Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y en el marco de la debida prioridad que los países firmantes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) deben otorgar a la lucha contra la desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía se sirva informar:

1. ¿Cuáles han sido las acciones generales emprendidas en los últimos cinco años respecto de campañas de sensibilización dirigidas al público en general?

2. En igual sentido que el punto 1 ¿Cuáles han sido los planes especiales para zonas más afectadas respeto de la difusión de la problemática?

3. ¿Cuáles son las acciones de capacitación que se han instrumentado dirigidas a los agentes de extensión agrícola y miembros de organizaciones rurales en particular para que puedan aplicar enfoques conservacionistas en sus prácticas agropecuarias?

4. ¿Cuál ha sido el monto de recursos efectivamente destinados a las acciones del punto 1, 2 y 3?

5. ¿Qué mecanismos de sensibilización y participación de las poblaciones locales se promueven para involucrar a ONGs en los esfuerzos para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía?

6. ¿Cuáles son las medidas adoptadas para reforzar la capacidad nacional en materia de climatología, meteorología y los medios de establecer un sistema de alerta temprana de la sequía?

7. ¿Cuáles son las instituciones y organizaciones ambientales vinculadas a la Lucha Contra la Desertificación en las diferentes regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas del país que se han incluido en campañas generales o particulares en los últimos cinco años?

8. ¿Cuáles son los sistemas de seguridad alimentaria, incluidos instalaciones de almacenamiento y medios de comercialización, en particular en las zonas rurales?

Señor presidente:

La República Argentina suscribió en 1994 y ratificó en 1996 la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD),

La Convención considera a la desertificación como un fenómeno integral que tiene su origen en complejas interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos y que guarda estrecha relación con la pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria y el desplazamiento de personas entre otras cuestiones

En efecto, las zonas afectadas por distintos niveles de desertificación alcanzan el 75% del territorio nacional, un total de 60.000.000 de hectáreas y 9.000.000 de personas afectadas.

Esta Cámara se ha ocupado del tema y aprobado los proyectos de los diputados Comelli. (3.051-D.-2006.) y Cecco y otros. (3.103-D.-2006.) que dieron lugar a la Orden del Día 704 /2006 sobre Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación actual y porcentaje afectado por el proceso de desertificación del territorio nacional y otras cuestiones conexas, que fueran aprobados el 9 de agosto de 2006 y recibido la respuesta el 08/03/2006.

Sin embargo, queremos hoy insistir sobre el tema desde una óptica distinta, preocupados por aspectos de la cuestión que hacen al acceso a la información y a la participación ciudadana y de ONGs en el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación-PAN cuyas actividades para el año 2007 se implementaron a partir del Taller de noviembre de 2006 y que son referidas de manera general en la página web de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno nacional

Ciertamente, un requisito para la implementación de las diversas políticas orientadas a combatir estos flagelos es que la sociedad tenga en claro los graves consecuencias que traen aparejados estos procesos. El acceso a la información garantiza una participación seria en los temas, al igual que todo mecanismo de educación formal y no formal que se instrumente para enseñar los alcances y consecuencias de la problemática. La respuesta a este pedido de informe generará información que podrá ser difundida a los actores interesados en el tema a la vez que permitirá diseñar nuevos cursos de acción legislativa acompañando la actividad del Estado nacional en la materia.

Queda fundamentado el proyecto de resolución y elevado a consideración de los señores legisladores.