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PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 430
Jefe SR. AMBOADE FABIO JAVIER
Martes 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2424 Internos 2424/25
cpyssocial@hcdn.gob.ar
- PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
Reunión del día 09/06/2016
- CONJUNTA
SR. PRESIDENTE DAER Queda abierta la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda.
La idea es que todos los diputados que estuvieron trabajando y generando consensos para ir avanzando en el texto definitivo del proyecto puedan hacer uso de la palabra, nos indiquen cómo fueron trabajando, qué acuerdos lograron y a qué texto se llegó, para dar continuidad a las dos jornadas de debate que tuvimos previamente.
Queremos ver si podemos ser sintéticos y precisos para lograr el mejor texto final posible, de manera de llevarlo al recinto el próximo miércoles.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
La idea es que todos los diputados que estuvieron trabajando y generando consensos para ir avanzando en el texto definitivo del proyecto puedan hacer uso de la palabra, nos indiquen cómo fueron trabajando, qué acuerdos lograron y a qué texto se llegó, para dar continuidad a las dos jornadas de debate que tuvimos previamente.
Queremos ver si podemos ser sintéticos y precisos para lograr el mejor texto final posible, de manera de llevarlo al recinto el próximo miércoles.
Tiene la palabra el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: nosotros hemos participado en todas las reuniones, tanto en las informativas como en los debates y reuniones con algunos especialistas o personas que conocen de las temáticas tributaria y de la seguridad social. Hemos estudiado el tema en profundidad, y sobre el proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo tenemos una serie de modificaciones que esperamos que se puedan plasmar en el dictamen.
Estamos decididamente de acuerdo -no va a ser de otra manera- con ir resolviendo los problemas de los jubilados que tengamos que resolver. Podemos tener diferencias metodológicas y en algunas cuestiones centrales, pero en líneas generales creemos que son etapas. En una primera etapa, mediante las moratorias nosotros incluimos a millones de argentinos al sistema previsional, incorporando además la movilidad jubilatoria.
Estos son logros que forman parte de la sociedad argentina, son logros que forman parte de los abuelos; queremos respetarlos y queremos cuidarlos.
Como dije el otro día: si hay un pasivo también hay un activo. Entonces, si hay cosas que mejorar, que se mejoren sobre la base de la verdad, y la verdad es que el sistema jubilatorio argentino ha tenido cambios profundos a favor de millones de argentinos, aún cuando sean insuficientes y tengamos que seguir trabajando para mejorarlo.
El tema de la emergencia lo voy a profundizar en el debate. Nosotros creemos que no es necesaria la emergencia de litigiosidad previsional. Eso atenta contra el patrimonio de la ANSES.
Permítanme la humilde opinión ya que estuve casi siete años en el organismo. Tiene más de 1.200 abogados y los problemas de litigiosidad no se acotan tan solo a cuatro casos, son cientos de casos. Muchas veces hay vínculos entre los poderes judiciales federales y los propios abogados de la ANSES o de estudios previsionales, muchos de ellos denunciados.
Ha habido antecedentes, y justamente la litigiosidad, abre un paraguas para eventuales fallos y antecedentes que generen una complejidad en el patrimonio o en el erario de la ANSES.
Por eso creo que no es necesaria la emergencia y que simplemente es un paraguas para algunos funcionarios que realmente no lo necesitan, porque en realidad hay una ley que viene a solucionar el tema.
Esperemos que se reflexione sobre este punto porque no creemos que esté en emergencia un sistema que tiene casi 750.000 millones de pesos de activos, que ha jubilado al 98 por ciento de los argentinos y que tiene la capacidad de pagar mes a mes a los jubilados en tiempo y forma, algo que parece una cuestión normal -aunque sea insuficiente- pero que en Argentina no es tan normal.
En cuanto a los índices. Los especialistas lo plantearon y ustedes lo saben, nosotros creemos que hay que respetar los índices de la Corte. Esto ocurre en tres casos, pero en el caso Elliff no se respeta el índice de la Corte. Entiendo que para el oficialismo se trata de un tema de mayores recursos.
Creemos que no respetar el índice Elliff, en definitiva, va a generar nueva litigiosidad. ¿Por qué? Porque los fallos y los derechos de los jubilados son imprescriptibles. No se pueden alterar y naturalmente todo el esquema jurídico previsional está esperando que nosotros saquemos un fallo con un índice distinto al que propone la Justicia. No hemos tenido a la Justicia acá diciendo que va a homologar esa situación. Tampoco podemos pedirle esto a la Justicia, ya que somos otro poder.
Por ello entiendo que se debería utilizar el mismo índice y es lo que vamos a transmitir en nuestras disidencias.
Creemos que el tema de los abogados tiene que ser absolutamente gratis para el abuelo, no solamente la cuotalitis que paga la ANSES o que puede regular, sino que muchas veces le sacan al propio abuelo una parte. Creemos que tiene que quedar expresamente redactado que tiene que ser gratis. De manera tal que si un abogado le exige determinado honorario por los retroactivos, los abuelos tengan la capacidad de defensa frente a la Justicia y decir que la ley permite que frente a una situación excepcional y frente al planteo que estamos haciendo sea para el abuelo.
Quiero que esto forme parte del espíritu de la ley, para que no vuelvan los gestores a la ANSES o estas cuestiones donde se hacen negocios pequeños y a veces muy grandes con los abuelos.
Por otra parte, creo que el Poder Ejecutivo se olvidó de algo que nosotros incorporamos. En el año 2006, Néstor Kirchner, con el decreto 764 dio un aumento generalizado. Los fallos lo contemplaron y no está incorporado en el artículo. Es importante hacerlo porque es un aumento que se deduce del caso Badaro y no está incorporado. Son menos recursos para el Estado y corresponde que se lo incorpore.
En cuanto al orden de prelación el proyecto habla de 80 años. Hace tres años tuvimos una serie de denuncias en la ANSES porque se elegían los expedientes. Es decir, la línea de la ANSES elegía qué expediente pagar y cuál no. Naturalmente esto estaba asociado a una serie de elementos de corrupción que fueron denunciados.
Para resolver ese tema hicimos un orden de prelación. Eso se firmó y las autoridades actuales la continuaron, pero queremos que quede claro en la ley.
El orden de prelación establece cuatro criterios. En primer lugar, pagar a los mayores de 80 años; en segundo lugar, pagar a los que menos ganan antes que a los que más ganan; en tercer lugar, pagar a los que tienen sentencias más viejas que a los que son más nuevas y en cuarto lugar, tiene prioridad todos los que tengan una enfermedad.
Es un sistema, un protocolo de prelación que ordena el pago de los juicios y creemos que tiene que quedar establecido en la ley.
Por otro lado, en el artículo 10 del proyecto del proponemos que se incorpore que los nuevos casos que estudie la Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional sean aprobados por la Comisión Bicameral permanente. No queremos que el Poder Ejecutivo avale fallos que sean parte de esta normativa jurídica y de procedimiento sin que antes pase por el Congreso ya que pueden generar antecedentes que pueden poner en riesgo el patrimonio de la ANSES. Me parece que es bueno que el Congreso intervenga en ese sentido. Lo mismo sucede con el Consejo de Sustentabilidad Previsional, en términos de orden de prelación.
En cuanto a este Consejo, proponemos que cuando dice que tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo régimen previsional, universal, integral, sólido, sustentable y público, se incorpore también la frase "de reparto".
Nosotros estamos convencidos que el sistema previsional tiene que ser público y de reparto y que esas tienen que ser las pautas para cualquier tipo de reforma en el sistema previsional. Bajo ningún punto de vista vamos a dejar de lado las banderas de lo público y de reparto.
Con respecto a la pensión universal por adulto mayor, hemos trabajado mucho con Sergio Massa y con Marco Lavagna y estamos absolutamente convencidos que tiene que continuar la moratoria.
La primera moratoria, que fue muy exitosa, fue decisión de Néstor Kirchner y la presentó Sergio Massa en el Congreso de la Nación. La segunda la presenté yo hace dos años. También fue una moratoria muy importante y fue una decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y creemos la moratoria que se tiene que extender por tres años.
Estamos de acuerdo con la pensión universal, creemos que es una mejora respecto de las pensiones no contributivas porque aumenta del 70 al 80 por ciento, y estamos decididamente con que tengan PAMI y no PROFE porque es una mejora sustancial en el servicio de salud; pero sí o sí ponemos como condición que se extienda por tres años la moratoria para las mujeres que cumplen 60 años.
Esta es una bandera que evidentemente forma parte sustancial del reconocimiento de una realidad en la Argentina, cual es que muchos argentinos han trabajado y no han tenido la oportunidad de aportar o no le han hecho los aportes correspondientes a su trabajo. Entonces, como Estado, bajo ningún punto de vista podemos permitir que una persona que llega a los 60 años no se jubile. Cuesta conseguir trabajo a los 60 años, cuesta conseguir trabajos formales y es importante que tengan una obra social.
Además, estamos convencidos que la edad de las mujeres en materia jubilatoria es a los 60 años y la de los hombres a los 65.
Quiero dejar en claro que el sistema previsional argentino no tiene un problema de edades en materia previsional. El problema es que hay un 40 por ciento de trabajo en negro que no aporta al sistema y desbalancea la relación activo-pasivo.
Bajo ningún punto de vista hay un problema de edad previsional. Queremos que quede esto explicitado y seguramente Marco Lavagna va a poder desarrollar este tema con más profundidad.
El Frente Renovador ha trabajado mucho y nosotros también en una cuestión que además es un pedido de los gobernadores. Me refiero al tema de la famosa armonización. Tengo mucho para decir sobre esto ya que participé de muchas audiencias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hubo pactos federales que arrancaron al inicio de los 90 y del 2000. Esos pactos están asociados al déficit provincial, entonces hay que discutir las situaciones de las cajas provinciales.
Soy de la idea de que, en un país federal, cada provincia es autónoma para decidir cómo y de qué manera jubilarse. Pero también, si hay atribuciones o privilegios particulares de las provincias con respecto a la Nación, que sean solventados por las provincias.
Ahora bien, también creo que tiene que haber algún mecanismo para poner en pie de igualdad a aquellas provincias que transfirieron recursos con las que no transfirieron sus cajas.
Es un tema complejo porque habría que evaluar la jubilación de todos aquellos que se encuentran en cajas que no fueron transferidas, con respecto a los parámetros de la ANSES y evaluar si tuvieron o no déficit. Es complejo técnicamente, por eso hay que darle tiempo al organismo. Se pueden utilizar algunas técnicas para poder evaluar esos déficit y que sea automático, para no desfinanciar a las provincias.
Las provincias más complicadas en ese sentido son Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, en algunas de sus cajas.
Es importante que se tenga en cuenta que nunca fue posible sostener regímenes jubilatorios en los cuales una persona se pueda jubilar con quince años de aportes. Esto todavía sigue pasando en el Sur de Argentina, donde hay personas que se jubilan con quince años de aportes y 45 años de edad. Hoy la expectativa y la calidad de vida crecieron; por eso me parece que este es un debate profundo que tiene que darse en la Argentina. El Frente Renovador ha trabajado mucho en este sentido.
El otro punto que quiero destacar es que nosotros estamos en desacuerdo con vender las acciones y lo vamos a manifestar claramente. Estamos en desacuerdo con que se invierta en el exterior, creemos que hay muchos activos necesarios para invertir en la Argentina y muchas Pymes que precisan financiamiento.
Cuando nosotros estuvimos en la ANSES teníamos 2.500 millones de dólares en el exterior, acciones de McDonald´s, de petroleras que perforaban en las Islas Malvinas, acciones de todo tipo. Nos costó mucho repatriar todos esoa activos.
La verdad que lo hicimos con mucha prudencia y responsabilidad y vendimos las acciones en el mejor momento de su precio. Es difícil vender acciones y entrar en ese mercado de operaciones permanentemente. Nosotros creemos que no tenemos que volver a invertir en el extranjero; hay suficientes instrumentos financieros en la Argentina para invertir. Les pido al resto de los señores diputados que nos acompañen y que entiendan esta situación que para nosotros es central.
En cuanto al tema del blanqueo, nosotros hemos formulado algunas propuestas y consideraciones que le haremos llegar al señor presidente.
Hay un tema que tiene que ver con las deudas que tienen las provincias con la Nación. En 2001, en el marco de la ley de competitividad, Cavallo dicta una serie de decretos, entre ellos el 814/01 por el cual decide bajar los aportes y las contribuciones patronales, del 16 por ciento al 10,17 por ciento. Luego las contribuciones patronales vuelven a ser del 16 por ciento y las provincias y municipios hicieron una interpretación para seguir pagando el 10,17 por ciento. Claramente no podían pagar y estaban en una situación muy compleja.
Se acumuló una deuda muy grande, los funcionarios de la AFIP tienen la obligación de ir a la Justicia, así como los funcionarios de la ANSES tienen la obligación de apelar. He escuchado algunas barbaridades de que solamente tienen la obligación de apelar en la primera instancia, pero no es así. Les pido que lean las leyes, los antecedentes de la Procuración del Tesoro y los casos complejos que hubo.
Recuerdo al ex ministro de Economía Lavagna discutiendo el famoso caso Greco de la provincia de Mendoza, donde claramente se suscitan problemas por no apelar. Cuando el Estado no apela es porque hay curro, es así de simple. Las partes se ponen de acuerdo para no apelar. No sé si he sido claro en este punto.
La apelación es una obligación de cualquier funcionario del Estado, así como también cuando hay una deuda, un funcionario del Estado, sea provincial o de la jurisdicción que sea, tiene la obligación de denunciarla en la Justicia.
Avanzó el proceso y la Corte Suprema acaba de fallar en contra de la provincia de Santiago del Estero, reclamándole una deuda de 2.700 millones de pesos. Nosotros queremos extender la moratoria a las provincias por noventa meses, de manera tal que las provincias puedan financiar su deuda a una buena tasa sin desfinanciarse, y así vayan regularizando la situación que viene desde el año 2001.
Creemos que para las provincias es bueno...
Estamos decididamente de acuerdo -no va a ser de otra manera- con ir resolviendo los problemas de los jubilados que tengamos que resolver. Podemos tener diferencias metodológicas y en algunas cuestiones centrales, pero en líneas generales creemos que son etapas. En una primera etapa, mediante las moratorias nosotros incluimos a millones de argentinos al sistema previsional, incorporando además la movilidad jubilatoria.
Estos son logros que forman parte de la sociedad argentina, son logros que forman parte de los abuelos; queremos respetarlos y queremos cuidarlos.
Como dije el otro día: si hay un pasivo también hay un activo. Entonces, si hay cosas que mejorar, que se mejoren sobre la base de la verdad, y la verdad es que el sistema jubilatorio argentino ha tenido cambios profundos a favor de millones de argentinos, aún cuando sean insuficientes y tengamos que seguir trabajando para mejorarlo.
El tema de la emergencia lo voy a profundizar en el debate. Nosotros creemos que no es necesaria la emergencia de litigiosidad previsional. Eso atenta contra el patrimonio de la ANSES.
Permítanme la humilde opinión ya que estuve casi siete años en el organismo. Tiene más de 1.200 abogados y los problemas de litigiosidad no se acotan tan solo a cuatro casos, son cientos de casos. Muchas veces hay vínculos entre los poderes judiciales federales y los propios abogados de la ANSES o de estudios previsionales, muchos de ellos denunciados.
Ha habido antecedentes, y justamente la litigiosidad, abre un paraguas para eventuales fallos y antecedentes que generen una complejidad en el patrimonio o en el erario de la ANSES.
Por eso creo que no es necesaria la emergencia y que simplemente es un paraguas para algunos funcionarios que realmente no lo necesitan, porque en realidad hay una ley que viene a solucionar el tema.
Esperemos que se reflexione sobre este punto porque no creemos que esté en emergencia un sistema que tiene casi 750.000 millones de pesos de activos, que ha jubilado al 98 por ciento de los argentinos y que tiene la capacidad de pagar mes a mes a los jubilados en tiempo y forma, algo que parece una cuestión normal -aunque sea insuficiente- pero que en Argentina no es tan normal.
En cuanto a los índices. Los especialistas lo plantearon y ustedes lo saben, nosotros creemos que hay que respetar los índices de la Corte. Esto ocurre en tres casos, pero en el caso Elliff no se respeta el índice de la Corte. Entiendo que para el oficialismo se trata de un tema de mayores recursos.
Creemos que no respetar el índice Elliff, en definitiva, va a generar nueva litigiosidad. ¿Por qué? Porque los fallos y los derechos de los jubilados son imprescriptibles. No se pueden alterar y naturalmente todo el esquema jurídico previsional está esperando que nosotros saquemos un fallo con un índice distinto al que propone la Justicia. No hemos tenido a la Justicia acá diciendo que va a homologar esa situación. Tampoco podemos pedirle esto a la Justicia, ya que somos otro poder.
Por ello entiendo que se debería utilizar el mismo índice y es lo que vamos a transmitir en nuestras disidencias.
Creemos que el tema de los abogados tiene que ser absolutamente gratis para el abuelo, no solamente la cuotalitis que paga la ANSES o que puede regular, sino que muchas veces le sacan al propio abuelo una parte. Creemos que tiene que quedar expresamente redactado que tiene que ser gratis. De manera tal que si un abogado le exige determinado honorario por los retroactivos, los abuelos tengan la capacidad de defensa frente a la Justicia y decir que la ley permite que frente a una situación excepcional y frente al planteo que estamos haciendo sea para el abuelo.
Quiero que esto forme parte del espíritu de la ley, para que no vuelvan los gestores a la ANSES o estas cuestiones donde se hacen negocios pequeños y a veces muy grandes con los abuelos.
Por otra parte, creo que el Poder Ejecutivo se olvidó de algo que nosotros incorporamos. En el año 2006, Néstor Kirchner, con el decreto 764 dio un aumento generalizado. Los fallos lo contemplaron y no está incorporado en el artículo. Es importante hacerlo porque es un aumento que se deduce del caso Badaro y no está incorporado. Son menos recursos para el Estado y corresponde que se lo incorpore.
En cuanto al orden de prelación el proyecto habla de 80 años. Hace tres años tuvimos una serie de denuncias en la ANSES porque se elegían los expedientes. Es decir, la línea de la ANSES elegía qué expediente pagar y cuál no. Naturalmente esto estaba asociado a una serie de elementos de corrupción que fueron denunciados.
Para resolver ese tema hicimos un orden de prelación. Eso se firmó y las autoridades actuales la continuaron, pero queremos que quede claro en la ley.
El orden de prelación establece cuatro criterios. En primer lugar, pagar a los mayores de 80 años; en segundo lugar, pagar a los que menos ganan antes que a los que más ganan; en tercer lugar, pagar a los que tienen sentencias más viejas que a los que son más nuevas y en cuarto lugar, tiene prioridad todos los que tengan una enfermedad.
Es un sistema, un protocolo de prelación que ordena el pago de los juicios y creemos que tiene que quedar establecido en la ley.
Por otro lado, en el artículo 10 del proyecto del proponemos que se incorpore que los nuevos casos que estudie la Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional sean aprobados por la Comisión Bicameral permanente. No queremos que el Poder Ejecutivo avale fallos que sean parte de esta normativa jurídica y de procedimiento sin que antes pase por el Congreso ya que pueden generar antecedentes que pueden poner en riesgo el patrimonio de la ANSES. Me parece que es bueno que el Congreso intervenga en ese sentido. Lo mismo sucede con el Consejo de Sustentabilidad Previsional, en términos de orden de prelación.
En cuanto a este Consejo, proponemos que cuando dice que tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo régimen previsional, universal, integral, sólido, sustentable y público, se incorpore también la frase "de reparto".
Nosotros estamos convencidos que el sistema previsional tiene que ser público y de reparto y que esas tienen que ser las pautas para cualquier tipo de reforma en el sistema previsional. Bajo ningún punto de vista vamos a dejar de lado las banderas de lo público y de reparto.
Con respecto a la pensión universal por adulto mayor, hemos trabajado mucho con Sergio Massa y con Marco Lavagna y estamos absolutamente convencidos que tiene que continuar la moratoria.
La primera moratoria, que fue muy exitosa, fue decisión de Néstor Kirchner y la presentó Sergio Massa en el Congreso de la Nación. La segunda la presenté yo hace dos años. También fue una moratoria muy importante y fue una decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y creemos la moratoria que se tiene que extender por tres años.
Estamos de acuerdo con la pensión universal, creemos que es una mejora respecto de las pensiones no contributivas porque aumenta del 70 al 80 por ciento, y estamos decididamente con que tengan PAMI y no PROFE porque es una mejora sustancial en el servicio de salud; pero sí o sí ponemos como condición que se extienda por tres años la moratoria para las mujeres que cumplen 60 años.
Esta es una bandera que evidentemente forma parte sustancial del reconocimiento de una realidad en la Argentina, cual es que muchos argentinos han trabajado y no han tenido la oportunidad de aportar o no le han hecho los aportes correspondientes a su trabajo. Entonces, como Estado, bajo ningún punto de vista podemos permitir que una persona que llega a los 60 años no se jubile. Cuesta conseguir trabajo a los 60 años, cuesta conseguir trabajos formales y es importante que tengan una obra social.
Además, estamos convencidos que la edad de las mujeres en materia jubilatoria es a los 60 años y la de los hombres a los 65.
Quiero dejar en claro que el sistema previsional argentino no tiene un problema de edades en materia previsional. El problema es que hay un 40 por ciento de trabajo en negro que no aporta al sistema y desbalancea la relación activo-pasivo.
Bajo ningún punto de vista hay un problema de edad previsional. Queremos que quede esto explicitado y seguramente Marco Lavagna va a poder desarrollar este tema con más profundidad.
El Frente Renovador ha trabajado mucho y nosotros también en una cuestión que además es un pedido de los gobernadores. Me refiero al tema de la famosa armonización. Tengo mucho para decir sobre esto ya que participé de muchas audiencias en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hubo pactos federales que arrancaron al inicio de los 90 y del 2000. Esos pactos están asociados al déficit provincial, entonces hay que discutir las situaciones de las cajas provinciales.
Soy de la idea de que, en un país federal, cada provincia es autónoma para decidir cómo y de qué manera jubilarse. Pero también, si hay atribuciones o privilegios particulares de las provincias con respecto a la Nación, que sean solventados por las provincias.
Ahora bien, también creo que tiene que haber algún mecanismo para poner en pie de igualdad a aquellas provincias que transfirieron recursos con las que no transfirieron sus cajas.
Es un tema complejo porque habría que evaluar la jubilación de todos aquellos que se encuentran en cajas que no fueron transferidas, con respecto a los parámetros de la ANSES y evaluar si tuvieron o no déficit. Es complejo técnicamente, por eso hay que darle tiempo al organismo. Se pueden utilizar algunas técnicas para poder evaluar esos déficit y que sea automático, para no desfinanciar a las provincias.
Las provincias más complicadas en ese sentido son Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, en algunas de sus cajas.
Es importante que se tenga en cuenta que nunca fue posible sostener regímenes jubilatorios en los cuales una persona se pueda jubilar con quince años de aportes. Esto todavía sigue pasando en el Sur de Argentina, donde hay personas que se jubilan con quince años de aportes y 45 años de edad. Hoy la expectativa y la calidad de vida crecieron; por eso me parece que este es un debate profundo que tiene que darse en la Argentina. El Frente Renovador ha trabajado mucho en este sentido.
El otro punto que quiero destacar es que nosotros estamos en desacuerdo con vender las acciones y lo vamos a manifestar claramente. Estamos en desacuerdo con que se invierta en el exterior, creemos que hay muchos activos necesarios para invertir en la Argentina y muchas Pymes que precisan financiamiento.
Cuando nosotros estuvimos en la ANSES teníamos 2.500 millones de dólares en el exterior, acciones de McDonald´s, de petroleras que perforaban en las Islas Malvinas, acciones de todo tipo. Nos costó mucho repatriar todos esoa activos.
La verdad que lo hicimos con mucha prudencia y responsabilidad y vendimos las acciones en el mejor momento de su precio. Es difícil vender acciones y entrar en ese mercado de operaciones permanentemente. Nosotros creemos que no tenemos que volver a invertir en el extranjero; hay suficientes instrumentos financieros en la Argentina para invertir. Les pido al resto de los señores diputados que nos acompañen y que entiendan esta situación que para nosotros es central.
En cuanto al tema del blanqueo, nosotros hemos formulado algunas propuestas y consideraciones que le haremos llegar al señor presidente.
Hay un tema que tiene que ver con las deudas que tienen las provincias con la Nación. En 2001, en el marco de la ley de competitividad, Cavallo dicta una serie de decretos, entre ellos el 814/01 por el cual decide bajar los aportes y las contribuciones patronales, del 16 por ciento al 10,17 por ciento. Luego las contribuciones patronales vuelven a ser del 16 por ciento y las provincias y municipios hicieron una interpretación para seguir pagando el 10,17 por ciento. Claramente no podían pagar y estaban en una situación muy compleja.
Se acumuló una deuda muy grande, los funcionarios de la AFIP tienen la obligación de ir a la Justicia, así como los funcionarios de la ANSES tienen la obligación de apelar. He escuchado algunas barbaridades de que solamente tienen la obligación de apelar en la primera instancia, pero no es así. Les pido que lean las leyes, los antecedentes de la Procuración del Tesoro y los casos complejos que hubo.
Recuerdo al ex ministro de Economía Lavagna discutiendo el famoso caso Greco de la provincia de Mendoza, donde claramente se suscitan problemas por no apelar. Cuando el Estado no apela es porque hay curro, es así de simple. Las partes se ponen de acuerdo para no apelar. No sé si he sido claro en este punto.
La apelación es una obligación de cualquier funcionario del Estado, así como también cuando hay una deuda, un funcionario del Estado, sea provincial o de la jurisdicción que sea, tiene la obligación de denunciarla en la Justicia.
Avanzó el proceso y la Corte Suprema acaba de fallar en contra de la provincia de Santiago del Estero, reclamándole una deuda de 2.700 millones de pesos. Nosotros queremos extender la moratoria a las provincias por noventa meses, de manera tal que las provincias puedan financiar su deuda a una buena tasa sin desfinanciarse, y así vayan regularizando la situación que viene desde el año 2001.
Creemos que para las provincias es bueno...
SR. BRUGGE Las cajas transferidas...
SR. BOSSIO Son las cajas que no transfirieron. Está bien la aclaración del señor diputado Brugge. Sí, las cajas que transfirieron también tienen otras deudas, por ejemplo Córdoba, me voy a poner en defensa del Estado nacional. Este es un vicio que tengo pero me parece que nos entendemos.
El otro punto importante que queremos plantear se refiere al impuesto sobre los bienes personales. Creemos que no hay que eliminar ese impuesto y que eventualmente hay que estudiarlo en profundidad. Es cierto que muchas veces las provincias aumentan las alícuotas de los impuestos inmobiliarios de manera tal de no incrementar el verdadero valor de los inmuebles. De esta manera no se afecta la recaudación del impuesto sobre los bienes personales, cuya coparticipación es mayor para la Nación que para las provincias. Entonces se genera una carga tributaria muy grande, que afecta al contribuyente, y se evita tasar los campos -por ejemplo- a su verdadero valor.
En consecuencia, de alguna manera las provincias siempre tienen el incentivo de mover las tasas pero no la base sobre la cual se imponen. El impuesto a los bienes personales es una de las razones.
Ahora bien, seguramente al señor diputado Solá, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, su ministro de Hacienda le habrá explicado -porque pasaba en todas las provincias- lo que ocurre con el impuesto a los bienes personales. En definitiva, lo que los gobernadores hacen es tratar de que el valor fiscal de los campos no afecte bienes personales, con lo cual la eliminación de este impuesto es un tema que debe ser estudiado. Pero hay que estudiar por qué impuesto lo reemplazamos y qué progresividad le damos a ese impuesto. Y no solo eso, porque el impuesto sobre los bienes personales no solamente se aplica al que tiene un campo en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba, sino también a quien posee bienes en el extranjero. Por eso, nosotros creemos que no hay que eliminarlo. Se han modificado las escalas, pero no se debe eliminar sino que se tiene que cambiar por otros impuestos. Estas son cuestiones que tenemos que discutir en esta comisión, que entiendo que trabaja sobre los aspectos fiscales.
No quiero extenderme porque seguramente el resto de los bloques harán sus propuestas. Nosotros creemos en el diálogo y entendemos que, cuando hay un proyecto que es a favor de los jubilados, hay que apoyarlo.
Asimismo, consideramos que el sistema jubilatorio no es sustentable si no incorporamos a tres o cuatro millones de trabajadores. Aclaro que no es una cuestión previsional, actuarial, de edad jubilatoria ni de cálculo del haber inicial; es una cuestión del sistema económico argentino, que permite que el 33 por ciento de los trabajadores no aporten, no contribuyan, no tengan seguridad social, no puedan estar afiliados a un sindicato ni puedan contar con una obra social. Entiendo que ese es el talón de Aquiles del sistema de seguridad social. Hay que trabajar muchísimo. No hay forma de hacerlo sustentable con una relación de 1,5 trabajadores activos por cada pasivo.
En ese sentido, nosotros tenemos que trabajar y mucho. Por eso, considero que más allá de una comisión técnica, este tema debe ser debatido en el Parlamento. También hay buenos técnicos en el Congreso, y me animo a decir que muchas veces tienen mucha más experiencia que en el Poder Ejecutivo. Cuando yo era funcionario, aprendí mucho viniendo a este Parlamento.
Nosotros tenemos disidencias, y esperamos que el resto de los legisladores nos entiendan. Fundamentalmente me refiero al tema de la emergencia, de adoptar el índice y de no vender las acciones. Les puedo asegurar que es una buena inversión y una buena alternativa para tener ese activo en manos de los argentinos. Lo hemos cuidado y creo que tenemos que seguir cuidándolo.
El otro punto importante que queremos plantear se refiere al impuesto sobre los bienes personales. Creemos que no hay que eliminar ese impuesto y que eventualmente hay que estudiarlo en profundidad. Es cierto que muchas veces las provincias aumentan las alícuotas de los impuestos inmobiliarios de manera tal de no incrementar el verdadero valor de los inmuebles. De esta manera no se afecta la recaudación del impuesto sobre los bienes personales, cuya coparticipación es mayor para la Nación que para las provincias. Entonces se genera una carga tributaria muy grande, que afecta al contribuyente, y se evita tasar los campos -por ejemplo- a su verdadero valor.
En consecuencia, de alguna manera las provincias siempre tienen el incentivo de mover las tasas pero no la base sobre la cual se imponen. El impuesto a los bienes personales es una de las razones.
Ahora bien, seguramente al señor diputado Solá, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, su ministro de Hacienda le habrá explicado -porque pasaba en todas las provincias- lo que ocurre con el impuesto a los bienes personales. En definitiva, lo que los gobernadores hacen es tratar de que el valor fiscal de los campos no afecte bienes personales, con lo cual la eliminación de este impuesto es un tema que debe ser estudiado. Pero hay que estudiar por qué impuesto lo reemplazamos y qué progresividad le damos a ese impuesto. Y no solo eso, porque el impuesto sobre los bienes personales no solamente se aplica al que tiene un campo en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba, sino también a quien posee bienes en el extranjero. Por eso, nosotros creemos que no hay que eliminarlo. Se han modificado las escalas, pero no se debe eliminar sino que se tiene que cambiar por otros impuestos. Estas son cuestiones que tenemos que discutir en esta comisión, que entiendo que trabaja sobre los aspectos fiscales.
No quiero extenderme porque seguramente el resto de los bloques harán sus propuestas. Nosotros creemos en el diálogo y entendemos que, cuando hay un proyecto que es a favor de los jubilados, hay que apoyarlo.
Asimismo, consideramos que el sistema jubilatorio no es sustentable si no incorporamos a tres o cuatro millones de trabajadores. Aclaro que no es una cuestión previsional, actuarial, de edad jubilatoria ni de cálculo del haber inicial; es una cuestión del sistema económico argentino, que permite que el 33 por ciento de los trabajadores no aporten, no contribuyan, no tengan seguridad social, no puedan estar afiliados a un sindicato ni puedan contar con una obra social. Entiendo que ese es el talón de Aquiles del sistema de seguridad social. Hay que trabajar muchísimo. No hay forma de hacerlo sustentable con una relación de 1,5 trabajadores activos por cada pasivo.
En ese sentido, nosotros tenemos que trabajar y mucho. Por eso, considero que más allá de una comisión técnica, este tema debe ser debatido en el Parlamento. También hay buenos técnicos en el Congreso, y me animo a decir que muchas veces tienen mucha más experiencia que en el Poder Ejecutivo. Cuando yo era funcionario, aprendí mucho viniendo a este Parlamento.
Nosotros tenemos disidencias, y esperamos que el resto de los legisladores nos entiendan. Fundamentalmente me refiero al tema de la emergencia, de adoptar el índice y de no vender las acciones. Les puedo asegurar que es una buena inversión y una buena alternativa para tener ese activo en manos de los argentinos. Lo hemos cuidado y creo que tenemos que seguir cuidándolo.
SR. PRESIDENTE DAER Esta Presidencia quiere agradecer a los diputados que se habían retirado antes de comenzar la reunión y que volvieron, sabiendo disimular el retraso que tuvimos.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: primero quiero expresar mi reconocimiento por el buen trabajo realizado y por la predisposición que se ha tenido para aceptar modificaciones al texto del proyecto.
Muchos de los cambios que nosotros venimos proponiendo coinciden con los expresados por el señor diputado Bossio, con quien también hemos trabajado mucho en todo este proyecto que, como se sabe, es muy largo y de una complejidad muy importante.
El primer punto que me gustaría señalar es que el bloque del Frente Renovador tampoco está de acuerdo con la declaración de emergencia. Creemos que por lo menos es necesario cambiar la terminología. No consideramos que el sistema se encuentre hoy en una situación de emergencia.
En ese sentido coincidimos con lo expresado por el bloque del diputado Bossio.
Uno de los puntos centrales para nosotros tiene que ver con aquellos jubilados que han logrado sentencia firme y deciden no optar por las alternativas expuestas en el proyecto que giró el Poder Ejecutivo. Esto de ninguna manera puede significar una demora para aquellos jubilados que venían teniendo los mecanismos de prelación hasta la actualidad. No puede significar una demora para que se pague la sentencia firme como está establecida, siempre y cuando así opten los distintos jubilados.
Creemos en la necesidad de incorporar como beneficiarios también de este sistema o de este programa a aquellos que tienen rentas vitalicias y a los ex aportantes de las AFJP que han quedado afuera. Nosotros consideramos que hay muchos jubilados que están en la mínima y que deben ser incorporados y considerados porque están en un momento de desprotección. En particular me refiero a los que estén en condiciones de cobrar la mínima o en niveles más bajos.
Coincidimos con la necesidad del tema de los costos legales, que si bien ha sido expresado en las distintas alocuciones de los funcionarios no está escrito en el proyecto.
Consideramos que no solo hay que incorporarlo sino que tiene que quedar muy claro que los acuerdos a los que se llegue por este programa con las homologaciones no pueden implicar ningún tipo de costo para los jubilados. Recalco la expresión "ningún tipo de costos" porque es sabido que si bien la ANSES puede hacerse cargo de la parte de la homologación, después el jubilado puede sufrir que los abogados le pidan un honorario adicional.
Tiene que quedar muy claro que es completamente nulo cualquier otro tipo de costo que se quiera cobrar al jubilado. Cualquier costo que exista tiene que correr por cuenta de la ANSES, la cual seguramente podrá llegar a sus acuerdos para negociar el menor costo posible para llevar adelante las homologaciones.
Seguimos insistiendo -debo admitir que no nos hemos puesto de acuerdo-, con la necesidad de un plus en los haberes de la mínima.
Creemos que los jubilados que cobran la mínima, que representan a más de dos tercios de la cantidad de jubilados que hoy hay en el país, han sufrido mucho los efectos de la inflación.
Si bien reconocemos la buena noticia que se ha votado ayer en el Senado respecto de la devolución del IVA, consideramos que se puede hacer un esfuerzo mayor y compensarle los efectos negativos que han tenido por la inflación.
El diputado Bossio se ha manifestado en cuanto a la moratoria previsional. Nosotros veíamos una situación de desventaja -si se quiere- que iban a sufrir las mujeres que hoy estaban en condiciones de acceder a la moratoria con 60 años a raíz de la pensión universal que estaba proponiendo el proyecto original, ya que quedaban desprotegidas en ese período. Consideramos que para esos casos hace falta la prórroga de la moratoria que estaba prevista y que está venciendo en septiembre. Esto, si se quiere, se puede restringir a las mujeres entre 60 y 65 años.
Creemos en la necesidad de eliminar la incompatibilidad entre la pensión universal y la pensión contributiva por fallecimiento. Sobre esto todavía no hemos arribado a un acuerdo pero creemos que es necesario eliminar esa incompatibilidad que hoy está en el proyecto.
En cuanto a las cajas provinciales -algo en lo que también el diputado Bossio se ha explayado-, creemos en la necesidad de que en el plazo de 90 días el Poder Ejecutivo, junto con las distintas provincias, arriben a nuevos acuerdos por los cuales se puedan realizar las auditorías de los estados contables así como el estado de armonización de las distintas cajas, y que esto lleve a que las provincias puedan recuperar las transferencias automáticas de los porcentajes que estén armonizados. Hemos acercado un texto que claramente va en esta línea.
En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad -básicamente me refiero al artículo 27 que es donde se establece un período de cuatro años por el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad puede readecuarse a los nuevos porcentajes que determinaba el artículo 28 de la ley-, creemos que es necesario dar un período de tiempo pero en el medio hay que poner algunas restricciones para evitar que en esos cuatro años se pueda realizar cualquier tipo de operación sin ningún tipo de control, justamente en las inversiones del fondo.
En ese sentido proponemos que en los primeros tres años no pueda variar más del 25 por ciento del porcentaje máximo establecido después en el artículo 28. Sí que tenga algún margen de maniobra por si hay cambios en cotizaciones o cambios en la forma de inversión del fondo, pero que nunca pueda estar por arriba del 25 por ciento del monto máximo establecido en los incisos.
Por otro lado, consideramos que las acciones son uno de los activos centrales para asegurar la sustentabilidad en el sistema. También entendemos que hay situaciones donde se puede necesitar alguna flexibilización para hacer alguna venta en particular.
Para asegurarnos que no haya una venta absoluta y se termine poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema, creemos en la necesidad de poner un monto mínimo en las acciones que tienen que mantenerse dentro del fondo. Este monto lo estamos poniendo en un 7 por ciento del monto invertido del fondo.
Creemos también que las acciones que eventualmente puedan ser vendidas tienen que tener algunos condicionantes. En ese sentido nosotros decimos que las acciones tienen que ser vendidas porque hay una oferta pública de adquisición dirigida no solo a la ANSES sino también al resto de los tenedores. La ANSES no puede entrar a una oferta pública de adquisición (OPA) de forma individual. Tiene que entrar a OPAs que sean competitivas en el mercado.
Estamos de acuerdo con la necesidad de que la ANSES pueda hacer canjes de acciones, siempre y cuando sea por temas de fusiones o escisiones que se puedan dar en distintas sociedades. En eso consideramos que se puede dar flexibilidad a la actual situación.
Creemos en la necesidad de asegurar la sustentabilidad del fondo de garantías, que efectivamente es lo que va terminar dando certeza a los futuros jubilados de que se va a poder seguir manteniendo un sistema previsional.
En este sentido consideramos que es necesario que el monto producido por los impuestos especiales que se determinan para el blanqueo vaya a capitalizar el fondo de garantía de sustentabilidad. Es decir, establecer en el artículo 49 que se pueda destinar directamente al fondo de garantía de sustentabilidad y no a la ANSES, como figura el texto actualmente, para evitar que esto pueda implicar que termine utilizándose en gastos corrientes y no para el objetivo que tiene.
Aceptamos que el fondo de garantía de sustentabilidad pueda ser utilizado para este programa. Coincidimos en la necesidad de que esto sea realizado con el producido del fondo de garantía.
En cuanto al tema del blanqueo, seguramente estaremos todos de acuerdo en proponer algunas incorporaciones que ya se han discutido. Creo que está claro que tenemos que incluir a jueces, legisladores, gobiernos provinciales, etcétera y por lo tanto, solicitaremos su incorporación.
Creemos que hay que dar mayores beneficios a aquellos contribuyentes que han tenido sus impuestos al día, para que este proyecto no represente un desincentivo a cumplir los impuestos en tiempo y forma. Si bien en el proyecto de ley el Poder Ejecutivo lo ha tenido en cuenta, creemos que no es suficiente y que hay que hacer un esfuerzo mayor. Aun no hemos terminado de ponernos de acuerdo en qué consistirán los mayores beneficios pero seguramente vamos a seguir insistiendo en este punto y esperamos poder incorporar estas modificaciones en el recinto.
Creo que hay voluntad de beneficiar a estos contribuyentes, sobre todo a aquellos que corresponden a la clase media trabajadora, que ha sentido mucho el impacto y el aumento de la presión impositiva en el último tiempo.
Con respecto al tema del impuesto a los bienes personales, coincidimos en la necesidad de que no se lo elimine. Aceptamos que haya un cambio de mínimo, creemos que corresponde una modificación en la forma de calcularlo, pero que no se lo elimine. Eventualmente, y luego de un estudio más amplio sobre una reforma tributaria general, podemos plantear mecanismos para sustituir este impuesto por algún otro que pueda ser superador y que vaya en pos de una mayor progresividad en la manera de cobrar los impuestos en la Argentina.
Nosotros creemos que con los cambios que se han incorporado y que hemos ido discutiendo, estamos en condiciones de apoyar un dictamen de mayoría. Seguramente presentaremos algunas disidencias, seguiremos trabajando en ellas e insistiremos en el recinto. Esta será la posición de nuestro bloque.
Muchos de los cambios que nosotros venimos proponiendo coinciden con los expresados por el señor diputado Bossio, con quien también hemos trabajado mucho en todo este proyecto que, como se sabe, es muy largo y de una complejidad muy importante.
El primer punto que me gustaría señalar es que el bloque del Frente Renovador tampoco está de acuerdo con la declaración de emergencia. Creemos que por lo menos es necesario cambiar la terminología. No consideramos que el sistema se encuentre hoy en una situación de emergencia.
En ese sentido coincidimos con lo expresado por el bloque del diputado Bossio.
Uno de los puntos centrales para nosotros tiene que ver con aquellos jubilados que han logrado sentencia firme y deciden no optar por las alternativas expuestas en el proyecto que giró el Poder Ejecutivo. Esto de ninguna manera puede significar una demora para aquellos jubilados que venían teniendo los mecanismos de prelación hasta la actualidad. No puede significar una demora para que se pague la sentencia firme como está establecida, siempre y cuando así opten los distintos jubilados.
Creemos en la necesidad de incorporar como beneficiarios también de este sistema o de este programa a aquellos que tienen rentas vitalicias y a los ex aportantes de las AFJP que han quedado afuera. Nosotros consideramos que hay muchos jubilados que están en la mínima y que deben ser incorporados y considerados porque están en un momento de desprotección. En particular me refiero a los que estén en condiciones de cobrar la mínima o en niveles más bajos.
Coincidimos con la necesidad del tema de los costos legales, que si bien ha sido expresado en las distintas alocuciones de los funcionarios no está escrito en el proyecto.
Consideramos que no solo hay que incorporarlo sino que tiene que quedar muy claro que los acuerdos a los que se llegue por este programa con las homologaciones no pueden implicar ningún tipo de costo para los jubilados. Recalco la expresión "ningún tipo de costos" porque es sabido que si bien la ANSES puede hacerse cargo de la parte de la homologación, después el jubilado puede sufrir que los abogados le pidan un honorario adicional.
Tiene que quedar muy claro que es completamente nulo cualquier otro tipo de costo que se quiera cobrar al jubilado. Cualquier costo que exista tiene que correr por cuenta de la ANSES, la cual seguramente podrá llegar a sus acuerdos para negociar el menor costo posible para llevar adelante las homologaciones.
Seguimos insistiendo -debo admitir que no nos hemos puesto de acuerdo-, con la necesidad de un plus en los haberes de la mínima.
Creemos que los jubilados que cobran la mínima, que representan a más de dos tercios de la cantidad de jubilados que hoy hay en el país, han sufrido mucho los efectos de la inflación.
Si bien reconocemos la buena noticia que se ha votado ayer en el Senado respecto de la devolución del IVA, consideramos que se puede hacer un esfuerzo mayor y compensarle los efectos negativos que han tenido por la inflación.
El diputado Bossio se ha manifestado en cuanto a la moratoria previsional. Nosotros veíamos una situación de desventaja -si se quiere- que iban a sufrir las mujeres que hoy estaban en condiciones de acceder a la moratoria con 60 años a raíz de la pensión universal que estaba proponiendo el proyecto original, ya que quedaban desprotegidas en ese período. Consideramos que para esos casos hace falta la prórroga de la moratoria que estaba prevista y que está venciendo en septiembre. Esto, si se quiere, se puede restringir a las mujeres entre 60 y 65 años.
Creemos en la necesidad de eliminar la incompatibilidad entre la pensión universal y la pensión contributiva por fallecimiento. Sobre esto todavía no hemos arribado a un acuerdo pero creemos que es necesario eliminar esa incompatibilidad que hoy está en el proyecto.
En cuanto a las cajas provinciales -algo en lo que también el diputado Bossio se ha explayado-, creemos en la necesidad de que en el plazo de 90 días el Poder Ejecutivo, junto con las distintas provincias, arriben a nuevos acuerdos por los cuales se puedan realizar las auditorías de los estados contables así como el estado de armonización de las distintas cajas, y que esto lleve a que las provincias puedan recuperar las transferencias automáticas de los porcentajes que estén armonizados. Hemos acercado un texto que claramente va en esta línea.
En cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad -básicamente me refiero al artículo 27 que es donde se establece un período de cuatro años por el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad puede readecuarse a los nuevos porcentajes que determinaba el artículo 28 de la ley-, creemos que es necesario dar un período de tiempo pero en el medio hay que poner algunas restricciones para evitar que en esos cuatro años se pueda realizar cualquier tipo de operación sin ningún tipo de control, justamente en las inversiones del fondo.
En ese sentido proponemos que en los primeros tres años no pueda variar más del 25 por ciento del porcentaje máximo establecido después en el artículo 28. Sí que tenga algún margen de maniobra por si hay cambios en cotizaciones o cambios en la forma de inversión del fondo, pero que nunca pueda estar por arriba del 25 por ciento del monto máximo establecido en los incisos.
Por otro lado, consideramos que las acciones son uno de los activos centrales para asegurar la sustentabilidad en el sistema. También entendemos que hay situaciones donde se puede necesitar alguna flexibilización para hacer alguna venta en particular.
Para asegurarnos que no haya una venta absoluta y se termine poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema, creemos en la necesidad de poner un monto mínimo en las acciones que tienen que mantenerse dentro del fondo. Este monto lo estamos poniendo en un 7 por ciento del monto invertido del fondo.
Creemos también que las acciones que eventualmente puedan ser vendidas tienen que tener algunos condicionantes. En ese sentido nosotros decimos que las acciones tienen que ser vendidas porque hay una oferta pública de adquisición dirigida no solo a la ANSES sino también al resto de los tenedores. La ANSES no puede entrar a una oferta pública de adquisición (OPA) de forma individual. Tiene que entrar a OPAs que sean competitivas en el mercado.
Estamos de acuerdo con la necesidad de que la ANSES pueda hacer canjes de acciones, siempre y cuando sea por temas de fusiones o escisiones que se puedan dar en distintas sociedades. En eso consideramos que se puede dar flexibilidad a la actual situación.
Creemos en la necesidad de asegurar la sustentabilidad del fondo de garantías, que efectivamente es lo que va terminar dando certeza a los futuros jubilados de que se va a poder seguir manteniendo un sistema previsional.
En este sentido consideramos que es necesario que el monto producido por los impuestos especiales que se determinan para el blanqueo vaya a capitalizar el fondo de garantía de sustentabilidad. Es decir, establecer en el artículo 49 que se pueda destinar directamente al fondo de garantía de sustentabilidad y no a la ANSES, como figura el texto actualmente, para evitar que esto pueda implicar que termine utilizándose en gastos corrientes y no para el objetivo que tiene.
Aceptamos que el fondo de garantía de sustentabilidad pueda ser utilizado para este programa. Coincidimos en la necesidad de que esto sea realizado con el producido del fondo de garantía.
En cuanto al tema del blanqueo, seguramente estaremos todos de acuerdo en proponer algunas incorporaciones que ya se han discutido. Creo que está claro que tenemos que incluir a jueces, legisladores, gobiernos provinciales, etcétera y por lo tanto, solicitaremos su incorporación.
Creemos que hay que dar mayores beneficios a aquellos contribuyentes que han tenido sus impuestos al día, para que este proyecto no represente un desincentivo a cumplir los impuestos en tiempo y forma. Si bien en el proyecto de ley el Poder Ejecutivo lo ha tenido en cuenta, creemos que no es suficiente y que hay que hacer un esfuerzo mayor. Aun no hemos terminado de ponernos de acuerdo en qué consistirán los mayores beneficios pero seguramente vamos a seguir insistiendo en este punto y esperamos poder incorporar estas modificaciones en el recinto.
Creo que hay voluntad de beneficiar a estos contribuyentes, sobre todo a aquellos que corresponden a la clase media trabajadora, que ha sentido mucho el impacto y el aumento de la presión impositiva en el último tiempo.
Con respecto al tema del impuesto a los bienes personales, coincidimos en la necesidad de que no se lo elimine. Aceptamos que haya un cambio de mínimo, creemos que corresponde una modificación en la forma de calcularlo, pero que no se lo elimine. Eventualmente, y luego de un estudio más amplio sobre una reforma tributaria general, podemos plantear mecanismos para sustituir este impuesto por algún otro que pueda ser superador y que vaya en pos de una mayor progresividad en la manera de cobrar los impuestos en la Argentina.
Nosotros creemos que con los cambios que se han incorporado y que hemos ido discutiendo, estamos en condiciones de apoyar un dictamen de mayoría. Seguramente presentaremos algunas disidencias, seguiremos trabajando en ellas e insistiremos en el recinto. Esta será la posición de nuestro bloque.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: sin duda estamos tratando uno de los proyectos trascendentales que va a tener la Cámara de Diputados en este período de gobierno. Más allá de la gran variedad de temas que comprende, todos ellos y en conjunto implican medidas que van a tener un muy fuerte impacto en una gran parte de la sociedad, que será muy positivo.
Voy a sintetizar las sugerencias principales que queremos presentar para realizar algún aporte desde nuestro bloque. En primer lugar, nosotros defendemos el concepto de emergencia previsional con un agregado que especifique que dicha emergencia afecta exclusivamente a la creación e implementación del programa de reparación histórica que crea el proyecto de ley.
La emergencia se sustenta también en los números. Aquí funcionarios de la ANSES durante el plenario anterior del día martes, nos han dicho que aquellos que están en juicio sin sentencia firme son, efectivamente, 380 mil casos en números redondos.
Teniendo en cuenta que la ANSES está pagando entre 4 y 5 mil casos mensuales -según dichos de los mismos funcionarios y ratificado por funcionarios del gobierno anterior-, llegar a pagar 380 mil sentencias, dividiendo por 5 mil, nos tomaría seis años y medio en los cuales continuarían los litigios.
Pero, además, es posible que se incorporen muchos de los 1.900.000 jubilados y pensionados que se encuentran en la misma situación que aquellos que han iniciado juicio. Por lo tanto, esta cantidad de tiempo, de seis años y medio, se puede estirar hacia el infinito y no terminar nunca.
De modo que al tener la ANSES -según lo confirmaron los funcionarios- una capacidad operativa para liquidar 100.000 casos por mes, de todos los que se presenten voluntariamente, y suponiendo que se presente el ciento por ciento del universo potencialmente beneficiario, este tema puede estar terminándose en un plazo no mayor de dos años. Así, con este sistema, y en función de esta emergencia, estamos achicando en forma impresionante el tiempo para que la totalidad de los casos puedan ser debidamente contemplados y solucionados, terminando así con la litigiosidad previsional en más de un 90 por ciento. Quedarían subsistentes solamente algunos casos de jubilaciones por leyes especiales o litigios derivados de las ex AFJP; pero más del 90 por ciento se estaría terminando en un plazo de alrededor de dos años. Ojalá que la capacidad operativa de la ANSES pueda ser aun mayor, para que, en la medida de lo posible, se pueda terminar antes.
Por eso creemos necesaria de determinación de la emergencia en materia de litigiosidad previsional. No es una emergencia previsional sino exclusivamente afectada a la litigiosidad previsional.
También estamos de acuerdo con que, en aquellos casos de jubilados que no han hecho juicio a la fecha y se acojan voluntariamente a este programa, que requieren acuerdos transaccionales entre la ANSES y cada uno de los beneficiarios, los honorarios de los abogados sean afrontados por el Estado, a través de la ANSES. Esto debería ser incorporado en el artículo 7° del proyecto, a continuación del inciso c), que se refiere a estos casos de quienes pueden ser beneficiarios en forma voluntaria, y en tal caso los honorarios de los abogados serían solventados por el Estado mediante la suma fija que oportunamente se determine.
Estamos de acuerdo con la ampliación por tres años más de la moratoria previsional que vence el próximo mes de septiembre, en este caso con destino a las mujeres que reúnan los requisitos que establece la ley respectiva.
Con respecto a la prohibición de la transferencia de las obligaciones negociables y acciones de sociedades anónimas, con ofertas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, también creemos importante establecer la prohibición para que puedan ser transferidas por cualquier concepto, por debajo del mínimo que se fija en la ley, en cuanto a la tenencia mínima de este tipo de activos financieros.
También coincidimos con lo expresado por diputados preopinantes en cuanto a la excepcionalidad, la liberalidad o la flexibilidad que debe tener el Poder Ejecutivo. Creo que lo dijo el señor diputado Lavagna hablando del caso de la oferta pública de acciones y los casos de reorganización societaria. El Poder Ejecutivo evidentemente debe tener la flexibilidad necesaria para actuar en tiempo y forma.
También creemos importante establecer que el gravamen que sea recaudado por el Estado como fruto del sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de monedas y bienes en el país y en el exterior, debe ser expresamente afectado al Programa de Reparación Histórica en lugar de establecerse en forma genérica que se destina a la ANSES, porque en este caso la ANSES le podría dar un destino que no necesariamente sea el de solventar las erogaciones del mencionado programa.
Por lo tanto, también apoyamos esa idea de que la redacción quede de manera tal que todo lo recaudado por este gravamen sea afectado al Programa de Reparación Histórica en forma exclusiva y que no tenga otro destino.
Es tal vez la primera vez en décadas que un proyecto de ley establece premios a los buenos contribuyentes, cumplidores con la administración tributaria, de modo que es posible que el proyecto se quede corto en ese premio, entre comillas.
Estamos dispuestos a seguir trabajando durante los días que queden, hasta que esto se debata en el recinto, en alguna ampliación en tal sentido si es que fuera posible.
En principio nos parece importante que el proyecto contemple la eximición del impuesto a los bienes personales durante los próximos tres años para quienes hayan cumplido en tiempo y forma durante los últimos dos años.
Con respecto a la cuestión tributaria creemos que el impuesto a la ganancia mínima presunta es un mal impuesto. Ha sido declarado inconstitucional en varios fallos de la Corte Suprema porque afecta en 1 por ciento sobre el total de los activos de las sociedades y de las empresas, sin importar si en el ejercicio han tenido o no efectivamente resultados positivos. Se han dado casos que con un resultado negativo, de todos modos han tenido que pagar ganancia mínima presunta. O sea que están pagando sobre una ganancia ficticia, sobre una ganancia que no existe. En realidad están pagando sobre una pérdida. Han tenido pérdida y encima tienen que pagar un impuesto a la ganancia mínima presunta. Evidentemente esto no se puede defender y ya lo ha dicho la Suprema Corte cuando lo tildó de inconstitucional.
Si eliminamos esta parte, lo que subsiste del impuesto -que de por sí tiene una recaudación poco significativa- deja de ser un tributo y estamos de acuerdo con su eliminación, como dice el proyecto, a partir de 2019.
En cuanto a bienes personales, directamente nuestro bloque propone la eliminación del artículo 70 del proyecto de ley.
Ese artículo establece que a partir del 1° de enero de 2019 el impuesto a los bienes personales desaparece. Creemos que, como la propia ley va a crear una Comisión Bicameral de Reforma Tributaria, integrada por 15 diputados y 15 senadores, donde van a estar representadas todas las expresiones políticas de ambas Cámaras, esta comisión es la pertinente para decidir si a partir de 2019 este impuesto no sigue, sigue, y en qué condiciones.
Además, no olvidemos que no deja de ser un impuesto directo y al ser un impuesto directo, originariamente está reservado a las provincias, y la Nación lo puede administrar en forma excepcional por un tiempo determinado.
Lo que ocurre es que después, con las sucesivas prórrogas -como pasa con el impuesto a las ganancias que también es un impuesto directo-, se transforma en un impuesto permanente.
Este es un tema para que esta comisión bicameral, que va a ser específica, lo discuta y decida qué sistema tributario vamos a tener a partir del 1° de enero de 2019. Pero no nos apresurarnos a derogarlo ya, porque ahí estaríamos limitando de algún modo el trabajo de esta comisión, que va a ser muy importante.
Estamos de acuerdo con lo que propone el proyecto en general pero pedimos que se elimine el artículo 70 que es el que establece la quita definitiva del impuesto a partir del 1° de enero de 2019 por los motivos que hemos expresado.
También estamos de acuerdo -ya lo hemos manifestado en diferentes circunstancias- con la inclusión de la autoridades del Poder Judicial y del Poder Legislativo dentro de los sujetos excluidos de ser beneficiarios del blanqueo de capitales.
También se adelantó en el plenario del día martes, y nosotros apoyamos y estamos de acuerdo con excluir taxativamente a los periodistas y a los medios de comunicación de la multa que los penaba con un monto equivalente al incumplidor, además de respetar la libertad de expresión, que es un valor supremo consagrado en la Constitución Nacional.
También apoyamos el acuerdo suscripto por el gobierno nacional con todos los gobernadores de provincia en cuanto a la restitución del 15 por ciento que rige desde 1992 por el primer pacto fiscal y apoyamos la creación de la comisión de reforma tributaria y la comisión de sustentabilidad previsional, que tiene que dar un régimen que en el futuro garantice la sostenibilidad del sistema previsional argentino.
Con estas consideraciones es que adelantamos nuestro voto afirmativo al dictamen que seguramente se va a poner a consideración en algún momento más.
Voy a sintetizar las sugerencias principales que queremos presentar para realizar algún aporte desde nuestro bloque. En primer lugar, nosotros defendemos el concepto de emergencia previsional con un agregado que especifique que dicha emergencia afecta exclusivamente a la creación e implementación del programa de reparación histórica que crea el proyecto de ley.
La emergencia se sustenta también en los números. Aquí funcionarios de la ANSES durante el plenario anterior del día martes, nos han dicho que aquellos que están en juicio sin sentencia firme son, efectivamente, 380 mil casos en números redondos.
Teniendo en cuenta que la ANSES está pagando entre 4 y 5 mil casos mensuales -según dichos de los mismos funcionarios y ratificado por funcionarios del gobierno anterior-, llegar a pagar 380 mil sentencias, dividiendo por 5 mil, nos tomaría seis años y medio en los cuales continuarían los litigios.
Pero, además, es posible que se incorporen muchos de los 1.900.000 jubilados y pensionados que se encuentran en la misma situación que aquellos que han iniciado juicio. Por lo tanto, esta cantidad de tiempo, de seis años y medio, se puede estirar hacia el infinito y no terminar nunca.
De modo que al tener la ANSES -según lo confirmaron los funcionarios- una capacidad operativa para liquidar 100.000 casos por mes, de todos los que se presenten voluntariamente, y suponiendo que se presente el ciento por ciento del universo potencialmente beneficiario, este tema puede estar terminándose en un plazo no mayor de dos años. Así, con este sistema, y en función de esta emergencia, estamos achicando en forma impresionante el tiempo para que la totalidad de los casos puedan ser debidamente contemplados y solucionados, terminando así con la litigiosidad previsional en más de un 90 por ciento. Quedarían subsistentes solamente algunos casos de jubilaciones por leyes especiales o litigios derivados de las ex AFJP; pero más del 90 por ciento se estaría terminando en un plazo de alrededor de dos años. Ojalá que la capacidad operativa de la ANSES pueda ser aun mayor, para que, en la medida de lo posible, se pueda terminar antes.
Por eso creemos necesaria de determinación de la emergencia en materia de litigiosidad previsional. No es una emergencia previsional sino exclusivamente afectada a la litigiosidad previsional.
También estamos de acuerdo con que, en aquellos casos de jubilados que no han hecho juicio a la fecha y se acojan voluntariamente a este programa, que requieren acuerdos transaccionales entre la ANSES y cada uno de los beneficiarios, los honorarios de los abogados sean afrontados por el Estado, a través de la ANSES. Esto debería ser incorporado en el artículo 7° del proyecto, a continuación del inciso c), que se refiere a estos casos de quienes pueden ser beneficiarios en forma voluntaria, y en tal caso los honorarios de los abogados serían solventados por el Estado mediante la suma fija que oportunamente se determine.
Estamos de acuerdo con la ampliación por tres años más de la moratoria previsional que vence el próximo mes de septiembre, en este caso con destino a las mujeres que reúnan los requisitos que establece la ley respectiva.
Con respecto a la prohibición de la transferencia de las obligaciones negociables y acciones de sociedades anónimas, con ofertas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, también creemos importante establecer la prohibición para que puedan ser transferidas por cualquier concepto, por debajo del mínimo que se fija en la ley, en cuanto a la tenencia mínima de este tipo de activos financieros.
También coincidimos con lo expresado por diputados preopinantes en cuanto a la excepcionalidad, la liberalidad o la flexibilidad que debe tener el Poder Ejecutivo. Creo que lo dijo el señor diputado Lavagna hablando del caso de la oferta pública de acciones y los casos de reorganización societaria. El Poder Ejecutivo evidentemente debe tener la flexibilidad necesaria para actuar en tiempo y forma.
También creemos importante establecer que el gravamen que sea recaudado por el Estado como fruto del sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de monedas y bienes en el país y en el exterior, debe ser expresamente afectado al Programa de Reparación Histórica en lugar de establecerse en forma genérica que se destina a la ANSES, porque en este caso la ANSES le podría dar un destino que no necesariamente sea el de solventar las erogaciones del mencionado programa.
Por lo tanto, también apoyamos esa idea de que la redacción quede de manera tal que todo lo recaudado por este gravamen sea afectado al Programa de Reparación Histórica en forma exclusiva y que no tenga otro destino.
Es tal vez la primera vez en décadas que un proyecto de ley establece premios a los buenos contribuyentes, cumplidores con la administración tributaria, de modo que es posible que el proyecto se quede corto en ese premio, entre comillas.
Estamos dispuestos a seguir trabajando durante los días que queden, hasta que esto se debata en el recinto, en alguna ampliación en tal sentido si es que fuera posible.
En principio nos parece importante que el proyecto contemple la eximición del impuesto a los bienes personales durante los próximos tres años para quienes hayan cumplido en tiempo y forma durante los últimos dos años.
Con respecto a la cuestión tributaria creemos que el impuesto a la ganancia mínima presunta es un mal impuesto. Ha sido declarado inconstitucional en varios fallos de la Corte Suprema porque afecta en 1 por ciento sobre el total de los activos de las sociedades y de las empresas, sin importar si en el ejercicio han tenido o no efectivamente resultados positivos. Se han dado casos que con un resultado negativo, de todos modos han tenido que pagar ganancia mínima presunta. O sea que están pagando sobre una ganancia ficticia, sobre una ganancia que no existe. En realidad están pagando sobre una pérdida. Han tenido pérdida y encima tienen que pagar un impuesto a la ganancia mínima presunta. Evidentemente esto no se puede defender y ya lo ha dicho la Suprema Corte cuando lo tildó de inconstitucional.
Si eliminamos esta parte, lo que subsiste del impuesto -que de por sí tiene una recaudación poco significativa- deja de ser un tributo y estamos de acuerdo con su eliminación, como dice el proyecto, a partir de 2019.
En cuanto a bienes personales, directamente nuestro bloque propone la eliminación del artículo 70 del proyecto de ley.
Ese artículo establece que a partir del 1° de enero de 2019 el impuesto a los bienes personales desaparece. Creemos que, como la propia ley va a crear una Comisión Bicameral de Reforma Tributaria, integrada por 15 diputados y 15 senadores, donde van a estar representadas todas las expresiones políticas de ambas Cámaras, esta comisión es la pertinente para decidir si a partir de 2019 este impuesto no sigue, sigue, y en qué condiciones.
Además, no olvidemos que no deja de ser un impuesto directo y al ser un impuesto directo, originariamente está reservado a las provincias, y la Nación lo puede administrar en forma excepcional por un tiempo determinado.
Lo que ocurre es que después, con las sucesivas prórrogas -como pasa con el impuesto a las ganancias que también es un impuesto directo-, se transforma en un impuesto permanente.
Este es un tema para que esta comisión bicameral, que va a ser específica, lo discuta y decida qué sistema tributario vamos a tener a partir del 1° de enero de 2019. Pero no nos apresurarnos a derogarlo ya, porque ahí estaríamos limitando de algún modo el trabajo de esta comisión, que va a ser muy importante.
Estamos de acuerdo con lo que propone el proyecto en general pero pedimos que se elimine el artículo 70 que es el que establece la quita definitiva del impuesto a partir del 1° de enero de 2019 por los motivos que hemos expresado.
También estamos de acuerdo -ya lo hemos manifestado en diferentes circunstancias- con la inclusión de la autoridades del Poder Judicial y del Poder Legislativo dentro de los sujetos excluidos de ser beneficiarios del blanqueo de capitales.
También se adelantó en el plenario del día martes, y nosotros apoyamos y estamos de acuerdo con excluir taxativamente a los periodistas y a los medios de comunicación de la multa que los penaba con un monto equivalente al incumplidor, además de respetar la libertad de expresión, que es un valor supremo consagrado en la Constitución Nacional.
También apoyamos el acuerdo suscripto por el gobierno nacional con todos los gobernadores de provincia en cuanto a la restitución del 15 por ciento que rige desde 1992 por el primer pacto fiscal y apoyamos la creación de la comisión de reforma tributaria y la comisión de sustentabilidad previsional, que tiene que dar un régimen que en el futuro garantice la sostenibilidad del sistema previsional argentino.
Con estas consideraciones es que adelantamos nuestro voto afirmativo al dictamen que seguramente se va a poner a consideración en algún momento más.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente: quiero aclarar que había transcurrido largamente la media hora reglamentaria, no había venido el oficialismo -que sabemos que estuvo hablando con otros bloques para hacer cambios al proyecto- y quienes estábamos aquí esperando hemos trabajado en este tiempo. Simplemente queríamos que se cumpla con la reglamentación. Por eso de nuevo estamos acá, porque queremos discutir este proyecto y dejar en claro nuestra posición.
SR. PRESIDENTE DAER Señor diputado: el que estaba ausente era yo y le agradezco que estén presentes. Y le aclaro que no soy oficialista. (Risas.)
SR. KICILLOF No quise ofender, señor presidente. (Risas.)
La verdad es que nosotros hemos venido aquí con un dictamen de minoría que vamos a sostener.
También queremos repetir y reafirmar los diez puntos con los que estamos en desacuerdo con lo que era el proyecto que ingresó del Poder Ejecutivo.
Por lo que han dicho los representantes del Frente Renovador y el diputado Bossio, aparentemente ha habido cambios consensuados en el nuevo proyecto para firmar un dictamen de mayoría. Nosotros todavía no conocemos esos cambios.
Quiero reafirmar nuestra vocación para que no sea aprobado el proyecto tal como vino del Poder Ejecutivo, y en caso de que tenga que ser aprobado un proyecto de esta magnitud, de esta índole y con estos puntos, que sea cambiado sustancialmente.
Yo leí una declaración del señor diputado Lavagna que decía que ellos probablemente lo votarían con un cambio del 80 por ciento. Creo que se queda corto, pero bienvenido el 80 por ciento si es que lo han conseguido. Lo queremos ver.
Sin embargo, más allá del porcentaje quiero marcar algunos puntos que consideramos que son graves.
El primer punto que quiero plantear tiene que ver con la presentación misma de una ley que se ha llamado ley ómnibus, ley tren, ley revuelto gramajo, tren fantasma, etcétera. Ha tenido diferentes calificaciones y la verdad es que las ha tenido porque la presentación original del proyecto, desde el punto de vista de lo que se dio a publicidad por parte del oficialismo, es que era simplemente un proyecto para reparar la situación de los jubilados con un grado de generalidad que apuntaba al universo de los mismos.
Entiendo, y al respecto nos llamó la atención la señora diputado Ciciliani, que esto es un gran peligro; basta ver rápidamente el proyecto para entender que no es una reparación y ni siquiera corresponde al total de los jubilados sino a un universo.
Aprovecho para plantear aquí que en la primera oportunidad que vinieron los funcionarios la reunión fue muy desprolija, contábamos con el proyecto hacía muy pocas horas y fue una exposición en la que pudimos formular algunas preguntas. Creo que en aquel entonces nuestras objeciones eran más o menos las mismas, pero no conocíamos algunos detalles del articulado como el famoso y ya tristemente célebre artículo 85.
Probablemente era lo más progresivo y tal vez lo único netamente progresivo en la ley. El mismo se refería a que si cualquier periodista o tercero difundieran los datos de la lista de blanqueo, iban a tener que pagar una multa equivalente a lo que había blanqueado el denunciado. Era progresivo porque si uno denunciaba a un pez gordo, cada vez tenía una multa mayor. Realmente todavía nos preguntamos para qué el Poder Ejecutivo presentó dicho artículo, como sucede con otros tantos que comprenden esta ley.
Llevan a cabo este juego de presentar artículos absolutamente imposibles de votar hasta para algunos miembros del oficialismo, sólo para después decir que han dialogado y los van a retirar. Me parece que es un juego que se cae de suyo como una verdadera pantomima.
Es un lance para ver si pasa. Si no es así, le recomiendo al Poder Ejecutivo que no nos siga enviando proyectos con los cuales ni siquiera ellos están de acuerdo y sólo basta que se descubran para que todo el oficialismo salga a decir que no era su intención. ¡Es muy raro, ni siquiera la del propio presidente Macri!
Ahora nos enteramos que Vidal hizo algo parecido, no soy conocedor del tema pero, aparentemente, también se arrepintió. ¡Basta de incluir este tipo de artículos! A veces pasan. Miren si se aprobaran, si los diputados no tuvieran suficiente ojo para verlos y se votara como ley lo que el oficialismo quiere. Ello no debería suceder, el Estado cuenta con un batallón de personas para analizar un proyecto y no cometer errores garrafales.
Si no quiere censurar la libertad de prensa, no ponga artículos que censuren la libertad de prensa para luego decir: "no me di cuenta", "perdón", "no sabía" o "gracias por avisar" y rápidamente hacer como que no existió. Insisto, es la voluntad del Poder Ejecutivo lo que figura en la ley. De lo contrario, a partir de ahora, recibiremos las leyes, las enviaremos de nuevo para que piensen, luego las recibiremos y las remitiremos y a la tercera vez veremos qué es lo que quiere mandar el Poder Ejecutivo.
Con este proyecto ha pasado lo mismo, porque es una ley ómnibus, contiene cinco proyectos, el que teóricamente era bueno es el de reparación histórica a los jubilados. Algunos diputados con los que coincido, recién dijeron que no estamos en ninguna emergencia y menos todavía constituye una reparación histórica. Voy a explayarme brevemente.
Reitero, nosotros creemos que hubiera sido juicioso no juntar los cinco proyectos. De hecho, me permito una especulación: ¿por qué se pueden haber juntado? O bien por un problema de mayorías en la Cámara, lo cual significa -como ya lo hemos dicho- contrabandear un proyecto que por sí solo no se puede votar y que nadie quiere votar, junto con otro que sí se quiere votar y así parezcan parte de lo mismo, aunque no lo sean.
También puede ser una cuestión peor: someter a alguno de los miembros de la Cámara o a alguno de los gobernadores a una especie de dilema -por no llamarlo con un nombre que encuadre dentro del Código Penal o del mal gusto- por el cual si no votas una parte, entonces, se te cae la otra. De esta manera, hay artículos que pasan de contrabando y otros que sirven para hacer componendas y conseguir votar algo que nadie quiere votar. Nos pasó también con los fondos buitre, con el impuesto al valor agregado y así sucesivamente.
Me parece que metodológicamente debemos rechazarlo, no podemos seguir recibiendo del Poder Ejecutivo leyes con errores garrafales de los cuales se arrepienten rápidamente. Léanlos dos veces y no nos envíen más proyectos con errores garrafales. O háganse cargo de que querían aprobar una ley que impidiera que se supiera el nombre de los que blanqueaban, aun si el periodismo lo podía investigar.
En segundo lugar, no es una reparación histórica ni tampoco una reparación histórica en términos de la litigiosidad; ya que por las estadísticas que nos dieron a conocer, el porcentaje de jubilados que tienen litigio no representa a la cantidad que, por ejemplo, había en el 2003. Más o menos era un 20 por ciento sobre una planta de jubilados que era sustancialmente menor a la que tenemos ahora.
Uno podría ahí hablar de un problema de litigiosidad, pero claramente, como bien dijo el señor diputado Bossio y lo hemos marcado nosotros una y otra vez, dos leyes sancionadas por el gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, suspendieron o terminaron con los temas de litigiosidad. Me refiero a las leyes sobre movilidad jubilatoria y sobre moratoria previsional.
De forma tal que ese es un tema del pasado, que no tiene que ver con nuestro gobierno. Nosotros, para resolver el tema de los litigios, hacíamos algo muy sencillo: pagábamos a medida que iban saliendo las sentencias. Así es que el año pasado se pagaron aproximadamente 50.000, y este año hay un número también indeterminado de sentencias firmes, que se dice que son 35.000. Pero eso no configura una emergencia en litigiosidad, con todo el riesgo que para nosotros tiene declararnos en emergencia con algo que no lo es, y con el riesgo en seguridad que pueden tener quienes quieran litigar en el marco de una emergencia, donde le pueden decir que por la emergencia tal cosa o tal otra. Así que no es una emergencia ni tampoco una reparación.
Antes de referirme rápidamente a los diez puntos, quiero señalar que entendemos que no se trata de una reparación porque no afecta al universo de los jubilados, y en particular, no afecta a los de las jubilaciones más bajas, sino que afecta a aquellos que estaban litigando, a aquellos que tenían sentencia firme, y lo que se propone es pagarles. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema es que se propone pagarles menos de lo que el derecho les ha regulado.
Entonces, no solo no es una emergencia sino que pueden llevarnos a una situación de mayor litigiosidad, como ocurrió con el tema "buitres". Vamos a firmar algo que, como se refiere a derechos que no se pueden renunciar, puede generar nuevos litigios, más allá de que existan los acuerdos. De manera que podemos caer en una emergencia por esta ley, que en realidad no atiende una emergencia.
Ahora simplemente voy a mencionar los diez puntos, y después hablaré brevemente de nuestro proyecto porque en su momento lo expondremos también en el recinto.
En primer lugar, con respecto al blanqueo, sabemos muy bien -tal vez alguien tenga las citas textuales- la férrea oposición del actual oficialismo a los blanqueos, cuando precisamente eran oposición. Hasta decían que nos iban a denunciar penalmente a todos.
Yo entiendo que ha habido un cambio de contexto. En el caso del oficialismo actual, no veo cuál fue, porque no terminan de explicarlo. En nuestro caso es claro, y este es el problema del blanqueo que quiero mencionar. Nosotros tenemos abierta la causa por las filtraciones del HSBC, con 4.040 cuentas y 3.000 millones de dólares, cuyos nombres están en la Justicia. Con este blanqueo, lo que haríamos es simplemente perdonarles toda cuestión impositiva a personas que ya encontramos.
En cuanto a esto de premiar a los que habían pagado, creo que lesiona lo que justamente es la cuestión del blanqueo y esconde otra cosa. Les quiero decir a los diputados de la oposición que, a mi juicio, lo que el oficialismo quiere es deshacerse del impuesto a los bienes personales. Ese es el objetivo, deshacerse, no lo quieren. Están haciendo una reforma impositiva encubierta para sacar el impuesto a los bienes personales, de forma tal que lo quieren hacer en cuatro años, tal cosa o tal otra, pero lo concreto es que lo quieren sacar, siendo que se trata de un impuesto a la riqueza y uno de los gravámenes más progresivos que tenemos.
También mediante esta iniciativa quieren sacar otro impuesto a la renta financiera, que es el que grava con el 10 por ciento la venta de acciones.
De manera que quieren hacer una reforma impositiva regresiva encubriéndola con premios y con beneficios que no son tales.
¿Cuál es el problema del blanqueo? El problema del blanqueo es que hasta ahora había muchísimos argentinos que, según las estadísticas, eran dueños de 400.000 millones de dólares en el exterior, en paraísos fiscales, en lugares con secreto fiscal, en guaridas, donde no los podíamos conocer. El blanqueo es producto de la impotencia del Estado, porque dado que otras jurisdicciones esconden de manera férrea, la presunción es que nunca lo vamos a conocer, como nunca se ha conocido. Entonces, ¿a qué recurre el Estado? A perdonar algunos de los impuestos para ver si esos capitales vuelven.
Ahora bien, la situación es muy distinta si ya conocemos sus nombres. Por blanquear no son menos delincuentes. ¿Qué problema había? Estaban violando la ley, no estaban pagando los impuestos, pero no había forma de cazarlos. Entonces, como no los conocíamos ni los podíamos conocer, la única solución -mala, pero la única posible- era ofrecerles alguna ventaja para que vinieran y conservarles el secreto.
Esto, ante la impotencia de conocerlos.
¿Pero qué pasa cuando ya los conocemos? Ahora no tenemos que perdonarlos. Los pescamos cometiendo un delito. Entonces, tienen que ser juzgados. En todo caso el blanqueo, suponiendo que no vayamos a conocer a los demás evasores, sería para los otros. De forma tal que este blanqueo cambia con respecto a los anteriores porque tenemos el HSBC y Panama Papers. Ahora los conocemos; han surgido y tienen que ir a rendir cuentas a la Justicia y no recibir un blanqueo.
El blanqueo no es para todo el que evadió. Por eso apareció la cuestión esta de premiar a los que no evadieron.
No es un premio a los que evadieron. Es que no los podíamos encontrar. Ahora los encontramos y los queremos soltar y amnistiar y dar inmunidad. Sabemos también que en ambas causas hay personalidades que están vinculadas probablemente con la confección de este proyecto.
De forma tal que si vamos votar de nuevo un blanqueo, señores diputados, les pido que lo hagamos con todas las exclusiones que involucran a los tres niveles de gobierno, a los tres poderes y que involucran a los familiares de los mismos. Es decir a la esposa, al hijo, al papá, al primo, etcétera. Hay que excluirlos de este blanqueo. Si no, vamos a estar sospechados todos de estar generando un blanqueo para limpiarles el historial a algunos de los dirigentes.
Después hablaremos de esto, pero ahora y en esta comisión, les digo que pongan a los familiares, a los tres niveles del gobierno.
El blanqueo de 2013 fue eso y la oposición nos acusaba, en ese momento, de no haber abarcado más porque se quería blanquear a un contratista.
Ahora que son gobierno, en la ley original, el ministro de Economía Prat Gay dice que los funcionarios también. Cuando viene la ley se refleja en el diario una discusión interna o una presión o un temor a la alevosía y entonces se incluye a una lista muy reducida.
Nosotros decimos que se excluya a todos los niveles de gobierno, a todos los poderes y a los familiares. Yo me animaría a decir, para que incluya a los primos, que se incluya a los familiares hasta el cuarto nivel de consanguinidad. No hay problema. Así nos evitamos cualquier sospecha. Es muy fácil. Se cambia la ley, se pone a los primos, se pone a los papis, se pone a todo el mundo y a todos los funcionarios. De esta manera no tenemos que pasar por acusaciones recíprocas ni nada parecido. Y si quieren incluir en la lista a los contratistas, agreguemos a los contratistas, no hay ningún problema por parte del bloque del Frente para la Victoria. Pero no lo limiten.
Le digo a la oposición que no lo limiten porque es un tema central. Ténganlo en cuenta porque la sociedad está mirando a quién se deja adentro y a quién se deja afuera del blanqueo.
Específicamente, no le demos el blanqueo a Panama Paper y a HSBC. Ya los encontramos, están en la Justicia. ¿Y ahora lo vamos a perdonar desde el Congreso? No, ahora que los hemos encontrado, que vayan y expliquen su situación. Es muy sencillo.
Los blanqueos no son para perdonar al que sabemos que es responsable o presuntamente responsable. Los blanqueos son para traer al que nunca pudimos encontrar. A los que ya encontramos, no les abramos la jaula para que salgan.
Si no, no es un blanqueo sino una amnistía con nombre y apellido. Este es el cambio de circunstancias. Por eso no vamos a permitir que esto pase sin que la sociedad sepa a quién está dirigido. Si no está dirigido a nadie, simplemente saquémoslo. Estamos todos de acuerdo y listo.
Entonces, pido sobre todo a aquellos de la oposición que decían que nuestro blanqueo era para blanquear a tal persona del gobierno, que hoy tengan el mismo rasero y que apliquen el mismo parámetro. Saquemos a todos. ¿Quieren ser más abarcativos? Sean más abarcativos. Usen toda la creatividad. Nosotros proponemos poner que sea hasta cuarto nivel de consanguinidad, pero podemos acompañar si quieren quinto nivel de parentesco, si son contratistas, etcétera. Estamos dispuestos a hacerlo.
Esperamos propuestas, pero nosotros lo que observamos es que originalmente no iba a haber nada, ahora aparece una lista, después se agrega un poco más.
Esto es lo que hace el gobierno de Macri muchas veces. Tira a ver qué pasa y después como ve resistencia agrega y agrega, pero su voluntad es la contraria.
Lo que a mí me hubiera gustado es que el blanqueo tuviera todas las exclusiones del caso, por lo menos las que nos pedían a nosotros. Más aún después de Panama Paper, donde sabemos -y no quiero ponerme en chicanero- que hay gente involucrada que no convendría que estuviera en la redacción de un proyecto que le da una amnistía a sí misma. No lo hagamos y listo. Nos sacamos de encima este problema.
Yo espera a la oposición diciendo hoy que estaban todos incluidos, que iban a acompañar esta cuestión. Espero escucharlo en los próximos días. Esta es nuestra posición con respecto al blanqueo.
En cuanto a la pensión en lugar de la moratoria, no estamos de acuerdo. Nosotros proponemos reabrir la moratoria. ¿Cómo vamos a dar una pensión, que antes discriminaba a las mujeres por la edad de jubilación? Porque además, una pensión no es una jubilación. Démosle una jubilación a los argentinos. ¿Cómo le vamos a dar una pensión como si fuera una ayuda social?
El problema que tenemos en la Argentina -y lo dijo el diputado Bossio también- no es que tenemos que pensionar gente porque está en una situación complicada, sino que los que laburaron, muchas veces no tienen sus aportes. Por eso aparece el Estado reconociendo una forma para que paguen sus aportes y tengan sus derechos, no como pensionados sino como trabajadores pasivos. Entonces, hay que darles la moratoria; tienen que entrar.
Nosotros hemos presentado dos años. ¿Queremos ampliara a tres? Estamos dispuestos a recibir todas las propuestas que sean para ser amplios y generosos con esto.
Sé que acá hay quienes son muy críticos de la política del kirchnerismo de estos 12 años. Sin embargo, cuando empezamos había un 70 por ciento sin jubilarse y teníamos a las AFJP. Cuando terminamos nuestro gobierno había un régimen público, inclusivo y el 98 por ciento incluido. Entonces, no modifiquemos estas cosas.
En campaña el oficialismo dijo que iba a cambiar lo que estaba mal y conservar lo que estaba bien. Esto, está bien. No se pongan creativos porque en la creatividad, lo que nosotros vemos es un intento de hacer jubilados de segunda.
Digo esto porque es lo que pensamos fervientemente. No es que estamos chicaneando. Hasta ahora teníamos un 98 por ciento de jubilados. Ahora vamos a tener algunos jubilados y otros pensionados.
Antes discriminábamos a las mujeres en la pensión por la edad con respecto a la jubilación, y ahora empezamos a discriminar a los hombres según algunas propuestas que no terminé de entender, en el caso de que la moratoria fuera solo para las mujeres y no para los hombres.
Los derechos del jubilado son distintos a los del pensionado. Por ejemplo, si hacemos que un señor que llega a los 65 no pueda aspirar a la jubilación sino a la pensión, cuando muere, la mujer no recibe como herencia la pensión del marido.
No restrinjamos derechos y menos todavía llamemos reparación a una restricción de derechos. De la misma forma, reconocer las sentencias con descuento en un pago más largo, tampoco es una reparación. No quiero llamarlo destrucción, pero un poco lo están rompiendo.
Llamemos a las cosas por su nombre. No cambiemos lo que ya funciona.
Por eso nosotros no vamos a acompañar esta propuesta de ninguna manera, y me parece que la sociedad tampoco los va a acompañar si les restamos derechos a cobrar lo que dice la sentencia, en el caso de los que ya tienen sentencia, o a los que se iban a jubilar a los 65 años.
Aprovecho que está Lusquiños acá porque nosotros también vamos a acompañar proyectos que tengan que ver con el blanqueo, no de los capitalistas sino de los trabajadores. Porque esa es la sostenibilidad del sistema jubilatorio.
Entonces, ya dije que no vamos a acompañar la ley mordaza. En cuanto a las acciones del FGS, no conocemos la propuesta pero ya dijimos: fueron la mejor inversión que tuvimos en el fondo de garantía, representa un 12 por ciento. Fue la mejor, pero no representa un volumen que uno diga, si el administrador no puede vender una acción le quebramos el fondo de garantías.
Todas estas son excusas que esconden un intento de muchos empresarios -cuyas acciones quedaron cautivas porque hicieron negocios con las AFJP, que hoy son propiedad del Estado- de sacarse al Estado de encima porque el Estado les molesta.
Entonces, me parece que esto es un pedido con nombre y apellido y con montos -porque apareció en los diarios- de algunos que quieren recomprar sus acciones para sacarse de encima al Estado, para no compartir los dividendos y no tener gente ajena a la casa dentro del directorio, que puede haber en representación de los jubilados.
Hagamos un poquito de historia. ¿Por qué esas empresas están ahí? Porque muchas veces emitieron acciones de forma extraordinaria para financiarse con los fondos de los jubilados. A veces, como en el caso de Clarín, con mucha pérdida para los jubilados.
¿Qué van a hacer ahora? Recomprarlas e irse. Porque evidentemente, bajo el sistema privado, no les molestó sacarle la plata a los jubilados, pero bajo el sistema público no quieren que nadie les meta la nariz como producto del negocio que ellos mismos hicieron.
Por lo menos tengamos la dignidad de ser propietarios de esas acciones y no las tratemos solo como un activo financiero.
Tener participaciones en compañías privadas es parte de la política del Estado, y lo es también en los Estados más desarrollados del mundo. Si bien en un momento fue una práctica que se empezó a denostar, todo el mundo sabe que en el gobierno anterior funcionó bien. No hay una sola empresa que se haya quejado, a pesar de que los representantes del Estado les pidieran más inversiones en el país, menos inversiones en el extranjero, entre tantas otras cosas.
En cuanto al tema de modificar el impuesto a los bienes personales y el impuesto a la renta financiera, quiero decirle al compañero Lavagna -ya que no lo escuché hacer referencia al tema- que el impuesto a la renta financiera fue un proyecto del Frente Renovador. No sé si se va a sacar o no, pero es una intención del gobierno, y tal vez un error más que con solo señalarlo desaparecerá. O sea que no es un error sino que yo lo llamo "lance" de sacar el impuesto a los dividendos de las acciones.
La verdad es que nosotros hemos venido aquí con un dictamen de minoría que vamos a sostener.
También queremos repetir y reafirmar los diez puntos con los que estamos en desacuerdo con lo que era el proyecto que ingresó del Poder Ejecutivo.
Por lo que han dicho los representantes del Frente Renovador y el diputado Bossio, aparentemente ha habido cambios consensuados en el nuevo proyecto para firmar un dictamen de mayoría. Nosotros todavía no conocemos esos cambios.
Quiero reafirmar nuestra vocación para que no sea aprobado el proyecto tal como vino del Poder Ejecutivo, y en caso de que tenga que ser aprobado un proyecto de esta magnitud, de esta índole y con estos puntos, que sea cambiado sustancialmente.
Yo leí una declaración del señor diputado Lavagna que decía que ellos probablemente lo votarían con un cambio del 80 por ciento. Creo que se queda corto, pero bienvenido el 80 por ciento si es que lo han conseguido. Lo queremos ver.
Sin embargo, más allá del porcentaje quiero marcar algunos puntos que consideramos que son graves.
El primer punto que quiero plantear tiene que ver con la presentación misma de una ley que se ha llamado ley ómnibus, ley tren, ley revuelto gramajo, tren fantasma, etcétera. Ha tenido diferentes calificaciones y la verdad es que las ha tenido porque la presentación original del proyecto, desde el punto de vista de lo que se dio a publicidad por parte del oficialismo, es que era simplemente un proyecto para reparar la situación de los jubilados con un grado de generalidad que apuntaba al universo de los mismos.
Entiendo, y al respecto nos llamó la atención la señora diputado Ciciliani, que esto es un gran peligro; basta ver rápidamente el proyecto para entender que no es una reparación y ni siquiera corresponde al total de los jubilados sino a un universo.
Aprovecho para plantear aquí que en la primera oportunidad que vinieron los funcionarios la reunión fue muy desprolija, contábamos con el proyecto hacía muy pocas horas y fue una exposición en la que pudimos formular algunas preguntas. Creo que en aquel entonces nuestras objeciones eran más o menos las mismas, pero no conocíamos algunos detalles del articulado como el famoso y ya tristemente célebre artículo 85.
Probablemente era lo más progresivo y tal vez lo único netamente progresivo en la ley. El mismo se refería a que si cualquier periodista o tercero difundieran los datos de la lista de blanqueo, iban a tener que pagar una multa equivalente a lo que había blanqueado el denunciado. Era progresivo porque si uno denunciaba a un pez gordo, cada vez tenía una multa mayor. Realmente todavía nos preguntamos para qué el Poder Ejecutivo presentó dicho artículo, como sucede con otros tantos que comprenden esta ley.
Llevan a cabo este juego de presentar artículos absolutamente imposibles de votar hasta para algunos miembros del oficialismo, sólo para después decir que han dialogado y los van a retirar. Me parece que es un juego que se cae de suyo como una verdadera pantomima.
Es un lance para ver si pasa. Si no es así, le recomiendo al Poder Ejecutivo que no nos siga enviando proyectos con los cuales ni siquiera ellos están de acuerdo y sólo basta que se descubran para que todo el oficialismo salga a decir que no era su intención. ¡Es muy raro, ni siquiera la del propio presidente Macri!
Ahora nos enteramos que Vidal hizo algo parecido, no soy conocedor del tema pero, aparentemente, también se arrepintió. ¡Basta de incluir este tipo de artículos! A veces pasan. Miren si se aprobaran, si los diputados no tuvieran suficiente ojo para verlos y se votara como ley lo que el oficialismo quiere. Ello no debería suceder, el Estado cuenta con un batallón de personas para analizar un proyecto y no cometer errores garrafales.
Si no quiere censurar la libertad de prensa, no ponga artículos que censuren la libertad de prensa para luego decir: "no me di cuenta", "perdón", "no sabía" o "gracias por avisar" y rápidamente hacer como que no existió. Insisto, es la voluntad del Poder Ejecutivo lo que figura en la ley. De lo contrario, a partir de ahora, recibiremos las leyes, las enviaremos de nuevo para que piensen, luego las recibiremos y las remitiremos y a la tercera vez veremos qué es lo que quiere mandar el Poder Ejecutivo.
Con este proyecto ha pasado lo mismo, porque es una ley ómnibus, contiene cinco proyectos, el que teóricamente era bueno es el de reparación histórica a los jubilados. Algunos diputados con los que coincido, recién dijeron que no estamos en ninguna emergencia y menos todavía constituye una reparación histórica. Voy a explayarme brevemente.
Reitero, nosotros creemos que hubiera sido juicioso no juntar los cinco proyectos. De hecho, me permito una especulación: ¿por qué se pueden haber juntado? O bien por un problema de mayorías en la Cámara, lo cual significa -como ya lo hemos dicho- contrabandear un proyecto que por sí solo no se puede votar y que nadie quiere votar, junto con otro que sí se quiere votar y así parezcan parte de lo mismo, aunque no lo sean.
También puede ser una cuestión peor: someter a alguno de los miembros de la Cámara o a alguno de los gobernadores a una especie de dilema -por no llamarlo con un nombre que encuadre dentro del Código Penal o del mal gusto- por el cual si no votas una parte, entonces, se te cae la otra. De esta manera, hay artículos que pasan de contrabando y otros que sirven para hacer componendas y conseguir votar algo que nadie quiere votar. Nos pasó también con los fondos buitre, con el impuesto al valor agregado y así sucesivamente.
Me parece que metodológicamente debemos rechazarlo, no podemos seguir recibiendo del Poder Ejecutivo leyes con errores garrafales de los cuales se arrepienten rápidamente. Léanlos dos veces y no nos envíen más proyectos con errores garrafales. O háganse cargo de que querían aprobar una ley que impidiera que se supiera el nombre de los que blanqueaban, aun si el periodismo lo podía investigar.
En segundo lugar, no es una reparación histórica ni tampoco una reparación histórica en términos de la litigiosidad; ya que por las estadísticas que nos dieron a conocer, el porcentaje de jubilados que tienen litigio no representa a la cantidad que, por ejemplo, había en el 2003. Más o menos era un 20 por ciento sobre una planta de jubilados que era sustancialmente menor a la que tenemos ahora.
Uno podría ahí hablar de un problema de litigiosidad, pero claramente, como bien dijo el señor diputado Bossio y lo hemos marcado nosotros una y otra vez, dos leyes sancionadas por el gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, suspendieron o terminaron con los temas de litigiosidad. Me refiero a las leyes sobre movilidad jubilatoria y sobre moratoria previsional.
De forma tal que ese es un tema del pasado, que no tiene que ver con nuestro gobierno. Nosotros, para resolver el tema de los litigios, hacíamos algo muy sencillo: pagábamos a medida que iban saliendo las sentencias. Así es que el año pasado se pagaron aproximadamente 50.000, y este año hay un número también indeterminado de sentencias firmes, que se dice que son 35.000. Pero eso no configura una emergencia en litigiosidad, con todo el riesgo que para nosotros tiene declararnos en emergencia con algo que no lo es, y con el riesgo en seguridad que pueden tener quienes quieran litigar en el marco de una emergencia, donde le pueden decir que por la emergencia tal cosa o tal otra. Así que no es una emergencia ni tampoco una reparación.
Antes de referirme rápidamente a los diez puntos, quiero señalar que entendemos que no se trata de una reparación porque no afecta al universo de los jubilados, y en particular, no afecta a los de las jubilaciones más bajas, sino que afecta a aquellos que estaban litigando, a aquellos que tenían sentencia firme, y lo que se propone es pagarles. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema es que se propone pagarles menos de lo que el derecho les ha regulado.
Entonces, no solo no es una emergencia sino que pueden llevarnos a una situación de mayor litigiosidad, como ocurrió con el tema "buitres". Vamos a firmar algo que, como se refiere a derechos que no se pueden renunciar, puede generar nuevos litigios, más allá de que existan los acuerdos. De manera que podemos caer en una emergencia por esta ley, que en realidad no atiende una emergencia.
Ahora simplemente voy a mencionar los diez puntos, y después hablaré brevemente de nuestro proyecto porque en su momento lo expondremos también en el recinto.
En primer lugar, con respecto al blanqueo, sabemos muy bien -tal vez alguien tenga las citas textuales- la férrea oposición del actual oficialismo a los blanqueos, cuando precisamente eran oposición. Hasta decían que nos iban a denunciar penalmente a todos.
Yo entiendo que ha habido un cambio de contexto. En el caso del oficialismo actual, no veo cuál fue, porque no terminan de explicarlo. En nuestro caso es claro, y este es el problema del blanqueo que quiero mencionar. Nosotros tenemos abierta la causa por las filtraciones del HSBC, con 4.040 cuentas y 3.000 millones de dólares, cuyos nombres están en la Justicia. Con este blanqueo, lo que haríamos es simplemente perdonarles toda cuestión impositiva a personas que ya encontramos.
En cuanto a esto de premiar a los que habían pagado, creo que lesiona lo que justamente es la cuestión del blanqueo y esconde otra cosa. Les quiero decir a los diputados de la oposición que, a mi juicio, lo que el oficialismo quiere es deshacerse del impuesto a los bienes personales. Ese es el objetivo, deshacerse, no lo quieren. Están haciendo una reforma impositiva encubierta para sacar el impuesto a los bienes personales, de forma tal que lo quieren hacer en cuatro años, tal cosa o tal otra, pero lo concreto es que lo quieren sacar, siendo que se trata de un impuesto a la riqueza y uno de los gravámenes más progresivos que tenemos.
También mediante esta iniciativa quieren sacar otro impuesto a la renta financiera, que es el que grava con el 10 por ciento la venta de acciones.
De manera que quieren hacer una reforma impositiva regresiva encubriéndola con premios y con beneficios que no son tales.
¿Cuál es el problema del blanqueo? El problema del blanqueo es que hasta ahora había muchísimos argentinos que, según las estadísticas, eran dueños de 400.000 millones de dólares en el exterior, en paraísos fiscales, en lugares con secreto fiscal, en guaridas, donde no los podíamos conocer. El blanqueo es producto de la impotencia del Estado, porque dado que otras jurisdicciones esconden de manera férrea, la presunción es que nunca lo vamos a conocer, como nunca se ha conocido. Entonces, ¿a qué recurre el Estado? A perdonar algunos de los impuestos para ver si esos capitales vuelven.
Ahora bien, la situación es muy distinta si ya conocemos sus nombres. Por blanquear no son menos delincuentes. ¿Qué problema había? Estaban violando la ley, no estaban pagando los impuestos, pero no había forma de cazarlos. Entonces, como no los conocíamos ni los podíamos conocer, la única solución -mala, pero la única posible- era ofrecerles alguna ventaja para que vinieran y conservarles el secreto.
Esto, ante la impotencia de conocerlos.
¿Pero qué pasa cuando ya los conocemos? Ahora no tenemos que perdonarlos. Los pescamos cometiendo un delito. Entonces, tienen que ser juzgados. En todo caso el blanqueo, suponiendo que no vayamos a conocer a los demás evasores, sería para los otros. De forma tal que este blanqueo cambia con respecto a los anteriores porque tenemos el HSBC y Panama Papers. Ahora los conocemos; han surgido y tienen que ir a rendir cuentas a la Justicia y no recibir un blanqueo.
El blanqueo no es para todo el que evadió. Por eso apareció la cuestión esta de premiar a los que no evadieron.
No es un premio a los que evadieron. Es que no los podíamos encontrar. Ahora los encontramos y los queremos soltar y amnistiar y dar inmunidad. Sabemos también que en ambas causas hay personalidades que están vinculadas probablemente con la confección de este proyecto.
De forma tal que si vamos votar de nuevo un blanqueo, señores diputados, les pido que lo hagamos con todas las exclusiones que involucran a los tres niveles de gobierno, a los tres poderes y que involucran a los familiares de los mismos. Es decir a la esposa, al hijo, al papá, al primo, etcétera. Hay que excluirlos de este blanqueo. Si no, vamos a estar sospechados todos de estar generando un blanqueo para limpiarles el historial a algunos de los dirigentes.
Después hablaremos de esto, pero ahora y en esta comisión, les digo que pongan a los familiares, a los tres niveles del gobierno.
El blanqueo de 2013 fue eso y la oposición nos acusaba, en ese momento, de no haber abarcado más porque se quería blanquear a un contratista.
Ahora que son gobierno, en la ley original, el ministro de Economía Prat Gay dice que los funcionarios también. Cuando viene la ley se refleja en el diario una discusión interna o una presión o un temor a la alevosía y entonces se incluye a una lista muy reducida.
Nosotros decimos que se excluya a todos los niveles de gobierno, a todos los poderes y a los familiares. Yo me animaría a decir, para que incluya a los primos, que se incluya a los familiares hasta el cuarto nivel de consanguinidad. No hay problema. Así nos evitamos cualquier sospecha. Es muy fácil. Se cambia la ley, se pone a los primos, se pone a los papis, se pone a todo el mundo y a todos los funcionarios. De esta manera no tenemos que pasar por acusaciones recíprocas ni nada parecido. Y si quieren incluir en la lista a los contratistas, agreguemos a los contratistas, no hay ningún problema por parte del bloque del Frente para la Victoria. Pero no lo limiten.
Le digo a la oposición que no lo limiten porque es un tema central. Ténganlo en cuenta porque la sociedad está mirando a quién se deja adentro y a quién se deja afuera del blanqueo.
Específicamente, no le demos el blanqueo a Panama Paper y a HSBC. Ya los encontramos, están en la Justicia. ¿Y ahora lo vamos a perdonar desde el Congreso? No, ahora que los hemos encontrado, que vayan y expliquen su situación. Es muy sencillo.
Los blanqueos no son para perdonar al que sabemos que es responsable o presuntamente responsable. Los blanqueos son para traer al que nunca pudimos encontrar. A los que ya encontramos, no les abramos la jaula para que salgan.
Si no, no es un blanqueo sino una amnistía con nombre y apellido. Este es el cambio de circunstancias. Por eso no vamos a permitir que esto pase sin que la sociedad sepa a quién está dirigido. Si no está dirigido a nadie, simplemente saquémoslo. Estamos todos de acuerdo y listo.
Entonces, pido sobre todo a aquellos de la oposición que decían que nuestro blanqueo era para blanquear a tal persona del gobierno, que hoy tengan el mismo rasero y que apliquen el mismo parámetro. Saquemos a todos. ¿Quieren ser más abarcativos? Sean más abarcativos. Usen toda la creatividad. Nosotros proponemos poner que sea hasta cuarto nivel de consanguinidad, pero podemos acompañar si quieren quinto nivel de parentesco, si son contratistas, etcétera. Estamos dispuestos a hacerlo.
Esperamos propuestas, pero nosotros lo que observamos es que originalmente no iba a haber nada, ahora aparece una lista, después se agrega un poco más.
Esto es lo que hace el gobierno de Macri muchas veces. Tira a ver qué pasa y después como ve resistencia agrega y agrega, pero su voluntad es la contraria.
Lo que a mí me hubiera gustado es que el blanqueo tuviera todas las exclusiones del caso, por lo menos las que nos pedían a nosotros. Más aún después de Panama Paper, donde sabemos -y no quiero ponerme en chicanero- que hay gente involucrada que no convendría que estuviera en la redacción de un proyecto que le da una amnistía a sí misma. No lo hagamos y listo. Nos sacamos de encima este problema.
Yo espera a la oposición diciendo hoy que estaban todos incluidos, que iban a acompañar esta cuestión. Espero escucharlo en los próximos días. Esta es nuestra posición con respecto al blanqueo.
En cuanto a la pensión en lugar de la moratoria, no estamos de acuerdo. Nosotros proponemos reabrir la moratoria. ¿Cómo vamos a dar una pensión, que antes discriminaba a las mujeres por la edad de jubilación? Porque además, una pensión no es una jubilación. Démosle una jubilación a los argentinos. ¿Cómo le vamos a dar una pensión como si fuera una ayuda social?
El problema que tenemos en la Argentina -y lo dijo el diputado Bossio también- no es que tenemos que pensionar gente porque está en una situación complicada, sino que los que laburaron, muchas veces no tienen sus aportes. Por eso aparece el Estado reconociendo una forma para que paguen sus aportes y tengan sus derechos, no como pensionados sino como trabajadores pasivos. Entonces, hay que darles la moratoria; tienen que entrar.
Nosotros hemos presentado dos años. ¿Queremos ampliara a tres? Estamos dispuestos a recibir todas las propuestas que sean para ser amplios y generosos con esto.
Sé que acá hay quienes son muy críticos de la política del kirchnerismo de estos 12 años. Sin embargo, cuando empezamos había un 70 por ciento sin jubilarse y teníamos a las AFJP. Cuando terminamos nuestro gobierno había un régimen público, inclusivo y el 98 por ciento incluido. Entonces, no modifiquemos estas cosas.
En campaña el oficialismo dijo que iba a cambiar lo que estaba mal y conservar lo que estaba bien. Esto, está bien. No se pongan creativos porque en la creatividad, lo que nosotros vemos es un intento de hacer jubilados de segunda.
Digo esto porque es lo que pensamos fervientemente. No es que estamos chicaneando. Hasta ahora teníamos un 98 por ciento de jubilados. Ahora vamos a tener algunos jubilados y otros pensionados.
Antes discriminábamos a las mujeres en la pensión por la edad con respecto a la jubilación, y ahora empezamos a discriminar a los hombres según algunas propuestas que no terminé de entender, en el caso de que la moratoria fuera solo para las mujeres y no para los hombres.
Los derechos del jubilado son distintos a los del pensionado. Por ejemplo, si hacemos que un señor que llega a los 65 no pueda aspirar a la jubilación sino a la pensión, cuando muere, la mujer no recibe como herencia la pensión del marido.
No restrinjamos derechos y menos todavía llamemos reparación a una restricción de derechos. De la misma forma, reconocer las sentencias con descuento en un pago más largo, tampoco es una reparación. No quiero llamarlo destrucción, pero un poco lo están rompiendo.
Llamemos a las cosas por su nombre. No cambiemos lo que ya funciona.
Por eso nosotros no vamos a acompañar esta propuesta de ninguna manera, y me parece que la sociedad tampoco los va a acompañar si les restamos derechos a cobrar lo que dice la sentencia, en el caso de los que ya tienen sentencia, o a los que se iban a jubilar a los 65 años.
Aprovecho que está Lusquiños acá porque nosotros también vamos a acompañar proyectos que tengan que ver con el blanqueo, no de los capitalistas sino de los trabajadores. Porque esa es la sostenibilidad del sistema jubilatorio.
Entonces, ya dije que no vamos a acompañar la ley mordaza. En cuanto a las acciones del FGS, no conocemos la propuesta pero ya dijimos: fueron la mejor inversión que tuvimos en el fondo de garantía, representa un 12 por ciento. Fue la mejor, pero no representa un volumen que uno diga, si el administrador no puede vender una acción le quebramos el fondo de garantías.
Todas estas son excusas que esconden un intento de muchos empresarios -cuyas acciones quedaron cautivas porque hicieron negocios con las AFJP, que hoy son propiedad del Estado- de sacarse al Estado de encima porque el Estado les molesta.
Entonces, me parece que esto es un pedido con nombre y apellido y con montos -porque apareció en los diarios- de algunos que quieren recomprar sus acciones para sacarse de encima al Estado, para no compartir los dividendos y no tener gente ajena a la casa dentro del directorio, que puede haber en representación de los jubilados.
Hagamos un poquito de historia. ¿Por qué esas empresas están ahí? Porque muchas veces emitieron acciones de forma extraordinaria para financiarse con los fondos de los jubilados. A veces, como en el caso de Clarín, con mucha pérdida para los jubilados.
¿Qué van a hacer ahora? Recomprarlas e irse. Porque evidentemente, bajo el sistema privado, no les molestó sacarle la plata a los jubilados, pero bajo el sistema público no quieren que nadie les meta la nariz como producto del negocio que ellos mismos hicieron.
Por lo menos tengamos la dignidad de ser propietarios de esas acciones y no las tratemos solo como un activo financiero.
Tener participaciones en compañías privadas es parte de la política del Estado, y lo es también en los Estados más desarrollados del mundo. Si bien en un momento fue una práctica que se empezó a denostar, todo el mundo sabe que en el gobierno anterior funcionó bien. No hay una sola empresa que se haya quejado, a pesar de que los representantes del Estado les pidieran más inversiones en el país, menos inversiones en el extranjero, entre tantas otras cosas.
En cuanto al tema de modificar el impuesto a los bienes personales y el impuesto a la renta financiera, quiero decirle al compañero Lavagna -ya que no lo escuché hacer referencia al tema- que el impuesto a la renta financiera fue un proyecto del Frente Renovador. No sé si se va a sacar o no, pero es una intención del gobierno, y tal vez un error más que con solo señalarlo desaparecerá. O sea que no es un error sino que yo lo llamo "lance" de sacar el impuesto a los dividendos de las acciones.
SR. PRESIDENTE DAER Señor diputado Kicillof, el diputado Lavagna le solicita una interrupción.
SR. KICILLOF Adelante, señor diputado.
SR. LAVAGNA Gracias por permitirme la interrupción, señor diputado. Coincido con el tema de la renta financiera, he olvidado de mencionarlo en mi exposición. Claramente, nosotros somos un sector que ha insistido mucho en la necesidad de gravar la timba financiera y acá estamos avanzando en el sentido contrario.
Creemos en la necesidad de la eliminación del artículo 71, que es una de los temas más difíciles que presenta este proyecto. En ese sentido, reconozco que cuando expuse las modificaciones no recordé este punto. Coincidimos y seguimos sosteniendo la necesidad de gravar la renta financiera.
Creemos en la necesidad de la eliminación del artículo 71, que es una de los temas más difíciles que presenta este proyecto. En ese sentido, reconozco que cuando expuse las modificaciones no recordé este punto. Coincidimos y seguimos sosteniendo la necesidad de gravar la renta financiera.
SR. PRESIDENTE DAER El señor diputado Bossio también le solicita una interrupción.
SR. BOSSIO En la misma línea nos parece que es un retroceso, de manera que coincidimos en que se debería eliminar el artículo 71.
SR. PRESIDENTE DAER Celebro aquella frase "todos unidos triufaremos". Me parece que estamos marcando una posición con respecto al sistema impositivo.
Quiero referirme a una cuestión más con respecto al tema del blanqueo. Ha llamado la atención -y este tema también lo trataremos en nuestro proyecto- el hecho de blanquear capitales sin repatriarlos. La verdad es que nosotros distinguimos blanqueo de blanqueo con repatriación, es decir, exteriorización.
Nosotros vamos a presentar una posibilidad de exteriorizar repatriando los capitales. Además, ya lo hemos denunciado en el proyecto del que ahora quizá se arrepienten, o dicen que se les escapó, pero es mucho más barato presentarlo junto con el resto de los artículos de este proyecto de ley.
Es llamativo -tengo las cuentas, luego puedo hacérselas llegar, no recuerdo el número en este momento-, que por ejemplo, alguien que tiene una mansión en Miami de 1 millón de dólares y la blanquee con la esta norma que se propone; pague un 5 por ciento independientemente de la tasación, y después le quiten el impuesto a los bienes personales. De manera que pagando solo un 5 por ciento puede blanquear un capital muy grande en el exterior, que además podría haberle causado problemas con la ley extranjera.
Le estamos cobrando muy barata la patente de corso. La verdad es que si van a blanquear, deberían también repatriar los capitales. Si tienen propiedades y tienen problemas, que las vendan o las declaren y listo. ¡Dejen de incumplir la ley! ¡No busquemos más beneficios para el que ya lo hizo!
Para finalizar, quiero decir con respecto a las cajas provinciales que también coincido con los señores diputados Lavagna y Bossio, específicamente en relación con el 15 por ciento, y esto se refleja en el proyecto que estamos presentando y también quiero agregar el 1,9 por ciento.
Sobre todas estas cuestiones creo que también hay fallos de la Corte Suprema que plantean otras cuestiones además de la restitución del 15 por ciento y que ya cuentan con todas las apelaciones. Nosotros siendo gobierno hemos hecho todas las apelaciones, por una cuestión de oficio pero también de convicción, en algunos casos.
Si la Corte Suprema resolvió los casos, ineluctablemente todas las demás provincias van a tener el mismo beneficio; con lo cual creemos que cuanto antes lo sancionemos vamos a resolver este problema y también constituirá una solución para las provincias.
De la misma manera, en el tema de las cajas previsionales, para los que han transferido su caja son deudas, por el tema que bien explicaron, del valor de las contribuciones, el 16 y el 17 por ciento, y para quienes no la transfirieron, lo que estamos pidiendo es que se tenga en cuenta un pago automático en virtud de lo que sería si armonizaran las normas.
Esto lo quiero decir claramente, porque se les exige la armonización para que estén dentro de la norma de la jubilación nacional. No creo que fuera adecuado -ni tampoco lo pidieron los gobernadores con los que hablamos- que se les cubriera el déficit de la caja, sino simplemente lo correspondiente a los pagos, si se armonizara cumpliendo la regla de la jubilación nacional. Para esas trece provincias pedimos también eso.
Voy a mencionar un par de puntos que se desprenden de lo que ya dije. ¿En qué consiste nuestro dictamen? Sencillamente consiste en pagar a los jubilados que tienen sentencia firme, como se hizo durante estos años, ya que hay presupuesto destinado al efecto. No hay que inventar blanqueos ni nada. Hay 12.500 millones de pesos para pagar a los que tienen sentencia firme, y hay que hacerlo sin demorar más. Si es cierta la información -que no nos han confirmado- en cuanto a que se dejó de pagar, significa que, en lugar de una reparación, lo que han hecho es destruir más esto.
Entonces, lo que yo digo es que paguen, que paguen hoy o mañana, pero que paguen, y si pueden pagar todo junto, que lo hagan. Me parece importante esta cuestión.
Para los que están en juicio, nosotros estamos proponiendo dar una instrucción a la ANSES, pero no para que vaya a negociar sino para que les pague todo y que no apele. Para nosotros esto va a hacer más rápido el proceso de salida de las causas en la vía judicial y permitirá que cobren más rápidamente, pero sin descuento. ¿Queda claro? A nadie con descuento.
Quiero hacer una aclaración y plantear formalmente una queja desde el bloque del Frente para la Victoria. El otro día vinieron unos funcionarios, cuyos nombres y cargos ignoro, y no es que los quiera menospreciar. Eran tres funcionarios de la ANSES que tenían una solvencia que quiero destacar, que pudieron discutir temas en profundidad, tanto en la cuestión jurídica como en materia de liquidaciones. Lo que nos dijeron es que habían corrido una simulación para ver cuántos casos eran. Porque seguimos legislando sobre un universo cuyo volumen desconocemos. Por lo menos hasta donde a mí me compete, eso no lo conocemos.
Asimismo, hubo algunas dudas, pero aun si corrieron alguna simulación, hay que ver los parámetros y saber a quiénes incluyeron y a quiénes no. Entonces, pedimos una discriminación lo más certera posible, porque los especialistas que trajimos nosotros -e incluso los que trajo el gobierno- mostraron discrepancias muy grandes. No sabemos si son 300.000, 1 millón o 2 millones, o como terminaron diciendo, antes eran 2 millones y pico y ahora pasaron a ser 1.800.000. O sea, no sabemos cuál es el universo de los que tendrían derecho a reclamar pero no lo hicieron, a quienes hoy estamos instando a una andanada de juicios. No sabemos por qué no lo hicieron antes, pero se darán cuenta de que esta ley los está llamando a hacer juicio.
Nosotros proponemos invertir la carga de la prueba. Proponemos que, en función de este estudio que ya hizo la ANSES -que le dio como resultado que hay jubilaciones mal liquidadas, sabe cuántas son exactamente, a qué corresponden y cuáles son los montos-, se convoque a estos jubilados y se les diga: "Hemos cometido un error en la jubilación" y las liquiden bien, en un plazo que, cuanto más pequeño sea, mejor. Es decir, estamos instruyendo a la ANSES para que, si hay errores en la liquidación y eso tiene que aparecer como juicio, se le ahorre el juicio al jubilado, haga la corrida, los identifique, los convoque y les pague. De esta manera, esto sería mucho más sencillo y casi me animo a decir que no necesitaría una ley, excepto que los estamos facultando para no apelar. Pero esto es lo que ya hacían Bossio y Massa. No hay emergencia ni ningún tipo de reparación; es lo que se estaba haciendo.
La emergencia que van a tener ahora los jubilados es que pretenden quitarles una parte grande de lo que les corresponde. O sea, se está creando una emergencia. Y la otra emergencia, la de litigios, es que probablemente empiecen a reclamar en cascada sobre esos mismos litigios.
Con respecto a lo que era "la zanahoria" de esta ley, quiero dejar muy en claro que nosotros no solo estamos de acuerdo con pagarles a los jubilados que han hecho juicio y que tienen sentencia, no solo estamos de acuerdo con acelerar esto, sino que hasta el día en que nos fuimos hemos pagado a los jubilados que tenían sentencia. Entonces, ya lo hicimos; no es que lo queremos hacer, y no es una emergencia sino el curso normal de los acontecimientos.
Si se quiere acelerar el proceso, proponemos no apelar las sentencias. De otra manera era ilegal que lo decidiera el funcionario de turno. Para los que están en la lista, proponemos identificarlos y pagarles.
A los señores jubilados que vinieron el otro día, les quiero decir -ya que algunos están acá- es que esto es muy fácil. No hay que hacerles una quita. No son todos, son únicamente los que pueden tener juicio o los que ya lo tienen. Y lo que tiene que hacer el Estado es pagarles rápidamente.
Creemos que nuestra propuesta puede agilizar esta situación, simplificarla y no generar un montón de declamaciones y necesidades ficticias. Porque como no sabemos el número, resulta que por el número que desconocemos, el Estado iba a verse obligado a privatizar las acciones de la ANSES. Íbamos a tener que privatizar, como en su momento se privatización YPF para pagarle a los jubilados, y así terminaron. Ahora vamos a privatizar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagarles a los jubilados. Pero no sabemos ni cuánto tenemos que pagar. Entonces ¿para qué vamos a privatizar?
Probablemente el objetivo fuera privatizar. Yo ya no creo en las equivocaciones, en los perdones y en los errores. Me parece que fue un lance, que tiene número y tiene nombre y apellido. Como tiene nombre y apellido el blanqueo, si no se hacen las excepciones correspondientes.
Por eso en el blanqueo proponemos incluir a todos y repatriar los capitales. Esto es muy fácil y sencillo.
Nosotros no vamos a apoyar que se saque el impuesto a los bienes personales. No lo vamos a apoyar. Es un impuesto progresivo. Sí estamos dispuestos a discutir, y hemos hecho una propuesta para cambiar el diseño del impuesto por el tema de las escalas y del mínimo no imponible.
Lo mismo para el caso de ganancia mínima presunta, que son temas más técnicos.
Creemos que el oficialismo trajo un proyecto que no era votable, creo que por nadie de la oposición, y a medida que se fueron construyendo acuerdos sobre determinados puntos -en las modificaciones de este proyecto hay una historia oculta-, el oficialismo los saca, porque si no, no se vota la ley en general y menos todavía en particular.
Nosotros creemos que la ley está mal diseñada, que nuestro dictamen es más sencillo y va a favorecer más a los jubilados en esta condición, independientemente de que, como bien dijo el diputado Bossio, nosotros sabíamos que teníamos una política específica para los jubilados con la mínima porque queríamos hacer más justa y más grande la jubilación del piso. Eso lo sabíamos. Pero ahora estos no están implicados.
De todas maneras creemos que hay que pagar, pero que se puede hacer más rápidamente que lo que se plantea en el proyecto y sin quita.
Con respecto a la cuestión de las provincias creo que hay un acuerdo bastante grande entre los bloque que hablaron. Simplemente quiero repetir que eso es también parte de nuestro proyecto. (Aplausos.)
Quiero referirme a una cuestión más con respecto al tema del blanqueo. Ha llamado la atención -y este tema también lo trataremos en nuestro proyecto- el hecho de blanquear capitales sin repatriarlos. La verdad es que nosotros distinguimos blanqueo de blanqueo con repatriación, es decir, exteriorización.
Nosotros vamos a presentar una posibilidad de exteriorizar repatriando los capitales. Además, ya lo hemos denunciado en el proyecto del que ahora quizá se arrepienten, o dicen que se les escapó, pero es mucho más barato presentarlo junto con el resto de los artículos de este proyecto de ley.
Es llamativo -tengo las cuentas, luego puedo hacérselas llegar, no recuerdo el número en este momento-, que por ejemplo, alguien que tiene una mansión en Miami de 1 millón de dólares y la blanquee con la esta norma que se propone; pague un 5 por ciento independientemente de la tasación, y después le quiten el impuesto a los bienes personales. De manera que pagando solo un 5 por ciento puede blanquear un capital muy grande en el exterior, que además podría haberle causado problemas con la ley extranjera.
Le estamos cobrando muy barata la patente de corso. La verdad es que si van a blanquear, deberían también repatriar los capitales. Si tienen propiedades y tienen problemas, que las vendan o las declaren y listo. ¡Dejen de incumplir la ley! ¡No busquemos más beneficios para el que ya lo hizo!
Para finalizar, quiero decir con respecto a las cajas provinciales que también coincido con los señores diputados Lavagna y Bossio, específicamente en relación con el 15 por ciento, y esto se refleja en el proyecto que estamos presentando y también quiero agregar el 1,9 por ciento.
Sobre todas estas cuestiones creo que también hay fallos de la Corte Suprema que plantean otras cuestiones además de la restitución del 15 por ciento y que ya cuentan con todas las apelaciones. Nosotros siendo gobierno hemos hecho todas las apelaciones, por una cuestión de oficio pero también de convicción, en algunos casos.
Si la Corte Suprema resolvió los casos, ineluctablemente todas las demás provincias van a tener el mismo beneficio; con lo cual creemos que cuanto antes lo sancionemos vamos a resolver este problema y también constituirá una solución para las provincias.
De la misma manera, en el tema de las cajas previsionales, para los que han transferido su caja son deudas, por el tema que bien explicaron, del valor de las contribuciones, el 16 y el 17 por ciento, y para quienes no la transfirieron, lo que estamos pidiendo es que se tenga en cuenta un pago automático en virtud de lo que sería si armonizaran las normas.
Esto lo quiero decir claramente, porque se les exige la armonización para que estén dentro de la norma de la jubilación nacional. No creo que fuera adecuado -ni tampoco lo pidieron los gobernadores con los que hablamos- que se les cubriera el déficit de la caja, sino simplemente lo correspondiente a los pagos, si se armonizara cumpliendo la regla de la jubilación nacional. Para esas trece provincias pedimos también eso.
Voy a mencionar un par de puntos que se desprenden de lo que ya dije. ¿En qué consiste nuestro dictamen? Sencillamente consiste en pagar a los jubilados que tienen sentencia firme, como se hizo durante estos años, ya que hay presupuesto destinado al efecto. No hay que inventar blanqueos ni nada. Hay 12.500 millones de pesos para pagar a los que tienen sentencia firme, y hay que hacerlo sin demorar más. Si es cierta la información -que no nos han confirmado- en cuanto a que se dejó de pagar, significa que, en lugar de una reparación, lo que han hecho es destruir más esto.
Entonces, lo que yo digo es que paguen, que paguen hoy o mañana, pero que paguen, y si pueden pagar todo junto, que lo hagan. Me parece importante esta cuestión.
Para los que están en juicio, nosotros estamos proponiendo dar una instrucción a la ANSES, pero no para que vaya a negociar sino para que les pague todo y que no apele. Para nosotros esto va a hacer más rápido el proceso de salida de las causas en la vía judicial y permitirá que cobren más rápidamente, pero sin descuento. ¿Queda claro? A nadie con descuento.
Quiero hacer una aclaración y plantear formalmente una queja desde el bloque del Frente para la Victoria. El otro día vinieron unos funcionarios, cuyos nombres y cargos ignoro, y no es que los quiera menospreciar. Eran tres funcionarios de la ANSES que tenían una solvencia que quiero destacar, que pudieron discutir temas en profundidad, tanto en la cuestión jurídica como en materia de liquidaciones. Lo que nos dijeron es que habían corrido una simulación para ver cuántos casos eran. Porque seguimos legislando sobre un universo cuyo volumen desconocemos. Por lo menos hasta donde a mí me compete, eso no lo conocemos.
Asimismo, hubo algunas dudas, pero aun si corrieron alguna simulación, hay que ver los parámetros y saber a quiénes incluyeron y a quiénes no. Entonces, pedimos una discriminación lo más certera posible, porque los especialistas que trajimos nosotros -e incluso los que trajo el gobierno- mostraron discrepancias muy grandes. No sabemos si son 300.000, 1 millón o 2 millones, o como terminaron diciendo, antes eran 2 millones y pico y ahora pasaron a ser 1.800.000. O sea, no sabemos cuál es el universo de los que tendrían derecho a reclamar pero no lo hicieron, a quienes hoy estamos instando a una andanada de juicios. No sabemos por qué no lo hicieron antes, pero se darán cuenta de que esta ley los está llamando a hacer juicio.
Nosotros proponemos invertir la carga de la prueba. Proponemos que, en función de este estudio que ya hizo la ANSES -que le dio como resultado que hay jubilaciones mal liquidadas, sabe cuántas son exactamente, a qué corresponden y cuáles son los montos-, se convoque a estos jubilados y se les diga: "Hemos cometido un error en la jubilación" y las liquiden bien, en un plazo que, cuanto más pequeño sea, mejor. Es decir, estamos instruyendo a la ANSES para que, si hay errores en la liquidación y eso tiene que aparecer como juicio, se le ahorre el juicio al jubilado, haga la corrida, los identifique, los convoque y les pague. De esta manera, esto sería mucho más sencillo y casi me animo a decir que no necesitaría una ley, excepto que los estamos facultando para no apelar. Pero esto es lo que ya hacían Bossio y Massa. No hay emergencia ni ningún tipo de reparación; es lo que se estaba haciendo.
La emergencia que van a tener ahora los jubilados es que pretenden quitarles una parte grande de lo que les corresponde. O sea, se está creando una emergencia. Y la otra emergencia, la de litigios, es que probablemente empiecen a reclamar en cascada sobre esos mismos litigios.
Con respecto a lo que era "la zanahoria" de esta ley, quiero dejar muy en claro que nosotros no solo estamos de acuerdo con pagarles a los jubilados que han hecho juicio y que tienen sentencia, no solo estamos de acuerdo con acelerar esto, sino que hasta el día en que nos fuimos hemos pagado a los jubilados que tenían sentencia. Entonces, ya lo hicimos; no es que lo queremos hacer, y no es una emergencia sino el curso normal de los acontecimientos.
Si se quiere acelerar el proceso, proponemos no apelar las sentencias. De otra manera era ilegal que lo decidiera el funcionario de turno. Para los que están en la lista, proponemos identificarlos y pagarles.
A los señores jubilados que vinieron el otro día, les quiero decir -ya que algunos están acá- es que esto es muy fácil. No hay que hacerles una quita. No son todos, son únicamente los que pueden tener juicio o los que ya lo tienen. Y lo que tiene que hacer el Estado es pagarles rápidamente.
Creemos que nuestra propuesta puede agilizar esta situación, simplificarla y no generar un montón de declamaciones y necesidades ficticias. Porque como no sabemos el número, resulta que por el número que desconocemos, el Estado iba a verse obligado a privatizar las acciones de la ANSES. Íbamos a tener que privatizar, como en su momento se privatización YPF para pagarle a los jubilados, y así terminaron. Ahora vamos a privatizar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagarles a los jubilados. Pero no sabemos ni cuánto tenemos que pagar. Entonces ¿para qué vamos a privatizar?
Probablemente el objetivo fuera privatizar. Yo ya no creo en las equivocaciones, en los perdones y en los errores. Me parece que fue un lance, que tiene número y tiene nombre y apellido. Como tiene nombre y apellido el blanqueo, si no se hacen las excepciones correspondientes.
Por eso en el blanqueo proponemos incluir a todos y repatriar los capitales. Esto es muy fácil y sencillo.
Nosotros no vamos a apoyar que se saque el impuesto a los bienes personales. No lo vamos a apoyar. Es un impuesto progresivo. Sí estamos dispuestos a discutir, y hemos hecho una propuesta para cambiar el diseño del impuesto por el tema de las escalas y del mínimo no imponible.
Lo mismo para el caso de ganancia mínima presunta, que son temas más técnicos.
Creemos que el oficialismo trajo un proyecto que no era votable, creo que por nadie de la oposición, y a medida que se fueron construyendo acuerdos sobre determinados puntos -en las modificaciones de este proyecto hay una historia oculta-, el oficialismo los saca, porque si no, no se vota la ley en general y menos todavía en particular.
Nosotros creemos que la ley está mal diseñada, que nuestro dictamen es más sencillo y va a favorecer más a los jubilados en esta condición, independientemente de que, como bien dijo el diputado Bossio, nosotros sabíamos que teníamos una política específica para los jubilados con la mínima porque queríamos hacer más justa y más grande la jubilación del piso. Eso lo sabíamos. Pero ahora estos no están implicados.
De todas maneras creemos que hay que pagar, pero que se puede hacer más rápidamente que lo que se plantea en el proyecto y sin quita.
Con respecto a la cuestión de las provincias creo que hay un acuerdo bastante grande entre los bloque que hablaron. Simplemente quiero repetir que eso es también parte de nuestro proyecto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Quiero hacer una aclaración. Se nos ha dado traslado de los parámetros por los cuales se corrió el sistema de la ANSES y no los resultados.
SR. KICILLOF ¿No tenemos el número pero sí qué casos?
SR. PRESIDENTE DAER No. No tenemos el resultado de la cantidad de casos que involucrarían en cada uno de los que tienen sentencia, los que están en juicio o los potenciales que pueden llegar a estar involucrados en este programa. Tenemos los parámetros...
SR. KICILLOF ¿La ley de acceso a la información ya se aprobó? Porque lo tienen y no lo muestran. ¿Está en un paraíso fiscal la información?
SR. PRESIDENTE DAER Le quiero aclarar que no es responsabilidad de esta comisión. Lo que fue trasladado de la ANSES a nosotros son los parámetros con los cuales se hizo la corrida y no los resultados de esa corrida del sistema.
SR. KICILLOF Disculpe, señor presiente si pensó que lo involucraba. Para nada es así. Pero la verdad es que si hay alguien del gobierno aquí, quiero decirles que es poco serio...
SR. PRESIDENTE DAER Diputado Kicillof: le pido que sigamos con el orden de los oradores.
Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani
Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani
SRA. CICILIANI Señor presidente: en nombre de Margarita y mío quiero destacar el enorme trabajo que hemos llevado adelante con mucha intensidad para poder llegar al recinto el próximo miércoles y reparar esta deuda histórica que tenemos con los juicios a los jubilados.
Queremos destacar el apoyo dado por el Frente Renovador y por el Partido Justicialista de Diego Bossio que han trabajado, con quienes nos hemos informado y hemos intercambiado datos e ideas, algo que seguramente seguiremos haciendo en esta semana donde tenemos que plasmar todas estas ideas y avances en el dictamen definitivo.
Queremos destacar y rescatar el régimen público y de reparto, solidario, integrado, y jamás perder de vista esto. Si algo tenemos que reconocerle al gobierno anterior es haber re estatizado los fondos de jubilaciones y pensiones y lograr un 97 por ciento de cobertura de todo el sistema. Por eso nosotros no creemos que estemos en emergencia previsional. Ese es nuestro primer desacuerdo con el proyecto del oficialismo.
También creemos que los jubilados que tienen sentencia firme tienen que cobrar sin dilaciones y tienen que estar fuera de este programa de reparación histórica. Hemos votado en el presupuesto de 2016 la partida para pagar estos juicios con sentencia firme, algo que pedimos año tras año cada vez que se discutía el presupuesto de la Nación en este Congreso.
Ahora escuchamos de parte del ex ministro de Economía que era muy fácil y sencillo hacerlo. Parece que es sencillo hacerlo cuando se está sentado en las bancas de diputados pero cuando estamos sentados en el Ministerio de Economía, no es tan sencillo.
En ese sentido quiero apoyar el trabajo que hicieron las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones.
Hoy parece sencillo esto y tenemos el apoyo del ex ministro Kicillof, pero quiero recordar que hasta el día 10 de diciembre del año pasado tuvimos que recurrir a la Corte Suprema para poder revalidar nuestros derechos.
Hoy lo estamos discutiendo en el Congreso de la Nación. Este Congreso de la Nación plural, sin mayorías automáticas, donde hay discusiones de ideas y discusiones ideológicas pero en el fondo todos queremos preservar el bien común, pagar a los jubilados y proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, porque ese no es un fondo de pensión, es un fondo que preserva la capacidad de cobrar de todo el sistema de jubilados y pensionados, no solo del universo que tiene un juicio sino también del universo de jubilados que cobran la mínima.
También queremos garantizar a los trabajadores que no trabajan con un empleo decente, que puedan seguir accediendo a la jubilación. Por eso queremos la moratoria.
Con Margarita peleamos y vamos a seguir peleando para que a las mujeres se les reconozca un año de aporte por cantidad de hijos. Porque las mujeres, cuando están en su etapa de maternidad, tienen que dejar sus empleos formales. Y retomar el trabajo luego de la maternidad es difícil, es una situación de pérdida para las mujeres que retornan al sistema de empleo. Pero además, con esto estaríamos haciendo una reparación del trabajo femenino en el hogar y en el cuidado de los hijos, algo que las sociedades modernas tienen que reconocer y valuar en su producto bruto interno como un trabajo importante que contribuye a la riqueza de una Nación.
Por supuesto también pedimos que la edad de las mujeres para la moratoria sea de 60 años.
Acompañamos el proyecto del gobierno de poder tener una comisión que estudie un sistema previsional integral, público y de reparto en un plazo de tres años.
Nuestra mayor disidencia está dada en la forma de conseguir los recursos para este programa de reparación.
Estamos absolutamente en desacuerdo con el blanqueo, creemos que es innecesario, injusto y peligroso. Es innecesario porque tenemos los recursos suficientes para solventar el sistema y necesitamos poner los esfuerzos en blanquear la economía informal.
Tenemos que blanquear la economía informal con nuevos parámetros impositivos, no le podemos pedir a una economía de baja productividad un blanqueo en las condiciones de impuestos municipales, provinciales y nacionales del sistema impositivo de hoy.
Ayer se trató y se votó por unanimidad en el Senado de la Nación la devolución del IVA a los jubilados y a los pensionados. Ese tiene que ser un instrumento de trabajo colaborativo entre los municipios, las provincias y el gobierno nacional para lograr que el sistema se blanquee y se bancarice. Ello no se va a hacer en un escritorio, no se logra con una ley. La ley da una herramienta y un instrumento, pero tiene que haber una voluntad política de trabajar muy fuerte para blanquear a los trabajadores.
Tenemos que hacer experiencias piloto, evaluar y trabajar, pero el pequeño industrial, el pequeño productor y el pequeño trabajador independiente tienen que sentir que poner un Posnet no es tener a la AFIP persiguiéndolos. Tenemos que tener la garantía jurídica de que va a tener una presión impositiva al alcance de su trabajo para poder sostenerla en el tiempo. Obviamente, tiene que haber confianza en todo el sistema y en todos los actores económicos en cuanto a que pagar impuestos en la Argentina es pagar bienes comunes, y no constituye un robo para funcionarios o contratistas del Estado.
Por eso, nosotros estamos en contra de sacar el impuesto a los bienes personales, al contrario, tenemos que dar el debate público y político hacia toda la sociedad acerca de la necesidad pagar impuestos. No hay democracia sin impuestos.
Después de tantos años de crecimiento en la Argentina, hay sectores económicos de la población que tienen muchos celulares, autos modernos y pueden viajar al exterior, pero no tenemos bienes públicos comunes. No tenemos hospitales, escuelas ni policías bien remunerados y eso se logra con impuestos. Tenemos que generar confianza en la población para que pague los impuestos.
Junto a Margarita Stolbizer vamos a presentar una lista de propuestas. Estamos a disposición para seguir trabajando y generar consensos el día miércoles sentadas en nuestras bancas para lograr que el pago de la deuda que tenemos con los jubilados sea una realidad factible para todos ellos.
Queremos destacar el apoyo dado por el Frente Renovador y por el Partido Justicialista de Diego Bossio que han trabajado, con quienes nos hemos informado y hemos intercambiado datos e ideas, algo que seguramente seguiremos haciendo en esta semana donde tenemos que plasmar todas estas ideas y avances en el dictamen definitivo.
Queremos destacar y rescatar el régimen público y de reparto, solidario, integrado, y jamás perder de vista esto. Si algo tenemos que reconocerle al gobierno anterior es haber re estatizado los fondos de jubilaciones y pensiones y lograr un 97 por ciento de cobertura de todo el sistema. Por eso nosotros no creemos que estemos en emergencia previsional. Ese es nuestro primer desacuerdo con el proyecto del oficialismo.
También creemos que los jubilados que tienen sentencia firme tienen que cobrar sin dilaciones y tienen que estar fuera de este programa de reparación histórica. Hemos votado en el presupuesto de 2016 la partida para pagar estos juicios con sentencia firme, algo que pedimos año tras año cada vez que se discutía el presupuesto de la Nación en este Congreso.
Ahora escuchamos de parte del ex ministro de Economía que era muy fácil y sencillo hacerlo. Parece que es sencillo hacerlo cuando se está sentado en las bancas de diputados pero cuando estamos sentados en el Ministerio de Economía, no es tan sencillo.
En ese sentido quiero apoyar el trabajo que hicieron las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones.
Hoy parece sencillo esto y tenemos el apoyo del ex ministro Kicillof, pero quiero recordar que hasta el día 10 de diciembre del año pasado tuvimos que recurrir a la Corte Suprema para poder revalidar nuestros derechos.
Hoy lo estamos discutiendo en el Congreso de la Nación. Este Congreso de la Nación plural, sin mayorías automáticas, donde hay discusiones de ideas y discusiones ideológicas pero en el fondo todos queremos preservar el bien común, pagar a los jubilados y proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, porque ese no es un fondo de pensión, es un fondo que preserva la capacidad de cobrar de todo el sistema de jubilados y pensionados, no solo del universo que tiene un juicio sino también del universo de jubilados que cobran la mínima.
También queremos garantizar a los trabajadores que no trabajan con un empleo decente, que puedan seguir accediendo a la jubilación. Por eso queremos la moratoria.
Con Margarita peleamos y vamos a seguir peleando para que a las mujeres se les reconozca un año de aporte por cantidad de hijos. Porque las mujeres, cuando están en su etapa de maternidad, tienen que dejar sus empleos formales. Y retomar el trabajo luego de la maternidad es difícil, es una situación de pérdida para las mujeres que retornan al sistema de empleo. Pero además, con esto estaríamos haciendo una reparación del trabajo femenino en el hogar y en el cuidado de los hijos, algo que las sociedades modernas tienen que reconocer y valuar en su producto bruto interno como un trabajo importante que contribuye a la riqueza de una Nación.
Por supuesto también pedimos que la edad de las mujeres para la moratoria sea de 60 años.
Acompañamos el proyecto del gobierno de poder tener una comisión que estudie un sistema previsional integral, público y de reparto en un plazo de tres años.
Nuestra mayor disidencia está dada en la forma de conseguir los recursos para este programa de reparación.
Estamos absolutamente en desacuerdo con el blanqueo, creemos que es innecesario, injusto y peligroso. Es innecesario porque tenemos los recursos suficientes para solventar el sistema y necesitamos poner los esfuerzos en blanquear la economía informal.
Tenemos que blanquear la economía informal con nuevos parámetros impositivos, no le podemos pedir a una economía de baja productividad un blanqueo en las condiciones de impuestos municipales, provinciales y nacionales del sistema impositivo de hoy.
Ayer se trató y se votó por unanimidad en el Senado de la Nación la devolución del IVA a los jubilados y a los pensionados. Ese tiene que ser un instrumento de trabajo colaborativo entre los municipios, las provincias y el gobierno nacional para lograr que el sistema se blanquee y se bancarice. Ello no se va a hacer en un escritorio, no se logra con una ley. La ley da una herramienta y un instrumento, pero tiene que haber una voluntad política de trabajar muy fuerte para blanquear a los trabajadores.
Tenemos que hacer experiencias piloto, evaluar y trabajar, pero el pequeño industrial, el pequeño productor y el pequeño trabajador independiente tienen que sentir que poner un Posnet no es tener a la AFIP persiguiéndolos. Tenemos que tener la garantía jurídica de que va a tener una presión impositiva al alcance de su trabajo para poder sostenerla en el tiempo. Obviamente, tiene que haber confianza en todo el sistema y en todos los actores económicos en cuanto a que pagar impuestos en la Argentina es pagar bienes comunes, y no constituye un robo para funcionarios o contratistas del Estado.
Por eso, nosotros estamos en contra de sacar el impuesto a los bienes personales, al contrario, tenemos que dar el debate público y político hacia toda la sociedad acerca de la necesidad pagar impuestos. No hay democracia sin impuestos.
Después de tantos años de crecimiento en la Argentina, hay sectores económicos de la población que tienen muchos celulares, autos modernos y pueden viajar al exterior, pero no tenemos bienes públicos comunes. No tenemos hospitales, escuelas ni policías bien remunerados y eso se logra con impuestos. Tenemos que generar confianza en la población para que pague los impuestos.
Junto a Margarita Stolbizer vamos a presentar una lista de propuestas. Estamos a disposición para seguir trabajando y generar consensos el día miércoles sentadas en nuestras bancas para lograr que el pago de la deuda que tenemos con los jubilados sea una realidad factible para todos ellos.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Masso, que no es Masot.
SR. MASSO Señor presidente: la verdad que desde el bloque Libres del Sur vemos con bastante aflicción que este proyecto que se presenta en la sociedad como una mejora para nuestros abuelos, que realmente la necesitan, venga acompañado de varios puntos que realmente no tienen nada que ver con los jubilados.
Digo esto porque cuando se discute devolver la dignidad a los argentinos -celebro que esté presente el señor diputado Eduardo Amadeo que siempre es el vocero del oficialismo con respecto a los logros sociales que hizo el gobierno durante estos seis meses-, creo que hay que discutir en serio.
Aunque a los jubilados se les vaya a devolver el IVA y se logre que cobren lo que se les debía, la verdad es que si la dignidad va a ser que una parte importante de ellos vaya a seguir cobrando menos que el salario mínimo vital y móvil, y otra parte no llegue a la canasta básica total, me pregunto de qué dignidad estamos hablando en la República Argentina.
Por otro lado, creo que este debate lo tenemos que empezar a organizar, por los grandes temas que debemos reparar. Si le preguntamos a un jubilado que gana 4.920 pesos, y con los descuentos, 4.810 pesos, que quizás pase a ganar 5.700 o 6.000 pesos, por supuesto que va a estar contento si recibe algo más, pero la verdad es que mientras seguimos condenando a una parte importante de los pasivos a depender de sus hijos, de sus familiares, en esta misma iniciativa se proponen medidas totalmente contradictorias.
En ese sentido, debemos ser serios y coherentes, porque si hablamos de un blanqueo de capitales tenemos que pensar en quiénes se benefician con esa medida. La verdad es que al respecto deberíamos ver cómo pensaban, hace tres años, muchos de los que hoy forman parte de este gobierno. En efecto, vale la pena entrar a las redes sociales para ver, por ejemplo, cómo opinaba hace tres años el actual ministro del Interior, quien decía: "Atentos hoy a la lista de diputados que voten a favor del blanqueo. Invitarán a lavar dinero a corruptos y a evasores, a narcos y a terroristas". Hoy están a favor del blanqueo.
No veo ningún cambio en los blanqueos que se han hecho en la Argentina desde la recuperación de la democracia hasta la fecha. En ese sentido, creo que también debemos ser coherentes y discutir a fondo cuáles son las dignidades que vamos a llevar a un sector tan importante como el de los jubilados.
Por otro lado, en esta misma norma se habla -como bien lo han dicho algunos diputados de la oposición- de suprimir los impuestos a los bienes personales y a la renta presunta. Yo pregunto qué vamos a decir a los trabajadores argentinos que, atento a la definición del gobierno nacional, no van a estar exceptuados de pagar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo que se cobrará en los próximos días. Si los trabajadores pagan el impuesto a las ganancias, ¿por qué a los que más tienen los vamos a premiar por lo que han venido haciendo en los dos o tres últimos años?
Entonces, desde el bloque Libres del Sur presentaremos un dictamen propio que contiene la propuesta de una nueva ley de previsión y seguridad social para la Argentina. Creo que eso es lo que tenemos que discutir, porque el hecho de que este gobierno hoy mejore o dé algo que no dio el gobierno anterior -que, coincido, tenía los recursos y la posibilidad de haber dejado a los que menos tienen en otro umbral de dignidad- no lo habilita a sostener que todo es dignidad o que todas las medidas adoptadas en el orden social han sido importantes.
He escuchado decir que en diciembre se dio 400 pesos a los jubilados, a algunos beneficiarios de planes sociales y a los que reciben la asignación universal por hijo. Creo que el piso de dignidad que tenemos que discutir en la República Argentina es que ningún argentino gane menos que la canasta básica total, garantizando que todos, estén en el puesto en que estén, cuenten con los recursos necesarios para vivir, sin caer debajo de la línea de pobreza.
Vamos a tener tiempo hasta el miércoles para presentar algunas propuestas, pero también para discutir algunas cuestiones en profundidad.
T.22
APV
PySS
La verdad es que yo quiero ver cuando se implemente, luego de que esos jubilados cobren una parte importante de lo que se les debe, y se pongan objetivamente a ver de cuánto va a ser su haber normal de todos los meses. Seguramente, van a cobrar por debajo de lo que hoy indica cualquier instituto privado, porque la verdad es que todavía no tenemos mediciones del INDEC. No va a alcanzar lo que fija el mínimo para no caer en la pobreza en la República Argentina.
No estamos hablando de un grupo chico de jubilados sino de las dos terceras partes de nuestros abuelos que están en esta condición de cobrar la mínima o un poquito más, y la verdad es que el 80 por ciento de nuestros jubilados no cobra dos veces la mínima.
En ese sentido tenemos que discutir en profundidad porque creo que dinero hay. Cuando discutíamos el pago a los fondos buitre, sobraba el dinero, sobraban las inversiones y resulta que ahora tenemos que blanquear los capitales a los que lo llevaron porque objetivamente no aparecen las inversiones ni los dólares.
La verdad es que vemos en esto un alto grado de injusticia, creo que lo podemos llamar así. ¿Qué le decimos al dueño de una empresa, de una pyme que ha pagado esta gran presión impositiva -de la que han hablado otros diputados- para tener hoy un trabajador en blanco y que han hecho un gran esfuerzo para que ahora vengan quienes lo han sacado, quienes han especulado y solamente se le cobrará una parte muy mínima de lo que van a gravar? Un gran porcentaje de ese dinero no sabemos con qué fin lo han sacado.
Redondeando la situación, creemos que cuando se tocan temas en donde involucramos a los sectores que hoy la están pasando mal en la Argentina, debemos tener cuidado y no solo plantear como una mejora más de lo que poco ganaban o de lo que poco ha hecho el gobierno anterior.
Celebro que este Congreso tenga la paridad que tiene, pero también quiero que en este Congreso -como lo hemos hecho con otras leyes- podamos ponernos de acuerdo de una vez por todas en lograr sacar a los argentinos de la pobreza como piso de dignidad. Porque si uno ve que algo no ha cambiado desde el 83 a la fecha que han pasado muchos gobiernos, es que la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, sigue siendo treinta veces. La verdad es que en ese sentido es donde tenemos que poner el foco del problema.
Reitero que vamos a presentar un dictamen propio, pero eso no nos inhabilita para trabajar en pos sacar la mejor ley posible el próximo miércoles en el recinto.
T.23
APV
PySS
Digo esto porque cuando se discute devolver la dignidad a los argentinos -celebro que esté presente el señor diputado Eduardo Amadeo que siempre es el vocero del oficialismo con respecto a los logros sociales que hizo el gobierno durante estos seis meses-, creo que hay que discutir en serio.
Aunque a los jubilados se les vaya a devolver el IVA y se logre que cobren lo que se les debía, la verdad es que si la dignidad va a ser que una parte importante de ellos vaya a seguir cobrando menos que el salario mínimo vital y móvil, y otra parte no llegue a la canasta básica total, me pregunto de qué dignidad estamos hablando en la República Argentina.
Por otro lado, creo que este debate lo tenemos que empezar a organizar, por los grandes temas que debemos reparar. Si le preguntamos a un jubilado que gana 4.920 pesos, y con los descuentos, 4.810 pesos, que quizás pase a ganar 5.700 o 6.000 pesos, por supuesto que va a estar contento si recibe algo más, pero la verdad es que mientras seguimos condenando a una parte importante de los pasivos a depender de sus hijos, de sus familiares, en esta misma iniciativa se proponen medidas totalmente contradictorias.
En ese sentido, debemos ser serios y coherentes, porque si hablamos de un blanqueo de capitales tenemos que pensar en quiénes se benefician con esa medida. La verdad es que al respecto deberíamos ver cómo pensaban, hace tres años, muchos de los que hoy forman parte de este gobierno. En efecto, vale la pena entrar a las redes sociales para ver, por ejemplo, cómo opinaba hace tres años el actual ministro del Interior, quien decía: "Atentos hoy a la lista de diputados que voten a favor del blanqueo. Invitarán a lavar dinero a corruptos y a evasores, a narcos y a terroristas". Hoy están a favor del blanqueo.
No veo ningún cambio en los blanqueos que se han hecho en la Argentina desde la recuperación de la democracia hasta la fecha. En ese sentido, creo que también debemos ser coherentes y discutir a fondo cuáles son las dignidades que vamos a llevar a un sector tan importante como el de los jubilados.
Por otro lado, en esta misma norma se habla -como bien lo han dicho algunos diputados de la oposición- de suprimir los impuestos a los bienes personales y a la renta presunta. Yo pregunto qué vamos a decir a los trabajadores argentinos que, atento a la definición del gobierno nacional, no van a estar exceptuados de pagar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo que se cobrará en los próximos días. Si los trabajadores pagan el impuesto a las ganancias, ¿por qué a los que más tienen los vamos a premiar por lo que han venido haciendo en los dos o tres últimos años?
Entonces, desde el bloque Libres del Sur presentaremos un dictamen propio que contiene la propuesta de una nueva ley de previsión y seguridad social para la Argentina. Creo que eso es lo que tenemos que discutir, porque el hecho de que este gobierno hoy mejore o dé algo que no dio el gobierno anterior -que, coincido, tenía los recursos y la posibilidad de haber dejado a los que menos tienen en otro umbral de dignidad- no lo habilita a sostener que todo es dignidad o que todas las medidas adoptadas en el orden social han sido importantes.
He escuchado decir que en diciembre se dio 400 pesos a los jubilados, a algunos beneficiarios de planes sociales y a los que reciben la asignación universal por hijo. Creo que el piso de dignidad que tenemos que discutir en la República Argentina es que ningún argentino gane menos que la canasta básica total, garantizando que todos, estén en el puesto en que estén, cuenten con los recursos necesarios para vivir, sin caer debajo de la línea de pobreza.
Vamos a tener tiempo hasta el miércoles para presentar algunas propuestas, pero también para discutir algunas cuestiones en profundidad.
T.22
APV
PySS
La verdad es que yo quiero ver cuando se implemente, luego de que esos jubilados cobren una parte importante de lo que se les debe, y se pongan objetivamente a ver de cuánto va a ser su haber normal de todos los meses. Seguramente, van a cobrar por debajo de lo que hoy indica cualquier instituto privado, porque la verdad es que todavía no tenemos mediciones del INDEC. No va a alcanzar lo que fija el mínimo para no caer en la pobreza en la República Argentina.
No estamos hablando de un grupo chico de jubilados sino de las dos terceras partes de nuestros abuelos que están en esta condición de cobrar la mínima o un poquito más, y la verdad es que el 80 por ciento de nuestros jubilados no cobra dos veces la mínima.
En ese sentido tenemos que discutir en profundidad porque creo que dinero hay. Cuando discutíamos el pago a los fondos buitre, sobraba el dinero, sobraban las inversiones y resulta que ahora tenemos que blanquear los capitales a los que lo llevaron porque objetivamente no aparecen las inversiones ni los dólares.
La verdad es que vemos en esto un alto grado de injusticia, creo que lo podemos llamar así. ¿Qué le decimos al dueño de una empresa, de una pyme que ha pagado esta gran presión impositiva -de la que han hablado otros diputados- para tener hoy un trabajador en blanco y que han hecho un gran esfuerzo para que ahora vengan quienes lo han sacado, quienes han especulado y solamente se le cobrará una parte muy mínima de lo que van a gravar? Un gran porcentaje de ese dinero no sabemos con qué fin lo han sacado.
Redondeando la situación, creemos que cuando se tocan temas en donde involucramos a los sectores que hoy la están pasando mal en la Argentina, debemos tener cuidado y no solo plantear como una mejora más de lo que poco ganaban o de lo que poco ha hecho el gobierno anterior.
Celebro que este Congreso tenga la paridad que tiene, pero también quiero que en este Congreso -como lo hemos hecho con otras leyes- podamos ponernos de acuerdo de una vez por todas en lograr sacar a los argentinos de la pobreza como piso de dignidad. Porque si uno ve que algo no ha cambiado desde el 83 a la fecha que han pasado muchos gobiernos, es que la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, sigue siendo treinta veces. La verdad es que en ese sentido es donde tenemos que poner el foco del problema.
Reitero que vamos a presentar un dictamen propio, pero eso no nos inhabilita para trabajar en pos sacar la mejor ley posible el próximo miércoles en el recinto.
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SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Pitrola.
SR. PITROLA Los pocos días que han transcurrido desde la presentación de este megaproyecto -ley ómnibus-, nos han hecho crecer en la convicción de rechazarlo de plano y lo vamos a hacer a través de un dictamen de minoría.
Creemos que este blanqueo es la plataforma de un acuerdo de impunidad de la Argentina off shore. Y este es el gancho para que lo apoyen los bloques políticos que se referencian en esos capitales off shore, porque ahí ¿cuál es el listado que no quieren que se conozca? El listado del artículo 32 de la AFIP, que se hizo famoso por Cristóbal López, el listado del dólar futuro que nunca conocimos en los seis mil contratados y donde entran capitales de oficialistas y opositores, oficialistas de hoy y opositores de hoy, oficialistas de ayer y opositores de ayer, o en el Panama Papers, que tiene la misma característica.
Este blanqueo tiene ese contenido. Venimos a desmentir que sea para financiar un beneficio a los jubilados. Esta es una mentira de dos vías.
Según los cálculos optimistas, el blanqueo podría otorgar un beneficio impositivo de 1600 millones de dólares a fines de 2019. Son monedas. La importancia que tiene el blanqueo es otra: ofrecer bonos de la deuda a tasas que al 5 por ciento en dólares más que duplica las tasas internacionales. Y esa gente no va a tener penalización de la Ley Penal Tributaria, del conjunto de impuestos que tendrían que pagar, etcétera. Los deudores del país que se robaron el país y la Patria con la que se llenan la boca, van a pasar a ser acreedores mediante los bonos tentadores que se les ofrecen para blanquear sus capitales off shore.
Esta es la realidad. Más allá de que pueden blanquear bienes en el exterior y todo lo demás, esto no va a financiar ningún beneficio a los jubilados. También vamos a decir que es una confiscación a los derechos adquiridos de los jubilados y no un beneficio.
Sobre el tema que se ha meneado aquí del problema de la excepción de legisladores, de funcionarios del Poder Ejecutivo, de jueces, que se puede ampliar, que puede ir hasta los primos, no tiene ninguna importancia, porque los que sí van a estar son los de la patria contratista. Los Lázaro Báez, los Calcaterra van a estar todos. Pueden dormir tranquilos. Esos van a estar todos. Lo mismo que el capital financiero y todo ese capital internacional y nacional que sigue fugando capitales.
Ahí voy al punto para cerrar un poco este tema del blanqueo. Está fracasando la lluvia de inversiones. En el primer cuatrimestre, se han vuelto a ir 3.700 millones de dólares de fuga de capitales. Este blanqueo es la tentación para que vengan a los bonos de la deuda, para que vengan porque no alcanza la bicicleta financiera. Y la pauta la ha dado el presidente Macri con sus 18 millones de las Bahamas que estaría poniendo como un ahorrito en LEBAC del Banco Central.
Este es el punto, este el objetivo de esta mega ley, puede tener otros, pero este es el objetivo central.
Repudiamos -digo de paso por los debates escuchados- todas las reivindicaciones de los actuales oficialistas, de los ex oficialistas, especialmente de las apelaciones de la ANSES. Por favor, es un crimen de Estado apelar contra jubilados que están litigando por derechos residuales de un sistema aniquilado, porque ya no pueden litigar por el 82 por ciento móvil, no existe más. Están litigando por algunos derechos residuales y se apela hasta la muerte. Es una política criminal de parte del Estado hacia jubilados que ganan 4.959 pesos, en su abrumadora mayoría. Repudiamos este tipo de reivindicaciones.
Ahora el blanqueo es un adelanto sospechoso de algo que estaba obligado por un protocolo internacional que han firmado más de cien países después del 1º de enero. ¿Por qué no esperaron a ver quiénes tenían que entrar obligadamente en el blanqueo de 2017, de tipo internacional que serían pasible del total de los impuestos y de las leyes penales tributarias?
En relación con el problema del artículo 85, que se ha festejado que el presidente Macri y todos dieron garantías de cambiarlo, queremos ver el cambio. ¿Saben por qué? Porque el artículo 85 tiene la aberración de penalizar a los periodistas, que ya se sabe que es una intención y no un error, porque después varios días la gobernadora María Eugenia Vidal insistió sobre el tema. Cuando saltó la liebre volvió a hacer un decreto para reformar el decreto que hacía 48 horas había hecho.
Sin embargo, la intención de fondo no es solo penalizar a los periodistas; ese es el eslabón final. La intención es que no se conozca el listado de los que se acojan al blanqueo. Este punto es consistente con nuestro cuestionamiento al artículo 8° de la ley de acceso a la información pública, que es un compendio de excepciones más importante que toda la ley, que protege el secreto financiero y comercial; detrás de ello se sostiene el secreto y la reserva de los vaciadores de la Argentina offshore.
La eliminación del impuesto a los bienes personales es definitivamente una política regresiva. Nuestra posición en este punto es que la vivienda única no puede estar afectada por el impuesto a los bienes personales. Aquí hay un cambio previsto en los mínimos pero hasta ahora, con 305 mil pesos cualquier trabajador estaba afectado por el impuesto a los bienes personales por el hecho de tener un departamento.
Para nosotros, la vivienda única tiene que estar exceptuada y estamos en contra de la eliminación del impuesto a la riqueza, ya sea ahora o en 2019.
Que un ex ministro exprese que está en contra del carácter del impuesto, que no sea un mínimo no imponible, me lleva a preguntarme por qué no lo hizo cuando era ministro. Debemos hacernos varias preguntas, ya que la opinión pública, los jubilados y los trabajadores están involucrados en este debate y también tendrán sus dudas.
En cuanto a la devolución a las provincias, nosotros ponemos el foco en que el problema es el desfinanciamiento de la ANSES. Por lo tanto, los jubilados, a través de una descapitalización de la ANSES -lo mismo sucederá si se acepta la venta de las acciones-, van a estar financiando, en este caso, la devolución de un impuesto que es parte de la coparticipación de las provincias. Nosotros creemos que hay que gravar la renta financiera para compensar la pérdida que tenga la ANSES y eso no está previsto.
Nuestro dictamen hace eje en el problema de los jubilados, y aquí el primer problema es que el 85 por ciento de los jubilados está afuera de este presunto beneficio. Por eso, el artículo 1° de nuestro dictamen propone 6 mil pesos de aumento de emergencia a la jubilación mínima. Estos son los 11 mil pesos para el mes de marzo que estableció la Defensoría de la Tercera Edad en su intervención en este plenario de comisiones. La jubilación mínima tiene que ser de 11 mil pesos, y a partir de ahí hay que salir a buscar las fuentes del financiamiento, que son varias.
Creemos que además hay que restituir el 82 por ciento móvil a partir del 1° de Septiembre, reponiendo los aportes patronales que fueron rebajados por Menem y Cavallo en el año 1994. El tema ha sido mencionado en distintos debates, pero ninguno de los bloques políticos que han intervenido hasta ahora se ha referido a este tema absolutamente vital y que ha sido el primer golpe que ha sufrido todo el sistema previsional.
Hoy hemos hecho cálculos que además coinciden con las estimaciones del Instituto del Pensamiento y las Políticas Públicas de la CTA, que nos da un monto de 280 mil millones de pesos anuales a valores actuales, nada menos que 6 billones de pesos en los últimos veintitrés años.
Creemos que reponiendo los aportes patronales como primera medida, se puede pensar en tener una jubilación mínima de 11 mil pesos y restituir el 82 por ciento móvil.
Luego, en nuestro dictamen también incluimos una cláusula por el problema del trabajo en negro, porque aquí se está adaptando el sistema legal al cuarenta por ciento de la Argentina en negro. Por el contrario, tenemos que terminar con la Argentina en negro.
Estamos presentando la misma propuesta que hicimos en mayo de 2014 frente a una falsa ley de blanqueo que elaboró el kirchnerismo, y que aprobaron la mayoría de los bloques aquí presentes, que fue una rebaja de los aportes patronales para blanquear trabajadores. A dos años vista, el resultado es negativo. ¿Vamos a seguir bajando aportes patronales y dando incentivos impositivos con el cuento del blanqueo, o de la promoción del empleo? Y ahora se viene la ley de empleo joven de Triaca. ¡De ninguna manera!
Esa es una mentira noventista. Para blanquear a los trabajadores hay que darles estabilidad. Nosotros planteamos una estabilidad de 36 meses para aquellos que notifiquen al Estado y a la patronal que están "en negro". Entonces, a partir de los afectados, y dándoles derechos a las víctimas del trabajo "en negro", vamos a poder terminar con ese problema. Este es un punto crucial para lograr la recomposición del sistema jubilatorio.
Aquí no se está pensando en reparar el sistema jubilatorio. No hablemos de reparación histórica, porque esos son los excesos que a veces resultan indignantes. No se está pensando en reparar el sistema jubilatorio sino en una pensión de la vejez. Esto es muy claro en el punto -que también rechazamos- de elevar la edad de la mujer a 65 años para obtener una pensión asistencial equivalente al 80 por ciento de la mínima.
Creemos que nadie debe ganar menos de la mínima, y estamos incluyendo en nuestro dictamen a las rentas vitalicias, que han sido dejadas de lado la nacionalizar las AFJP y siguen recibiendo importes de miseria. Nuestro dictamen permite que reciban la jubilación mínima.
Finalmente planteamos que la ANSES no puede ser más un coto que los gobiernos utilicen para financiarse. Creemos que las quitas que se haría a los titulares de las causas judiciales o a los judiciables que no hayan iniciado causas -que, repetimos, son el 15 por ciento de los jubilados- son enormes. Para los que no tienen juicio, que son la abrumadora mayoría, la quita de la retroactividad es total. Los otros también sufren quitas muy importantes. En un cálculo global, la quita es del 70 por ciento. Y llegamos al ridículo de que a los que tienen sentencia firme y tienen presupuestados 12.500 millones de pesos, se les quiere postergar el pago mediante la declaración de la emergencia litigiosa.
En este sentido, denunciamos que la emergencia litigiosa apunta a no pagarles a los jubilados que tienen sentencia firme. ¡No le mintamos al pueblo! ¡Dejemos de disfrazar la realidad, porque por la emergencia litigiosa los van a poner a esperar a los que tenían que cobrar ahora mismo, y les van a decir "Ustedes agarren el 50 por ciento y las cuotas trimestrales, sin intereses, con la sola movilidad jubilatoria, o no tienen nada, porque estamos en emergencia litigiosa"! Ese es el tema: ¡la emergencia litigiosa no es ningún debate técnico, sino una confiscación de los derechos adquiridos por parte de los jubilados que tienen juicio o pueden tenerlo! ¡Es un robo a los jubilados!
Entonces, nos oponemos vertebralmente porque el blanqueo no es para financiar un beneficio y porque no hay tal beneficio sino una confiscación de los derechos adquiridos de los jubilados.
Esto va a seguir ocurriendo en tanto la ANSES sea un coto de financiamiento del Estado con cualquier otro fin: pagar la deuda o subsidiar cualquier otra actividad económica y no los derechos de los jubilados.
Por ello, entendemos que la ANSES tiene que estar administrada por trabajadores y jubilados electos especialmente a tal efecto. Hay que devolver la ANSES a los trabajadores. (Aplausos.)
Creemos que este blanqueo es la plataforma de un acuerdo de impunidad de la Argentina off shore. Y este es el gancho para que lo apoyen los bloques políticos que se referencian en esos capitales off shore, porque ahí ¿cuál es el listado que no quieren que se conozca? El listado del artículo 32 de la AFIP, que se hizo famoso por Cristóbal López, el listado del dólar futuro que nunca conocimos en los seis mil contratados y donde entran capitales de oficialistas y opositores, oficialistas de hoy y opositores de hoy, oficialistas de ayer y opositores de ayer, o en el Panama Papers, que tiene la misma característica.
Este blanqueo tiene ese contenido. Venimos a desmentir que sea para financiar un beneficio a los jubilados. Esta es una mentira de dos vías.
Según los cálculos optimistas, el blanqueo podría otorgar un beneficio impositivo de 1600 millones de dólares a fines de 2019. Son monedas. La importancia que tiene el blanqueo es otra: ofrecer bonos de la deuda a tasas que al 5 por ciento en dólares más que duplica las tasas internacionales. Y esa gente no va a tener penalización de la Ley Penal Tributaria, del conjunto de impuestos que tendrían que pagar, etcétera. Los deudores del país que se robaron el país y la Patria con la que se llenan la boca, van a pasar a ser acreedores mediante los bonos tentadores que se les ofrecen para blanquear sus capitales off shore.
Esta es la realidad. Más allá de que pueden blanquear bienes en el exterior y todo lo demás, esto no va a financiar ningún beneficio a los jubilados. También vamos a decir que es una confiscación a los derechos adquiridos de los jubilados y no un beneficio.
Sobre el tema que se ha meneado aquí del problema de la excepción de legisladores, de funcionarios del Poder Ejecutivo, de jueces, que se puede ampliar, que puede ir hasta los primos, no tiene ninguna importancia, porque los que sí van a estar son los de la patria contratista. Los Lázaro Báez, los Calcaterra van a estar todos. Pueden dormir tranquilos. Esos van a estar todos. Lo mismo que el capital financiero y todo ese capital internacional y nacional que sigue fugando capitales.
Ahí voy al punto para cerrar un poco este tema del blanqueo. Está fracasando la lluvia de inversiones. En el primer cuatrimestre, se han vuelto a ir 3.700 millones de dólares de fuga de capitales. Este blanqueo es la tentación para que vengan a los bonos de la deuda, para que vengan porque no alcanza la bicicleta financiera. Y la pauta la ha dado el presidente Macri con sus 18 millones de las Bahamas que estaría poniendo como un ahorrito en LEBAC del Banco Central.
Este es el punto, este el objetivo de esta mega ley, puede tener otros, pero este es el objetivo central.
Repudiamos -digo de paso por los debates escuchados- todas las reivindicaciones de los actuales oficialistas, de los ex oficialistas, especialmente de las apelaciones de la ANSES. Por favor, es un crimen de Estado apelar contra jubilados que están litigando por derechos residuales de un sistema aniquilado, porque ya no pueden litigar por el 82 por ciento móvil, no existe más. Están litigando por algunos derechos residuales y se apela hasta la muerte. Es una política criminal de parte del Estado hacia jubilados que ganan 4.959 pesos, en su abrumadora mayoría. Repudiamos este tipo de reivindicaciones.
Ahora el blanqueo es un adelanto sospechoso de algo que estaba obligado por un protocolo internacional que han firmado más de cien países después del 1º de enero. ¿Por qué no esperaron a ver quiénes tenían que entrar obligadamente en el blanqueo de 2017, de tipo internacional que serían pasible del total de los impuestos y de las leyes penales tributarias?
En relación con el problema del artículo 85, que se ha festejado que el presidente Macri y todos dieron garantías de cambiarlo, queremos ver el cambio. ¿Saben por qué? Porque el artículo 85 tiene la aberración de penalizar a los periodistas, que ya se sabe que es una intención y no un error, porque después varios días la gobernadora María Eugenia Vidal insistió sobre el tema. Cuando saltó la liebre volvió a hacer un decreto para reformar el decreto que hacía 48 horas había hecho.
Sin embargo, la intención de fondo no es solo penalizar a los periodistas; ese es el eslabón final. La intención es que no se conozca el listado de los que se acojan al blanqueo. Este punto es consistente con nuestro cuestionamiento al artículo 8° de la ley de acceso a la información pública, que es un compendio de excepciones más importante que toda la ley, que protege el secreto financiero y comercial; detrás de ello se sostiene el secreto y la reserva de los vaciadores de la Argentina offshore.
La eliminación del impuesto a los bienes personales es definitivamente una política regresiva. Nuestra posición en este punto es que la vivienda única no puede estar afectada por el impuesto a los bienes personales. Aquí hay un cambio previsto en los mínimos pero hasta ahora, con 305 mil pesos cualquier trabajador estaba afectado por el impuesto a los bienes personales por el hecho de tener un departamento.
Para nosotros, la vivienda única tiene que estar exceptuada y estamos en contra de la eliminación del impuesto a la riqueza, ya sea ahora o en 2019.
Que un ex ministro exprese que está en contra del carácter del impuesto, que no sea un mínimo no imponible, me lleva a preguntarme por qué no lo hizo cuando era ministro. Debemos hacernos varias preguntas, ya que la opinión pública, los jubilados y los trabajadores están involucrados en este debate y también tendrán sus dudas.
En cuanto a la devolución a las provincias, nosotros ponemos el foco en que el problema es el desfinanciamiento de la ANSES. Por lo tanto, los jubilados, a través de una descapitalización de la ANSES -lo mismo sucederá si se acepta la venta de las acciones-, van a estar financiando, en este caso, la devolución de un impuesto que es parte de la coparticipación de las provincias. Nosotros creemos que hay que gravar la renta financiera para compensar la pérdida que tenga la ANSES y eso no está previsto.
Nuestro dictamen hace eje en el problema de los jubilados, y aquí el primer problema es que el 85 por ciento de los jubilados está afuera de este presunto beneficio. Por eso, el artículo 1° de nuestro dictamen propone 6 mil pesos de aumento de emergencia a la jubilación mínima. Estos son los 11 mil pesos para el mes de marzo que estableció la Defensoría de la Tercera Edad en su intervención en este plenario de comisiones. La jubilación mínima tiene que ser de 11 mil pesos, y a partir de ahí hay que salir a buscar las fuentes del financiamiento, que son varias.
Creemos que además hay que restituir el 82 por ciento móvil a partir del 1° de Septiembre, reponiendo los aportes patronales que fueron rebajados por Menem y Cavallo en el año 1994. El tema ha sido mencionado en distintos debates, pero ninguno de los bloques políticos que han intervenido hasta ahora se ha referido a este tema absolutamente vital y que ha sido el primer golpe que ha sufrido todo el sistema previsional.
Hoy hemos hecho cálculos que además coinciden con las estimaciones del Instituto del Pensamiento y las Políticas Públicas de la CTA, que nos da un monto de 280 mil millones de pesos anuales a valores actuales, nada menos que 6 billones de pesos en los últimos veintitrés años.
Creemos que reponiendo los aportes patronales como primera medida, se puede pensar en tener una jubilación mínima de 11 mil pesos y restituir el 82 por ciento móvil.
Luego, en nuestro dictamen también incluimos una cláusula por el problema del trabajo en negro, porque aquí se está adaptando el sistema legal al cuarenta por ciento de la Argentina en negro. Por el contrario, tenemos que terminar con la Argentina en negro.
Estamos presentando la misma propuesta que hicimos en mayo de 2014 frente a una falsa ley de blanqueo que elaboró el kirchnerismo, y que aprobaron la mayoría de los bloques aquí presentes, que fue una rebaja de los aportes patronales para blanquear trabajadores. A dos años vista, el resultado es negativo. ¿Vamos a seguir bajando aportes patronales y dando incentivos impositivos con el cuento del blanqueo, o de la promoción del empleo? Y ahora se viene la ley de empleo joven de Triaca. ¡De ninguna manera!
Esa es una mentira noventista. Para blanquear a los trabajadores hay que darles estabilidad. Nosotros planteamos una estabilidad de 36 meses para aquellos que notifiquen al Estado y a la patronal que están "en negro". Entonces, a partir de los afectados, y dándoles derechos a las víctimas del trabajo "en negro", vamos a poder terminar con ese problema. Este es un punto crucial para lograr la recomposición del sistema jubilatorio.
Aquí no se está pensando en reparar el sistema jubilatorio. No hablemos de reparación histórica, porque esos son los excesos que a veces resultan indignantes. No se está pensando en reparar el sistema jubilatorio sino en una pensión de la vejez. Esto es muy claro en el punto -que también rechazamos- de elevar la edad de la mujer a 65 años para obtener una pensión asistencial equivalente al 80 por ciento de la mínima.
Creemos que nadie debe ganar menos de la mínima, y estamos incluyendo en nuestro dictamen a las rentas vitalicias, que han sido dejadas de lado la nacionalizar las AFJP y siguen recibiendo importes de miseria. Nuestro dictamen permite que reciban la jubilación mínima.
Finalmente planteamos que la ANSES no puede ser más un coto que los gobiernos utilicen para financiarse. Creemos que las quitas que se haría a los titulares de las causas judiciales o a los judiciables que no hayan iniciado causas -que, repetimos, son el 15 por ciento de los jubilados- son enormes. Para los que no tienen juicio, que son la abrumadora mayoría, la quita de la retroactividad es total. Los otros también sufren quitas muy importantes. En un cálculo global, la quita es del 70 por ciento. Y llegamos al ridículo de que a los que tienen sentencia firme y tienen presupuestados 12.500 millones de pesos, se les quiere postergar el pago mediante la declaración de la emergencia litigiosa.
En este sentido, denunciamos que la emergencia litigiosa apunta a no pagarles a los jubilados que tienen sentencia firme. ¡No le mintamos al pueblo! ¡Dejemos de disfrazar la realidad, porque por la emergencia litigiosa los van a poner a esperar a los que tenían que cobrar ahora mismo, y les van a decir "Ustedes agarren el 50 por ciento y las cuotas trimestrales, sin intereses, con la sola movilidad jubilatoria, o no tienen nada, porque estamos en emergencia litigiosa"! Ese es el tema: ¡la emergencia litigiosa no es ningún debate técnico, sino una confiscación de los derechos adquiridos por parte de los jubilados que tienen juicio o pueden tenerlo! ¡Es un robo a los jubilados!
Entonces, nos oponemos vertebralmente porque el blanqueo no es para financiar un beneficio y porque no hay tal beneficio sino una confiscación de los derechos adquiridos de los jubilados.
Esto va a seguir ocurriendo en tanto la ANSES sea un coto de financiamiento del Estado con cualquier otro fin: pagar la deuda o subsidiar cualquier otra actividad económica y no los derechos de los jubilados.
Por ello, entendemos que la ANSES tiene que estar administrada por trabajadores y jubilados electos especialmente a tal efecto. Hay que devolver la ANSES a los trabajadores. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Solá.
SR. SOLÁ Señor presidente: creo que sobre el proyecto se ha dicho mucho de lo que importaba, a favor y en contra, sobre todo en relación a los cambios del texto original.
Desde ya, comparto que ese proyecto engloba por lo menos cuatro aspectos, cuando deberían haber venido cuatro iniciativas separadas, y contrabandea temas, en el sentido de que busca una aprobación en general para después seguramente tener algún revés en particular. Eso es así y me parece que no se lo puede desmentir. Es una especie de colectivo largo o de tren corto, pero así entró.
Creo que vamos a coincidir en que no existe la emergencia, y espero que así sea, porque esa es una palabra que nos trae malos recuerdos y que hace que alguien pierda. Normalmente, cuando hay una emergencia pierde el que no puede protegerse de ella, y ya sabemos quiénes son los que no pueden protegerse de una emergencia.
Me alegro de que se haya modificado el tema de las mujeres, en cuanto a los 60 años, y que se haya puesto límites al movimiento de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
T.26
APV
PySS
Coincido con la necesidad de discutir en serio lo más importante para quienes están en la calle, no solo los que están militando y que vienen cuando estamos votando una ley relativa al tema, los jubilados que militan, sino todos los jubilados del país, ante quienes que me parece que el oficialismo ha creado una excesiva expectativa sobre esto, dado el número de jubilados que van a ser alcanzados por este proyecto, por un lado, y por el otro lado, por la exageración que se ha hecho desde la ANSES el jueves pasado en relación a dos cuestiones. Primero, cuál es el porcentaje de aumento real que van a tener los jubilados mensualmente, y segundo, cuál va a ser el ritmo de la ANSES para las tramitaciones que tiene que llevar a cabo en las transacciones.
Quiero hacer una salvedad sobre el tema de la pensión a los adultos, también llamada pensión a los abuelos o peor todavía, pensión a los "abuelitos". Posiblemente, esté un poco sensibilizado porque soy abuelo y tengo 65 años, que es la edad de jubilación, pero no los dejaré jubilarme.
La verdad es que esa idea del "abuelito", es una idea medio estúpida porque es como el viejito que hay que protegerlo y gracias a papá Macri que le va a dar una caricia a nuestros abuelitos, que son estúpidos. Dicho esto todo en broma. Entonces, necesitan de la caridad. Y si hay algo despreciable es la caridad, y sobre todo con la plata de otro o con la plata de todos.
Lo que necesitan quienes no están en el sistema, porque no se han jubilado, ya que durante mucho tiempo este país permitió y sigue permitiendo y es una culpa que me cabe tanto a mí como a otros -o más a mí que he sido funcionario público y gobernador-, es que el Estado reconozca que no ha podido meterlos en un sistema formal y darle todos sus plenos derechos. La mayoría tiene un año acá, dos años allá, tres años que trabajó, changas que hizo en el medio, tiempo que estuvo sin laburo, etcétera, pero son hombres de trabajo.
Por lo tanto, no tienen que estar en la categoría "abuelito" sino en la categoría jubilados. Deben ser jubilados, como lo fueron entre el 2005 y 2007 más de dos millones de argentinos. Esa categoría de jubilados no es ninguna categoría especial, los iguala con todos los demás, no en el sentido de lo que cobran pero sí en el sentido de lo que implica la palabra jubilado. ¿Por qué los iguala? Porque cuando decimos "jubilados" pensamos, primero en una vida de trabajo, si fue formar o informal es aparte. Que el país se haga cargo; y el país somos todos. Segundo, pensamos en la injusticia. Un jubilado va con injusticia. Tal es así que las jubilaciones importantes o altas se llaman especiales o de privilegio. Todas las demás son de ausencia de privilegio, es decir, sufrimiento.
Entonces, la categoría de jubilados no hay que sacársela a alguien porque no esté jubilado; hay que dársela, hay que prorrogar aún más la moratoria y que todos entren, deban lo que deban. Debemos ver cuáles van a ser los descuentos de alguien que tiene muy pocos años de aporte, pero que tiene 65 años y no inventar pensiones a los abuelitos que son dádivas.
No inventemos más subcategorías, no inventemos más argentinos que están subcategorizados, ya tenemos varias subcategorías de apoyos sociales que no han hecho otra cosa que aislar y generar una dependencia directa a quienes integran esa subcategoría; pues que sean jubilados y mientras tanto discutamos la mínima. No es que finalmente es lo mismo porque es la misma plata. No, no es lo mismo.
Dicho esto, quiero proponer algo frente a la cuestión del blanqueo, lleno de eufemismo en la norma, porque decir blanqueo parece que es un tema negro.
Nos guste o no nos guste, el blanqueo va a salir. A mí no me gusta nada del blanqueo. No me gustaron el blanqueo de 2008 ni el de 2013 ni este blanqueo. Y me parece que además no va a ser una solución desde el punto de vista financiero que le de sustentabilidad al FGS, no se lo va a dar porque las cifras no cierran y porque el pago es una vez y el aumento que puede haber en la carga impositiva, va a ser mucho más importante si aumenta la actividad económica que en términos patrimoniales.
Además, en términos patrimoniales parece que no se quiere cobrar, solo lo cobran las provincias y los municipios, el Estado nacional no quiere cobrar. Le da vergüenza cobrar el impuesto a los bienes personales. Le da vergüenza porque es un impuesto que fue subalternizado, es un impuesto que fue maltratado en lugar de ser un impuesto relevante e importante. Al dejarlo en 300 mil pesos de mínimo, le estaban tomando el pelo a todo el mundo. Se llama impuesto a la riqueza.
Entonces, ellos destruyeron el impuesto y ahora dicen que no lo saben cobrar y que no lo pueden cobrar. Y es el impuesto más progresista que hay. Por supuesto, el más progresivo que hay es ese, frente a todos los demás de fácil cobrabilidad, indirectos.
Por lo tanto, es una obviedad que no va a ser reemplazado por el impuesto a la herencia. Tomo apuestas aquí a quien quiera a que no llega nunca del Ejecutivo un impuesto a la herencia en serio. El primer impuesto que volteó Martínez de Hoz al asumir fue el de la herencia.
T.27
APV
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Desde ya, comparto que ese proyecto engloba por lo menos cuatro aspectos, cuando deberían haber venido cuatro iniciativas separadas, y contrabandea temas, en el sentido de que busca una aprobación en general para después seguramente tener algún revés en particular. Eso es así y me parece que no se lo puede desmentir. Es una especie de colectivo largo o de tren corto, pero así entró.
Creo que vamos a coincidir en que no existe la emergencia, y espero que así sea, porque esa es una palabra que nos trae malos recuerdos y que hace que alguien pierda. Normalmente, cuando hay una emergencia pierde el que no puede protegerse de ella, y ya sabemos quiénes son los que no pueden protegerse de una emergencia.
Me alegro de que se haya modificado el tema de las mujeres, en cuanto a los 60 años, y que se haya puesto límites al movimiento de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
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Coincido con la necesidad de discutir en serio lo más importante para quienes están en la calle, no solo los que están militando y que vienen cuando estamos votando una ley relativa al tema, los jubilados que militan, sino todos los jubilados del país, ante quienes que me parece que el oficialismo ha creado una excesiva expectativa sobre esto, dado el número de jubilados que van a ser alcanzados por este proyecto, por un lado, y por el otro lado, por la exageración que se ha hecho desde la ANSES el jueves pasado en relación a dos cuestiones. Primero, cuál es el porcentaje de aumento real que van a tener los jubilados mensualmente, y segundo, cuál va a ser el ritmo de la ANSES para las tramitaciones que tiene que llevar a cabo en las transacciones.
Quiero hacer una salvedad sobre el tema de la pensión a los adultos, también llamada pensión a los abuelos o peor todavía, pensión a los "abuelitos". Posiblemente, esté un poco sensibilizado porque soy abuelo y tengo 65 años, que es la edad de jubilación, pero no los dejaré jubilarme.
La verdad es que esa idea del "abuelito", es una idea medio estúpida porque es como el viejito que hay que protegerlo y gracias a papá Macri que le va a dar una caricia a nuestros abuelitos, que son estúpidos. Dicho esto todo en broma. Entonces, necesitan de la caridad. Y si hay algo despreciable es la caridad, y sobre todo con la plata de otro o con la plata de todos.
Lo que necesitan quienes no están en el sistema, porque no se han jubilado, ya que durante mucho tiempo este país permitió y sigue permitiendo y es una culpa que me cabe tanto a mí como a otros -o más a mí que he sido funcionario público y gobernador-, es que el Estado reconozca que no ha podido meterlos en un sistema formal y darle todos sus plenos derechos. La mayoría tiene un año acá, dos años allá, tres años que trabajó, changas que hizo en el medio, tiempo que estuvo sin laburo, etcétera, pero son hombres de trabajo.
Por lo tanto, no tienen que estar en la categoría "abuelito" sino en la categoría jubilados. Deben ser jubilados, como lo fueron entre el 2005 y 2007 más de dos millones de argentinos. Esa categoría de jubilados no es ninguna categoría especial, los iguala con todos los demás, no en el sentido de lo que cobran pero sí en el sentido de lo que implica la palabra jubilado. ¿Por qué los iguala? Porque cuando decimos "jubilados" pensamos, primero en una vida de trabajo, si fue formar o informal es aparte. Que el país se haga cargo; y el país somos todos. Segundo, pensamos en la injusticia. Un jubilado va con injusticia. Tal es así que las jubilaciones importantes o altas se llaman especiales o de privilegio. Todas las demás son de ausencia de privilegio, es decir, sufrimiento.
Entonces, la categoría de jubilados no hay que sacársela a alguien porque no esté jubilado; hay que dársela, hay que prorrogar aún más la moratoria y que todos entren, deban lo que deban. Debemos ver cuáles van a ser los descuentos de alguien que tiene muy pocos años de aporte, pero que tiene 65 años y no inventar pensiones a los abuelitos que son dádivas.
No inventemos más subcategorías, no inventemos más argentinos que están subcategorizados, ya tenemos varias subcategorías de apoyos sociales que no han hecho otra cosa que aislar y generar una dependencia directa a quienes integran esa subcategoría; pues que sean jubilados y mientras tanto discutamos la mínima. No es que finalmente es lo mismo porque es la misma plata. No, no es lo mismo.
Dicho esto, quiero proponer algo frente a la cuestión del blanqueo, lleno de eufemismo en la norma, porque decir blanqueo parece que es un tema negro.
Nos guste o no nos guste, el blanqueo va a salir. A mí no me gusta nada del blanqueo. No me gustaron el blanqueo de 2008 ni el de 2013 ni este blanqueo. Y me parece que además no va a ser una solución desde el punto de vista financiero que le de sustentabilidad al FGS, no se lo va a dar porque las cifras no cierran y porque el pago es una vez y el aumento que puede haber en la carga impositiva, va a ser mucho más importante si aumenta la actividad económica que en términos patrimoniales.
Además, en términos patrimoniales parece que no se quiere cobrar, solo lo cobran las provincias y los municipios, el Estado nacional no quiere cobrar. Le da vergüenza cobrar el impuesto a los bienes personales. Le da vergüenza porque es un impuesto que fue subalternizado, es un impuesto que fue maltratado en lugar de ser un impuesto relevante e importante. Al dejarlo en 300 mil pesos de mínimo, le estaban tomando el pelo a todo el mundo. Se llama impuesto a la riqueza.
Entonces, ellos destruyeron el impuesto y ahora dicen que no lo saben cobrar y que no lo pueden cobrar. Y es el impuesto más progresista que hay. Por supuesto, el más progresivo que hay es ese, frente a todos los demás de fácil cobrabilidad, indirectos.
Por lo tanto, es una obviedad que no va a ser reemplazado por el impuesto a la herencia. Tomo apuestas aquí a quien quiera a que no llega nunca del Ejecutivo un impuesto a la herencia en serio. El primer impuesto que volteó Martínez de Hoz al asumir fue el de la herencia.
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SR. PRESIDENTE DAER Le pediría que no haga apuestas porque esta no es una sala de juegos, señor diputado.
SR. SOLÁ Tomo apuestas. Puedo tomar apuestas políticas, no se pagan. Las acabo de inventar.
Ya que aparentemente va a salir el blanqueo, quiero sugerir quiénes van a estar excluidos de él. Hay una resolución de la Unidad de Información Financiera, de noviembre de 2011, que establece en su artículo 1º, que debe tomarse el artículo 5º de la ley 25.188, donde aparecen el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los magistrados del Poder Judicial, los del Ministerio Público de la Nación, el defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos, el jefe de Gabinete, los ministros, secretarios, subsecretarios, los interventores federales -si los hubiera, Dios quiera que no-, el síndico general de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura, presidente y auditores generales de la Auditoría General de la Nación, los miembros del Consejo de la Magistratura, los embajadores, cónsules, personal de las fuerzas armadas, etcétera. Bueno, no voy a hacerlo más largo, es tarde. Pero al final dice, y esto es muy importante, que de todos esos puestos y lugares que hemos citado, se debe tener en cuenta a los parientes: a los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad -porque habría que decirle al amigo Axel que no conocemos a nuestros primos cuartos o sextos, que por ahí viven no se sabe dónde, en Groenlandia-, o de afinidad de las personas a las que refieren todas esas categorías.
Sugiero que se tome esa resolución de la UIF, de noviembre de 2011 para poner un artículo adicional, ya que yo no lo he encontrado el proyecto. Esa es mi sugerencia.
Ya que aparentemente va a salir el blanqueo, quiero sugerir quiénes van a estar excluidos de él. Hay una resolución de la Unidad de Información Financiera, de noviembre de 2011, que establece en su artículo 1º, que debe tomarse el artículo 5º de la ley 25.188, donde aparecen el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los magistrados del Poder Judicial, los del Ministerio Público de la Nación, el defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos, el jefe de Gabinete, los ministros, secretarios, subsecretarios, los interventores federales -si los hubiera, Dios quiera que no-, el síndico general de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura, presidente y auditores generales de la Auditoría General de la Nación, los miembros del Consejo de la Magistratura, los embajadores, cónsules, personal de las fuerzas armadas, etcétera. Bueno, no voy a hacerlo más largo, es tarde. Pero al final dice, y esto es muy importante, que de todos esos puestos y lugares que hemos citado, se debe tener en cuenta a los parientes: a los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el tercer grado de consanguinidad -porque habría que decirle al amigo Axel que no conocemos a nuestros primos cuartos o sextos, que por ahí viven no se sabe dónde, en Groenlandia-, o de afinidad de las personas a las que refieren todas esas categorías.
Sugiero que se tome esa resolución de la UIF, de noviembre de 2011 para poner un artículo adicional, ya que yo no lo he encontrado el proyecto. Esa es mi sugerencia.
SR. PRESIDENTE DAER Será el artículo que describe a las personas políticamente expuestas.
SR. SOLÁ Exactamente, tal vez ese título - las PPE- nos permita alcanzar rápidamente la solución del problema.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Díaz Roig.
SR. DÍAZ ROIG Realmente a veces admiro la capacidad que tenemos para disimular la realidad y hacer un relato, pero más admiro a aquellos que además consiguen convencer a las grandes mayorías.
Siempre cito a Robert Proctor, de la Universidad de Stranford, que ha llamado a esta capacidad la técnica de la agnotología.
Plantearle al pueblo argentino que estamos en emergencia previsional y en crisis de litigiosidad realmente requiere de mucho talento. Días pasados, un periodista me ha preguntado si esta idea no se me ha ocurrido. No se me ocurrió, ¿Cómo se me va a ocurrir? Los jubilados que han hecho juicios representan a menos del 3 por ciento, 7.700.000 jubilados, más un millón y pico de pensionados graciables.
Tenemos el mejor sistema previsional de América Latina, la mejor jubilación mínima y media, la mejor fórmula de movilidad, la mayor cobertura histórica y venimos a decir que estamos en emergencia. Lo más notable -felicito sobre todo a Durán Barba- es que consiguen que grandes mayorías lo crean.
A los que les debemos pagar en un año les vamos a pagar a cuatro años, pero los convencemos de que les estamos haciendo un favor. Estos son 50 mil jubilados. Vamos a pagarles a 350 mil, sabiendo que hay 80 mil a los que no les corresponde, pero insistimos en que les vamos a pagar. Les vamos a pagar a los que les corresponde y a los que no. No sabemos cuántos de esos 350 mil representan a los que sí les corresponde cobrar.
Además, decimos que de los 7 millones de jubilados hay 2 millones a los cuales les estamos liquidando mal su pago. Y adicionalmente, les decimos que tienen que venir con un abogado. Yo me imagino que los abogados previsionales estarán saltando en una pata, porque 7 millones de jubilados irán a consultarlos.
Por si esto fuera poco, se dijo en este recinto que tenemos la capacidad de liquidar 100 mil sentencias por mes, y además se dijo que también le podía tocar el reajuste a los de la moratoria. Me pregunto si quienes expresan todas estas afirmaciones duermen tranquilos de noche.
¿Ustedes saben que la moratoria se les ha dado a los que no tienen aportes? ¿Cómo les vamos a reajustar los aportes que no tienen? No sé, mi talento no llega a tanto.
Quien habló en representación de nuestro bloque ha hecho una exposición general brillante. Nuestro dictamen afirma que a las 50.000 primeras sentencias les paguemos todo ya mismo, como también lo han propuesto los bloques Socialista, el del Frente Renovador y el del señor diputado Bossio. No tenemos por qué demorar dichos pagos.
El problema se nos genera con los jubilados del segundo tramo y nosotros haremos una propuesta. Les pido que estudien con toda responsabilidad, y por tal motivo les he solicitado los datos para no hacer afirmaciones en el aire. Por eso, hasta que me demuestren lo contrario, los datos que tengo son los que tomo como válidos.
Calculo unos 240 mil juicios. Según el dato oficial que tenemos a los 380 mil si les restamos 50 mil serían unos 330 mil juicios, ese fue el dato que expusieron aquí. Al respecto creo que el criterio razonable que podemos resolver es pagarles a todos los que tengan sentencia de primera, o de segunda instancia, que no sean firmes. Esto ya nos tiene que eliminar una muy buena cantidad que, a ojo de buen cubero, no debieran ser menos de 100 mil de estos 200 o 300 mil jubilados.
¿Por qué les pagamos primero a los que tienen sentencia de primera o segunda instancia? Porque de esta manera eximimos a la ANSES de su obligación de apelar y estas sentencias pasan directamente a liquidación; y como la liquidación de estas sentencias -ya sean de primera o de segunda instancia- es conceptual...
Siempre cito a Robert Proctor, de la Universidad de Stranford, que ha llamado a esta capacidad la técnica de la agnotología.
Plantearle al pueblo argentino que estamos en emergencia previsional y en crisis de litigiosidad realmente requiere de mucho talento. Días pasados, un periodista me ha preguntado si esta idea no se me ha ocurrido. No se me ocurrió, ¿Cómo se me va a ocurrir? Los jubilados que han hecho juicios representan a menos del 3 por ciento, 7.700.000 jubilados, más un millón y pico de pensionados graciables.
Tenemos el mejor sistema previsional de América Latina, la mejor jubilación mínima y media, la mejor fórmula de movilidad, la mayor cobertura histórica y venimos a decir que estamos en emergencia. Lo más notable -felicito sobre todo a Durán Barba- es que consiguen que grandes mayorías lo crean.
A los que les debemos pagar en un año les vamos a pagar a cuatro años, pero los convencemos de que les estamos haciendo un favor. Estos son 50 mil jubilados. Vamos a pagarles a 350 mil, sabiendo que hay 80 mil a los que no les corresponde, pero insistimos en que les vamos a pagar. Les vamos a pagar a los que les corresponde y a los que no. No sabemos cuántos de esos 350 mil representan a los que sí les corresponde cobrar.
Además, decimos que de los 7 millones de jubilados hay 2 millones a los cuales les estamos liquidando mal su pago. Y adicionalmente, les decimos que tienen que venir con un abogado. Yo me imagino que los abogados previsionales estarán saltando en una pata, porque 7 millones de jubilados irán a consultarlos.
Por si esto fuera poco, se dijo en este recinto que tenemos la capacidad de liquidar 100 mil sentencias por mes, y además se dijo que también le podía tocar el reajuste a los de la moratoria. Me pregunto si quienes expresan todas estas afirmaciones duermen tranquilos de noche.
¿Ustedes saben que la moratoria se les ha dado a los que no tienen aportes? ¿Cómo les vamos a reajustar los aportes que no tienen? No sé, mi talento no llega a tanto.
Quien habló en representación de nuestro bloque ha hecho una exposición general brillante. Nuestro dictamen afirma que a las 50.000 primeras sentencias les paguemos todo ya mismo, como también lo han propuesto los bloques Socialista, el del Frente Renovador y el del señor diputado Bossio. No tenemos por qué demorar dichos pagos.
El problema se nos genera con los jubilados del segundo tramo y nosotros haremos una propuesta. Les pido que estudien con toda responsabilidad, y por tal motivo les he solicitado los datos para no hacer afirmaciones en el aire. Por eso, hasta que me demuestren lo contrario, los datos que tengo son los que tomo como válidos.
Calculo unos 240 mil juicios. Según el dato oficial que tenemos a los 380 mil si les restamos 50 mil serían unos 330 mil juicios, ese fue el dato que expusieron aquí. Al respecto creo que el criterio razonable que podemos resolver es pagarles a todos los que tengan sentencia de primera, o de segunda instancia, que no sean firmes. Esto ya nos tiene que eliminar una muy buena cantidad que, a ojo de buen cubero, no debieran ser menos de 100 mil de estos 200 o 300 mil jubilados.
¿Por qué les pagamos primero a los que tienen sentencia de primera o segunda instancia? Porque de esta manera eximimos a la ANSES de su obligación de apelar y estas sentencias pasan directamente a liquidación; y como la liquidación de estas sentencias -ya sean de primera o de segunda instancia- es conceptual...
SR. DÍAZ ROIG Nosotros aplicamos la sentencia y de esta manera nos va a definir a cuántos les aumentamos y cuántos no. No importa, Felipe es mi amigo y le perdonamos todo.
Esto facilitaría la gestión y nos dejaría un remanente -no tenemos el número- de los que queden sin sentencia de primera y segunda instancia, no firme, en un segundo escalón. Para ellos tenemos dos propuestas que ya fueron expresadas por el señor diputado Kicillof: comprometer a que la ANSES no apele, acelerar los casos para que lleguen a la sentencia y comprometernos a realizar el pago de todo este tramo dentro de los dos años.
Es decir que este año les pagaríamos a todos aquellos que tienen sentencia firme; el año que viene, a quienes tengan sentencia no firme de primera o segunda instancia, y el tercer año, a todos los que no tengan sentencia, comprometiéndose la ANSES a no apelar ni a diluir el tema.
El problema se presenta en el tercer tramo, porque no sabemos cuántos casos abarca. Yo insisto con mis números, en cuanto a que no debe haber más de 200.000 casos. Además, les doy un argumento que ayer ya anticipé. ¿Ustedes creen que, con la habilidad de los abogados previsionalistas, existen 2 millones de jubilados en la Argentina a los que les correspondería un ajuste y que a aquellos se les haya pasado?
Pero sea el número que fuere, así sean 10, es justo que redeterminemos todos los haberes. Aunque no venga el número, después voy a pedir a la comisión las pautas, y también le voy a pedir a la ANSES -como aporte- las pautas que yo creo que se deben cargar. Porque en estas máquinas grandes una simulación se puede obtener en cinco o seis horas. Así sabríamos el número final y qué pautas que utilizarían.
Entonces, nosotros proponemos que en esos casos se ordene a la ANSES que redetermine absolutamente todos los haberes y que tome los recaudos correspondientes -uno de los cuales seguramente va a ser contratar a más gente- para cumplir esto en el plazo que ellos dicen, de dos años. Entonces, esto se pagaría en tres años, y en cuatro años podríamos tener terminada la pequeña litigiosidad del sistema previsional argentino.
Esto se puede financiar con el FGS, y si vienen los fondos del blanqueo, en buena hora que vayan al FGS para que sea éste el que directamente, con su rentabilidad anual, financie lo que la recaudación anual no permita afrontar.
Insisto en que de esta manera cerraríamos esa brecha, y me da la impresión de que no estamos ante un problema tan grave. Crisis previsional y crisis de litigiosidad -de cada tres jubilados que recibían la determinación inicial de sus haberes, dos hacían juicio- eran las que ocurrían en 2003. Crisis fue la que enfrentó incluso Menem. Ayer compartí una entrevista televisiva con Eduardo Menem, quien contaba cómo era la inflación en aquel tiempo. Crisis fue la que recibió Menem de Alfonsín, con 17.000 millones de dólares en bonos, donde no se pagó durante seis años ni un solo peso de actualización, con una inflación del 650.000 por ciento.
Entonces, frente a los que dicen que la mayor inflación fue la del período kirchnerista, debo señalar que eso es mentira. Se nos dice que hubo un 700 por ciento en doce años, pero en la etapa de Duhalde, Menem y de la Rúa, fue de 20.000 por año; en la etapa de Alfonsín fue de 650.000 por ciento por año, y en la tapa del proceso fue de 340.000 por ciento por año. ¡Esas eran inflaciones y crisis! ¡Esas eran emergencias!
Han recibido un país con 2,1 por ciento de crecimiento; que el último año creó 150.000 puestos de empleos privados; que en los últimos cuatro años de la gran crisis, la famosa "pesada herencia", generó 800.000 empleos; que tenía 770.000 millones de dólares de PBI a diciembre, y que con la devaluación pasó a 505.000 millones de dólares; que era la potencia número 22 -y ahora somos la número 31-, con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tenía 77.000 millones de dólares a diciembre y que hoy tiene 53.000 millones de dólares, según la última información; perdimos 22.000 millones de dólares. Y aun así tenemos la mejor mínima, la mejor media, la mejor fórmula de movilidad y la mejor cobertura de América Latina.
Hay algo que no vamos a perder, porque gracias a Dios, y también -por qué no decirlo- a la amplitud del oficialismo, que aceptó la mayoría de las sugerencias que hemos hecho, se va a mantener el sistema público de reparto y a eliminar la hipótesis de la pensión, con lo que vamos a seguir teniendo el mejor sistema previsional de América Latina.
Por eso nos permitimos hacer estas sugerencias, y felicitamos a este Congreso por tener este pluralismo, que evidentemente nos hace bien, y que nosotros a veces tenemos que entenderlo. Hay muchas cosas que no creemos. Porque si dicen una cosa hoy y la niegan mañana, se hace difícil creer. Cuando dicen: "no vamos a devaluar" y devalúan, o cuando presentan -para mi una técnica muy buena de Durán Barba-, al Macri malo y después al Macri bueno. El Macri malo es que hace una barbaridad, el Macri bueno es el que después reconoce y ordena que se cambie. Pero lo hacen todos los días, la corrigen, y está bien son técnicas. Pero nosotros no tenemos que desprestigiarnos en la política o descalificarnos porque sí. Sí es más grave, y lo sabemos, que hay un debate y tenemos que darlo con altura.
Hay dos proyectos, el del neoliberalismo que ha fracasado en todo el mundo y que llevó a la Argentina a la crisis de 2001, que cree que el resultado final viene por la inversión y por el capital. El otro proyecto vuelve al consumo, cree en la producción, el trabajo y el gasto, como generador de la riqueza.
Elevemos el debate, es muy buena esta reunión para debatir estos grandes temas. Mientras tanto, mitiguemos la crisis con leyes como esta, pero en la medida en que la adecuemos y le restemos espectacularidad. Que nadie quiera o pretenda llevarse méritos superiores, y sobre todo, que nadie agravie al otro o lo descalifique. Olvidemos un poco la descalificación y dejemos de echar la causa a fenómenos anteriores o ajenos, y concentrémonos en volver, con orgullo, a tener el mejor sistema previsional de América Latina. (Aplausos.)
Esto facilitaría la gestión y nos dejaría un remanente -no tenemos el número- de los que queden sin sentencia de primera y segunda instancia, no firme, en un segundo escalón. Para ellos tenemos dos propuestas que ya fueron expresadas por el señor diputado Kicillof: comprometer a que la ANSES no apele, acelerar los casos para que lleguen a la sentencia y comprometernos a realizar el pago de todo este tramo dentro de los dos años.
Es decir que este año les pagaríamos a todos aquellos que tienen sentencia firme; el año que viene, a quienes tengan sentencia no firme de primera o segunda instancia, y el tercer año, a todos los que no tengan sentencia, comprometiéndose la ANSES a no apelar ni a diluir el tema.
El problema se presenta en el tercer tramo, porque no sabemos cuántos casos abarca. Yo insisto con mis números, en cuanto a que no debe haber más de 200.000 casos. Además, les doy un argumento que ayer ya anticipé. ¿Ustedes creen que, con la habilidad de los abogados previsionalistas, existen 2 millones de jubilados en la Argentina a los que les correspondería un ajuste y que a aquellos se les haya pasado?
Pero sea el número que fuere, así sean 10, es justo que redeterminemos todos los haberes. Aunque no venga el número, después voy a pedir a la comisión las pautas, y también le voy a pedir a la ANSES -como aporte- las pautas que yo creo que se deben cargar. Porque en estas máquinas grandes una simulación se puede obtener en cinco o seis horas. Así sabríamos el número final y qué pautas que utilizarían.
Entonces, nosotros proponemos que en esos casos se ordene a la ANSES que redetermine absolutamente todos los haberes y que tome los recaudos correspondientes -uno de los cuales seguramente va a ser contratar a más gente- para cumplir esto en el plazo que ellos dicen, de dos años. Entonces, esto se pagaría en tres años, y en cuatro años podríamos tener terminada la pequeña litigiosidad del sistema previsional argentino.
Esto se puede financiar con el FGS, y si vienen los fondos del blanqueo, en buena hora que vayan al FGS para que sea éste el que directamente, con su rentabilidad anual, financie lo que la recaudación anual no permita afrontar.
Insisto en que de esta manera cerraríamos esa brecha, y me da la impresión de que no estamos ante un problema tan grave. Crisis previsional y crisis de litigiosidad -de cada tres jubilados que recibían la determinación inicial de sus haberes, dos hacían juicio- eran las que ocurrían en 2003. Crisis fue la que enfrentó incluso Menem. Ayer compartí una entrevista televisiva con Eduardo Menem, quien contaba cómo era la inflación en aquel tiempo. Crisis fue la que recibió Menem de Alfonsín, con 17.000 millones de dólares en bonos, donde no se pagó durante seis años ni un solo peso de actualización, con una inflación del 650.000 por ciento.
Entonces, frente a los que dicen que la mayor inflación fue la del período kirchnerista, debo señalar que eso es mentira. Se nos dice que hubo un 700 por ciento en doce años, pero en la etapa de Duhalde, Menem y de la Rúa, fue de 20.000 por año; en la etapa de Alfonsín fue de 650.000 por ciento por año, y en la tapa del proceso fue de 340.000 por ciento por año. ¡Esas eran inflaciones y crisis! ¡Esas eran emergencias!
Han recibido un país con 2,1 por ciento de crecimiento; que el último año creó 150.000 puestos de empleos privados; que en los últimos cuatro años de la gran crisis, la famosa "pesada herencia", generó 800.000 empleos; que tenía 770.000 millones de dólares de PBI a diciembre, y que con la devaluación pasó a 505.000 millones de dólares; que era la potencia número 22 -y ahora somos la número 31-, con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tenía 77.000 millones de dólares a diciembre y que hoy tiene 53.000 millones de dólares, según la última información; perdimos 22.000 millones de dólares. Y aun así tenemos la mejor mínima, la mejor media, la mejor fórmula de movilidad y la mejor cobertura de América Latina.
Hay algo que no vamos a perder, porque gracias a Dios, y también -por qué no decirlo- a la amplitud del oficialismo, que aceptó la mayoría de las sugerencias que hemos hecho, se va a mantener el sistema público de reparto y a eliminar la hipótesis de la pensión, con lo que vamos a seguir teniendo el mejor sistema previsional de América Latina.
Por eso nos permitimos hacer estas sugerencias, y felicitamos a este Congreso por tener este pluralismo, que evidentemente nos hace bien, y que nosotros a veces tenemos que entenderlo. Hay muchas cosas que no creemos. Porque si dicen una cosa hoy y la niegan mañana, se hace difícil creer. Cuando dicen: "no vamos a devaluar" y devalúan, o cuando presentan -para mi una técnica muy buena de Durán Barba-, al Macri malo y después al Macri bueno. El Macri malo es que hace una barbaridad, el Macri bueno es el que después reconoce y ordena que se cambie. Pero lo hacen todos los días, la corrigen, y está bien son técnicas. Pero nosotros no tenemos que desprestigiarnos en la política o descalificarnos porque sí. Sí es más grave, y lo sabemos, que hay un debate y tenemos que darlo con altura.
Hay dos proyectos, el del neoliberalismo que ha fracasado en todo el mundo y que llevó a la Argentina a la crisis de 2001, que cree que el resultado final viene por la inversión y por el capital. El otro proyecto vuelve al consumo, cree en la producción, el trabajo y el gasto, como generador de la riqueza.
Elevemos el debate, es muy buena esta reunión para debatir estos grandes temas. Mientras tanto, mitiguemos la crisis con leyes como esta, pero en la medida en que la adecuemos y le restemos espectacularidad. Que nadie quiera o pretenda llevarse méritos superiores, y sobre todo, que nadie agravie al otro o lo descalifique. Olvidemos un poco la descalificación y dejemos de echar la causa a fenómenos anteriores o ajenos, y concentrémonos en volver, con orgullo, a tener el mejor sistema previsional de América Latina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Heller.
SR. HELLER Gracias señor presidente. En primer lugar, quiero hacer una pregunta o una observación. He escuchado a una cantidad de diputados y diputadas hablar del beneplácito que tenían por los cambios que se habían aceptado en el proyecto original presentado por el oficialismo.
T.31
APV
PySS
Y en realidad, a esta altura yo no sé cuáles son esos cambios aceptados. Lo he escuchado de boca de otros bloques que dan cuenta de negociaciones, que me parecen bien porque este es un Parlamento y parlamentar forma parte de nuestra tarea. Pero se nos hace difícil a algunos emitir opinión sobre algo que no sabemos si está acordado, si es una expresión de deseo, si es algo que algún bloque ha formulado, y como no le dijeron, suponen que le dijeron que sí.
Entonces, ahí estamos con una primera dificultad. Si pudiéramos tener una versión actualizada del proyecto del Ejecutivo, sería bueno para todos nosotros, porque tal vez nos ahorraría debate, ya que probablemente muchas de las cosas que cada uno de nosotros tenemos para plantear y que cuestionamos dejaron de estar porque han sido atendidas y ya no son motivo de discusión.
Por lo tanto, solicito al presidente que si existe ese aggiornamento del proyecto, todos los diputados tengamos la misma posibilidad de conocerlo a tiempo y no que nos vayamos enterando el día que esto se trate en el recinto.
T.31
APV
PySS
Y en realidad, a esta altura yo no sé cuáles son esos cambios aceptados. Lo he escuchado de boca de otros bloques que dan cuenta de negociaciones, que me parecen bien porque este es un Parlamento y parlamentar forma parte de nuestra tarea. Pero se nos hace difícil a algunos emitir opinión sobre algo que no sabemos si está acordado, si es una expresión de deseo, si es algo que algún bloque ha formulado, y como no le dijeron, suponen que le dijeron que sí.
Entonces, ahí estamos con una primera dificultad. Si pudiéramos tener una versión actualizada del proyecto del Ejecutivo, sería bueno para todos nosotros, porque tal vez nos ahorraría debate, ya que probablemente muchas de las cosas que cada uno de nosotros tenemos para plantear y que cuestionamos dejaron de estar porque han sido atendidas y ya no son motivo de discusión.
Por lo tanto, solicito al presidente que si existe ese aggiornamento del proyecto, todos los diputados tengamos la misma posibilidad de conocerlo a tiempo y no que nos vayamos enterando el día que esto se trate en el recinto.
SR. PRESIDENTE DAER El proyecto va a ser girado a todos los diputados y se va a dar plazo hasta las doce del día de mañana para entregar los dictámenes firmados.
En unos instantes el diputado Laspina va a hacer un recorrido del resultado de todas las conversaciones que existieron y todo lo que se avanzó.
En unos instantes el diputado Laspina va a hacer un recorrido del resultado de todas las conversaciones que existieron y todo lo que se avanzó.
SR. HELLER Muchas gracias, señor presidente. Trataremos de escucharlo.
Respecto del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, sobre el cual gira el debate, con el mayor de los respetos comenzaría diciendo que lo único rescatable que tiene es el título, porque se llama "Proyecto de reparación histórica a los jubilados". ¿Quién puede estar en contra de un título de esa naturaleza? Ahora bien, cuando nos adentramos en el análisis del articulado de la propuesta, estamos lejos de encontrar el sentido de la reparación histórica a los jubilados. Más bien parece que esa supuesta reparación histórica es el mascarón de proa por el cual se intenta colar una cantidad de otros proyectos que también hay que ser muy imaginativo para entender por qué están juntos.
La verdad es que hace falta mucha imaginación para poder concluir por qué el blanqueo tiene que ir junto con el tema de los jubilados o con la eliminación del impuesto a la renta financiera o con el tema del Fondo de Sustentabilidad, todos temas que requieren tratamiento especial. Por ejemplo, el del Fondo de Sustentabilidad, que tiene en su interior el tema de las acciones heredadas por la ANSES como producto de las inversiones que hicieron las empresas privadas en las AFJP, requiere de un tratamiento especial y separado porque está protegido por una ley especial que no permite su tratamiento en un paquete.
Aquí me parece que hay una trampa -no lo quiero llamar así, pero es la palabra que me sale- vinculada con darle un tratamiento de mayoría simple a una cosa para lo cual existe una ley que ha sancionado este Parlamento, dejando explícito que se requieren mayorías especiales. Esas mayorías especiales tienen que ver no solo con la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ni como ahora nos lo quieren plantear en algunas intervenciones que he escuchado de ponerle un límite, que hasta dónde puede disminuir o cosa por el estilo.
En realidad, esta herencia no buscada que el Estado recibe le da una notable posibilidad a ese Estado -como creo que lo explicaba el diputado Kicillof- de conocer en su fuente las políticas de los principales grupos económicos de nuestro país, y opinar al respecto.
T.32
APV
PySS
Creo que esta es una de las cuestiones que nos quieren hacer pasar y que se pretende eliminar, porque eso está en la antípoda del pensamiento filosófico de quienes gobiernan que -como ha dicho el presidente, y también el ministro de Hacienda- creen que el Estado tiene que cumplir el rol del "canchero". Es decir, del que prepara la cancha, corta el pasto, pinta las rayas y cosa por el estilo para que luego, los privados tengan las mejores posibilidades para hacer su juego, haciéndose eco de los reclamos del Consejo Empresario y de AEA, que dicen claramente que el Estado no debe intervenir en todo aquello que es campo de la actividad privada y avanza, no solo ya en el planteo de la intangibilidad de la propiedad privada sino que incluye el tema de la intangibilidad de la rentabilidad empresaria, diciendo que nadie tiene derecho a meterse en cómo se forman los costos y cuál es la rentabilidad que tienen las empresas. Eso es un sacrosanto derecho empresario.
Me parece que cuando se quiere avanzar en este punto, lo que se hace es cerrar la posibilidad de acceder a esa información para poder incidir -incluso- en esas decisiones a través de los votos que se pueden tener cuando el Estado tiene en una empresa el 25 o el 30 por ciento de participación del capital accionario.
Aquí también quiero advertir, porque atrás de una inocente cuestión como puede ser el cambio de categoría de las acciones podemos estar defendiendo el fondo desde el punto de vista del volumen, pero quedándonos con acciones que renuncian al derecho de voto y por lo cual esta cuestión, que es en realidad la que les preocupa, se queda en el camino.
Con el tema de la reparación histórica a los jubilados hay un engaño monumental, ya muchos lo explicaron, y yo lo reitero. A los jubilados que han hecho juicio y tienen sentencia, no les hace falta ninguna ley, no podemos hace otra cosa más que pagarles. Pero fíjense lo que se les dice: "Si usted quiere cobrar, acepte un recálculo de lo que la sentencia firme ha establecido que a usted le corresponde y un recálculo de lo que va a cobrar hacia adelante. Además acepte que le paguemos, no dentro de los 120 días como dice el fallo sino la mitad ahora y la otra mitad en tres años." Y además le avisamos que le vamos a poner la emergencia en materia de litigiosidad previsional por tres años aumentable a otros tres, con lo cual tiene que hacerse a la idea de que queda en el limbo: o acepta esta oferta chantajista que le estamos haciendo de que acepte cobrar mucho menos que lo que le corresponde por un fallo firme... Yo no soy abogado, pero fallo firme es que se terminó, ya no se puede apelar, ya no se puede hacer absolutamente nada. Un fallo firme hay que atenderlo, hay que pagarlo.
Ojalá hubiéramos tenido esta firmeza para poner quitas en la negociación con los fondos buitre, en cuyo debate nos dijeron que se trataba de una fallo, cuando en realidad el fallo solo estaba referido a algunos de los casos y tomando eso como referencia se acordó con el resto en similares condiciones, cuando seguramente se podía haber negociado quitas importantes actuando con la misma firmeza con la que se pretende actuar ahora con los jubilados a quienes supuestamente se quiere reparar en su situación histórica.
Para los que tienen juicio iniciado, me parece bien hacer lo que le acaba de manifestar el diputado Díaz Roig.
Luego de la primera instancia y los fallos, la ANSES deja de apelar y se convierten en firmes y entran en la misma situación de pago. Entonces, en realidad estaríamos haciendo una reparación histórica a gente que ha quedado postergada. No estamos poniendo en el mismo lugar a alguien que tiene ochenta años y le decimos que si quiere cobrar acepte que va a cobrar la mitad del retroactivo que le corresponde; y además le ajustaremos hacia adelante con un índice que es mucho menor que el que le corresponde. Esto es inaceptable.
He escuchado por allí que esta cuestión ya estaba resuelta, por eso comencé mi exposición diciendo que no sé qué aspectos se acordaron y cuáles no. Pareciera que ello es francamente inaceptable.
Ya dije cuál es mi opinión sobre el tema de la participación accionaria en empresas del sector privado y voy a referirme al tema del blanqueo.
Ya que estamos hablando de cuestiones previsionales, considero que la pensión universal para el adulto mayor es una propuesta absolutamente inaceptable. Hay que prorrogar la moratoria, que es una situación digna.
La gente que no tiene los aportes no es perversa. Ha trabajado con patronales que no han cumplido con las leyes y los han sometido a situaciones que hoy los llevan a esa indefensión. No deben ser víctimas del castigo que ya han tenido por las condiciones en las que han trabajado. Entonces, la moratoria parece el camino más digno para regularizarlos, como se ha venido haciendo, ha sido exitosa y creo que habría que mantenerla.
La cuestión de la elevación subrepticia de la edad de las mujeres para acceder al derecho de la jubilación no me deja otra posibilidad que pensar que esto forma parte de una idea mucho más audaz que hemos leído en alguna editorial de cierto diario de gran tiraje. Es el argumento que dice que para poder tener un sistema sustentable en la Argentina -al que se refiere el proyecto de creación de la comisión- inevitablemente no habrá más remedio que aumentar la edad jubilatoria.
Aquí también se habló de que no hay referencia al término "público", creo que ya está subsanado y en buena hora. El proyecto hacía referencia a un régimen solidario, sustentable y a otras características. No sé si por una omisión o por el reflejo de rechazo a lo público, no aparecen en el título las palabras "público" y "de reparto". Sería bueno que estas se incluyeran, de manera que no queden dudas sobre lo que se está tratando de lograr con la comisión que se constituiría.
En cuanto al régimen de sinceramiento fiscal, hay una declaración del GAFI que dice: "Para facilitar la legalización de la situación del contribuyente respecto de fondos y otros activos que han sido no declarados o declarados incorrectamente, los países pueden introducir programas de exteriorización voluntaria, a fin de facilitar la repatriación."
¿Cuál es el sentido de un blanqueo que permite dejar la plata afuera? Porque se supone que el argumento fundamental del blanqueo es que nos faltan dólares y que esos dólares que se fugaron -y no pagaron impuestos-, vuelvan con un régimen que los perdone por ello y sea benigno en la aplicación de la multa.
Ahora resulta que el régimen más benigno que plantea el proyecto es para quienes tienen inmuebles no declarados en el exterior. Porque en ese caso, la alícuota es sólo del 5 por ciento. Kicillof también tomó este ejemplo. Es decir, alguien podría tener una inversión inmobiliaria que no sea solamente un departamento, sino que podría tener 20 millones de dólares en departamentos. Anteayer el Cronista Comercial publicó una nota referida a las inversiones inmobiliarias en Miami, que dice que el 62 por ciento de las inversiones de extranjeros en Miami corresponden a argentinos.
Se ve que el tema de la pobreza y el de la distribución de la riqueza tienen varas bastante diferentes.
El 62 por ciento de las inversiones de extranjeros en Miami -no norteamericanos- pertenece a ciudadanos argentinos y el monto que manejan es de 500 mil dólares. Es una suerte de Procrear para desarrollar la industria inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Progresar? Creo que sería PRO-Crear.
¿Cuál sería la razón de permitir una exteriorización que no se trae al país? Es lo mismo que dije cuando se trató el blanqueo anterior. A mí no me resulta simpático e incluso uno tiene una contradicción o sabor amargo cuando está frente a una situación de perdonarle a los que se llevaron la plata que, si no lo hubieran hecho, la Argentina estaría en otro contexto porque, en definitiva, se llevaron producto del trabajo argentino, riqueza generada en este país, etcétera.
Es por eso que el GAFI lo plantea de esa forma y uno observa que los países centrales recurren a estos mecanismos. Este no es un problema -tal como dijo el señor presidente de la Nación- de los argentinos que se la llevaron porque no tenían confianza en quienes gobernaban. Es un fenómeno global que tienen los países centrales al igual que lo tenemos nosotros respecto de la poca vocación de las grandes corporaciones -y otras que no lo son tanto- de pagar los impuestos que establecen las leyes de sus respectivos países.
Por ejemplo, las multinacionales norteamericanas abren pequeñas empresas fantasmas en los paraísos fiscales para facturar desde allí y evadir leyes impositivas de los Estados Unidos. Esto no lo digo yo sino que lo ha expresado el presidente Obama planteando esta cuestión como un grave problema que tiene el país que gobierna.
Entonces, se dice que hay que aceptar esto como un fenómeno global compuesto de 400 mil millones de dólares que están en el exterior y que estaría bueno que una parte de ese dinero retorne. Pero, todo eso se tiene que dar con un par de condiciones.
En primer lugar, que estemos hablando sólo de un perdón impositivo y que quede absolutamente claro que todos los otros delitos no están perdonados porque eso sería gravísimo. Me refiero al lavado, narcotráfico, crimen organizado, etcétera.
En segundo término, creo que hay que poner una lista amplísima de aquellos que no pueden quedar incluidos en este beneficio. En el blanqueo anterior la normativa señalaba lo siguiente respecto de quiénes quedaban excluidos de la ley. El inciso e) de la ley 26.476 señala lo siguiente: "Los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el primer grado de consanguinidad ascendente o descendente, en cualquiera de los poderes del Estado nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." Para cerrar todas las dudas yo agregaría: "...con todos los contratistas o concesionarios de los Estados nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." De esta manera nos quedamos tranquilos porque de esa forma -de acuerdo a lo que estamos pensando- no podrían entrar. O sea, no pueden entrar ni éstos ni los otros. El que no tiene ningún problema, debido a que no está alcanzado, no tiene de qué preocuparse.
Respecto del artículo 85 ya se ha hablado bastante y creo que hay consenso al respecto. Es inaceptable el pretexto y la voluntad de sancionar a quienes difundan este tipo de información. Hemos visto que el gobierno tiene visión progresiva. Me refiero a hacer que la multa que van a tener que pagar será igual a lo que estén denunciando.
Por lo tanto, la multa es más grande si el evasor es más grande, con lo que se está generando una suerte de superprotección a los grandes evasores, ya que el riesgo que estaría asumiendo que el diera esa información sería muchísimo mayor.
Es inaceptable que se modifique el impuesto a las ganancias en lo que se refiere a la renta financiera. Creo que hay que avanzar en ese aspecto y no excluir una de las pocas cosas en las que logramos avanzar. De modo que creo que esa es una cuestión que tiene que desaparecer completamente de este proyecto.
Lo mismo pasa con el tema del impuesto a los bienes personales. Si hay un gravamen progresivo, es el impuesto a los bienes personales. Nadie compra nada si primero no tiene riqueza o ganancia. Uno puede hacer mil vueltas, pero lo que está exteriorizado en bienes concretos evidentemente lo ha ganado en alguna de las situaciones previstas en ese impuesto, o bien lo heredó y entonces el que lo ganó fue otro.
Como aquí bien dijo el señor diputado Solá, la derogación del impuesto a la herencia fue una de las primeras medidas que tomó -en los tres primeros días de su gestión- Martínez de Hoz, quien casualmente debía recibir una herencia en el corto plazo.
Considero que aquí habría que pensar en restablecer el impuesto a la herencia y no en eliminar el impuesto sobre los bienes personales. Sí es razonable que haya un mínimo no imponible que cubra lo que sería una vivienda familiar tipo, cuyo valor debería ser ajustado con un índice vinculado con el valor de la propiedad, de manera que no tenga que ser vuelto a tocar. Luego de ese mínimo no imponible debería existir un escalonamiento progresivo en el impuesto a los bienes personales, aumentando la alícuota cuanto mayor sea el valor del patrimonio, que es el sentido de progresividad que deben tener los impuestos.
En este caso se nos está planteando una disminución de la alícuota y su eliminación en tres años, lo que francamente resulta inaceptable.
Está bien el tema que se plantea de la regularización excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduana, pero lo limitaría exclusivamente a las pymes, porque parece que no tiene mucho sentido que se dé la posibilidad de una regularización de ese tipo a las grandes empresas. ¿Cuáles son las pymes? Las que el Ministerio de Producción tiene categorizadas como tales. Para ellas este régimen estaría bien, pero para los otros sería un privilegio que no resulta razonable, porque ellos tienen que pagar lo que no han pagado, ya que el Estado necesita ingresos para atender el conjunto de sus obligaciones.
Por todo lo que hemos dicho, presentaremos nuestro propio dictamen, ya que la cantidad de diferencias que tenemos es altísima. Con toda franqueza, ojalá que cuando conozcamos el proyecto reformado, muchas de las preocupaciones que aquí estamos expresando queden adecuadamente saldadas. (Aplausos.)
Respecto del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, sobre el cual gira el debate, con el mayor de los respetos comenzaría diciendo que lo único rescatable que tiene es el título, porque se llama "Proyecto de reparación histórica a los jubilados". ¿Quién puede estar en contra de un título de esa naturaleza? Ahora bien, cuando nos adentramos en el análisis del articulado de la propuesta, estamos lejos de encontrar el sentido de la reparación histórica a los jubilados. Más bien parece que esa supuesta reparación histórica es el mascarón de proa por el cual se intenta colar una cantidad de otros proyectos que también hay que ser muy imaginativo para entender por qué están juntos.
La verdad es que hace falta mucha imaginación para poder concluir por qué el blanqueo tiene que ir junto con el tema de los jubilados o con la eliminación del impuesto a la renta financiera o con el tema del Fondo de Sustentabilidad, todos temas que requieren tratamiento especial. Por ejemplo, el del Fondo de Sustentabilidad, que tiene en su interior el tema de las acciones heredadas por la ANSES como producto de las inversiones que hicieron las empresas privadas en las AFJP, requiere de un tratamiento especial y separado porque está protegido por una ley especial que no permite su tratamiento en un paquete.
Aquí me parece que hay una trampa -no lo quiero llamar así, pero es la palabra que me sale- vinculada con darle un tratamiento de mayoría simple a una cosa para lo cual existe una ley que ha sancionado este Parlamento, dejando explícito que se requieren mayorías especiales. Esas mayorías especiales tienen que ver no solo con la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ni como ahora nos lo quieren plantear en algunas intervenciones que he escuchado de ponerle un límite, que hasta dónde puede disminuir o cosa por el estilo.
En realidad, esta herencia no buscada que el Estado recibe le da una notable posibilidad a ese Estado -como creo que lo explicaba el diputado Kicillof- de conocer en su fuente las políticas de los principales grupos económicos de nuestro país, y opinar al respecto.
T.32
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Creo que esta es una de las cuestiones que nos quieren hacer pasar y que se pretende eliminar, porque eso está en la antípoda del pensamiento filosófico de quienes gobiernan que -como ha dicho el presidente, y también el ministro de Hacienda- creen que el Estado tiene que cumplir el rol del "canchero". Es decir, del que prepara la cancha, corta el pasto, pinta las rayas y cosa por el estilo para que luego, los privados tengan las mejores posibilidades para hacer su juego, haciéndose eco de los reclamos del Consejo Empresario y de AEA, que dicen claramente que el Estado no debe intervenir en todo aquello que es campo de la actividad privada y avanza, no solo ya en el planteo de la intangibilidad de la propiedad privada sino que incluye el tema de la intangibilidad de la rentabilidad empresaria, diciendo que nadie tiene derecho a meterse en cómo se forman los costos y cuál es la rentabilidad que tienen las empresas. Eso es un sacrosanto derecho empresario.
Me parece que cuando se quiere avanzar en este punto, lo que se hace es cerrar la posibilidad de acceder a esa información para poder incidir -incluso- en esas decisiones a través de los votos que se pueden tener cuando el Estado tiene en una empresa el 25 o el 30 por ciento de participación del capital accionario.
Aquí también quiero advertir, porque atrás de una inocente cuestión como puede ser el cambio de categoría de las acciones podemos estar defendiendo el fondo desde el punto de vista del volumen, pero quedándonos con acciones que renuncian al derecho de voto y por lo cual esta cuestión, que es en realidad la que les preocupa, se queda en el camino.
Con el tema de la reparación histórica a los jubilados hay un engaño monumental, ya muchos lo explicaron, y yo lo reitero. A los jubilados que han hecho juicio y tienen sentencia, no les hace falta ninguna ley, no podemos hace otra cosa más que pagarles. Pero fíjense lo que se les dice: "Si usted quiere cobrar, acepte un recálculo de lo que la sentencia firme ha establecido que a usted le corresponde y un recálculo de lo que va a cobrar hacia adelante. Además acepte que le paguemos, no dentro de los 120 días como dice el fallo sino la mitad ahora y la otra mitad en tres años." Y además le avisamos que le vamos a poner la emergencia en materia de litigiosidad previsional por tres años aumentable a otros tres, con lo cual tiene que hacerse a la idea de que queda en el limbo: o acepta esta oferta chantajista que le estamos haciendo de que acepte cobrar mucho menos que lo que le corresponde por un fallo firme... Yo no soy abogado, pero fallo firme es que se terminó, ya no se puede apelar, ya no se puede hacer absolutamente nada. Un fallo firme hay que atenderlo, hay que pagarlo.
Ojalá hubiéramos tenido esta firmeza para poner quitas en la negociación con los fondos buitre, en cuyo debate nos dijeron que se trataba de una fallo, cuando en realidad el fallo solo estaba referido a algunos de los casos y tomando eso como referencia se acordó con el resto en similares condiciones, cuando seguramente se podía haber negociado quitas importantes actuando con la misma firmeza con la que se pretende actuar ahora con los jubilados a quienes supuestamente se quiere reparar en su situación histórica.
Para los que tienen juicio iniciado, me parece bien hacer lo que le acaba de manifestar el diputado Díaz Roig.
Luego de la primera instancia y los fallos, la ANSES deja de apelar y se convierten en firmes y entran en la misma situación de pago. Entonces, en realidad estaríamos haciendo una reparación histórica a gente que ha quedado postergada. No estamos poniendo en el mismo lugar a alguien que tiene ochenta años y le decimos que si quiere cobrar acepte que va a cobrar la mitad del retroactivo que le corresponde; y además le ajustaremos hacia adelante con un índice que es mucho menor que el que le corresponde. Esto es inaceptable.
He escuchado por allí que esta cuestión ya estaba resuelta, por eso comencé mi exposición diciendo que no sé qué aspectos se acordaron y cuáles no. Pareciera que ello es francamente inaceptable.
Ya dije cuál es mi opinión sobre el tema de la participación accionaria en empresas del sector privado y voy a referirme al tema del blanqueo.
Ya que estamos hablando de cuestiones previsionales, considero que la pensión universal para el adulto mayor es una propuesta absolutamente inaceptable. Hay que prorrogar la moratoria, que es una situación digna.
La gente que no tiene los aportes no es perversa. Ha trabajado con patronales que no han cumplido con las leyes y los han sometido a situaciones que hoy los llevan a esa indefensión. No deben ser víctimas del castigo que ya han tenido por las condiciones en las que han trabajado. Entonces, la moratoria parece el camino más digno para regularizarlos, como se ha venido haciendo, ha sido exitosa y creo que habría que mantenerla.
La cuestión de la elevación subrepticia de la edad de las mujeres para acceder al derecho de la jubilación no me deja otra posibilidad que pensar que esto forma parte de una idea mucho más audaz que hemos leído en alguna editorial de cierto diario de gran tiraje. Es el argumento que dice que para poder tener un sistema sustentable en la Argentina -al que se refiere el proyecto de creación de la comisión- inevitablemente no habrá más remedio que aumentar la edad jubilatoria.
Aquí también se habló de que no hay referencia al término "público", creo que ya está subsanado y en buena hora. El proyecto hacía referencia a un régimen solidario, sustentable y a otras características. No sé si por una omisión o por el reflejo de rechazo a lo público, no aparecen en el título las palabras "público" y "de reparto". Sería bueno que estas se incluyeran, de manera que no queden dudas sobre lo que se está tratando de lograr con la comisión que se constituiría.
En cuanto al régimen de sinceramiento fiscal, hay una declaración del GAFI que dice: "Para facilitar la legalización de la situación del contribuyente respecto de fondos y otros activos que han sido no declarados o declarados incorrectamente, los países pueden introducir programas de exteriorización voluntaria, a fin de facilitar la repatriación."
¿Cuál es el sentido de un blanqueo que permite dejar la plata afuera? Porque se supone que el argumento fundamental del blanqueo es que nos faltan dólares y que esos dólares que se fugaron -y no pagaron impuestos-, vuelvan con un régimen que los perdone por ello y sea benigno en la aplicación de la multa.
Ahora resulta que el régimen más benigno que plantea el proyecto es para quienes tienen inmuebles no declarados en el exterior. Porque en ese caso, la alícuota es sólo del 5 por ciento. Kicillof también tomó este ejemplo. Es decir, alguien podría tener una inversión inmobiliaria que no sea solamente un departamento, sino que podría tener 20 millones de dólares en departamentos. Anteayer el Cronista Comercial publicó una nota referida a las inversiones inmobiliarias en Miami, que dice que el 62 por ciento de las inversiones de extranjeros en Miami corresponden a argentinos.
Se ve que el tema de la pobreza y el de la distribución de la riqueza tienen varas bastante diferentes.
El 62 por ciento de las inversiones de extranjeros en Miami -no norteamericanos- pertenece a ciudadanos argentinos y el monto que manejan es de 500 mil dólares. Es una suerte de Procrear para desarrollar la industria inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Progresar? Creo que sería PRO-Crear.
¿Cuál sería la razón de permitir una exteriorización que no se trae al país? Es lo mismo que dije cuando se trató el blanqueo anterior. A mí no me resulta simpático e incluso uno tiene una contradicción o sabor amargo cuando está frente a una situación de perdonarle a los que se llevaron la plata que, si no lo hubieran hecho, la Argentina estaría en otro contexto porque, en definitiva, se llevaron producto del trabajo argentino, riqueza generada en este país, etcétera.
Es por eso que el GAFI lo plantea de esa forma y uno observa que los países centrales recurren a estos mecanismos. Este no es un problema -tal como dijo el señor presidente de la Nación- de los argentinos que se la llevaron porque no tenían confianza en quienes gobernaban. Es un fenómeno global que tienen los países centrales al igual que lo tenemos nosotros respecto de la poca vocación de las grandes corporaciones -y otras que no lo son tanto- de pagar los impuestos que establecen las leyes de sus respectivos países.
Por ejemplo, las multinacionales norteamericanas abren pequeñas empresas fantasmas en los paraísos fiscales para facturar desde allí y evadir leyes impositivas de los Estados Unidos. Esto no lo digo yo sino que lo ha expresado el presidente Obama planteando esta cuestión como un grave problema que tiene el país que gobierna.
Entonces, se dice que hay que aceptar esto como un fenómeno global compuesto de 400 mil millones de dólares que están en el exterior y que estaría bueno que una parte de ese dinero retorne. Pero, todo eso se tiene que dar con un par de condiciones.
En primer lugar, que estemos hablando sólo de un perdón impositivo y que quede absolutamente claro que todos los otros delitos no están perdonados porque eso sería gravísimo. Me refiero al lavado, narcotráfico, crimen organizado, etcétera.
En segundo término, creo que hay que poner una lista amplísima de aquellos que no pueden quedar incluidos en este beneficio. En el blanqueo anterior la normativa señalaba lo siguiente respecto de quiénes quedaban excluidos de la ley. El inciso e) de la ley 26.476 señala lo siguiente: "Los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el primer grado de consanguinidad ascendente o descendente, en cualquiera de los poderes del Estado nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." Para cerrar todas las dudas yo agregaría: "...con todos los contratistas o concesionarios de los Estados nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." De esta manera nos quedamos tranquilos porque de esa forma -de acuerdo a lo que estamos pensando- no podrían entrar. O sea, no pueden entrar ni éstos ni los otros. El que no tiene ningún problema, debido a que no está alcanzado, no tiene de qué preocuparse.
Respecto del artículo 85 ya se ha hablado bastante y creo que hay consenso al respecto. Es inaceptable el pretexto y la voluntad de sancionar a quienes difundan este tipo de información. Hemos visto que el gobierno tiene visión progresiva. Me refiero a hacer que la multa que van a tener que pagar será igual a lo que estén denunciando.
Por lo tanto, la multa es más grande si el evasor es más grande, con lo que se está generando una suerte de superprotección a los grandes evasores, ya que el riesgo que estaría asumiendo que el diera esa información sería muchísimo mayor.
Es inaceptable que se modifique el impuesto a las ganancias en lo que se refiere a la renta financiera. Creo que hay que avanzar en ese aspecto y no excluir una de las pocas cosas en las que logramos avanzar. De modo que creo que esa es una cuestión que tiene que desaparecer completamente de este proyecto.
Lo mismo pasa con el tema del impuesto a los bienes personales. Si hay un gravamen progresivo, es el impuesto a los bienes personales. Nadie compra nada si primero no tiene riqueza o ganancia. Uno puede hacer mil vueltas, pero lo que está exteriorizado en bienes concretos evidentemente lo ha ganado en alguna de las situaciones previstas en ese impuesto, o bien lo heredó y entonces el que lo ganó fue otro.
Como aquí bien dijo el señor diputado Solá, la derogación del impuesto a la herencia fue una de las primeras medidas que tomó -en los tres primeros días de su gestión- Martínez de Hoz, quien casualmente debía recibir una herencia en el corto plazo.
Considero que aquí habría que pensar en restablecer el impuesto a la herencia y no en eliminar el impuesto sobre los bienes personales. Sí es razonable que haya un mínimo no imponible que cubra lo que sería una vivienda familiar tipo, cuyo valor debería ser ajustado con un índice vinculado con el valor de la propiedad, de manera que no tenga que ser vuelto a tocar. Luego de ese mínimo no imponible debería existir un escalonamiento progresivo en el impuesto a los bienes personales, aumentando la alícuota cuanto mayor sea el valor del patrimonio, que es el sentido de progresividad que deben tener los impuestos.
En este caso se nos está planteando una disminución de la alícuota y su eliminación en tres años, lo que francamente resulta inaceptable.
Está bien el tema que se plantea de la regularización excepcional de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduana, pero lo limitaría exclusivamente a las pymes, porque parece que no tiene mucho sentido que se dé la posibilidad de una regularización de ese tipo a las grandes empresas. ¿Cuáles son las pymes? Las que el Ministerio de Producción tiene categorizadas como tales. Para ellas este régimen estaría bien, pero para los otros sería un privilegio que no resulta razonable, porque ellos tienen que pagar lo que no han pagado, ya que el Estado necesita ingresos para atender el conjunto de sus obligaciones.
Por todo lo que hemos dicho, presentaremos nuestro propio dictamen, ya que la cantidad de diferencias que tenemos es altísima. Con toda franqueza, ojalá que cuando conozcamos el proyecto reformado, muchas de las preocupaciones que aquí estamos expresando queden adecuadamente saldadas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Tailhade.
SR. TAILHADE Señor presidente: quería tomar la apuesta del diputado Solá, quien lamentablemente se fue, y doble contra sencillo apuesto a que el gobierno nacional sí va a impulsar el impuesto a la herencia. En este sentido, voy a disentir respetuosamente con el diputado Heller -espero que me sepa disculpar- porque entiendo que un impuesto a la herencia es coherente con las políticas que en esta materia está llevando adelante el gobierno.
Los ricos hoy no hacen sucesión, señor presidente. Los ricos mandan la plata afuera, arman un fideicomiso o preparan una offshore. Para eso, por ejemplo, el gobierno nacional está preparando una embestida contra la Inspección General de Justicia, para transferirla a la ciudad y desarmar todo el sistema de control de sociedades comerciales que ha venido implementando ese organismo desde que Ricardo Nissen asumiera la conducción en el año 2003.
Es así que el ataque a la clase media que se está generando desde el mismo 10 de diciembre del año pasado va a seguir con el impuesto a la herencia que, en el fondo, va a ser un impuesto para los que tenemos una casa, un autito, y no para los que tienen cientos de millones de dólares afuera.
Hoy salió en La Nación una nota sobre las declaraciones juradas de algunos funcionarios que es la mejor prueba de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el ministro Dietrich declaró 5 millones de pesos. Me dan ganas de hacer una vaquita entre todos acá para darle algo, pobre hombre. No declaró ni campos. No sé de quién serán las concesionarias, deben ser de algún homónimo. Lo mismo para el presidente de la Nación, por ejemplo, que declaró 7 millones y medio de dólares como patrimonio. En fin, solamente era una digresión en relación con la apuesta que pretendía tomar el señor diputado Solá.
Quiero llamar la atención en relación con este proyecto sobre una situación que me parece absolutamente inmoral y escandalosa. Me refiero a que el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, sea el principal impulsor de esto, cuando tiene un interés personal y directo en que salga esta norma porque Prat-Gay está imputado en la causa de las 4.040 cuentas del HSBC, por ser el "fugador", si se me permite el término, de los fondos pertenecientes a la ya fallecida Amalia Lacroze de Fortabat. Aparentemente el dinero -que son unas cuantas decenas de millones de dólares- no sería del ministro, pero él está imputado por ser el responsable de la ingeniería bajo la cual se fugó ese dinero.
Este proyecto de ley, que está impulsado me parece que de manera particular por el ministro Prat-Gay, va a garantizar la impunidad del ministro porque, de salir en los términos que lo planteó el Poder Ejecutivo, la causa del HSBC, al igual que -como lo señalaban bien algunos colegas- la causa Panama Papers, seguramente van a quedar en el archivo. De esta manera, la incompatibilidad asombrosa a esta altura, de Prat-Gay y su impulso a este proyecto de ley, es una cuestión que merece no solamente ser señalada sino también denunciada. Porque Prat-Gay no solo está intentando garantizar su impunidad a través de este proyecto ley, que reitero que lo va a favorecer de manera directa y personal, sino que también está trabajando en una suerte de movimiento de pinzas, con otra causa penal, de la que tuvimos noticia hace poco. Me refiero a la causa penal en la que el juez federal Claudio Bonadío dictó auto de procesamiento del ex titular de la AFIP, Echegaray, acusándolo de haber instigado a falso testimonio a funcionarios de la AFIP, y también de violar el secreto fiscal, por haber hecho una denuncia penal, justamente la denuncia penal de las 4.040 cuentas del HSBC.
¿Qué planteó Prat-Gay en esa causa penal? Planteó que la forma en que Echegaray se hizo de la información con la que después radicó la denuncia penal contra las 4.040 cuentas de evasores está viciada de nulidad porque no cumple con algunas condiciones que, según él, establecía el convenio que se firmó con Francia a efectos de intercambiar este tipo de información.
Lo que es escandaloso, es que el propio ministro cuando presentó este proyecto, señaló que era la última oportunidad que se daban a los evasores argentinos que tienen plata afuera, porque a partir de 2017 la cantidad de convenios internacionales que ha firmado el Estado argentino iba a permitir descubrir las cuentas que los argentinos esconden en el exterior.
T.37
APV
PySS
Resulta que Prat-Gay advierte eso pero simultáneamente en la causa penal -la de Bonadío- dice que ese instrumento es nulo y que por lo tanto tiene que caer la causa penal por evasión del HSBC que tramita en Juzgado Penal Económico de la doctora Straccia. Es decir, está atacando la misma herramienta de cooperación que según el propio ministro va a ser la que permita descubrir a quienes no entran al blanqueo y persistan en la tenencia de fondos y bienes en el exterior sin declarar.
Por eso, señor presidente, entiendo que es pertinente este señalamiento que hago respecto del ministro que no es el único que gestiona con miras a intereses personales. Por ejemplo, hoy en el diario La Nación, en papel, salió la nota que mencionaba que habían nombrado el patrimonio de Dietrich. Además, se informa que Mario Quintana, que estuvo el otro día acá -quien lamentablemente se presentó en esta comisión antes de que conociéramos su declaración jurada- tiene 2 millones y medio de pesos en acciones del Grupo Clarín. O Sturzenegger que tiene acciones en el Banco Macri. Para dar ejemplos de dos organizaciones comerciales que forman parte del conjunto accionario del FGS. Es decir que hay un interés personal de los funcionarios de este gobierno, no solamente en la impunidad que le va a significar este blanqueo para el momento en que traigan todo el dinero que tienen afuera sin declarar sino que también tienen intereses en que el Estado se desprenda de las acciones que el FGS tiene sobre algunas compañías tan importantes como las que acabo de mencionar.
El blanqueo en las condiciones propuestas por el oficialismo -esto es sin incorporar a los familiares, y hasta el tercer grado de consanguinidad- es un escándalo.
Los ricos hoy no hacen sucesión, señor presidente. Los ricos mandan la plata afuera, arman un fideicomiso o preparan una offshore. Para eso, por ejemplo, el gobierno nacional está preparando una embestida contra la Inspección General de Justicia, para transferirla a la ciudad y desarmar todo el sistema de control de sociedades comerciales que ha venido implementando ese organismo desde que Ricardo Nissen asumiera la conducción en el año 2003.
Es así que el ataque a la clase media que se está generando desde el mismo 10 de diciembre del año pasado va a seguir con el impuesto a la herencia que, en el fondo, va a ser un impuesto para los que tenemos una casa, un autito, y no para los que tienen cientos de millones de dólares afuera.
Hoy salió en La Nación una nota sobre las declaraciones juradas de algunos funcionarios que es la mejor prueba de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el ministro Dietrich declaró 5 millones de pesos. Me dan ganas de hacer una vaquita entre todos acá para darle algo, pobre hombre. No declaró ni campos. No sé de quién serán las concesionarias, deben ser de algún homónimo. Lo mismo para el presidente de la Nación, por ejemplo, que declaró 7 millones y medio de dólares como patrimonio. En fin, solamente era una digresión en relación con la apuesta que pretendía tomar el señor diputado Solá.
Quiero llamar la atención en relación con este proyecto sobre una situación que me parece absolutamente inmoral y escandalosa. Me refiero a que el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, sea el principal impulsor de esto, cuando tiene un interés personal y directo en que salga esta norma porque Prat-Gay está imputado en la causa de las 4.040 cuentas del HSBC, por ser el "fugador", si se me permite el término, de los fondos pertenecientes a la ya fallecida Amalia Lacroze de Fortabat. Aparentemente el dinero -que son unas cuantas decenas de millones de dólares- no sería del ministro, pero él está imputado por ser el responsable de la ingeniería bajo la cual se fugó ese dinero.
Este proyecto de ley, que está impulsado me parece que de manera particular por el ministro Prat-Gay, va a garantizar la impunidad del ministro porque, de salir en los términos que lo planteó el Poder Ejecutivo, la causa del HSBC, al igual que -como lo señalaban bien algunos colegas- la causa Panama Papers, seguramente van a quedar en el archivo. De esta manera, la incompatibilidad asombrosa a esta altura, de Prat-Gay y su impulso a este proyecto de ley, es una cuestión que merece no solamente ser señalada sino también denunciada. Porque Prat-Gay no solo está intentando garantizar su impunidad a través de este proyecto ley, que reitero que lo va a favorecer de manera directa y personal, sino que también está trabajando en una suerte de movimiento de pinzas, con otra causa penal, de la que tuvimos noticia hace poco. Me refiero a la causa penal en la que el juez federal Claudio Bonadío dictó auto de procesamiento del ex titular de la AFIP, Echegaray, acusándolo de haber instigado a falso testimonio a funcionarios de la AFIP, y también de violar el secreto fiscal, por haber hecho una denuncia penal, justamente la denuncia penal de las 4.040 cuentas del HSBC.
¿Qué planteó Prat-Gay en esa causa penal? Planteó que la forma en que Echegaray se hizo de la información con la que después radicó la denuncia penal contra las 4.040 cuentas de evasores está viciada de nulidad porque no cumple con algunas condiciones que, según él, establecía el convenio que se firmó con Francia a efectos de intercambiar este tipo de información.
Lo que es escandaloso, es que el propio ministro cuando presentó este proyecto, señaló que era la última oportunidad que se daban a los evasores argentinos que tienen plata afuera, porque a partir de 2017 la cantidad de convenios internacionales que ha firmado el Estado argentino iba a permitir descubrir las cuentas que los argentinos esconden en el exterior.
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Resulta que Prat-Gay advierte eso pero simultáneamente en la causa penal -la de Bonadío- dice que ese instrumento es nulo y que por lo tanto tiene que caer la causa penal por evasión del HSBC que tramita en Juzgado Penal Económico de la doctora Straccia. Es decir, está atacando la misma herramienta de cooperación que según el propio ministro va a ser la que permita descubrir a quienes no entran al blanqueo y persistan en la tenencia de fondos y bienes en el exterior sin declarar.
Por eso, señor presidente, entiendo que es pertinente este señalamiento que hago respecto del ministro que no es el único que gestiona con miras a intereses personales. Por ejemplo, hoy en el diario La Nación, en papel, salió la nota que mencionaba que habían nombrado el patrimonio de Dietrich. Además, se informa que Mario Quintana, que estuvo el otro día acá -quien lamentablemente se presentó en esta comisión antes de que conociéramos su declaración jurada- tiene 2 millones y medio de pesos en acciones del Grupo Clarín. O Sturzenegger que tiene acciones en el Banco Macri. Para dar ejemplos de dos organizaciones comerciales que forman parte del conjunto accionario del FGS. Es decir que hay un interés personal de los funcionarios de este gobierno, no solamente en la impunidad que le va a significar este blanqueo para el momento en que traigan todo el dinero que tienen afuera sin declarar sino que también tienen intereses en que el Estado se desprenda de las acciones que el FGS tiene sobre algunas compañías tan importantes como las que acabo de mencionar.
El blanqueo en las condiciones propuestas por el oficialismo -esto es sin incorporar a los familiares, y hasta el tercer grado de consanguinidad- es un escándalo.
SR. PRESIDENTE DAER Le pido un minuto, señor diputado.
Solicito a los señores diputados que aguarden un poco, así antes de terminar daremos la palabra al diputado Laspina y todos podremos conocer la evolución que va teniendo el dictamen final. Se está haciendo largo pero si podemos, aguantemos un poquito más en la última jornada de debate.
Solicito a los señores diputados que aguarden un poco, así antes de terminar daremos la palabra al diputado Laspina y todos podremos conocer la evolución que va teniendo el dictamen final. Se está haciendo largo pero si podemos, aguantemos un poquito más en la última jornada de debate.
SR. TAILHADE Ya termino, señor presidente.
Desde mi punto de vista, el hecho de que un familiar de un funcionario público ingrese al blanqueo y traiga dinero, o mejor dicho, declare dinero que hasta este momento no lo tenía declarado, no lo exime al funcionario público de las consecuencias penales de tener ese dinero o esos bienes no declarados en el exterior.
Me parece que hasta un grupo de chicos de jardín de infantes se va a dar cuenta de si un hijo, una esposa o un hermano de un funcionario público trae dinero o declara un dinero que hasta ese momento no está declarado, tiene todo el derecho a sospechar de que es de ese funcionario público. Como ese funcionario público va a estar imposibilitado de blanquear ese dinero, como representante del pueblo -porque no tengo otra cosa que hacer en los próximos cuatro años que trabajar en la defensa de los intereses del pueblo- me voy a ocupar de promover la persecución penal de cada uno de los funcionarios cuyo pariente declaren plata o traigan plata; en particular, de aquellos funcionarios de la más alta jerarquía que tengan primos hermanos que declaren plata que hasta este momento no hayan declarado. (Aplausos.)
Desde mi punto de vista, el hecho de que un familiar de un funcionario público ingrese al blanqueo y traiga dinero, o mejor dicho, declare dinero que hasta este momento no lo tenía declarado, no lo exime al funcionario público de las consecuencias penales de tener ese dinero o esos bienes no declarados en el exterior.
Me parece que hasta un grupo de chicos de jardín de infantes se va a dar cuenta de si un hijo, una esposa o un hermano de un funcionario público trae dinero o declara un dinero que hasta ese momento no está declarado, tiene todo el derecho a sospechar de que es de ese funcionario público. Como ese funcionario público va a estar imposibilitado de blanquear ese dinero, como representante del pueblo -porque no tengo otra cosa que hacer en los próximos cuatro años que trabajar en la defensa de los intereses del pueblo- me voy a ocupar de promover la persecución penal de cada uno de los funcionarios cuyo pariente declaren plata o traigan plata; en particular, de aquellos funcionarios de la más alta jerarquía que tengan primos hermanos que declaren plata que hasta este momento no hayan declarado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado
Lavagna.
Lavagna.
SR. LAVAGNA Voy a ser muy breve, señor presidente.
Antes de que el diputado Laspina pase en limpio los avances que tuvo el dictamen, me gustaría que se agregue en el artículo 60, dentro de los mayores beneficios para los que contribuyen en tiempo y forma con sus impuestos, la exención del medio aguinaldo de junio a todas las personas que no podían acceder anteriormente al beneficio que ya estaba establecido.
T.38
APV
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Antes de que el diputado Laspina pase en limpio los avances que tuvo el dictamen, me gustaría que se agregue en el artículo 60, dentro de los mayores beneficios para los que contribuyen en tiempo y forma con sus impuestos, la exención del medio aguinaldo de junio a todas las personas que no podían acceder anteriormente al beneficio que ya estaba establecido.
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SR. PRESIDENTE DAER Hablamos de la cuarta categoría de ganancias.
SR. LAVAGNA Sí. Los que tienen el medio aguinaldo y cuarta categoría.
Presidente, usted no lo puede decir porque está en ese cargo, pero hubo una incorporación que me parece que es muy buena, que la hizo usted, que fue que dado que los de la pensión se incorporan al sistema al PAMI, que el Tesoro les transfiera los recursos al PAMI sobre esas personas. Esta es una propuesta suya. La digo yo en su nombre.
Presidente, usted no lo puede decir porque está en ese cargo, pero hubo una incorporación que me parece que es muy buena, que la hizo usted, que fue que dado que los de la pensión se incorporan al sistema al PAMI, que el Tesoro les transfiera los recursos al PAMI sobre esas personas. Esta es una propuesta suya. La digo yo en su nombre.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Laspina.
SR. LASPINA En primer lugar, quiero hacer algunas consideraciones de tipo político. Escuché muchos discursos de los bloques que lamentablemente en esta ocasión no nos van a apoyar en este dictamen de mayoría que estamos consensuando con otros bloques. Comenzaron a hacerse dueño de un proyecto y de banderas que durante años de alguna forma pisotearon.
Me alegra que ahora hagamos una defensa de la reparación histórica a los jubilados, que paguemos los juicios y las sentencias en tiempo record sin ningún tipo de dilación ni contemplación ni restricción presupuestaria, con una generosidad fiscal que no veíamos hasta hace pocos meses. Porque nuestro gobierno hace muy poquito que asumió y ha tenido siempre como prioridad esta norma, y durante la campaña ni siquiera hicimos demasiado uso de su anuncio, y no hemos especulado ni siquiera electoralmente con una decisión que ya la discutíamos cuando Mauricio Macri pensaba allá por 2011 en dar un paso en la dirección del gobierno nacional. Era una decisión que en aquel momento ya nos preocupaba y que muchos años después nos sigue preocupando, por eso lo primero que hicimos fue avanzar en este tema. Insisto, no fue ni siquiera una bandera electoral ni hemos hecho demagogia con un tema que para nosotros es un acto de estricta justicia.
Quiero empezar con esa consideración. Celebro esa flamante reivindicación que se hace por la causa de los jubilados en las palabras de los ex funcionarios del gobierno nacional hasta hace pocos meses.
He escuchado muchos de los comentarios que se han vertido relativos a modificaciones, algunos de los cuales hemos discutido durante muchas horas con diputados de la oposición y de nuestro interbloque también, porque hemos tenido muchas y riquísimas discusiones dentro de nuestro propio bloque por un proyecto que ciertamente es fundamental para los jubilados y es de una magnitud y un alcance que merece las energías que le hemos puesto en los últimos días.
El señor diputado Bossio planteó la necesidad de ampliar los criterios con los cuales va a trabajar el Consejo de Sustentabilidad Previsional, que se crea en el marco de la presente iniciativa, para incorporar los conceptos de sistema "público" y "de reparto", nosotros coincidimos con esa proposición.
La pensión para la vejez en 65 años viene a crear un nuevo derecho en la Argentina. Durante su campaña y al momento de asumir su mandato, el presidente Macri dijo que no veníamos a recortar ni a cercenar derechos de los argentinos; a pesar de las muchas amenazas con las cuales se intentó manipular a la gente y del miedo sembrado con respecto a los planes de asistencia social y a la Asignación Universal por Hijo.
Por el contrario, el presidente Macri ha generado una ampliación de los beneficios de la Asignación Universal por Hijo, que alcanzan a más de 500 mil niños que son hijos de monotributistas y a 300 mil niños hijos de trabajadores temporarios.
Además, a partir de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias hemos aumentado el alcance de las asignaciones familiares a casi un millón de niños, hijos de padres de trabajadores del sector privado registrado.
Creemos que la pensión para la vejez es un nuevo derecho que tendrán ahora los adultos mayores de 65 años, que mejora la pensión a la vejez del régimen actual, que la otorga a partir de los 70 años.
Coincidimos en los planteos relativos a la situación de algunas mujeres que habían hecho, o no, aportes a lo largo de su vida laboral. Coincidimos en la necesidad de extender la moratoria para las mujeres de entre 60 y 65 años por al menos tres años. Nos parece que es un acto de justicia para aquellas mujeres que estaban soñando con ese beneficio y que estaban muy cerca de obtenerlo.
Considero que es un acto de sensibilidad que todos los diputados han planteado, y nosotros desde ya compartimos, extender esta moratoria para que, en ningún caso, perjudiquemos a estas mujeres que estaban cerca de cumplir el sueño de alcanzar una pensión o en este caso, una jubilación.
También se planteó la cuestión de las cajas previsionales provinciales. En la Argentina existe una larguísima historia que hace algunos pocos días ha llegado a su fin con la devolución del 15 por ciento de la quita que se hacía de la masa coparticipable, destinada a financiar a la ANSES. Precisamente, en esta ley se están ratificando los acuerdos firmados que implementan la devolución del 15 por ciento a las provincias.
Como recién he dicho, ello viene a poner fin a un ciclo que comenzó con la privatización del sistema previsional que obligó a las provincias a hacer esta contribución en la transición del sistema público de reparto al sistema de capitalización privado de los años 90. Ello llevó a muchas provincias a plantear la necesidad de transferir las cajas provinciales a la Nación para equipararse durante esta transición y armonizar los regímenes provinciales con los nacionales.
En esa primera etapa de los pactos provinciales hubo otras provincias que decidieron -por razones constitucionales o simplemente por razones políticas particulares- no transferir sus cajas previsionales. Muchos años después, en el pacto del año 1999, reclamaron un tratamiento igualitario por parte del gobierno nacional en materia de armonización y de financiamiento del déficit de las cajas previsionales.
Aquel pacto del año 99 establecía que el gobierno nacional se haría cargo de los déficits de las cajas provinciales bajo la condición de que éstas avanzaran en una armonización de los criterios previsionales de las provincias con la nación. En la mayoría de los casos eso fue incumplido. Esa armonización no se dio y llevó a una serie de idas y vueltas y convenios -algunos incumplidos entre Nación y provincias- los cuales llevaron, durante la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a un juicio entre la provincia de Córdoba y la Nación por el incumplimiento de dichos convenios.
He escuchado la vocación por resolver estas cuestiones. Me refiero a los legisladores del Frente para la Victoria. Tal como pasó con las sentencias en firme, incumplidas y no pagas, aquí también hubo una serie de entredichos -o por lo menos contenciosos- entre la Nación y las provincias relativo al financiamiento de los déficits provinciales.
Creemos que a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituye el 15 por ciento -en los casos de las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis y que lo hace extensivo a las demás- se parte de un principio básico. Es decir, la prórroga de los acuerdos entre Nación y provincia que fueron decretados y legislados por el gobierno nacional a lo largo de los últimos años, son inconstitucionales y no parten de un nuevo acuerdo entre Nación y provincia. Por lo tanto, la prórroga estaba mal hecha.
Aquí hago alusión a la mayoría de los pactos provinciales y los pactos nación-provincia que regían a partir de esas leyes que la Corte Suprema ha declarado que ya no son válidas porque no cumplieron con la formalidad de un nuevo pacto que permitiera prorrogar los pactos anteriores.
Por todo eso es que sostenemos que es momento de poner otra vez en discusión y debate la situación de las cajas provinciales. Existe una necesidad de sentar a la Nación con aquellas provincias que no transfirieron las cajas previsionales con el objeto de buscar un punto de acuerdo que permita poner en un pie de igualdad a todas las cajas previsionales y provinciales de la República Argentina, sean o no transferidas.
Cuando hablamos de un pie de igualdad nos referimos a que se cumplan los criterios de armonización previsional entre la Nación y las provincias y que además la Nación, eventualmente, cumpla -bajo esas condiciones- con las transferencias que se requieran para cerrar el déficit de las cajas provinciales. A esto se lo denomina "déficit armonizado de las cajas provinciales".
Estamos de acuerdo con un espíritu que vaya en la dirección de volver a sentarse a discutir cómo armonizar los sistemas previsionales con el de la Nación. Además, hay que analizar cómo la Nación puede ayudar a esas cajas provinciales en el financiamiento de sus déficits de manera justa y equitativa con el resto de las cajas que fueron transferidas hace muchos años a la Nación.
Asimismo, se planteó la cuestión de las deudas provinciales que, tal como lo explicó el señor diputado Bossio, operaron a partir del aumento de los aportes patronales del 11 al 16 por ciento, que algunas provincias incumplieron. Al respecto, hay fallos que consolidaron esas deudas entre Nación y provincias. Por ello, estamos de acuerdo con facilitar el financiamiento de estas deudas o repago de las mismas en una moratoria que incluya 90 meses para pagarlas con la condición de que se abone -inicialmente- un 10 por ciento del monto refinanciado o adeudado.
Respecto al tema de las sentencias, coincidimos en la necesidad de dejar aclarado que esta iniciativa establece la emergencia en materia de litigiosidad previsional. Creemos que esto debe ser sostenido dada la gravedad del problema que tenemos, no en materia previsional, sino respecto de la cantidad de litigios que hoy tenemos en la Justicia que, como se sabe, ha llevado a amenazar con la estabilidad de los edificios de la Justicia previsional.
Hoy explicaba bien esto el diputado Pastori, quien comentaba que había 380.000 casos sin sentencia firme, y que al promedio que se viene pagando estaríamos hablando de más de seis años para poder ir resolviendo estos casos. Ello, sin contar las miles de causas que se agregan -un poco menos de 4.000 por mes, casi diría por montos similares-, los nuevos juicios que nuestros jubilados inician contra el Estado nacional y la ANSES. Por eso nosotros sí creemos que están dadas las condiciones para declarar una emergencia en materia de litigiosidad previsional, que no es lo mismo que una emergencia previsional.
Estamos dispuestos a aclarar cuáles son las implicancias de esa emergencia en litigiosidad previsional. Además, hemos introducido en el dictamen algunas reformas que clarifican este concepto para que se entienda que en ningún caso puede considerarse a la emergencia en litigiosidad como un cheque en blanco para que el gobierno nacional -en este caso la ANSES- haga lo que se le ocurra con los casos que están en discusión. Por el contrario, nosotros estamos de acuerdo en incorporar el artículo -que creo que fue solicitado tanto por el Frente Renovador como por el bloque Justicialista- relativo a que continúa el proceso de pago de las sentencias firmes, tal como hoy rige, con los mecanismos y las prioridades que existen según resoluciones de la propia ANSES.
¿Qué quiere decir esto? Que aquellos jubilados que por los motivos que fueren no optasen por ir a un acuerdo, podrán seguir teniendo el mismo derecho que tienen hoy en cuanto a que hay partidas en nuestro presupuesto previstas para el pago de sentencias. Esto es así porque hay un procedimiento establecido por la ANSES que nosotros incorporamos explícitamente aquí como un criterio de definición de prioridades, el cual no fue impulsado por la actual gestión sino por la gestión anterior del ahora diputado Diego Bossio.
Nosotros creemos que quienes quieran ir por ese mecanismo deben tener explícitamente clara la opción, más allá de que esta existía en el espíritu del proyecto original del Poder Ejecutivo, con lo cual estamos de acuerdo con reafirmarlo con este artículo.
Por otra parte, se planteó la cuestión del costo de los abogados. Allí hemos incorporado algo que también fue planteado por quien preside este plenario, el diputado Daer, quien se encuentra sentado a mi derecha. Dicho planteo consiste en que el costo de los abogados sea, desde ya, sin cargo para los jubilados; es decir, que esté a cargo de la ANSES para el caso de aquellos jubilados sin juicios iniciados, así como cualquier otro contrato, acuerdo o pacto -lo que sea- que se declare nulo a partir de esta norma. Por ello quiero que quede expresa y explícitamente claro que esto no va a implicar ningún costo para estos jubilados que acabo de mencionar.
En materia de adecuación de los topes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entendemos el punto que había señalado el diputado Lavagna respecto de que se establecía la posibilidad de una transición durante cuatro años para llegar a su cumplimiento; por lo tanto, quedaba una zona gris o indeterminada en la cual los topes podían ser excedidos con la condición de que fueran cumplidos cuatro años después. Por ello nos parece correcto consignar que en esa transición de cuatro años los topes no podrán exceder en 25 por ciento los fijados en el artículo 28 de la norma. Nos parece una consideración razonable.
En materia de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nuevamente nuestra posición ha sido muy clara al respecto.
Creemos que hay que preservar la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que politizar las tenencias de activos del FGS es un error que pueden pagar muy caro los futuros y actuales jubilados.
Pensamos que es necesario tener un criterio de defensa del patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que considere situaciones extraordinarias que ameriten realizar estas acciones en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo decimos porque ya hubo dos casos en los cuales la ANSES ha perdido mucha plata por lo que se denomina Oferta Pública de Adquisición. La ANSES estaba imposibilitada de participar, lo que la llevó a que haya quedado con un porcentaje residual de acciones sin ninguna cotización de mercado y como rehén de los nuevos accionistas de la compañía, que por supuesto ahora le ofrecen muy poco por esas acciones; esto porque dan muy pocos derechos políticos, y a pesar de que pueden tener una participación mayoritaria, el accionista probablemente las valore relativamente poco o tienda a disminuir el precio una vez que operó esta oferta pública de adquisición.
Lo mismo ocurre en el caso de que alguna compañía decida hacer una fusión, una adquisición o canje accionario de cualquier naturaleza. Creemos que también en ese caso la ANSES debe tener la posibilidad de evitar una pérdida para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, eventualmente obtener una ganancia -como suele ocurrir respecto de los valores de mercado cuando se dan este tipo de operaciones- y que esto debe ser el principio rector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: tener recursos para garantizar las jubilaciones, no para hacer política con las acciones de las compañías o con los bonos de las provincias o el direccionamiento de los préstamos. Esto es básicamente lo que pensamos.
En materia de exclusiones, se ha discutido mucho. Creemos necesario incluir a todos los poderes en todos los niveles de gobierno. Esto está en línea con las prácticas internacionales en materia de sinceramiento fiscal o blanqueo, como se lo quiera llamar.
No queremos sobreactuar. Veo en algunos diputados alguna ansiedad, alguna necesidad de sobreactuar esta transparencia, esta preocupación por la transparencia y el no lavado de activos.
Y es entendible, porque todos los días leemos en los diarios tremendos titulares de ex funcionarios acusados de corrupción, de ex o actuales contratistas del Estado acusados de lavado de dinero.
Creo que no podemos sobreactuar. Nuestro deber como legisladores es ajustarnos a las prácticas internacionales, hacer lo que tenemos que hacer.
Me alegra que ahora hagamos una defensa de la reparación histórica a los jubilados, que paguemos los juicios y las sentencias en tiempo record sin ningún tipo de dilación ni contemplación ni restricción presupuestaria, con una generosidad fiscal que no veíamos hasta hace pocos meses. Porque nuestro gobierno hace muy poquito que asumió y ha tenido siempre como prioridad esta norma, y durante la campaña ni siquiera hicimos demasiado uso de su anuncio, y no hemos especulado ni siquiera electoralmente con una decisión que ya la discutíamos cuando Mauricio Macri pensaba allá por 2011 en dar un paso en la dirección del gobierno nacional. Era una decisión que en aquel momento ya nos preocupaba y que muchos años después nos sigue preocupando, por eso lo primero que hicimos fue avanzar en este tema. Insisto, no fue ni siquiera una bandera electoral ni hemos hecho demagogia con un tema que para nosotros es un acto de estricta justicia.
Quiero empezar con esa consideración. Celebro esa flamante reivindicación que se hace por la causa de los jubilados en las palabras de los ex funcionarios del gobierno nacional hasta hace pocos meses.
He escuchado muchos de los comentarios que se han vertido relativos a modificaciones, algunos de los cuales hemos discutido durante muchas horas con diputados de la oposición y de nuestro interbloque también, porque hemos tenido muchas y riquísimas discusiones dentro de nuestro propio bloque por un proyecto que ciertamente es fundamental para los jubilados y es de una magnitud y un alcance que merece las energías que le hemos puesto en los últimos días.
El señor diputado Bossio planteó la necesidad de ampliar los criterios con los cuales va a trabajar el Consejo de Sustentabilidad Previsional, que se crea en el marco de la presente iniciativa, para incorporar los conceptos de sistema "público" y "de reparto", nosotros coincidimos con esa proposición.
La pensión para la vejez en 65 años viene a crear un nuevo derecho en la Argentina. Durante su campaña y al momento de asumir su mandato, el presidente Macri dijo que no veníamos a recortar ni a cercenar derechos de los argentinos; a pesar de las muchas amenazas con las cuales se intentó manipular a la gente y del miedo sembrado con respecto a los planes de asistencia social y a la Asignación Universal por Hijo.
Por el contrario, el presidente Macri ha generado una ampliación de los beneficios de la Asignación Universal por Hijo, que alcanzan a más de 500 mil niños que son hijos de monotributistas y a 300 mil niños hijos de trabajadores temporarios.
Además, a partir de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias hemos aumentado el alcance de las asignaciones familiares a casi un millón de niños, hijos de padres de trabajadores del sector privado registrado.
Creemos que la pensión para la vejez es un nuevo derecho que tendrán ahora los adultos mayores de 65 años, que mejora la pensión a la vejez del régimen actual, que la otorga a partir de los 70 años.
Coincidimos en los planteos relativos a la situación de algunas mujeres que habían hecho, o no, aportes a lo largo de su vida laboral. Coincidimos en la necesidad de extender la moratoria para las mujeres de entre 60 y 65 años por al menos tres años. Nos parece que es un acto de justicia para aquellas mujeres que estaban soñando con ese beneficio y que estaban muy cerca de obtenerlo.
Considero que es un acto de sensibilidad que todos los diputados han planteado, y nosotros desde ya compartimos, extender esta moratoria para que, en ningún caso, perjudiquemos a estas mujeres que estaban cerca de cumplir el sueño de alcanzar una pensión o en este caso, una jubilación.
También se planteó la cuestión de las cajas previsionales provinciales. En la Argentina existe una larguísima historia que hace algunos pocos días ha llegado a su fin con la devolución del 15 por ciento de la quita que se hacía de la masa coparticipable, destinada a financiar a la ANSES. Precisamente, en esta ley se están ratificando los acuerdos firmados que implementan la devolución del 15 por ciento a las provincias.
Como recién he dicho, ello viene a poner fin a un ciclo que comenzó con la privatización del sistema previsional que obligó a las provincias a hacer esta contribución en la transición del sistema público de reparto al sistema de capitalización privado de los años 90. Ello llevó a muchas provincias a plantear la necesidad de transferir las cajas provinciales a la Nación para equipararse durante esta transición y armonizar los regímenes provinciales con los nacionales.
En esa primera etapa de los pactos provinciales hubo otras provincias que decidieron -por razones constitucionales o simplemente por razones políticas particulares- no transferir sus cajas previsionales. Muchos años después, en el pacto del año 1999, reclamaron un tratamiento igualitario por parte del gobierno nacional en materia de armonización y de financiamiento del déficit de las cajas previsionales.
Aquel pacto del año 99 establecía que el gobierno nacional se haría cargo de los déficits de las cajas provinciales bajo la condición de que éstas avanzaran en una armonización de los criterios previsionales de las provincias con la nación. En la mayoría de los casos eso fue incumplido. Esa armonización no se dio y llevó a una serie de idas y vueltas y convenios -algunos incumplidos entre Nación y provincias- los cuales llevaron, durante la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a un juicio entre la provincia de Córdoba y la Nación por el incumplimiento de dichos convenios.
He escuchado la vocación por resolver estas cuestiones. Me refiero a los legisladores del Frente para la Victoria. Tal como pasó con las sentencias en firme, incumplidas y no pagas, aquí también hubo una serie de entredichos -o por lo menos contenciosos- entre la Nación y las provincias relativo al financiamiento de los déficits provinciales.
Creemos que a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituye el 15 por ciento -en los casos de las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis y que lo hace extensivo a las demás- se parte de un principio básico. Es decir, la prórroga de los acuerdos entre Nación y provincia que fueron decretados y legislados por el gobierno nacional a lo largo de los últimos años, son inconstitucionales y no parten de un nuevo acuerdo entre Nación y provincia. Por lo tanto, la prórroga estaba mal hecha.
Aquí hago alusión a la mayoría de los pactos provinciales y los pactos nación-provincia que regían a partir de esas leyes que la Corte Suprema ha declarado que ya no son válidas porque no cumplieron con la formalidad de un nuevo pacto que permitiera prorrogar los pactos anteriores.
Por todo eso es que sostenemos que es momento de poner otra vez en discusión y debate la situación de las cajas provinciales. Existe una necesidad de sentar a la Nación con aquellas provincias que no transfirieron las cajas previsionales con el objeto de buscar un punto de acuerdo que permita poner en un pie de igualdad a todas las cajas previsionales y provinciales de la República Argentina, sean o no transferidas.
Cuando hablamos de un pie de igualdad nos referimos a que se cumplan los criterios de armonización previsional entre la Nación y las provincias y que además la Nación, eventualmente, cumpla -bajo esas condiciones- con las transferencias que se requieran para cerrar el déficit de las cajas provinciales. A esto se lo denomina "déficit armonizado de las cajas provinciales".
Estamos de acuerdo con un espíritu que vaya en la dirección de volver a sentarse a discutir cómo armonizar los sistemas previsionales con el de la Nación. Además, hay que analizar cómo la Nación puede ayudar a esas cajas provinciales en el financiamiento de sus déficits de manera justa y equitativa con el resto de las cajas que fueron transferidas hace muchos años a la Nación.
Asimismo, se planteó la cuestión de las deudas provinciales que, tal como lo explicó el señor diputado Bossio, operaron a partir del aumento de los aportes patronales del 11 al 16 por ciento, que algunas provincias incumplieron. Al respecto, hay fallos que consolidaron esas deudas entre Nación y provincias. Por ello, estamos de acuerdo con facilitar el financiamiento de estas deudas o repago de las mismas en una moratoria que incluya 90 meses para pagarlas con la condición de que se abone -inicialmente- un 10 por ciento del monto refinanciado o adeudado.
Respecto al tema de las sentencias, coincidimos en la necesidad de dejar aclarado que esta iniciativa establece la emergencia en materia de litigiosidad previsional. Creemos que esto debe ser sostenido dada la gravedad del problema que tenemos, no en materia previsional, sino respecto de la cantidad de litigios que hoy tenemos en la Justicia que, como se sabe, ha llevado a amenazar con la estabilidad de los edificios de la Justicia previsional.
Hoy explicaba bien esto el diputado Pastori, quien comentaba que había 380.000 casos sin sentencia firme, y que al promedio que se viene pagando estaríamos hablando de más de seis años para poder ir resolviendo estos casos. Ello, sin contar las miles de causas que se agregan -un poco menos de 4.000 por mes, casi diría por montos similares-, los nuevos juicios que nuestros jubilados inician contra el Estado nacional y la ANSES. Por eso nosotros sí creemos que están dadas las condiciones para declarar una emergencia en materia de litigiosidad previsional, que no es lo mismo que una emergencia previsional.
Estamos dispuestos a aclarar cuáles son las implicancias de esa emergencia en litigiosidad previsional. Además, hemos introducido en el dictamen algunas reformas que clarifican este concepto para que se entienda que en ningún caso puede considerarse a la emergencia en litigiosidad como un cheque en blanco para que el gobierno nacional -en este caso la ANSES- haga lo que se le ocurra con los casos que están en discusión. Por el contrario, nosotros estamos de acuerdo en incorporar el artículo -que creo que fue solicitado tanto por el Frente Renovador como por el bloque Justicialista- relativo a que continúa el proceso de pago de las sentencias firmes, tal como hoy rige, con los mecanismos y las prioridades que existen según resoluciones de la propia ANSES.
¿Qué quiere decir esto? Que aquellos jubilados que por los motivos que fueren no optasen por ir a un acuerdo, podrán seguir teniendo el mismo derecho que tienen hoy en cuanto a que hay partidas en nuestro presupuesto previstas para el pago de sentencias. Esto es así porque hay un procedimiento establecido por la ANSES que nosotros incorporamos explícitamente aquí como un criterio de definición de prioridades, el cual no fue impulsado por la actual gestión sino por la gestión anterior del ahora diputado Diego Bossio.
Nosotros creemos que quienes quieran ir por ese mecanismo deben tener explícitamente clara la opción, más allá de que esta existía en el espíritu del proyecto original del Poder Ejecutivo, con lo cual estamos de acuerdo con reafirmarlo con este artículo.
Por otra parte, se planteó la cuestión del costo de los abogados. Allí hemos incorporado algo que también fue planteado por quien preside este plenario, el diputado Daer, quien se encuentra sentado a mi derecha. Dicho planteo consiste en que el costo de los abogados sea, desde ya, sin cargo para los jubilados; es decir, que esté a cargo de la ANSES para el caso de aquellos jubilados sin juicios iniciados, así como cualquier otro contrato, acuerdo o pacto -lo que sea- que se declare nulo a partir de esta norma. Por ello quiero que quede expresa y explícitamente claro que esto no va a implicar ningún costo para estos jubilados que acabo de mencionar.
En materia de adecuación de los topes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entendemos el punto que había señalado el diputado Lavagna respecto de que se establecía la posibilidad de una transición durante cuatro años para llegar a su cumplimiento; por lo tanto, quedaba una zona gris o indeterminada en la cual los topes podían ser excedidos con la condición de que fueran cumplidos cuatro años después. Por ello nos parece correcto consignar que en esa transición de cuatro años los topes no podrán exceder en 25 por ciento los fijados en el artículo 28 de la norma. Nos parece una consideración razonable.
En materia de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nuevamente nuestra posición ha sido muy clara al respecto.
Creemos que hay que preservar la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que politizar las tenencias de activos del FGS es un error que pueden pagar muy caro los futuros y actuales jubilados.
Pensamos que es necesario tener un criterio de defensa del patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que considere situaciones extraordinarias que ameriten realizar estas acciones en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo decimos porque ya hubo dos casos en los cuales la ANSES ha perdido mucha plata por lo que se denomina Oferta Pública de Adquisición. La ANSES estaba imposibilitada de participar, lo que la llevó a que haya quedado con un porcentaje residual de acciones sin ninguna cotización de mercado y como rehén de los nuevos accionistas de la compañía, que por supuesto ahora le ofrecen muy poco por esas acciones; esto porque dan muy pocos derechos políticos, y a pesar de que pueden tener una participación mayoritaria, el accionista probablemente las valore relativamente poco o tienda a disminuir el precio una vez que operó esta oferta pública de adquisición.
Lo mismo ocurre en el caso de que alguna compañía decida hacer una fusión, una adquisición o canje accionario de cualquier naturaleza. Creemos que también en ese caso la ANSES debe tener la posibilidad de evitar una pérdida para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, eventualmente obtener una ganancia -como suele ocurrir respecto de los valores de mercado cuando se dan este tipo de operaciones- y que esto debe ser el principio rector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: tener recursos para garantizar las jubilaciones, no para hacer política con las acciones de las compañías o con los bonos de las provincias o el direccionamiento de los préstamos. Esto es básicamente lo que pensamos.
En materia de exclusiones, se ha discutido mucho. Creemos necesario incluir a todos los poderes en todos los niveles de gobierno. Esto está en línea con las prácticas internacionales en materia de sinceramiento fiscal o blanqueo, como se lo quiera llamar.
No queremos sobreactuar. Veo en algunos diputados alguna ansiedad, alguna necesidad de sobreactuar esta transparencia, esta preocupación por la transparencia y el no lavado de activos.
Y es entendible, porque todos los días leemos en los diarios tremendos titulares de ex funcionarios acusados de corrupción, de ex o actuales contratistas del Estado acusados de lavado de dinero.
Creo que no podemos sobreactuar. Nuestro deber como legisladores es ajustarnos a las prácticas internacionales, hacer lo que tenemos que hacer.
SRA. GAILLARD En primer lugar, le pido que no chicanee, no le sale bien.
Estamos hablando de un tema muy serio y muy delicado para que usted se ponga a chicanear a nuestro bloque y a nuestro espacio político. Le quiero recordar -y acá nadie lo ha dicho- que en el año 2008 la diputada Elisa Carrió -de su bloque- fue la que no sólo manifestó preocupación por el tema del blanqueo y se opuso al blanqueo -como muchos de los integrantes de su bloque-, sino que también hizo una denuncia penal contra el entonces presidente Néstor Kirchner, todos los diputados y otros funcionarios públicos por llevar adelante el proyecto de ley de blanqueo y su posterior sanción, por incurrir en el delito previsto en el artículo 277, incisos a) y e) del Código Penal.
Entonces, estamos hablando de algo muy serio. No estamos exagerando la transparencia, no estamos politizando las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Simplemente nos preocupan las futuras generaciones y queremos que se garantice que las personas que hoy aportan el día mañana puedan cobrar su jubilación y que las inversiones sean dentro de nuestro país.
Con respecto al tema de la transparencia, para nosotros es muy importante. No estamos exagerando. Estamos reclamando que la ley tenga las precauciones correspondientes para evitar que los funcionarios públicos tengan prerrogativas y que la persona que está en la función pública pueda hacer uso y abuso de esta ley tal cual está redactada. Creemos que deben tomarse las precauciones correspondientes para que ni los funcionarios ni sus familiares puedan acogerse a este beneficio de blanqueo.
Y para que eso se cumpla, necesitamos que en la redacción claramente diga que no pueden ser familiares en el cuarto grado de consanguinidad ni en el segundo de afinidad. Eso para nosotros es clave con el fin de evitar que los familiares de los funcionarios públicos se acojan a esta norma. Para nosotros sí es importante la transparencia.
La señora diputada Carrió ha brillado por su ausencia. Seguramente no puede sostener la posición que mantuvo cuando hizo la denuncia penal contra funcionarios de nuestro gobierno por este mismo tema.
Estamos hablando de un tema muy serio y muy delicado para que usted se ponga a chicanear a nuestro bloque y a nuestro espacio político. Le quiero recordar -y acá nadie lo ha dicho- que en el año 2008 la diputada Elisa Carrió -de su bloque- fue la que no sólo manifestó preocupación por el tema del blanqueo y se opuso al blanqueo -como muchos de los integrantes de su bloque-, sino que también hizo una denuncia penal contra el entonces presidente Néstor Kirchner, todos los diputados y otros funcionarios públicos por llevar adelante el proyecto de ley de blanqueo y su posterior sanción, por incurrir en el delito previsto en el artículo 277, incisos a) y e) del Código Penal.
Entonces, estamos hablando de algo muy serio. No estamos exagerando la transparencia, no estamos politizando las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Simplemente nos preocupan las futuras generaciones y queremos que se garantice que las personas que hoy aportan el día mañana puedan cobrar su jubilación y que las inversiones sean dentro de nuestro país.
Con respecto al tema de la transparencia, para nosotros es muy importante. No estamos exagerando. Estamos reclamando que la ley tenga las precauciones correspondientes para evitar que los funcionarios públicos tengan prerrogativas y que la persona que está en la función pública pueda hacer uso y abuso de esta ley tal cual está redactada. Creemos que deben tomarse las precauciones correspondientes para que ni los funcionarios ni sus familiares puedan acogerse a este beneficio de blanqueo.
Y para que eso se cumpla, necesitamos que en la redacción claramente diga que no pueden ser familiares en el cuarto grado de consanguinidad ni en el segundo de afinidad. Eso para nosotros es clave con el fin de evitar que los familiares de los funcionarios públicos se acojan a esta norma. Para nosotros sí es importante la transparencia.
La señora diputada Carrió ha brillado por su ausencia. Seguramente no puede sostener la posición que mantuvo cuando hizo la denuncia penal contra funcionarios de nuestro gobierno por este mismo tema.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Spinozzi.
SR. SPINOZZI Muy breve, señor presidente. La verdad es que no escuché al señor diputado Laspina hacer referencia a ningún bloque o nombrar a algún señor diputado respecto de la sobreactuación. Si la señora diputada se hace cargo entonces será por su propia cuenta.
SR. PRESIDENTE DAER Les pido que no sigamos con la cuestión.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Laspina.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Laspina.
SR. LASPINA Debo decir que a lo largo de estas largas horas de debate he soportado muchas chicanas y es por eso que pido disculpas si se me escapó alguna y alguien se sintió aludido, tal cual lo expresó el señor diputado Spinozzi.
Por otro lado, quiero hacer una salvedad respecto a otros blanqueos y es la siguiente. En primer lugar, el blanqueo o sinceramiento impositivo que estamos llevando a cabo -ya lo han explicado los funcionarios- se encuentra en el marco de un contexto internacional de cooperación e intercambio de información entre países. Esto ha llevado a que la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico recomiende a los países nivelar la cancha, poner los relojes en cero a partir de este año. La idea es empezar a intercambiar información en materia tributaria entre los países a partir del próximo año. Se mencionó a Chile -terminó uno a principios de año-, Brasil -tiene uno en curso-, México, España e Italia. Esos países impulsaron este tipo de blanqueo. Nosotros avanzamos en esa dirección, es decir, las recomendaciones internacionales; permitir una oportunidad para que los evasores, a partir de actividades lícitas, que no cumplieron con sus impuestos -lo cual está penado por nuestra ley- puedan exteriorizar sus bienes. Nos debemos poner en un pie de igualdad con el resto de los países, sabiendo que a partir del año que viene el intercambio de información permitirá una lucha muy dura contra quienes no hayan querido blanquear sus activos en esta moratoria.
Hay una diferencia importante respecto de otros blanqueos, con lo cual ésta es una oportunidad de poner a muchos argentinos en situación regular respecto al fisco.
Asimismo, estamos de acuerdo con profundizar algo que ha hecho el proyecto de ley venido del Poder Ejecutivo. Me refiero a darle, por primera vez en la historia, un beneficio a quienes cumplieron puntualmente con sus impuestos. Esto no se había hecho nunca en ningún momento de la historia argentina y creo que ha habido un reconocimiento de muchos bloques acerca de que era una idea positiva.
En esa línea hemos escuchado propuestas como la planteada por el señor diputado Lavagna respecto de ampliar el beneficio que ya está previsto en el proyecto original del Poder Ejecutivo nacional basado en la eximición del impuesto a los bienes personales para los contribuyentes cumplidores, a otros contribuyentes que no estaban alcanzados. Allí se discutió justamente el hecho de que al poner Bienes Personales de alguna forma excluía a otros contribuyentes cumplidores no alcanzados por el impuesto a los bienes personales. Creemos que amerita incorporar como premio esta eximición propuesta al medio aguinaldo de junio, es decir la primera cuota. Insisto que esto es algo que nunca se había hecho, nosotros lo celebramos y va en la dirección de que, a pesar de que estamos haciendo un blanqueo, lo más probable es que sea el último en muchos años.
Insisto: lo que estamos haciendo es poner los relojes en cero para empezar el intercambio de información financiera internacional a partir del próximo año. Queremos que esto sea también un reconocimiento a quienes pagaron puntualmente sus impuestos y que incluya, además, a sectores de la clase media argentina afectada o alcanzada por el pago del impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo.
En relación con el impuesto a los bienes personales, hay una discusión que viene de hace muchos años respecto a los pros y contras de dicho gravamen. Algunos tributaristas argumentan que es un incentivo a la evasión impositiva, dado que eso genera de alguna forma un pago anual por activos que no necesariamente generan rentabilidad. Está también la otra campana, que habla de que es un impuesto a la riqueza, un impuesto progresivo.
Nosotros creemos que es justo ir avanzando en una reforma impositiva y por eso se propone una comisión de estudios tributarios conformada por quince diputados y por quince senadores. Esa comisión va a ir dictaminando y opinando respecto de los cambios, las prioridades y el tratamiento legislativo en materia impositiva. Allí tendremos oportunidad de replantear la estructura tributaria argentina, de pensar en impuestos progresivos y que graven a la riqueza y a los sectores más ricos de la sociedad.
Creemos que es atinado el punto que se ha mencionado respecto de la transición, que según el marco de la presente norma sería de unos tres años. En ese sentido, mantener el impuesto a los bienes personales hasta tanto se decida su reemplazo por otros impuestos al patrimonio o algún otro tipo de gravamen, permitiría sostener la progresividad de nuestro sistema tributario.
También hemos modificado el artículo 85 para dejar absolutamente en claro que se mantiene la libertad de prensa en la Argentina, la cual nunca estuvo en discusión. No obstante, se mantienen las penas por la violación del secreto fiscal. Acá hay un equilibrio muy delicado; nosotros queremos reafirmar que obviamente se mantienen las penas por la violación del secreto fiscal y que al mismo tiempo se excluye, sí, al periodismo, a los medios de comunicación, del alcance de las penas a partir de esa prohibición. Ello, por entender que en ningún momento la libertad de expresión y la libertad de prensa deben estar en discusión, pero también preservando el secreto fiscal.
Tomamos el punto que señalaron el señor diputado Lavagna y otros bloques relativo a la cuestión de algunas modificaciones al impuesto a las ganancias que se establecen en el marco de la presente norma, que van encaminadas precisamente a no generar desincentivos o no mantener distorsiones que pudieran afectar el alcance de este blanqueo impositivo.
En ese aspecto nos parece conveniente eliminar el artículo 71, que básicamente desgravaba del impuesto a las ganancias precisamente las ganancias por revaluación de activos con cotización en el exterior, más allá de que se trataba de acciones o de activos emitidos por residentes. O sea, estamos hablando de papeles cuyos emisores son residentes argentinos.
Por ello, en aras del debate y del consenso, nos parece correcto eliminar ese artículo, que además sostiene -de mantenerse el impuesto que hoy se está cobrando en Argentina- un sesgo o una preferencia -si ustedes quieren- en materia impositiva, por mantener esos activos de acciones o títulos argentinos con cotización o de transacción en los mercados locales.
Cuando fue creado ese impuesto, precisamente se pensó para que un residente argentino que tenía un papel en Argentina transara ese papel en una bolsa local en lugar de hacerlo en una internacional, porque en el caso local tenía la exención del impuesto y en el internacional no.
De modo tal que eliminar ese artículo, que precisamente elimina este impuesto, permitirá mantener este sesgo hacia los mercados locales, lo que creemos que puede ser positivo.
Estos son básicamente todos los cambios que se han sugerido. La verdad es que hemos estado durante muchas horas dialogando, no solamente durante las sesiones informativas y las reuniones con los funcionarios, sino también durante el transcurso de los últimos días. Me parece que esto refleja un poco la vocación de consenso que tenemos.
Creo que de alguna forma despeja las dudas que había en cuanto a la norma. Aspiro a que sigamos trabajando de aquí a la sesión -que ojalá podamos hacer la próxima semana- para continuar avanzando en consensos, ya que los jubilados, los argentinos y la resolución de este problema que viene de hace muchos años requiere para su aprobación de un amplísimo consenso del Congreso Nacional.
Este proyecto no puede ser visto como una cuestión de un partido o de un grupo particular. Debe ser visto como un acuerdo de la inmensa mayoría de los argentinos, de los representantes del pueblo que aquí estamos, en beneficio de los jubilados, y debe servir para dar vuelta una página que ha sido muy dolorosa y que ha llevado a muchos jubilados a peregrinar, a reclamar.
Es un acto de justicia y creo que estamos dando un paso fundamental precisamente para esta restauración histórica en un acto de justicia con los jubilados. Por eso, insisto en que sigamos trabajando, reflexionando y dialogando para ver si cuando aprobemos esta iniciativa salga apoyada por una mayoría abrumadora. Muchas gracias. (Aplausos.)
Por otro lado, quiero hacer una salvedad respecto a otros blanqueos y es la siguiente. En primer lugar, el blanqueo o sinceramiento impositivo que estamos llevando a cabo -ya lo han explicado los funcionarios- se encuentra en el marco de un contexto internacional de cooperación e intercambio de información entre países. Esto ha llevado a que la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico recomiende a los países nivelar la cancha, poner los relojes en cero a partir de este año. La idea es empezar a intercambiar información en materia tributaria entre los países a partir del próximo año. Se mencionó a Chile -terminó uno a principios de año-, Brasil -tiene uno en curso-, México, España e Italia. Esos países impulsaron este tipo de blanqueo. Nosotros avanzamos en esa dirección, es decir, las recomendaciones internacionales; permitir una oportunidad para que los evasores, a partir de actividades lícitas, que no cumplieron con sus impuestos -lo cual está penado por nuestra ley- puedan exteriorizar sus bienes. Nos debemos poner en un pie de igualdad con el resto de los países, sabiendo que a partir del año que viene el intercambio de información permitirá una lucha muy dura contra quienes no hayan querido blanquear sus activos en esta moratoria.
Hay una diferencia importante respecto de otros blanqueos, con lo cual ésta es una oportunidad de poner a muchos argentinos en situación regular respecto al fisco.
Asimismo, estamos de acuerdo con profundizar algo que ha hecho el proyecto de ley venido del Poder Ejecutivo. Me refiero a darle, por primera vez en la historia, un beneficio a quienes cumplieron puntualmente con sus impuestos. Esto no se había hecho nunca en ningún momento de la historia argentina y creo que ha habido un reconocimiento de muchos bloques acerca de que era una idea positiva.
En esa línea hemos escuchado propuestas como la planteada por el señor diputado Lavagna respecto de ampliar el beneficio que ya está previsto en el proyecto original del Poder Ejecutivo nacional basado en la eximición del impuesto a los bienes personales para los contribuyentes cumplidores, a otros contribuyentes que no estaban alcanzados. Allí se discutió justamente el hecho de que al poner Bienes Personales de alguna forma excluía a otros contribuyentes cumplidores no alcanzados por el impuesto a los bienes personales. Creemos que amerita incorporar como premio esta eximición propuesta al medio aguinaldo de junio, es decir la primera cuota. Insisto que esto es algo que nunca se había hecho, nosotros lo celebramos y va en la dirección de que, a pesar de que estamos haciendo un blanqueo, lo más probable es que sea el último en muchos años.
Insisto: lo que estamos haciendo es poner los relojes en cero para empezar el intercambio de información financiera internacional a partir del próximo año. Queremos que esto sea también un reconocimiento a quienes pagaron puntualmente sus impuestos y que incluya, además, a sectores de la clase media argentina afectada o alcanzada por el pago del impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo.
En relación con el impuesto a los bienes personales, hay una discusión que viene de hace muchos años respecto a los pros y contras de dicho gravamen. Algunos tributaristas argumentan que es un incentivo a la evasión impositiva, dado que eso genera de alguna forma un pago anual por activos que no necesariamente generan rentabilidad. Está también la otra campana, que habla de que es un impuesto a la riqueza, un impuesto progresivo.
Nosotros creemos que es justo ir avanzando en una reforma impositiva y por eso se propone una comisión de estudios tributarios conformada por quince diputados y por quince senadores. Esa comisión va a ir dictaminando y opinando respecto de los cambios, las prioridades y el tratamiento legislativo en materia impositiva. Allí tendremos oportunidad de replantear la estructura tributaria argentina, de pensar en impuestos progresivos y que graven a la riqueza y a los sectores más ricos de la sociedad.
Creemos que es atinado el punto que se ha mencionado respecto de la transición, que según el marco de la presente norma sería de unos tres años. En ese sentido, mantener el impuesto a los bienes personales hasta tanto se decida su reemplazo por otros impuestos al patrimonio o algún otro tipo de gravamen, permitiría sostener la progresividad de nuestro sistema tributario.
También hemos modificado el artículo 85 para dejar absolutamente en claro que se mantiene la libertad de prensa en la Argentina, la cual nunca estuvo en discusión. No obstante, se mantienen las penas por la violación del secreto fiscal. Acá hay un equilibrio muy delicado; nosotros queremos reafirmar que obviamente se mantienen las penas por la violación del secreto fiscal y que al mismo tiempo se excluye, sí, al periodismo, a los medios de comunicación, del alcance de las penas a partir de esa prohibición. Ello, por entender que en ningún momento la libertad de expresión y la libertad de prensa deben estar en discusión, pero también preservando el secreto fiscal.
Tomamos el punto que señalaron el señor diputado Lavagna y otros bloques relativo a la cuestión de algunas modificaciones al impuesto a las ganancias que se establecen en el marco de la presente norma, que van encaminadas precisamente a no generar desincentivos o no mantener distorsiones que pudieran afectar el alcance de este blanqueo impositivo.
En ese aspecto nos parece conveniente eliminar el artículo 71, que básicamente desgravaba del impuesto a las ganancias precisamente las ganancias por revaluación de activos con cotización en el exterior, más allá de que se trataba de acciones o de activos emitidos por residentes. O sea, estamos hablando de papeles cuyos emisores son residentes argentinos.
Por ello, en aras del debate y del consenso, nos parece correcto eliminar ese artículo, que además sostiene -de mantenerse el impuesto que hoy se está cobrando en Argentina- un sesgo o una preferencia -si ustedes quieren- en materia impositiva, por mantener esos activos de acciones o títulos argentinos con cotización o de transacción en los mercados locales.
Cuando fue creado ese impuesto, precisamente se pensó para que un residente argentino que tenía un papel en Argentina transara ese papel en una bolsa local en lugar de hacerlo en una internacional, porque en el caso local tenía la exención del impuesto y en el internacional no.
De modo tal que eliminar ese artículo, que precisamente elimina este impuesto, permitirá mantener este sesgo hacia los mercados locales, lo que creemos que puede ser positivo.
Estos son básicamente todos los cambios que se han sugerido. La verdad es que hemos estado durante muchas horas dialogando, no solamente durante las sesiones informativas y las reuniones con los funcionarios, sino también durante el transcurso de los últimos días. Me parece que esto refleja un poco la vocación de consenso que tenemos.
Creo que de alguna forma despeja las dudas que había en cuanto a la norma. Aspiro a que sigamos trabajando de aquí a la sesión -que ojalá podamos hacer la próxima semana- para continuar avanzando en consensos, ya que los jubilados, los argentinos y la resolución de este problema que viene de hace muchos años requiere para su aprobación de un amplísimo consenso del Congreso Nacional.
Este proyecto no puede ser visto como una cuestión de un partido o de un grupo particular. Debe ser visto como un acuerdo de la inmensa mayoría de los argentinos, de los representantes del pueblo que aquí estamos, en beneficio de los jubilados, y debe servir para dar vuelta una página que ha sido muy dolorosa y que ha llevado a muchos jubilados a peregrinar, a reclamar.
Es un acto de justicia y creo que estamos dando un paso fundamental precisamente para esta restauración histórica en un acto de justicia con los jubilados. Por eso, insisto en que sigamos trabajando, reflexionando y dialogando para ver si cuando aprobemos esta iniciativa salga apoyada por una mayoría abrumadora. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra la señora diputada Tundis.
SRA. TUNDIS Seré muy breve. Me referiré a un aspecto técnico. No tiene que ver con críticas sino con aportes.
Ya dijo el diputado Laspina que el tema de la emergencia es algo que no van a modificar, hacen la aclaración. La preocupación siempre es la mala experiencia que tuvimos con la emergencia solidaria de la época de Cavallo, donde el Estado dejó de pagar los juicios precisamente por decretar la emergencia solidaria. Está bueno que quede asentado que esto no afectará bajo ningún punto de vista el pago a los jubilados.
Cuando hablamos de reparación histórica, lamento que no haya sido incluido el tema de los casi 25 mil "ni ni", que ni trabajan ni son jubilados, que tienen 30, 40 o 45 años de aportes, que no tienen la edad necesaria, que no tienen cobertura médica, que no acceden a ningún tipo de subsidio, casos para los que entre 2005 y 2007 existió la jubilación anticipada.
Si bien tengo un proyecto presentado y está en la Comisión de Previsión, hubiera sido bueno haber incorporado a estos "ni ni" con un haber mínimo, por lo menos hasta que cumplieran la edad requerida, porque de alguna manera se genera una injusticia entre el hecho de querer incorporar a aquellos que nunca han aportado y que tienen un derecho a una cobertura y dejar de lado a aquellos que cumplieron con la ley, con los aportes y no eligieron ser despedidos de las empresas y quedarse sin trabajo. Lamento que no hayan podido ser incorporados estos "ni ni" a este proyecto.
También tengo otra preocupación, que sigue siendo lo que ya se planteó y creo que no habrá cambios. Me refiero al índice de aquellos a quienes hay que calcularle el haber para la ley 24.241, porque el fallo Elliff determina el ISBIC y en realidad se aplica el RIPTE, lo que hace que el cálculo sea inferior en la liquidación del haber.
No es así respecto a los que son de la ley antigua -la 18.037- porque en ese caso aplican Sánchez y Badaro a través del Índice General de Remuneraciones por lo cual no estaría afectando, bajo ningún punto de vista, la liquidación del haber.
La otra preocupación que tengo se relaciona con las quitas debido a que éstas son importantes, más allá de que es un convenio transaccional. Esto lo hemos visto en algunos casos que tienen que ver con dos de los jubilados que estuvieron con el presidente. Me refiero a la quita de Beatriz que hace ocho años está en juicio y no tiene una sentencia. Al no tener la sentencia va a cobrar nada más que cuatro años de retroactivo. Se pondrá contenta por algo a lo que no podrá acceder. Quizás hubiese planteado un porcentaje y no una quita en cantidad de años. De todos modos esto no es obligatorio y es a voluntad de cada uno. Seguramente cada uno consultará con su profesional y otros tomarán la determinación porque el jubilado lo que más quiere es tener plata en su bolsillo. Esta es la gran realidad. Los que más se van a estar beneficiando son los que nunca hicieron juicio porque esto les llega de arriba y en forma impensada. No podemos estar nunca en contra de tratar un proyecto que pida el reajuste del haber de los jubilados porque es algo que, desde mi lugar, vengo peleando hace muchos años. Podemos tener diferencias como las que acabo de plantear, pero nunca me opondría a trabajar sobre un ajuste.
Otro de los puntos contenidos en el artículo 5° y que no me convence se refiere al hecho de que establece montos actualizados. Es decir, bajo ningún punto de vista se van a modificar los máximos y los mínimos.
Quiero hacer una aclaración. En el caso de la ley 24.241 se establece un máximo porque también hay un máximo que se establece con aporte sobre el sueldo. Uno no aporta sobre todo lo que cobra si es que tiene un gran sueldo. Hay un tope para un haber jubilatorio.
Sin embargo, la ley 18.037 establecía aportar el 11 por ciento sobre la totalidad de sus haberes y si tenía dos trabajos era sobre la totalidad de los dos trabajos. Existen fallos judiciales donde se libera el tope. Creo que en estos casos puede pasar que vuelvan a generarse nuevas acciones judiciales con los que están en proceso judicial y no con los que tienen fallos judiciales ni con los que nunca hicieron juicio. Generalmente, el que no hizo juicio es porque no tuvo plata para pagarle a un abogado. Decían que no iban a iniciar un juicio porque no querían esperar diez años pensando que podían fallecer en el camino o porque desconocían que lo podían hacer. Quizás en esta masa del medio y que está en la Justicia -me refiero a los 380 mil- exista el caso de volver a accionar por el máximo y la liberación del tope.
Son muchas las cosas que deseo aportar. No han tenido en cuenta las leyes especiales. Quisiéramos saber si el gobierno en algún momento hará una reparación histórica para los retirados de Gendarmería, Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Recordemos que el mayor empleador y pagador en negro ha sido el Estado. Concretamente, el Estado pagó con montos fijos no remunerativos. Tenemos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que indican que los montos no remunerativos tienen que liquidarse para aquellos retirados o pensionados. Esta es una gran deuda. Fueron aprobados 800 millones en el presupuesto para pagar todo esto. Me gustaría que en algún momento se pueda hacer alguna reparación histórica para estos empleados de las fuerzas armadas: Servicio Penitenciario, Gendarmería y Prefectura. Ellos también tienen su derecho y muchas veces esperan añares. Lamentablemente, en el gobierno anterior era muy poco el presupuesto que se aprobaba para poder pagarles porque los dejaban siempre para el final.
Más allá de las diferencias nada justifica que quizás alguien haya tenido un buen comportamiento y tenga derecho a un beneficio hoy esté cobrando un haber inferior al que le corresponde dado que el que está trabajando recibe este monto fijo no remunerativo.
Creo que el Estado tiene que dar el ejemplo. Así como controlamos a las empresas para que no paguen en negro, el Estado tampoco debe pagar en negro.
De todos modos, vamos a acompañar el proyecto en general. Soy la más interesada en que un jubilado pueda recibir un aumento.
En relación con los que cobran haberes mínimos, que son los jubilados a través del monotributo -no me voy a explayar demasiado porque ya se refirió a esto el diputado Lavagna- sabemos que la ley de monotributo establece que el derecho que tienen a cobrar sus beneficiarios es una prestación básica universal. Esta sería de 2.400 pesos y el Estado paga la diferencia para llegar al haber mínimo.
También van a quedar afuera las empleadas de servicio doméstico, porque se paga casi un monotributo. No existe más esa relación de dependencia del 11 y del 16 por ciento que aportaba el empleador.
Con respecto a los autónomos, si bien está la ley 18.038, sabemos que las rentas presuntas no fueron modificadas. Así que lamentablemente, por más que hayan aportado en categorías altas, estos quedan fuera de la actualización. Espero que quizás a través de los proyectos que se han presentado en este sentido se pueda también reparar esta injusticia con este sector.
Seguimos insistiendo con que se debería pensar en darle un adicional al haber mínimo, un suplemento hasta que llegue el mes de septiembre y se pueda cobrar la movilidad.
La última preocupación que planteo es que, si bien la regulación de los honorarios de los abogados para los que no hicieron juicio va a estar a cargo de la ANSES, los que están en el tramo del medio, los que están en pleno proceso judicial, serían los más perjudicados.
Quiero recordarles que los abogados desde ningún punto de vista -y esto es porque estos días me han llamado todos los profesionales previsionalistas-, van a aceptar cobrar lo fijado, es decir, el 20 o el 30 por ciento. La ley de honorarios establece el 20, pero todos sabemos que el jubilado pacta a veces mucho más: el 25, el 30 por ciento y más. Además, los profesionales les van a cobrar sobre la totalidad del retroactivo: el porcentaje pactado sobre el 50 por ciento que van a estar percibiendo primero, y también sobre el 50 por ciento que se les va a pagar en cuotas.
Esto quiere decir que el jubilado poco va a recibir en su primer retroactivo, porque entre la quita y lo que le descuente el profesional, en verdad con lo único que se va a quedar es con el haber y con parte de ese retroactivo.
Estos eran los puntos que quería aclarar dentro de mis pocos conocimientos previsionales. Espero que en algún momento se pueda incorporar especialmente lo de la jubilación anticipada a los "ni ni". Ya que incorporamos a hombres y mujeres a través de una moratoria o de una jubilación o pensión a la vejez, sería justo que aquellas personas que cumplieron con la ley tengan el mismo derecho. Por lo menos, que puedan cobrar un haber mínimo hasta cumplir la edad requerida.
Ya dijo el diputado Laspina que el tema de la emergencia es algo que no van a modificar, hacen la aclaración. La preocupación siempre es la mala experiencia que tuvimos con la emergencia solidaria de la época de Cavallo, donde el Estado dejó de pagar los juicios precisamente por decretar la emergencia solidaria. Está bueno que quede asentado que esto no afectará bajo ningún punto de vista el pago a los jubilados.
Cuando hablamos de reparación histórica, lamento que no haya sido incluido el tema de los casi 25 mil "ni ni", que ni trabajan ni son jubilados, que tienen 30, 40 o 45 años de aportes, que no tienen la edad necesaria, que no tienen cobertura médica, que no acceden a ningún tipo de subsidio, casos para los que entre 2005 y 2007 existió la jubilación anticipada.
Si bien tengo un proyecto presentado y está en la Comisión de Previsión, hubiera sido bueno haber incorporado a estos "ni ni" con un haber mínimo, por lo menos hasta que cumplieran la edad requerida, porque de alguna manera se genera una injusticia entre el hecho de querer incorporar a aquellos que nunca han aportado y que tienen un derecho a una cobertura y dejar de lado a aquellos que cumplieron con la ley, con los aportes y no eligieron ser despedidos de las empresas y quedarse sin trabajo. Lamento que no hayan podido ser incorporados estos "ni ni" a este proyecto.
También tengo otra preocupación, que sigue siendo lo que ya se planteó y creo que no habrá cambios. Me refiero al índice de aquellos a quienes hay que calcularle el haber para la ley 24.241, porque el fallo Elliff determina el ISBIC y en realidad se aplica el RIPTE, lo que hace que el cálculo sea inferior en la liquidación del haber.
No es así respecto a los que son de la ley antigua -la 18.037- porque en ese caso aplican Sánchez y Badaro a través del Índice General de Remuneraciones por lo cual no estaría afectando, bajo ningún punto de vista, la liquidación del haber.
La otra preocupación que tengo se relaciona con las quitas debido a que éstas son importantes, más allá de que es un convenio transaccional. Esto lo hemos visto en algunos casos que tienen que ver con dos de los jubilados que estuvieron con el presidente. Me refiero a la quita de Beatriz que hace ocho años está en juicio y no tiene una sentencia. Al no tener la sentencia va a cobrar nada más que cuatro años de retroactivo. Se pondrá contenta por algo a lo que no podrá acceder. Quizás hubiese planteado un porcentaje y no una quita en cantidad de años. De todos modos esto no es obligatorio y es a voluntad de cada uno. Seguramente cada uno consultará con su profesional y otros tomarán la determinación porque el jubilado lo que más quiere es tener plata en su bolsillo. Esta es la gran realidad. Los que más se van a estar beneficiando son los que nunca hicieron juicio porque esto les llega de arriba y en forma impensada. No podemos estar nunca en contra de tratar un proyecto que pida el reajuste del haber de los jubilados porque es algo que, desde mi lugar, vengo peleando hace muchos años. Podemos tener diferencias como las que acabo de plantear, pero nunca me opondría a trabajar sobre un ajuste.
Otro de los puntos contenidos en el artículo 5° y que no me convence se refiere al hecho de que establece montos actualizados. Es decir, bajo ningún punto de vista se van a modificar los máximos y los mínimos.
Quiero hacer una aclaración. En el caso de la ley 24.241 se establece un máximo porque también hay un máximo que se establece con aporte sobre el sueldo. Uno no aporta sobre todo lo que cobra si es que tiene un gran sueldo. Hay un tope para un haber jubilatorio.
Sin embargo, la ley 18.037 establecía aportar el 11 por ciento sobre la totalidad de sus haberes y si tenía dos trabajos era sobre la totalidad de los dos trabajos. Existen fallos judiciales donde se libera el tope. Creo que en estos casos puede pasar que vuelvan a generarse nuevas acciones judiciales con los que están en proceso judicial y no con los que tienen fallos judiciales ni con los que nunca hicieron juicio. Generalmente, el que no hizo juicio es porque no tuvo plata para pagarle a un abogado. Decían que no iban a iniciar un juicio porque no querían esperar diez años pensando que podían fallecer en el camino o porque desconocían que lo podían hacer. Quizás en esta masa del medio y que está en la Justicia -me refiero a los 380 mil- exista el caso de volver a accionar por el máximo y la liberación del tope.
Son muchas las cosas que deseo aportar. No han tenido en cuenta las leyes especiales. Quisiéramos saber si el gobierno en algún momento hará una reparación histórica para los retirados de Gendarmería, Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Recordemos que el mayor empleador y pagador en negro ha sido el Estado. Concretamente, el Estado pagó con montos fijos no remunerativos. Tenemos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que indican que los montos no remunerativos tienen que liquidarse para aquellos retirados o pensionados. Esta es una gran deuda. Fueron aprobados 800 millones en el presupuesto para pagar todo esto. Me gustaría que en algún momento se pueda hacer alguna reparación histórica para estos empleados de las fuerzas armadas: Servicio Penitenciario, Gendarmería y Prefectura. Ellos también tienen su derecho y muchas veces esperan añares. Lamentablemente, en el gobierno anterior era muy poco el presupuesto que se aprobaba para poder pagarles porque los dejaban siempre para el final.
Más allá de las diferencias nada justifica que quizás alguien haya tenido un buen comportamiento y tenga derecho a un beneficio hoy esté cobrando un haber inferior al que le corresponde dado que el que está trabajando recibe este monto fijo no remunerativo.
Creo que el Estado tiene que dar el ejemplo. Así como controlamos a las empresas para que no paguen en negro, el Estado tampoco debe pagar en negro.
De todos modos, vamos a acompañar el proyecto en general. Soy la más interesada en que un jubilado pueda recibir un aumento.
En relación con los que cobran haberes mínimos, que son los jubilados a través del monotributo -no me voy a explayar demasiado porque ya se refirió a esto el diputado Lavagna- sabemos que la ley de monotributo establece que el derecho que tienen a cobrar sus beneficiarios es una prestación básica universal. Esta sería de 2.400 pesos y el Estado paga la diferencia para llegar al haber mínimo.
También van a quedar afuera las empleadas de servicio doméstico, porque se paga casi un monotributo. No existe más esa relación de dependencia del 11 y del 16 por ciento que aportaba el empleador.
Con respecto a los autónomos, si bien está la ley 18.038, sabemos que las rentas presuntas no fueron modificadas. Así que lamentablemente, por más que hayan aportado en categorías altas, estos quedan fuera de la actualización. Espero que quizás a través de los proyectos que se han presentado en este sentido se pueda también reparar esta injusticia con este sector.
Seguimos insistiendo con que se debería pensar en darle un adicional al haber mínimo, un suplemento hasta que llegue el mes de septiembre y se pueda cobrar la movilidad.
La última preocupación que planteo es que, si bien la regulación de los honorarios de los abogados para los que no hicieron juicio va a estar a cargo de la ANSES, los que están en el tramo del medio, los que están en pleno proceso judicial, serían los más perjudicados.
Quiero recordarles que los abogados desde ningún punto de vista -y esto es porque estos días me han llamado todos los profesionales previsionalistas-, van a aceptar cobrar lo fijado, es decir, el 20 o el 30 por ciento. La ley de honorarios establece el 20, pero todos sabemos que el jubilado pacta a veces mucho más: el 25, el 30 por ciento y más. Además, los profesionales les van a cobrar sobre la totalidad del retroactivo: el porcentaje pactado sobre el 50 por ciento que van a estar percibiendo primero, y también sobre el 50 por ciento que se les va a pagar en cuotas.
Esto quiere decir que el jubilado poco va a recibir en su primer retroactivo, porque entre la quita y lo que le descuente el profesional, en verdad con lo único que se va a quedar es con el haber y con parte de ese retroactivo.
Estos eran los puntos que quería aclarar dentro de mis pocos conocimientos previsionales. Espero que en algún momento se pueda incorporar especialmente lo de la jubilación anticipada a los "ni ni". Ya que incorporamos a hombres y mujeres a través de una moratoria o de una jubilación o pensión a la vejez, sería justo que aquellas personas que cumplieron con la ley tengan el mismo derecho. Por lo menos, que puedan cobrar un haber mínimo hasta cumplir la edad requerida.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Grana.
SR. GRANA Voy a ser muy breve porque ya se ha extendido bastante esta reunión; ya se ha dicho mucho. Pero sí quisiera hacer una reflexión después del repaso que hizo el diputado Laspina, interesante por cierto.
Pero hubiera sido interesante también para muchos diputados que antes de seguir con el debate estuviera claro de qué dictamen o de qué proyecto estábamos hablando. Eso hubiese aclarado muchas cosas.
La reflexión tiene que ver con lo siguiente. Desde nuestro humilde entender, y sobre todo luego de haber escuchado el resumen que hizo el señor diputado Laspina, entendemos que los jubilados no están siendo beneficiados. Insistimos con este concepto -lo decía recién la diputada Tundis y lo dijimos nosotros en muchas oportunidades-, porque los jubilados que accedan al programa van a cobrar menos de lo que les corresponde. Por lo tanto, es importante que eso quede claro. Hay una quita de las sentencias, una quita importante de lo que marcaba la Justicia que había que pagarles, quita que no se animaron a hacer a los buitres pero sí la están ofreciendo a los jubilados.
En segunda instancia, no entendemos bajo qué concepto, bajo qué criterio, el oficialismo puede seguir sosteniendo que los familiares de los funcionarios de los tres poderes y niveles del Estado pueden estar incluidos en este blanqueo.
Mejor dicho, sí lo entendemos, pero no podemos creer que se inaugure con la promesa de que esta será la última vez. Quizás hablaron con alguien que conocen que les prometió que no va a fugar más dinero, por lo que entonces no se van a hacer más blanqueos y por eso quieren que los familiares directos de los funcionarios públicos no estén excluidos de la posibilidad de incluirse en éste.
No lo podemos entender. Evidentemente no nos queda otra cosa que pensar que esto, más que blanqueo, es la autoamnistía de los Panama Papers. (Aplausos.)
Pero hubiera sido interesante también para muchos diputados que antes de seguir con el debate estuviera claro de qué dictamen o de qué proyecto estábamos hablando. Eso hubiese aclarado muchas cosas.
La reflexión tiene que ver con lo siguiente. Desde nuestro humilde entender, y sobre todo luego de haber escuchado el resumen que hizo el señor diputado Laspina, entendemos que los jubilados no están siendo beneficiados. Insistimos con este concepto -lo decía recién la diputada Tundis y lo dijimos nosotros en muchas oportunidades-, porque los jubilados que accedan al programa van a cobrar menos de lo que les corresponde. Por lo tanto, es importante que eso quede claro. Hay una quita de las sentencias, una quita importante de lo que marcaba la Justicia que había que pagarles, quita que no se animaron a hacer a los buitres pero sí la están ofreciendo a los jubilados.
En segunda instancia, no entendemos bajo qué concepto, bajo qué criterio, el oficialismo puede seguir sosteniendo que los familiares de los funcionarios de los tres poderes y niveles del Estado pueden estar incluidos en este blanqueo.
Mejor dicho, sí lo entendemos, pero no podemos creer que se inaugure con la promesa de que esta será la última vez. Quizás hablaron con alguien que conocen que les prometió que no va a fugar más dinero, por lo que entonces no se van a hacer más blanqueos y por eso quieren que los familiares directos de los funcionarios públicos no estén excluidos de la posibilidad de incluirse en éste.
No lo podemos entender. Evidentemente no nos queda otra cosa que pensar que esto, más que blanqueo, es la autoamnistía de los Panama Papers. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Estamos concluyendo con dieciséis horas de debate, nada más ni nada menos. Por supuesto, agradecemos a los diputados, a los asesores, a todos los compañeros de la Cámara que participaron y nos acompañaron y que hicieron posible que todo esto saliera como salió. Esperamos de acá al miércoles hacer el mejor proyecto de ley posible para que, en definitiva, llegue el beneficio a los jubilados. Sigamos trabajando hasta el miércoles.
Les recuerdo que hasta mañana a las doce del mediodía se pueden entregar los dictámenes, o firmarlos. (Aplausos.)
Les recuerdo que hasta mañana a las doce del mediodía se pueden entregar los dictámenes, o firmarlos. (Aplausos.)