Expresar su preocupación frente a la crítica situación política e institucional que atraviesa la República Federativa del Brasil como consecuencia del proceso destituyente en marcha contra la Presidenta Dilma Rousseff, y repudiar cualquier intento que ponga en riesgo el orden democrático y conspire contra la voluntad popular expresada en elecciones universales, libres y transparentes.

Declarar su preocupación por el inicio del proceso de juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff e instar a que se respete las garantías del debido proceso y la defensa en juicio de la Presidente Constitucional de ese país hermano.

Exhortar al cumplimiento de lo estipulado en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Chile y la República Plurinacional de Bolivia; a lo acordado en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR como también a lo establecido en el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, en la que los Estados Partes asumen la promoción, defensa y protección del orden democrático, del estado de derecho y sus instituciones.

Manifestar su solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Federativa del Brasil, al que nos unen lazos históricos, políticos, económicos, culturales y de amistad y su anhelo de que a la brevedad se normalice el funcionamiento de sus instituciones y se restituyan las facultades y atribuciones conferidas constitucionalmente a la Presidenta de la República.

Señor presidente:

En la República Federativa del Brasil se encuentra en marcha un golpe de Estado. La Presidenta Dilma Rousseff y su gobierno vienen sufriendo una acción de desgaste político, económico e institucional claramente destituyente. Se trata de un perverso golpe de Estado en cuotas, urdido por sectores del poder judicial, los medios de comunicación hegemónicos, las corporaciones empresariales, algunas expresiones de las fuerzas armadas y de la sociedad que reivindican a la dictadura militar, las iglesias electrónicas y los partidos políticos opositores, algunos hasta ayer oficialistas.

No ha sido un golpe “blando”. Lo que está ocurriendo en Brasil es un golpe de Estado. Calificarlo como blando implicaría relativizar la brutal, salvaje y hasta inhumana acción de desgaste político, institucional y personal a la que fue sometida la presidenta Dilma Rousseff.

La Presidenta Rouseff ha calificado al proceso de impeachment como una "violencia contra la verdad, contra la democracia y contra el Estado Democrático de Derecho". Lo consideró "un golpe de Estado" y que fue violado su derecho de defensa. Expresó su esperanza de que "consigamos que este proceso sin base legal practicado por personas que deberían estar investigadas no ocurra más". Y agregó: "No soy acusada de tener cuentas en el exterior ni de enriquecerme ilícitamente. Los que me juzgan sí".

Calificó al vicepresidente Michel Temer como un traidor. Dijo que “es espantoso que un vicepresidente en ejercicio de su mandato conspire contra la presidente abiertamente”.

Las evidentes similitudes con acciones destituyentes en otros países de la región, los idénticos recursos y argumentos esgrimidos por los golpistas, la crítica de sus promotores al actual proceso de integración a través del MERCOSUR y la UNASUR, el alineamiento internacional tras los Estados Unidos que promueven los opositores, son algunas de las notas que confirman que se ha tratado y se trata de un plan de desestabilización en la región orquestado contra los gobiernos populares. Esas acciones desestabilizadoras han afectado a Ecuador, Bolivia, Venezuela y provocaron la ilegal destitución del Presidente Fernando Lugo en Paraguay. Esas acciones destituyentes provocaron, y siguen provocando, la reacción de la comunidad suramericana, especialmente a través de la UNASUR.

En la misma línea y con similares argumentos ha generado la reacción del gobierno argentino y de la Cámara de Diputados de la Nación, mediante categóricas condenas y expresiones de apoyo a los gobiernos y pueblos afectados por el accionar destituyente.

Consideramos que, en ningún caso, la existencia de crisis políticas y económicas y las debilidades de gestión pueden justificar el accionar golpista que busca darse un baño de legalidad mediante escandalosos procedimientos parlamentarios de destitución, que demuelen al Estado de derecho y desnaturaliza a la democracia.

Los gobiernos presididos por Lula y Dilma Rousseff han impulsado un impresionante proceso de inclusión de millones de brasileros que pudieron salir de la pobreza, generado una proyección internacional de Brasil y la región en el contexto internacional, promovido el proceso de integración latinoamericana y los procesos de autonomía política, económica y financiera en la región. Brasil ha sido desde 2003 un factor de equilibrio y estabilidad regional. Resulta demasiado evidente que la arremetida desestabilizadora busca no solo un cambio de mando en el Brasil sino también una modificación de las orientaciones del proceso de integración en la región.

La República Argentina no puede mirar para otro lado frente a la amenaza latente en Brasil. Se trata de nuestro principal socio comercial, el principal destino de nuestras exportaciones, un país con el que la integración ha logrado avanzar en los planos sociales y culturales, además de los económicos y comerciales. En buena medida el futuro de Argentina se encuentra condicionado a una adecuada resolución de la crisis hoy existente en el país hermano. La resolución de la crisis debe darse en el marco del pleno respeto de las instituciones democráticas. Caso contrario, el fantasma del golpe de Estado se propagará por todos los países de la región.

Frente a este cuadro de situación, nos preocupa la tibieza de las expresiones del gobierno argentino frente a la gravedad de la situación institucional existente en Brasil. Las declaraciones de la canciller argentina no denotan el fuerte compromiso con el sostenimiento de la democracia que implicaría activar, entre otras instancias, los mecanismos que prevé la Claúsula Democrática del Protocolo de Ushuaia.

La H. Cámara de Diputados de la Nación no puede caer en injustificables omisiones al momento de defender la democracia en nuestra región. Por eso promovemos una clara, categórica y comprometida declaración frente al proceso destituyente que hoy se encuentra en marcha en la hermana República Federativa del Brasil.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto.