Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Energía y Minería, brinde ante esta Honorable Cámara de Diputados, información precisa y detallada sobre todos los puntos del contrato (incluyendo aquellos que por cualquier circunstancia se hubieren calificado como “confidenciales” y/o “estrictamente confidenciales y secretos”) de suministro de gas natural licuado que suscribió la empresa estatal ENARSA (Energía Argentina S.A.) con la chilena SOLGAS previendo la venta por parte de ésta de 86 millones de metros cúbicos de GNL entre mediados de mayo y el 15 de agosto del presente año.

Señor presidente:

Motiva este Proyecto de Resolución la necesidad de contar con información exacta y que no deje lugar a dudas con respecto al contrato de suministro de gas natural licuado (GNL) que suscribió la empresa estatal ENARSA (Energía Argentina S.A.) con la chilena SOLGAS S.A. (firma intermediaria del grupo internacional GDF Suez).

Es preciso que, desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se fundamente técnicamente los motivos por los cuales la actual administración suscribió un contrato de compra de gas a Chile a un precio que, según todas las estimaciones, resulta un 53% más costoso que el GNL que llega por barcos y un 128% más caro que lo pagado por las importaciones procedentes de Bolivia.

En números concretos, la importación desde Chile –por medio del gasoducto Norandino, que conecta la planta regasificadora chilena de Mejillones y la provincia de Salta– de los 86 millones de metros cúbicos de GNL a un precio de 6,90 dólares por millón de BTU, termina resultando un 128% más elevada que los 3,02 dólares por BTU que nuestro país importaba desde Bolivia.

Por otro lado, si a aquél precio se lo compara con el GNL que llega por barcos a Escobar y Bahía Blanca a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU, la desproporción es 53% más costosa para la Argentina.

Pero, además del precio convenido, alarma excesivamente que, según versiones periodísticas, el acuerdo establezca una cesión de la soberanía judicial para la resolución de controversias, aplicándose la ley del estado de New York; así como también la inclusión de una cláusula contractual que obliga a ambas partes “a guardar estricta confidencialidad y reserva por el término de un año”.

Dado que la mencionada compra de GNL a SOLGAS se costeará con fondos públicos provenientes del Programa de Energía Total (PET) –y según la normativa vigente estas partidas presupuestarias no pueden ser de ningún modo encuadradas como algo secreto y/o confidencial– a priori parece improcedente cualquier cláusula contractual que se firme en este sentido.

Pido, por consiguiente, el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente pedido de informes tendiente a clarificar este contrato.