Su más enérgico repudio por la detención injustificada del Concejal de Caracas Fernando Alberto Albán Salazar y por las dudosas circunstancias en las cuales se produjo su muerte, mientras se hallaba detenido bajo el control y la responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN.

Su exigencia para que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela esclarezca la muerte del concejal y cese con la permanente persecución a opositores y abandone la práctica de tener presos políticos, en cumplimiento de los artículos 2º -inciso 3- y 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los artículos 7º -incisos 1 a 6- y 8º -incisos 1 a 3- de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

Señor presidente:

El martes 9 de octubre hallaron muerto a Fernando Alberto Albán Salazar, luego de haberse tirado –supuestamente- desde el décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicado en Plaza Venezuela, una zona de Caracas

(https://www.telam.com.ar/notas/201810/297066-se-suicido-un-supuesto-implicado-en-el-atentado-contra-maduro-segun-la-fiscalia.html)

Albán era concejal del área metropolitana de Caracas por el partido opositor Primero Justicia (PJ). Se encontraba detenido desde el viernes 5 de octubre, acusado de haber participado en el intento de atentado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Según el gobierno venezolano, el concejal fallecido habría sido el responsable de la explosión de dos drones en acto oficial.

El Partido Primero Justicia (PJ) denunció que, en el contexto de numerosos antecedentes de violaciones de los derechos humanos de dirigentes y representantes políticos opositores por parte de este gobierno, la muerte del concejal no fue producto de un suicidio sino de un asesinato: “Exigimos la verdad de las cosas y declaramos que esta dolorosa situación demuestra lo peor de la dictadura: un sistema de muerte que penetra en la conciencia de quienes defendemos la libertad de Venezuela”

(http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=149:noticias&id=40478:comunicado-de-primero-justicia-ante-el-asesinato-del-concejal-fernando-alban-en-la-sede-del-sebin-plaza-venezuela&Itemid=468).

La Organización Voluntad Popular Internacional de Venezuela, a través de un comunicado, culpó públicamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al SEBIN. El ex candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, también expresó en las redes sociales que lo ocurrido era total responsabilidad del régimen. Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la muerte de Fernando Albán y afirmó que es total responsabilidad de un régimen torturador y homicida, y que la dictadura criminal en Venezuela debe irse ya.

Un informe de mayo de 2018 publicado por la Organización de Estados Americanos da cuenta de la “existencia de por lo menos 131 asesinatos cometidos contra personas que participaban en manifestaciones y donde el perpetrador del crimen ha sido identificado como un miembro del aparato de seguridad del Estado y/o de los colectivos, y de por lo menos 8.292 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, especialmente contra miembros de la oposición o personas identificadas como tales.” (http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf).

El Parlamento del Mercosur, el 10 de octubre del corriente año, se hizo eco de este hecho que ha conmovido a Venezuela traspasando sus fronteras nacionales y ha presentado un proyecto de declaración repudiando la muerte dudosa del Concejal y advirtiendo nuevamente sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela

(https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/file/15892/1/mep-426-2018.pdf).

El actual gobierno argentino está especialmente preocupado por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y por la persecución a dirigentes y activistas opositores durante los gobiernos de Chávez y Maduro. La preocupación es de tal magnitud que el gobierno argentino ha decidido remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma.

Con este proyecto, vuelvo a llamar la atención de mis colegas sobre el dramático contexto de persecuciones, muertes dudosas, violaciones a los derechos humanos, debilitamiento a las instituciones democráticas en que viven los venezolanos. Asimismo, apelo una vez más de manera urgente a la necesidad de exhortar al gobierno venezolano a que dé cumplimiento a los tratados internacionales de protección de los derechos civiles, políticos y humanos de la población y a que sus dirigentes y responsables de dichas violaciones sean juzgados por los crímenes de lesa humanidad que cometen.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.