Expresar su categórico rechazo en todos sus términos a los acuerdos concretados entre el Señor Vicecanciller de la República Argentina, Carlos Foradori, y el Señor Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Señor Alan Duncan, a los que hace referencia la Comunicación Conjunta emitida el día martes 13 de setiembre del corriente año, dada a conocer por la Cancillería Argentina mediante Información para la Prensa número 304/2016.

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que remita, con carácter urgente, al Congreso Nacional todas las actuaciones posteriores al 10 de diciembre de 2015 en las que obren comunicaciones, negociaciones o acuerdos entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para su conocimiento y consideración.

Instar al Poder Ejecutivo Nacional a que deje sin efecto el apoyo de la República Argentina a la candidatura de la Señora Canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas mientras se desarrollen negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, dado su carácter de Estado miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto y contraparte de la República Argentina en la disputa de soberanía con la República Argentina por la cuestión Malvinas, en virtud del evidente conflicto de intereses que surge de su función como responsable de las negociaciones que se desarrollan con ese país y el carácter de candidata que actualmente reviste la Señora Canciller.

Señor presidente:

La cuestión Malvinas es una causa nacional. A tal punto es así que nuestra Constitución contiene una cláusula de reafirmación de la soberanía argentina sobre el archipiélago y las zonas marítimas circundantes, estableciendo un objetivo permanente e irrenunciable para el pueblo argentino y un mandato para los gobernantes: “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, dispone la Carta Magna en la Disposición Transitoria Primera, introducida por la reforma constitucional de 1994. Esta causa nacional fue asumida como causa global por la mayoría de los países del mundo cuando las Naciones Unidas, en la lucha contra el colonialismo, reconocieron la existencia de una situación colonial y de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Consideramos de suma gravedad que el Poder Ejecutivo Nacional haya adoptado decisiones que, entendemos, no se encuadran en la política de reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias el Sur y espacios marítimos circundantes, y que hacen caso omiso de las numerosas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas en relación a la disputa de soberanía que han sido incumplidas por el Reino Unido y que hoy el gobierno argentino no invoca.

El Comunicado Conjunto, publicado por la Cancillería Argentina y el Foreing Office , con fecha 13 de setiembre, suscripto por el Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan que visitó la Argentina para mantener reuniones con autoridades nacionales y participar en el Foro de Inversiones y Negocios, definió la nueva agenda bilateral como “omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial, basada en la complementariedad entre ambas naciones orientada al fortalecimiento de la relación bilateral”. Creemos que el Congreso Nacional no puede estar al margen del conocimiento de los alcances de esa “nueva agenda” y en las decisiones que corresponde su participación en el diseño y actualización de la política de Estado que constituye la cuestión Malvinas. Consideramos que tampoco se pueden tolerar la disimulación de acuerdos o tratados tras simples Comunicados Conjuntos, lo que podría implicar una acción destinada a eludir la obligatoria discusión parlamentaria del contenido de esos acuerdos.

El comunicado conjunto da cuenta de “(…) que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, se aplica a este Comunicado Conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas Partes enfatizaron los beneficios de la cooperación y de un compromiso positivo de todos los involucrados.” Agrega entre otras cosas que, “Ambas partes acordaron fortalecer la relación entre las dos Fuerzas Armadas.” Bajo un remozado “paraguas” de soberanía, el Poder Ejecutivo Nacional está acordando beneficios para el desarrollo de las Islas, es decir el desarrollo de la población que ocupa ilegítimamente, en el marco de una estrategia colonial por parte del Reino Unido, una parte sustancial del territorio nacional. Asimismo se compromete “remover obstáculos” que no son explicitados, lo que puede implicar una específica afectación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales en el área Malvinas.

Todo evidencia que la cuestión Malvinas, causa nacional, regional y global, está siendo convertida por el gobierno del Presidente Mauricio Macri en parte del dispositivo de política internacional para colocar a la ingeniera Susana Malcorra en el sillón de la Secretaría General de Naciones Unidas. Consideramos, en consecuencia, que se ha producido una situación de conflicto de intereses entre el particular interés político del Presidente de la Nación y el interés personal de la Sra. Canciller, por un lado, y el interés nacional que se expresa en la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas por parte de la República Argentina. Ese conflicto de intereses debe ser inmediatamente removido para evitar consecuencias dañosas para el interés nacional y para la causa Malvinas.

Por estas consideraciones y las que oportunamente expresaremos en el debate parlamentario es que solicitamos a la H. Cámara que se apruebe el presente proyecto de Resolución.