1. Expresar el más firme repudio al golpe institucional que sufre el pueblo hermano de la República Federativa del Brasil, instrumentado a través de un ilegítimo y amañado juicio político contra su presidenta Dilma Rousseff, separada de su cargo por un plazo de 180 días.

2. Manifestar nuestra profunda preocupación frente a la crítica situación política e institucional ocasionada por esas maniobras, que ponen en riesgo el orden democrático de esa Nación y de toda la región, y conspira contra la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones del 26 de octubre de 2014.

3. Instar a las autoridades de la hermana República a que se respeten las garantías del debido proceso y la defensa en juicio de la presidenta Dilma Rousseff.

4. Manifestar la invariable solidaridad de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación con la República Federativa del Brasil, anhelando que a la brevedad se regularice el normal funcionamiento de sus instituciones y se restablezca el pleno respeto a la soberanía política de su pueblo.

Señor presidente:

La democracia en América Latina está de luto.

Motiva este proyecto de resolución el violento golpe institucional que se está desarrollando contra la presidenta de la hermana República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, ante los ojos de la comunidad internacional. En lo que va del siglo, el querido pueblo de Brasil vive por estas horas uno de sus momentos más dramáticos.

Una sucesión de amañados, ilegítimos e ilegales procedimientos han confluido el día 12 de mayo de 2016 con la lamentable noticia de que se ha consumado un verdadero crimen contra el sistema democrático, no sólo brasilero, sino de todo nuestro continente. Dilma ha sido separada de su cargo bajo una acusación absolutamente falseada y engañosa.

Las maniobras realizadas fueron hechas con el único motivo de despojar al pueblo brasilero de su legítimo derecho a elegir libremente sus autoridades, pisoteando la soberanía política, al igual que durante el siglo pasado lo hacían con la misma impunidad las dictaduras militares.

Pero a no engañarse, esto no ha sido sólo obra de un grupo de parlamentarios extraviados. Esto es producto de un proceso mucho más profundo, peligroso y lamentablemente extendido en nuestra América Latina.

Y la matriz de desplazamiento de la soberanía popular se va cumpliendo inexorablemente en cada uno de los países que vivieron el renacimiento de los modelos nacionales y populares surgidos de las cenizas y el hambre, que dejó el brutal neoliberalismo impuesto en los años noventa.

Por ello repudiamos y condenamos enfáticamente la suspensión de Dilma de su cargo, y deseamos dejar asentado nuestro profundo rechazo a esta nueva desestabilización al sistema democrático que conspira contra el mandato popular expresado en las últimas elecciones presidenciales, donde la actual mandataria obtuvo más de 54 millones de votos.

La Presidenta elegida democráticamente por el pueblo brasilero, ha sido víctima de un proceso de destitución sin la existencia de un crimen de responsabilidad. Durante estos 180 días en los cuales estará obligada a separarse de su cargo, las autoridades brasileñas deberán buscar y encontrar las pruebas que nunca fueron presentadas ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Un verdadero contrasentido legal que habla de la arbitrariedad de los poderes fácticos que están detrás de esta maniobra.

Estamos en presencia de formalidades legales, preparadas con pompa y circunstancia para encubrir una farsa. El relator del proceso, Antonio Anastasía, acusó a Dilma de un crimen de responsabilidad por haber bajado seis decretos alterando gastos del gobierno, algo rutinario en todas las esferas administrativas. El mismo Anastasía olvidó que, cuando gobernó Minas Gerais, bajó nada menos que 55 decretos semejantes. Otro ejemplo notable es el del diputado Jair Bolsonaro quien votó el juicio político, conmemorando al coronel Brilhante Ustra, quien fue torturador de la actual Presidenta de la Nación cuando siendo ella militante revolucionaria de la agrupación popular VAR-Palmares, soportó 3 años de torturas y vejaciones presa en las mazmorras de la dictadura brasilera en los años setenta.

Sobran nutridos ejemplos de hipocresía y cinismo. Senadores que fueron ministros tanto de Lula como de Dilma ahora los acusan de crímenes de los más diversos calibres.

La Constitución es muy clara con relación a los crímenes de responsabilidad que pueden motivar la destitución de un presidente electo por el voto popular. Y Dilma Rousseff no cometió ninguno de ellos. Pero a esta altura, ya nada importa. Los derrotados en las urnas supieron imponer su resentimiento por encima de la votación popular.

Michel Temer, quien asume el puesto de Dilma, jamás obtuvo una votación significativa en sus elecciones para Diputado Nacional. Nunca logró superar los 190 mil votos. Alcanza la presidencia dependiendo del voto de solamente 54 brasileños, senadores de la República. Ironía de la vida: Dilma obtuvo los 54 millones de votos populares.

La corrupción es la nave insignia detrás de la cual las derechas del continente esconden sus proyectos políticos para limar a los gobiernos populares. Asistimos a un golpe de Estado encubierto por mecanismos judiciales con el beneplácito en las sombras del poder real: el económico y el de los medios de comunicación hegemónicos. Para los poderosos de siempre la democracia no es más que un juego, en el que todo vale con tal de ganar y conservar un Estado al servicio de sus negocios.

Lo que se pone en juego a través de este juicio político no es únicamente la suspensión en el cargo de Dilma Rousseff, sino principalmente el respeto a la voluntad soberana del pueblo brasileño y su Constitución, expresada en las urnas. En estos momentos el país está siendo dirigido por un gobierno ilegítimo, que no fue elegido por la manifestación directa del pueblo, lo cual pone en riesgo los avances sociales dirigidos especialmente hacia los sectores más humildes de Brasil y conquistados por los trabajadores y trabajadoras durante los últimos 13 años.

Desde que el Partido de los Trabajadores fue reelecto en el año 2014, el gobierno de Dilma Rousseff fue objeto de un intenso e incesante sabotaje por las fuerzas políticas que no aceptaron la derrota en las urnas. En su momento pidieron anular las elecciones y posteriormente conspiraron abiertamente por el juicio político.

Mientras tanto, por otra parte, en nuestro país y desde la Casa Rosada optan por no interferir en los problemas de la democracia del país hermano. A través de la canciller Susana Malcorra, el gobierno argentino se manifestó confiado en que el desenlace del proceso contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, "consolide la solidez de la democracia" en ese país.

Además señaló que "continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional".

"Ante los sucesos registrados en Brasil, el gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña", sostuvo el escueto texto divulgado por la cancillería. Eufemismos que esconden las verdaderas preferencias de quien hoy ocupa la presidencia de nuestra Nación.

Por último consideramos pertinente citar una frase protagonizada por la propia Dilma Rousseff el pasado 22 de Abril del corriente año en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático, la cual sintetiza el rol del pueblo trabajador en América Latina ante los avances derechistas: "Nuestro pueblo es un pueblo trabajador con gran aprecio por la libertad. Sabrá, no tengo dudas, impedir cualquier retroceso."

Por todo lo expuesto, manifestamos la solidaridad de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación con la República Federativa del Brasil y anhelamos que la justicia, la verdad pero sobre todo la democracia, se impongan frente a los ataques de una oposición que viciada en intereses particulares, ha violado los elementales derechos sociales y políticos y la decisión soberana del pueblo brasileño.

El imperativo que demanda la hora es frenar estos embates que castigan a nuestro continente. Sabemos por las tristes experiencias pasadas que cuando la soberanía popular es violada y violentada, más temprano que tarde es el pueblo quien lo termina pagando con sufrimientos, privaciones y sangre.