Su más enérgico repudio y preocupación por la alteración del orden constitucional que ha tenido lugar en la República Bolivariana de Venezuela a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia de aquel país decidió asumir competencias parlamentarias violando la división de poderes consagrada en su Constitución Nacional.

Asimismo, exhorta a la Organización de los Estados Americanos a que aplique con la mayor celeridad posible los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana.

Señor presidente:

La situación política e institucional en la República Bolivariana de Venezuela es gravísima: el velo populista ha caído y no hay lugar a dudas de que en aquel país se consumó un autogolpe. No hay margen para hacer interpretaciones ideológicas: Lisa y llanamente el Poder Ejecutivo, se valió del poder Judicial para clausurar el Parlamento.

La decisión tomada por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia configura una violación a la división de poderes. La propia sentencia declara: “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, dicha sala garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ella o por el órgano que ella disponga”.

El respeto a las instituciones constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia y es por esto que, ante la gravedad de los hechos acaecidos, debemos expresar nuestro más enérgico repudio y preocupación, ya que se ha configurado una alteración al orden constitucional porque un sistema donde un Poder doblega al resto de los Poderes, no puede ser definido como democrático. El régimen de Maduro no sólo incursiona en prácticas violatorias de la Constitución Nacional, sino que, además, estas son contrarias a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el Protocolo de Ushuaia, el cual tiene validez entre los miembros del Mercado Común del Sur.

El Gobierno argentino ha presentado ante la Organización de los Estados Americanos, juntamente con Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, un documento manifestando la profunda preocupación que genera la situación por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela y, en especial, el pueblo venezolano porque el régimen chavista ha dejado en jirones la democracia.

Desde esta Cámara de Diputados de la Nación debemos manifestarnos en el sentido de que la República Argentina lidere un proceso donde se reafirme el compromiso regional con la promoción y protección del régimen democrático como de los derechos humanos de la población venezolana.

La situación en la República Bolivariana de Venezuela no es nueva, sino que se inscribe dentro de la historia de un régimen populista desgastado, donde incluso bienes de primera necesidad, tales como alimentos y medicamentos, son de difícil o imposible acceso. Un gobierno que se concentra en aferrarse al poder por cualquier medio y disuelve la Asamblea Nacional, claramente produce una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático y, por consiguiente, habilita la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Instamos a la Organización de los Estados Americanos a demostrar su eficacia como organismo que vela por la vigencia de la democracia, sus instituciones y los derechos humanos. Para ello es que existe la Carta Democrática y los países miembros debemos honrarla, evitando que se convierta en una abstracción.

El actual gobierno de la República Argentina ha demostrado plena coherencia desde que asumió, ya que advirtió en todos los foros internacionales que la República Bolivariana de Venezuela iba camino hacia la imposición de un régimen netamente autoritario. En ejercicio de la presidencia Pro Tempore del Mercado Común del Sur, nuestro país ha convocado a una reunión de emergencia para abordar la cuestión que motiva la presentación del presente Proyecto porque la democracia es una construcción colectiva y su defensa compete a todos los actores. Nuestros pueblos lo reclaman, escuchemos su mandato.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.