Repudiar el golpe institucional perpetrado en la República Federativa del Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, quien fuera destituida de su cargo el pasado 12 de mayo del corriente tras la aprobación por parte del Senado brasileño de la apertura del proceso de impeachment.

Manifestar asimismo la solidaridad de esta Cámara con los trabajadores y el pueblo de este país hermano, que resisten el ajuste y los ataques a sus condiciones de vida y repudiar el reconocimiento y el apoyo brindado por el Gobierno nacional de Mauricio Macri a este golpe institucional, el que pretende ocultarse bajo el término de “mecanismos institucionales”, como si se tratara de un “proceso constitucional normal”, constituyendo un preocupante antecedente también para quienes resisten el ajuste y los ataques a sus condiciones de vida en Argentina.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto repudiar el golpe institucional perpetrado en la República Federativa del Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, quien fuera destituida de su cargo el pasado 12 de mayo del corriente, tras la aprobación por parte del Senado brasileño de la apertura del proceso de impeachment (juicio político), así como manifestar la solidaridad de esta Cámara con quienes han resistido este proceso, del mismo modo que el ajuste y los ataques a sus condiciones de vida.

Asimismo, nuestro proyecto propone repudiar el reconocimiento y el apoyo brindado por del Gobierno nacional de Mauricio Macri a este golpe consumado en Brasil, al mismo tiempo que sostiene que el intento de hacer pasar este gravísimo ataque a las libertades democráticas elementales por un “proceso constitucional normal”, constituye un preocupante antecedente también para quienes resisten el ajuste y los ataques a sus condiciones de vida en Argentina.

Contrariamente, los abajo firmantes sostenemos que la aprobación que dio este jueves 12 de mayo el Senado brasileño para de apertura del proceso de impeachment, constituye claramente un golpe institucional que tiene por finalidad profundizar el ataque sobre las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo pobre y el desguace y la entrega del patrimonio nacional al capital internacional.

En este sentido es que también sostenemos que este proceso político, que fue impulsado por los partidos de la oposición brasilera de derecha con el aval de los grandes medios de comunicación y de las grandes corporaciones empresarias -como la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP)-, y que utilizó los dispositivos judiciales para perpetrar un golpe institucional, debe considerarse asimismo como parte de una ofensiva de la derecha a nivel regional, que se propone fortalecer sus políticas más reaccionarias en el resto de Latinoamérica.

También cabe destacar que la apertura del proceso de impeachment impulsado por la oposición brasilera alega que existe un “crimen de responsabilidad administrativa” por parte de la presidenta Rousseff, a quien se acusa y destituye no por corrupción sino de autorizar gastos públicos que no estaban previstos en el presupuesto votado por el Congreso de este país, comportamiento que justificaría la destitución de casi todos los gobiernos federales, estaduales y municipales del Brasil de los últimos años, así como de cualquier otro gobierno de cualquier otro país.

Señalamos también que entre las fundamentaciones más reaccionarias de la votación que tuvo lugar el pasado 17 de abril en el Congreso brasileño, las que fueron convalidadas en el Senado el pasado 12 de mayo, se pudo escuchar a diputados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que integraban hasta hace unos pocos meses la coalición de gobierno del PT, como así también a diputados como Jai Bolsonaro del Partido Social Cristiano, quien dedicó su voto positivo al impeachment en nombre de los militares dictadores del ’64 y en particular en nombre de quien fuese el torturador de Dilma Rousseff, Carlos Alberto Brilhante Ustra, primer militar en ser condenado por delitos de lesa humanidad.

No perdemos de vista tampoco que los hechos de corrupción que implican tanto al gobierno del PT como a la oposición derechista brasileña son intrínsecos al régimen político de este país, en el que los principales referentes de los partidos tradicionales están implicados en manejos fraudulentos con dinero del Estado, como lo muestran los distintos pedidos de investigación que pesan sobre Eduardo Cunha, uno de los impulsores del impeachment, y sobre el propio partido del vicepresidente golpista Michel Temer, el PMDB.

Tampoco perdemos de vista que este golpe institucional se da en momentos en los que la economía brasilera atraviesa catorce meses seguidos de caída, tratándose de la crisis más aguda desde 1929. Ejemplo de ello son los datos aportados por el propio Ministerio del Trabajo de Brasil, que indican que el mes de marzo fue el duodécimo mes consecutivo de pérdidas de empleo, llegando al 1,8 millón de puestos de trabajo perdidos en los últimos dos meses. El nuevo gabinete de gobierno de Michel Temer, integrado por banqueros y empresarios, ya muestra la orientación política y económica de mayores ajustes que se propone profundizar este proceso.

Es por estos motivos, y por los que desarrollaremos oportunamente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.