- Solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, en cumplimiento de los art. 3º y 4º, de la Ley Nacional del Medio Ambiente Nº 25.675 a fin de garantizar la preservación de los montes nativos de los Departamentos General Guemes, Almirante Brown y Maipú, todos de la región denominada El Impenetrable, en la Provincia del Chaco, los que están siendo objeto de constante explotación ilegal ante la pasividad de las autoridades de la Dirección de Bosques de la Provincia.-

- Instar al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de las áreas pertinente investigue las irregularidades suscitadas en la Provincia del Chaco, lesivas de los Derechos de las Comunidades Indígenas y violatorias de lo establecido en la Ley Nacional N° 23302, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales ante el otorgamiento ilegal de tierras fiscales, la depredación de los bosques y consiguiente aniquilación de recursos naturales y la violación de los derechos asistenciales de las poblaciones indígenas.

Señor presidente:

La Provincia del Chaco es esencialmente agrícola ganadera, no se puede desbastar los montes, quemar, arrasar con la naturaleza, se debería llevar a cabo una política de desarrollo rural sustentable que implique crecimiento pero siempre protegiendo a los habitantes nativos y residentes en el lugar, al medio ambiente y los recursos naturales existentes.

Cada zona tiene su ecosistema, su flora y su fauna irrepetible. No existe una decisión de proteger el medio ambiente por parte del gobierno provincial, de ser así ante la realidad que atraviesa la Provincia, declararían la emergencia ambiental ya, lo que detendría la deforestación desmedida que se está produciendo principalmente en la zona del Impenetrable Chaqueño.

No solo que a la fecha no se han respetado ninguno de los pactos federales e internacionales sino que los mismos han llegado a límites alarmantes poniendo en real peligro de desertificación a todo nuestro Impenetrable, debido al desmonte y tala indiscriminada del monte nativo sin programas de reforestación.

El Estado Nacional esta facultado a intervenir en caso de riesgo ambiental como el presente y en cumplimiento de pactos internacionales. Por ello considero imperativo que en forma inmediata se aboque a la resolución de este problema, que no es solamente de los habitantes de los departamentos mencionados, si no de todos los chaqueños.

Es públicamente conocido el reclamo incoado por las Comunidades Aborígenes de los Pueblos Mocoví, Toba y Wichi en la Provincia del Chaco, donde reclaman la violación de sus derechos, el otorgamiento de tierras, la constante discriminación sufrida, peticionando se apliquen ante esta situación los Derechos Consagrados en la Constitución Nacional específicamente en su art. 75, así como en el Convenio 169 de la OIT, la Ley Nacional de Protección de Comunidades Aborígenes N° 23302 la cual específicamente reconoce los derechos de estas comunidades a las tierras, a su cultura, estableciendo normativamente el desarrollo conjunto de planes especiales en educación y salud, teniendo en cuenta sus culturas, los cuales a la fecha no se cumplen, el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Políticos y Sociales, el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como protocolos o Pactos Internacionales adheridos por la República Argentina.

En la provincia del Chaco se está dando un proceso de reversión de los derechos a la tierra y de pueblos indígenas puesto que se privatizan las tierras y garantizan el acceso a los recursos naturales a las empresas que en la mayoría de los casos los dilapidan en detrimento de todos los ciudadanos.

Estas adjudicaciones vulneran el derecho constitucional y normativas jurídicas que los amparan. Es increíble que el Poder Ejecutivo Provincial haya tomado el camino de la indiferencia sin tener en cuenta la Constitución Provincial que establece que la tierra pública debe tener una finalidad social y que serán beneficiarios de la misma los aborígenes, los pequeños productores y sus hijos, los peones rurales y ocupantes, las cooperativas y entidades intermedias sin fines de lucro.

Con fecha 30 de Mayo del año 2006 una resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia resuelve investigar los destinos dados a las tierras Fiscales y las irregularidades en su otorgamiento, así como la suspensión de las adjudicaciones y titularizaciones, la rescisión de las adjudicaciones irregulares, la realización de un relevamiento dominial y el estado de adjudicación de los últimos diez años así como el estado de las reservas indígenas existentes. Se solicitó la colaboración de organismos del Estado Nacional a fin de que brinde informaciones y colabore con la investigación, Propiciando la sustanciación de los sumarios administrativos correspondientes.

Ante la evidente depredación del medioambiente, el desconocimiento de los derechos de las comunidades Aborígenes y el otorgamiento irregular de tierras fiscales, todos hechos violatorios de normas nacionales e internacionales, habilitan la intervención del Estado Nacional quien debe velar por el cumplimiento de los derechos ignorados.

Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.