Expresar profunda preocupación por la revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en la Provincia de Córdoba.

Señor presidente:

En el año 2007 el Estado Nacional sancionó la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, como legislación base, con iguales condiciones de protección para todos los habitantes del país. Conforme al mandato constitucional, a las provincias les corresponde legislar ya sea igualando o maximizando la protección e incluir asuntos que hagan a las materias específicas o particulares de cada una de ellas. Asimismo, establece la legislación nacional y su Decreto Reglamentario N° 91/2009, cada provincia debe realizar su Ordenamiento de Bosques Nativos y actualizarlo cada cinco años, a través de un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en su articulado y anexo.

La provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos N° 9814 el 5 de agosto de 2010, en un proceso en el que no se respetó la instancia participativa que garantizaba la ley nacional. Esa normativa establecía un plazo para la actualización de la misma que venció el pasado 5 de agosto de 2015.

En aparente cumplimiento a dicha normativa, a fines de septiembre de 2016, el gobierno provincial decidió abrir una “mesa de diálogo” a los fines de cumplimentar con la correspondiente actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba, buscando superar las irregularidades del proceso realizado cinco años atrás. Sin embargo, se advirtió la vulneración de las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso participativo sustentable. Estas deficiencias incumplen con las “Pautas metodológicas para las actualizaciones de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos” aprobadas por Resolución N 236 del COFEMA.

En el marco de la actualización de la Ley de Bosques de la provincia de Córdoba, se presentó un anteproyecto de Ordenamiento Territorial, impulsado por el bloque Unión por Córdoba, el cual genera gran preocupación, ya que intenta reducir un 33% el monto de las multas para los desmontes ilegales, habilita la actividad minera en áreas donde hay bosque nativo protegido.

El proyecto anticipa un nuevo ataque a las áreas conservadas. Las zonas donde estaban prohibidos los desmontes, categoría I (rojo) y categorías II (amarillo), ahora por distintas vías podrán ser explotadas.

Este anteproyecto de ley establece como uno de sus objetivos primordiales la promoción de la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo. Conforme a aquella, cada jurisdicción deberá realizar y actualizar periódicamente el OTBN existente en su territorio cada cinco años mediante un proceso participativo.

El mismo, viola todos los principios que estipula la ley general de ambiente nº 25.675 y la Ley N° 26.331 de principio de congruencia, de prevención, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional, y principio de cooperación, a su vez que las decisiones públicas relativas al ordenamiento territorial, no puede significar un retroceso respecto de los niveles de protección alcanzados con anterioridad.

Con ley 9814 de Bosques Córdoba, luego de cinco años después de su sanción, la situación de la provincia es alarmante, no se detuvo el desmonte en zonas rojas tampoco funcionaron las zonas amarillas como áreas de recuperación del bosque nativo, sino todo lo contrario una mayor degradación. La provincia de Córdoba tiene una superficie de 16.600.000 hectáreas, el 71% de ese total era bosque nativo, en la actualidad solo se conservan 4 millones de hectáreas, del cual solo el 1,9% es considerado zona para proteger. Desde el año 2007 se desmontaron 5.578 hectáreas de bosque que se encontraban protegidos por la normativa, lo que conlleva a un aumento de riesgo de inundaciones, sequias, eventos climáticos severos y por otro lado incidirá en aumentos en los precios de alimentos y deterioro en la calidad del agua y ruta.

Esta iniciativa genero gran rechazo social y preocupación con respecto a la construcción de una ley que atenta contra los bosques nativos y en esencial contra el derecho participación ciudadana.

Por estas razones es necesario generar un proceso abierto y participativo para la discusión sobre la actualización de la ley de bosques de la provincia de Córdoba, adecuando el proyecto con la normativa ambiental de mayor jerarquía, asegurando el mismo nivel de protección ambiental a nuestros bosques nativos.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.