Reunida la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la República Argentina y visto el masivo reclamo del pueblo chileno exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera, así como también las flagrantes violaciones a los derechos humanos y libertades democráticas perpetuadas bajo las órdenes de su gobierno que se declaró “en guerra” contra las protestas, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional de Argentina declare la ruptura de relaciones diplomáticas con la Republica de Chile, a fin de quitar por parte de nuestro país cualquier tipo de colaboración con un gobierno ajustador y represor.

Asimismo se exige al gobierno de Chile que disponga la inmediata libertad de todos los detenidos y que se impulse un castigo a todos los responsables civiles y políticas por las violaciones a los derechos humanos ocasionadas contra la juventud y el pueblo de Chile en lucha.

Señor presidente:

Argentina debe romper las relaciones diplomáticas y de todo tipo -comerciales, deportivas, culturales, etcétera- con Chile. Es la manera de ubicarse en el campo de la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas en nuestro continente, y de dar un apoyo concreto al reclamo que sacude cada centímetro de tierra del otro lado de la cordillera: ¡Fuera Piñera! Asimismo se exige la inmediata libertad de los detenidos por luchar y que se juzgue y castigue a todos los responsables de semejantes atropellos a ese pueblo que lucha dignamente.

Piñera había decretado el estado de emergencia, el toque de queda y sacó a los militares a las calles. Anunció que le declaraba una “guerra” a los “delincuentes”, es decir, al pueblo movilizado. Este anuncio tuvo consecuencias. Aunque existen distintas cifras ante la falta de información confiable por parte del gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya habla de 42 muertos, 12 mujeres violadas, 121 desaparecidos y miles torturados, mientras el Instituto Nacional de los Derechos Humanos chileno contabiliza 3.535 personas detenidas. Parlamentarios señalan que los detenidos son muchos más, y el Colegio de Médicos de Chile señala que los heridos que entran a la Posta Central (sitio de atención de emergencias más grande de Santiago) son muchos más que los señalados, y que los propios “pacos” (efectivos de las fuerzas represivas), han falsificado los certificados de los fallecidos.

El retorno de los métodos de las épocas más oscuras de Latinoamericana, y la vigencia de prácticas del pinochetismo, han salido a luz en miles de videos difundidos en las redes sociales donde el mundo entero está siendo testigo cómo carabineros golpean salvajemente a estudiantes secundarios, apilan cuerpos sobre las avenidas o son arrojados desde camionetas en movimiento, jóvenes dan testimonio en primera persona de cómo son torturados y violados por efectivos de las fuerzas represivas del Estado. Nuestro país no puede ser cómplice de esta situación.

Estamos ante una rebelión completamente legítima. Miles de jóvenes, trabajadoras, trabajadores y sectores populares ganaron masivamente las calles de Santiago de Chile y otras ciudades para repudiar al presidente Piñera y a los militares. La movilización del pasado viernes 25 de octubre, donde estiman más de dos millones de personas movilizadas en un país de 16 millones de habitantes, da cuenta de un nivel de rechazo al gobierno que lo ha transformado en un ente ilegítimo.

El aumento del metro fue el detonante que rebalso el vaso. La bronca acumulada durante años se está expresando con furia contra una política de ajuste brutal, tarifazos, donde hay que pagar 1.000 dólares para estudiar, aumentazos del 20% en la luz, privatización de las jubilaciones, en un Chile que está entre los 10 países más desiguales del mundo. El 1% de los de arriba se llevan el 26% de los ingresos generales y el 50% solo el 2%. El propio Piñera es un presidente-empresario con una fortuna de 2.700 millones de dólares. Por eso el pueblo trabajador y la juventud dijeron basta. Hoy miles desconocen semejante barbaridad a pesar de los muertos y detenidos. En Chile se vive un estado de huelga general de hecho.

Es grande el pliego de reivindicaciones económicas, sociales y democráticas que dan cuerpo a esta rebelión, pero con claridad la que se encuentra en el centro es la exigencia de la renuncia del presidente Piñera. Será la propia acción del pueblo movilizado y su resistencia a la represión gubernamental la que defina el curso de los acontecimientos. Ante ello, el Estado argentino, más allá de que distintos voceros como la ministra Patricia Bullrich apoyen la represión de Piñera o el propio presidente Macri elogió al “milagro chileno”, debe tomar posición contra las violaciones a los derechos humanos en ese país y apoyar al pueblo que busca ser artífice de su historia y reclama fuera Piñera y los militares con sus métodos dictatoriales.