ARTÍCULO 1º.- Ratifíquese la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69), adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 5 de junio de 2013 en La Antigua, Guatemala.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, es el primer instrumento del sistema interamericano que busca dar protección legal al colectivo LGBTI+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales). Su entrada en vigencia, el 20 de febrero próximo pasado, nos pone a todos los países de la región en la necesidad de ratificar por la vía legislativa, dicho instrumento para que cuente con plena vigencia en el territorio nacional.

La Convención nace en La Antigua, Guatemala, en el año 2013. A partir de ese momento estuvo a disposición de todos los países miembros del organismo internacional para su firma. Nuestro país, suscribió la Convención en ese mismo año. Ello no puede ser un dato menor, sino que deja al descubierto el hecho que, desde ese momento, el Estado Nacional ha visto la necesidad de contar con mecanismos nacionales, y regionales, que posibiliten dar respuesta a una problemática existente y en crecimiento, para lograr la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia. Ello, con la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana.

Esta es la primera Convención Interamericana que incluye al colectivo LGBTI+ entre los grupos protegidos y constituye un salto enorme en materia de derechos humanos dentro del Sistema Interamericano, puesto que dota a los estados de herramientas que potencian el trabajo realizado por cada uno de los gobiernos regionales en materia de la ampliación de derechos para las minorías sexuales.

Las organizaciones sociales, movimientos políticos y los organismos del estado que representan la lucha por la igualdad de derechos de las personas LGBTI+, han venido abogando desde hace años para la entrada en vigencia de esta Convención en el territorio nacional. Son conocidos los casos en los que, aun en el año 2020, las personas con orientaciones sexuales diferentes deben pasar por situaciones de violencia y discriminación solo por ser quienes son.

La Argentina es uno de los países que más ha avanzado en la ampliación de derechos para el colectivo LGBTI+. La ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y otras decisiones de gobierno que se dan a nivel local, como es el caso de la Provincia de Neuquén, que cuenta con un sistema de becas para personas trans otorgadas por la Dirección de Diversidad Sexual provincial, para que continúen con sus estudios, van en camino al reconocimiento y respeto de los derechos de todos los argentinos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y es allí donde la ratificación de éste instrumento, para darle rango constitucional, pueda llevarnos hacia el país que queremos ser. Una Argentina que respete los derechos establecidos en el pacto de San José de Costa Rica para todos y todas sus habitantes.

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.