-Delta y el Islas de Santa Fe, y hay focos muy grandes en Puerto Gaboto en lo que eran los primeros faros de conservación que se impusieron como una política para evitar las quemas.
No solo se ha quemado pastizal, sino que se ha quemado bosque en este intento de pampeanizar el humedal y volcarlo íntegramente a la actividad productiva. Así es que se ha transformado en un gran cementerio. No dimensionamos la pérdida de vida y la pérdida de biodiversidad que se provocaron con estos incendios. A lo mejor, si en este desierto negro que quedó completo de punta a punta, con un 70 u 80 por ciento de la zona entre Rosario y San Pedro, pudiésemos ver una cruz blanca por cada animal muerto, realmente dimensionaríamos y, quizás, se nos caería una lágrima por el desastre ocurrido.
No son solo 200.000 hectáreas. En el segmento que va desde los parques nacionales hasta el delta inferior hay quemadas más de 300.000 hectáreas. Fuera de eso, se han quemado 30.000 o 40.000 mil hectáreas en el Gran
Santa Fe y, en el norte de la provincia, en Jaaukanigás, que es uno de los lugares más biodiversos de todo el delta del Paraná, de todo el humedal, un lugar que era la única oportunidad cristalina de ecoturismo y, además, un sitio Ramsar de gran importancia internacional que tenía la provincia Santa Fe, entre Reconquista y Villa Ocampo, se han quemado cerca de 120.000 hectáreas. O sea que en hectáreas quemadas, la cuenta es muy grande, y solo estamos midiendo los lugares importantes. Son 800 kilómetros de río quemado, y estamos haciendo cálculos en solo 400. El resultado del cálculo total es más perjudicial.
El argumento apunta a explicar por qué necesitamos la ley de humedales, y este es el gran ejemplo: el sistema no se regula solo, no hay recursos para que el sistema se regule solo, no hay recursos para controlar -los ministerios de ambiente de las provincias son testimoniales-; la Justicia mira para otro lado. Habría que preguntarse por qué yo, con Google Maps, pude encontrar endicamientos de un montón de lugares del río, y la Justicia no puede ver que al lado del puente Rosario-Victoria, en el kilómetro 44, hasta se han filmado máquinas trabajando. Entonces, estamos hablando de una complicidad de funcionarios y de la Justicia en la falta de un marco regulatorio.
Hay que dictar una ley que permita la producción, pero no la depredación y el exterminio de las funciones del humedal. Cuando ocurren estos eventos de incendios masivos -como sucedió en el 2008 y como ocurre ahora-, en general, nos molesta el humo y vemos lo que nos entra por los ojos: las imágenes de las llamas y de la destrucción, pero no dimensionamos la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, podemos percibir la afectación de dos cosas que necesitamos para vivir: el aire y el agua.
Estamos hablando de descarbonizar la economía, de ir hacia políticas sustentables, pero eliminamos un gran sumidero de carbono como son los humedales, y los quemamos en un área de 800 kilómetros por 30, 40, 50 o 60 kilómetros de ancho. Todo eso lo quemamos y lo incorporamos de vuelta a la atmósfera.
Este tipo de leyes dan marcos regulatorios e intentan ordenar lo que sucede en el territorio. Hablamos necesariamente de (inaudible.)
Seguramente, hay actividades que se tendrán que reconvertir y hay límites que se van poner a discusión. Pero el cuestionamiento es: ¿no necesitamos algún límite? ¿Alguien puede pensar -después de haber visto los incendios en Australia, los incendios de la Amazonia el año pasado, los cielos naranjas en Estados Unidos en estos días tan apocalípticos, que parecían imágenes de la película Mad Max- que no hace falta poner límites? En este camino acelerado de autodestrucción, ¿no necesitamos ningún límite, realmente? ¿Hay que destruir todos los salares de altura y la laguna donde habitan los flamencos? ¿Hay que exterminar los flamencos para producir litio? ¿Hay que drenar todos los bajos submeridionales?
Los santafesinos estamos muy preocupados porque, de repente, surgió un proyecto para ordenar los bajos submeridionales, y las declaraciones son preocupantes. En palabras textuales del senador provincial por el departamento de Vera, se dice que hay que transformar estas lagunas en lugares productivos de donde salga la carne que desee el mundo. Con esas declaraciones, uno ve con preocupación las intervenciones de los bajos submeridionales.
¿Hay que exterminar todas las playas entrerrianas para generar arena para el fracking? ¿Hay que llenar el río de...
Los fuegos hoy están rodeando, por ejemplo, los dos parques nacionales que tenemos en la costa del río, el Pre-Delta y el Islas de Santa Fe, y hay focos muy grandes en Puerto Gaboto en lo que eran los primeros faros de conservación que se impusieron como una política para evitar las quemas.
No solo se ha quemado pastizal, sino que se ha quemado bosque en este intento de pampeanizar el humedal y volcarlo íntegramente a la actividad productiva. Así es que se ha transformado en un gran cementerio. No dimensionamos la pérdida de vida y la pérdida de biodiversidad que se provocaron con estos incendios. A lo mejor, si en este desierto negro que quedó completo de punta a punta, con un 70 u 80 por ciento de la zona entre Rosario y San Pedro, pudiésemos ver una cruz blanca por cada animal muerto, realmente dimensionaríamos y, quizás, se nos caería una lágrima por el desastre ocurrido.
No son solo 200.000 hectáreas. En el segmento que va desde los parques nacionales hasta el delta inferior hay quemadas más de 300.000 hectáreas. Fuera de eso, se han quemado 30.000 o 40.000 mil hectáreas en el Gran
Santa Fe y, en el norte de la provincia, en Jaaukanigás, que es uno de los lugares más biodiversos de todo el delta del Paraná, de todo el humedal, un lugar que era la única oportunidad cristalina de ecoturismo y, además, un sitio Ramsar de gran importancia internacional que tenía la provincia Santa Fe, entre Reconquista y Villa Ocampo, se han quemado cerca de 120.000 hectáreas. O sea que en hectáreas quemadas, la cuenta es muy grande, y solo estamos midiendo los lugares importantes. Son 800 kilómetros de río quemado, y estamos haciendo cálculos en solo 400. El resultado del cálculo total es más perjudicial.
El argumento apunta a explicar por qué necesitamos la ley de humedales, y este es el gran ejemplo: el sistema no se regula solo, no hay recursos para que el sistema se regule solo, no hay recursos para controlar -los ministerios de ambiente de las provincias son testimoniales-; la Justicia mira para otro lado. Habría que preguntarse por qué yo, con Google Maps, pude encontrar endicamientos de un montón de lugares del río, y la Justicia no puede ver que al lado del puente Rosario-Victoria, en el kilómetro 44, hasta se han filmado máquinas trabajando. Entonces, estamos hablando de una complicidad de funcionarios y de la Justicia en la falta de un marco regulatorio.
Hay que dictar una ley que permita la producción, pero no la depredación y el exterminio de las funciones del humedal. Cuando ocurren estos eventos de incendios masivos -como sucedió en el 2008 y como ocurre ahora-, en general, nos molesta el humo y vemos lo que nos entra por los ojos: las imágenes de las llamas y de la destrucción, pero no dimensionamos la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, podemos percibir la afectación de dos cosas que necesitamos para vivir: el aire y el agua.
Estamos hablando de descarbonizar la economía, de ir hacia políticas sustentables, pero eliminamos un gran sumidero de carbono como son los humedales, y los quemamos en un área de 800 kilómetros por 30, 40, 50 o 60 kilómetros de ancho. Todo eso lo quemamos y lo incorporamos de vuelta a la atmósfera.
Este tipo de leyes dan marcos regulatorios e intentan ordenar lo que sucede en el territorio. Hablamos necesariamente de (inaudible.)
Seguramente, hay actividades que se tendrán que reconvertir y hay límites que se van poner a discusión. Pero el cuestionamiento es: ¿no necesitamos algún límite? ¿Alguien puede pensar -después de haber visto los incendios en Australia, los incendios de la Amazonia el año pasado, los cielos naranjas en Estados Unidos en estos días tan apocalípticos, que parecían imágenes de la película Mad Max- que no hace falta poner límites? En este camino acelerado de autodestrucción, ¿no necesitamos ningún límite, realmente? ¿Hay que destruir todos los salares de altura y la laguna donde habitan los flamencos? ¿Hay que exterminar los flamencos para producir litio? ¿Hay que drenar todos los bajos submeridionales?
Los santafesinos estamos muy preocupados porque, de repente, surgió un proyecto para ordenar los bajos submeridionales, y las declaraciones son preocupantes. En palabras textuales del senador provincial por el departamento de Vera, se dice que hay que transformar estas lagunas en lugares productivos de donde salga la carne que desee el mundo. Con esas declaraciones, uno ve con preocupación las intervenciones de los bajos submeridionales.
¿Hay que exterminar todas las playas entrerrianas para generar arena para el fracking? ¿Hay que llenar el río de...
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Estamos en tiempo, César.
SR. MASSI ¿Tienen que quemar un río entero para producir carne? ¿Hay que talar hasta el último árbol para sembrar soja y para exportar carbón a los... (inaudible)... españoles? ¿Hay que arriesgar el agua por el oro?
Puede no importar la pérdida de biodiversidad, pero -reitero- necesitamos respirar y tomar agua. Espero que los legisladores tengan la sensibilidad necesaria para entender que la discusión de la ley de humedales es una interpelación al sistema productivo.
Hay que tener sensibilidad para ver a los jóvenes que están movilizados en las calles, a la gente que luchó para que no contaminen el agua en las provincias del Sur y que no comprometan el agua con la minería. Hablamos de gente que se movilizó para que no instalen las megagranjas de cerdos por todos lados y nos ganemos otro problema, que hoy es del resto del mundo.
Debemos tener en cuenta que nosotros y ustedes, legisladores...
Puede no importar la pérdida de biodiversidad, pero -reitero- necesitamos respirar y tomar agua. Espero que los legisladores tengan la sensibilidad necesaria para entender que la discusión de la ley de humedales es una interpelación al sistema productivo.
Hay que tener sensibilidad para ver a los jóvenes que están movilizados en las calles, a la gente que luchó para que no contaminen el agua en las provincias del Sur y que no comprometan el agua con la minería. Hablamos de gente que se movilizó para que no instalen las megagranjas de cerdos por todos lados y nos ganemos otro problema, que hoy es del resto del mundo.
Debemos tener en cuenta que nosotros y ustedes, legisladores...
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Por favor, César, finalizó tu tiempo.
SR. MASSI ... tenemos una responsabilidad con el futuro, y que, si seguimos así, van a terminar gobernando y legislando sobre cenizas.
Luego de unos instantes, varios diputados y diputadas expresan que no se escucha.
SR. PRESIDENTE GROSSO Tiene la palabra Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
SR. CASAÑAS Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de expresarnos.
En términos de nuestra posición sobre los proyectos de ley de humedales, hemos hecho circular un documento -elaborado junto a otras organizaciones- que marca algunas cuestiones técnicas. Me gustaría poner en valor lo que implica esta iniciativa.
Para nosotros, es una herramienta básica para ordenar el uso y la conservación de ecosistemas que, como ya lo han dicho muchísimos colegas, son imprescindibles para la continuidad de la vida en nuestro territorio.
¿Por qué digo herramienta básica? Porque si repasamos legislación de otros países del mundo que tienen importantes porciones de sus territorios con humedales, veremos que en todos los casos existe una regulación más o menos estricta sobre las acciones que pueden tener un impacto modificatorio en este tipo de ambientes.
O sea, no es una rareza en el contexto global, y a nuestro juicio, de ninguna manera resulta una norma con un grado de restricción -como algunos pretenden-, sino que más bien diría que está orientada al uso, con lo cual creo que no hay por qué temer en este sentido.
Pero quisiera abordar un tema específico sobre el que la norma incidiría de manera muy determinante. Es un aspecto al que también se han referido muchos colegas anteriormente: la biodiversidad.
No es una casualidad que buena parte de las especies amenazadas de nuestro país dependan de humedales. Les voy a dar algunos datos sobre las aves, que es nuestro objeto de estudio.
Presento datos a considerar, tomando nuevamente las aves como indicadoras, ya que normalmente se las toma como referencia porque son muy buenas indicadoras del estado del ambiente. De dieciocho especies en peligro crítico en nuestro país, la mitad están vinculadas a humedales.
Si hablamos de aves migratorias, aquellas que se reproducen en el hemisferio Norte y llegan en el verano austral a la Argentina, el 10 por ciento de esas especies migratorias tienen graves problemas de conservación y están todas vinculadas a humedales.
Otro dato es que, de las aproximadamente 270 áreas importantes para la conservación de las aves de la Argentina -según una categoría de clasificación de Birdlife International, reconocida a nivel global-, cinco son consideradas en peligro. Son áreas importantes para las aves en peligro, todas ellas son humedales.
Un ejemplo de un área en peligro es la ría del río Santa Cruz, donde en este momento se está llevando adelante la construcción de dos grandes represas que pondrían en riesgo todo el humedal y un montón de especies, incluso especies endémicas asociadas.
Y esto nos lleva a considerar otro aspecto, que tiene que ver con los convenios internacionales en materia de biodiversidad a los que la Argentina ha adherido, y por lo tanto, son obligaciones internacionales a muy considerable escala, que son por lo menos seis.
No los voy a nombrar con sus números y sus leyes, pero hablamos del Convenio sobre la Diversidad Biológica; de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES; de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación; de la Convención de Ramsar sobre los humedales de importancia internacional, etcétera.
Los compromisos internacionales son abundantes en ese sentido, pero es evidente que los logros alcanzados hasta el momento son muy magros, a juzgar por la situación ya descripta de muchos de estos ecosistemas.
En términos de nuestra posición sobre los proyectos de ley de humedales, hemos hecho circular un documento -elaborado junto a otras organizaciones- que marca algunas cuestiones técnicas. Me gustaría poner en valor lo que implica esta iniciativa.
Para nosotros, es una herramienta básica para ordenar el uso y la conservación de ecosistemas que, como ya lo han dicho muchísimos colegas, son imprescindibles para la continuidad de la vida en nuestro territorio.
¿Por qué digo herramienta básica? Porque si repasamos legislación de otros países del mundo que tienen importantes porciones de sus territorios con humedales, veremos que en todos los casos existe una regulación más o menos estricta sobre las acciones que pueden tener un impacto modificatorio en este tipo de ambientes.
O sea, no es una rareza en el contexto global, y a nuestro juicio, de ninguna manera resulta una norma con un grado de restricción -como algunos pretenden-, sino que más bien diría que está orientada al uso, con lo cual creo que no hay por qué temer en este sentido.
Pero quisiera abordar un tema específico sobre el que la norma incidiría de manera muy determinante. Es un aspecto al que también se han referido muchos colegas anteriormente: la biodiversidad.
No es una casualidad que buena parte de las especies amenazadas de nuestro país dependan de humedales. Les voy a dar algunos datos sobre las aves, que es nuestro objeto de estudio.
Presento datos a considerar, tomando nuevamente las aves como indicadoras, ya que normalmente se las toma como referencia porque son muy buenas indicadoras del estado del ambiente. De dieciocho especies en peligro crítico en nuestro país, la mitad están vinculadas a humedales.
Si hablamos de aves migratorias, aquellas que se reproducen en el hemisferio Norte y llegan en el verano austral a la Argentina, el 10 por ciento de esas especies migratorias tienen graves problemas de conservación y están todas vinculadas a humedales.
Otro dato es que, de las aproximadamente 270 áreas importantes para la conservación de las aves de la Argentina -según una categoría de clasificación de Birdlife International, reconocida a nivel global-, cinco son consideradas en peligro. Son áreas importantes para las aves en peligro, todas ellas son humedales.
Un ejemplo de un área en peligro es la ría del río Santa Cruz, donde en este momento se está llevando adelante la construcción de dos grandes represas que pondrían en riesgo todo el humedal y un montón de especies, incluso especies endémicas asociadas.
Y esto nos lleva a considerar otro aspecto, que tiene que ver con los convenios internacionales en materia de biodiversidad a los que la Argentina ha adherido, y por lo tanto, son obligaciones internacionales a muy considerable escala, que son por lo menos seis.
No los voy a nombrar con sus números y sus leyes, pero hablamos del Convenio sobre la Diversidad Biológica; de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES; de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación; de la Convención de Ramsar sobre los humedales de importancia internacional, etcétera.
Los compromisos internacionales son abundantes en ese sentido, pero es evidente que los logros alcanzados hasta el momento son muy magros, a juzgar por la situación ya descripta de muchos de estos ecosistemas.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Dos minutos.
SR. CASAÑAS En materia de definición de humedal, que es un concepto que ha motivado muchos debates, queremos decir que todas las ciencias tienen sistemas de clasificación.
Las leyes ambientales se valen de contenidos y conceptos que luego regulan, y la autoridad de aplicación es la encargada de aportar lo que se denomina la "catalogación", que es el objeto de la ley.
Entonces, no tenemos que temer a esa definición porque vamos a pasar veinte años tratando de ponernos de acuerdo, y ni los mejores investigadores lo van a hacer. Es importante la definición, pero no es algo que, si lo vemos desde un concepto general y operativo, deba detener la promulgación de esta ley.
Finalmente, quiero hacer una reflexión sobre la implicancia de la conservación de los humedales en materia cultural. Yo creo que una parte importante de la Argentina tiene a su población vinculada con el futuro de los humedales. Son parte de su idiosincrasia, son su sitio de recreación -como se ha mencionado-, son lugares donde se criaron generaciones enteras con su cultura asociada. Las provincias más preocupadas o temerosas de esta ley son aquellas que más deberían promoverla, porque aseguran la permanencia en el tiempo de estos rasgos que son más característicos.
Por último, esta iniciativa pertenece a todo el pueblo argentino. Así como en tantas otras oportunidades los diputados y senadores supieron votar unánimemente por la creación de parques nacionales, en este momento también son los legisladores los responsables de la promulgación de la ley, más allá de su autoría.
Muchas gracias.
Las leyes ambientales se valen de contenidos y conceptos que luego regulan, y la autoridad de aplicación es la encargada de aportar lo que se denomina la "catalogación", que es el objeto de la ley.
Entonces, no tenemos que temer a esa definición porque vamos a pasar veinte años tratando de ponernos de acuerdo, y ni los mejores investigadores lo van a hacer. Es importante la definición, pero no es algo que, si lo vemos desde un concepto general y operativo, deba detener la promulgación de esta ley.
Finalmente, quiero hacer una reflexión sobre la implicancia de la conservación de los humedales en materia cultural. Yo creo que una parte importante de la Argentina tiene a su población vinculada con el futuro de los humedales. Son parte de su idiosincrasia, son su sitio de recreación -como se ha mencionado-, son lugares donde se criaron generaciones enteras con su cultura asociada. Las provincias más preocupadas o temerosas de esta ley son aquellas que más deberían promoverla, porque aseguran la permanencia en el tiempo de estos rasgos que son más característicos.
Por último, esta iniciativa pertenece a todo el pueblo argentino. Así como en tantas otras oportunidades los diputados y senadores supieron votar unánimemente por la creación de parques nacionales, en este momento también son los legisladores los responsables de la promulgación de la ley, más allá de su autoría.
Muchas gracias.
SRA. MODERADORA (FIGUEROA) Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos los, las y les expositores de esta cuarta reunión informativa.
También queremos agradecer a todas las organizaciones, referentes y especialistas que nos vienen acompañando desde la primera reunión. Así que muchas gracias a todes. Le paso la palabra a Leo.
También queremos agradecer a todas las organizaciones, referentes y especialistas que nos vienen acompañando desde la primera reunión. Así que muchas gracias a todes. Le paso la palabra a Leo.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias a todes.
Para cerrar esta reunión, tiene la palabra la compañera diputada Florencia Lampreabe.
Para cerrar esta reunión, tiene la palabra la compañera diputada Florencia Lampreabe.
SRA. LAMPREABE Buenas tardes a todas y a todos.
En primer lugar, quiero agradecer a todas y a todos los que intervinieron haciendo aportes. Agradezco al presidente de la comisión, Leo Grosso, por la organización de estas reuniones informativas que siguen enriqueciendo el debate sobre la necesidad de tener una ley que proteja los humedales de nuestro país.
Escuché al principio a Maristella, que se refirió a quienes hablan de ambientalismo como consigna vacía; después a Jessica, que trajo la experiencia de los pueblos indígenas, protagonistas y guardianes del ambiente, injustamente castigados, reprimidos y corridos de sus tierras; y luego a Paola, que trajo la experiencia de países hermanos, como México y Brasil, que viven situaciones semejantes por un modelo mercadocéntrico que avanza sobre el ambiente y las personas, y que no conoce de fronteras.
Pero en esta semana de la juventud quería responder a la interpelación de les pibes de Consciente Colectivo, que nos preguntaban qué vamos a hacer.
También escuchamos a Jackeline, de Jóvenes por el Clima, que en representación de su generación reclama y milita por un futuro posible.
Quiero decirles que nosotros, los y las legisladores que estamos presentes, seguro que vamos a empujar para adelante porque estamos comprometidos con la ley de humedales. Pero debo decir también que con eso no será suficiente, ni para que la norma efectivamente se sancione, ni para que la tercera sea realmente la vencida, ni para que se implemente en cada una de las jurisdicciones del país, ni para conseguir todas las herramientas normativas y ejecutivas necesarias, ni para lograr la organización y el poder que necesitamos para frenar esta depredación socioambiental que no cierra para la naturaleza ni para las personas.
Por supuesto que quienes poseemos una banca en el Congreso tenemos una responsabilidad mayor y debemos estar a la altura de las circunstancias para representar la voz y los intereses del pueblo de la Nación, pero sabemos que ni los legisladores ni el Estado en su conjunto tienen la suma del poder público. Como bien planteaba Quique Viale, hay intereses concentrados muy poderosos que no quieren ninguna regulación y que tienen mucha capacidad de incidir en la agenda pública, de condicionar, de desinformar y de construir un sentido común falseado y tergiversado.
Por lo tanto, de lo que se trata es de un problema político más que de un tema técnico. Por eso quiero decirles a todos los que se han manifestado en este lugar que cuenten con mi compromiso y con el de muchos y muchas que, como yo, estamos del lado de la vida y de los derechos del pueblo, que son derechos ambientales también.
Necesitamos de ustedes y necesitamos ser muchos más. Festejo el involucramiento de tanta juventud y de tantos otros sectores de la sociedad que consideran que el tiempo de la transformación es hoy. No habrá futuro si no nos proponemos discutir absolutamente todo, porque, como decía María Belén, no es suficiente con una ley, ni con dos ni con tres.
Por supuesto que queremos ley de humedales ya, y confío en que lo vamos a lograr, pero de lo que se trata es de cambiar la matriz de globalización neoliberal y el paradigma extractivista y antropocéntrico que está detrás de este ecocidio al que estamos asistiendo. Para eso necesitamos construir mucho poder. Si somos libres es porque tenemos esa capacidad y ese poder de hacer algo para cambiar nuestra realidad de manera colectiva. Si hay esperanza es porque somos cada vez más, porque hay una militancia socioambiental que no para de crecer.
En otra ocasión hubiéramos podido decir que tiene que seguir creciendo como el fuego, pero en este caso mejor decir que tiene que crecer más y más rápido que el fuego.
Muchas gracias y hasta la próxima.
En primer lugar, quiero agradecer a todas y a todos los que intervinieron haciendo aportes. Agradezco al presidente de la comisión, Leo Grosso, por la organización de estas reuniones informativas que siguen enriqueciendo el debate sobre la necesidad de tener una ley que proteja los humedales de nuestro país.
Escuché al principio a Maristella, que se refirió a quienes hablan de ambientalismo como consigna vacía; después a Jessica, que trajo la experiencia de los pueblos indígenas, protagonistas y guardianes del ambiente, injustamente castigados, reprimidos y corridos de sus tierras; y luego a Paola, que trajo la experiencia de países hermanos, como México y Brasil, que viven situaciones semejantes por un modelo mercadocéntrico que avanza sobre el ambiente y las personas, y que no conoce de fronteras.
Pero en esta semana de la juventud quería responder a la interpelación de les pibes de Consciente Colectivo, que nos preguntaban qué vamos a hacer.
También escuchamos a Jackeline, de Jóvenes por el Clima, que en representación de su generación reclama y milita por un futuro posible.
Quiero decirles que nosotros, los y las legisladores que estamos presentes, seguro que vamos a empujar para adelante porque estamos comprometidos con la ley de humedales. Pero debo decir también que con eso no será suficiente, ni para que la norma efectivamente se sancione, ni para que la tercera sea realmente la vencida, ni para que se implemente en cada una de las jurisdicciones del país, ni para conseguir todas las herramientas normativas y ejecutivas necesarias, ni para lograr la organización y el poder que necesitamos para frenar esta depredación socioambiental que no cierra para la naturaleza ni para las personas.
Por supuesto que quienes poseemos una banca en el Congreso tenemos una responsabilidad mayor y debemos estar a la altura de las circunstancias para representar la voz y los intereses del pueblo de la Nación, pero sabemos que ni los legisladores ni el Estado en su conjunto tienen la suma del poder público. Como bien planteaba Quique Viale, hay intereses concentrados muy poderosos que no quieren ninguna regulación y que tienen mucha capacidad de incidir en la agenda pública, de condicionar, de desinformar y de construir un sentido común falseado y tergiversado.
Por lo tanto, de lo que se trata es de un problema político más que de un tema técnico. Por eso quiero decirles a todos los que se han manifestado en este lugar que cuenten con mi compromiso y con el de muchos y muchas que, como yo, estamos del lado de la vida y de los derechos del pueblo, que son derechos ambientales también.
Necesitamos de ustedes y necesitamos ser muchos más. Festejo el involucramiento de tanta juventud y de tantos otros sectores de la sociedad que consideran que el tiempo de la transformación es hoy. No habrá futuro si no nos proponemos discutir absolutamente todo, porque, como decía María Belén, no es suficiente con una ley, ni con dos ni con tres.
Por supuesto que queremos ley de humedales ya, y confío en que lo vamos a lograr, pero de lo que se trata es de cambiar la matriz de globalización neoliberal y el paradigma extractivista y antropocéntrico que está detrás de este ecocidio al que estamos asistiendo. Para eso necesitamos construir mucho poder. Si somos libres es porque tenemos esa capacidad y ese poder de hacer algo para cambiar nuestra realidad de manera colectiva. Si hay esperanza es porque somos cada vez más, porque hay una militancia socioambiental que no para de crecer.
En otra ocasión hubiéramos podido decir que tiene que seguir creciendo como el fuego, pero en este caso mejor decir que tiene que crecer más y más rápido que el fuego.
Muchas gracias y hasta la próxima.
SR. PRESIDENTE GROSSO Gracias, Flor. Gracias a todos y a todas.
Estoy convencido de que abriendo el debate y consolidando los ejes de la discusión pública, de la militancia ambiental, de la comunidad científica y de todos los espacios que están empujando para tener una ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales, vamos a poder sortear esos enormes lobbies económicos que todos vemos y escuchamos, y que quieren ganarle la pulseada al Estado, ya que quieren que el Estado no regule. Nosotros, en cambio, necesitamos dar una señal muy contundente de que el Estado tiene que regular porque la nueva normalidad que tenemos que construir -lo dijimos en la primera reunión y en todos los debates que vinimos teniendo en esta comisión- no permite doble vara. El planeta es uno solo. No hay planeta B.
En definitiva, todo lo que hicimos hasta ahora nos llevó a tener estos grandes problemas, que deberíamos repensar profundamente para construir una perspectiva ecologista de la organización de nuestras vidas y de nuestra economía. Por el momento, una de las herramientas más importantes que tenemos es la capacidad del Estado de regular.
Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima reunión.
Estoy convencido de que abriendo el debate y consolidando los ejes de la discusión pública, de la militancia ambiental, de la comunidad científica y de todos los espacios que están empujando para tener una ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales, vamos a poder sortear esos enormes lobbies económicos que todos vemos y escuchamos, y que quieren ganarle la pulseada al Estado, ya que quieren que el Estado no regule. Nosotros, en cambio, necesitamos dar una señal muy contundente de que el Estado tiene que regular porque la nueva normalidad que tenemos que construir -lo dijimos en la primera reunión y en todos los debates que vinimos teniendo en esta comisión- no permite doble vara. El planeta es uno solo. No hay planeta B.
En definitiva, todo lo que hicimos hasta ahora nos llevó a tener estos grandes problemas, que deberíamos repensar profundamente para construir una perspectiva ecologista de la organización de nuestras vidas y de nuestra economía. Por el momento, una de las herramientas más importantes que tenemos es la capacidad del Estado de regular.
Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima reunión.