Su más enérgico repudio por la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y el rechazo a la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente.

Señor presidente:

El pasado 30 de julio de 2017 en la República Bolivariana de Venezuela tuvo lugar la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en un contexto de represión y violación a los derechos humanos.

La legitimidad del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro, fue cuestionada desde un inicio por la ausencia de convocatoria a una consulta popular para que el pueblo venezolano se pronuncie a favor o en contra de este proceso, tal como lo reconoce el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dispone “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”, artículo que debe ser interpretado en armonía con los artículos 348 y 349 del mismo cuerpo normativo.

Los cuestionamientos hacia la legitimidad del proceso eleccionario de los 545 asambleístas se vieron incrementados luego de las declaraciones realizadas por la empresa Smartmatic, encargada de dar soporte tecnológico a los comicios, que acusó al Consejo Nacional Electoral de manipular la cifra de votantes.

La comunidad internacional se ha expresado en contra de la Asamblea Constituyente y su instauración. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Panamá, México, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Suiza, España y Reino Unido, entre otros, se han pronunciado sobre la ilegalidad del proceso constituyente.

En esta línea, la Santa Sede, mediante un comunicado oficial, solicitó al gobierno del presidente Nicolás Maduro que “evite o suspenda las iniciativas en curso como la nueva Constitución, que en lugar de favorecer la reconciliación y la paz fomentan un clima de tensión y de choque, hipotecan el futuro”.

A pesar del fuerte rechazo internacional, la Asamblea Nacional Constituyente se instauró el pasado viernes 4 de agosto de 2017 en un salón del Palacio Federal Legislativo. Al día siguiente, este cuerpo aprobó la destitución elaborada por el Tribunal Supremo de Justicia de Luisa Ortega Díaz de su cargo como Fiscal General y tomó juramento en su reemplazo a Tarek William Saab.

El rol y visibilidad que como operadora de justicia ha tenido la Fiscal Ortega en la denuncias de violaciones a derechos humanos y de presuntas violaciones al marco legal y constitucional le han valido por parte del gobierno calificaciones tales como “traidora al gobierno”.

Tomando en consideración la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgó a Luisa Ortega Díaz y su núcleo familiar una medida cautelar, toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable generados por la situación de gravedad y urgencia imperante en el país.

Tras la instauración de la Asamblea Constituyente, el pasado 5 de agosto de 2017, los países miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acordaron por unanimidad aplicar a Venezuela la llamada 'cláusula democrática' y suspender del bloque a este país de forma indefinida por "ruptura del orden democrático". Esta sanción implica el repudio y la condena por parte de los países miembros del Mercosur a la escalada de tensiones en ese país.

El este contexto, el presente proyecto repudia la ruptura del orden constitucional evidenciado por el grave retroceso institucional, la crisis económica y humanitaria que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, este proyecto rechaza la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso constitutivo es de dudosa legalidad, y de las decisiones tomadas por ese cuerpo en contra de la voluntad del pueblo venezolano.

Por último, solicitamos al gobierno venezolano que adopte las medidas necesarias para alcanzar la pronta normalización de la institucionalidad democrática, garantizar la independencia de los poderes constitucionales, el respeto a la Asamblea Nacional y habilitar canales de ayuda humanitaria para recepcionar y distribuir el suministro de alimentos y medicamentos.

Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.