Comisiones »
Permanentes »
Comisión Permanente de Previsión y Seguridad Social »
Reuniones »
Versiones Taquigráficas »
PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 430
Jefe SR. AMBOADE FABIO JAVIER
Martes 16.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2424 Internos 2424/25
cpyssocial@hcdn.gob.ar
- PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
Reunión del día 02/06/2016
- CONJUNTA
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dos días del mes de junio del año 2016, a la hora 13 y 31:
SR. PRESIDENTE DAER Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Previsión y de Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda.
Contamos con la presencia de varios funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Vamos a tratar un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con lo cual le vamos a pedir a todos que tengamos un poco de paciencia. El vicejefe de Gabinete, licenciado Mario Quintana, hará la presentación del proyecto.
Cuando terminen, abriremos la ronda de preguntas de los señores y las señoras diputadas para avanzar en el tratamiento de esta ley tan importante para la sociedad, y sobre todo para este sector postergado de los jubilados y pensionados de nuestro país.
Tiene la palabra el señor diputado Abraham.
Contamos con la presencia de varios funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Vamos a tratar un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con lo cual le vamos a pedir a todos que tengamos un poco de paciencia. El vicejefe de Gabinete, licenciado Mario Quintana, hará la presentación del proyecto.
Cuando terminen, abriremos la ronda de preguntas de los señores y las señoras diputadas para avanzar en el tratamiento de esta ley tan importante para la sociedad, y sobre todo para este sector postergado de los jubilados y pensionados de nuestro país.
Tiene la palabra el señor diputado Abraham.
SR. ABRAHAM Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer la presencia de los funcionarios que han venido a hacer esta presentación.
Queremos informarles que, por lo menos en nuestro bloque, hemos recibido este extenso proyecto en el día de ayer, por lo cual más allá de la presentación que van a hacer los señores funcionarios -que es bienvenida-, pediríamos a los funcionarios en caso de que estuvieran de acuerdo, por un tema material o temporal, que nos ha dado tiempo entre la sesión de ayer y estas horas de la mañana en la que muchos de nosotros también hemos tenido comisiones, la posibilidad de repetir esta visita de los funcionarios al plenario de comisiones la semana que viene para que tengamos todos el tiempo necesario de hacer un estudio del proyecto de ley a los efectos de que las preguntas puedan ser oportunas y sustanciales.
Queremos informarles que, por lo menos en nuestro bloque, hemos recibido este extenso proyecto en el día de ayer, por lo cual más allá de la presentación que van a hacer los señores funcionarios -que es bienvenida-, pediríamos a los funcionarios en caso de que estuvieran de acuerdo, por un tema material o temporal, que nos ha dado tiempo entre la sesión de ayer y estas horas de la mañana en la que muchos de nosotros también hemos tenido comisiones, la posibilidad de repetir esta visita de los funcionarios al plenario de comisiones la semana que viene para que tengamos todos el tiempo necesario de hacer un estudio del proyecto de ley a los efectos de que las preguntas puedan ser oportunas y sustanciales.
SR. PRESIDENTE DAER Primero tendríamos que dejar exponer a los señores funcionarios, y después podremos evaluar el marco de las dudas.
Quiero agradecer la presencia del Emilio Monzó, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que también nos está acompañando.
Tiene la palabra el señor diputado Gioja.
Quiero agradecer la presencia del Emilio Monzó, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que también nos está acompañando.
Tiene la palabra el señor diputado Gioja.
SR. GIOJA Deseo plantear una cuestión previa. Para simplificar y para apoyar el apuro que hay en este tema, quiero expresar que no compartimos algunas cuestiones que tienen que ver con cierta demagogia que creíamos que se iba a empezar a combatir, pero lamentablemente no es así.
Insisto, para darle agilidad al tratamiento de esta norma que no es micro, ni colectivo sino que es una ley tren, donde creo que se junta y se mezcla todo, hay un tema que me parece más que importante título IV, que comprende los artículos 23, 24 y 25, que tiene que ver con los convenios de distribución de fondos de la Nación con las provincias.
Creo que estaríamos incumpliendo con la Constitución Nacional si ese capítulo lo tratamos como Cámara de origen en esta Cámara de Diputados. El artículo 75 de la Constitución Nacional, especialmente en el inciso 2, expresamente se refiere a la necesidad de una ley de distribución de fondos entre la Nación y provincias y define claramente que este es un tema de la Cámara de Senadores.
Recuerdo que la Cámara de Senadores es la que representa a las provincias argentinas mientras que esta Cámara representa al pueblo de las provincias del país, al pueblo argentino. Por eso cada provincia tiene igual número de senadores.
También recuerdo que en la Cámara de Senadores hay una comisión permanente que se llama de Coparticipación Federal de Impuestos, precisamente para estar en línea con lo que la Constitución Nacional reformada en 1996 mandó, que es hacer una nueva ley de coparticipación, la cual que lamentablemente todavía no podemos hacerla.
Con lo cual, señor presidente, como una cuestión previa, hago un pedido especial para colaborar en que avancemos para pagarle a los "abuelitos", como dice el ministro de Hacienda. Pedimos que el título IV, sus artículos 23 a 25, sean una ley especial, que se mande al Senado, que se cumpla con la Constitución y que la Cámara de origen sea la Cámara de Senadores.
Insisto, para darle agilidad al tratamiento de esta norma que no es micro, ni colectivo sino que es una ley tren, donde creo que se junta y se mezcla todo, hay un tema que me parece más que importante título IV, que comprende los artículos 23, 24 y 25, que tiene que ver con los convenios de distribución de fondos de la Nación con las provincias.
Creo que estaríamos incumpliendo con la Constitución Nacional si ese capítulo lo tratamos como Cámara de origen en esta Cámara de Diputados. El artículo 75 de la Constitución Nacional, especialmente en el inciso 2, expresamente se refiere a la necesidad de una ley de distribución de fondos entre la Nación y provincias y define claramente que este es un tema de la Cámara de Senadores.
Recuerdo que la Cámara de Senadores es la que representa a las provincias argentinas mientras que esta Cámara representa al pueblo de las provincias del país, al pueblo argentino. Por eso cada provincia tiene igual número de senadores.
También recuerdo que en la Cámara de Senadores hay una comisión permanente que se llama de Coparticipación Federal de Impuestos, precisamente para estar en línea con lo que la Constitución Nacional reformada en 1996 mandó, que es hacer una nueva ley de coparticipación, la cual que lamentablemente todavía no podemos hacerla.
Con lo cual, señor presidente, como una cuestión previa, hago un pedido especial para colaborar en que avancemos para pagarle a los "abuelitos", como dice el ministro de Hacienda. Pedimos que el título IV, sus artículos 23 a 25, sean una ley especial, que se mande al Senado, que se cumpla con la Constitución y que la Cámara de origen sea la Cámara de Senadores.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Negri.
SR. NEGRI Señor presidente: por supuesto que está fuera de discusión la buena fe del planteo que acaba de hacer el colega diputado Gioja. Pero quizás en nuestra interpretación hay una confusión. Aquí no estamos discutiendo en términos del artículo 75 de la Constitución y la Cámara de origen para discutir la coparticipación. Este es un paquete que atraviesa fiscalmente a varias leyes y dentro de ellas se tocan recursos de la provincia pero no en términos de coparticipación sino de devolución. Inclusive hubo algún debate previo sobre la Cámara de origen. Recuerden ustedes que cuando se discutió lo llamado entre comillas en otro momento ley de blanqueo, inclusive lo trataron en el Senado. Nosotros quisimos tomar todos los resguardos atento a que es un paquete multifacético que atraviesa cada una de las normas y los convenios de las provincias, porque están ligados unos a otros a la efectividad de la aplicación de la norma, si la aprobación como pretendemos nosotros, y en ese sentido coincidimos que la Cámara de origen debía ser la Cámara de Diputados, porque no era lo central. Se trataba de una devolución y de ratificación de convenios a que han llegado a las provincias.
Recuerden todos ustedes, con esto finalizo, que esto es consecuencia de tres provincias que iniciaron demandas por el reclamo de la devolución del 15 por ciento. El resto de las provincias argentinas no lo había hecho y este gobierno tiene el firme propósito, mediante los acuerdos que ha ido preestableciendo en el tiempo, de generar la devolución.
De modo que creemos que estamos en la Cámara de origen, en competencia y en materia, y que la cuestión esencial es presupuestaria.
Recuerden todos ustedes, con esto finalizo, que esto es consecuencia de tres provincias que iniciaron demandas por el reclamo de la devolución del 15 por ciento. El resto de las provincias argentinas no lo había hecho y este gobierno tiene el firme propósito, mediante los acuerdos que ha ido preestableciendo en el tiempo, de generar la devolución.
De modo que creemos que estamos en la Cámara de origen, en competencia y en materia, y que la cuestión esencial es presupuestaria.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Barletta.
SR. BARLETTA Señor presidente: más allá de las apreciaciones que se han vertido, tengo entendido que estamos en una reunión en la cual miembros del Poder Ejecutivo vienen a informar respecto del proyecto que ha ingresado. No me parece que sea el momento para empezar a discutir en torno a los aspectos del proyecto, más allá de que puedan tener razón unos u otros, porque vamos a tergiversar el origen de esta reunión.
Por lo tanto, solicito que demos paso al informe de los integrantes del Poder Ejecutivo y que luego pasemos a hacer las preguntas correspondientes. Tenemos entendido que este no es el momento de la discusión del proyecto.
Por lo tanto, solicito que demos paso al informe de los integrantes del Poder Ejecutivo y que luego pasemos a hacer las preguntas correspondientes. Tenemos entendido que este no es el momento de la discusión del proyecto.
SR. PRESIDENTE DAER Así se hará, señor diputado, pero la intención es que previamente se expresen todos los diputados que quieran hacerlo.
Tiene la palabra el licenciado Mario Quintana.
Tiene la palabra el licenciado Mario Quintana.
SR. QUINTANA Gracias, señor presidente. Buenas tardes señoras y señores diputados.
Quiero comenzar por presentar muy rápidamente al equipo del Poder Ejecutivo nacional que me acompaña en esta oportunidad. Empiezo por Pedro Lacoste, viceministro de Hacienda y Financias; Luis Caputo, secretario de Finanzas, también perteneciente al Ministerio de Hacienda y Finanzas; Marcelo Griffi, secretario legal y administrativo. A mi derecha se encuentra Alberto Abad, Administrador Federal de Ingresos Públicos, acompañado también por un equipo de profesionales, y Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A mi izquierda está Mariano Federici, presidente de la UIF.
En unos minutos llegará Emilio Basabilbaso, director ejecutivo de la ANSES, que acaba de terminar una reunión con el señor presidente Macri, secundado por buena parte de su equipo. Estamos todos aquí con ánimo de tener un diálogo constructivo y poder atenernos a contestar todas las dudas que ustedes presenten.
A título de introducción voy a hacer un repaso general del proyecto de ley que enviamos hace días al Congreso, para ser más preciso el martes a última hora. Es una iniciativa compleja por lo cual intentaré ser muy breve en mi alocución, voy a necesitar 15 o 20 minutos.
Es con alegría y con gran entusiasmo que venimos hoy a invitarlos a ser parte de una oportunidad para sanar lo que es para nosotros una de las heridas más sangrantes de la sociedad argentina. Un Estado que estafa a sus abuelos es símbolo de una sociedad que no honra a sus mayores y una sociedad que no respeta a sus mayores no puede construir un proyecto de grandeza, como todos los que estamos en esta sala anhelamos. Por eso debemos empezar juntos a cerrar estas heridas que nos hacen mal a todos.
Un Estado que incumple la ley, que no respeta los fallos de la Justicia en tiempo y forma, que usa maniobras dilatorias cuando los damnificados son personas de 70 u 80 años, avergüenza a todos los argentinos. Venimos con el espíritu no de echar culpas que alimentan una división que debemos superar sino de invitarlos a resolver esto juntos, a ser todos parte de la solución.
La plata con la que vamos a pagar a los jubilados, si este Honorable Congreso aprueba el proyecto de ley que enviamos, no pertenece a nuestro gobierno, no es del presidente Macri ni tampoco de ustedes, es dinero de todos los argentinos a los que aquí juntos representamos. Juntos debemos decidir dar a nuestros mayores lo que en realidad es de ellos.
Esta propuesta de reparación histórica supone reconocer el derecho que las leyes vigentes ya reconoce a los jubilados y pensionados de nuestro país. Y, en última instancia, también implica reconocer el valor del trabajo y el mérito. ¿Con qué entusiasmo podría un trabajador hacer sus aportes jubilatorios si al mismo tiempo ve que sus padres y abuelos sufren una exacción ilegal de los frutos de los aportes que hicieron a lo largo de toda su vida de sacrificio? Por eso consideramos que honrar a los jubilados es honrar a los trabajadores.
Esta reparación histórica supone un paso fundamental en la cruzada a la que nos convoca el presidente Macri para que juntos podamos reconstruir la confianza. Y la reconstrucción de la confianza debe basarse en los valores de verdad, justicia y cumplimiento de la ley.
El proyecto de ley que hoy comenzamos a debatir con ustedes tiene muchos capítulos que, a los efectos de esta introducción, he distribuido en nueve. Cuando yo finalice mi exposición, el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el secretario de seguridad social, Juan Carlos Paulucci, van a explicar en detalle los primeros cuatro capítulos que se refieren fundamentalmente a lo previsional. Luego, el doctor Alberto Abad y los secretarios Pedro Lacoste y Luis Caputo, junto con Mariano Federici, van a explicar los últimos cuatro capítulos que se refieren al sinceramiento fiscal y a las reformas impositivas.
El primer capítulo es el que acabo de mencionar en mi introducción sobre la reparación histórica a jubilados y pensionados que consiste en reconocer los fallos planteados sistemáticamente tanto en primera instancia como en segunda instancia y ante la Corte Suprema, respecto de la legalidad de los reclamos por justes de haberes que vienen siendo reconocidos solo contra sentencia firme después de sucesivas apelaciones y procesos judiciales que han hecho que se llenen edificios con expedientes judiciales.
Concretamente, la propuesta que presentamos contempla firmar acuerdos con cada uno de los jubilados, dividiéndolos en tres grupos. Un primer grupo es el de aquellos que ya tienen sentencia firme; el segundo grupo es el de aquellos que iniciaron acciones judiciales, pero aún no tienen sentencia firme, y el tercer grupo es el de todos aquellos que tienen derecho a un haber mayor que el que están percibiendo y que por diversas razones todavía no iniciaron acciones judiciales. Sumando los tres grupos, estamos hablando de aproximadamente dos millones y medio de personas mayores que están siendo afectadas injustamente por la conducta que arrastramos hasta hoy.
El segundo capítulo tiene que ver con la creación de la pensión universal a la vejez. Una vez más, el presidente Macri prometió en su campaña la asignación universal a los niños y la asignación universal a la vejez. En menos de seis meses estamos dando cumplimiento avanzado a ambas promesas, que ponen un piso de dignidad para nuestros hijos y nuestros mayores.
Respecto de la asignación por hijo, en los últimos años y con la administración anterior, nuestro país hizo avances muy significativos en la cobertura de los derechos de los menores. El gobierno del presidente Macri, lejos de eliminar derechos adquiridos -miedo que se quiso sembrar durante su campaña-, ha dado pasos muy relevantes en la universalización de esos derechos.
Concretamente, hemos modificado el régimen de asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia, incorporando a más de un millón de niños al beneficio. Asimismo, hemos incorporado a los trabajadores temporarios, lo que implica un universo de más de 300.000 personas.
Hemos establecido la asignación por hijo para los monotributistas, lo cual implica sumar a más de 500.000 beneficiarios al sistema.
Creo que todos aquí coincidimos que este es un derecho que llegó para quedarse, y está así llegando cada vez más cerca de la cobertura universal a todos los niños de la Argentina.
Pero así como cuidamos a nuestros niños, debemos cuidar a nuestros mayores. Por eso no queremos que ninguna persona mayor de 65 años en la Argentina carezca de un ingreso, y proponemos una pensión universal no contributiva y vitalicia para todos los argentinos mayores de 65 años y para todos los extranjeros que lleven muchos años de residencia en la Argentina. Después veremos los detalles.
La pensión que venimos a proponerle tiene un importe equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima. Es un escalón que creemos necesario para reconocer el valor de los aportes de todos aquellos trabajadores que acceden a la jubilación mínima dado que el diferencial como un beneficio no contributivo es parte del reconocimiento al trabajo y al mérito.
El tercero de los capítulos que contempla el proyecto de ley tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que, como ustedes recordarán, nace de la decisión de interrumpir el sistema de capitalización y de AFJP, y allí fueron a parar los ahorros que venían siendo acumulados en las diferentes AFJP privadas. Desde ese momento hasta la fecha el Fondo ha crecido significativamente en su valor. Hoy contempla aproximadamente 750.000 millones de pesos. Creemos que el destino de ese Fondo tiene que honrar su razón de ser, que es el pago a los jubilados. No nos parece sensato, justo ni humanitario seguir acumulando esos fondos mientras se le debe mucho dinero a 2 millones y medio de personas mayores.
Concretamente, la propuesta es usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer frente a las erogaciones que implican el reconocimiento de los derechos de estos 2 millones y medio de jubilados. Esto no significa la desaparición del Fondo en absoluto. Queremos cuidarlo y que sea administrado con criterios muy profesionales con el objetivo principal de atender los haberes jubilatorios.
A tales efectos, también tenemos que asegurarnos de que ese Fondo no sea usado a los fines de subsidiar proyectos que no tienen que ver con los jubilados. Queremos que sí sea una herramienta para financiar pymes, créditos hipotecarios e inversiones de infraestructura de largo plazo, y para ayudar al desarrollo de mercados de capitales productivos en Argentina, pero no a tasas por debajo del mercado ni a tasas subsidiadas que en última instancia afecten la sustentabilidad del sistema previsional.
Dentro de este capítulo, como seguramente discutiremos más adelante, proponemos la derogación de la ley 27.181, lo cual implica liberar a la administración del Fondo de las restricciones sobre la venta de ciertos activos como ser las acciones que detenta en compañías privadas. No hay administrador profesional de fondos en el mundo que aceptara su misión si no pudiera decidir cuándo comprar y vender los activos que administra. La imposibilidad de vender activos en momentos adecuados es claramente contraria a la necesidad de del defender el valor del Fondo para su objetivo primordial, que es solventar los haberes jubilatorios.
El cuarto capítulo de la ley se refiere a la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional. Es un consejo que operará bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que pretendemos que lleve a cabo una tarea participativa, profunda y seria, donde estén representados todos los sectores de la sociedad argentina, desde ya los miembros de este Congreso, pero también los trabajadores a través de los gremios que los representan, los empleadores, la academia, y todos aquellos que puedan aportar a ayudarnos a diseñar un régimen previsional al cual le estamos exigiendo cuatro características.
La primera característica es que sea universal, o sea que cubra a todos los que habitan este suelo. La segunda es que sea integral, es decir que contemple la solución que incluya todos los aspectos de los diversos sistemas previsionales que hoy cohabitan en la Argentina, sin excluir ejemplo las cajas provinciales, las cajas profesionales, las cajas de las fuerzas de seguridad y todos los aspectos que tengan que ver con la seguridad previsional en la Argentina. La tercera característica que le estamos pidiendo al nuevo régimen es que sea solidario. No creemos en un régimen donde cada uno ahorra para su propia ancianidad; sí creemos en una sociedad solidaria, donde los que más tienen aportan para los que menos tienen tengan un haber digno y justo. Por eso el principio de solidaridad se nos hace esencial en el nuevo régimen. La cuarta característica es que sea sustentable. Creemos que la sociedad argentina, todos nosotros, se merece un debate serio, profundo y exento de demagogias, dado que se trata de una problemática que afecta a múltiples generaciones y jurisdicciones.
Espero que desde ese Consejo de Sustentabilidad Previsional podamos trabajar juntos en un régimen para nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos, y que sirva por muchas generaciones.
El quinto capítulo del proyecto de ley tiene que ver con lo mencionado anteriormente por el señor diputado Gioja. Es un capítulo en realidad muy breve, de un solo artículo, que es la ratificación del acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior, el ministro Rogelio Frigerio, y todos los gobernadores de la República Argentina hace un par de semanas. Es un acuerdo que contempla la devolución del 15 por ciento.
Como bien decía el señor diputado Negri, no es algo que revisa el régimen de coparticipación sino que es simplemente la ratificación de ese acuerdo. Ese 15 por ciento, ustedes habrán visto o podrán ver si no han tenido el tiempo aún, que en el proyecto de ley está como un anexo el acuerdo ya celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias. En ese anexo, como podrán leer, se contempla la devolución progresiva del 15 por ciento, empezando este mismo año por un 3 por ciento y 3 por ciento adicional que se va agregando cada año.
Para compensar la escalera progresiva de esos aportes se contempla que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le dé un préstamo a las provincias equivalente al 6 por ciento de la coparticipación este año y un 3 por ciento adicional cada uno de los tres años subsiguientes. Este préstamo será devuelto en pesos por las provincias a los cuatro años en un único pago de la fecha de otorgamiento de cada uno de esos préstamos. Y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad se le retribuirá una tasa de mercado por esos préstamos equivalente a la tasa BADLAR, que es la tasa que remunera los plazos fijos, que hoy está aproximadamente en el 28-28,5 por ciento, mientras que las provincias van a pagar una tasa sensiblemente menor, que está definida como del 15 por ciento del anual para 2016 y 2017 y del 12 por ciento para 2018 y 2019.
El Tesoro Nacional va a compensar al fondo de garantía de sustentabilidad por la diferencia entre esa tasa que pagan las provincias, que es fija y la vemos hoy, y la tasa variable BADLAR que aplicará a cada oportunidad y según el paso del tiempo.
El sexto capítulo del proyecto de ley es el de sinceramiento fiscal. En primer lugar, quiero destacar por qué consideramos que la reparación histórica a los jubilados y el sinceramiento fiscal van de la mano. Voy a señalarlo en dos aspectos, es decir, en términos conceptuales y políticos.
Creemos que estos son dos pasos, como dije antes, en pos de la reconstrucción de la confianza y en base a la verdad. Sincerar es empezar a decir la verdad. Hay otros capítulos donde la sociedad argentina necesita de sinceramiento pero consideramos que estos dos pueden ser pilares de una Argentina más confiable, necesarios para atraer las inversiones y crear los puestos de trabajo que la sociedad nos exige.
El segundo aspecto es económico financiero. Necesitamos que los más pudientes que por diversas razones han evadido impuestos, hoy aporten en este momento de la Argentina, sinceren sus pertenencias, paguen el impuesto extraordinario que hemos establecido y todos los frutos que se recojan de este sinceramiento tengan como destino único y exclusivo el pago a los jubilados. Irán a la ANSES, a sostener sus cajas, que lo cierto es que está siendo crecientemente deficitaria en los últimos años.
Quiero destacar que este sinceramiento fiscal que estamos proponiendo se da en un contexto internacional como nunca hubo antes en todos los sinceramientos o blanqueos previos que se intentaron en la economía argentina a lo largo de los años. Argentina ha celebrado un convenio de intercambio de información con otros 82 países y entrará en vigencia con algunos de ellos, más de 50, en septiembre de 2017 y con el resto en 2018. Muchas otras naciones se están adhiriendo cada día a este acuerdo para compartir información. Los evasores del mundo están siendo acorralados por todos los países y eso nos permite pensar que se da una oportunidad -insisto- como nunca antes. A tal punto que es la propia OCDE la que está recomendando a todos los países firmantes de este acuerdo de intercambio de información que se les permita a los contribuyentes de cada país una última oportunidad antes de que entre en vigencia este intercambio de información. Y es por eso que ha sido un elemento fundamental en nuestro proceso decisorio lanzarlo en este momento.
El otro elemento fundamental es que creemos que para que un proceso de sinceramiento como éste sea exitoso, tiene que ser realizado en condiciones de confianza sobre el rumbo de la economía local. Consideramos que con un mercado de cambios hiperregulado, como el que existió antes de la liberación del cepo cambiario, o un país en default con los mercados financieros internacionales, más allá de las ventajas que uno le pudiera ofrecer a aquellos que habían decidido sacar sus capitales del sistema económico argentino, era muy difícil conseguir un proceso exitoso.
Pensamos que hoy las condiciones están dadas, los mercados financieros internacionales le han brindado a nuestro país un respaldo único en la historia de todos los países emergentes, habiéndonos ofrecido 67 millones de dólares en la última colocación de deuda que lideró el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Consecuentemente, tanto por el lado de la confianza como por el de un contexto internacional que acorrala a los evasores, creemos que esta sí puede ser una oportunidad única e histórica para dar vuelta una página y empezar a sincerar esta parte tan fundamental que hace a nuestra economía.
Quiero destacar tres reglas de este sinceramiento, que también lo diferencian fuertemente de otros; el equipo luego también lo va a explicar con más detalle.
En primer lugar, quiero referirme al costo. Aquí hay una penalidad -después veremos los distintos escalones- para la gran mayoría de los evasores que decidan adherirse al sinceramiento, que es del 10 por ciento de las tenencias declaradas. Este porcentaje sube al 15 por ciento si deciden hacerlo a partir del 1° de enero de 2017. Para ser más precisos, hemos establecido un primer escalón para aquellos que decidan sincerar hasta 300.000 pesos, que no tiene costo. Estamos pensando aquí en mucha gente de clase media que pueda tener diversos ahorros que por alguna razón no ha blanqueado. Queremos abrirles esta puerta.
Para aquellos que quieran blanquear hasta 800.000 pesos, el costo será de un 5 por ciento. Por encima de los 800.000, hasta el 31 de diciembre, el costo será del 10 por ciento. Del 1° de enero de 2017 y hasta el 31 de marzo de 3017, que es la fecha límite del proceso de sinceramiento, el costo sube al 15 por ciento.
Hay otras alternativas que queremos ofrecerles, que tienen que ver con la suscripción de bonos a tasa baja, tasa subsidiada o tasa cero, según el caso. También puede haber quienes decidan invertir en la Argentina en instrumentos de largo plazo para financiar pymes, créditos hipotecarios, viviendas o inversiones en infraestructura. Luego, los equipos de Hacienda y Finanzas detallarán estas alternativas.
Un punto que quiero enfatizar particularmente es que en ningún momento pensamos perdonar ningún delito, ni de evasión fiscal ni de leyes penales cambiarias que rigieron con muchas restricciones hasta recientemente. Para ser claro, para cualquier delito de asociación ilícita, de corrupción, de robo, de lavado de dinero, de narcotráfico, o de la larga lista que ustedes puedan imaginar, todo sigue plenamente vigente y en nada son afectados por el proyecto de ley que hemos presentado.
Otro elemento distintivo de este proyecto es que por primera vez estamos proponiendo un premio a los pagadores. Muchas veces, cuando se hacen intentos de estas características, los cumplidores siempre nos sentimos que estamos un poco arrepentidos de haber cumplido porque parece que somos castigados. Esta vez queremos reconocer el cumplimiento y para eso estamos proponiendo una exención del pago de bienes personales a todos los cumplidores por los próximos tres años.
Finalmente, pero de manera particularmente importante quiero resaltar que este es un sinceramiento que responde a las normativas y recomendaciones de GAFI y de OCDE, con las mejores prácticas de similares procesos en otros países del mundo. Al respecto le voy a pedir luego al señor Mariano Federici, presidente de la UIF, que nos detalle cuáles son esas recomendaciones y cómo las hemos contemplado en el proyecto de ley que hoy estamos presentando.
Con respecto a los excluidos, hemos decidido excluir del blanqueo a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, empezando por el presidente, la vicepresidente, el jefe de Gabinete, todos los ministros, secretarios, subsecretarios, y una larga lista que integramos todos aquellos que estamos obligados a presentar nuestra declaración jurada en la Oficina Anticorrupción. Como podrán ver en el proyecto de ley, hay varios incisos en los que se detallan los distintos cargos de las personas excluidas. La decisión de excluir a los otros poderes de la República la dejamos en sus manos.
Finalmente, no estamos haciendo una distinción para premiar la repatriación de capitales. Esto es una decisión explícita. Consideramos que el atractivo y la confianza generada hoy por la Argentina están haciendo que fluyan capitales.
No queremos distorsionar el mercado cambiario, que es un mercado flotante en el cual creemos, y es por eso que hemos decidido explícitamente no premiar la repatriación, excepto en el caso que mencioné anteriormente, que son capitales de largo plazo para el financiamiento de inversión en infraestructura, vivienda, créditos hipotecarios y demás.
Como he demorado más de la cuenta, continuaré brevemente con los siguientes capítulos. El próximo es sobre la moratoria impositiva, al cual ser referirá el doctor Abad.
El capítulo número VIII tiene que ver con modificaciones a impuestos, y en este sentido el doctor Lacoste también nos va a detallar, pero les anticipo que estamos proponiendo una actualización del mínimo de bienes personales, una reducción de las alícuotas progresivas llevando el máximo a 0,75 este año, 0,50, 0,25 y cero a partir de 2019, la eliminación del impuesto a los dividendos y la eliminación al impuesto de la ganancias mínima presunta. Creemos que son impuestos que están afectando negativamente el atractivo inversor de la Argentina que necesitamos reactivar para generar los puestos de trabajo que nuestra sociedad reclama.
El último capítulo tiene que ver con la creación de una Comisión Bicameral de Reforma Tributaria. Lo mismo que decíamos respecto de la necesidad de estudiar en equipo en base al diálogo con profesionalismo y exento de demagogias un nuevo régimen previsional, también creemos en la necesidad de revisar algunos de los impuestos que rigen hoy en la Argentina con una mirada federal y una mirada participativa.
Por todo ello, estamos invitando a crear esta Comisión Bicameral para que trabaje en este sentido y presente una propuesta en los próximos 18 meses, antes de fines de 2017.
Les agradezco mucho su atención. Espero haber sido lo suficientemente claro sobre un proyecto que sé que es largo y comprehensiva de muchos aspectos.
Le cedo ahora la palabra al señor Emilio Basavilbaso, director Ejecutivo de la ANSES, para que nos dé el detalle de los primeros cuatro capítulos del tema previsional junto con el secretario Paulucci. (Aplausos.)
Quiero comenzar por presentar muy rápidamente al equipo del Poder Ejecutivo nacional que me acompaña en esta oportunidad. Empiezo por Pedro Lacoste, viceministro de Hacienda y Financias; Luis Caputo, secretario de Finanzas, también perteneciente al Ministerio de Hacienda y Finanzas; Marcelo Griffi, secretario legal y administrativo. A mi derecha se encuentra Alberto Abad, Administrador Federal de Ingresos Públicos, acompañado también por un equipo de profesionales, y Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A mi izquierda está Mariano Federici, presidente de la UIF.
En unos minutos llegará Emilio Basabilbaso, director ejecutivo de la ANSES, que acaba de terminar una reunión con el señor presidente Macri, secundado por buena parte de su equipo. Estamos todos aquí con ánimo de tener un diálogo constructivo y poder atenernos a contestar todas las dudas que ustedes presenten.
A título de introducción voy a hacer un repaso general del proyecto de ley que enviamos hace días al Congreso, para ser más preciso el martes a última hora. Es una iniciativa compleja por lo cual intentaré ser muy breve en mi alocución, voy a necesitar 15 o 20 minutos.
Es con alegría y con gran entusiasmo que venimos hoy a invitarlos a ser parte de una oportunidad para sanar lo que es para nosotros una de las heridas más sangrantes de la sociedad argentina. Un Estado que estafa a sus abuelos es símbolo de una sociedad que no honra a sus mayores y una sociedad que no respeta a sus mayores no puede construir un proyecto de grandeza, como todos los que estamos en esta sala anhelamos. Por eso debemos empezar juntos a cerrar estas heridas que nos hacen mal a todos.
Un Estado que incumple la ley, que no respeta los fallos de la Justicia en tiempo y forma, que usa maniobras dilatorias cuando los damnificados son personas de 70 u 80 años, avergüenza a todos los argentinos. Venimos con el espíritu no de echar culpas que alimentan una división que debemos superar sino de invitarlos a resolver esto juntos, a ser todos parte de la solución.
La plata con la que vamos a pagar a los jubilados, si este Honorable Congreso aprueba el proyecto de ley que enviamos, no pertenece a nuestro gobierno, no es del presidente Macri ni tampoco de ustedes, es dinero de todos los argentinos a los que aquí juntos representamos. Juntos debemos decidir dar a nuestros mayores lo que en realidad es de ellos.
Esta propuesta de reparación histórica supone reconocer el derecho que las leyes vigentes ya reconoce a los jubilados y pensionados de nuestro país. Y, en última instancia, también implica reconocer el valor del trabajo y el mérito. ¿Con qué entusiasmo podría un trabajador hacer sus aportes jubilatorios si al mismo tiempo ve que sus padres y abuelos sufren una exacción ilegal de los frutos de los aportes que hicieron a lo largo de toda su vida de sacrificio? Por eso consideramos que honrar a los jubilados es honrar a los trabajadores.
Esta reparación histórica supone un paso fundamental en la cruzada a la que nos convoca el presidente Macri para que juntos podamos reconstruir la confianza. Y la reconstrucción de la confianza debe basarse en los valores de verdad, justicia y cumplimiento de la ley.
El proyecto de ley que hoy comenzamos a debatir con ustedes tiene muchos capítulos que, a los efectos de esta introducción, he distribuido en nueve. Cuando yo finalice mi exposición, el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el secretario de seguridad social, Juan Carlos Paulucci, van a explicar en detalle los primeros cuatro capítulos que se refieren fundamentalmente a lo previsional. Luego, el doctor Alberto Abad y los secretarios Pedro Lacoste y Luis Caputo, junto con Mariano Federici, van a explicar los últimos cuatro capítulos que se refieren al sinceramiento fiscal y a las reformas impositivas.
El primer capítulo es el que acabo de mencionar en mi introducción sobre la reparación histórica a jubilados y pensionados que consiste en reconocer los fallos planteados sistemáticamente tanto en primera instancia como en segunda instancia y ante la Corte Suprema, respecto de la legalidad de los reclamos por justes de haberes que vienen siendo reconocidos solo contra sentencia firme después de sucesivas apelaciones y procesos judiciales que han hecho que se llenen edificios con expedientes judiciales.
Concretamente, la propuesta que presentamos contempla firmar acuerdos con cada uno de los jubilados, dividiéndolos en tres grupos. Un primer grupo es el de aquellos que ya tienen sentencia firme; el segundo grupo es el de aquellos que iniciaron acciones judiciales, pero aún no tienen sentencia firme, y el tercer grupo es el de todos aquellos que tienen derecho a un haber mayor que el que están percibiendo y que por diversas razones todavía no iniciaron acciones judiciales. Sumando los tres grupos, estamos hablando de aproximadamente dos millones y medio de personas mayores que están siendo afectadas injustamente por la conducta que arrastramos hasta hoy.
El segundo capítulo tiene que ver con la creación de la pensión universal a la vejez. Una vez más, el presidente Macri prometió en su campaña la asignación universal a los niños y la asignación universal a la vejez. En menos de seis meses estamos dando cumplimiento avanzado a ambas promesas, que ponen un piso de dignidad para nuestros hijos y nuestros mayores.
Respecto de la asignación por hijo, en los últimos años y con la administración anterior, nuestro país hizo avances muy significativos en la cobertura de los derechos de los menores. El gobierno del presidente Macri, lejos de eliminar derechos adquiridos -miedo que se quiso sembrar durante su campaña-, ha dado pasos muy relevantes en la universalización de esos derechos.
Concretamente, hemos modificado el régimen de asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia, incorporando a más de un millón de niños al beneficio. Asimismo, hemos incorporado a los trabajadores temporarios, lo que implica un universo de más de 300.000 personas.
Hemos establecido la asignación por hijo para los monotributistas, lo cual implica sumar a más de 500.000 beneficiarios al sistema.
Creo que todos aquí coincidimos que este es un derecho que llegó para quedarse, y está así llegando cada vez más cerca de la cobertura universal a todos los niños de la Argentina.
Pero así como cuidamos a nuestros niños, debemos cuidar a nuestros mayores. Por eso no queremos que ninguna persona mayor de 65 años en la Argentina carezca de un ingreso, y proponemos una pensión universal no contributiva y vitalicia para todos los argentinos mayores de 65 años y para todos los extranjeros que lleven muchos años de residencia en la Argentina. Después veremos los detalles.
La pensión que venimos a proponerle tiene un importe equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima. Es un escalón que creemos necesario para reconocer el valor de los aportes de todos aquellos trabajadores que acceden a la jubilación mínima dado que el diferencial como un beneficio no contributivo es parte del reconocimiento al trabajo y al mérito.
El tercero de los capítulos que contempla el proyecto de ley tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que, como ustedes recordarán, nace de la decisión de interrumpir el sistema de capitalización y de AFJP, y allí fueron a parar los ahorros que venían siendo acumulados en las diferentes AFJP privadas. Desde ese momento hasta la fecha el Fondo ha crecido significativamente en su valor. Hoy contempla aproximadamente 750.000 millones de pesos. Creemos que el destino de ese Fondo tiene que honrar su razón de ser, que es el pago a los jubilados. No nos parece sensato, justo ni humanitario seguir acumulando esos fondos mientras se le debe mucho dinero a 2 millones y medio de personas mayores.
Concretamente, la propuesta es usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer frente a las erogaciones que implican el reconocimiento de los derechos de estos 2 millones y medio de jubilados. Esto no significa la desaparición del Fondo en absoluto. Queremos cuidarlo y que sea administrado con criterios muy profesionales con el objetivo principal de atender los haberes jubilatorios.
A tales efectos, también tenemos que asegurarnos de que ese Fondo no sea usado a los fines de subsidiar proyectos que no tienen que ver con los jubilados. Queremos que sí sea una herramienta para financiar pymes, créditos hipotecarios e inversiones de infraestructura de largo plazo, y para ayudar al desarrollo de mercados de capitales productivos en Argentina, pero no a tasas por debajo del mercado ni a tasas subsidiadas que en última instancia afecten la sustentabilidad del sistema previsional.
Dentro de este capítulo, como seguramente discutiremos más adelante, proponemos la derogación de la ley 27.181, lo cual implica liberar a la administración del Fondo de las restricciones sobre la venta de ciertos activos como ser las acciones que detenta en compañías privadas. No hay administrador profesional de fondos en el mundo que aceptara su misión si no pudiera decidir cuándo comprar y vender los activos que administra. La imposibilidad de vender activos en momentos adecuados es claramente contraria a la necesidad de del defender el valor del Fondo para su objetivo primordial, que es solventar los haberes jubilatorios.
El cuarto capítulo de la ley se refiere a la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional. Es un consejo que operará bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que pretendemos que lleve a cabo una tarea participativa, profunda y seria, donde estén representados todos los sectores de la sociedad argentina, desde ya los miembros de este Congreso, pero también los trabajadores a través de los gremios que los representan, los empleadores, la academia, y todos aquellos que puedan aportar a ayudarnos a diseñar un régimen previsional al cual le estamos exigiendo cuatro características.
La primera característica es que sea universal, o sea que cubra a todos los que habitan este suelo. La segunda es que sea integral, es decir que contemple la solución que incluya todos los aspectos de los diversos sistemas previsionales que hoy cohabitan en la Argentina, sin excluir ejemplo las cajas provinciales, las cajas profesionales, las cajas de las fuerzas de seguridad y todos los aspectos que tengan que ver con la seguridad previsional en la Argentina. La tercera característica que le estamos pidiendo al nuevo régimen es que sea solidario. No creemos en un régimen donde cada uno ahorra para su propia ancianidad; sí creemos en una sociedad solidaria, donde los que más tienen aportan para los que menos tienen tengan un haber digno y justo. Por eso el principio de solidaridad se nos hace esencial en el nuevo régimen. La cuarta característica es que sea sustentable. Creemos que la sociedad argentina, todos nosotros, se merece un debate serio, profundo y exento de demagogias, dado que se trata de una problemática que afecta a múltiples generaciones y jurisdicciones.
Espero que desde ese Consejo de Sustentabilidad Previsional podamos trabajar juntos en un régimen para nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos, y que sirva por muchas generaciones.
El quinto capítulo del proyecto de ley tiene que ver con lo mencionado anteriormente por el señor diputado Gioja. Es un capítulo en realidad muy breve, de un solo artículo, que es la ratificación del acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior, el ministro Rogelio Frigerio, y todos los gobernadores de la República Argentina hace un par de semanas. Es un acuerdo que contempla la devolución del 15 por ciento.
Como bien decía el señor diputado Negri, no es algo que revisa el régimen de coparticipación sino que es simplemente la ratificación de ese acuerdo. Ese 15 por ciento, ustedes habrán visto o podrán ver si no han tenido el tiempo aún, que en el proyecto de ley está como un anexo el acuerdo ya celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias. En ese anexo, como podrán leer, se contempla la devolución progresiva del 15 por ciento, empezando este mismo año por un 3 por ciento y 3 por ciento adicional que se va agregando cada año.
Para compensar la escalera progresiva de esos aportes se contempla que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le dé un préstamo a las provincias equivalente al 6 por ciento de la coparticipación este año y un 3 por ciento adicional cada uno de los tres años subsiguientes. Este préstamo será devuelto en pesos por las provincias a los cuatro años en un único pago de la fecha de otorgamiento de cada uno de esos préstamos. Y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad se le retribuirá una tasa de mercado por esos préstamos equivalente a la tasa BADLAR, que es la tasa que remunera los plazos fijos, que hoy está aproximadamente en el 28-28,5 por ciento, mientras que las provincias van a pagar una tasa sensiblemente menor, que está definida como del 15 por ciento del anual para 2016 y 2017 y del 12 por ciento para 2018 y 2019.
El Tesoro Nacional va a compensar al fondo de garantía de sustentabilidad por la diferencia entre esa tasa que pagan las provincias, que es fija y la vemos hoy, y la tasa variable BADLAR que aplicará a cada oportunidad y según el paso del tiempo.
El sexto capítulo del proyecto de ley es el de sinceramiento fiscal. En primer lugar, quiero destacar por qué consideramos que la reparación histórica a los jubilados y el sinceramiento fiscal van de la mano. Voy a señalarlo en dos aspectos, es decir, en términos conceptuales y políticos.
Creemos que estos son dos pasos, como dije antes, en pos de la reconstrucción de la confianza y en base a la verdad. Sincerar es empezar a decir la verdad. Hay otros capítulos donde la sociedad argentina necesita de sinceramiento pero consideramos que estos dos pueden ser pilares de una Argentina más confiable, necesarios para atraer las inversiones y crear los puestos de trabajo que la sociedad nos exige.
El segundo aspecto es económico financiero. Necesitamos que los más pudientes que por diversas razones han evadido impuestos, hoy aporten en este momento de la Argentina, sinceren sus pertenencias, paguen el impuesto extraordinario que hemos establecido y todos los frutos que se recojan de este sinceramiento tengan como destino único y exclusivo el pago a los jubilados. Irán a la ANSES, a sostener sus cajas, que lo cierto es que está siendo crecientemente deficitaria en los últimos años.
Quiero destacar que este sinceramiento fiscal que estamos proponiendo se da en un contexto internacional como nunca hubo antes en todos los sinceramientos o blanqueos previos que se intentaron en la economía argentina a lo largo de los años. Argentina ha celebrado un convenio de intercambio de información con otros 82 países y entrará en vigencia con algunos de ellos, más de 50, en septiembre de 2017 y con el resto en 2018. Muchas otras naciones se están adhiriendo cada día a este acuerdo para compartir información. Los evasores del mundo están siendo acorralados por todos los países y eso nos permite pensar que se da una oportunidad -insisto- como nunca antes. A tal punto que es la propia OCDE la que está recomendando a todos los países firmantes de este acuerdo de intercambio de información que se les permita a los contribuyentes de cada país una última oportunidad antes de que entre en vigencia este intercambio de información. Y es por eso que ha sido un elemento fundamental en nuestro proceso decisorio lanzarlo en este momento.
El otro elemento fundamental es que creemos que para que un proceso de sinceramiento como éste sea exitoso, tiene que ser realizado en condiciones de confianza sobre el rumbo de la economía local. Consideramos que con un mercado de cambios hiperregulado, como el que existió antes de la liberación del cepo cambiario, o un país en default con los mercados financieros internacionales, más allá de las ventajas que uno le pudiera ofrecer a aquellos que habían decidido sacar sus capitales del sistema económico argentino, era muy difícil conseguir un proceso exitoso.
Pensamos que hoy las condiciones están dadas, los mercados financieros internacionales le han brindado a nuestro país un respaldo único en la historia de todos los países emergentes, habiéndonos ofrecido 67 millones de dólares en la última colocación de deuda que lideró el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Consecuentemente, tanto por el lado de la confianza como por el de un contexto internacional que acorrala a los evasores, creemos que esta sí puede ser una oportunidad única e histórica para dar vuelta una página y empezar a sincerar esta parte tan fundamental que hace a nuestra economía.
Quiero destacar tres reglas de este sinceramiento, que también lo diferencian fuertemente de otros; el equipo luego también lo va a explicar con más detalle.
En primer lugar, quiero referirme al costo. Aquí hay una penalidad -después veremos los distintos escalones- para la gran mayoría de los evasores que decidan adherirse al sinceramiento, que es del 10 por ciento de las tenencias declaradas. Este porcentaje sube al 15 por ciento si deciden hacerlo a partir del 1° de enero de 2017. Para ser más precisos, hemos establecido un primer escalón para aquellos que decidan sincerar hasta 300.000 pesos, que no tiene costo. Estamos pensando aquí en mucha gente de clase media que pueda tener diversos ahorros que por alguna razón no ha blanqueado. Queremos abrirles esta puerta.
Para aquellos que quieran blanquear hasta 800.000 pesos, el costo será de un 5 por ciento. Por encima de los 800.000, hasta el 31 de diciembre, el costo será del 10 por ciento. Del 1° de enero de 2017 y hasta el 31 de marzo de 3017, que es la fecha límite del proceso de sinceramiento, el costo sube al 15 por ciento.
Hay otras alternativas que queremos ofrecerles, que tienen que ver con la suscripción de bonos a tasa baja, tasa subsidiada o tasa cero, según el caso. También puede haber quienes decidan invertir en la Argentina en instrumentos de largo plazo para financiar pymes, créditos hipotecarios, viviendas o inversiones en infraestructura. Luego, los equipos de Hacienda y Finanzas detallarán estas alternativas.
Un punto que quiero enfatizar particularmente es que en ningún momento pensamos perdonar ningún delito, ni de evasión fiscal ni de leyes penales cambiarias que rigieron con muchas restricciones hasta recientemente. Para ser claro, para cualquier delito de asociación ilícita, de corrupción, de robo, de lavado de dinero, de narcotráfico, o de la larga lista que ustedes puedan imaginar, todo sigue plenamente vigente y en nada son afectados por el proyecto de ley que hemos presentado.
Otro elemento distintivo de este proyecto es que por primera vez estamos proponiendo un premio a los pagadores. Muchas veces, cuando se hacen intentos de estas características, los cumplidores siempre nos sentimos que estamos un poco arrepentidos de haber cumplido porque parece que somos castigados. Esta vez queremos reconocer el cumplimiento y para eso estamos proponiendo una exención del pago de bienes personales a todos los cumplidores por los próximos tres años.
Finalmente, pero de manera particularmente importante quiero resaltar que este es un sinceramiento que responde a las normativas y recomendaciones de GAFI y de OCDE, con las mejores prácticas de similares procesos en otros países del mundo. Al respecto le voy a pedir luego al señor Mariano Federici, presidente de la UIF, que nos detalle cuáles son esas recomendaciones y cómo las hemos contemplado en el proyecto de ley que hoy estamos presentando.
Con respecto a los excluidos, hemos decidido excluir del blanqueo a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, empezando por el presidente, la vicepresidente, el jefe de Gabinete, todos los ministros, secretarios, subsecretarios, y una larga lista que integramos todos aquellos que estamos obligados a presentar nuestra declaración jurada en la Oficina Anticorrupción. Como podrán ver en el proyecto de ley, hay varios incisos en los que se detallan los distintos cargos de las personas excluidas. La decisión de excluir a los otros poderes de la República la dejamos en sus manos.
Finalmente, no estamos haciendo una distinción para premiar la repatriación de capitales. Esto es una decisión explícita. Consideramos que el atractivo y la confianza generada hoy por la Argentina están haciendo que fluyan capitales.
No queremos distorsionar el mercado cambiario, que es un mercado flotante en el cual creemos, y es por eso que hemos decidido explícitamente no premiar la repatriación, excepto en el caso que mencioné anteriormente, que son capitales de largo plazo para el financiamiento de inversión en infraestructura, vivienda, créditos hipotecarios y demás.
Como he demorado más de la cuenta, continuaré brevemente con los siguientes capítulos. El próximo es sobre la moratoria impositiva, al cual ser referirá el doctor Abad.
El capítulo número VIII tiene que ver con modificaciones a impuestos, y en este sentido el doctor Lacoste también nos va a detallar, pero les anticipo que estamos proponiendo una actualización del mínimo de bienes personales, una reducción de las alícuotas progresivas llevando el máximo a 0,75 este año, 0,50, 0,25 y cero a partir de 2019, la eliminación del impuesto a los dividendos y la eliminación al impuesto de la ganancias mínima presunta. Creemos que son impuestos que están afectando negativamente el atractivo inversor de la Argentina que necesitamos reactivar para generar los puestos de trabajo que nuestra sociedad reclama.
El último capítulo tiene que ver con la creación de una Comisión Bicameral de Reforma Tributaria. Lo mismo que decíamos respecto de la necesidad de estudiar en equipo en base al diálogo con profesionalismo y exento de demagogias un nuevo régimen previsional, también creemos en la necesidad de revisar algunos de los impuestos que rigen hoy en la Argentina con una mirada federal y una mirada participativa.
Por todo ello, estamos invitando a crear esta Comisión Bicameral para que trabaje en este sentido y presente una propuesta en los próximos 18 meses, antes de fines de 2017.
Les agradezco mucho su atención. Espero haber sido lo suficientemente claro sobre un proyecto que sé que es largo y comprehensiva de muchos aspectos.
Le cedo ahora la palabra al señor Emilio Basavilbaso, director Ejecutivo de la ANSES, para que nos dé el detalle de los primeros cuatro capítulos del tema previsional junto con el secretario Paulucci. (Aplausos.)
SR. BASAVILBASO Buenas tardes, estimados diputados. Les agradezco la posibilidad de explicar el proyecto, porque es muy importante para nosotros. Voy a tratar de ser breve para dar tiempo para profundizar mediante preguntas. Pueden seguir la presentación en las pantallas, si lo desean.
El resumen, el proyecto tiene principales bloques: un primer bloque habla sobre la deuda histórica que tenemos con los jubilados y el programa que estamos estableciendo de reparación histórica; un segundo bloque se relaciona con la pensión universal a la vejez, que es para todos los adultos mayores de 65 años; y a su vez, este proyecto es acompañado por un decreto que firmó el presidente de la Nación para a partir de este momento comenzar a jubilar bien. Tengamos en cuenta que ANSES todavía seguía jubilando incorrectamente. Vamos a ajustar los índices y para partir de este momento jubilar bien y así evitar futura litigiosidad.
La propuesta de reparación histórica comprende a tres grupos de jubilados. El primer grupo de jubilados lo forman aproximadamente 50.000 personas que le han hecho juicio al Estado y que tienen una sentencia firme. En ese caso lo que propone el programa es un acuerdo voluntario con cada uno de estos jubilados para que, una vez firmado y homologado, puedan cobrar lo que le corresponde. Esto comprende tanto las retroactividades, que se van a pagar 50 por ciento al momento de la firma y 50 por ciento en cuotas trimestrales que van a ser ajustadas según el índice de movilidad, como también la liquidación correcta de su haber. Hicimos un promedio con la base de ANSES para ver cuánto da este aumento y nos da aproximadamente un 50 por ciento de aumento en los haberes. Es decir, aquel jubilado que cobraba 10.000 pesos, un dato real promedio de la base, pasa a ganar en promedio 15.000 pesos.
El segundo grupo está compuesto por aquellos jubilados que hicieron juicio y todavía no tienen la sentencia firme. En este caso el programa propone -además de empezar a pagar bien, es decir, liquidar los haberes en forma correcta- pagar las retroactividades con un tope de 48 meses, de cuatro años. En el caso de este grupo, habiendo corrido las bases de ANSES, nos da que aproximadamente el aumento va a ser de un 40 por ciento. El promedio de los haberes es prácticamente igual al del primer grupo, que tiene sentencia firme. Es decir, van a pasar de un haber promedio de 10.000 pesos a 14.000 pesos, mejorando sensiblemente sus haberes.
Por último, el grupo de aquellos jubilados a los que les corresponde el derecho, es decir las sentencias a las que la Corte Suprema hizo referencia y corrigió, tanto en el cálculo del haber inicial como de la movilidad y tienen este mismo derecho, el proyecto también los incluye. Este es el grupo más grande: se trata aproximadamente de 2 millones de jubilados que van a tener un aumento promedio en su haber del 35 por ciento.
¿Por qué hemos elegido incluir a estos jubilados también? Porque probablemente por asimetrías en la información o por no tener igualdad de oportunidades para acceder a un abogado, no hicieron el juicio pero igualmente les corresponde el derecho.
¿Cuáles son las causas que componen este programa de reparación histórica? Principalmente, son la de Badaro y Elliff, pero también incluye a Sánchez y a Monzó. Todos ellos pasaron por la Corte Suprema y representan más del 90 por ciento de los litigios que hay contra la ANSES. Tengamos en cuenta que hay algunos litigios especiales que no componen el programa y que van a ser luego analizados por esta Comisión, como que mencionó el licenciado Quintana.
¿Qué pasa con aquellos jubilados que no aceptan ingresar al programa? Es importante aclarar que aquellos que no aceptan ingresar al programa, siguen las vías normales. Es decir, esto es un acuerdo voluntario; no está impuesto. Tiene que elegirlo el jubilado junto con su abogado. Para aquellos jubilados que ya tenían un abogado, porque ya habían iniciado una demanda al Estado tanto para el grupo de los que tienen sentencia firme como para los que no la tienen, la firma va a ser en conjunto que aquellos abogados que habían elegido.
En el caso de aquellos jubilados que no tenían abogado, porque no habían iniciado un juicio, van a tener que elegir un propio abogado y los gastos de ese abogado van a ser pagados por la ANSES a través de un monto fijo.
¿Cuántos años durará el programa? Estamos proponiendo en el proyecto de ley que el programa dure tres años con la posibilidad de que ustedes después lo puedan prorrogar por tres años más, pero estamos preparados y trabajando para poder terminar con el total del programa en dos años. ANSES actualmente tiene una capacidad de ejecución de 100 mil acuerdos por mes y teniendo en cuenta que el universo total es de 2.400.000 jubilados, podríamos estar cubriéndolo en dos años.
En este punto quiero hacer una aclaración importante. ¿Qué pasa con aquel jubilado que pide que se le genere un nuevo haber pero que recibe la posibilidad de ser atendido de aquí a un año, por ejemplo? En ese caso se va a tomar desde la fecha en que él pidió que se le rectifique el haber, y en el momento de la firma no solo se le va a pagar lo que le corresponde hasta ese momento sino hacia atrás, desde que él pidió la rectificación del haber, para dejar a todos en las mismas condiciones.
Con respecto al orden de prelación, en el proyecto de ley optamos por un orden de prelación que le dé prioridad a aquellos adultos mayores de edad avanzada, es decir, esperamos poder solucionar la situación de todos los mayores de 80 durante el transcurso de este año. Lo mismo para aquellos jubilados que tengan alguna enfermedad grave, es decir, también queremos darles una solución entre los primeros grupos.
¿De dónde salen los fondos? Esta es una buena pregunta. Principalmente de dos fuentes, una de ellas es el fondo de garantía de sustentabilidad, toda la ganancia de ese fondo a partir de la sanción de la ley se va a utilizar para pagar los juicios de los jubilados. Además del fondo de garantía de sustentabilidad la segunda fuente principal va a ser el blanqueo de capitales. Todo lo que se recaude del blanqueo de capitales, según lo establece la ley, va a tener afectación específica a fin de que vaya a ANSES para pagar los juicios.
¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir el jubilado? En primer lugar, ANSES habilitará una página web, en www.anses.gob.ar, para poder ingresar al programa de forma voluntaria y pedir la rectificación del haber. Aquellos jubilados que no sepan manejar internet también van a tener preferencia de atención en las 470 oficinas de ANSES a fin de hacer el trámite en forma presencial. Desde ANSES vamos a ir informando periódicamente cuáles son los grupos habilitados para firmar el acuerdo que, como dijimos, va a tener un orden de prelación. Se va a dar prioridad a los mayores de 80 y también vamos a incluir en el grupo de alta vulnerabilidad a los que sufren enfermedades graves.
El titular deberá tener un representante legal, como dijimos, y una vez inscripto ANSES mostrará su posible nuevo haber y eventualmente, si había hecho juicio, las retroactividades. Si el titular acepta, va a ver cuál es el valor de su haber mensual y cuál es el monto total de la retroactividad, irá a la ANSES, a una UDAI, y firmará un convenio. Luego el abogado del jubilado tiene que ir a la Justicia de la seguridad social y homologar jurídicamente este convenio. El juzgado hace la homologación, informa a ANSES y a partir de ahí se liquida el 50 por ciento de la retroactividad, el haber nuevo y las cuotas en forma trimestral.
¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no queremos que se genere el juicio del juicio, pretendemos parar la litigiosidad. Este es un gran esfuerzo de todo el gobierno y nuestra intención es finalmente dar un cierre a este capítulo de alta litigiosidad con nuestros abuelos.
¿A cuántos litigios previsionales llega la propuesta? A más del 90 por ciento. Los restantes casos, como dijimos, van a ser analizados por la comisión especial, que también introduce este proyecto de ley. La cantidad es de aproximadamente 2.500.000 jubilados, este es un número redondo, pero para ser exactos según la base de datos se trata de 2.400.000 jubilados con una edad promedio de 74 años, la mayoría mujeres. Ya dijimos cuánto es el aumento promedio de los haberes.
Para finalizar, y antes de ceder la palabra al secretario Juan Carlos Paulucci, quiero decir que el funcionamiento del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad dependerá del Ministerio de Trabajo. Esperamos que en el transcurso del tiempo que dure su creación participe la mayor cantidad de gente, ya que se encuentran representados allí diferentes partidos políticos y expertos en la materia. Queremos crear una nueva ley jubilatoria argentina que incluya el primer pilar, del que ahora les va a hablar el doctor Paulucci. (Aplausos.)
El resumen, el proyecto tiene principales bloques: un primer bloque habla sobre la deuda histórica que tenemos con los jubilados y el programa que estamos estableciendo de reparación histórica; un segundo bloque se relaciona con la pensión universal a la vejez, que es para todos los adultos mayores de 65 años; y a su vez, este proyecto es acompañado por un decreto que firmó el presidente de la Nación para a partir de este momento comenzar a jubilar bien. Tengamos en cuenta que ANSES todavía seguía jubilando incorrectamente. Vamos a ajustar los índices y para partir de este momento jubilar bien y así evitar futura litigiosidad.
La propuesta de reparación histórica comprende a tres grupos de jubilados. El primer grupo de jubilados lo forman aproximadamente 50.000 personas que le han hecho juicio al Estado y que tienen una sentencia firme. En ese caso lo que propone el programa es un acuerdo voluntario con cada uno de estos jubilados para que, una vez firmado y homologado, puedan cobrar lo que le corresponde. Esto comprende tanto las retroactividades, que se van a pagar 50 por ciento al momento de la firma y 50 por ciento en cuotas trimestrales que van a ser ajustadas según el índice de movilidad, como también la liquidación correcta de su haber. Hicimos un promedio con la base de ANSES para ver cuánto da este aumento y nos da aproximadamente un 50 por ciento de aumento en los haberes. Es decir, aquel jubilado que cobraba 10.000 pesos, un dato real promedio de la base, pasa a ganar en promedio 15.000 pesos.
El segundo grupo está compuesto por aquellos jubilados que hicieron juicio y todavía no tienen la sentencia firme. En este caso el programa propone -además de empezar a pagar bien, es decir, liquidar los haberes en forma correcta- pagar las retroactividades con un tope de 48 meses, de cuatro años. En el caso de este grupo, habiendo corrido las bases de ANSES, nos da que aproximadamente el aumento va a ser de un 40 por ciento. El promedio de los haberes es prácticamente igual al del primer grupo, que tiene sentencia firme. Es decir, van a pasar de un haber promedio de 10.000 pesos a 14.000 pesos, mejorando sensiblemente sus haberes.
Por último, el grupo de aquellos jubilados a los que les corresponde el derecho, es decir las sentencias a las que la Corte Suprema hizo referencia y corrigió, tanto en el cálculo del haber inicial como de la movilidad y tienen este mismo derecho, el proyecto también los incluye. Este es el grupo más grande: se trata aproximadamente de 2 millones de jubilados que van a tener un aumento promedio en su haber del 35 por ciento.
¿Por qué hemos elegido incluir a estos jubilados también? Porque probablemente por asimetrías en la información o por no tener igualdad de oportunidades para acceder a un abogado, no hicieron el juicio pero igualmente les corresponde el derecho.
¿Cuáles son las causas que componen este programa de reparación histórica? Principalmente, son la de Badaro y Elliff, pero también incluye a Sánchez y a Monzó. Todos ellos pasaron por la Corte Suprema y representan más del 90 por ciento de los litigios que hay contra la ANSES. Tengamos en cuenta que hay algunos litigios especiales que no componen el programa y que van a ser luego analizados por esta Comisión, como que mencionó el licenciado Quintana.
¿Qué pasa con aquellos jubilados que no aceptan ingresar al programa? Es importante aclarar que aquellos que no aceptan ingresar al programa, siguen las vías normales. Es decir, esto es un acuerdo voluntario; no está impuesto. Tiene que elegirlo el jubilado junto con su abogado. Para aquellos jubilados que ya tenían un abogado, porque ya habían iniciado una demanda al Estado tanto para el grupo de los que tienen sentencia firme como para los que no la tienen, la firma va a ser en conjunto que aquellos abogados que habían elegido.
En el caso de aquellos jubilados que no tenían abogado, porque no habían iniciado un juicio, van a tener que elegir un propio abogado y los gastos de ese abogado van a ser pagados por la ANSES a través de un monto fijo.
¿Cuántos años durará el programa? Estamos proponiendo en el proyecto de ley que el programa dure tres años con la posibilidad de que ustedes después lo puedan prorrogar por tres años más, pero estamos preparados y trabajando para poder terminar con el total del programa en dos años. ANSES actualmente tiene una capacidad de ejecución de 100 mil acuerdos por mes y teniendo en cuenta que el universo total es de 2.400.000 jubilados, podríamos estar cubriéndolo en dos años.
En este punto quiero hacer una aclaración importante. ¿Qué pasa con aquel jubilado que pide que se le genere un nuevo haber pero que recibe la posibilidad de ser atendido de aquí a un año, por ejemplo? En ese caso se va a tomar desde la fecha en que él pidió que se le rectifique el haber, y en el momento de la firma no solo se le va a pagar lo que le corresponde hasta ese momento sino hacia atrás, desde que él pidió la rectificación del haber, para dejar a todos en las mismas condiciones.
Con respecto al orden de prelación, en el proyecto de ley optamos por un orden de prelación que le dé prioridad a aquellos adultos mayores de edad avanzada, es decir, esperamos poder solucionar la situación de todos los mayores de 80 durante el transcurso de este año. Lo mismo para aquellos jubilados que tengan alguna enfermedad grave, es decir, también queremos darles una solución entre los primeros grupos.
¿De dónde salen los fondos? Esta es una buena pregunta. Principalmente de dos fuentes, una de ellas es el fondo de garantía de sustentabilidad, toda la ganancia de ese fondo a partir de la sanción de la ley se va a utilizar para pagar los juicios de los jubilados. Además del fondo de garantía de sustentabilidad la segunda fuente principal va a ser el blanqueo de capitales. Todo lo que se recaude del blanqueo de capitales, según lo establece la ley, va a tener afectación específica a fin de que vaya a ANSES para pagar los juicios.
¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir el jubilado? En primer lugar, ANSES habilitará una página web, en www.anses.gob.ar, para poder ingresar al programa de forma voluntaria y pedir la rectificación del haber. Aquellos jubilados que no sepan manejar internet también van a tener preferencia de atención en las 470 oficinas de ANSES a fin de hacer el trámite en forma presencial. Desde ANSES vamos a ir informando periódicamente cuáles son los grupos habilitados para firmar el acuerdo que, como dijimos, va a tener un orden de prelación. Se va a dar prioridad a los mayores de 80 y también vamos a incluir en el grupo de alta vulnerabilidad a los que sufren enfermedades graves.
El titular deberá tener un representante legal, como dijimos, y una vez inscripto ANSES mostrará su posible nuevo haber y eventualmente, si había hecho juicio, las retroactividades. Si el titular acepta, va a ver cuál es el valor de su haber mensual y cuál es el monto total de la retroactividad, irá a la ANSES, a una UDAI, y firmará un convenio. Luego el abogado del jubilado tiene que ir a la Justicia de la seguridad social y homologar jurídicamente este convenio. El juzgado hace la homologación, informa a ANSES y a partir de ahí se liquida el 50 por ciento de la retroactividad, el haber nuevo y las cuotas en forma trimestral.
¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no queremos que se genere el juicio del juicio, pretendemos parar la litigiosidad. Este es un gran esfuerzo de todo el gobierno y nuestra intención es finalmente dar un cierre a este capítulo de alta litigiosidad con nuestros abuelos.
¿A cuántos litigios previsionales llega la propuesta? A más del 90 por ciento. Los restantes casos, como dijimos, van a ser analizados por la comisión especial, que también introduce este proyecto de ley. La cantidad es de aproximadamente 2.500.000 jubilados, este es un número redondo, pero para ser exactos según la base de datos se trata de 2.400.000 jubilados con una edad promedio de 74 años, la mayoría mujeres. Ya dijimos cuánto es el aumento promedio de los haberes.
Para finalizar, y antes de ceder la palabra al secretario Juan Carlos Paulucci, quiero decir que el funcionamiento del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad dependerá del Ministerio de Trabajo. Esperamos que en el transcurso del tiempo que dure su creación participe la mayor cantidad de gente, ya que se encuentran representados allí diferentes partidos políticos y expertos en la materia. Queremos crear una nueva ley jubilatoria argentina que incluya el primer pilar, del que ahora les va a hablar el doctor Paulucci. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social.
SR. PAULUCCI Como decía Gracián, lo bueno, si breve, dos veces bueno. No sé si lo mío va a ser bueno, pero sí va a ser breve. Por lo menos, voy a cumplir así con una de las premisas.
Este régimen de pensión a la vejez tiene sus antecedentes en la Argentina desde el siglo pasado y específicamente a partir de una decisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que en su momento ocupaba el coronel Juan Perón. Esta disposición fue luego incorporada a los derechos de la ancianidad en la Constitución de 1949, en todo un capítulo que precisamente también inspiró el entonces ya general Perón.
Esto quiere decir que no estamos inventando la pólvora, sino intentando poner en vigencia algo que ya tiene historia en la Argentina y que viene a cubrir un espacio importante dentro de lo que es el régimen de protección de la ancianidad.
Y aquí quiero hacer una diferencia que es importante tener siempre en cuenta. Esto no forma parte del régimen jubilatorio, sino que es una pensión que tiene una naturaleza absolutamente diferente. Se trata de proteger al adulto mayor, como se dice ahora. Ahora estamos empleando palabras nuevas para no decir las cosas como son, pero como yo soy viejo, puedo decir que se trata de proteger a los viejos como yo. En definitiva, este régimen lo que procura precisamente es dar protección a aquellos que no la tienen. Esto no tiene nada que ver con el régimen jubilatorio. Su expresión es definitivamente distinta de la otra.
Bien decía recién mi distinguido amigo, el licenciado Basavilbaso, que esta pensión universal puede convertirse en el primer pilar de un nuevo régimen jubilatorio que ordene lo existente, pero esto no quiere decir que sea necesariamente parte de ese sistema. Ello significa que habrá una prestación universal que será pagada con diferentes fondos.
Este es un tema que debemos tener muy en cuenta -disculpen si hago una acotación un tanto al margen- y deseo fervientemente que el Congreso así lo haga al dividir las cajas. Una cosa son las prestaciones que debe pagar la sociedad, como es una pensión a la vejez porque es toda la sociedad la que está involucrada en ello, y otra es la caja de los asegurados, es decir, de los trabajadores en relación de dependencia que hacemos nuestros aportes y que con la contribución del empleador estamos formando lo que es un seguro para cuando se produzca el siniestro.
¿Cuándo es ese siniestro? Uno se produce necesariamente, con la muerte; y los otros son los casos de invalidez o enfermedades profesionales.
Estamos a disposición para todas las preguntas que nos quieran realizar. Esta es una institución que tiene una historia en la Argentina que realmente a muchos de nosotros nos enorgullece y que queremos que volver a poner en vigencia. Alguien dijo hace un momento que en realidad se disminuía la edad para esta pensión porque hasta ahora era desde los 70 años. Lo que tratamos es precisamente de poner esto en línea con lo que se considera internacionalmente como la edad en que una persona entra en la vejez, que son los 65 años. (Aplausos.)
Este régimen de pensión a la vejez tiene sus antecedentes en la Argentina desde el siglo pasado y específicamente a partir de una decisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que en su momento ocupaba el coronel Juan Perón. Esta disposición fue luego incorporada a los derechos de la ancianidad en la Constitución de 1949, en todo un capítulo que precisamente también inspiró el entonces ya general Perón.
Esto quiere decir que no estamos inventando la pólvora, sino intentando poner en vigencia algo que ya tiene historia en la Argentina y que viene a cubrir un espacio importante dentro de lo que es el régimen de protección de la ancianidad.
Y aquí quiero hacer una diferencia que es importante tener siempre en cuenta. Esto no forma parte del régimen jubilatorio, sino que es una pensión que tiene una naturaleza absolutamente diferente. Se trata de proteger al adulto mayor, como se dice ahora. Ahora estamos empleando palabras nuevas para no decir las cosas como son, pero como yo soy viejo, puedo decir que se trata de proteger a los viejos como yo. En definitiva, este régimen lo que procura precisamente es dar protección a aquellos que no la tienen. Esto no tiene nada que ver con el régimen jubilatorio. Su expresión es definitivamente distinta de la otra.
Bien decía recién mi distinguido amigo, el licenciado Basavilbaso, que esta pensión universal puede convertirse en el primer pilar de un nuevo régimen jubilatorio que ordene lo existente, pero esto no quiere decir que sea necesariamente parte de ese sistema. Ello significa que habrá una prestación universal que será pagada con diferentes fondos.
Este es un tema que debemos tener muy en cuenta -disculpen si hago una acotación un tanto al margen- y deseo fervientemente que el Congreso así lo haga al dividir las cajas. Una cosa son las prestaciones que debe pagar la sociedad, como es una pensión a la vejez porque es toda la sociedad la que está involucrada en ello, y otra es la caja de los asegurados, es decir, de los trabajadores en relación de dependencia que hacemos nuestros aportes y que con la contribución del empleador estamos formando lo que es un seguro para cuando se produzca el siniestro.
¿Cuándo es ese siniestro? Uno se produce necesariamente, con la muerte; y los otros son los casos de invalidez o enfermedades profesionales.
Estamos a disposición para todas las preguntas que nos quieran realizar. Esta es una institución que tiene una historia en la Argentina que realmente a muchos de nosotros nos enorgullece y que queremos que volver a poner en vigencia. Alguien dijo hace un momento que en realidad se disminuía la edad para esta pensión porque hasta ahora era desde los 70 años. Lo que tratamos es precisamente de poner esto en línea con lo que se considera internacionalmente como la edad en que una persona entra en la vejez, que son los 65 años. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Quiero aclarar que Juan Carlos Paulucci es un compañero vinculado a las organizaciones sindicales desde hace mucho tiempo, así que para nosotros es un gusto que esté presente.
Tiene la palabra el director de la AFIP, doctor Alberto Abad.
Tiene la palabra el director de la AFIP, doctor Alberto Abad.
SR. ABAD Buenas tardes. Pido disculpas por anticipado por la aridez del tema que expondré a continuación.
En primer término, para una mejor comprensión del proyecto, me gustaría hacer una contextualización del régimen de sinceramiento que vamos a presentar. El licenciado Mario Quintana ya hizo una explicación que creo que es clara, pero me gustaría dividir el contexto en el cual se presenta este programa, diferenciando un contexto global y nuestro propio contexto local. En el contexto global, la gran novedad es que hay una nueva institucionalidad a nivel global. Hasta ahora los países centrales -y no otros- permitían que la tenencia de patrimonios en el exterior estuviera prácticamente alejada de cualquier tipo de control. Cuando esto se convirtió en un fuerte riesgo para las bases fiscales de los países, y en particular también de los países centrales, el G20 incorporó la idea de combatir a nivel global los problemas de la evasión, y posteriormente la OCDE se dedicó puntualmente a encarar este tema ya con persistencia en el tiempo y en el espacio.
Como para que ustedes tengan una idea, esta nueva institucionalidad tiene un producto central que es el intercambio automático de información, es decir que a partir de determinada fecha todos los países que están asociados a este régimen automáticamente, sin necesidad de ningún pedido ni de ninguna situación administrativa ni intervención de las cancillerías, etcétera, le pasa al resto de los países del sistema información, centralmente sobre los depósitos en los bancos.
Para ponerlo más en el tiempo, la Argentina, que en los últimos años trabajó activamente en esto y forma parte de este grupo, ya está recopilando la información que durante 2016 va a mostrar los depósitos de personas no residentes en la Argentina que excedan los 100.000 dólares. O sea, desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 se está recopilando esa información.
Todos los no residentes, todos los restantes 55 países durante 2017, están haciendo lo mismo. Esto quiere decir que nosotros le vamos a informar, por ejemplo, a España sobre un español que está en la Argentina y que tiene tal depósito y, viceversa, España nos va a estar informando de los argentinos que están en ese país y también tienen un depósito. Automáticamente esos 55 países develan para todos aquellos depósitos que están bancarizados quiénes son sus tenedores.
A título ejemplificativo, porque viene bien saberlo, este proceso desde 2017 incluye países como Francia, Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Seychelles, es decir países que son claves en todo esto. El mismo proceso se va a realizar para 27 países más durante 2018. Entre ellos hay algunos interesantes como Suiza, Singapur, Rusia, China, Japón, etcétera. Asimismo, para 2019 ya Uruguay, Panamá y Brasil comprometieron su adhesión. Esto quiere decir que el cerco se cierra significativamente y que hay un mensaje para todos los ciudadanos y empresas que estén en esta lógica de que van a tener que formalizarse.
Si este fenómeno lo vemos más allá desde un punto de vista local, la Argentina tiene un fuerte nivel de informalidad -esto es conocido para todos-, pero nosotros también vemos a este proceso de sinceramiento fiscal como una herramienta clave para bajar los niveles de informalidad.
La informalidad es un concepto realmente muy complejo. Quienes hemos estado unos cuantos años en la administración tributaria aprendimos que con fiscalizar, con asustar y con sancionar el tema no se resuelve. Porque el tema de la formalización es un fenómeno sociológico y no del derecho penal; puede participar el derecho penal, pero es la última razón. El problema central es sociológico, porque se relaciona con una sociedad que esté dispuesta a cumplir con el pacto fiscal que exige el pacto social. El pacto social -ustedes lo saben mejor que nosotros-, es la Constitución; y el pacto fiscal es el pacto que hacemos para subvencionar con nuestros impuestos el funcionamiento del Estado, que es el que tiene que garantizar todos los derechos que están en la Constitución.
Ahora bien, si el pacto fiscal no funciona, se produce un fenómeno que yo diría que es trágico para las sociedades, que es que la Constitución se convierte en una enumeración hueca de derechos que no tienen financiamiento. Hay un principio básico no de la administración tributaria sino de las políticas públicas de que los derechos existen solo en la medida que se puedan financiar. Así que no podemos hablar de derechos si no tenemos financiamiento, y no podemos hablar de financiamiento si no tenemos formalidad. Me parece que este es el desafío central que tenemos todos los argentinos, y en particular el desafío de esta casa en el sentido de dar las leyes que ayuden a que esa cultura se vaya desarrollando y arraigando sobre la confianza, el compromiso y la visibilidad de la política, y sobre buenas gestiones de gobierno en los cuales los ciudadanos vean que este pacto fiscal tiene una contrapartida.
Otro aspecto que ayudó a la informalidad ha sido la alta presión tributaria, fenómeno en el que este gobierno ya está enfocado y ha llevado adelante varias acciones para bajarla. Después mis colegas se van a referir al tema.
Voy a dar otro dato al pasar: para el año en curso el costo fiscal de baja de presión tributaria está en el orden de los 180.000 millones de pesos, o sea que cuando hablamos de baja de presión tributaria ya implica un menor ingreso fiscal de 180.000 millones de pesos y ahí incluyo todos los proyectos conocidos, es decir, retenciones para las economías regionales, cuarta categoría, devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito, devolución de percepciones y retenciones. Todo esto implica ese costo fiscal pero ese costo fiscal es una inversión porque parte de esto después se recicla en el proceso de consumo y de la inversión y además ecualiza a sectores sociales que están en los lugares de los cuales queremos sacarlos.
Entonces, la informalidad que está alimentada por nuestra cultura, la presión tributaria y las restricciones cambiarias, constituye uno de los desafíos que trata de resolver este programa. Es decir que este programa debe ser visto en ese contexto, un escenario internacional donde los países van a trabajar en serio contra la evasión y la planificación y donde queremos bajar la informalidad.
Voy a dar dos o tres datos sobre la informalidad. Ya es conocida, tenemos una evasión en el IVA del orden del 30 por ciento, la vamos a terminar de cuantificar cuando tengamos datos del INDEC. Tenemos una evasión en la seguridad social del orden del 33 o 34 por ciento. En ganancias, es muy difícil calcularla pero es menor del 50 por ciento.
Por otro lado, les doy un dato interesante con respecto a cuánto tienen declarado los argentinos que poseen bienes en el exterior: 30.500 millones de dólares. Los argentinos tienen declarados ante AFIP un patrimonio en el exterior por 30.500 millones de dólares. Entonces, esos 30.500 millones de dólares se comparan con cálculos internacionales y con cálculos locales. Los cálculos internacionales hacen que se estimen en 400.000 millones de dólares los activos de los argentinos en el exterior y algunas estimaciones de INDEC están en el orden de los 230.000 millones, o sea que hay bastante para crecer en función de lo que hay declarado y de lo que potencialmente podríamos tener.
Entonces, rápidamente, ¿cuáles son las principales características? Los fondos de este plan de sinceramiento van a estar afectados a la seguridad social. Buscamos que parte de ello esté orientado a la inversión en proyectos productivos. Hay una opción de bono en dólares en lugar del impuesto. Privilegia a los pequeños ahorristas porque se les da una alícuota cero. Beneficia a los cumplidores, que es lo que comentó Mario Quintana. Se intenta en alguna medida equilibrar el beneficio para que el cumplidor blanquee pero también para quien estuvo cumpliendo sistemáticamente y está en línea con las recomendaciones del G20 y la OCDE.
Ahora vamos a entrar un poco en el régimen en particular. Básicamente vemos que los componentes de la exteriorización son tres: la exteriorización de activos, los beneficios para los cumplidores y la regularización tributaria. ¿A quién comprende la exteriorización de activos? A las personas humanas. Yo soy un contador suburbano pero, de acuerdo a la nueva normativa, ahora llamamos "personas humanas" a quienes antes denominábamos "personas físicas".
- Varios señores diputados hablan a la vez.
En primer término, para una mejor comprensión del proyecto, me gustaría hacer una contextualización del régimen de sinceramiento que vamos a presentar. El licenciado Mario Quintana ya hizo una explicación que creo que es clara, pero me gustaría dividir el contexto en el cual se presenta este programa, diferenciando un contexto global y nuestro propio contexto local. En el contexto global, la gran novedad es que hay una nueva institucionalidad a nivel global. Hasta ahora los países centrales -y no otros- permitían que la tenencia de patrimonios en el exterior estuviera prácticamente alejada de cualquier tipo de control. Cuando esto se convirtió en un fuerte riesgo para las bases fiscales de los países, y en particular también de los países centrales, el G20 incorporó la idea de combatir a nivel global los problemas de la evasión, y posteriormente la OCDE se dedicó puntualmente a encarar este tema ya con persistencia en el tiempo y en el espacio.
Como para que ustedes tengan una idea, esta nueva institucionalidad tiene un producto central que es el intercambio automático de información, es decir que a partir de determinada fecha todos los países que están asociados a este régimen automáticamente, sin necesidad de ningún pedido ni de ninguna situación administrativa ni intervención de las cancillerías, etcétera, le pasa al resto de los países del sistema información, centralmente sobre los depósitos en los bancos.
Para ponerlo más en el tiempo, la Argentina, que en los últimos años trabajó activamente en esto y forma parte de este grupo, ya está recopilando la información que durante 2016 va a mostrar los depósitos de personas no residentes en la Argentina que excedan los 100.000 dólares. O sea, desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 se está recopilando esa información.
Todos los no residentes, todos los restantes 55 países durante 2017, están haciendo lo mismo. Esto quiere decir que nosotros le vamos a informar, por ejemplo, a España sobre un español que está en la Argentina y que tiene tal depósito y, viceversa, España nos va a estar informando de los argentinos que están en ese país y también tienen un depósito. Automáticamente esos 55 países develan para todos aquellos depósitos que están bancarizados quiénes son sus tenedores.
A título ejemplificativo, porque viene bien saberlo, este proceso desde 2017 incluye países como Francia, Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Seychelles, es decir países que son claves en todo esto. El mismo proceso se va a realizar para 27 países más durante 2018. Entre ellos hay algunos interesantes como Suiza, Singapur, Rusia, China, Japón, etcétera. Asimismo, para 2019 ya Uruguay, Panamá y Brasil comprometieron su adhesión. Esto quiere decir que el cerco se cierra significativamente y que hay un mensaje para todos los ciudadanos y empresas que estén en esta lógica de que van a tener que formalizarse.
Si este fenómeno lo vemos más allá desde un punto de vista local, la Argentina tiene un fuerte nivel de informalidad -esto es conocido para todos-, pero nosotros también vemos a este proceso de sinceramiento fiscal como una herramienta clave para bajar los niveles de informalidad.
La informalidad es un concepto realmente muy complejo. Quienes hemos estado unos cuantos años en la administración tributaria aprendimos que con fiscalizar, con asustar y con sancionar el tema no se resuelve. Porque el tema de la formalización es un fenómeno sociológico y no del derecho penal; puede participar el derecho penal, pero es la última razón. El problema central es sociológico, porque se relaciona con una sociedad que esté dispuesta a cumplir con el pacto fiscal que exige el pacto social. El pacto social -ustedes lo saben mejor que nosotros-, es la Constitución; y el pacto fiscal es el pacto que hacemos para subvencionar con nuestros impuestos el funcionamiento del Estado, que es el que tiene que garantizar todos los derechos que están en la Constitución.
Ahora bien, si el pacto fiscal no funciona, se produce un fenómeno que yo diría que es trágico para las sociedades, que es que la Constitución se convierte en una enumeración hueca de derechos que no tienen financiamiento. Hay un principio básico no de la administración tributaria sino de las políticas públicas de que los derechos existen solo en la medida que se puedan financiar. Así que no podemos hablar de derechos si no tenemos financiamiento, y no podemos hablar de financiamiento si no tenemos formalidad. Me parece que este es el desafío central que tenemos todos los argentinos, y en particular el desafío de esta casa en el sentido de dar las leyes que ayuden a que esa cultura se vaya desarrollando y arraigando sobre la confianza, el compromiso y la visibilidad de la política, y sobre buenas gestiones de gobierno en los cuales los ciudadanos vean que este pacto fiscal tiene una contrapartida.
Otro aspecto que ayudó a la informalidad ha sido la alta presión tributaria, fenómeno en el que este gobierno ya está enfocado y ha llevado adelante varias acciones para bajarla. Después mis colegas se van a referir al tema.
Voy a dar otro dato al pasar: para el año en curso el costo fiscal de baja de presión tributaria está en el orden de los 180.000 millones de pesos, o sea que cuando hablamos de baja de presión tributaria ya implica un menor ingreso fiscal de 180.000 millones de pesos y ahí incluyo todos los proyectos conocidos, es decir, retenciones para las economías regionales, cuarta categoría, devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito, devolución de percepciones y retenciones. Todo esto implica ese costo fiscal pero ese costo fiscal es una inversión porque parte de esto después se recicla en el proceso de consumo y de la inversión y además ecualiza a sectores sociales que están en los lugares de los cuales queremos sacarlos.
Entonces, la informalidad que está alimentada por nuestra cultura, la presión tributaria y las restricciones cambiarias, constituye uno de los desafíos que trata de resolver este programa. Es decir que este programa debe ser visto en ese contexto, un escenario internacional donde los países van a trabajar en serio contra la evasión y la planificación y donde queremos bajar la informalidad.
Voy a dar dos o tres datos sobre la informalidad. Ya es conocida, tenemos una evasión en el IVA del orden del 30 por ciento, la vamos a terminar de cuantificar cuando tengamos datos del INDEC. Tenemos una evasión en la seguridad social del orden del 33 o 34 por ciento. En ganancias, es muy difícil calcularla pero es menor del 50 por ciento.
Por otro lado, les doy un dato interesante con respecto a cuánto tienen declarado los argentinos que poseen bienes en el exterior: 30.500 millones de dólares. Los argentinos tienen declarados ante AFIP un patrimonio en el exterior por 30.500 millones de dólares. Entonces, esos 30.500 millones de dólares se comparan con cálculos internacionales y con cálculos locales. Los cálculos internacionales hacen que se estimen en 400.000 millones de dólares los activos de los argentinos en el exterior y algunas estimaciones de INDEC están en el orden de los 230.000 millones, o sea que hay bastante para crecer en función de lo que hay declarado y de lo que potencialmente podríamos tener.
Entonces, rápidamente, ¿cuáles son las principales características? Los fondos de este plan de sinceramiento van a estar afectados a la seguridad social. Buscamos que parte de ello esté orientado a la inversión en proyectos productivos. Hay una opción de bono en dólares en lugar del impuesto. Privilegia a los pequeños ahorristas porque se les da una alícuota cero. Beneficia a los cumplidores, que es lo que comentó Mario Quintana. Se intenta en alguna medida equilibrar el beneficio para que el cumplidor blanquee pero también para quien estuvo cumpliendo sistemáticamente y está en línea con las recomendaciones del G20 y la OCDE.
Ahora vamos a entrar un poco en el régimen en particular. Básicamente vemos que los componentes de la exteriorización son tres: la exteriorización de activos, los beneficios para los cumplidores y la regularización tributaria. ¿A quién comprende la exteriorización de activos? A las personas humanas. Yo soy un contador suburbano pero, de acuerdo a la nueva normativa, ahora llamamos "personas humanas" a quienes antes denominábamos "personas físicas".
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. ABAD Esta es una clasificación jurídica. Incluye: personas humanas, sucesiones indivisas, sociedades y fundaciones, fideicomisos y fondos. Para todos estos sujetos que al 1° de enero de 2016 -o si lo quieren ver de otra manera, al 31 de diciembre de 2015- estén domiciliados, sean residentes o estén establecidos o constituidos en el país. Este plazo o proceso de exteriorización tiene punto final el 31 de marzo de 2017.
¿Cuáles son los conceptos que están incluidos? Los bienes existentes en el país y en el exterior. Para las personas humanas, lo que tenían hasta el 31 de diciembre de 2015, y para las personas jurídicas, en el último ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
¿Cuáles son los conceptos que se pueden incorporar? La tenencia de moneda nacional y extranjera, los bienes muebles e inmuebles, las acciones y participaciones, los bienes de cambio, los créditos y aportes de capital y demás bienes, como objetos de arte, etcétera.
Ahora vamos a reseñar la forma de exteriorización. Para la moneda en el país, es necesario tener depositados los bienes en entidades bancarias, financieras o de mercado de capitales hasta el 31 de octubre de 2016 y tienen que estar inmovilizados al menos por seis meses. Para la moneda en el exterior, tiene que estar declarada en un banco o entidad financiera en el exterior, al 31 de diciembre de 2015. Esto puede hacerse solamente con entidades que estén en jurisdicciones cooperantes en términos de la UIF, que luego el amigo Federici explicará con más detalle, y para el resto de los bienes -que no sean depósitos en moneda local en el país o depósitos en el exterior-, mediante una declaración jurada que los identifique y valúe.
¿Cómo se va a valuar cada uno de estos elementos que se pueden sincerar? Los bienes y moneda en el exterior, en pesos al valor de cotización comprador del Banco Nación. Las acciones y participaciones, al valor proporcional sobre el total de activos. Los bienes de cambio, según el criterio de mínima presunta, que sería una valuación según balance. El resto de los bienes, para las personas humanas, según bienes personales, o sea, cómo uno valúa los bienes que tiene cuando hace su declaración jurada de bienes personales; para las personas jurídicas, según ganancia mínima presunta.
La valuación es importante porque en lo que respecta a inmuebles se considera el valor de plaza. Si uno lo valúa a valor de compra, es mucho menor el valor declarado, es menos lo que exterioriza y además es menor el impuesto especial que paga. Es importante tener en cuenta estos criterios de valuaciones.
Vamos ahora al costo que tiene este régimen de sinceramiento, que ya comentó Mario Quintana. Para un total de bienes hasta 305.000 pesos, es del cero por ciento, sean bienes muebles, inmuebles, moneda, cualquiera de los conceptos incluidos. Cuando el total de bienes llega hasta los 800.000 pesos, el impuesto especial que hay que pagar es del 5 por ciento. Si excede los 800.000 pesos, los inmuebles en cualquier categoría siempre están al 5 por ciento, pero los demás bienes pasan al 10 por ciento.
Repito: hasta 305.000, cero; hasta 800.000, 5 por ciento; si es mayor a 800.000, el componente de inmuebles, 5 por ciento, y el resto de los bienes, 10 por ciento. Esto si lo hago hasta el 31 de diciembre de 2016. O sea que se está buscando incentivar que se haga la exteriorización más rápido. Si uno quiere exteriorizar desde el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo, la alícuota que tiene que pagar del impuesto especial sube al 15 por ciento. Este es el mapa.
Hay una alternativa que es pagar el impuesto con la entrega de BONAR 17 o GLOBAL 17 con una alícuota al 12 por ciento. O sea que, repito, en todos estos casos que estamos hablando acá se paga en efectivo, y cuando pasa determinados niveles se puede pagar con BONAR 17 y GLOBAL 17 y la alícuota es del 12 por ciento.
Existen otras opciones. En este caso ya no es que yo pago el impuesto: o sea, blanqueé es 100; la alícuota es 10, tengo que pagar 10. Yo puedo ir y blanquear todos los activos y con el monto total de los activos, o sea si blanqueé 100, puedo comprar un bono a 3 o a 6 años.
¿Cuáles son los conceptos que están incluidos? Los bienes existentes en el país y en el exterior. Para las personas humanas, lo que tenían hasta el 31 de diciembre de 2015, y para las personas jurídicas, en el último ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
¿Cuáles son los conceptos que se pueden incorporar? La tenencia de moneda nacional y extranjera, los bienes muebles e inmuebles, las acciones y participaciones, los bienes de cambio, los créditos y aportes de capital y demás bienes, como objetos de arte, etcétera.
Ahora vamos a reseñar la forma de exteriorización. Para la moneda en el país, es necesario tener depositados los bienes en entidades bancarias, financieras o de mercado de capitales hasta el 31 de octubre de 2016 y tienen que estar inmovilizados al menos por seis meses. Para la moneda en el exterior, tiene que estar declarada en un banco o entidad financiera en el exterior, al 31 de diciembre de 2015. Esto puede hacerse solamente con entidades que estén en jurisdicciones cooperantes en términos de la UIF, que luego el amigo Federici explicará con más detalle, y para el resto de los bienes -que no sean depósitos en moneda local en el país o depósitos en el exterior-, mediante una declaración jurada que los identifique y valúe.
¿Cómo se va a valuar cada uno de estos elementos que se pueden sincerar? Los bienes y moneda en el exterior, en pesos al valor de cotización comprador del Banco Nación. Las acciones y participaciones, al valor proporcional sobre el total de activos. Los bienes de cambio, según el criterio de mínima presunta, que sería una valuación según balance. El resto de los bienes, para las personas humanas, según bienes personales, o sea, cómo uno valúa los bienes que tiene cuando hace su declaración jurada de bienes personales; para las personas jurídicas, según ganancia mínima presunta.
La valuación es importante porque en lo que respecta a inmuebles se considera el valor de plaza. Si uno lo valúa a valor de compra, es mucho menor el valor declarado, es menos lo que exterioriza y además es menor el impuesto especial que paga. Es importante tener en cuenta estos criterios de valuaciones.
Vamos ahora al costo que tiene este régimen de sinceramiento, que ya comentó Mario Quintana. Para un total de bienes hasta 305.000 pesos, es del cero por ciento, sean bienes muebles, inmuebles, moneda, cualquiera de los conceptos incluidos. Cuando el total de bienes llega hasta los 800.000 pesos, el impuesto especial que hay que pagar es del 5 por ciento. Si excede los 800.000 pesos, los inmuebles en cualquier categoría siempre están al 5 por ciento, pero los demás bienes pasan al 10 por ciento.
Repito: hasta 305.000, cero; hasta 800.000, 5 por ciento; si es mayor a 800.000, el componente de inmuebles, 5 por ciento, y el resto de los bienes, 10 por ciento. Esto si lo hago hasta el 31 de diciembre de 2016. O sea que se está buscando incentivar que se haga la exteriorización más rápido. Si uno quiere exteriorizar desde el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo, la alícuota que tiene que pagar del impuesto especial sube al 15 por ciento. Este es el mapa.
Hay una alternativa que es pagar el impuesto con la entrega de BONAR 17 o GLOBAL 17 con una alícuota al 12 por ciento. O sea que, repito, en todos estos casos que estamos hablando acá se paga en efectivo, y cuando pasa determinados niveles se puede pagar con BONAR 17 y GLOBAL 17 y la alícuota es del 12 por ciento.
Existen otras opciones. En este caso ya no es que yo pago el impuesto: o sea, blanqueé es 100; la alícuota es 10, tengo que pagar 10. Yo puedo ir y blanquear todos los activos y con el monto total de los activos, o sea si blanqueé 100, puedo comprar un bono a 3 o a 6 años.
SR. KICILLOF Cero alícuota. Solo compra el bono.
SR. ABAD Solo compra el bono. Pero no compro el bono por el monto del impuesto sino por el total que yo exteriorizo.
La otra alternativa es suscribir o adquirir cuotas partes en fondos comunes de inversión a 5 años. Hay una serie de proyectos que están enumerados aquí que esencialmente hacen a temas relacionados con la economía real.
Uno podrá pensar que la alícuota es baja o alta. Lo que creo que está claro es que hay un menú integral que toma en cuenta a la gente de menores recursos o que por la cultura de la informalidad o por las restricciones cambiarias o porque no sabía cómo hacerlo tiene una serie de dólares que tuvo que ir a comprarlos a lugares non sanctos. Tiene la posibilidad cuando son pequeños montos de blanquearlos con costo cero. A medida que esto va aumentando y tiene otros niveles patrimoniales, los costos también van aumentando. Además existe la posibilidad de pagarlos en efectivo, de entregar o bonos o de directamente, con todo lo exteriorizado, comprar otra cartera de bonos. O sea que diría que es bastante amplio.
El otro aspecto es cuáles son los beneficios que va a dar incluirse o incorporarse a este régimen de sinceramiento. Otro beneficio es la liberación del pago de los impuestos, todos los impuestos por los bienes exteriorizados: ahí están ganancias, alícuotas no computadas, créditos y débitos, giros e impuestos internos, ganancia mínima presunta y bienes personales. Esta liberación alcanza a los que exterioricen, o sea a los que se presenten al sinceramiento, y también a quienes no lo exterioricen pero ratifiquen sus declaraciones juradas. Esto voy a tratar de aclararlo, porque este es un proyecto que también implica un saneamiento total hacia atrás, es decir todo lo que declaró más todo lo que podría haber tenido hasta el momento del sinceramiento.
Ahora bien, esto era un beneficio que tenían quienes iban y se presentaban al blanqueo o a la exteriorización. Cuando estábamos discutiendo esto analizamos el caso del que no blanquea. Porque al que blanqueó, le limpiamos el pasado; pero no lo hacemos con quien no exteriorizó.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto significa que va a haber un saneamiento hacia atrás de todas las obligaciones tributarias. El que se presente al blanqueo, lo tiene; y el que no se presente al blanqueo, con el solo hecho de ratificar su declaración jurada, también va a tener la posibilidad de sanear todo su pasado.¿Está claro?
La otra alternativa es suscribir o adquirir cuotas partes en fondos comunes de inversión a 5 años. Hay una serie de proyectos que están enumerados aquí que esencialmente hacen a temas relacionados con la economía real.
Uno podrá pensar que la alícuota es baja o alta. Lo que creo que está claro es que hay un menú integral que toma en cuenta a la gente de menores recursos o que por la cultura de la informalidad o por las restricciones cambiarias o porque no sabía cómo hacerlo tiene una serie de dólares que tuvo que ir a comprarlos a lugares non sanctos. Tiene la posibilidad cuando son pequeños montos de blanquearlos con costo cero. A medida que esto va aumentando y tiene otros niveles patrimoniales, los costos también van aumentando. Además existe la posibilidad de pagarlos en efectivo, de entregar o bonos o de directamente, con todo lo exteriorizado, comprar otra cartera de bonos. O sea que diría que es bastante amplio.
El otro aspecto es cuáles son los beneficios que va a dar incluirse o incorporarse a este régimen de sinceramiento. Otro beneficio es la liberación del pago de los impuestos, todos los impuestos por los bienes exteriorizados: ahí están ganancias, alícuotas no computadas, créditos y débitos, giros e impuestos internos, ganancia mínima presunta y bienes personales. Esta liberación alcanza a los que exterioricen, o sea a los que se presenten al sinceramiento, y también a quienes no lo exterioricen pero ratifiquen sus declaraciones juradas. Esto voy a tratar de aclararlo, porque este es un proyecto que también implica un saneamiento total hacia atrás, es decir todo lo que declaró más todo lo que podría haber tenido hasta el momento del sinceramiento.
Ahora bien, esto era un beneficio que tenían quienes iban y se presentaban al blanqueo o a la exteriorización. Cuando estábamos discutiendo esto analizamos el caso del que no blanquea. Porque al que blanqueó, le limpiamos el pasado; pero no lo hacemos con quien no exteriorizó.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto significa que va a haber un saneamiento hacia atrás de todas las obligaciones tributarias. El que se presente al blanqueo, lo tiene; y el que no se presente al blanqueo, con el solo hecho de ratificar su declaración jurada, también va a tener la posibilidad de sanear todo su pasado.¿Está claro?
SR. BOSSIO No.
SR. ABAD Repito: yo me presento al blanqueo, como me presento al blanqueo, la declaración que hago, más mi declaración habitual, quedan saneadas hacia atrás. A nadie se le puede reclamar nada por todo lo anterior. Es un saneamiento amplio, pero sujeto a la condicionalidad de que nosotros tenemos el derecho de fiscalizar que todo lo que se declare al 31 de diciembre de 2015 sea lo que había que declararse, es decir que no aparezca un campito por allá o un departamento por acá.
Entonces si usted blanquea y declara todo, se limpia todo su pasado. Ahora bien, el que no blanqueó, pudiera ser que no estuviera cerrado el pasado; si no blanqueó, le vamos a hacer una aplicación especial donde usted dice que ratifica su declaración jurada y automáticamente tiene el mismo beneficio. ¿Está claro ahora?
Entonces si usted blanquea y declara todo, se limpia todo su pasado. Ahora bien, el que no blanqueó, pudiera ser que no estuviera cerrado el pasado; si no blanqueó, le vamos a hacer una aplicación especial donde usted dice que ratifica su declaración jurada y automáticamente tiene el mismo beneficio. ¿Está claro ahora?
SR. BOSSIO Sí. Gracias.
SR. ABAD Dicho de otra manera, esto es relojes a cero en serio, condicionado a que cuando me presentó el reloj dijo que tenía dos agujas, si resulta que tiene tres, se quedó sin reloj.
SR. BOSSIO Está perfecto.
SR. ABAD Esto me parece que es un punto de inflexión en este proceso de acabar con la informalidad cultural y ponernos a todos en un absoluto pie de igualdad. Acá no hay ni hijos ni entenados. Nosotros vamos a hacer una campaña bien clara, porque es muy importante que los que no se presentan sepan que tienen que hacer esa confirmación para tener este derecho.
Los otros beneficios son la liberación de la presunción de incrementos patrimoniales no justificados y de acciones civiles, y por delitos de la ley penal tributaria, aduanera, penal cambiaria, administrativa y profesional.
Como comentó el licenciado Quintana, y lo repito porque es muy importante sobre todo para la comprensión de este fenómeno, con este proyecto lo único de lo que se está liberando es de las sanciones de los delitos penales tributarios y penales cambiarios. El resto de las figuras delictivas de toda la justicia siguen absolutamente en pie.
Paso al tema de los sujetos excluidos.
La normativa abarca a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional alcanzados por la ley 25.188, que es la ley de ética pública, es decir todos los funcionarios que tienen que presentar sus declaraciones juradas. Estos funcionarios son los que han sido designados desde el 1° de enero del 2010 hasta la vigencia de la presente ley.
Otros sujetos excluidos son los clásicos: declarados en quiebra sin continuidad en la empresa, condenados por delitos tributarios con sentencia firme, condenados por delitos comunes, personas jurídicas, etcétera. Y también están incluidas las personas con procesamiento por lavado de activos, financiación de terrorismo, fraude contra la administración pública, estafas, defraudaciones y otros delitos no tributarios.
Además hay una admisión condicional para los denunciados sin procesamiento. Esto lo voy a decir genéricamente para que cada uno incorpore en esta suerte de placar con cajoncitos las personas o los nombres que seguro están dando vueltas por la cabeza de todos ustedes. Por razones de secreto fiscal puedo hablar de cajones pero no puedo hablar de la ropa que está adentro de los cajones. Las personas con procesamiento por lavado de activos, financiación de terrorismo, fraude contra la administración pública, estafas, defraudaciones y otros delitos están admitidos condicionalmente cuando no tienen sentencia firme. Entran al régimen de sinceramiento o a la moratoria, como después lo vamos a comentar, pero si a los dos o cuatro meses tienen un auto de procesamiento, pierden automáticamente todos los derechos que estaban dados por esta ley.
Ahora vamos a hablar de los beneficios para cumplidores. Todas aquellas personas físicas o sociedades que hayan cumplido con sus obligaciones de hasta dos periodos fiscales inmediatos anteriores al año 2016 van a ser eximidos en su totalidad del impuesto sobre los bienes personales correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. Si durante el desarrollo y la sanción de esta ley se pagase algún anticipo, será devuelto o podrá ser compensado con cualquier otro tipo de impuesto que después será reglamentado. O sea que por primera vez todos aquellos que ordenadamente pagaron y hasta se endeudaban o le pidieron plata al tío para pagar los impuestos y ahora ven que otros que en su momento no lo hicieron tienen un beneficio, también obtendrán la eximición de estos impuestos, más el otro del saneamiento del pasado.
Ahora vamos a hablar de lo que comúnmente se denomina moratoria. Comprende a los contribuyentes, a los agentes de retención y percepción y a los demás responsables. Voy a acelerar un poco mi exposición.
Los otros beneficios son la liberación de la presunción de incrementos patrimoniales no justificados y de acciones civiles, y por delitos de la ley penal tributaria, aduanera, penal cambiaria, administrativa y profesional.
Como comentó el licenciado Quintana, y lo repito porque es muy importante sobre todo para la comprensión de este fenómeno, con este proyecto lo único de lo que se está liberando es de las sanciones de los delitos penales tributarios y penales cambiarios. El resto de las figuras delictivas de toda la justicia siguen absolutamente en pie.
Paso al tema de los sujetos excluidos.
La normativa abarca a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional alcanzados por la ley 25.188, que es la ley de ética pública, es decir todos los funcionarios que tienen que presentar sus declaraciones juradas. Estos funcionarios son los que han sido designados desde el 1° de enero del 2010 hasta la vigencia de la presente ley.
Otros sujetos excluidos son los clásicos: declarados en quiebra sin continuidad en la empresa, condenados por delitos tributarios con sentencia firme, condenados por delitos comunes, personas jurídicas, etcétera. Y también están incluidas las personas con procesamiento por lavado de activos, financiación de terrorismo, fraude contra la administración pública, estafas, defraudaciones y otros delitos no tributarios.
Además hay una admisión condicional para los denunciados sin procesamiento. Esto lo voy a decir genéricamente para que cada uno incorpore en esta suerte de placar con cajoncitos las personas o los nombres que seguro están dando vueltas por la cabeza de todos ustedes. Por razones de secreto fiscal puedo hablar de cajones pero no puedo hablar de la ropa que está adentro de los cajones. Las personas con procesamiento por lavado de activos, financiación de terrorismo, fraude contra la administración pública, estafas, defraudaciones y otros delitos están admitidos condicionalmente cuando no tienen sentencia firme. Entran al régimen de sinceramiento o a la moratoria, como después lo vamos a comentar, pero si a los dos o cuatro meses tienen un auto de procesamiento, pierden automáticamente todos los derechos que estaban dados por esta ley.
Ahora vamos a hablar de los beneficios para cumplidores. Todas aquellas personas físicas o sociedades que hayan cumplido con sus obligaciones de hasta dos periodos fiscales inmediatos anteriores al año 2016 van a ser eximidos en su totalidad del impuesto sobre los bienes personales correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. Si durante el desarrollo y la sanción de esta ley se pagase algún anticipo, será devuelto o podrá ser compensado con cualquier otro tipo de impuesto que después será reglamentado. O sea que por primera vez todos aquellos que ordenadamente pagaron y hasta se endeudaban o le pidieron plata al tío para pagar los impuestos y ahora ven que otros que en su momento no lo hicieron tienen un beneficio, también obtendrán la eximición de estos impuestos, más el otro del saneamiento del pasado.
Ahora vamos a hablar de lo que comúnmente se denomina moratoria. Comprende a los contribuyentes, a los agentes de retención y percepción y a los demás responsables. Voy a acelerar un poco mi exposición.
SR. QUINTANA Para darles un poco de esperanza, quiero aclarar que ya estamos en el capítulo séptimo de los nueve que tiene el proyecto de ley.
SR. ABAD Decía que comprende a los contribuyentes, agentes de retención y demás responsables con deudas hasta el 31 de marzo de 2017.
¿Cuál es la deuda que está comprendida en este régimen de sinceramiento? Todas las deudas vencidas al 31 de mayo de 2016 correspondientes a impuestos, régimen de seguridad social, aspectos aduaneros e infracciones. Entra la deuda en discusión administrativa, contencioso administrativo y judicial. Lo único que no influye son los aportes de la obra social y del régimen de riesgo de trabajo que van por otro camino.
¿Cuáles son los mecanismos de cancelación de la deuda? Si la deuda vencida a esa fecha es pagada al contado, de una vez, tienen una reducción del 15 por ciento. Si no quiere esa opción y quiere ir a un plan de facilidades, va a haber un plan de facilidades de pago que tendrá un pago a cuenta correspondiente al 5 por ciento de la deuda total y el saldo en hasta 60 cuotas mensuales con un interés del 1,5 por ciento. O sea que esto responde también a muchos requerimientos que nos hacen las cámaras y las pymes. Nosotros hacemos planes de facilidad de pagos pero por lo general son de más corto plazo y muchos de ellos nos están preguntando por la mochila que tienen ahora para poder reiniciar. Es decir, piden un plan que dé más margen para ordenar su patrimonio, también habrá dueños de pymes o pymes que blanqueen sus capitales. De esta forma ordenan su ecuación económica financiera y pueden empezar en un camino de generación de trabajo y de producción, con un sistema mucho más previsible. O sea que esto también tiene un efecto colateral importante para los pequeños emprendimientos.
Se va a hacer una reducción de los intereses, que va a ser del 10, 25, 50 o 75 por ciento del capital adeudado. O sea que cuanto más lejana sea la deuda, menos se le va a reducir, pero si alguien tenía una deuda del año pasado, se presenta y los intereses son del 30 por ciento, como es muy cercana, solamente se le va a cobrar el 10 por ciento y el resto es condonado. O sea que también hay condonación de intereses. Se suspenden las acciones penales, las multas, etcétera.
Las exclusiones son exactamente las mismas, salvo en el caso de los funcionarios públicos, porque tampoco podemos tratarlos tan mal. Una cosa es que no entren en el blanqueo, pero otra es que puedan entrar en una moratoria por cualquier otra deuda que tengan.
Con esto doy por finalizada mi presentación. (Aplausos.)
¿Cuál es la deuda que está comprendida en este régimen de sinceramiento? Todas las deudas vencidas al 31 de mayo de 2016 correspondientes a impuestos, régimen de seguridad social, aspectos aduaneros e infracciones. Entra la deuda en discusión administrativa, contencioso administrativo y judicial. Lo único que no influye son los aportes de la obra social y del régimen de riesgo de trabajo que van por otro camino.
¿Cuáles son los mecanismos de cancelación de la deuda? Si la deuda vencida a esa fecha es pagada al contado, de una vez, tienen una reducción del 15 por ciento. Si no quiere esa opción y quiere ir a un plan de facilidades, va a haber un plan de facilidades de pago que tendrá un pago a cuenta correspondiente al 5 por ciento de la deuda total y el saldo en hasta 60 cuotas mensuales con un interés del 1,5 por ciento. O sea que esto responde también a muchos requerimientos que nos hacen las cámaras y las pymes. Nosotros hacemos planes de facilidad de pagos pero por lo general son de más corto plazo y muchos de ellos nos están preguntando por la mochila que tienen ahora para poder reiniciar. Es decir, piden un plan que dé más margen para ordenar su patrimonio, también habrá dueños de pymes o pymes que blanqueen sus capitales. De esta forma ordenan su ecuación económica financiera y pueden empezar en un camino de generación de trabajo y de producción, con un sistema mucho más previsible. O sea que esto también tiene un efecto colateral importante para los pequeños emprendimientos.
Se va a hacer una reducción de los intereses, que va a ser del 10, 25, 50 o 75 por ciento del capital adeudado. O sea que cuanto más lejana sea la deuda, menos se le va a reducir, pero si alguien tenía una deuda del año pasado, se presenta y los intereses son del 30 por ciento, como es muy cercana, solamente se le va a cobrar el 10 por ciento y el resto es condonado. O sea que también hay condonación de intereses. Se suspenden las acciones penales, las multas, etcétera.
Las exclusiones son exactamente las mismas, salvo en el caso de los funcionarios públicos, porque tampoco podemos tratarlos tan mal. Una cosa es que no entren en el blanqueo, pero otra es que puedan entrar en una moratoria por cualquier otra deuda que tengan.
Con esto doy por finalizada mi presentación. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor Mariano Federici, titular de la UIF.
SR. FEDERICI Buenas tardes, señor diputados: Mientras preparan la presentación quiero agradecer al equipo del gobierno por las últimas semanas de trabajo intenso, y especialmente, a mi equipo de la Unidad de Información Financiera.
Me acompaña, a mi izquierda, la vicepresidente de la Unidad, la doctora María Eugenia Talerico, con quien formamos un equipo muy bien complementado para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en esta nueva República Argentina. Me acompaña también uno de mis directores, el doctor Juan Paso.
Agradezco a ambos por su trabajo y apoyo para que este proyecto de ley que hoy se está discutiendo aquí se ajuste plenamente a todos los estándares internacionales, convenciones internacionales, mejores prácticas y compromisos que ha asumido la República Argentina con la comunidad internacional para cuidar el sistema financiero global a través de la protección de nuestro sistema económico y financiero de la contaminación que podrían ocasionar los delitos de lavado de activos, y contribuir también al esfuerzo global en la lucha contra el terrorismo a través del ángulo financiero, que es la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Quiero destacar el compromiso de este gobierno en su lucha contra estos delitos y en utilizar la herramienta de la Unidad de Información Financiera como herramienta que proporciona el delito de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo para luchar contra las amenazas más graves frente a las cuales se encuentra expuesto hoy nuestro país, fundamentalmente el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado, que no solo han contaminado la integridad de la economía argentina y de nuestro sistema financiero en los últimos tiempos, sino que también han puesto en juego la seguridad de nuestros ciudadanos.
Quiero destacar también el compromiso del gobierno por su contribución al esfuerzo global que hoy hace todo el mundo frente a la amenaza del terrorismo. Recordemos que varios países del mundo occidental -y fundamentalmente de Medio Oriente- están viéndose amenazados por estas nuevas manifestaciones terroristas que han llevado a la comunidad internacional a fortalecer sus esfuerzos. Por lo tanto, hay que atacar estas manifestaciones criminales a través del ángulo del financiamiento.
Desde la UIF creemos firmemente en la importancia que tienen estos delitos porque las organizaciones criminales adquieren poder real -el poder de fuego, el poder corruptor, el poder territorial- a través del poder económico. Si no atacamos el ángulo económico para reducir el poderío de estas organizaciones y solamente nos enfocamos en las personas detrás de las organizaciones, no contribuiremos a disminuir ese poder y a reducir la amenaza.
Así estamos trabajando desde la UIF. Hemos puesto foco en utilizar firmemente esta herramienta que proporciona la UIF para posicionarnos en las principales causas de narcotráfico y de comercio ilícito de estupefacientes, donde la UIF no estaba presente, y en poner énfasis también en que a través de nuestros diferentes roles, tanto como agencia de información, de inteligencia, como en nuestro rol de colaboradores ante la Justicia y de querellantes, poner énfasis en que se obtengan penas fuertes para quienes cometen delitos de lavado de activos o vinculados al narcotráfico o a manifestaciones del crimen organizado, y fundamentalmente para que se vaya contra los bienes de los integrantes de estas organizaciones.
Quiero compartir con quienes no han tenido la posibilidad de leer la noticia que hace un par de semanas logramos en Mendoza en un Tribunal Oral en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en esa provincia una condena por lavado de activos vinculado a comercio de estupefacientes de una organización familiar liderada por una persona conocida por el nombre de "La Yaqui", Sandra Yaquelina Vargas. Es decir, logramos en nuestro rol de querellante en esa causa la condena más alta hasta ahora por una causa de lavado de activos en la historia de la existencia de este delito, que ya lleva más de 15 años de vigencia.
El compromiso es muy firme y exige que se tomen los recaudos necesarios para evitar que a través de estos programas de sinceramiento fiscal o de reconciliación con las leyes fiscales no abusen de los mismos personas que pretendan ingresar a nuestra economía y a nuestro sistema financiero fondos provenientes de delitos más graves que no tengan nada que ver con la evasión tributaria y con los delitos cambiarios, que son los que se están perdonando de alguna manera a través de este proyecto.
La UIF va a seguir haciendo su trabajo con firmeza, tratando de identificar con claridad las amenazas y tratando de ordenar el esfuerzo estatal a través de una planificación estratégica adecuada. Y en el marco de este programa vamos a intensificar nuestros esfuerzos para poder absorber el mayor incremento de información que seguramente vaya a fluir hacia la UIF, a fin de separar la paja del trigo y dejar a salvo aquellos casos que traten de personas que hayan ocultado bienes o fondos del radar fiscal del Estado, pero detectando y persiguiendo con vehemencia aquellos casos de personas que pretendan abusar de este programa ingresando al país o exteriorizando fondos o bienes provenientes de los delitos más graves.
Por eso es que durante el proceso de desarrollo de este proyecto la UIF tuvo un protagonismo muy fuerte. Nuestro rol fundamentalmente fue velar porque el proyecto cumpla cabalmente y sea consistente con las convenciones, los estándares internacionales y las mejores prácticas que rigen en esta compleja materia de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fundamentalmente, el objetivo es que sean consistentes con los estándares internacionales y mejores prácticas del GAFI. Para quienes no están familiarizados con este organismo, permítanme explicar que es el grupo internacional que nuclea a más de 36 países que tiene como mandato fijar los estándares de prevención y lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y ahora también financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que además evalúa a los países en el cumplimiento de esos estándares. Recordemos nosotros que la última evaluación a la que fue sometida la Argentina en relación con estos estándares tuvo lugar en 2010 en el marco de la Tercer Ronda de Evaluaciones que llevaba a cabo el GAFI, en la cual la Argentina obtuvo una de las peores evaluaciones frente a estos estándares de toda la comunidad que nuclea el GAFI, la peor evaluación de los países miembros del G20.
Por eso la Argentina fue sometida a un proceso de seguimiento y de revisión, lo cual derivó en la modificación de muchas leyes, en la sanción de muchas regulaciones. La UIF entre 2011 y 2015 emitió más de 70 regulaciones que intensifican los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para salir de la famosa Lista Gris en la que había sido incluida como consecuencia de estos resultados tan adversos en su evaluación.
Por suerte, la próxima evaluación no está prevista sino hasta 2020, por lo que tenemos tiempo de mejorar nuestro sistema, ya no tanto en lo formal sino más bien en su efectividad, es decir en el logro de resultados para poder demostrarle a la comunidad internacional que somos serios en relación con este esfuerzo. Por eso debemos cuidar que se cumpla con los estándares y que en el marco de estos regímenes de sinceramiento fiscal no se viole ninguno de ellos.
El GAFI contempla la posibilidad de que los países implementen programas de sinceramiento fiscal. Estos programas no están prohibidos, y de hecho son muchos los países que en los últimos años han implementado este tipo de mecanismos para aprovechar oportunidades, para salir de crisis o para simplemente permitir a sus ciudadanos una reconciliación con las leyes fiscales. Lo que sí observa el GAFI es que estos regímenes sean consistentes con los estándares y con las mejores prácticas, y fundamentalmente que el proyecto de ley de sinceramiento fiscal no reduzca ninguno de los controles existentes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sobre eso la UIF ha tomado mucho recaudo en asegurar de que este proyecto de ley no contraríe ni reduzca ninguno de los controles preventivos ni obstaculice nuestra labor en la detección ni en la contribución a la represión penal de estos delitos.
Como decía el doctor Abad, se excluye de este programa a los procesados por cualquiera de los delitos graves que contempla el GAFI. Recordemos que son 20 categorías de delitos graves precedentes, considerados delitos serios, y quienes estén procesados por ellos no podrán acogerse a los beneficios.
Los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo a nuestro juicio se encuentran debidamente mitigados por varias razones que son consistentes con las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, las repatriaciones de fondos que se lleven a cabo deberán pasar por instituciones financieras debidamente reguladas y supervisadas, y no se podrán repatriar fondos provenientes de países considerados de alto riesgo o países no cooperantes con la comunidad internacional en estos esfuerzos, los famosos países de la lista negra del GAFI.
También quiero aclarar y anticipar que la UIF, al igual que la AFIP, en las próximas semanas empezará a desarrollar pautas orientativas para que los bancos y las instituciones financieras reguladas en nuestro país estén al tanto de estos estándares y prácticas tengan bien en claro cómo deben gestionar los riesgos en el marco del desarrollo de este programa.
Una diferencia sustancial con programas similares anteriores que quiero destacar es que en este proyecto de ley no se permiten prórrogas al programa. Recordemos que el blanqueo anterior, el de 2013, fue prorrogado nueve veces y eso generó bastante ruido a nivel internacional.
Quiero destacar también que se fortalecen aquí las competencias de la UIF en relación con nuestra capacidad de compartir e intercambiar información con otras agencias. Vemos esto como algo muy importante, sobre todo la posibilidad de compartir información con la AFIP y con la Oficina Anticorrupción para controlar debidamente este programa, cosa que hasta el momento no podemos hacer y que nos pone ante una seria desventaja frente a las amenazas criminales.
También, como ya se ha señalado, se excluyen del programa a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional y se invita también a este Congreso a excluir a legisladores y a miembros del Poder Judicial. Esta es una manera de mitigar los riesgos, sobre todo de lavado proveniente de la corrupción.
Por último, quiero señalar que a través de este proyecto de ley se está fortaleciendo la coordinación interinstitucional y que también estamos trabajando desde la UIF con ese mismo objetivo a fin de que este programa se lleve a cabo de manera consistente con las mejores prácticas.
¿Cómo se fortalece la coordinación institucional? A través de la creación de una mesa de coordinación que va a operar en el ámbito de la Secretaría de Hacienda, donde la UIF, la AFIP y el Banco Central junto al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas participarán para monitorear la implementación del programa a lo largo de su desarrollo. Además, se dará la potestad para que la UIF pueda compartir información con otras agencias, lo cual contribuirá a fortalecer la coordinación y colaboración entre nosotros y otras agencias del gobierno. Por otra parte, se refuerza la protección del reporte de operación sospechosa.
Como decía antes, la UIF se encuentra fortaleciendo los acuerdos de cooperación internacional. En este punto quiero destacar que acabamos de recuperar el intercambio de información internacional con la UIF de Estados Unidos, que estaba cortado desde el año anterior debido a problemas que hubo en la relación entre la gestión previa de la UIF y la UIF de Estados Unidos.
Este fue uno de los principales objetivos de nuestra gestión y en el marco de la visita del presidente Obama a la Argentina, también acompañó esa visita la directora de la UIF de Estados Unidos, firmamos un nuevo acuerdo que consideramos de vital importancia y que va a ser muy útil para controlar que no se haga ingresar al sistema fondos provenientes de estos delitos.
Quedo a disposición para explicar cuestiones vinculadas a la prevención del lavado en el marco de este programa y contestar cualquier pregunta que los señores diputados consideren al respecto. (Aplausos.)
Me acompaña, a mi izquierda, la vicepresidente de la Unidad, la doctora María Eugenia Talerico, con quien formamos un equipo muy bien complementado para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en esta nueva República Argentina. Me acompaña también uno de mis directores, el doctor Juan Paso.
Agradezco a ambos por su trabajo y apoyo para que este proyecto de ley que hoy se está discutiendo aquí se ajuste plenamente a todos los estándares internacionales, convenciones internacionales, mejores prácticas y compromisos que ha asumido la República Argentina con la comunidad internacional para cuidar el sistema financiero global a través de la protección de nuestro sistema económico y financiero de la contaminación que podrían ocasionar los delitos de lavado de activos, y contribuir también al esfuerzo global en la lucha contra el terrorismo a través del ángulo financiero, que es la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Quiero destacar el compromiso de este gobierno en su lucha contra estos delitos y en utilizar la herramienta de la Unidad de Información Financiera como herramienta que proporciona el delito de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo para luchar contra las amenazas más graves frente a las cuales se encuentra expuesto hoy nuestro país, fundamentalmente el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado, que no solo han contaminado la integridad de la economía argentina y de nuestro sistema financiero en los últimos tiempos, sino que también han puesto en juego la seguridad de nuestros ciudadanos.
Quiero destacar también el compromiso del gobierno por su contribución al esfuerzo global que hoy hace todo el mundo frente a la amenaza del terrorismo. Recordemos que varios países del mundo occidental -y fundamentalmente de Medio Oriente- están viéndose amenazados por estas nuevas manifestaciones terroristas que han llevado a la comunidad internacional a fortalecer sus esfuerzos. Por lo tanto, hay que atacar estas manifestaciones criminales a través del ángulo del financiamiento.
Desde la UIF creemos firmemente en la importancia que tienen estos delitos porque las organizaciones criminales adquieren poder real -el poder de fuego, el poder corruptor, el poder territorial- a través del poder económico. Si no atacamos el ángulo económico para reducir el poderío de estas organizaciones y solamente nos enfocamos en las personas detrás de las organizaciones, no contribuiremos a disminuir ese poder y a reducir la amenaza.
Así estamos trabajando desde la UIF. Hemos puesto foco en utilizar firmemente esta herramienta que proporciona la UIF para posicionarnos en las principales causas de narcotráfico y de comercio ilícito de estupefacientes, donde la UIF no estaba presente, y en poner énfasis también en que a través de nuestros diferentes roles, tanto como agencia de información, de inteligencia, como en nuestro rol de colaboradores ante la Justicia y de querellantes, poner énfasis en que se obtengan penas fuertes para quienes cometen delitos de lavado de activos o vinculados al narcotráfico o a manifestaciones del crimen organizado, y fundamentalmente para que se vaya contra los bienes de los integrantes de estas organizaciones.
Quiero compartir con quienes no han tenido la posibilidad de leer la noticia que hace un par de semanas logramos en Mendoza en un Tribunal Oral en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en esa provincia una condena por lavado de activos vinculado a comercio de estupefacientes de una organización familiar liderada por una persona conocida por el nombre de "La Yaqui", Sandra Yaquelina Vargas. Es decir, logramos en nuestro rol de querellante en esa causa la condena más alta hasta ahora por una causa de lavado de activos en la historia de la existencia de este delito, que ya lleva más de 15 años de vigencia.
El compromiso es muy firme y exige que se tomen los recaudos necesarios para evitar que a través de estos programas de sinceramiento fiscal o de reconciliación con las leyes fiscales no abusen de los mismos personas que pretendan ingresar a nuestra economía y a nuestro sistema financiero fondos provenientes de delitos más graves que no tengan nada que ver con la evasión tributaria y con los delitos cambiarios, que son los que se están perdonando de alguna manera a través de este proyecto.
La UIF va a seguir haciendo su trabajo con firmeza, tratando de identificar con claridad las amenazas y tratando de ordenar el esfuerzo estatal a través de una planificación estratégica adecuada. Y en el marco de este programa vamos a intensificar nuestros esfuerzos para poder absorber el mayor incremento de información que seguramente vaya a fluir hacia la UIF, a fin de separar la paja del trigo y dejar a salvo aquellos casos que traten de personas que hayan ocultado bienes o fondos del radar fiscal del Estado, pero detectando y persiguiendo con vehemencia aquellos casos de personas que pretendan abusar de este programa ingresando al país o exteriorizando fondos o bienes provenientes de los delitos más graves.
Por eso es que durante el proceso de desarrollo de este proyecto la UIF tuvo un protagonismo muy fuerte. Nuestro rol fundamentalmente fue velar porque el proyecto cumpla cabalmente y sea consistente con las convenciones, los estándares internacionales y las mejores prácticas que rigen en esta compleja materia de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fundamentalmente, el objetivo es que sean consistentes con los estándares internacionales y mejores prácticas del GAFI. Para quienes no están familiarizados con este organismo, permítanme explicar que es el grupo internacional que nuclea a más de 36 países que tiene como mandato fijar los estándares de prevención y lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y ahora también financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que además evalúa a los países en el cumplimiento de esos estándares. Recordemos nosotros que la última evaluación a la que fue sometida la Argentina en relación con estos estándares tuvo lugar en 2010 en el marco de la Tercer Ronda de Evaluaciones que llevaba a cabo el GAFI, en la cual la Argentina obtuvo una de las peores evaluaciones frente a estos estándares de toda la comunidad que nuclea el GAFI, la peor evaluación de los países miembros del G20.
Por eso la Argentina fue sometida a un proceso de seguimiento y de revisión, lo cual derivó en la modificación de muchas leyes, en la sanción de muchas regulaciones. La UIF entre 2011 y 2015 emitió más de 70 regulaciones que intensifican los controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para salir de la famosa Lista Gris en la que había sido incluida como consecuencia de estos resultados tan adversos en su evaluación.
Por suerte, la próxima evaluación no está prevista sino hasta 2020, por lo que tenemos tiempo de mejorar nuestro sistema, ya no tanto en lo formal sino más bien en su efectividad, es decir en el logro de resultados para poder demostrarle a la comunidad internacional que somos serios en relación con este esfuerzo. Por eso debemos cuidar que se cumpla con los estándares y que en el marco de estos regímenes de sinceramiento fiscal no se viole ninguno de ellos.
El GAFI contempla la posibilidad de que los países implementen programas de sinceramiento fiscal. Estos programas no están prohibidos, y de hecho son muchos los países que en los últimos años han implementado este tipo de mecanismos para aprovechar oportunidades, para salir de crisis o para simplemente permitir a sus ciudadanos una reconciliación con las leyes fiscales. Lo que sí observa el GAFI es que estos regímenes sean consistentes con los estándares y con las mejores prácticas, y fundamentalmente que el proyecto de ley de sinceramiento fiscal no reduzca ninguno de los controles existentes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sobre eso la UIF ha tomado mucho recaudo en asegurar de que este proyecto de ley no contraríe ni reduzca ninguno de los controles preventivos ni obstaculice nuestra labor en la detección ni en la contribución a la represión penal de estos delitos.
Como decía el doctor Abad, se excluye de este programa a los procesados por cualquiera de los delitos graves que contempla el GAFI. Recordemos que son 20 categorías de delitos graves precedentes, considerados delitos serios, y quienes estén procesados por ellos no podrán acogerse a los beneficios.
Los riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo a nuestro juicio se encuentran debidamente mitigados por varias razones que son consistentes con las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, las repatriaciones de fondos que se lleven a cabo deberán pasar por instituciones financieras debidamente reguladas y supervisadas, y no se podrán repatriar fondos provenientes de países considerados de alto riesgo o países no cooperantes con la comunidad internacional en estos esfuerzos, los famosos países de la lista negra del GAFI.
También quiero aclarar y anticipar que la UIF, al igual que la AFIP, en las próximas semanas empezará a desarrollar pautas orientativas para que los bancos y las instituciones financieras reguladas en nuestro país estén al tanto de estos estándares y prácticas tengan bien en claro cómo deben gestionar los riesgos en el marco del desarrollo de este programa.
Una diferencia sustancial con programas similares anteriores que quiero destacar es que en este proyecto de ley no se permiten prórrogas al programa. Recordemos que el blanqueo anterior, el de 2013, fue prorrogado nueve veces y eso generó bastante ruido a nivel internacional.
Quiero destacar también que se fortalecen aquí las competencias de la UIF en relación con nuestra capacidad de compartir e intercambiar información con otras agencias. Vemos esto como algo muy importante, sobre todo la posibilidad de compartir información con la AFIP y con la Oficina Anticorrupción para controlar debidamente este programa, cosa que hasta el momento no podemos hacer y que nos pone ante una seria desventaja frente a las amenazas criminales.
También, como ya se ha señalado, se excluyen del programa a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional y se invita también a este Congreso a excluir a legisladores y a miembros del Poder Judicial. Esta es una manera de mitigar los riesgos, sobre todo de lavado proveniente de la corrupción.
Por último, quiero señalar que a través de este proyecto de ley se está fortaleciendo la coordinación interinstitucional y que también estamos trabajando desde la UIF con ese mismo objetivo a fin de que este programa se lleve a cabo de manera consistente con las mejores prácticas.
¿Cómo se fortalece la coordinación institucional? A través de la creación de una mesa de coordinación que va a operar en el ámbito de la Secretaría de Hacienda, donde la UIF, la AFIP y el Banco Central junto al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas participarán para monitorear la implementación del programa a lo largo de su desarrollo. Además, se dará la potestad para que la UIF pueda compartir información con otras agencias, lo cual contribuirá a fortalecer la coordinación y colaboración entre nosotros y otras agencias del gobierno. Por otra parte, se refuerza la protección del reporte de operación sospechosa.
Como decía antes, la UIF se encuentra fortaleciendo los acuerdos de cooperación internacional. En este punto quiero destacar que acabamos de recuperar el intercambio de información internacional con la UIF de Estados Unidos, que estaba cortado desde el año anterior debido a problemas que hubo en la relación entre la gestión previa de la UIF y la UIF de Estados Unidos.
Este fue uno de los principales objetivos de nuestra gestión y en el marco de la visita del presidente Obama a la Argentina, también acompañó esa visita la directora de la UIF de Estados Unidos, firmamos un nuevo acuerdo que consideramos de vital importancia y que va a ser muy útil para controlar que no se haga ingresar al sistema fondos provenientes de estos delitos.
Quedo a disposición para explicar cuestiones vinculadas a la prevención del lavado en el marco de este programa y contestar cualquier pregunta que los señores diputados consideren al respecto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER De esta manera finalizamos con las exposiciones de los señores funcionarios y abrimos la ronda de preguntas. Hay 25 diputados anotados pero, si alguno no está registrado en la lista, solicitamos que por favor nos haga llegar su petición.
Vamos a comenzar con el señor diputado Bossio.
Vamos a comenzar con el señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Buenas tardes a todos. Deseo agradecer a los funcionarios por acercarse y por explicar en detalle el extenso proyecto de ley.
En primer lugar, quiero decirles que, a diferencia de otros funcionarios, más allá de alguna terminología o adjetivación propia de los posicionamientos políticos, han sido respetuosos, al menos de la parte de la gestión de ANSES. En ese sentido, pareciera que hay un cambio de actitud para cumplir el mandato que dio el presidente en el sentido de unir a los argentinos. Creo que hay que reconocer esto.
La Argentina vive un momento muy complicado. Reconstruyó algunas cosas, otras quizás no, faltan, pero no voy a dejar de reconocer que en la Argentina hay 3.566.000 nuevos jubilados producto de una moratoria que fue votada unánimemente por este Congreso en el año 2006 y, creo, en 2015. Tampoco voy a dejar de reconocer que el sistema pasó de ser privado mixto a luego público; no voy a dejar de reconocer que hay una movilidad jubilatoria, y no voy a dejar de reconocer, porque a quién no le hubiese gustado pagar todo, que hay pasivos y hay activos de 750.000 millones.
En consecuencia, la palabra "fracaso", esa adjetivación, en términos de una Argentina que quiere avanzar, progresar, unir y encontrar pasos hacia adelante, espero que por lo menos la reconsideren. Este es un pedido para los funcionarios y también para el presidente Macri, que escribió una carta con ese título.
Por otro lado, quiero hacer referencia a un aspecto sobre el cual quizá haya algún tipo de desconocimiento. Apenas asumí mi cargo en la ANSES, pregunté si se estaban liquidando bien las jubilaciones. Sí. Hasta el año 2007 hubo problemas; no lo voy a negar. En 2006, hubo dificultades y se tomó la decisión de priorizar la mínima por encima de los restos. Fue una decisión política: a los que más tienen o más ganan o a los que menos ganan. En ese momento había pocos recursos, se venía de una etapa en la que había que devolver el 13 por ciento, se pagaba en cuasimonedas, se tenía que pagar en las plazas o en los clubes, y se fueron tomando decisiones de coyuntura y de crisis.
En el 2007, Massa firma una resolución -no recuerdo bien si fue en el 2006, 2007 o 2008- por la que se estableció la forma de actualización del haber inicial. A partir de ahí se reconsideran todas las movilidades y este problema termina con la propia ley de movilidad. En 2016, este problema no existe más porque desde 2006 en adelante los aumentos fueron generalizados, primero, por decreto, y en 2008, por la ley de movilidad que votó este Congreso y que dio muy buenos resultados.
En consecuencia, creo que se trata de apreciaciones que no se pueden decir tan livianamente, porque hubo un proceso de crecimiento.
Me hubiese encantado pagar todos los juicios y, de hecho, en algún momento tuve que escribir un veto y enviarlo a la Presidencia de la Nación. Asimismo, en tres oportunidades tuvimos que defender ante la Corte Suprema las dificultades que teníamos en cuanto a la sustentabilidad.
Otro punto que es conceptual y que hace a esta discusión, es la famosa plata de los jubilados, que acá se utilizó de otra manera.
El señor Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, plantea que no van a darle otro uso que el previsional. La ley es clara y establece que se trata de un sistema previsional de reparto que tiene un ahorro, que ese ahorro se utiliza si eventualmente hay un déficit y que hay que recurrir a la Jefatura de Gabinete si es necesario utilizar ese fondo. Esta es la naturaleza legal que votó este Congreso, o al menos parte de este Congreso.
Esperamos que esto no se haya interrumpido. Usted usó la palabra interrupción. Nosotros no queremos que se interrumpa el sistema, queremos que sea público de reparto, solidario, estatal. Para nosotros esto es central. Sé que esta es una cuestión semántica -no quiero entrar en cuestiones semánticas-, pero es central que el sistema continúe siendo público de reparto y solidario.
Esa es la naturaleza jurídica. Desde luego, se fueron haciendo inversiones y el fondo creció. Ustedes también hicieron inversiones, muchas de ellas similares a las nuestras. Recuerdo grandes editoriales de los diarios que decían que con la plata de los jubilados se financiaba al Tesoro. No tengo las actas 129, 130 y 131 -no sé si hay más-; yo dejé hasta la 128, que está publicada, pero seguramente compraron Lebacs -y está bien-, seguramente financiaron a la provincia de Entre Ríos -y está bien-, seguramente financiaron al Tesoro de la provincia del Chaco -y está bien-, seguramente financiaron al Tesoro Nacional -y está bien-, seguramente financiaron a la provincia de Mendoza -y está bien- y seguramente compraron y vendieron bonos y compraron dólares, que no sé si está bien. Podríamos discutirlo porque el dólar bajó, pero ese es un debate mucho más profundo.
Lo que les quiero decir es que tenemos que ser claros y precisos para no confundir a la sociedad. Hay un fondo de ahorro de un sistema previsional que tiene una naturaleza jurídica aprobada por este Congreso donde se aplicaba un activo de 750.000 millones de pesos. Nos hubiera encantado haberle pagado los juicios a todos y les voy a explicar por qué no pudimos hacerlo. La opción por la que optaron ustedes es un descuento, y tengo ciertas preguntas al respecto.
Dicho esto, el resto de las consideraciones políticas las haremos en el debate, pero me parece que es importante, y vuelvo a aclarar, no utilizar livianamente la palabra fracaso o estafa, porque les puedo asegurar que hay muchos jubilados en la Argentina que tuvieron por primera vez la oportunidad de jubilarse y de reconocerse como tales a través de una moratoria. Creo que usted era director de AFIP cuando surgió la primera moratoria en 2006, doctor Abad. Esto realmente tuvo un impacto muy importante en muchísimas familias, además de la movilidad jubilatoria y las cuestiones estructurales.
Quiero hacer una referencia a la ley de emergencia. La primera ley de emergencia previsional la dictó el doctor Alfonsín en 1986 y nos explicó por qué la emergencia. Nosotros necesitamos saber, como lo explicó el doctor Alfonsín, qué es la emergencia, pero no en términos dialécticos o de discurso. El doctor Alfonsín tuvo que tomar decisiones muy concretas y complejas, el decreto 2196 de 1986. Me imagino que fueron decisiones dolorosas porque tuvo que interrumpir el pago de juicios.
En el caso Zappa la Corte Suprema en su momento dictó la generalización de ese fallo y se quebró el sistema. Después de eso vino la hiperinflación y toda la historia que conocemos, porque los déficits previsionales son complejos. Es verdad lo que dijo el licenciado Quintana en el sentido de que hay déficit; si quieren, después les digo cuáles son los números exactos para que los conozcan.
Me parece que no es necesario dictar la emergencia en materia de litigiosidad previsional; no hay ninguna necesidad de dictar la emergencia ni administrativa ni de contratación. Estamos decidiendo pagarle a los jubilados lo que corresponde y está muy bien. No lo pude hacer, y nos hubiese encantado hacerlo. La verdad que es una buena decisión. Ahora bien, me parece que no es necesaria la emergencia. Todas las emergencias que trató el Congreso de la Nación han sido sobradamente expuestas y sobre todo explicadas. Es un antecedente interesante leer el decreto 2196 de 1986 del doctor Alfonsín, que toma decisiones concretas. Cuando se decidan maniobras de apelación, es el Congreso quien dice qué hay que apelar y qué no. Es el Estado.
Ningún funcionario público, y ustedes lo saben muy bien, en consulta a la Procuración del Tesoro, puede decidir qué apela o no. Es el Estado el que dice esto se apela y esto no, y es obligación de cualquier abogado del Estado en cualquier instancia siempre apelar todo juicio contra el Estado. Si nos quieren decir que la emergencia en litigiosidad significa que no vamos a apelar más, díganlo expresamente y estará bien, lo vamos a apoyar. Pero queremos saber cuál es el alcance de la emergencia.
En cuanto a la ley de movilidad jubilatoria, ¿se afecta o no se afecta con la emergencia? Porque una emergencia en litigiosidad a priori puede afectar la ley de movilidad jubilatoria, una ley que va a dar 14 puntos en septiembre. Por eso les pido que lean el decreto de Alfonsín de 1986. Prefiero ser más claro y que no haya dudas.
La ley no es aumento ni del presidente ni de la ex presidenta; es del Estado.
Se anuncia un aumento por ley que corresponde a marzo y septiembre que todos los años con un índice que va a dar cerca del 14 por ciento -nosotros creemos que será entre 13,7 y 14,8 por la evolución del año pasado, conocemos los números-, y se va a anunciar los primeros días de agosto para el mes de septiembre.
Creo que efectivamente la ley se tiene que seguir aplicando, pero hay que aclarar que en algún momento la emergencia puede dar facultades cuando no haya recursos en muchos años y no se aplique la ley. Por eso se ponen los términos de la emergencia y es mucho más certero y seguro para todos.
Por otro lado, existen cuatro grandes casos, como dijo muy bien el director ejecutivo, que representan el 80-85 por ciento de los litigios. Esto no va a resolver el total la litigiosidad, puesto que hay otros casos que tienen que ver con los topes, con otros momentos históricos, con situaciones de sectores particulares como YPF y Luz y Fuerza, que son de otra naturaleza.
El 85 por ciento son los casos generalizados que vienen desde 1991 en adelante, de cuando yo tenía 10 años. Cuando dicen "Bossio no pagó", hay que considerar que vienen desde hace mucho tiempo.
Con respecto al caso Badaro, se cumple. Este caso Badaro sigue la norma y la redacción. La propia reglamentación de la Corte incorpora los dos aumentos que se dieron al sector que no tuvo aumentos generalizados, para pagar menos. Simplemente es lo que corresponde y es lo que dice la Corte. Es continuar la redacción de la parte resolutiva de la Corte. Es una sugerencia que hago, y evidentemente el Estado hace lo que corresponde y reconoce el caso Badaro.
El otro caso es Elliff, en el que la Corte dice que usen el ISBIC. Es una resolución de 1995, no me acuerdo quién era el director Ejecutivo de la ANSES en ese entonces, que después la interrumpen y la Corte dice que debía seguir. Aquí hay una diferencia entre el índice que pone el proyecto con el índice que pone la Corte. O sea, no estamos pagando Elliff sino un índice menor, que es una quita al jubilado en el retroactivo y en los plazos. Los plazos están bien porque luego se les da un acuerdo transaccional, pero no el flujo.
Por ejemplo, un jubilado que gana 9.027 pesos, con el índice que proponen ustedes va a pasar a ganar 10.642 si se jubiló en 2009. Un jubilado con el ISBIC pasaría a cobrar 13.469, es decir que hay una quita del orden del 22-25 por ciento y del 40 por ciento en los ingresos más altos. Hay una quita en el flujo más allá de la quita de la retroactividad, porque la retroactividad según la Corte fue dos años antes de la demanda administrativa, y ustedes están poniendo dos años desde la demanda judicial.
Pero no importa. Supongamos que el acuerdo transaccional haga una quita en los plazos, pero no el índice, les pregunto: más allá de que no se homologue, ¿por qué alguien no va a reclamar la diferencia? Ya que hacemos las cosas, como decía algún rosarino, hagámoslas bien. Hay que cumplir el índice. Vamos a tomar una decisión trascendental, entonces cumplamos el índice.
Lo mismo pasa con aquellos que tienen sentencias. La ANSES el año pasado pagó 42.250 sentencias. Yo tengo una diferencia ahí con el director Ejecutivo que es la siguiente. El año pasado se pagaron 42.250 sentencias, el promedio de los ingresos es más o menos 10.000 pesos, y el incremento de los ingresos promedio de esas familias fue del 88 por ciento durante todo el año pasado. En año anterior fue del 90 por ciento y el anterior del 80. Es entre el 80 y el 90 por ciento.
Nosotros creemos que los 50.000 juicios con sentencia firme significan un incremento de al menos entre el 80 y el 90 por ciento del ingreso, no del 50 por ciento. Es un ingreso mayor. Es la experiencia, es lo que hemos vivido. Son números importantes y es lo que de alguna manera establecen Badaro y el resto de los fallos.
Segundo, ¿el universo es para todos? No, no es para todos los jubilados. Nosotros tenemos un universo mucho menor al de ustedes: 1.890.000 jubilados -567.000 de Badaro, algunos Badaro y Elliff, más alrededor de 1.300.000-. Esto es un informe del observatorio de la seguridad social de la ANSES realizado en 2014, lo que significa 1.891.000 jubilados.
Nosotros creemos que aquellos que hicieron juicio y no tienen sentencia van a tener un ingreso superior; no del 40 por ciento. La estimación va a ser significativamente superior, y que aquellos que no hicieron juicio van a tener un ingreso incremental en torno al 40 o 45 por ciento.
En este sentido, en cuanto al flujo fiscal que se está estimando, quisiera saber cuál es la base que han tomado y por qué han tomado este índice y no otro. Básicamente, cuál es la diferencia que se puede estar dando porque entendemos que los retroactivos ascienden a más de 150.000 millones de pesos y que el flujo anual va a superar los 80.000 millones de pesos, quizás un poco más.
Con respecto a la sentencia firme, creemos que no hay que hacer ninguna quita y que el que tiene sentencia firme va a hacer opción por la sentencia firme porque esperó muchos años a la Justicia. Básicamente, al 20 o 25 por ciento de los que tienen sentencia firme no le corresponde. Naturalmente lo que va a hacer será cobrar durante los 120 días hábiles o eventualmente accionar, porque es evidente que la opción de pagar en cuotas y de que además le hagan una reducción no es tentadora para alguien que ya tiene sentencia.
Por lo tanto yo particularmente sugiero que se ejecute la partida presupuestaria de 12.437.000 de pesos que fue votada en el presupuesto anterior, se liquidan 40.000 -pongamos más gente a trabajar y liquidemos 50.000- y efectivamente se resuelve el tema de la sentencia. En la propia emergencia se dice que se paga de esta manera a aquellos en un acuerdo con la Justicia. No sé si lo hablaron o no con miembros de la Justicia, yo estuve muchas veces reunido con los ministros de la Corte tratando de encontrar alguna solución al respecto.
En cuanto a esta diferencia de índices, hay un planteo de la Corte que dice que todas las demandas en materia de seguridad social son irrenunciables, alimentarias, que no tienen espacio temporal y no se vencen, con lo cual naturalmente va a haber reclamos. Aun cuando se homologue un acuerdo de esta naturaleza la propia Justicia va a cambiar los índices por la naturaleza de la doctrina y la jurisprudencia de la seguridad social. Entonces, sugiero poner el índice. Dice la Constitución Nacional que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
Con respecto al financiamiento yo creo que no es necesario vender las acciones de la ANSES y que hoy se puede contar con el flujo de recursos de intereses.
En el año 2009 la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dictó el DNU 1602/09 que se convirtió en ley, es decir, el decreto de la asignación universal por hijo.
Ustedes saben, como bien dijo el doctor Abad, que todo derecho debe tener un financiamiento y el financiamiento fue claro: las utilidades del FGS. Nosotros nunca usamos esas utilidades, y yo se lo expliqué a Basavilbaso cuando hicimos la transición.
De hecho, en 2014 tuvimos un déficit de 10.500 millones de pesos, me junté con el entonces ministro Kicillof y lo financió el Tesoro. El año pasado fue de 52.000 o 55.000 millones de pesos, me junté con el ex ministro Kicillof y lo financió el Tesoro en junio y en diciembre, porque nosotros entendemos que el sistema previsional de reparto debe tener un ahorro para los futuros jubilados.
Este año posiblemente el déficit dé cerca de 100.000 millones de pesos, por lo menos es lo que nosotros teníamos previsto hacia futuro. Si uno incorpora las utilidades, que el año pasado fueron de 73.000 millones, el balance era superavitario y para este año ustedes deben tener el número más exacto, en torno a los 100.000 millones. Nosotros estimábamos 83.000 y con la devaluación y el incremento de los activos, seguramente será cercano a los 100.000 millones. Ese es el artículo 3° del decreto, puede reglamentarlo la Administración Nacional de la Seguridad Social, es decir, puede establecer la forma de pago, si es mensual, si es anual, las utilidades, cómo determinarlas, y no le quita flexibilidad de ninguna naturaleza. Se cobran activos, capital, intereses, de las inversiones que hicimos nosotros a las inversiones que hicieron ustedes, y no es necesario modificar ningún activo.
Además, las acciones han sido una buena inversión. Cuando uno mira el promedio de la rentabilidad de las acciones del 2008 en adelante, es de 45 por ciento en pesos; 20,7 por ciento. Es verdad que en algún momento bajaron, pero menos mal que no las vendimos, porque 20,7 por ciento de rentabilidad anual es mucho para las acciones en dólares. Han sido un muy buen activo respecto del cual nosotros entendemos que hubo un debate profundo en esta Cámara.
Además, creemos que no se puede ser tan pendular y que en algún momento debe tenerlo el Estado y en otro momento, no. Acá hay algo central: como Estado argentino hemos decidido tener un fondo de reserva para que el sistema previsional sea de reparto y se utilice si eventualmente hay un déficit. Esa es la naturaleza jurídica. El que quiera otra cosa, que vote otra cosa; nosotros vamos a seguir votando esto porque forma parte de nuestra filosofía.
Queremos un sistema público de reparto, como tienen otros países del mundo, y que además tenga ahorros. Si hay un activo, hay un pasivo, y hoy estamos decidiendo pagar ese pasivo. Bienvenido sea, porque realmente hay que resolver este tema para los jubilados. Como dijo muy bien el señor Basalvibaso, se trata de los jubilados que más ganan, de 10.000 pesos, y no de 5.000. Los que cobran la mínima, excepto algunos casos muy puntuales y menores, no van a tener ningún tipo de actualización. Es un 28 por ciento de los jubilados de la Argentina los que van a tener incrementos en el haber jubilatorio, producto de la gran mayoría, aunque no todos, de los fallos de la Corte.
La pregunta es por qué quieren vender las acciones y por qué quieren invertir en el extranjero. Uno de los artículos se refiere a la inversión en el extranjero. Yo vine a este Congreso de la Nación a explicar cómo teníamos que repatriar por sugerencia de la propia oposición. Recuerdo al senador Morales, que formaba parte de la Comisión Bicameral, informando permanentemente por qué teníamos activos en el extranjero, acciones de Mc Donald's, de Coca Cola, de Pepsi. ¿Por qué no venden? Nosotros vendíamos en cada momento y cuando la acción subía, tratábamos de repatriar los activos.
Además, permiten que el fondo se pueda endeudar. Yo acepto que sea colateral una parte del fondo, o sea que pueda servir de garantía para algún préstamo eventualmente. Pero si queremos invertir en bonos del Tesoro de los Estados Unidos al 2 por ciento y queremos que una parte del fondo se pueda endeudar -no sé cuál es la tasa de endeudamiento ahora, si del 6, 7 u 8 por ciento-, me parece que no es un buen negocio.
Creo que hay una cuestión de conceptualidad. Este Congreso tiene que permitir pagar la deuda y el pasivo con los jubilados, pero tiene que avanzar hacia un Estado fuerte que tenga recursos para sostener la seguridad social. Tenemos que cumplir las sentencias conforme lo establecen las distintas resoluciones de la Corte.
Creo que el espíritu de la norma es muy bueno y felicito a los funcionarios en tal sentido, pero creo que liquidar activos, y utilizar esa palabra -aunque entiendo que liquidar es un término financiero-, es cambiar un espíritu de muchos años y de mucha gente que tiene expectativas en la protección social.
Quisiera hacer una reflexión al titular de la AFIP. No soy especialista en temas de blanqueo, pero en principio vamos a acompañar este aspecto, más allá de algunas cuestiones puntuales. Se encuentra vigente el decreto 814 del año 2001, que necesita una revisión integral. Yo no la pude hacer, pero es necesario modificar este artículo para establecer nuevas fuentes de financiamiento. Es un decreto de Cavallo, de la Alianza, que se sancionó en un momento crítico. Es necesario modificar esos artículos para dar mayor fuerza al financiamiento de la ANSES.
Con un 35 por ciento de argentinos que hoy no aportan ni contribuyen, y además los que aportan y contribuyen no tienen una planitud en los aportes y las contribuciones, no hay sistema que aguante.
Alfonsín declaró la emergencia en materia previsional con una relación de 1,9 activos por cada pasivo; hoy es de 1,5. Si en la Argentina no logramos sumar 4 millones de trabajadores al sistema de seguridad social, no hay sistema sostenible. Esto hay que abordarlo. Desde el año 1991 la AFIP tiene delegadas las facultades de tributación en materia de seguridad social y de contribuciones. Ahí nos van a encontrar ayudando como corresponde. (Aplausos.)
En primer lugar, quiero decirles que, a diferencia de otros funcionarios, más allá de alguna terminología o adjetivación propia de los posicionamientos políticos, han sido respetuosos, al menos de la parte de la gestión de ANSES. En ese sentido, pareciera que hay un cambio de actitud para cumplir el mandato que dio el presidente en el sentido de unir a los argentinos. Creo que hay que reconocer esto.
La Argentina vive un momento muy complicado. Reconstruyó algunas cosas, otras quizás no, faltan, pero no voy a dejar de reconocer que en la Argentina hay 3.566.000 nuevos jubilados producto de una moratoria que fue votada unánimemente por este Congreso en el año 2006 y, creo, en 2015. Tampoco voy a dejar de reconocer que el sistema pasó de ser privado mixto a luego público; no voy a dejar de reconocer que hay una movilidad jubilatoria, y no voy a dejar de reconocer, porque a quién no le hubiese gustado pagar todo, que hay pasivos y hay activos de 750.000 millones.
En consecuencia, la palabra "fracaso", esa adjetivación, en términos de una Argentina que quiere avanzar, progresar, unir y encontrar pasos hacia adelante, espero que por lo menos la reconsideren. Este es un pedido para los funcionarios y también para el presidente Macri, que escribió una carta con ese título.
Por otro lado, quiero hacer referencia a un aspecto sobre el cual quizá haya algún tipo de desconocimiento. Apenas asumí mi cargo en la ANSES, pregunté si se estaban liquidando bien las jubilaciones. Sí. Hasta el año 2007 hubo problemas; no lo voy a negar. En 2006, hubo dificultades y se tomó la decisión de priorizar la mínima por encima de los restos. Fue una decisión política: a los que más tienen o más ganan o a los que menos ganan. En ese momento había pocos recursos, se venía de una etapa en la que había que devolver el 13 por ciento, se pagaba en cuasimonedas, se tenía que pagar en las plazas o en los clubes, y se fueron tomando decisiones de coyuntura y de crisis.
En el 2007, Massa firma una resolución -no recuerdo bien si fue en el 2006, 2007 o 2008- por la que se estableció la forma de actualización del haber inicial. A partir de ahí se reconsideran todas las movilidades y este problema termina con la propia ley de movilidad. En 2016, este problema no existe más porque desde 2006 en adelante los aumentos fueron generalizados, primero, por decreto, y en 2008, por la ley de movilidad que votó este Congreso y que dio muy buenos resultados.
En consecuencia, creo que se trata de apreciaciones que no se pueden decir tan livianamente, porque hubo un proceso de crecimiento.
Me hubiese encantado pagar todos los juicios y, de hecho, en algún momento tuve que escribir un veto y enviarlo a la Presidencia de la Nación. Asimismo, en tres oportunidades tuvimos que defender ante la Corte Suprema las dificultades que teníamos en cuanto a la sustentabilidad.
Otro punto que es conceptual y que hace a esta discusión, es la famosa plata de los jubilados, que acá se utilizó de otra manera.
El señor Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, plantea que no van a darle otro uso que el previsional. La ley es clara y establece que se trata de un sistema previsional de reparto que tiene un ahorro, que ese ahorro se utiliza si eventualmente hay un déficit y que hay que recurrir a la Jefatura de Gabinete si es necesario utilizar ese fondo. Esta es la naturaleza legal que votó este Congreso, o al menos parte de este Congreso.
Esperamos que esto no se haya interrumpido. Usted usó la palabra interrupción. Nosotros no queremos que se interrumpa el sistema, queremos que sea público de reparto, solidario, estatal. Para nosotros esto es central. Sé que esta es una cuestión semántica -no quiero entrar en cuestiones semánticas-, pero es central que el sistema continúe siendo público de reparto y solidario.
Esa es la naturaleza jurídica. Desde luego, se fueron haciendo inversiones y el fondo creció. Ustedes también hicieron inversiones, muchas de ellas similares a las nuestras. Recuerdo grandes editoriales de los diarios que decían que con la plata de los jubilados se financiaba al Tesoro. No tengo las actas 129, 130 y 131 -no sé si hay más-; yo dejé hasta la 128, que está publicada, pero seguramente compraron Lebacs -y está bien-, seguramente financiaron a la provincia de Entre Ríos -y está bien-, seguramente financiaron al Tesoro de la provincia del Chaco -y está bien-, seguramente financiaron al Tesoro Nacional -y está bien-, seguramente financiaron a la provincia de Mendoza -y está bien- y seguramente compraron y vendieron bonos y compraron dólares, que no sé si está bien. Podríamos discutirlo porque el dólar bajó, pero ese es un debate mucho más profundo.
Lo que les quiero decir es que tenemos que ser claros y precisos para no confundir a la sociedad. Hay un fondo de ahorro de un sistema previsional que tiene una naturaleza jurídica aprobada por este Congreso donde se aplicaba un activo de 750.000 millones de pesos. Nos hubiera encantado haberle pagado los juicios a todos y les voy a explicar por qué no pudimos hacerlo. La opción por la que optaron ustedes es un descuento, y tengo ciertas preguntas al respecto.
Dicho esto, el resto de las consideraciones políticas las haremos en el debate, pero me parece que es importante, y vuelvo a aclarar, no utilizar livianamente la palabra fracaso o estafa, porque les puedo asegurar que hay muchos jubilados en la Argentina que tuvieron por primera vez la oportunidad de jubilarse y de reconocerse como tales a través de una moratoria. Creo que usted era director de AFIP cuando surgió la primera moratoria en 2006, doctor Abad. Esto realmente tuvo un impacto muy importante en muchísimas familias, además de la movilidad jubilatoria y las cuestiones estructurales.
Quiero hacer una referencia a la ley de emergencia. La primera ley de emergencia previsional la dictó el doctor Alfonsín en 1986 y nos explicó por qué la emergencia. Nosotros necesitamos saber, como lo explicó el doctor Alfonsín, qué es la emergencia, pero no en términos dialécticos o de discurso. El doctor Alfonsín tuvo que tomar decisiones muy concretas y complejas, el decreto 2196 de 1986. Me imagino que fueron decisiones dolorosas porque tuvo que interrumpir el pago de juicios.
En el caso Zappa la Corte Suprema en su momento dictó la generalización de ese fallo y se quebró el sistema. Después de eso vino la hiperinflación y toda la historia que conocemos, porque los déficits previsionales son complejos. Es verdad lo que dijo el licenciado Quintana en el sentido de que hay déficit; si quieren, después les digo cuáles son los números exactos para que los conozcan.
Me parece que no es necesario dictar la emergencia en materia de litigiosidad previsional; no hay ninguna necesidad de dictar la emergencia ni administrativa ni de contratación. Estamos decidiendo pagarle a los jubilados lo que corresponde y está muy bien. No lo pude hacer, y nos hubiese encantado hacerlo. La verdad que es una buena decisión. Ahora bien, me parece que no es necesaria la emergencia. Todas las emergencias que trató el Congreso de la Nación han sido sobradamente expuestas y sobre todo explicadas. Es un antecedente interesante leer el decreto 2196 de 1986 del doctor Alfonsín, que toma decisiones concretas. Cuando se decidan maniobras de apelación, es el Congreso quien dice qué hay que apelar y qué no. Es el Estado.
Ningún funcionario público, y ustedes lo saben muy bien, en consulta a la Procuración del Tesoro, puede decidir qué apela o no. Es el Estado el que dice esto se apela y esto no, y es obligación de cualquier abogado del Estado en cualquier instancia siempre apelar todo juicio contra el Estado. Si nos quieren decir que la emergencia en litigiosidad significa que no vamos a apelar más, díganlo expresamente y estará bien, lo vamos a apoyar. Pero queremos saber cuál es el alcance de la emergencia.
En cuanto a la ley de movilidad jubilatoria, ¿se afecta o no se afecta con la emergencia? Porque una emergencia en litigiosidad a priori puede afectar la ley de movilidad jubilatoria, una ley que va a dar 14 puntos en septiembre. Por eso les pido que lean el decreto de Alfonsín de 1986. Prefiero ser más claro y que no haya dudas.
La ley no es aumento ni del presidente ni de la ex presidenta; es del Estado.
Se anuncia un aumento por ley que corresponde a marzo y septiembre que todos los años con un índice que va a dar cerca del 14 por ciento -nosotros creemos que será entre 13,7 y 14,8 por la evolución del año pasado, conocemos los números-, y se va a anunciar los primeros días de agosto para el mes de septiembre.
Creo que efectivamente la ley se tiene que seguir aplicando, pero hay que aclarar que en algún momento la emergencia puede dar facultades cuando no haya recursos en muchos años y no se aplique la ley. Por eso se ponen los términos de la emergencia y es mucho más certero y seguro para todos.
Por otro lado, existen cuatro grandes casos, como dijo muy bien el director ejecutivo, que representan el 80-85 por ciento de los litigios. Esto no va a resolver el total la litigiosidad, puesto que hay otros casos que tienen que ver con los topes, con otros momentos históricos, con situaciones de sectores particulares como YPF y Luz y Fuerza, que son de otra naturaleza.
El 85 por ciento son los casos generalizados que vienen desde 1991 en adelante, de cuando yo tenía 10 años. Cuando dicen "Bossio no pagó", hay que considerar que vienen desde hace mucho tiempo.
Con respecto al caso Badaro, se cumple. Este caso Badaro sigue la norma y la redacción. La propia reglamentación de la Corte incorpora los dos aumentos que se dieron al sector que no tuvo aumentos generalizados, para pagar menos. Simplemente es lo que corresponde y es lo que dice la Corte. Es continuar la redacción de la parte resolutiva de la Corte. Es una sugerencia que hago, y evidentemente el Estado hace lo que corresponde y reconoce el caso Badaro.
El otro caso es Elliff, en el que la Corte dice que usen el ISBIC. Es una resolución de 1995, no me acuerdo quién era el director Ejecutivo de la ANSES en ese entonces, que después la interrumpen y la Corte dice que debía seguir. Aquí hay una diferencia entre el índice que pone el proyecto con el índice que pone la Corte. O sea, no estamos pagando Elliff sino un índice menor, que es una quita al jubilado en el retroactivo y en los plazos. Los plazos están bien porque luego se les da un acuerdo transaccional, pero no el flujo.
Por ejemplo, un jubilado que gana 9.027 pesos, con el índice que proponen ustedes va a pasar a ganar 10.642 si se jubiló en 2009. Un jubilado con el ISBIC pasaría a cobrar 13.469, es decir que hay una quita del orden del 22-25 por ciento y del 40 por ciento en los ingresos más altos. Hay una quita en el flujo más allá de la quita de la retroactividad, porque la retroactividad según la Corte fue dos años antes de la demanda administrativa, y ustedes están poniendo dos años desde la demanda judicial.
Pero no importa. Supongamos que el acuerdo transaccional haga una quita en los plazos, pero no el índice, les pregunto: más allá de que no se homologue, ¿por qué alguien no va a reclamar la diferencia? Ya que hacemos las cosas, como decía algún rosarino, hagámoslas bien. Hay que cumplir el índice. Vamos a tomar una decisión trascendental, entonces cumplamos el índice.
Lo mismo pasa con aquellos que tienen sentencias. La ANSES el año pasado pagó 42.250 sentencias. Yo tengo una diferencia ahí con el director Ejecutivo que es la siguiente. El año pasado se pagaron 42.250 sentencias, el promedio de los ingresos es más o menos 10.000 pesos, y el incremento de los ingresos promedio de esas familias fue del 88 por ciento durante todo el año pasado. En año anterior fue del 90 por ciento y el anterior del 80. Es entre el 80 y el 90 por ciento.
Nosotros creemos que los 50.000 juicios con sentencia firme significan un incremento de al menos entre el 80 y el 90 por ciento del ingreso, no del 50 por ciento. Es un ingreso mayor. Es la experiencia, es lo que hemos vivido. Son números importantes y es lo que de alguna manera establecen Badaro y el resto de los fallos.
Segundo, ¿el universo es para todos? No, no es para todos los jubilados. Nosotros tenemos un universo mucho menor al de ustedes: 1.890.000 jubilados -567.000 de Badaro, algunos Badaro y Elliff, más alrededor de 1.300.000-. Esto es un informe del observatorio de la seguridad social de la ANSES realizado en 2014, lo que significa 1.891.000 jubilados.
Nosotros creemos que aquellos que hicieron juicio y no tienen sentencia van a tener un ingreso superior; no del 40 por ciento. La estimación va a ser significativamente superior, y que aquellos que no hicieron juicio van a tener un ingreso incremental en torno al 40 o 45 por ciento.
En este sentido, en cuanto al flujo fiscal que se está estimando, quisiera saber cuál es la base que han tomado y por qué han tomado este índice y no otro. Básicamente, cuál es la diferencia que se puede estar dando porque entendemos que los retroactivos ascienden a más de 150.000 millones de pesos y que el flujo anual va a superar los 80.000 millones de pesos, quizás un poco más.
Con respecto a la sentencia firme, creemos que no hay que hacer ninguna quita y que el que tiene sentencia firme va a hacer opción por la sentencia firme porque esperó muchos años a la Justicia. Básicamente, al 20 o 25 por ciento de los que tienen sentencia firme no le corresponde. Naturalmente lo que va a hacer será cobrar durante los 120 días hábiles o eventualmente accionar, porque es evidente que la opción de pagar en cuotas y de que además le hagan una reducción no es tentadora para alguien que ya tiene sentencia.
Por lo tanto yo particularmente sugiero que se ejecute la partida presupuestaria de 12.437.000 de pesos que fue votada en el presupuesto anterior, se liquidan 40.000 -pongamos más gente a trabajar y liquidemos 50.000- y efectivamente se resuelve el tema de la sentencia. En la propia emergencia se dice que se paga de esta manera a aquellos en un acuerdo con la Justicia. No sé si lo hablaron o no con miembros de la Justicia, yo estuve muchas veces reunido con los ministros de la Corte tratando de encontrar alguna solución al respecto.
En cuanto a esta diferencia de índices, hay un planteo de la Corte que dice que todas las demandas en materia de seguridad social son irrenunciables, alimentarias, que no tienen espacio temporal y no se vencen, con lo cual naturalmente va a haber reclamos. Aun cuando se homologue un acuerdo de esta naturaleza la propia Justicia va a cambiar los índices por la naturaleza de la doctrina y la jurisprudencia de la seguridad social. Entonces, sugiero poner el índice. Dice la Constitución Nacional que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
Con respecto al financiamiento yo creo que no es necesario vender las acciones de la ANSES y que hoy se puede contar con el flujo de recursos de intereses.
En el año 2009 la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dictó el DNU 1602/09 que se convirtió en ley, es decir, el decreto de la asignación universal por hijo.
Ustedes saben, como bien dijo el doctor Abad, que todo derecho debe tener un financiamiento y el financiamiento fue claro: las utilidades del FGS. Nosotros nunca usamos esas utilidades, y yo se lo expliqué a Basavilbaso cuando hicimos la transición.
De hecho, en 2014 tuvimos un déficit de 10.500 millones de pesos, me junté con el entonces ministro Kicillof y lo financió el Tesoro. El año pasado fue de 52.000 o 55.000 millones de pesos, me junté con el ex ministro Kicillof y lo financió el Tesoro en junio y en diciembre, porque nosotros entendemos que el sistema previsional de reparto debe tener un ahorro para los futuros jubilados.
Este año posiblemente el déficit dé cerca de 100.000 millones de pesos, por lo menos es lo que nosotros teníamos previsto hacia futuro. Si uno incorpora las utilidades, que el año pasado fueron de 73.000 millones, el balance era superavitario y para este año ustedes deben tener el número más exacto, en torno a los 100.000 millones. Nosotros estimábamos 83.000 y con la devaluación y el incremento de los activos, seguramente será cercano a los 100.000 millones. Ese es el artículo 3° del decreto, puede reglamentarlo la Administración Nacional de la Seguridad Social, es decir, puede establecer la forma de pago, si es mensual, si es anual, las utilidades, cómo determinarlas, y no le quita flexibilidad de ninguna naturaleza. Se cobran activos, capital, intereses, de las inversiones que hicimos nosotros a las inversiones que hicieron ustedes, y no es necesario modificar ningún activo.
Además, las acciones han sido una buena inversión. Cuando uno mira el promedio de la rentabilidad de las acciones del 2008 en adelante, es de 45 por ciento en pesos; 20,7 por ciento. Es verdad que en algún momento bajaron, pero menos mal que no las vendimos, porque 20,7 por ciento de rentabilidad anual es mucho para las acciones en dólares. Han sido un muy buen activo respecto del cual nosotros entendemos que hubo un debate profundo en esta Cámara.
Además, creemos que no se puede ser tan pendular y que en algún momento debe tenerlo el Estado y en otro momento, no. Acá hay algo central: como Estado argentino hemos decidido tener un fondo de reserva para que el sistema previsional sea de reparto y se utilice si eventualmente hay un déficit. Esa es la naturaleza jurídica. El que quiera otra cosa, que vote otra cosa; nosotros vamos a seguir votando esto porque forma parte de nuestra filosofía.
Queremos un sistema público de reparto, como tienen otros países del mundo, y que además tenga ahorros. Si hay un activo, hay un pasivo, y hoy estamos decidiendo pagar ese pasivo. Bienvenido sea, porque realmente hay que resolver este tema para los jubilados. Como dijo muy bien el señor Basalvibaso, se trata de los jubilados que más ganan, de 10.000 pesos, y no de 5.000. Los que cobran la mínima, excepto algunos casos muy puntuales y menores, no van a tener ningún tipo de actualización. Es un 28 por ciento de los jubilados de la Argentina los que van a tener incrementos en el haber jubilatorio, producto de la gran mayoría, aunque no todos, de los fallos de la Corte.
La pregunta es por qué quieren vender las acciones y por qué quieren invertir en el extranjero. Uno de los artículos se refiere a la inversión en el extranjero. Yo vine a este Congreso de la Nación a explicar cómo teníamos que repatriar por sugerencia de la propia oposición. Recuerdo al senador Morales, que formaba parte de la Comisión Bicameral, informando permanentemente por qué teníamos activos en el extranjero, acciones de Mc Donald's, de Coca Cola, de Pepsi. ¿Por qué no venden? Nosotros vendíamos en cada momento y cuando la acción subía, tratábamos de repatriar los activos.
Además, permiten que el fondo se pueda endeudar. Yo acepto que sea colateral una parte del fondo, o sea que pueda servir de garantía para algún préstamo eventualmente. Pero si queremos invertir en bonos del Tesoro de los Estados Unidos al 2 por ciento y queremos que una parte del fondo se pueda endeudar -no sé cuál es la tasa de endeudamiento ahora, si del 6, 7 u 8 por ciento-, me parece que no es un buen negocio.
Creo que hay una cuestión de conceptualidad. Este Congreso tiene que permitir pagar la deuda y el pasivo con los jubilados, pero tiene que avanzar hacia un Estado fuerte que tenga recursos para sostener la seguridad social. Tenemos que cumplir las sentencias conforme lo establecen las distintas resoluciones de la Corte.
Creo que el espíritu de la norma es muy bueno y felicito a los funcionarios en tal sentido, pero creo que liquidar activos, y utilizar esa palabra -aunque entiendo que liquidar es un término financiero-, es cambiar un espíritu de muchos años y de mucha gente que tiene expectativas en la protección social.
Quisiera hacer una reflexión al titular de la AFIP. No soy especialista en temas de blanqueo, pero en principio vamos a acompañar este aspecto, más allá de algunas cuestiones puntuales. Se encuentra vigente el decreto 814 del año 2001, que necesita una revisión integral. Yo no la pude hacer, pero es necesario modificar este artículo para establecer nuevas fuentes de financiamiento. Es un decreto de Cavallo, de la Alianza, que se sancionó en un momento crítico. Es necesario modificar esos artículos para dar mayor fuerza al financiamiento de la ANSES.
Con un 35 por ciento de argentinos que hoy no aportan ni contribuyen, y además los que aportan y contribuyen no tienen una planitud en los aportes y las contribuciones, no hay sistema que aguante.
Alfonsín declaró la emergencia en materia previsional con una relación de 1,9 activos por cada pasivo; hoy es de 1,5. Si en la Argentina no logramos sumar 4 millones de trabajadores al sistema de seguridad social, no hay sistema sostenible. Esto hay que abordarlo. Desde el año 1991 la AFIP tiene delegadas las facultades de tributación en materia de seguridad social y de contribuciones. Ahí nos van a encontrar ayudando como corresponde. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Pitrola.
SR. PITROLA Señor presidente: indudablemente, estamos ante una absurda ley ómnibus que se está vendiendo a la opinión pública como un beneficio a los jubilados, y aun a las provincias, por el cual se hace pasar un inmoral blanqueo de capitales. Nosotros vamos a impugnar esta idea porque creemos que hay una confiscación a los jubilados y no un beneficio, porque estamos en el comienzo de una reforma antijubilatoria y no en un rescate del sistema jubilatorio, además del inmoral blanqueo de capitales.
Aquí un señor diputado al comienzo planteó que la cuestión previa para su bloque era separar la cuestión de las provincias. Para los bloques del Partido Obrero y del Frente de Izquierda -que a pesar de este tratamiento tan exprés de semejante ley vamos a elaborar un dictamen a tiempo-, nuestra cuestión previa es el aumento de emergencia de 6.000 mil pesos a los jubilados desde ahora. Este es un concepto para quebrar la demagogia de lo que estamos discutiendo, porque lo hemos presentado justamente el lunes pasado en una audiencia pública con presencia de una cantidad de organizaciones de lucha de los jubilados. La Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires ubicó en el mes de marzo la canasta básica del jubilado en 11.800 pesos, y nosotros acá estamos discutiendo el gran beneficio de los jubilados en cuotas a tres años y para un sector que sería un tercio de los jubilados. De manera que para nosotros el primer aspecto es este.
El segundo tema es la devolución de la ANSES y del PAMI a directorios selectos por los trabajadores y los jubilados. No le damos legitimidad ni al gobierno que se fue ni a este gobierno de CEOs financieros para manejar los fondos de los trabajadores, los jubilados y de los actuales trabajadores, que somos los futuros jubilados.
Acá tenemos dos conceptos básicos, y vamos a colocar en debate el problema del 82 por ciento móvil. Es notorio que nadie habla más de esto en la Argentina. Tal vez se quiera tentar con un premio de blanqueo de capitales a oficialistas y opositores para que nadie siga hablando del 82 por ciento móvil en la Argentina, y yo creo que este comienzo de reforma jubilatoria justamente es un paso más en la disociación del haber jubilatorio con el salario en actividad. Este es un gran tema.
Para nosotros las jubilaciones son salario diferido. Aportamos toda la vida, hay un aporte patronal, hay un aporte de los trabajadores y nosotros queremos el porcentaje que corresponde al aporte patronal y de los trabajadores durante su vida.
Acá hay otra idea en el sentido de que en el futuro tengamos un sistema de sostenimiento a la vejez para una pensión de carácter asistencial. Llevamos veinte años de aniquilación de la legislación del sistema jubilatorio y estamos comenzando un nuevo espiral de la aniquilación del sistema que alguna fue el del 82 por ciento del salario testigo, que es del salario que uno cobraría si al estar jubilado estuviera en actividad.
El Partido Obrero se acuerda de algo de algo de lo que no se acordaron los autores de estas cien páginas, que es reponer los aportes patronales rebajados en los 90. Alguno me va a responder que en el kirchnerismo en una década tampoco se acordó. Por supuesto, tampoco se acordó. Pero nosotros nos acordamos todo el tiempo.
¿Cuál es el cálculo? Le pregunto a los especialistas. Vamos a tratar de llegar a la semana que viene con el cálculo de la transferencia que ha ido desde el patrimonio de la ANSES y de los jubilados al bolsillo de las patronales, buena parte de lo cual se fue fuera del país, hasta 400.000 millones de dólares escuchamos aquí. ¿Cuál es la transferencia que ha habido por la rebaja de aportes patronales?
Otro aspecto brutal es que no se ataca la cuestión del trabajo en negro. El ministro Triaca en su proyecto de empleo joven indica que el actual trabajo en negro abarca al 40 por ciento de los argentinos. Hace dos años estaban en 34,6, veremos si el INDEC nos da alguna noticia en este punto. Pero acá en esta ley de cien páginas tampoco hay un ataque al trabajo en negro. Nosotros hemos presentado un proyecto sobre el punto y vamos a insistir en este dictamen porque el trabajo en negro será atacado de raíz y de frente si se notifica al Estado y a la patronal de que está en negro y se le garantiza estabilidad laboral por un período. Pero en cambio se está adaptando el sistema jubilatorio al trabajo en negro, porque se habla de la sustentabilidad. No volvemos a los aportes patronales, no castigamos penalmente a los evasores y tampoco atacamos el trabajo en negro, que es un circuito entero en negro.
Ya lo hemos probado. Tuve un debate con el señor Sturzenegger cuando fue diputado; ahora es presidente del Banco Central. Él también tenía una idea de combatir el trabajo en negro eliminando las cargas patronales los tres primeros años. Ya aprobamos una ley en este Congreso todos los bloques opositores y el oficialismo kirchnerista el 22 de mayo de 2014 de rebaja de aportes patronales para el blanqueo de trabajadores y ahora tenemos más trabajadores en negro que antes. Así no hay sistema jubilatorio que aguante.
Pero nadie está poniendo el foco en estos temas. Porque queremos la sustentabilidad de un sistema futuro por el cual se va aniquilando la jubilación y damos paso a un sistema asistencial de la tercera edad. No queremos un país de pobres con una red asistencial sino un sistema jubilatorio como el que supo conquistar la clase obrera argentina.
Desde este lugar encaramos el problema que nos han puesto a debate.
Ahora bien, la quita tiene varios aspectos. Los jubilados tienen una quita descomunal que por supuesto no tuvieron los fondos buitre. Hay una quita directa, en primer lugar porque se le quita período incluso a los que tienen sentencia firme, lo cual va a dar origen a nuevos juicios. Vayan preparados los bufetes de abogados para ganar nuevos honorarios porque vamos a tener nuevos juicios. Pero además hay una quita a los que están en trámite, promedio de la mitad de los años -de 8 años promedio hay una quita de 4, de manera que ahí tenemos otra quita-, y tenemos la quita general de los otros 2 millones, que aquí el señor diputado Díaz Roig dice que va a demostrar que son 250.000.
Entonces, no tendríamos el gasto que dicen que vamos a tener ni los beneficios, sino solo sobre un universo más reducido que no va a beneficiar a 2 millones de jubilados.
Vamos a escuchar a los especialistas en el tema, porque no es cuestión de tirar bolazos para hacer pasar la reforma antijubilatoria y el blanqueo de capitales de un saque.
Debo decir que en cuanto a la promesa de devolverle a las provincias, no está aclarado en la ley con qué van a financiar la devolución de los fondos a las provincias que ahora financiaban a la ANSES. En todo caso, vayamos hacia un impuesto especial progresivo a la renta financiera, etcétera, porque, si no, de nuevo vamos a desfinanciar la ANSES.
Yo creo que es sustentable lo que uno quiere que sea sustentable. En estos cuatro meses los bancos han ganado un 62 por ciento más que en los cuatro primeros meses de 2015. Los bancos están sustentables, señores del gobierno; y no encuentran ustedes sustentabilidad para pagarle un aumento de emergencia a los jubilados. Todo depende de a qué le queremos dar sustentabilidad.
Luego hay otras quitas, porque le van a pagar en cuotas. Imagínense con qué interés frente a la inflación que tenemos. Está la quita de los índices. Aquí el señor diputado Bossio hizo una buena demostración con ejemplos prácticos, pero nosotros tenemos evaluado que vamos a tener una quita promedio del 55 por ciento sobre los retroactivos y del 25 por ciento sobre el haber. Esto por el empleo del índice RIPTE en lugar del índice mayor que había determinado la propia Corte Suprema de Justicia.
Entonces, acá tenemos una segunda confiscación. Por eso digo que estamos ante un beneficio para hacer un blanqueo. Acá hay una confiscación a los jubilados.
Luego, pagarán el impuesto a las ganancias de acuerdo con cada mes. Mientras que en el blanqueo se perdona una variedad impresionante de impuestos a los evasores, a la gente de la plata en negro y a los que delinquen evadiendo, a los jubilados que cobren le van a cobrar impuesto a las ganancias. Es decir que tenemos una cantidad de quitas.
No me extenderé sobre el tema del blanqueo, sobre el cual profundizaremos en otro momento. Recuerdo que en mayo del 2003 Néstor Kirchner dijo: "le vamos a poner traje a rayas a los evasores". No cumplió, porque el trabajo en negro ascendió al 34,6 por ciento y finalmente no les puso traje a rayas. No vi evasores presos durante la década kirchnerista.
Aquí se habló de estafa a los jubilados y de otras cuestiones. Pero creo que ahora estamos premiando a los evasores: ya pasamos del traje a rayas a la corona de honor a los evasores, porque ayer hemos votado una ley de flagrancia y acá vamos a tener un conjunto de flagrantes a los que se les perdona impuestos -como lo han detallado- tributarios, previsionales, aduaneros y de toda característica.
La evasión es un delito. Si consideramos que la evasión no es un delito, empecemos todo de nuevo. Entonces, ¿quién va a ser flagrante? El que roba un celular acá en la vereda; ese es flagrante, para que la policía le arme una causa. Pero esta gente, como algunos que traen sus ahorros desde las Bahamas para invertir en bonos de la deuda de la bicicleta financiera, no es considerada delincuente; esos no son "evasores". Los que se llevaron la riqueza creada en la Argentina, aunque tuvieron la titularidad de un empresario y la pusieron en caja de ahorro en las Bahamas, se llevaron la riqueza de nuestro país; son los 400 mil millones de dólares de los que habló Abad.
Ellos van a tener un premio, van a ser considerados señores, y desde el presidente se les está dando el indicativo de invertirlos en bonos. Por lo menos que los invierta en una fábrica de juguetes, aunque después no venda. Pero hay que dar una señal de otro tipo: que se quiere traer dinero para invertir y producir, y no para la bicicleta financiera que vamos a pagar caro, como pagamos todas las bicicletas financieras.
De manera que dejo estas apreciaciones, y vamos a presentar, con toda seguridad, un dictamen en minoría que va a reivindicar a los jubilados.
Quiero tocar un último tema, que quizá no sea uno solo. Se ha dejado en la banquina a los afectados que cobran una renta vitalicia, que son 300 mil; para ellos no hay nada, y también hay otros sectores en la banquina. Si vamos a discutir jubilación, vamos a discutir, y vamos a proyectar también la reparación a los jubilados de rentas vitalicias por el robo de las AFJP, que están en la banquina cobrando un promedio de 700 pesos por mes.
Creo que este es un tema muy importante y desde ya les digo, señores diputados, que no podemos aceptar una comisión para rever las jubilaciones con el antecedente de llevar la edad jubilatoria de las mujeres a los sesenta y cinco años. Éste es el núcleo de todo el problema.
Así como el veto presidencial a la ley sobre los despidos fue el comienzo de una nueva reforma laboral para bajar costos laborales, estamos en el comienzo de una reforma antijubilatoria. (Aplausos.)
Aquí un señor diputado al comienzo planteó que la cuestión previa para su bloque era separar la cuestión de las provincias. Para los bloques del Partido Obrero y del Frente de Izquierda -que a pesar de este tratamiento tan exprés de semejante ley vamos a elaborar un dictamen a tiempo-, nuestra cuestión previa es el aumento de emergencia de 6.000 mil pesos a los jubilados desde ahora. Este es un concepto para quebrar la demagogia de lo que estamos discutiendo, porque lo hemos presentado justamente el lunes pasado en una audiencia pública con presencia de una cantidad de organizaciones de lucha de los jubilados. La Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires ubicó en el mes de marzo la canasta básica del jubilado en 11.800 pesos, y nosotros acá estamos discutiendo el gran beneficio de los jubilados en cuotas a tres años y para un sector que sería un tercio de los jubilados. De manera que para nosotros el primer aspecto es este.
El segundo tema es la devolución de la ANSES y del PAMI a directorios selectos por los trabajadores y los jubilados. No le damos legitimidad ni al gobierno que se fue ni a este gobierno de CEOs financieros para manejar los fondos de los trabajadores, los jubilados y de los actuales trabajadores, que somos los futuros jubilados.
Acá tenemos dos conceptos básicos, y vamos a colocar en debate el problema del 82 por ciento móvil. Es notorio que nadie habla más de esto en la Argentina. Tal vez se quiera tentar con un premio de blanqueo de capitales a oficialistas y opositores para que nadie siga hablando del 82 por ciento móvil en la Argentina, y yo creo que este comienzo de reforma jubilatoria justamente es un paso más en la disociación del haber jubilatorio con el salario en actividad. Este es un gran tema.
Para nosotros las jubilaciones son salario diferido. Aportamos toda la vida, hay un aporte patronal, hay un aporte de los trabajadores y nosotros queremos el porcentaje que corresponde al aporte patronal y de los trabajadores durante su vida.
Acá hay otra idea en el sentido de que en el futuro tengamos un sistema de sostenimiento a la vejez para una pensión de carácter asistencial. Llevamos veinte años de aniquilación de la legislación del sistema jubilatorio y estamos comenzando un nuevo espiral de la aniquilación del sistema que alguna fue el del 82 por ciento del salario testigo, que es del salario que uno cobraría si al estar jubilado estuviera en actividad.
El Partido Obrero se acuerda de algo de algo de lo que no se acordaron los autores de estas cien páginas, que es reponer los aportes patronales rebajados en los 90. Alguno me va a responder que en el kirchnerismo en una década tampoco se acordó. Por supuesto, tampoco se acordó. Pero nosotros nos acordamos todo el tiempo.
¿Cuál es el cálculo? Le pregunto a los especialistas. Vamos a tratar de llegar a la semana que viene con el cálculo de la transferencia que ha ido desde el patrimonio de la ANSES y de los jubilados al bolsillo de las patronales, buena parte de lo cual se fue fuera del país, hasta 400.000 millones de dólares escuchamos aquí. ¿Cuál es la transferencia que ha habido por la rebaja de aportes patronales?
Otro aspecto brutal es que no se ataca la cuestión del trabajo en negro. El ministro Triaca en su proyecto de empleo joven indica que el actual trabajo en negro abarca al 40 por ciento de los argentinos. Hace dos años estaban en 34,6, veremos si el INDEC nos da alguna noticia en este punto. Pero acá en esta ley de cien páginas tampoco hay un ataque al trabajo en negro. Nosotros hemos presentado un proyecto sobre el punto y vamos a insistir en este dictamen porque el trabajo en negro será atacado de raíz y de frente si se notifica al Estado y a la patronal de que está en negro y se le garantiza estabilidad laboral por un período. Pero en cambio se está adaptando el sistema jubilatorio al trabajo en negro, porque se habla de la sustentabilidad. No volvemos a los aportes patronales, no castigamos penalmente a los evasores y tampoco atacamos el trabajo en negro, que es un circuito entero en negro.
Ya lo hemos probado. Tuve un debate con el señor Sturzenegger cuando fue diputado; ahora es presidente del Banco Central. Él también tenía una idea de combatir el trabajo en negro eliminando las cargas patronales los tres primeros años. Ya aprobamos una ley en este Congreso todos los bloques opositores y el oficialismo kirchnerista el 22 de mayo de 2014 de rebaja de aportes patronales para el blanqueo de trabajadores y ahora tenemos más trabajadores en negro que antes. Así no hay sistema jubilatorio que aguante.
Pero nadie está poniendo el foco en estos temas. Porque queremos la sustentabilidad de un sistema futuro por el cual se va aniquilando la jubilación y damos paso a un sistema asistencial de la tercera edad. No queremos un país de pobres con una red asistencial sino un sistema jubilatorio como el que supo conquistar la clase obrera argentina.
Desde este lugar encaramos el problema que nos han puesto a debate.
Ahora bien, la quita tiene varios aspectos. Los jubilados tienen una quita descomunal que por supuesto no tuvieron los fondos buitre. Hay una quita directa, en primer lugar porque se le quita período incluso a los que tienen sentencia firme, lo cual va a dar origen a nuevos juicios. Vayan preparados los bufetes de abogados para ganar nuevos honorarios porque vamos a tener nuevos juicios. Pero además hay una quita a los que están en trámite, promedio de la mitad de los años -de 8 años promedio hay una quita de 4, de manera que ahí tenemos otra quita-, y tenemos la quita general de los otros 2 millones, que aquí el señor diputado Díaz Roig dice que va a demostrar que son 250.000.
Entonces, no tendríamos el gasto que dicen que vamos a tener ni los beneficios, sino solo sobre un universo más reducido que no va a beneficiar a 2 millones de jubilados.
Vamos a escuchar a los especialistas en el tema, porque no es cuestión de tirar bolazos para hacer pasar la reforma antijubilatoria y el blanqueo de capitales de un saque.
Debo decir que en cuanto a la promesa de devolverle a las provincias, no está aclarado en la ley con qué van a financiar la devolución de los fondos a las provincias que ahora financiaban a la ANSES. En todo caso, vayamos hacia un impuesto especial progresivo a la renta financiera, etcétera, porque, si no, de nuevo vamos a desfinanciar la ANSES.
Yo creo que es sustentable lo que uno quiere que sea sustentable. En estos cuatro meses los bancos han ganado un 62 por ciento más que en los cuatro primeros meses de 2015. Los bancos están sustentables, señores del gobierno; y no encuentran ustedes sustentabilidad para pagarle un aumento de emergencia a los jubilados. Todo depende de a qué le queremos dar sustentabilidad.
Luego hay otras quitas, porque le van a pagar en cuotas. Imagínense con qué interés frente a la inflación que tenemos. Está la quita de los índices. Aquí el señor diputado Bossio hizo una buena demostración con ejemplos prácticos, pero nosotros tenemos evaluado que vamos a tener una quita promedio del 55 por ciento sobre los retroactivos y del 25 por ciento sobre el haber. Esto por el empleo del índice RIPTE en lugar del índice mayor que había determinado la propia Corte Suprema de Justicia.
Entonces, acá tenemos una segunda confiscación. Por eso digo que estamos ante un beneficio para hacer un blanqueo. Acá hay una confiscación a los jubilados.
Luego, pagarán el impuesto a las ganancias de acuerdo con cada mes. Mientras que en el blanqueo se perdona una variedad impresionante de impuestos a los evasores, a la gente de la plata en negro y a los que delinquen evadiendo, a los jubilados que cobren le van a cobrar impuesto a las ganancias. Es decir que tenemos una cantidad de quitas.
No me extenderé sobre el tema del blanqueo, sobre el cual profundizaremos en otro momento. Recuerdo que en mayo del 2003 Néstor Kirchner dijo: "le vamos a poner traje a rayas a los evasores". No cumplió, porque el trabajo en negro ascendió al 34,6 por ciento y finalmente no les puso traje a rayas. No vi evasores presos durante la década kirchnerista.
Aquí se habló de estafa a los jubilados y de otras cuestiones. Pero creo que ahora estamos premiando a los evasores: ya pasamos del traje a rayas a la corona de honor a los evasores, porque ayer hemos votado una ley de flagrancia y acá vamos a tener un conjunto de flagrantes a los que se les perdona impuestos -como lo han detallado- tributarios, previsionales, aduaneros y de toda característica.
La evasión es un delito. Si consideramos que la evasión no es un delito, empecemos todo de nuevo. Entonces, ¿quién va a ser flagrante? El que roba un celular acá en la vereda; ese es flagrante, para que la policía le arme una causa. Pero esta gente, como algunos que traen sus ahorros desde las Bahamas para invertir en bonos de la deuda de la bicicleta financiera, no es considerada delincuente; esos no son "evasores". Los que se llevaron la riqueza creada en la Argentina, aunque tuvieron la titularidad de un empresario y la pusieron en caja de ahorro en las Bahamas, se llevaron la riqueza de nuestro país; son los 400 mil millones de dólares de los que habló Abad.
Ellos van a tener un premio, van a ser considerados señores, y desde el presidente se les está dando el indicativo de invertirlos en bonos. Por lo menos que los invierta en una fábrica de juguetes, aunque después no venda. Pero hay que dar una señal de otro tipo: que se quiere traer dinero para invertir y producir, y no para la bicicleta financiera que vamos a pagar caro, como pagamos todas las bicicletas financieras.
De manera que dejo estas apreciaciones, y vamos a presentar, con toda seguridad, un dictamen en minoría que va a reivindicar a los jubilados.
Quiero tocar un último tema, que quizá no sea uno solo. Se ha dejado en la banquina a los afectados que cobran una renta vitalicia, que son 300 mil; para ellos no hay nada, y también hay otros sectores en la banquina. Si vamos a discutir jubilación, vamos a discutir, y vamos a proyectar también la reparación a los jubilados de rentas vitalicias por el robo de las AFJP, que están en la banquina cobrando un promedio de 700 pesos por mes.
Creo que este es un tema muy importante y desde ya les digo, señores diputados, que no podemos aceptar una comisión para rever las jubilaciones con el antecedente de llevar la edad jubilatoria de las mujeres a los sesenta y cinco años. Éste es el núcleo de todo el problema.
Así como el veto presidencial a la ley sobre los despidos fue el comienzo de una nueva reforma laboral para bajar costos laborales, estamos en el comienzo de una reforma antijubilatoria. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Lejos de querer ponerle tiempo a las exposiciones, les informo que ya se retiraron tres diputados porque perdían el avión, sería bueno que todos podamos hablar, preguntar y participar. Les pedimos, por favor, que se circunscriban a las preguntas a fin de hacer mucho más satisfactoria esta reunión.
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
Tiene la palabra el señor diputado Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer a los funcionarios que vinieron a dar las explicaciones, que son necesarias porque es un proyecto complejo. Lo es porque abarca muchas políticas públicas con una consecuencia muy grande para la sociedad argentina.
No estamos hablando de una política menor; estamos hablando de dos contratos -tal como lo mencionó Mario Quintana- que son fundamentales para sostener la vida de los argentinos y que no vienen funcionando muy bien en las últimas décadas, como consecuencia de muchas cuestiones.
Uno de ellos es el contrato tributario, que es el contrato solidario por excelencia para sostener el progreso de una Nación. Y ese contrato solidario, señor presidente, no viene siendo muy bien cumplido. El titular de la AFIP, el señor Abad, dio los datos; son insostenibles.
Y esos datos de evasión no solo son insostenibles sino que además potencian lo injusto del sistema tributario: porque como hay alta evasión, tenemos que cargar más impuestos a los que de seguro les cobramos. Esa es la lógica de la Argentina de las últimas varias décadas, pero que se acentúa en estas últimas. Así que es muy bueno que revisemos este primer contrato.
El segundo contrato es el del sostenimiento de los adultos mayores, después de una vida de esfuerzo. Se trata ni más ni menos que del reconocimiento de su derecho después de una vida de esfuerzo. En ese punto también venimos incumpliendo bastante, a pesar de que reconocemos que en eso sí se avanzó en muchos aspectos.
Tiene razón el diputado Bossio -por eso es muy bueno contar con su presencia y su exposición-, porque nosotros no podemos empezar a revisar esta situación y hacerlo adecuadamente si no reconocemos dónde estamos mal y dónde estamos bien. El hecho de que haya 3 millones de jubilados nuevos no es un dato menor.
Lo que se criticó al momento de tratarse las leyes de moratoria no era si esos jubilados tenían derecho a contar con la cobertura, sino la sustentabilidad del sistema. Se trató ni más ni menos que de eso. Por eso hoy estamos tratando deudas e intentando corregir los dos contratos. No creo que con este proyecto -tren, ómnibus, colectivo o como le digan- vayamos a terminar de solucionar todos los problemas. Por eso el planteo de contar con dos comisiones revisoras para hacerlo con tiempo y a conciencia, pero los jubilados no pueden esperar.
Bien señalaba el diputado Bossio que en el gobierno anterior se dedicaron a la jubilación mínima, o decidieron dar prioridad a unos y no a otros. Consecuencia de ello es la industria de los juicios, las sentencias impagas, etcétera.
Este gobierno decide pagar y ello está muy bien. Ahora tenemos que discutir cómo hacerlo. Desde Cambiemos, con la responsabilidad que tenemos, manteniendo el debate público y recibiendo todos los aportes que mejoren la iniciativa, tal como lo hicimos en todos los demás proyectos que terminaron convirtiéndose en ley, no lo vamos a hacer sin mejorar el sistema en general.
El señor Abad siempre dice "nosotros tenemos que poder ayudar a los que necesitan de la ayuda y protección del Estado". Pero en esa misma línea tenemos que ir a solucionar los defectos generales del sistema. No podemos seguir con el 35 por ciento de déficit de la seguridad social, porque es insostenible.
Es indiscutible que hay que pagar los juicios; en todo caso, discutiremos si con quita o sin quita, si el juicio es más justo o no, o si el plazo es bueno o malo. Pero hay que pagar, y este es un proyecto que tiene el objetivo de pagar.
Por otro lado, hay una novedad muy importante, porque el sistema jubilatorio de la Argentina, y no soy el más indicado para dar cátedra porque no lo conozco -acá hay muchos diputados que saben más que yo-, estaba pensado como una garantía universal en un contexto y en un paradigma de pleno empleo, y de empleo sostenible. No existe más ese paradigma. Por lo tanto, hay que revisar y modificar la iniciativa porque, si no, pese a las moratorias -que lesionan la sustentabilidad del sistema- vamos a dejar gente en la banquina, y es inaceptable que un ciudadano argentino a los 60 o 65 años no tenga dónde caerse muerto -para decirlo de la misma manera que lo diríamos en la calle.
Por eso proponemos la pensión universal por adulto mayor. Y debe ser pagada con recursos generales del Tesoro, como siempre pretendimos que lo fuera la Asignación Universal por Hijo. De esa forma se cubren los dos puntos de vulnerabilidad de la vida de un ser humano, que deben ser considerados por todos nosotros. Reitero: creemos que deben pagarse con dinero proveniente de Rentas Generales y no del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Por supuesto que hay otras discusiones, señor presidente, como "acciones sí o acciones no". Convengamos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no tiene la mayor parte de sus inversiones puestas en acciones, pero tiene una complejidad en acciones. Ya lo dijimos cuando se intentó blindar esa posibilidad: si queremos sostener la rentabilidad y la "estabilidad" del sistema -porque no es todo rentabilidad en el sistema; podemos timbear la plata de los jubilados y ganar el 30 por ciento en un año, pero al año siguiente también podemos estampillarnos y dejar al sistema en general sin financiamiento-, debemos tener la posibilidad de disponer de esas acciones, aunque no queramos tocar una sola durante muchos años. Si la inteligencia de la Administración aconseja no tocarlas, no lo haremos, pero debemos tener la posibilidad de disponer de esas acciones; de lo contrario -como dijo el licenciado Quintana-, ningún administrador serio querría estar a su cargo.
Tenemos que poder minimizar la conflictividad en la seguridad social. Como bien explicó Emilio Basavilbaso, no es que vamos a quedar exentos de reclamos sino que estamos dando a todos los jubilados la posibilidad de tener "hoy" en la mano lo que pueden disfrutar "hoy" los jubilados. Nosotros tenemos que contemplar esta posibilidad, y es algo voluntario, ya que no se obliga a alguien a renunciar a algún derecho.
Ahora, los jubilados en la puerta de esta Cámara de Diputados vienen y nos dicen: "Quiero cobrar, diputado, haga algo." Bueno, acá lo estamos haciendo: estamos discutiendo el tema. Y a usted también se lo dicen, diputado Daer.
No estamos hablando de una política menor; estamos hablando de dos contratos -tal como lo mencionó Mario Quintana- que son fundamentales para sostener la vida de los argentinos y que no vienen funcionando muy bien en las últimas décadas, como consecuencia de muchas cuestiones.
Uno de ellos es el contrato tributario, que es el contrato solidario por excelencia para sostener el progreso de una Nación. Y ese contrato solidario, señor presidente, no viene siendo muy bien cumplido. El titular de la AFIP, el señor Abad, dio los datos; son insostenibles.
Y esos datos de evasión no solo son insostenibles sino que además potencian lo injusto del sistema tributario: porque como hay alta evasión, tenemos que cargar más impuestos a los que de seguro les cobramos. Esa es la lógica de la Argentina de las últimas varias décadas, pero que se acentúa en estas últimas. Así que es muy bueno que revisemos este primer contrato.
El segundo contrato es el del sostenimiento de los adultos mayores, después de una vida de esfuerzo. Se trata ni más ni menos que del reconocimiento de su derecho después de una vida de esfuerzo. En ese punto también venimos incumpliendo bastante, a pesar de que reconocemos que en eso sí se avanzó en muchos aspectos.
Tiene razón el diputado Bossio -por eso es muy bueno contar con su presencia y su exposición-, porque nosotros no podemos empezar a revisar esta situación y hacerlo adecuadamente si no reconocemos dónde estamos mal y dónde estamos bien. El hecho de que haya 3 millones de jubilados nuevos no es un dato menor.
Lo que se criticó al momento de tratarse las leyes de moratoria no era si esos jubilados tenían derecho a contar con la cobertura, sino la sustentabilidad del sistema. Se trató ni más ni menos que de eso. Por eso hoy estamos tratando deudas e intentando corregir los dos contratos. No creo que con este proyecto -tren, ómnibus, colectivo o como le digan- vayamos a terminar de solucionar todos los problemas. Por eso el planteo de contar con dos comisiones revisoras para hacerlo con tiempo y a conciencia, pero los jubilados no pueden esperar.
Bien señalaba el diputado Bossio que en el gobierno anterior se dedicaron a la jubilación mínima, o decidieron dar prioridad a unos y no a otros. Consecuencia de ello es la industria de los juicios, las sentencias impagas, etcétera.
Este gobierno decide pagar y ello está muy bien. Ahora tenemos que discutir cómo hacerlo. Desde Cambiemos, con la responsabilidad que tenemos, manteniendo el debate público y recibiendo todos los aportes que mejoren la iniciativa, tal como lo hicimos en todos los demás proyectos que terminaron convirtiéndose en ley, no lo vamos a hacer sin mejorar el sistema en general.
El señor Abad siempre dice "nosotros tenemos que poder ayudar a los que necesitan de la ayuda y protección del Estado". Pero en esa misma línea tenemos que ir a solucionar los defectos generales del sistema. No podemos seguir con el 35 por ciento de déficit de la seguridad social, porque es insostenible.
Es indiscutible que hay que pagar los juicios; en todo caso, discutiremos si con quita o sin quita, si el juicio es más justo o no, o si el plazo es bueno o malo. Pero hay que pagar, y este es un proyecto que tiene el objetivo de pagar.
Por otro lado, hay una novedad muy importante, porque el sistema jubilatorio de la Argentina, y no soy el más indicado para dar cátedra porque no lo conozco -acá hay muchos diputados que saben más que yo-, estaba pensado como una garantía universal en un contexto y en un paradigma de pleno empleo, y de empleo sostenible. No existe más ese paradigma. Por lo tanto, hay que revisar y modificar la iniciativa porque, si no, pese a las moratorias -que lesionan la sustentabilidad del sistema- vamos a dejar gente en la banquina, y es inaceptable que un ciudadano argentino a los 60 o 65 años no tenga dónde caerse muerto -para decirlo de la misma manera que lo diríamos en la calle.
Por eso proponemos la pensión universal por adulto mayor. Y debe ser pagada con recursos generales del Tesoro, como siempre pretendimos que lo fuera la Asignación Universal por Hijo. De esa forma se cubren los dos puntos de vulnerabilidad de la vida de un ser humano, que deben ser considerados por todos nosotros. Reitero: creemos que deben pagarse con dinero proveniente de Rentas Generales y no del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Por supuesto que hay otras discusiones, señor presidente, como "acciones sí o acciones no". Convengamos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no tiene la mayor parte de sus inversiones puestas en acciones, pero tiene una complejidad en acciones. Ya lo dijimos cuando se intentó blindar esa posibilidad: si queremos sostener la rentabilidad y la "estabilidad" del sistema -porque no es todo rentabilidad en el sistema; podemos timbear la plata de los jubilados y ganar el 30 por ciento en un año, pero al año siguiente también podemos estampillarnos y dejar al sistema en general sin financiamiento-, debemos tener la posibilidad de disponer de esas acciones, aunque no queramos tocar una sola durante muchos años. Si la inteligencia de la Administración aconseja no tocarlas, no lo haremos, pero debemos tener la posibilidad de disponer de esas acciones; de lo contrario -como dijo el licenciado Quintana-, ningún administrador serio querría estar a su cargo.
Tenemos que poder minimizar la conflictividad en la seguridad social. Como bien explicó Emilio Basavilbaso, no es que vamos a quedar exentos de reclamos sino que estamos dando a todos los jubilados la posibilidad de tener "hoy" en la mano lo que pueden disfrutar "hoy" los jubilados. Nosotros tenemos que contemplar esta posibilidad, y es algo voluntario, ya que no se obliga a alguien a renunciar a algún derecho.
Ahora, los jubilados en la puerta de esta Cámara de Diputados vienen y nos dicen: "Quiero cobrar, diputado, haga algo." Bueno, acá lo estamos haciendo: estamos discutiendo el tema. Y a usted también se lo dicen, diputado Daer.
SR. PRESIDENTE DAER Mi mamá también me lo dice.
SR. SÁNCHEZ Entonces, señor presidente, después vaya y pregúntele a su mamá, porque quizás ella se acoge a este régimen y lo ayuda a decidir sobre el texto de la ley.
Como dije, también está el otro contrato. ¿Por qué los tratamos juntos, señor presidente, y por qué incluimos los acuerdos con las provincias? Primero, porque a estas últimas se les quitó plata por el régimen previsional y entonces hay que ratificar el acuerdo firmado entre los 24 gobernadores y la Presidencia de la Nación. Pero eso en el marco de la decisión previa de este mismo tema: el sistema previsional. Así que lo tenemos que tratar. Pero nosotros no podemos dejar de contemplar el contrato tributario.
Nosotros tenemos que sincerar. Son contratos que los tenemos que poder sostener en el tiempo. Por eso, señor presidente, no podemos correr la línea moral. Una cosa es sincerar y otra es decir: acá no pasó nada. No, señores diputados. La evasión tributaria es un delito y seguirá siéndolo. El problema es que tenemos que ver cómo tratamos una violación generalizada a una ley, y tenemos que ir a la formalización del sistema. Si esta norma se sanciona, el señor Abad tendrá muchísimo trabajo y confiamos en él y en el gobierno.
Por eso, señor presidente, nosotros debemos dar a nuestros jubilados la prioridad que tienen que tener. Siendo que todos decimos lo mismo, pues hagamos algo para darles esa prioridad. Sancionemos una ley para pagarles "hoy" lo que se merecen. Si todos decimos que los sistemas tributario y previsional no son sostenibles así como están, corrijámoslos en algo ahora y pongámonos a trabajar para mejorarlos aún más. Mejoremos el sistema previsional para que sea sustentable en el tiempo; no "sin problemas", porque no existe ningún sistema previsional en el mundo que no tenga inconvenientes.
Por último: sincerémonos entre los argentinos porque la verdad es que nos va a hacer bien. No puede ser que el 40 por ciento de los argentinos le mientan al Estado y que nos mintamos entre nosotros. Porque si la evasión general es del 40 por ciento, nos estamos mintiendo. Hagamos algo. Dejémonos de mentir. Lo que nosotros estamos proponiendo con esta ley, creo que con las suficientes garantías -igualmente, estamos en este debate para discutirla y mejorarla-, es dejarnos de mentir, y fundamentalmente dejar de mentirles a nuestros abuelos.
Yo ya no tengo a ninguno de mis abuelos, y lamentablemente algunos se fueron sin poder cobrar. Eso no es justo y lo tenemos que arreglar ahora. (Aplausos.)
Como dije, también está el otro contrato. ¿Por qué los tratamos juntos, señor presidente, y por qué incluimos los acuerdos con las provincias? Primero, porque a estas últimas se les quitó plata por el régimen previsional y entonces hay que ratificar el acuerdo firmado entre los 24 gobernadores y la Presidencia de la Nación. Pero eso en el marco de la decisión previa de este mismo tema: el sistema previsional. Así que lo tenemos que tratar. Pero nosotros no podemos dejar de contemplar el contrato tributario.
Nosotros tenemos que sincerar. Son contratos que los tenemos que poder sostener en el tiempo. Por eso, señor presidente, no podemos correr la línea moral. Una cosa es sincerar y otra es decir: acá no pasó nada. No, señores diputados. La evasión tributaria es un delito y seguirá siéndolo. El problema es que tenemos que ver cómo tratamos una violación generalizada a una ley, y tenemos que ir a la formalización del sistema. Si esta norma se sanciona, el señor Abad tendrá muchísimo trabajo y confiamos en él y en el gobierno.
Por eso, señor presidente, nosotros debemos dar a nuestros jubilados la prioridad que tienen que tener. Siendo que todos decimos lo mismo, pues hagamos algo para darles esa prioridad. Sancionemos una ley para pagarles "hoy" lo que se merecen. Si todos decimos que los sistemas tributario y previsional no son sostenibles así como están, corrijámoslos en algo ahora y pongámonos a trabajar para mejorarlos aún más. Mejoremos el sistema previsional para que sea sustentable en el tiempo; no "sin problemas", porque no existe ningún sistema previsional en el mundo que no tenga inconvenientes.
Por último: sincerémonos entre los argentinos porque la verdad es que nos va a hacer bien. No puede ser que el 40 por ciento de los argentinos le mientan al Estado y que nos mintamos entre nosotros. Porque si la evasión general es del 40 por ciento, nos estamos mintiendo. Hagamos algo. Dejémonos de mentir. Lo que nosotros estamos proponiendo con esta ley, creo que con las suficientes garantías -igualmente, estamos en este debate para discutirla y mejorarla-, es dejarnos de mentir, y fundamentalmente dejar de mentirles a nuestros abuelos.
Yo ya no tengo a ninguno de mis abuelos, y lamentablemente algunos se fueron sin poder cobrar. Eso no es justo y lo tenemos que arreglar ahora. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Ziliotto.
SR. ZILIOTTO Señor presidente: seré muy concreto para ayudarlo a que esta reunión se desarrolle lo más rápido posible y que todos los diputados puedan expresarse.
La posición general de nuestro bloque la expuso claramente el diputado Bossio. Yo me dedicaré exclusivamente a dos cuestiones muy puntuales.
En su exposición inicial, los funcionarios nacionales que nos visitan hablaron de reparación histórica y de resolver inequidades a través de cumplir con lo que corresponde, que es devolver a nuestros jubilados -que hoy son quienes más lo necesitan- lo que les corresponde después de muchos años de trabajo y que por políticas erróneas del gobierno nacional no pudieron cobrar. En el marco de las reparaciones históricas, creo que esta ley también nos tiene que llevar a terminar con otras inequidades del sistema. Y así como se está analizando y se están haciendo modificaciones profundas en cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en cuanto a los fondos que va a recaudar o a las aplicaciones que va a tener, creo que hay que terminar con las inequidades que significa el tratamiento, desde dos puntos de vista, a los Estados provinciales.
Hoy las provincias, en cuanto al sistema previsional, están divididas en aquellas que transfirieron la caja y aquellas que no transfirieron y han firmado convenios de armonización.
En ese sentido, creo que hay una gran discriminación. En el caso particular de la provincia de la que yo provengo, La Pampa, lamentablemente se ha acumulado una deuda muy importante con el Tesoro de la provincia, en cuanto a que no se ha abonado el déficit -acordado con el gobierno nacional- de las cajas previsionales, y no existe ninguna normativa que establezca plazos perentorios para acordar, resolver y pagar los déficit que soportan los estados provinciales.
Quiero marcar dos inequidades. La primera de ellas es la siguiente: a los jubilados que pertenecen a las cajas transferidas el Estado les destina el dinero todos los fines de mes, mientras que las provincias que soportan el pago de los jubilados de las cajas no transferidas cobran mucho tiempo después, o directamente no cobran. Muchas provincias, como la mía, no cobran, y seguramente tendrán que reclamar para que les paguen a valores actualizados, porque lo que se está discutiendo hoy es a valores históricos.
Esa inequidad se profundiza -y este tema lo trajo a colación el diputado Bossio- por los efectos del decreto 814/01, que crea un sistema de discriminación ya que las provincias que no transfirieron las cajas están aportando el 16 por ciento. Si bien es cierto que esto está en una controversia judicial, el resto de las provincias está haciendo un aporte de un 50 por ciento menos.
Por eso, señor presidente, hemos elaborado un texto para incorporar también este reconocimiento a las provincias que siempre han apoyado y que a su vez tienen una sustentabilidad económica financiera muy marcada, como la provincia de la que provengo, para que se zanje esta inequidad.
La segunda inequidad está relacionada con el tema de la pensión universal. Creo que tenemos que modificar el artículo que establece la pensión universal. Más allá de la cuestión semántica o de la discusión acerca de si las mujeres argentinas puedan acceder a este beneficio a partir de los 60 o los 65 años, hoy las mujeres argentinas tienen la posibilidad cierta de acceder al beneficio a los 60 años. Con esta norma le estamos transfiriendo ese beneficio a los 65 años, es decir que le estamos rompiendo la expectativa, a muchas personas que están llegando a esa edad, de poder jubilarse. Entiendo que estamos retrocediendo en la cuestión de identidad de género, pues estamos discriminando a la mujer argentina.
Creo que en este tema hay dos caminos: o bajamos a 60 años el piso de ingreso para las mujeres, o prorrogamos para ese segmento la vigencia de la ley de moratoria previsional que vence en septiembre.
Esas son las propuestas que nosotros tenemos.
La posición general de nuestro bloque la expuso claramente el diputado Bossio. Yo me dedicaré exclusivamente a dos cuestiones muy puntuales.
En su exposición inicial, los funcionarios nacionales que nos visitan hablaron de reparación histórica y de resolver inequidades a través de cumplir con lo que corresponde, que es devolver a nuestros jubilados -que hoy son quienes más lo necesitan- lo que les corresponde después de muchos años de trabajo y que por políticas erróneas del gobierno nacional no pudieron cobrar. En el marco de las reparaciones históricas, creo que esta ley también nos tiene que llevar a terminar con otras inequidades del sistema. Y así como se está analizando y se están haciendo modificaciones profundas en cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en cuanto a los fondos que va a recaudar o a las aplicaciones que va a tener, creo que hay que terminar con las inequidades que significa el tratamiento, desde dos puntos de vista, a los Estados provinciales.
Hoy las provincias, en cuanto al sistema previsional, están divididas en aquellas que transfirieron la caja y aquellas que no transfirieron y han firmado convenios de armonización.
En ese sentido, creo que hay una gran discriminación. En el caso particular de la provincia de la que yo provengo, La Pampa, lamentablemente se ha acumulado una deuda muy importante con el Tesoro de la provincia, en cuanto a que no se ha abonado el déficit -acordado con el gobierno nacional- de las cajas previsionales, y no existe ninguna normativa que establezca plazos perentorios para acordar, resolver y pagar los déficit que soportan los estados provinciales.
Quiero marcar dos inequidades. La primera de ellas es la siguiente: a los jubilados que pertenecen a las cajas transferidas el Estado les destina el dinero todos los fines de mes, mientras que las provincias que soportan el pago de los jubilados de las cajas no transferidas cobran mucho tiempo después, o directamente no cobran. Muchas provincias, como la mía, no cobran, y seguramente tendrán que reclamar para que les paguen a valores actualizados, porque lo que se está discutiendo hoy es a valores históricos.
Esa inequidad se profundiza -y este tema lo trajo a colación el diputado Bossio- por los efectos del decreto 814/01, que crea un sistema de discriminación ya que las provincias que no transfirieron las cajas están aportando el 16 por ciento. Si bien es cierto que esto está en una controversia judicial, el resto de las provincias está haciendo un aporte de un 50 por ciento menos.
Por eso, señor presidente, hemos elaborado un texto para incorporar también este reconocimiento a las provincias que siempre han apoyado y que a su vez tienen una sustentabilidad económica financiera muy marcada, como la provincia de la que provengo, para que se zanje esta inequidad.
La segunda inequidad está relacionada con el tema de la pensión universal. Creo que tenemos que modificar el artículo que establece la pensión universal. Más allá de la cuestión semántica o de la discusión acerca de si las mujeres argentinas puedan acceder a este beneficio a partir de los 60 o los 65 años, hoy las mujeres argentinas tienen la posibilidad cierta de acceder al beneficio a los 60 años. Con esta norma le estamos transfiriendo ese beneficio a los 65 años, es decir que le estamos rompiendo la expectativa, a muchas personas que están llegando a esa edad, de poder jubilarse. Entiendo que estamos retrocediendo en la cuestión de identidad de género, pues estamos discriminando a la mujer argentina.
Creo que en este tema hay dos caminos: o bajamos a 60 años el piso de ingreso para las mujeres, o prorrogamos para ese segmento la vigencia de la ley de moratoria previsional que vence en septiembre.
Esas son las propuestas que nosotros tenemos.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el diputado Kicillof.
SR. KICILLOF En primer lugar, agradezco a la gran cantidad de funcionarios que vinieron. Me parece que el hecho de que hayan tenido que venir tantos funcionarios de diferentes especialidades y áreas del gobierno marca lo que sería mi primer punto con respecto a nuestro análisis de esta ley, que tiene que ver -voy a empezar por ahí pero después voy a hacer más evaluaciones- con la reunión de hoy y los problemas que tiene esta reunión.
Nosotros recibimos las 91 páginas, con sus 94 artículos, el día de ayer, cuando hubo una sesión en la que nosotros estuvimos más o menos hasta las 10 de la noche, y otros hasta más tarde.
Esto quiere decir que es casi nula la posibilidad que tuvimos de analizar pormenorizadamente el texto de esta iniciativa.
Si bien voy a hacer algunos comentarios sobre algunos temas centrales y algunas preguntas puntuales, me parece que ese es el problema principal. En esa línea, pretender que nuestro bloque, u otro, elabore un dictamen para el día martes -como está previsto en el cronograma de trabajo- es básicamente obturar la posibilidad de debate, de discusión, de análisis. Incluso, hoy muchos compañeros que son de las provincias se están yendo y mañana no van a estar -recién el lunes empiezan a volver-, por lo que me parece imposible llegar a un dictamen el día martes. Estas son cuestiones internas de la Cámara. Pero creo que hay algo que ya es de mal gusto, y es que esta iniciativa vino con muchas sorpresas. Por ejemplo, en línea con lo mencionado por el señor diputado Gioja al comienzo, no sabíamos que el tema de las provincias iba a aparecer dentro del texto de esta ley. Esto nos causó cierta perplejidad.
A veces hubo paquetes de leyes. Creo que esta iniciativa, por los temas que abarca, es un paquete de leyes. Digamos que la han convertido en una especie de "ley paquete", donde han metido muchas cosas de diversas características y hay que hacer malabares para entender qué conexión tienen unas con otras.
Concretamente propongo, si quieren que trabajemos constructivamente, que separemos todo esto en cuatro leyes porque se trata de temas de diferentes especialidades, como lo marcan las diversas áreas de gobierno. Hay temas financieros, otros relacionados con el sistema impositivo y con el sistema previsional -que no es exactamente lo mismo-, y cuestiones complicadas que tienen que ver con el lavado de activos.
Creo que hay que separarlos en cuatro leyes. Estas son cuatro leyes distintas. Hay algunas que nos resultan más simpáticas. Pero también está el siguiente problema: creo que esto tiene una finalidad política. Pareciera que la cuestión de pagarle a los jubilados -con la que por supuesto estamos todos de acuerdo- fuera el mascarón de proa para otras cosas que son difíciles de discutir y menos fáciles de explicar a la opinión pública.
De hecho, en la exposición de los funcionarios hay aspectos de esta ley que no se mencionaron, como si fuesen secundarios. Hay importantes cambios de reforma impositiva. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la ganancia mínima presunta y el que yo llamaría "a las rentas financieras", que en la norma aparece como contrabandeado porque no se había planteado como un tema a discutir ahora y porque no ha sido expuesto por los funcionarios; la verdad es no se explica por qué aparece en este proyecto de ley.
Si ustedes quieren hacer una reforma fiscal, una reforma previsional, un blanqueo a cero de todos los bienes que se encuentran en el extranjero, me parece que son temas a discutir, pero no se pueden incluir todos en un solo proyecto de ley, en términos de técnica legislativa. En términos políticos, parece muy evidente lo de poner una ley simpática sumada a muchas que son simplemente regresivas.
Sé que muchos piensan ideológicamente -por eso no lo digo en forma peyorativa- que perdonarle impuestos a los ricos es lo mejor que podemos hacer porque después viene la inversión, la seguridad jurídica, los capitales y el derrame. Conozco bien esa teoría, no la comparto para nada, pero la verdad es que hay que explicarles a quienes nos votaron qué es lo que se está decidiendo en esta ley.
Insisto, no me parece buena idea presentar las cuatro cuestiones juntas: un blanqueo, que es todo un tema; un cambio en el sistema previsional, que se hará ya y no en el futuro, porque hay un cambio ahora en el sistema previsional y lo quiero marcar; una reforma tributaria, que entiendo regresiva en todos sus puntos, o sea, a favor de los ricos y en contra de los pobres; y una moratoria impositiva, tema que también planteó el señor Abad. Esto no significa que yo esté en contra. Lo que digo es: planteémoslo en su debido tiempo, discutámoslo un poco más en profundidad y por separado, y no creamos que esto tiene sentido como una sola ley; ni siquiera sé si lo tiene como un paquete de leyes. Seguramente que como "ley paquete" no lo tiene. Es un revuelto gramajo de cosas que han aparecido y que han puesto allí porque son necesidades del gobierno, pero no nos pueden imponer ese cronograma a los legisladores.
Con respecto a la devolución a las provincias, creo que el señor diputado preopinante hizo una especie de malabarismo para explicar que una cuestión que claramente tiene que ver con la coparticipación puede estar incluida en una norma que se vendió como una ley para mejorar la situación de los jubilados pero que venía con un blanqueo, que tampoco sabemos.
Ahora voy a formular preguntas más concretas. Hay miles de preguntas sobre cada punto.
Tal como se lo mencioné ayer al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -aunque no formalmente-, me parece que convocarnos a esta reunión a un día de haberse presentado este proyecto de ley -cuando encima cuando hubo una extensa sesión en el recinto- para discutirlo, el cual contiene 94 artículos sobre temas muy diversos, impide que podamos sacar el jugo a todos los funcionarios que gentilmente han venido aquí a dedicarnos su tiempo.
No podemos -como ya ha ocurrido- hacer más que declamaciones por lo que pensamos, que no podemos dejar de hacer por la sorpresa que nos causó ver el texto de la norma. Esta última no habla de lo que dijeron, o lo dice distinto, y además se agregaron mil cosas. Me parece que acá se da la situación de que para la opinión pública estamos haciendo otra cosa distinta de lo que en realidad estamos discutiendo acá.
Voy a ir punto por punto para ser sucinto. Empiezo por el tema del blanqueo. En los medios se ha dicho: "Claro, el kirchnerismo hizo tantos blanqueos..." Quiero dejar en claro que nosotros sancionamos leyes que eran -para llamarlas más precisamente- de repatriación de capitales. O sea, si alguien había llevado capitales al exterior y no los había declarado impositivamente, les decíamos "Señor: tráigalos, y contra el hecho de traerlos, nosotros vamos a hacer un esfuerzo en términos de lo que se llama exteriorización con perdón fiscal o con blanqueo".
Ahora me explico cómo se habla de esas cifras extraordinarias -de 60.000, 20.000, 30.000- a blanquear. Se ha tirado cualquier tipo de cifra, con nombre y apellido de funcionarios del gobierno. El problema es que se va a blanquear pero no va a venir ni un mango de eso. Eso nunca ocurrió antes. Por eso no es comparable con ninguna de las situaciones anteriores.
Para que se entienda mejor: si alguien tiene una mansión en Miami, la blanquea pero no trae la mansión ni la plata; teóricamente, paga un impuesto. Claro, sería muy difícil obligarlo a vender. Pero creo que a este señor que ha incumplido las normas y ha fugado capitales para invertirlos en el exterior no le podemos dar el mismo tratamiento que a aquel que trae los capitales a la Argentina para una inversión de cualquier tipo.
Me parece que son dos cosas distintas: el blanqueo es una cosa y la repatriación es otra. Esto es un pedacito de repatriación pero básicamente es un perdón, una amnistía, a todo tipo de evasor fiscal, con todo tipo de propósito y en todo tipo de activo. Entonces, ese señor que viene y declara una mansión en Miami -y aclaro al señor Abad que realmente desconozco el tema de la tasación de bienes en el exterior, pero sé que es muy complejo- paga apenas un 10 por ciento del valor tasado -que encima nos costará comprobar si es el correcto-; y en el combo de medidas, bajo el título "reforma impositiva", están diciendo que no se cobrará más el impuesto a los bienes personales, o que habrá un cronograma progresivo de reducción de dicho impuesto.
El impuesto a los bienes personales es uno de los más progresivos de nuestro sistema impositivo. Podemos discutir el diseño, la captación, la evasión, pero nadie duda de que es un impuesto a la riqueza.
Otro tema que nadie mencionó pero que me parece importante es el siguiente. Permanentemente se dice "Bueno, acá se cobra IVA pero no se cobra el impuesto a la renta financiera". Si mal no recuerdo, había un proyecto del señor diputado Massa sobre el impuesto a la renta financiera que proponía gravar el cobro de dividendos y las transacciones con acciones. Esto es lo que se llama "rentas financieras". Otra cosa distinta o más dificultosa es gravar los depósitos -por ejemplo, los plazos fijos y otros instrumentos financieros-, porque ya iría contra el ahorro.
Hay muchas cosas para discutir. Pero la verdad es que si hay algo progresivo es gravar la renta financiera. Acá se saca el impuesto a la renta financiera. ¿Cómo es esta reforma impositiva? Sacamos el impuesto a los bienes personales, a la renta financiera y a la ganancia mínima presunta. ¿Por qué? ¿Cuándo lo discutimos? ¿Cuándo nos pusimos tan liberales en este Congreso como para sacar todos los impuestos progresivos? Esto se hace con el discurso de darles más a los pobres. Resulta que ahora vamos a sacar uno de los pocos impuestos.
Si quieren lo discutimos, pero no contrabandeado en el argumento de que le vamos a pagar más a los jubilados, que además no tiene absolutamente nada que ver. Creo que hay un elemento de blanqueo que es muy para los ricos, muy para los que fugaron divisas y muy generalizado en cuanto al tipo de bienes. Podemos hablar sobre las tasas, pero creo que nunca existió esto de blanquear las propiedades y los activos que quedan en el exterior. Me parece que no hay muchos precedentes, pero no lo sé.
Estoy de acuerdo con la repatriación de capitales, pero no con el tema de blanquear propiedades en el exterior y pagar una cifra insignificante. Como sabe muy bien el señor Abad, la tasación de bienes inmuebles en el exterior es muy difícil de constatar -como pasa acá-, ya sea tomando el valor que figura en la escritura, el de la construcción u otro. Realmente se plantean muchos problemas a la hora de tasar un inmueble. ¿Pero vamos a dejar que ese señor blanquee una mansión y que pague no sé cuánta plata con respecto a no sé qué precio, y después le sacamos el impuesto a los bienes personales? ¿Qué beneficio tenemos?
Yo sé qué beneficios tiene el señor que blanquea una mansión en Miami, o que tiene una empresa en un paraíso fiscal que es dueña de una mansión en Miami. Esa persona sabe lo que le va a pasar: le van a detectar el bien y no lo va a poder explicar. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si quiere blanquearlo, que venga y enfrente la situación. En todo caso, podemos hablar de los punitorios. Pero que pague todo. Como dije antes, esa persona no está trayendo ni el inmueble ni la plata, y además le vamos a perdonar el impuesto a los bienes personales porque es la única forma de captarlo. Esto es realmente una amnistía absoluta a la que no le encuentro el sentido, y está metida dentro de esta reforma.
Por otro lado, me gustaría saber qué parte de esos 30.000 millones de bienes que están afuera -que no van a pagar nada o van a pagar una sola vez- quedarán blanqueados sin venir nunca a la Argentina ni beneficiar a ningún argentino, salvo al dueño que se llevó la plata y la invirtió en otro lugar. En este sentido, quisiera saber por qué, para qué, qué ganamos, cuáles son los flujos previstos. Algunos comparaban esto con los CEDIN del gobierno anterior y decían: "Trajeron 3.000, 4.000 o 6.000, pero ahora van a venir 60.000". ¿Van a venir? ¿A dónde? ¿Cuánto van a pagar? ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Cuál es la tasación, sobre la base de los 400.000, de lo que va a venir?
La verdad es que no sabemos cuánto va a venir, cuánto no, cuánto van a pagar. Por eso, solicitamos alguna estimación; si no, nos va a resultar difícil explicar a nuestra base electoral por qué permitimos que una persona que se llevó el dinero afuera, invirtiéndolo en una propiedad que no declaró nunca -siguiendo con el ejemplo anterior-, pague por única vez una cifra que dice que es el 10 por ciento del valor de esa propiedad, cosa que nunca podremos comprobar, y no tribute nunca más porque tiene una tasa declinante.
Otro capítulo es: ¿por qué vamos a sacar el impuesto a los bienes personales? Nunca lo discutimos. Creo que es una de las cosas estructurales más importantes de esta reforma y pasó contrabandeado en "Vamos a pagarle a los jubilados". Entiendo que el diputado Bossio no sea experto en blanqueo, pero esto es muy distinto a todos los blanqueos que veníamos viendo; esto es blanquear cualquier cosa y además bajar el impuesto a los bienes personales. Me parece que hay opiniones para dar sobre lo que figura en este proyecto.
Asimismo, quiero referirme a las exclusiones. Al principio el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas dijo que también iban a poder hacerlo los funcionarios. Yo también remito al blanqueo de 2013: eran los funcionarios de los tres poderes, en términos generales -y nosotros vamos a defender esa posición-, pero también los parientes con algún grado de consanguinidad. De lo contrario, ya todos sabemos lo que pasa: que una propiedad puede estar a nombre de la esposa o de algún hijo. No tiene sentido referirse solo a la propiedad "del funcionario", porque sería muy escueta la prohibición. Alguna diputada de la oposición propuso incluir también a los contratistas del Estado. Adelante, adelante.
Me parece que esto de poner los nombres de los que presentan en la OA no resuelve el problema de que esto no beneficie a funcionarios o ex funcionarios que ya están teniendo causas por bienes que no sabemos si están declarados o no. Parece que ahora los vamos a dejar blanquear. Entiendo que políticamente no corresponde a ninguno de los que estamos acá votar algo semejante.
Además, pregunto: ¿por qué el corte? ¿Por qué antes nada, ahora un poquito, y por qué no lo que habitualmente se pone en los blanqueos? ¿Qué están pensando? Si lo entendemos, lo podemos discutir. Si es simplemente una ley que cae así, bueno. Nos genera todas las dudas. Después, la suspicacia es obvia. No entendemos por qué, sobre todo cuando hay causas y filtraciones internacionales. Esto es parte de lo que dice el señor Abad, que están cercando a quienes tienen bienes no declarados en el exterior. Yo diría "en algunos lugares" del exterior, porque esto no pasa en los paraísos que mantienen tanto Estados Unidos como Inglaterra, que no creo que abran nunca. Esta es mi opinión. Más allá de que se quiera avanzar -y yo participé de ese tipo de reuniones-, uno choca con Estados Unidos, que dice que no le toquen Nevada ni ninguno de sus paraísos fiscales. Lo mismo ocurre con la City de Londres, que es un gran paraíso fiscal. Por eso, no estoy tan seguro de la compulsión a blanquear que va a tener la gente.
Por lo tanto, quiero saber concretamente cuál es la estimación y por qué se excluye a los familiares y a otros poderes. También les quiero preguntar cuánto dinero estiman que va a volver según las estimaciones de propiedades en Miami que hay hechas. En otras palabras, ¿cuánto dinero le va a traer a los argentinos que esa persona se saque el problema de encima? Me parece un costo muy bajo para esa persona y una ganancia muy baja para nosotros.
Con respecto al sistema previsional voy a señalar un par de puntos nada más porque el diputado Bossio estuvo planteando las cuestiones más técnicas y con números bastante actualizados, que comparto y que nos iluminaron. Pero lo que yo quiero decir es que me parece que ya hay un intento de desgranar el sistema previsional que tenemos fuera de la comisión que lo va a ir a ver.
El primer punto es el de las sentencias en firme. Lo que se les ofrece es menos. ¿Estamos de acuerdo con que se les pague? Sí. ¿Nosotros lo pagábamos? Sí. Tiene un flujo de pago y un flujo de entrada de sentencias. Hacer todo junto puede tener una ventaja, pero hay que ver la sostenibilidad fiscal. Yo quiero ver algún ejercicio de sostenibilidad fiscal de un gobierno que anda recorriendo el mundo diciendo que tiene un problema presupuestario tremendo, que ya tiene un déficit, que no puede poner un "mango" acá o un "mango" allá por el estado de las cuentas. Este es el discurso permanente.
Y ahora aparece, en buena hora, una medida que va a beneficiar a un sector social, o a una parte; no a los que cobran la mínima sino a aquellos que tienen sentencia. Está bien. Pero ahora, ¿cuál es el ejercicio de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, previsional? Porque si esto nos conduce a una crisis, tenemos que estudiarlo un poco más, porque ya tuvimos crisis y emergencias donde no se podía pagar las jubilaciones. Vamos a ver cómo es. No digo que no, pero es responsabilidad de los funcionarios. Quiero ver el flujo de los próximos cuatro años con las estimaciones que traen. Quiero conocer cómo se va a financiar. Quiero ver qué va a pasar con esto y quiero ver cuáles son los escenarios posibles.
Con respecto al pago de las sentencias adeudadas, se quieren pagar más rápido de lo que veníamos haciendo. Enhorabuena que así sea. Bossio pagó 42 mil millones, que es un montón. ¿Quieren pagar más y todo junto? Perfecto. Entonces, háganlo. No hace falta una ley. Mañana se pueden pagar las sentencias firmes todas juntas. Un poco en la línea de él, porque además con cláusulas especiales puestas por ley y con los derechos constitucionales del artículo 14 bis y todo lo que tiene que ver con estos haberes, la verdad es que tiene litigiosidad. No quiero ser agorero, pero si le cambiamos la fórmula de lo que dijo la Corte, de que ya es un derecho adquirido con sentencia firme, seguro que a alguno se le va a ocurrir litigar. Entonces, la verdad es que no le veo la ventaja. Pagar las sentencias en firme, ya está. Ofrecer acuerdos a los que no tienen sentencia firme, puede ser una solución; veamos los términos.
Lo que sí me llama la atención es que hoy, después de las moratorias, tenemos una cobertura previsional altísima: de más del 97 por ciento, una de las mejores del continente. Esto significa que todas las personas en edad de jubilarse están jubiladas, menos el 2 por ciento. ¿Con qué sistema? El de la moratoria. ¿Qué es el sistema de la moratoria y por qué yo digo que está muy mal tratar de romperlo con este nuevo método de una pensión, por rentas generales? Nosotros le queremos reconocer la jubilación, aunque sea la mínima. La moratoria fue una forma de hacerlo. Lo que estamos presentando ahora no es mejor; es peor. Es mejor una moratoria. La moratoria le da el haber mínimo y el derecho previsional de la herencia del jubilado para el que queda pensionado. Este sistema no se lo da. Para colmo, subimos la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años. Es una pésima noticia para los futuros jubilados que no han podido hacer los aportes.
Tal vez la diferencia es que para algunos eso es una inversión, donde corresponde darles ese derecho, y entonces tienen que tener una jubilación, pues no aportaron pero no porque no quisieron hacerlo sino por temas económicos, o macroeconómicos -como ocurrió en los 90-, de desempleo, de economía informal. Simplemente se les permite pagar lo que adeudaban y después cobran una jubilación como todos. Si no, rompemos la integralidad y creamos jubilados de primera y de segunda: los que tienen el derecho a jubilarse por haber hecho los aportes y los que van a recibir una pensión.
Nosotros entendemos que el problema de no hacer los aportes no se le puede atribuir al jubilado; se le debe atribuir al sistema económico. Entonces, que no lo pague el jubilado con un descuento del 20 por ciento.
Me parece que ya es una reforma previsional que rompe la universalidad que tanto se buscó, que llegó a 3 millones, que fue exitosa, que está y que es sostenible. Me pregunto si con esto queda sostenible. Pero ahora lo contestarán porque justamente es la segunda pregunta: la sostenibilidad de este sistema, los flujos de fondo para adelante.
Con respecto a la reforma tributaria, informo a los señores diputados -para el que no lo pudo estudiar en detalle- que acá se plantea sacar el impuesto a los bienes personales. Si bien esta discusión la podemos dar, creo que es una discusión de fondo de nuestro sistema tributario. Cuando yo era ministro, me preguntaron mil veces: ¿por qué en lugar de pagar esto con el impuesto a la cuarta categoría no se paga con el impuesto a las rentas financieras?
Resulta que creamos el impuesto a la renta financiera y hoy el gobierno de Cambiemos lo quiere anular. Expliquen por qué, cuál es el problema. ¿Van a traer inversiones? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quiere sacar el impuesto al pago de dividendos? Alguien me habló de doble imposición. Bueno, pero ya lo votó este Congreso. Metido en "vamos a pagarle más a los jubilados", se lleva a este Congreso a sacar el impuesto a los dividendos, que ya está consolidado en la Argentina.
Otra cuestión que tampoco entiendo es que no pagan impuesto a las ganancias las ganancias producidas por tenencias de divisas en el exterior, declaradas o blanqueadas, por la diferencia de cambio. O sea, si una persona se llevó la plata afuera, la dejó en dólares y obtuvo una ganancia por la diferencia de cambio, no paga impuesto a las ganancias. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta benevolencia? Explíquenlo, por lo menos. Me parece que este tema da para discutir. Sin embargo, ni siquiera fue mencionado en la exposición de hoy. ¿Y pretenden que elaboremos un dictamen para el martes?
Por otro lado, se deroga el impuesto a la ganancia mínima presunta; esto va a ocurrir en 2019, pero la votamos hoy. Advierto que el impuesto a los bienes personales es coparticipable, o sea que le estamos detrayendo ingresos a las provincias. En 2015, por este impuesto se recaudaron 18 mil millones de pesos, de los cuales 9 mil estaban destinados a las provincias. O sea que les están sacando el 3 por ciento que se devuelve por lo que ya se firmó, que serán unos 12 mil o 15 mil; no lo recuerdo exactamente.
De manera que hay muchos temas para discutir. Uno de ellos es la moratoria impositiva. Se podría hacer mediante una resolución, pero me parece bien que esté en una ley. Pero no es lo mismo que el blanqueo y no es lo mismo que pagarle a los jubilados. No va a los jubilados. Es otro rubro. No estamos discutiendo el pago a los jubilados. Estamos fragmentando el sistema de jubilación.
Se habla de "sinceramiento". Si un tipo tiene una casa o una mansión en Miami, o cuentas en paraísos fiscales, ¿de qué "sinceramiento" estamos hablando? Yo a eso no lo llamo un sinceramiento. Si es un blanqueo, es un blanqueo. Y menos todavía debemos dar impunidad a la fuga, porque sabemos que no va a pagar o va a pagar muy poco. Quiero un cálculo concreto de cuánto va a pagar alguien que tiene una propiedad afuera -si queremos hacerlo y lo aceptamos así-, y si es un precio razonable para tal beneficio. Coincido con Abad: si pescan a esa persona sin poder explicar qué hace con una mansión allí, va a tener serios problemas con la Justicia norteamericana y no va a poder explicarlo. Nosotros le damos el carnet, ¿pero cuánto le cobramos?
Siguiendo con los nombres, también se habla de "reparación histórica" de las jubilaciones. Como decía el diputado Bossio, no es una reparación histórica. Si es pago de sentencias, éstas se venían pagando. Las sentencias no tienen que ver con eso. Es al revés: se arreglaron, era un tema precedente. No está puesto -y me parece bien- como la pesada herencia de la década pasada. Pero creo que tampoco es una reparación histórica.
Desde mi punto de vista, rompe el sistema previsional de reparto, solidario y público que logramos conseguir después de la estatización de las AFJP y la movilidad jubilatoria, que llevó mucho tiempo porque las habían privatizado y congelado durante toda la década del 90; pero no por otra cosa.
Entonces, creo que no es correcto hablar de "sinceramiento" ni de "reparación histórica". Me parece que estos términos tienen que ver con el marketing, es decir, con la publicidad y venta de este proyecto, pero no tienen nada que ver con el contenido. Hay muchas cuestiones que no aparecen, que son fuleras o pesadas, y deberíamos darnos más tiempo para discutirlas.
Por último, se habla de liquidar las acciones o liquidar activos del FGS. Ahí hay una cuestión ideológica también. El señor Quintana decía que ningún administrador de fondos va a querer administrar un fondo que tiene algún activo que no es líquido. Estoy de acuerdo. Pero un administrador de un fondo privado, que vaya y administre un fondo privado. El FGS es un fondo público, y sus acciones constituyen un activo estratégico, tal como fue discutido y votado en esta Cámara.
Vender las acciones de empresas privadas del FGS es privatizar la tenencia; es un camino a la privatización. Por ejemplo, si vendemos las acciones de Siderar o del Banco Macro, se está privatizando propiedad del Estado; hoy es propiedad. Y con derechos políticos, también. Hubo una discusión sobre los derechos políticos, y para mí está bien, pero no porque lo haya hecho el kirchnerismo, el gobierno anterior. Lo hacen Francia, España y un montón de países esto de tener participaciones en sociedades privadas para generar sinergia entre lo privado y lo público. Y así funcionó. Lo han dicho todos los dueños de empresas privadas: que en todas las empresas donde fueron directores había acciones del Estado.
Un caso resonante fue el de Techint, del que fui protagonista. Había un conflicto porque no quería directores del Estado, pero después todo funcionó bien -eso declararon por todos lados- porque no hubo problemas.
El Estado le reclamaba más inversiones a Siderar y la colada continua que inauguró dicha empresa la hizo a instancias de los directores del Estado, lo cual está bien.
Si ustedes quieren traer empresas a invertir, tenemos propiedad de esas acciones, yo diría: si quieren comprar más y poner directores, estoy de acuerdo; pero si desean vender, están privatizando. Y no sé -lo tengo que estudiar mejor- si esto no abre el camino para privatizar otras tenencias accionarias, porque en YPF tenemos el 51 por ciento. Entonces, quisiera verlo bien.
Creo que es una privatización encubierta dentro de esta ley. No estoy chicaneando. Algunos están de acuerdo con privatizar algunas cosas. Yo no, y nuestra fuerza política tampoco. Por lo tanto, que aparezca acá el tema del FGS también es un problema grave.
Tampoco están hechas las estimaciones de ingresos y las estimaciones de costos del sistema. O sea que decir que una cosa va a pagar la otra es una forma demasiado ligera de explicar esta decisión, por no decir venderla. La verdad es que no lo sabemos. Yo les pregunto sinceramente si se sentaron a hacer las estimaciones, si tienen los números y si los pueden compartir.
Por último, solicito a los presidentes de ambas comisiones que no nos pidan un dictamen para el martes. Algunos estarán de acuerdo con mis expresiones; otros recién se enteran porque no pudieron leer el proyecto de ley. No vamos a tener oportunidad de preguntar a los funcionarios, con detalle, sobre todas estas cuestiones que acabo de plantear, y cada una de ellas debería estar contemplada en una ley por separado y no en un paquete. Por ejemplo, una reforma impositiva es una ley que va por un lado. Una moratoria impositiva es otro bicho distinto. La cuestión del FGS es otra cosa distinta, al igual que la devolución a las provincias.
Para empezar -y refuerzo las palabras del diputado Gioja-, saquemos de este proyecto el tema de la devolución a las provincias y mandémoslo por el Senado. De los cinco temas distintos que están contenidos en este proyecto de ley, saquemos rápidamente esa cuestión; si no, vamos a estar discutiendo eso también acá y va a empiojar la discusión de lo que ustedes quieren discutir, que es el pago a los jubilados.
El tema del pago a los jubilados lo podemos discutir: lo de la prestación, lo de la pensión, en qué términos. No estamos de acuerdo pero lo vamos a discutir para ver si se puede cambiar; de no ser así, intentaremos que no se sancione. Pero, reitero, no pongamos cinco leyes distintas en una. (Aplausos.)
Nosotros recibimos las 91 páginas, con sus 94 artículos, el día de ayer, cuando hubo una sesión en la que nosotros estuvimos más o menos hasta las 10 de la noche, y otros hasta más tarde.
Esto quiere decir que es casi nula la posibilidad que tuvimos de analizar pormenorizadamente el texto de esta iniciativa.
Si bien voy a hacer algunos comentarios sobre algunos temas centrales y algunas preguntas puntuales, me parece que ese es el problema principal. En esa línea, pretender que nuestro bloque, u otro, elabore un dictamen para el día martes -como está previsto en el cronograma de trabajo- es básicamente obturar la posibilidad de debate, de discusión, de análisis. Incluso, hoy muchos compañeros que son de las provincias se están yendo y mañana no van a estar -recién el lunes empiezan a volver-, por lo que me parece imposible llegar a un dictamen el día martes. Estas son cuestiones internas de la Cámara. Pero creo que hay algo que ya es de mal gusto, y es que esta iniciativa vino con muchas sorpresas. Por ejemplo, en línea con lo mencionado por el señor diputado Gioja al comienzo, no sabíamos que el tema de las provincias iba a aparecer dentro del texto de esta ley. Esto nos causó cierta perplejidad.
A veces hubo paquetes de leyes. Creo que esta iniciativa, por los temas que abarca, es un paquete de leyes. Digamos que la han convertido en una especie de "ley paquete", donde han metido muchas cosas de diversas características y hay que hacer malabares para entender qué conexión tienen unas con otras.
Concretamente propongo, si quieren que trabajemos constructivamente, que separemos todo esto en cuatro leyes porque se trata de temas de diferentes especialidades, como lo marcan las diversas áreas de gobierno. Hay temas financieros, otros relacionados con el sistema impositivo y con el sistema previsional -que no es exactamente lo mismo-, y cuestiones complicadas que tienen que ver con el lavado de activos.
Creo que hay que separarlos en cuatro leyes. Estas son cuatro leyes distintas. Hay algunas que nos resultan más simpáticas. Pero también está el siguiente problema: creo que esto tiene una finalidad política. Pareciera que la cuestión de pagarle a los jubilados -con la que por supuesto estamos todos de acuerdo- fuera el mascarón de proa para otras cosas que son difíciles de discutir y menos fáciles de explicar a la opinión pública.
De hecho, en la exposición de los funcionarios hay aspectos de esta ley que no se mencionaron, como si fuesen secundarios. Hay importantes cambios de reforma impositiva. Por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la ganancia mínima presunta y el que yo llamaría "a las rentas financieras", que en la norma aparece como contrabandeado porque no se había planteado como un tema a discutir ahora y porque no ha sido expuesto por los funcionarios; la verdad es no se explica por qué aparece en este proyecto de ley.
Si ustedes quieren hacer una reforma fiscal, una reforma previsional, un blanqueo a cero de todos los bienes que se encuentran en el extranjero, me parece que son temas a discutir, pero no se pueden incluir todos en un solo proyecto de ley, en términos de técnica legislativa. En términos políticos, parece muy evidente lo de poner una ley simpática sumada a muchas que son simplemente regresivas.
Sé que muchos piensan ideológicamente -por eso no lo digo en forma peyorativa- que perdonarle impuestos a los ricos es lo mejor que podemos hacer porque después viene la inversión, la seguridad jurídica, los capitales y el derrame. Conozco bien esa teoría, no la comparto para nada, pero la verdad es que hay que explicarles a quienes nos votaron qué es lo que se está decidiendo en esta ley.
Insisto, no me parece buena idea presentar las cuatro cuestiones juntas: un blanqueo, que es todo un tema; un cambio en el sistema previsional, que se hará ya y no en el futuro, porque hay un cambio ahora en el sistema previsional y lo quiero marcar; una reforma tributaria, que entiendo regresiva en todos sus puntos, o sea, a favor de los ricos y en contra de los pobres; y una moratoria impositiva, tema que también planteó el señor Abad. Esto no significa que yo esté en contra. Lo que digo es: planteémoslo en su debido tiempo, discutámoslo un poco más en profundidad y por separado, y no creamos que esto tiene sentido como una sola ley; ni siquiera sé si lo tiene como un paquete de leyes. Seguramente que como "ley paquete" no lo tiene. Es un revuelto gramajo de cosas que han aparecido y que han puesto allí porque son necesidades del gobierno, pero no nos pueden imponer ese cronograma a los legisladores.
Con respecto a la devolución a las provincias, creo que el señor diputado preopinante hizo una especie de malabarismo para explicar que una cuestión que claramente tiene que ver con la coparticipación puede estar incluida en una norma que se vendió como una ley para mejorar la situación de los jubilados pero que venía con un blanqueo, que tampoco sabemos.
Ahora voy a formular preguntas más concretas. Hay miles de preguntas sobre cada punto.
Tal como se lo mencioné ayer al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda -aunque no formalmente-, me parece que convocarnos a esta reunión a un día de haberse presentado este proyecto de ley -cuando encima cuando hubo una extensa sesión en el recinto- para discutirlo, el cual contiene 94 artículos sobre temas muy diversos, impide que podamos sacar el jugo a todos los funcionarios que gentilmente han venido aquí a dedicarnos su tiempo.
No podemos -como ya ha ocurrido- hacer más que declamaciones por lo que pensamos, que no podemos dejar de hacer por la sorpresa que nos causó ver el texto de la norma. Esta última no habla de lo que dijeron, o lo dice distinto, y además se agregaron mil cosas. Me parece que acá se da la situación de que para la opinión pública estamos haciendo otra cosa distinta de lo que en realidad estamos discutiendo acá.
Voy a ir punto por punto para ser sucinto. Empiezo por el tema del blanqueo. En los medios se ha dicho: "Claro, el kirchnerismo hizo tantos blanqueos..." Quiero dejar en claro que nosotros sancionamos leyes que eran -para llamarlas más precisamente- de repatriación de capitales. O sea, si alguien había llevado capitales al exterior y no los había declarado impositivamente, les decíamos "Señor: tráigalos, y contra el hecho de traerlos, nosotros vamos a hacer un esfuerzo en términos de lo que se llama exteriorización con perdón fiscal o con blanqueo".
Ahora me explico cómo se habla de esas cifras extraordinarias -de 60.000, 20.000, 30.000- a blanquear. Se ha tirado cualquier tipo de cifra, con nombre y apellido de funcionarios del gobierno. El problema es que se va a blanquear pero no va a venir ni un mango de eso. Eso nunca ocurrió antes. Por eso no es comparable con ninguna de las situaciones anteriores.
Para que se entienda mejor: si alguien tiene una mansión en Miami, la blanquea pero no trae la mansión ni la plata; teóricamente, paga un impuesto. Claro, sería muy difícil obligarlo a vender. Pero creo que a este señor que ha incumplido las normas y ha fugado capitales para invertirlos en el exterior no le podemos dar el mismo tratamiento que a aquel que trae los capitales a la Argentina para una inversión de cualquier tipo.
Me parece que son dos cosas distintas: el blanqueo es una cosa y la repatriación es otra. Esto es un pedacito de repatriación pero básicamente es un perdón, una amnistía, a todo tipo de evasor fiscal, con todo tipo de propósito y en todo tipo de activo. Entonces, ese señor que viene y declara una mansión en Miami -y aclaro al señor Abad que realmente desconozco el tema de la tasación de bienes en el exterior, pero sé que es muy complejo- paga apenas un 10 por ciento del valor tasado -que encima nos costará comprobar si es el correcto-; y en el combo de medidas, bajo el título "reforma impositiva", están diciendo que no se cobrará más el impuesto a los bienes personales, o que habrá un cronograma progresivo de reducción de dicho impuesto.
El impuesto a los bienes personales es uno de los más progresivos de nuestro sistema impositivo. Podemos discutir el diseño, la captación, la evasión, pero nadie duda de que es un impuesto a la riqueza.
Otro tema que nadie mencionó pero que me parece importante es el siguiente. Permanentemente se dice "Bueno, acá se cobra IVA pero no se cobra el impuesto a la renta financiera". Si mal no recuerdo, había un proyecto del señor diputado Massa sobre el impuesto a la renta financiera que proponía gravar el cobro de dividendos y las transacciones con acciones. Esto es lo que se llama "rentas financieras". Otra cosa distinta o más dificultosa es gravar los depósitos -por ejemplo, los plazos fijos y otros instrumentos financieros-, porque ya iría contra el ahorro.
Hay muchas cosas para discutir. Pero la verdad es que si hay algo progresivo es gravar la renta financiera. Acá se saca el impuesto a la renta financiera. ¿Cómo es esta reforma impositiva? Sacamos el impuesto a los bienes personales, a la renta financiera y a la ganancia mínima presunta. ¿Por qué? ¿Cuándo lo discutimos? ¿Cuándo nos pusimos tan liberales en este Congreso como para sacar todos los impuestos progresivos? Esto se hace con el discurso de darles más a los pobres. Resulta que ahora vamos a sacar uno de los pocos impuestos.
Si quieren lo discutimos, pero no contrabandeado en el argumento de que le vamos a pagar más a los jubilados, que además no tiene absolutamente nada que ver. Creo que hay un elemento de blanqueo que es muy para los ricos, muy para los que fugaron divisas y muy generalizado en cuanto al tipo de bienes. Podemos hablar sobre las tasas, pero creo que nunca existió esto de blanquear las propiedades y los activos que quedan en el exterior. Me parece que no hay muchos precedentes, pero no lo sé.
Estoy de acuerdo con la repatriación de capitales, pero no con el tema de blanquear propiedades en el exterior y pagar una cifra insignificante. Como sabe muy bien el señor Abad, la tasación de bienes inmuebles en el exterior es muy difícil de constatar -como pasa acá-, ya sea tomando el valor que figura en la escritura, el de la construcción u otro. Realmente se plantean muchos problemas a la hora de tasar un inmueble. ¿Pero vamos a dejar que ese señor blanquee una mansión y que pague no sé cuánta plata con respecto a no sé qué precio, y después le sacamos el impuesto a los bienes personales? ¿Qué beneficio tenemos?
Yo sé qué beneficios tiene el señor que blanquea una mansión en Miami, o que tiene una empresa en un paraíso fiscal que es dueña de una mansión en Miami. Esa persona sabe lo que le va a pasar: le van a detectar el bien y no lo va a poder explicar. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si quiere blanquearlo, que venga y enfrente la situación. En todo caso, podemos hablar de los punitorios. Pero que pague todo. Como dije antes, esa persona no está trayendo ni el inmueble ni la plata, y además le vamos a perdonar el impuesto a los bienes personales porque es la única forma de captarlo. Esto es realmente una amnistía absoluta a la que no le encuentro el sentido, y está metida dentro de esta reforma.
Por otro lado, me gustaría saber qué parte de esos 30.000 millones de bienes que están afuera -que no van a pagar nada o van a pagar una sola vez- quedarán blanqueados sin venir nunca a la Argentina ni beneficiar a ningún argentino, salvo al dueño que se llevó la plata y la invirtió en otro lugar. En este sentido, quisiera saber por qué, para qué, qué ganamos, cuáles son los flujos previstos. Algunos comparaban esto con los CEDIN del gobierno anterior y decían: "Trajeron 3.000, 4.000 o 6.000, pero ahora van a venir 60.000". ¿Van a venir? ¿A dónde? ¿Cuánto van a pagar? ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Cuál es la tasación, sobre la base de los 400.000, de lo que va a venir?
La verdad es que no sabemos cuánto va a venir, cuánto no, cuánto van a pagar. Por eso, solicitamos alguna estimación; si no, nos va a resultar difícil explicar a nuestra base electoral por qué permitimos que una persona que se llevó el dinero afuera, invirtiéndolo en una propiedad que no declaró nunca -siguiendo con el ejemplo anterior-, pague por única vez una cifra que dice que es el 10 por ciento del valor de esa propiedad, cosa que nunca podremos comprobar, y no tribute nunca más porque tiene una tasa declinante.
Otro capítulo es: ¿por qué vamos a sacar el impuesto a los bienes personales? Nunca lo discutimos. Creo que es una de las cosas estructurales más importantes de esta reforma y pasó contrabandeado en "Vamos a pagarle a los jubilados". Entiendo que el diputado Bossio no sea experto en blanqueo, pero esto es muy distinto a todos los blanqueos que veníamos viendo; esto es blanquear cualquier cosa y además bajar el impuesto a los bienes personales. Me parece que hay opiniones para dar sobre lo que figura en este proyecto.
Asimismo, quiero referirme a las exclusiones. Al principio el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas dijo que también iban a poder hacerlo los funcionarios. Yo también remito al blanqueo de 2013: eran los funcionarios de los tres poderes, en términos generales -y nosotros vamos a defender esa posición-, pero también los parientes con algún grado de consanguinidad. De lo contrario, ya todos sabemos lo que pasa: que una propiedad puede estar a nombre de la esposa o de algún hijo. No tiene sentido referirse solo a la propiedad "del funcionario", porque sería muy escueta la prohibición. Alguna diputada de la oposición propuso incluir también a los contratistas del Estado. Adelante, adelante.
Me parece que esto de poner los nombres de los que presentan en la OA no resuelve el problema de que esto no beneficie a funcionarios o ex funcionarios que ya están teniendo causas por bienes que no sabemos si están declarados o no. Parece que ahora los vamos a dejar blanquear. Entiendo que políticamente no corresponde a ninguno de los que estamos acá votar algo semejante.
Además, pregunto: ¿por qué el corte? ¿Por qué antes nada, ahora un poquito, y por qué no lo que habitualmente se pone en los blanqueos? ¿Qué están pensando? Si lo entendemos, lo podemos discutir. Si es simplemente una ley que cae así, bueno. Nos genera todas las dudas. Después, la suspicacia es obvia. No entendemos por qué, sobre todo cuando hay causas y filtraciones internacionales. Esto es parte de lo que dice el señor Abad, que están cercando a quienes tienen bienes no declarados en el exterior. Yo diría "en algunos lugares" del exterior, porque esto no pasa en los paraísos que mantienen tanto Estados Unidos como Inglaterra, que no creo que abran nunca. Esta es mi opinión. Más allá de que se quiera avanzar -y yo participé de ese tipo de reuniones-, uno choca con Estados Unidos, que dice que no le toquen Nevada ni ninguno de sus paraísos fiscales. Lo mismo ocurre con la City de Londres, que es un gran paraíso fiscal. Por eso, no estoy tan seguro de la compulsión a blanquear que va a tener la gente.
Por lo tanto, quiero saber concretamente cuál es la estimación y por qué se excluye a los familiares y a otros poderes. También les quiero preguntar cuánto dinero estiman que va a volver según las estimaciones de propiedades en Miami que hay hechas. En otras palabras, ¿cuánto dinero le va a traer a los argentinos que esa persona se saque el problema de encima? Me parece un costo muy bajo para esa persona y una ganancia muy baja para nosotros.
Con respecto al sistema previsional voy a señalar un par de puntos nada más porque el diputado Bossio estuvo planteando las cuestiones más técnicas y con números bastante actualizados, que comparto y que nos iluminaron. Pero lo que yo quiero decir es que me parece que ya hay un intento de desgranar el sistema previsional que tenemos fuera de la comisión que lo va a ir a ver.
El primer punto es el de las sentencias en firme. Lo que se les ofrece es menos. ¿Estamos de acuerdo con que se les pague? Sí. ¿Nosotros lo pagábamos? Sí. Tiene un flujo de pago y un flujo de entrada de sentencias. Hacer todo junto puede tener una ventaja, pero hay que ver la sostenibilidad fiscal. Yo quiero ver algún ejercicio de sostenibilidad fiscal de un gobierno que anda recorriendo el mundo diciendo que tiene un problema presupuestario tremendo, que ya tiene un déficit, que no puede poner un "mango" acá o un "mango" allá por el estado de las cuentas. Este es el discurso permanente.
Y ahora aparece, en buena hora, una medida que va a beneficiar a un sector social, o a una parte; no a los que cobran la mínima sino a aquellos que tienen sentencia. Está bien. Pero ahora, ¿cuál es el ejercicio de sostenibilidad fiscal de mediano plazo, previsional? Porque si esto nos conduce a una crisis, tenemos que estudiarlo un poco más, porque ya tuvimos crisis y emergencias donde no se podía pagar las jubilaciones. Vamos a ver cómo es. No digo que no, pero es responsabilidad de los funcionarios. Quiero ver el flujo de los próximos cuatro años con las estimaciones que traen. Quiero conocer cómo se va a financiar. Quiero ver qué va a pasar con esto y quiero ver cuáles son los escenarios posibles.
Con respecto al pago de las sentencias adeudadas, se quieren pagar más rápido de lo que veníamos haciendo. Enhorabuena que así sea. Bossio pagó 42 mil millones, que es un montón. ¿Quieren pagar más y todo junto? Perfecto. Entonces, háganlo. No hace falta una ley. Mañana se pueden pagar las sentencias firmes todas juntas. Un poco en la línea de él, porque además con cláusulas especiales puestas por ley y con los derechos constitucionales del artículo 14 bis y todo lo que tiene que ver con estos haberes, la verdad es que tiene litigiosidad. No quiero ser agorero, pero si le cambiamos la fórmula de lo que dijo la Corte, de que ya es un derecho adquirido con sentencia firme, seguro que a alguno se le va a ocurrir litigar. Entonces, la verdad es que no le veo la ventaja. Pagar las sentencias en firme, ya está. Ofrecer acuerdos a los que no tienen sentencia firme, puede ser una solución; veamos los términos.
Lo que sí me llama la atención es que hoy, después de las moratorias, tenemos una cobertura previsional altísima: de más del 97 por ciento, una de las mejores del continente. Esto significa que todas las personas en edad de jubilarse están jubiladas, menos el 2 por ciento. ¿Con qué sistema? El de la moratoria. ¿Qué es el sistema de la moratoria y por qué yo digo que está muy mal tratar de romperlo con este nuevo método de una pensión, por rentas generales? Nosotros le queremos reconocer la jubilación, aunque sea la mínima. La moratoria fue una forma de hacerlo. Lo que estamos presentando ahora no es mejor; es peor. Es mejor una moratoria. La moratoria le da el haber mínimo y el derecho previsional de la herencia del jubilado para el que queda pensionado. Este sistema no se lo da. Para colmo, subimos la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años. Es una pésima noticia para los futuros jubilados que no han podido hacer los aportes.
Tal vez la diferencia es que para algunos eso es una inversión, donde corresponde darles ese derecho, y entonces tienen que tener una jubilación, pues no aportaron pero no porque no quisieron hacerlo sino por temas económicos, o macroeconómicos -como ocurrió en los 90-, de desempleo, de economía informal. Simplemente se les permite pagar lo que adeudaban y después cobran una jubilación como todos. Si no, rompemos la integralidad y creamos jubilados de primera y de segunda: los que tienen el derecho a jubilarse por haber hecho los aportes y los que van a recibir una pensión.
Nosotros entendemos que el problema de no hacer los aportes no se le puede atribuir al jubilado; se le debe atribuir al sistema económico. Entonces, que no lo pague el jubilado con un descuento del 20 por ciento.
Me parece que ya es una reforma previsional que rompe la universalidad que tanto se buscó, que llegó a 3 millones, que fue exitosa, que está y que es sostenible. Me pregunto si con esto queda sostenible. Pero ahora lo contestarán porque justamente es la segunda pregunta: la sostenibilidad de este sistema, los flujos de fondo para adelante.
Con respecto a la reforma tributaria, informo a los señores diputados -para el que no lo pudo estudiar en detalle- que acá se plantea sacar el impuesto a los bienes personales. Si bien esta discusión la podemos dar, creo que es una discusión de fondo de nuestro sistema tributario. Cuando yo era ministro, me preguntaron mil veces: ¿por qué en lugar de pagar esto con el impuesto a la cuarta categoría no se paga con el impuesto a las rentas financieras?
Resulta que creamos el impuesto a la renta financiera y hoy el gobierno de Cambiemos lo quiere anular. Expliquen por qué, cuál es el problema. ¿Van a traer inversiones? ¿Qué pasó? ¿Por qué se quiere sacar el impuesto al pago de dividendos? Alguien me habló de doble imposición. Bueno, pero ya lo votó este Congreso. Metido en "vamos a pagarle más a los jubilados", se lleva a este Congreso a sacar el impuesto a los dividendos, que ya está consolidado en la Argentina.
Otra cuestión que tampoco entiendo es que no pagan impuesto a las ganancias las ganancias producidas por tenencias de divisas en el exterior, declaradas o blanqueadas, por la diferencia de cambio. O sea, si una persona se llevó la plata afuera, la dejó en dólares y obtuvo una ganancia por la diferencia de cambio, no paga impuesto a las ganancias. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta benevolencia? Explíquenlo, por lo menos. Me parece que este tema da para discutir. Sin embargo, ni siquiera fue mencionado en la exposición de hoy. ¿Y pretenden que elaboremos un dictamen para el martes?
Por otro lado, se deroga el impuesto a la ganancia mínima presunta; esto va a ocurrir en 2019, pero la votamos hoy. Advierto que el impuesto a los bienes personales es coparticipable, o sea que le estamos detrayendo ingresos a las provincias. En 2015, por este impuesto se recaudaron 18 mil millones de pesos, de los cuales 9 mil estaban destinados a las provincias. O sea que les están sacando el 3 por ciento que se devuelve por lo que ya se firmó, que serán unos 12 mil o 15 mil; no lo recuerdo exactamente.
De manera que hay muchos temas para discutir. Uno de ellos es la moratoria impositiva. Se podría hacer mediante una resolución, pero me parece bien que esté en una ley. Pero no es lo mismo que el blanqueo y no es lo mismo que pagarle a los jubilados. No va a los jubilados. Es otro rubro. No estamos discutiendo el pago a los jubilados. Estamos fragmentando el sistema de jubilación.
Se habla de "sinceramiento". Si un tipo tiene una casa o una mansión en Miami, o cuentas en paraísos fiscales, ¿de qué "sinceramiento" estamos hablando? Yo a eso no lo llamo un sinceramiento. Si es un blanqueo, es un blanqueo. Y menos todavía debemos dar impunidad a la fuga, porque sabemos que no va a pagar o va a pagar muy poco. Quiero un cálculo concreto de cuánto va a pagar alguien que tiene una propiedad afuera -si queremos hacerlo y lo aceptamos así-, y si es un precio razonable para tal beneficio. Coincido con Abad: si pescan a esa persona sin poder explicar qué hace con una mansión allí, va a tener serios problemas con la Justicia norteamericana y no va a poder explicarlo. Nosotros le damos el carnet, ¿pero cuánto le cobramos?
Siguiendo con los nombres, también se habla de "reparación histórica" de las jubilaciones. Como decía el diputado Bossio, no es una reparación histórica. Si es pago de sentencias, éstas se venían pagando. Las sentencias no tienen que ver con eso. Es al revés: se arreglaron, era un tema precedente. No está puesto -y me parece bien- como la pesada herencia de la década pasada. Pero creo que tampoco es una reparación histórica.
Desde mi punto de vista, rompe el sistema previsional de reparto, solidario y público que logramos conseguir después de la estatización de las AFJP y la movilidad jubilatoria, que llevó mucho tiempo porque las habían privatizado y congelado durante toda la década del 90; pero no por otra cosa.
Entonces, creo que no es correcto hablar de "sinceramiento" ni de "reparación histórica". Me parece que estos términos tienen que ver con el marketing, es decir, con la publicidad y venta de este proyecto, pero no tienen nada que ver con el contenido. Hay muchas cuestiones que no aparecen, que son fuleras o pesadas, y deberíamos darnos más tiempo para discutirlas.
Por último, se habla de liquidar las acciones o liquidar activos del FGS. Ahí hay una cuestión ideológica también. El señor Quintana decía que ningún administrador de fondos va a querer administrar un fondo que tiene algún activo que no es líquido. Estoy de acuerdo. Pero un administrador de un fondo privado, que vaya y administre un fondo privado. El FGS es un fondo público, y sus acciones constituyen un activo estratégico, tal como fue discutido y votado en esta Cámara.
Vender las acciones de empresas privadas del FGS es privatizar la tenencia; es un camino a la privatización. Por ejemplo, si vendemos las acciones de Siderar o del Banco Macro, se está privatizando propiedad del Estado; hoy es propiedad. Y con derechos políticos, también. Hubo una discusión sobre los derechos políticos, y para mí está bien, pero no porque lo haya hecho el kirchnerismo, el gobierno anterior. Lo hacen Francia, España y un montón de países esto de tener participaciones en sociedades privadas para generar sinergia entre lo privado y lo público. Y así funcionó. Lo han dicho todos los dueños de empresas privadas: que en todas las empresas donde fueron directores había acciones del Estado.
Un caso resonante fue el de Techint, del que fui protagonista. Había un conflicto porque no quería directores del Estado, pero después todo funcionó bien -eso declararon por todos lados- porque no hubo problemas.
El Estado le reclamaba más inversiones a Siderar y la colada continua que inauguró dicha empresa la hizo a instancias de los directores del Estado, lo cual está bien.
Si ustedes quieren traer empresas a invertir, tenemos propiedad de esas acciones, yo diría: si quieren comprar más y poner directores, estoy de acuerdo; pero si desean vender, están privatizando. Y no sé -lo tengo que estudiar mejor- si esto no abre el camino para privatizar otras tenencias accionarias, porque en YPF tenemos el 51 por ciento. Entonces, quisiera verlo bien.
Creo que es una privatización encubierta dentro de esta ley. No estoy chicaneando. Algunos están de acuerdo con privatizar algunas cosas. Yo no, y nuestra fuerza política tampoco. Por lo tanto, que aparezca acá el tema del FGS también es un problema grave.
Tampoco están hechas las estimaciones de ingresos y las estimaciones de costos del sistema. O sea que decir que una cosa va a pagar la otra es una forma demasiado ligera de explicar esta decisión, por no decir venderla. La verdad es que no lo sabemos. Yo les pregunto sinceramente si se sentaron a hacer las estimaciones, si tienen los números y si los pueden compartir.
Por último, solicito a los presidentes de ambas comisiones que no nos pidan un dictamen para el martes. Algunos estarán de acuerdo con mis expresiones; otros recién se enteran porque no pudieron leer el proyecto de ley. No vamos a tener oportunidad de preguntar a los funcionarios, con detalle, sobre todas estas cuestiones que acabo de plantear, y cada una de ellas debería estar contemplada en una ley por separado y no en un paquete. Por ejemplo, una reforma impositiva es una ley que va por un lado. Una moratoria impositiva es otro bicho distinto. La cuestión del FGS es otra cosa distinta, al igual que la devolución a las provincias.
Para empezar -y refuerzo las palabras del diputado Gioja-, saquemos de este proyecto el tema de la devolución a las provincias y mandémoslo por el Senado. De los cinco temas distintos que están contenidos en este proyecto de ley, saquemos rápidamente esa cuestión; si no, vamos a estar discutiendo eso también acá y va a empiojar la discusión de lo que ustedes quieren discutir, que es el pago a los jubilados.
El tema del pago a los jubilados lo podemos discutir: lo de la prestación, lo de la pensión, en qué términos. No estamos de acuerdo pero lo vamos a discutir para ver si se puede cambiar; de no ser así, intentaremos que no se sancione. Pero, reitero, no pongamos cinco leyes distintas en una. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: trataré de ser breve para que todos los señores diputados tengamos la oportunidad de preguntar y de enriquecernos, como en otras oportunidades.
En primer lugar, agradezco la presencia de todos los funcionarios que hoy nos acompañan, que seguramente podrán asistir ante nuevos requerimientos de nuestra parte.
Realmente estamos muy contentos por poder tratar un régimen que tiende a reparar una deuda histórica que como argentinos tenemos con los mayores de nuestro país. Creo que bien vale el esfuerzo que podamos hacer para obtener la mejor ley y, por supuesto, garantizar los recursos para que esos derechos puedan ejercerse.
Voy a formular algunas preguntas surgidas de nuestra propia reflexión como legisladores. El artículo 81 del proyecto exceptúa del blanqueo solamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Muchos de nosotros opinamos que también debe excluirse de este beneficio a los funcionarios de los otros dos poderes del Estado.
Independientemente de que el Poder Legislativo se expresará a través de la sanción de la ley, quisiera conocer la opinión del Poder Ejecutivo sobre la inclusión de los funcionarios de los otros dos poderes. Esta es la primera pregunta.
La segunda se refiere puntualmente a la moratoria impositiva que mencionaba el administrador de la AFIP. Los legisladores de numerosas provincias hemos presentado una iniciativa casi idéntica para reparar un problema que acarrean los productores agropecuarios que viven en situación de emergencia y/o desastre. Se trata de un régimen muy parecido con una técnica legislativa apropiada, tal como la elevada por el Poder Ejecutivo a este Parlamento. La diferencia es que los plazos son más extensos y las tasas de actualización son más blandas, entendiendo que se trata de productores que están en condiciones muy difíciles ya sea por inundaciones, heladas, sequías, granizo, etcétera. Ese proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y tendríamos que tenerlo en cuenta en este análisis.
En primer lugar, agradezco la presencia de todos los funcionarios que hoy nos acompañan, que seguramente podrán asistir ante nuevos requerimientos de nuestra parte.
Realmente estamos muy contentos por poder tratar un régimen que tiende a reparar una deuda histórica que como argentinos tenemos con los mayores de nuestro país. Creo que bien vale el esfuerzo que podamos hacer para obtener la mejor ley y, por supuesto, garantizar los recursos para que esos derechos puedan ejercerse.
Voy a formular algunas preguntas surgidas de nuestra propia reflexión como legisladores. El artículo 81 del proyecto exceptúa del blanqueo solamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Muchos de nosotros opinamos que también debe excluirse de este beneficio a los funcionarios de los otros dos poderes del Estado.
Independientemente de que el Poder Legislativo se expresará a través de la sanción de la ley, quisiera conocer la opinión del Poder Ejecutivo sobre la inclusión de los funcionarios de los otros dos poderes. Esta es la primera pregunta.
La segunda se refiere puntualmente a la moratoria impositiva que mencionaba el administrador de la AFIP. Los legisladores de numerosas provincias hemos presentado una iniciativa casi idéntica para reparar un problema que acarrean los productores agropecuarios que viven en situación de emergencia y/o desastre. Se trata de un régimen muy parecido con una técnica legislativa apropiada, tal como la elevada por el Poder Ejecutivo a este Parlamento. La diferencia es que los plazos son más extensos y las tasas de actualización son más blandas, entendiendo que se trata de productores que están en condiciones muy difíciles ya sea por inundaciones, heladas, sequías, granizo, etcétera. Ese proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y tendríamos que tenerlo en cuenta en este análisis.
SR. PRESIDENTE DAER Vamos a alterar un poco el orden para dar equidad política y que todos los bloques se expresen proporcionalmente.
Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
Tiene la palabra la señora diputada Ciciliani.
SRA. CICILIANI Señor presidente: también hay equidad de género.
Agradezco a los funcionarios presentes. Queremos adelantar que para nuestro interbloque estar discutiendo el pago y las deudas a los jubilados es muy gratificante e importante porque es un punto pendiente del Estado. Año a año en la discusión del presupuesto nacional pedíamos ampliar las partidas destinadas a los jubilados.
Quiero advertir al gobierno, a través de sus funcionarios, que esto ha generado una enorme expectativa en los jubilados. La mayoría está pensando que a partir de la sanción de esta ley recibirá el importe en sus haberes y en sus cajas de ahorro. Creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de docencia para explicar lo que significa y cuál es el alcance de esta norma. La verdad es que necesitaríamos un poco más de tiempo para estudiarla.
Queremos decir a los 50.000 jubilados con sentencia firme que tendrán que ir personalmente a hacer un acuerdo y que van a recibir un importe menor al que la Corte Suprema les ha confiado. Simplemente estoy haciendo una reflexión, y si los funcionarios creen que es equivocada, les ruego que me corrijan. Y al resto de los jubilados les digo que para acceder a este beneficio tendrán que ceder derechos y que van a cobrar en cuotas.
Pero ya que existe la decisión política de reparar esa injusticia con los abuelos a partir de esta norma, en virtud de la cual se mejorarán los haberes y se les liquidarán bien, preguntamos si no es posible empezar a pagarles bien en forma inmediata, de acuerdo con la reglamentación de la ley, sin esperar a que hagan el acuerdo para pagar lo atrasado.
Por otro lado, queremos entender por qué se declaró la emergencia previsional. También queremos saber en qué se van a aplicar los 12.000 millones contemplados en el presupuesto 2016. Queremos que la reparación incluya a los autónomos y a esa porción de jubilados que vienen de las AFJP y de la renta vitalicia, que no están alcanzados por esta norma.
Queremos hacer una reflexión acerca de la creación de comisiones donde se discuten todos los sistemas; en este sentido venimos de una experiencia de trabajo muy positiva, con la discusión del proyecto de ley de pago a los holdouts. En ese caso trabajamos muy intensamente, pudimos hacer aportes y observaciones, y llegamos a un dictamen común.
Creo que este es un tema muy amplio, muy abierto. Es una ley que implica numerosas cuestiones, y si hay voluntad de trabajar en la misma fórmula -que ya sabemos que fue beneficiosa-, vamos a necesitar tiempo y mucha más información de la que disponemos hoy. Por ejemplo, necesitamos que esas comisiones efectivamente se cumplan.
En la ley de pago a los holdouts hemos votado una comisión de seguimiento de la deuda externa, y todavía no hemos sido convocados para formar parte de esa comisión.
Queremos que se excluya del blanqueo y de las moratorias al Poder Legislativo, a los Poderes Ejecutivos provinciales y a los contratistas del Estado.
Estos son los grandes lineamientos que podemos expresar hoy por el breve plazo de tiempo que tuvimos para leer esta iniciativa, pero lo que me parece más correcto es que hagamos docencia con los jubilados para no generar en ellos falsas expectativas.
Y aprovechando que está el señor Abad, de la AFIP, quiero decir que nosotros trabajamos con mucho entusiasmo el tema de la devolución del IVA a los jubilados y pensionados porque creemos que es algo realmente transformador.
Hemos escuchado en los medios de comunicación que para los comercios pequeños el posnet va a ser gratuito durante los dos años. Yo digo: en el término de blanqueo y de moratoria, ¿por qué no estamos pensando en trabajar muy intensamente en blanquear sectores enteros de la economía informal, dándole nuevas posibilidades? Porque si desde los '80 trabajamos y venimos con una economía informal, donde hemos pasado períodos de crecimiento y de crisis, donde hemos sancionado leyes con incentivos para blanqueo y esa porción de la economía no baja, evidentemente -como decía Abad- hay cuestiones culturales pero también hay cuestiones de productividad.
Creo que le estamos pidiendo a algunas actividades blanquearse a un costo fiscal que, si lo hacen, tendrían que dejar de existir.
Me parece que tendríamos que analizar sectores enteros. Por ejemplo, el de la indumentaria. En este sector podríamos hacer una experiencia piloto y hacer los análisis que correspondan para poder blanquearlo, y así no solo dar legalidad al productor sino visibilidad a los trabajadores.
Creo que es un esfuerzo importante, transformador, y que el inicio de la devolución del IVA -gracias a la utilización de los posnet- nos da una punta para trabajar con integralidad.
Por supuesto, cuando hablo del sector de la indumentaria también me refiero a las mafias y a la seguridad. Distintas universidades e investigadores del Conicet tienen publicaciones enteras hablando de mafias, narcotráfico, muerte y corrupción policial alrededor de estos sectores textiles, como ocurre en el caso de la Feria La Salada. Si seguimos mirando para un costado y no ponemos la mira en esos sectores para blanquearlos, estaremos perdiendo el tiempo y dándoles oportunidades a los grandes capitalistas, que vendrán o no, como comentábamos aquí. Hay países del primer mundo que están preocupados por el terrorismo, por lo que están tratando de frenar la fuente del terrorismo. Por eso están tratando de blanquear la mayor cantidad de circulación de capital. Pero sabemos que todavía hay cientos de países que pueden seguir siendo refugio; es decir, tenemos el riesgo de que busquen un refugio donde esconderse.
Digo esto para hablar de sustentabilidad, porque estamos convencidos de que esa relación de 1,4 activos por un pasivo no la vamos a cambiar en años.
Va a ser muy difícil cambiar esa relación y sabemos que a partir de 2030 nuestra población comenzará a envejecer.
Celebramos poner este tema en el debate. Vamos a trabajar intensamente, como nos pidió el presidente Macri, porque los jubilados están pendientes de esta ley. Pero también les vamos a explicar los alcances de esta ley, que no es ninguna panacea sino que es una cuestión compleja, que tiene enormes dificultades de sustentabilidad financiera y económica. Vamos a hacer nuestros mejores aportes para que esta iniciativa se convierta en ley.
Con respecto al capítulo de las provincias, vamos a promover que haya alguna solución para las provincias que no transfirieron las cajas. Por supuesto que si una provincia -como la de Santa Fe- decidió pagar el 82 por ciento móvil a sus trabajadores, es injusto que lo tenga que soportar el régimen general. Pero podríamos buscar fórmulas de equidad para armonizar y tener los mismos derechos que las provincias que transfirieron las cajas hace muchísimo tiempo.
Obviamente, creemos que el sistema de jubilaciones y pensiones es un derecho universal; en una sociedad moderna no está más atado al empleo. Esto también lo queremos discutir.
Nos preguntamos por qué las mujeres deben jubilarse a los 65 años cuando el mercado laboral no nos ofrece alternativas de estar trabajando, y también nos preguntamos por qué no al ciento por ciento de la jubilación mínima. Nos preocupa enormemente el dato de que llevamos perdidos 180.000 millones de pesos, desfinanciando al Estado nacional, porque eso no le da sustentabilidad a esto que estamos diciendo.
Para nosotros, bajar impuestos no es algo bueno. Para nosotros, algo bueno es que los ciudadanos que pagan sus impuestos vean que no se los roban, que hay transparencia. Además, es bueno que se financien los bienes públicos que la Argentina necesita. En la Argentina tenemos déficit en materia de educación, de salud pública, de seguridad y en el sistema judicial. Para eso necesitamos recursos públicos, y no es una buena noticia que hayamos perdido 180.000 millones de pesos.
Dicho esto, agradezco a los funcionarios. Les haremos llegar por escrito a los presidentes de las comisiones nuestras observaciones para ir compatibilizando acciones y acuerdos.
Agradezco a los funcionarios presentes. Queremos adelantar que para nuestro interbloque estar discutiendo el pago y las deudas a los jubilados es muy gratificante e importante porque es un punto pendiente del Estado. Año a año en la discusión del presupuesto nacional pedíamos ampliar las partidas destinadas a los jubilados.
Quiero advertir al gobierno, a través de sus funcionarios, que esto ha generado una enorme expectativa en los jubilados. La mayoría está pensando que a partir de la sanción de esta ley recibirá el importe en sus haberes y en sus cajas de ahorro. Creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de docencia para explicar lo que significa y cuál es el alcance de esta norma. La verdad es que necesitaríamos un poco más de tiempo para estudiarla.
Queremos decir a los 50.000 jubilados con sentencia firme que tendrán que ir personalmente a hacer un acuerdo y que van a recibir un importe menor al que la Corte Suprema les ha confiado. Simplemente estoy haciendo una reflexión, y si los funcionarios creen que es equivocada, les ruego que me corrijan. Y al resto de los jubilados les digo que para acceder a este beneficio tendrán que ceder derechos y que van a cobrar en cuotas.
Pero ya que existe la decisión política de reparar esa injusticia con los abuelos a partir de esta norma, en virtud de la cual se mejorarán los haberes y se les liquidarán bien, preguntamos si no es posible empezar a pagarles bien en forma inmediata, de acuerdo con la reglamentación de la ley, sin esperar a que hagan el acuerdo para pagar lo atrasado.
Por otro lado, queremos entender por qué se declaró la emergencia previsional. También queremos saber en qué se van a aplicar los 12.000 millones contemplados en el presupuesto 2016. Queremos que la reparación incluya a los autónomos y a esa porción de jubilados que vienen de las AFJP y de la renta vitalicia, que no están alcanzados por esta norma.
Queremos hacer una reflexión acerca de la creación de comisiones donde se discuten todos los sistemas; en este sentido venimos de una experiencia de trabajo muy positiva, con la discusión del proyecto de ley de pago a los holdouts. En ese caso trabajamos muy intensamente, pudimos hacer aportes y observaciones, y llegamos a un dictamen común.
Creo que este es un tema muy amplio, muy abierto. Es una ley que implica numerosas cuestiones, y si hay voluntad de trabajar en la misma fórmula -que ya sabemos que fue beneficiosa-, vamos a necesitar tiempo y mucha más información de la que disponemos hoy. Por ejemplo, necesitamos que esas comisiones efectivamente se cumplan.
En la ley de pago a los holdouts hemos votado una comisión de seguimiento de la deuda externa, y todavía no hemos sido convocados para formar parte de esa comisión.
Queremos que se excluya del blanqueo y de las moratorias al Poder Legislativo, a los Poderes Ejecutivos provinciales y a los contratistas del Estado.
Estos son los grandes lineamientos que podemos expresar hoy por el breve plazo de tiempo que tuvimos para leer esta iniciativa, pero lo que me parece más correcto es que hagamos docencia con los jubilados para no generar en ellos falsas expectativas.
Y aprovechando que está el señor Abad, de la AFIP, quiero decir que nosotros trabajamos con mucho entusiasmo el tema de la devolución del IVA a los jubilados y pensionados porque creemos que es algo realmente transformador.
Hemos escuchado en los medios de comunicación que para los comercios pequeños el posnet va a ser gratuito durante los dos años. Yo digo: en el término de blanqueo y de moratoria, ¿por qué no estamos pensando en trabajar muy intensamente en blanquear sectores enteros de la economía informal, dándole nuevas posibilidades? Porque si desde los '80 trabajamos y venimos con una economía informal, donde hemos pasado períodos de crecimiento y de crisis, donde hemos sancionado leyes con incentivos para blanqueo y esa porción de la economía no baja, evidentemente -como decía Abad- hay cuestiones culturales pero también hay cuestiones de productividad.
Creo que le estamos pidiendo a algunas actividades blanquearse a un costo fiscal que, si lo hacen, tendrían que dejar de existir.
Me parece que tendríamos que analizar sectores enteros. Por ejemplo, el de la indumentaria. En este sector podríamos hacer una experiencia piloto y hacer los análisis que correspondan para poder blanquearlo, y así no solo dar legalidad al productor sino visibilidad a los trabajadores.
Creo que es un esfuerzo importante, transformador, y que el inicio de la devolución del IVA -gracias a la utilización de los posnet- nos da una punta para trabajar con integralidad.
Por supuesto, cuando hablo del sector de la indumentaria también me refiero a las mafias y a la seguridad. Distintas universidades e investigadores del Conicet tienen publicaciones enteras hablando de mafias, narcotráfico, muerte y corrupción policial alrededor de estos sectores textiles, como ocurre en el caso de la Feria La Salada. Si seguimos mirando para un costado y no ponemos la mira en esos sectores para blanquearlos, estaremos perdiendo el tiempo y dándoles oportunidades a los grandes capitalistas, que vendrán o no, como comentábamos aquí. Hay países del primer mundo que están preocupados por el terrorismo, por lo que están tratando de frenar la fuente del terrorismo. Por eso están tratando de blanquear la mayor cantidad de circulación de capital. Pero sabemos que todavía hay cientos de países que pueden seguir siendo refugio; es decir, tenemos el riesgo de que busquen un refugio donde esconderse.
Digo esto para hablar de sustentabilidad, porque estamos convencidos de que esa relación de 1,4 activos por un pasivo no la vamos a cambiar en años.
Va a ser muy difícil cambiar esa relación y sabemos que a partir de 2030 nuestra población comenzará a envejecer.
Celebramos poner este tema en el debate. Vamos a trabajar intensamente, como nos pidió el presidente Macri, porque los jubilados están pendientes de esta ley. Pero también les vamos a explicar los alcances de esta ley, que no es ninguna panacea sino que es una cuestión compleja, que tiene enormes dificultades de sustentabilidad financiera y económica. Vamos a hacer nuestros mejores aportes para que esta iniciativa se convierta en ley.
Con respecto al capítulo de las provincias, vamos a promover que haya alguna solución para las provincias que no transfirieron las cajas. Por supuesto que si una provincia -como la de Santa Fe- decidió pagar el 82 por ciento móvil a sus trabajadores, es injusto que lo tenga que soportar el régimen general. Pero podríamos buscar fórmulas de equidad para armonizar y tener los mismos derechos que las provincias que transfirieron las cajas hace muchísimo tiempo.
Obviamente, creemos que el sistema de jubilaciones y pensiones es un derecho universal; en una sociedad moderna no está más atado al empleo. Esto también lo queremos discutir.
Nos preguntamos por qué las mujeres deben jubilarse a los 65 años cuando el mercado laboral no nos ofrece alternativas de estar trabajando, y también nos preguntamos por qué no al ciento por ciento de la jubilación mínima. Nos preocupa enormemente el dato de que llevamos perdidos 180.000 millones de pesos, desfinanciando al Estado nacional, porque eso no le da sustentabilidad a esto que estamos diciendo.
Para nosotros, bajar impuestos no es algo bueno. Para nosotros, algo bueno es que los ciudadanos que pagan sus impuestos vean que no se los roban, que hay transparencia. Además, es bueno que se financien los bienes públicos que la Argentina necesita. En la Argentina tenemos déficit en materia de educación, de salud pública, de seguridad y en el sistema judicial. Para eso necesitamos recursos públicos, y no es una buena noticia que hayamos perdido 180.000 millones de pesos.
Dicho esto, agradezco a los funcionarios. Les haremos llegar por escrito a los presidentes de las comisiones nuestras observaciones para ir compatibilizando acciones y acuerdos.
SR. PRESIDENTE DAER Continuando con la equidad política interbloque, le voy a dar la palabra al señor diputado Snopek.
SR. SNOPEK Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer a los funcionarios nacionales que se han acercado hasta el Congreso de la Nación.
Tal como lo han manifestado algunos legisladores, a nosotros también nos parece que este proyecto de ley es muy extenso y muy variado como para que lo tratemos tan rápidamente. Como se dijo, lo tendremos que discutir en el plenario de comisiones la semana próxima.
Esta iniciativa ha generado una gran expectativa en los jubilados de toda la Argentina, por cuanto se dice que esta es una reparación histórica. Los jubilados en general -incluso los de las provincias del norte, como Jujuy, Salta y Tucumán- ya habían solicitado una audiencia con el director general de la ANSES; yo mismo he acercado allí el pedido de audiencia. Pero la expectativa que ha generado este tema, por las problemáticas que los jubilados tienen, ha aumentado el deseo de tener esa entrevista, a la que concurriremos con la señora diputada Mirta Tundis, de nuestro bloque.
Pero creemos que dicha expectativa está sobredimensionada por cuanto esto solamente va a alcanzar a una parte de los jubilados, es decir, a un tercio del universo total; los anuncios hablaban de alrededor de 2 millones. Según algunas cifras, podríamos hablar de 1.800.000 o 1.900.000. Habría que ver cuánto son, en definitiva, los jubilados alcanzados por esta medida. De todos modos, entendemos que las sentencias hay que pagarlas. Y además, a aquellos jubilados que no han iniciado juicios hay que actualizarles sus haberes equiparándolos con los montos determinados en los fallos de la justicia.
Por otro lado, en este paquete de leyes está contenido el blanqueo. Viendo los fundamentos que esgrime el Poder Ejecutivo, relativos a que el mundo va hacia un sistema de blanqueo o de exteriorización de todos los activos, entendemos que si nuestro país no lo realiza, parte de los activos que corresponden a argentinos pueden terminar siendo blanqueados en otro país. Desde ese punto de vista, es bueno tener ese sistema de blanqueo o de exteriorización, que ya se viene realizando en otros países de la región.
Por otra parte, recién venimos de la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, donde hemos escuchado a algunos sectores decir que no tienen la posibilidad de ser sujetos de crédito como producto de años en que la presión tributaria fue muy alta y no pudieron estar en regla con la AFIP. Como consecuencia de ello, están excluidos del sistema financiero nacional.
Entendemos que el blanqueo ayudará a que las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de trabajo, puedan estar en regla. De todas formas, tenemos muchas dudas sobre el particular, y no creemos poder plantearlas todas ahora. Por eso, pedimos tener la posibilidad de hacérselas llegar por escrito en estos días para que los funcionarios nacionales las respondan.
Respecto del uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del pago de estos juicios a través de las acciones, también tenemos algunas observaciones. Se hablaba de la posibilidad de administrar. Pero una cosa es administrar y otra es liquidar. Cuando se administra se puede comprar y vender; pero lo que se administra, más bien debería tender a aumentarse.
Si la idea es pagar con parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, evidentemente este fondo va a bajar. Además, consideramos que las acciones son los activos más importantes del Fondo. Si bien la suma total del Fondo es de 750.000 millones, la parte que está en títulos o en bonos no tiene una valoración tan significativa como las acciones.
Por otro lado, tenemos que analizar una por una las modificaciones tributarias. Me refiero a la eliminación o a ir bajando por períodos el impuesto sobre los bienes personales, que entendemos que es un impuesto a la riqueza. Habría que analizar con qué se reemplazaría y cuál es el impacto fiscal total. Entendemos que la recaudación actual es baja, pero no sabemos si ello es producto de la incidencia que tiene el impuesto por la evasión o si es baja por otro motivo.
La ratificación de los acuerdos con las provincias es otro tema que se suma al combo previsto en esta iniciativa. A nuestro juicio, es importante ratificar el acuerdo con las provincias. Pero creemos que este tema no debe estar en medio de un paquete impositivo y de esta reparación histórica que están esperando los jubilados. Además, pensamos que la ratificación del acuerdo con las provincias debió haber ingresado por el Senado, porque es un tema principalmente federal.
Nosotros vamos a seguir estudiando este paquete de leyes, pero no creemos conveniente que la comisión dictamine la semana próxima.
Tal como lo han manifestado algunos legisladores, a nosotros también nos parece que este proyecto de ley es muy extenso y muy variado como para que lo tratemos tan rápidamente. Como se dijo, lo tendremos que discutir en el plenario de comisiones la semana próxima.
Esta iniciativa ha generado una gran expectativa en los jubilados de toda la Argentina, por cuanto se dice que esta es una reparación histórica. Los jubilados en general -incluso los de las provincias del norte, como Jujuy, Salta y Tucumán- ya habían solicitado una audiencia con el director general de la ANSES; yo mismo he acercado allí el pedido de audiencia. Pero la expectativa que ha generado este tema, por las problemáticas que los jubilados tienen, ha aumentado el deseo de tener esa entrevista, a la que concurriremos con la señora diputada Mirta Tundis, de nuestro bloque.
Pero creemos que dicha expectativa está sobredimensionada por cuanto esto solamente va a alcanzar a una parte de los jubilados, es decir, a un tercio del universo total; los anuncios hablaban de alrededor de 2 millones. Según algunas cifras, podríamos hablar de 1.800.000 o 1.900.000. Habría que ver cuánto son, en definitiva, los jubilados alcanzados por esta medida. De todos modos, entendemos que las sentencias hay que pagarlas. Y además, a aquellos jubilados que no han iniciado juicios hay que actualizarles sus haberes equiparándolos con los montos determinados en los fallos de la justicia.
Por otro lado, en este paquete de leyes está contenido el blanqueo. Viendo los fundamentos que esgrime el Poder Ejecutivo, relativos a que el mundo va hacia un sistema de blanqueo o de exteriorización de todos los activos, entendemos que si nuestro país no lo realiza, parte de los activos que corresponden a argentinos pueden terminar siendo blanqueados en otro país. Desde ese punto de vista, es bueno tener ese sistema de blanqueo o de exteriorización, que ya se viene realizando en otros países de la región.
Por otra parte, recién venimos de la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, donde hemos escuchado a algunos sectores decir que no tienen la posibilidad de ser sujetos de crédito como producto de años en que la presión tributaria fue muy alta y no pudieron estar en regla con la AFIP. Como consecuencia de ello, están excluidos del sistema financiero nacional.
Entendemos que el blanqueo ayudará a que las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de trabajo, puedan estar en regla. De todas formas, tenemos muchas dudas sobre el particular, y no creemos poder plantearlas todas ahora. Por eso, pedimos tener la posibilidad de hacérselas llegar por escrito en estos días para que los funcionarios nacionales las respondan.
Respecto del uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del pago de estos juicios a través de las acciones, también tenemos algunas observaciones. Se hablaba de la posibilidad de administrar. Pero una cosa es administrar y otra es liquidar. Cuando se administra se puede comprar y vender; pero lo que se administra, más bien debería tender a aumentarse.
Si la idea es pagar con parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, evidentemente este fondo va a bajar. Además, consideramos que las acciones son los activos más importantes del Fondo. Si bien la suma total del Fondo es de 750.000 millones, la parte que está en títulos o en bonos no tiene una valoración tan significativa como las acciones.
Por otro lado, tenemos que analizar una por una las modificaciones tributarias. Me refiero a la eliminación o a ir bajando por períodos el impuesto sobre los bienes personales, que entendemos que es un impuesto a la riqueza. Habría que analizar con qué se reemplazaría y cuál es el impacto fiscal total. Entendemos que la recaudación actual es baja, pero no sabemos si ello es producto de la incidencia que tiene el impuesto por la evasión o si es baja por otro motivo.
La ratificación de los acuerdos con las provincias es otro tema que se suma al combo previsto en esta iniciativa. A nuestro juicio, es importante ratificar el acuerdo con las provincias. Pero creemos que este tema no debe estar en medio de un paquete impositivo y de esta reparación histórica que están esperando los jubilados. Además, pensamos que la ratificación del acuerdo con las provincias debió haber ingresado por el Senado, porque es un tema principalmente federal.
Nosotros vamos a seguir estudiando este paquete de leyes, pero no creemos conveniente que la comisión dictamine la semana próxima.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Díaz Roig.
SR. DÍAZ ROIG Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer a los funcionarios que nos visitan. Realmente es muy grato recibir a esta gran cantidad de funcionarios.
Como primera reflexión quiero decir -con un dejo de ironía pero sin pretender agraviar a nadie- que se trata de la primera medida que promueve el consumo muy fuertemente, o puede promoverlo según cómo termine. Digamos que es una medida KK, o sea, medio keynesiana, medio kirchnerista. De modo que nos empezamos a mover en un tema donde hay un principio de unidad de concepción, en cuanto a lo importante que es el consumo.
En segundo lugar, diría que es una medida hiperpopulista, porque les vamos a pagar a los que tienen sentencia firme, a algunos que no la tienen, a algunos a los que no les corresponde, e incluso a los que nunca reclamaron. El otro día un periodista me preguntaba por qué no lo hicimos nosotros. Y le respondí: la verdad es que a mí no se me ocurrió; no soy quién para tomar responsabilidades.
Lo que quisiera es que iluminemos con algunos conceptos, que creo que en el debate y en los promotores del oficialismo están reñidos con la verdad. Digo esto por la forma en que se habla de los abogados de la ANSES y de los anteriores administradores. Yo reivindico absolutamente tanto la gestión de Massa como la de Bossio. No es que los abogados de la ANSES apelaron los fallos de primera o de segunda instancia porque había una instrucción política del director de la ANSES de apelar y no pagarle a los jubilados; lo hicieron porque estaban obligados por la doctrina de la Procuración General del Tesoro. Para que los abogados de la ANSES no apelen, se precisa lo que vamos a hacer ahora, es decir, una ley que los exima de la obligación de apelar que les imprime la Procuración General del Tesoro. De manera que esa frase, sin contenido, de que se apeló contra los jubilados porque no se quería pagar y demás, es absolutamente falsa.
En primer lugar tenemos los 50.000 casos que ya tienen sentencia. Para esto están presupuestados 12.500 millones de pesos. El año pasado se pagaron 54.000 sentencias y se gastaron 10.500 millones de pesos. Este año no tienen por qué no pagarse esos 50.000 casos, pues tienen sentencia y están los fondos. Entonces, no tenemos por qué empezar el debate de esta reforma perjudicando a los 50.000 jubilados que ya tienen sentencia firme y habiendo pasado los 120 días previstos en la ley que yo elaboré hace varios años, que permitió aclarar un poquito la cuestión.
Dicho sea de paso, respecto de esa calificación de emergencia previsional y emergencia de litigiosidad, quiero aclarar que la litigiosidad del sistema previsional argentino es de las menores del mundo. Si un sistema previsional con 7 millones y pico de jubilados tiene menos de 240.000 jubilados en juicios, es el 3 por ciento. Y si vamos a pagar 50.000, es menos del 3 por ciento. Y además tengo el dato -le voy a pedir al director ejecutivo de la ANSES que después me lo confirme- de que en el último año la litigiosidad bajó al 4 por mil. Es decir que de cada mil nuevas jubilaciones o determinaciones de haber inicial, solo cuatro reclaman reajuste. Esta es la última información que obtuvimos en la comisión bicameral en diciembre.
Aparte de esos 50.000 casos que ya tienen sentencia, respecto de los cuales yo voy a reclamar que se pague el total este año, tenemos los otros 240.000. Este es el número oficial que tenemos en la comisión bicameral según el último informe, en diciembre pasado. Dicho sea de paso, creo que como Congreso tendríamos que apurar la conformación de la comisión bicameral este año y el sistema informativo, porque no es grato hacer acusaciones ni entrar en debate cuando no se tienen cifras oficiales.
Todos sabemos que, históricamente, de cada cuatro juicios que se hicieron contra la ANSES, uno terminó en contra del jubilado, es decir, ratificando sus haberes. Uno de cada cuatro juicios lo gana la ANSES, por decirlo así. Esto quiere decir que de los 240.000 juicios que todavía no tienen sentencia firme, un cuarto -si llegaran a la terminación del juicio- van a tener sentencia a favor de la ANSES. Por lo tanto, si le pagamos a los 240.000, le estaremos pagando a esos 60.000 -o sea, la cuarta parte- que, de seguir el juicio, no cobrarían.
Aun así, se puede tomar la decisión de pagarle a todos: a los que tienen derecho, a los que tendrían derecho si terminara el juicio con sentencia y a los que no lo tendrían. Yo simplemente quiero que seamos conscientes de esto.
Quiero decir que avalo todo lo que ha señalado el diputado Bossio. La tasa es del 80 por ciento, y no del 40 o 50 por ciento como informó acá el titular de la ANSES. La tasa que yo tengo es del 60 al 80 por ciento.
Después viene otro dato realmente preocupante: no iniciaron juicio aproximadamente dos millones de jubilados, a los que les correspondería. Por eso, creo que quizá no debemos generar tamaña expectativa.
Voy a dejar planteadas algunas inquietudes para que, en todo caso, me las respondan por escrito. En primer lugar, quiero saber si hicieron una simulación de liquidación sobre la base de los beneficiarios que tiene la ANSES. Esto se puede hacer.
Voy a aportar algunos, humildemente desde mi lugar, habida cuenta de que desde diciembre no tenemos información oficial y hemos pedido un oficio en la materia.
El total de jubilados a los que podría abarcar esta ley es de 3.150.000. Pero resulta que en esa cantidad no están alcanzados los de la moratoria. De los 3.125.000, hay 1.183.000 que tienen doble beneficio. Por lo tanto, hay 2.572.000 personas, más allá de que haya 3.125.000 beneficios. Pero deducidos los jubilados por invalidez, que tienen otro sistema de liquidación -y por lo tanto no son alcanzados por esta ley-, el número baja a 2.440.000.
Dentro de ello están todos los que tomaron la jubilación después de la ley de movilidad. Si nosotros calculáramos que a un cierto porcentaje ya no se les aplica el caso Badaro porque tienen la ley de movilidad, y si tomáramos muy humildemente que un cuarto de los que se jubilaron después de la ley de movilidad están bien liquidados, bajaría el universo a 1.944.000.
Dentro de ese 1.944.000, hay 500.000 que están cobrando en función de sentencias; hay cincuenta mil sentencias anuales. En los últimos doce años, de esos 2.000.000 aproximadamente, hay 500.000 que están cobrando sentencias. Por lo tanto, tampoco les va a corresponder un reajuste.
Por otra parte, hay 50.000 que tienen regímenes diferenciales -por ejemplo, los docentes-, a los que no se les aplica.
Los de las moratorias, amas de casa y monotributistas bajan a 1.173.000. Hay 350.000 personas que están en juicio, con lo cual bajamos a 800.000. Este es el universo que podría ser beneficiado. Pero resulta que para recibir este beneficio, esos 800.000 deberían estar por encima de la mínima. Esto requeriría que tuvieran un promedio mensual de remuneraciones por encima de 14.000 pesos para las jubilaciones y de 9.300 pesos para las pensiones; esto excluye a dos tercios de ellos. Por lo tanto, es muy probable que cuando se haga todo este estudio no sean más de 300.000 los jubilados a los que les puede caber este beneficio.
Voy a hacer llegar este trabajo a la comisión -un trabajo hecho en menos, no en más-, que no tiene otro alcance que determinar cuántos jubilados pueden beneficiarse con esta moratoria.
Hay algunos aspectos que son muy importantes. En primer lugar, ratifico lo que ya ha señalado la oposición: no estamos de acuerdo con la pensión, por las razones que expuso el señor diputado Kicillof. Tampoco estamos de acuerdo con que se invierta en el exterior; esta cláusula, que hemos incorporado en la ley cuando nacionalizamos el sistema, es central. Hay que ver cómo funciona el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando invierte en el interior, además de generar una ganancia de intereses o ganancias pactadas, genera aportes, contribuciones e impuestos. La tasa de rentabilidad y de retorno al sistema previsional es muy superior a la tasa de ganancia que se pacta con cualquier banco porque genera aportes y contribuciones, y el inciso q), que genera el 12 por ciento de las inversiones, está generando un retorno mayor. En la gestión anterior, de Bossio, esto se calculaba en la Facultad de Ciencias Económicas.
Tampoco estamos de acuerdo con lo planteado en cuanto a la creación de comisiones. Hace unos días he presentado un proyecto de ley con respecto a este tema. Creo que el tema de la reforma integral del sistema previsional debe ser tratado en una comisión bicameral, que tenga un plazo máximo de dos años y donde estemos representados todos los partidos. Por supuesto, a esa comisión bicameral deberíamos convocar a todos los sectores para elaborar un proyecto de reforma o un nuevo código de la seguridad social.
Por último, quiero hacer algunos comentarios con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Al 31 de diciembre este fondo tenía 77.000 millones de dólares, y con la devaluación del 50 o 60 por ciento -porque fue una fuerte devaluación y no un levantamiento del cepo- pasó a tener un poco más de 40.000 millones. Y según la respuesta del señor jefe de Gabinete de Ministros, ahora pasó a tener 53.000 millones de pesos. Obviamente, ha sufrido un fuerte impacto.
Además, en todos estos años se ha dado que el total de aportes, contribuciones e impuestos derivados a la ANSES fueron siempre mayores que el gasto de las planillas y de las sentencias. Algunos dicen que hay un déficit en el sistema previsional. Yo digo que hasta el 2015 no lo había, si es que por déficit tomamos ingresos más egresos.
Nuestro sistema es tripartito, por cuanto no solo está conformado por aportes y contribuciones, sino por aportes, contribuciones e impuestos. Estimo que este año va a ser complicado, pero lo veremos recién en diciembre; es prematuro abrir una opinión al respecto.
Obviamente, tampoco estamos de acuerdo con que se liquiden las acciones de las sociedades anónimas. El Fondo tiene una gran rentabilidad: el último año fue de 115.000 millones de pesos, y no de 90.000 o 75.000 como dicen algunos. Según el último informe oficial que tenemos, habría arrojado un incremento de 115.000 millones.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un 12 por ciento en acciones y un 60 por ciento en bonos. Si en algún momento la ANSES precisara venderlos para el cumplimiento de sus obligaciones, sería mucho más lógico liquidar los bonos del Tesoro que las acciones. Y voy a explicar por qué.
Algunos se preguntan -y lo utilizan como argumento en los debates publicitarios- qué sucede si las acciones bajan. Miremos para atrás: en todo este tiempo, las acciones no bajaron. Es más; el sector más rentable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue el de las acciones, porque el Merval ha sido la bolsa que más ha crecido en el mundo en los últimos diez años. Esto da rentabilidad al Fondo.
Cuando le pregunté al señor jefe de Gabinete cuál era el crecimiento del Fondo en pesos, me respondió que era del 15 por ciento. Y escuché al señor Basavilbaso decir que las acciones crecieron un 40 por ciento en noventa días.
Créanme que en todo este tiempo -este es un dato oficial, y lo podemos confirmar con los informes del FGS- lo que más ha crecido en el Fondo han sido las acciones, que no se negociaron, no se vendieron, no se compraron; simplemente se mantuvieron por una razón política. De manera que no veo la necesidad de que apelemos a venderlas. De cualquier forma, creo que a todos nos compromete la situación y la mejora del sistema jubilatorio. Yo no considero que ahora haya emergencia previsional. Creo que sí la había en el período 2001/2003, cuando el 60 por ciento de los adultos mayores estaba fuera del sistema.
En aquel momento escribí un artículo -no recuerdo si en "Página 12" o en algún otro medio- donde señalaba que hay que elegir entre la exclusión y el privilegio. Pero también éramos conscientes de que había que luchar para reconstituir la pirámide. Esta es una ley que no beneficia a los jubilados de menores recursos sino a los del medio, que perdieron la posibilidad de mantener la pirámide.
Con las salvedades que he planteado, y esperando que algunas de ellas se tomen en cuenta, en principio acompañaremos de una forma u otra esta iniciativa, en la medida en que lo que resuelva el bloque al que pertenezco. (Aplausos.)
Como primera reflexión quiero decir -con un dejo de ironía pero sin pretender agraviar a nadie- que se trata de la primera medida que promueve el consumo muy fuertemente, o puede promoverlo según cómo termine. Digamos que es una medida KK, o sea, medio keynesiana, medio kirchnerista. De modo que nos empezamos a mover en un tema donde hay un principio de unidad de concepción, en cuanto a lo importante que es el consumo.
En segundo lugar, diría que es una medida hiperpopulista, porque les vamos a pagar a los que tienen sentencia firme, a algunos que no la tienen, a algunos a los que no les corresponde, e incluso a los que nunca reclamaron. El otro día un periodista me preguntaba por qué no lo hicimos nosotros. Y le respondí: la verdad es que a mí no se me ocurrió; no soy quién para tomar responsabilidades.
Lo que quisiera es que iluminemos con algunos conceptos, que creo que en el debate y en los promotores del oficialismo están reñidos con la verdad. Digo esto por la forma en que se habla de los abogados de la ANSES y de los anteriores administradores. Yo reivindico absolutamente tanto la gestión de Massa como la de Bossio. No es que los abogados de la ANSES apelaron los fallos de primera o de segunda instancia porque había una instrucción política del director de la ANSES de apelar y no pagarle a los jubilados; lo hicieron porque estaban obligados por la doctrina de la Procuración General del Tesoro. Para que los abogados de la ANSES no apelen, se precisa lo que vamos a hacer ahora, es decir, una ley que los exima de la obligación de apelar que les imprime la Procuración General del Tesoro. De manera que esa frase, sin contenido, de que se apeló contra los jubilados porque no se quería pagar y demás, es absolutamente falsa.
En primer lugar tenemos los 50.000 casos que ya tienen sentencia. Para esto están presupuestados 12.500 millones de pesos. El año pasado se pagaron 54.000 sentencias y se gastaron 10.500 millones de pesos. Este año no tienen por qué no pagarse esos 50.000 casos, pues tienen sentencia y están los fondos. Entonces, no tenemos por qué empezar el debate de esta reforma perjudicando a los 50.000 jubilados que ya tienen sentencia firme y habiendo pasado los 120 días previstos en la ley que yo elaboré hace varios años, que permitió aclarar un poquito la cuestión.
Dicho sea de paso, respecto de esa calificación de emergencia previsional y emergencia de litigiosidad, quiero aclarar que la litigiosidad del sistema previsional argentino es de las menores del mundo. Si un sistema previsional con 7 millones y pico de jubilados tiene menos de 240.000 jubilados en juicios, es el 3 por ciento. Y si vamos a pagar 50.000, es menos del 3 por ciento. Y además tengo el dato -le voy a pedir al director ejecutivo de la ANSES que después me lo confirme- de que en el último año la litigiosidad bajó al 4 por mil. Es decir que de cada mil nuevas jubilaciones o determinaciones de haber inicial, solo cuatro reclaman reajuste. Esta es la última información que obtuvimos en la comisión bicameral en diciembre.
Aparte de esos 50.000 casos que ya tienen sentencia, respecto de los cuales yo voy a reclamar que se pague el total este año, tenemos los otros 240.000. Este es el número oficial que tenemos en la comisión bicameral según el último informe, en diciembre pasado. Dicho sea de paso, creo que como Congreso tendríamos que apurar la conformación de la comisión bicameral este año y el sistema informativo, porque no es grato hacer acusaciones ni entrar en debate cuando no se tienen cifras oficiales.
Todos sabemos que, históricamente, de cada cuatro juicios que se hicieron contra la ANSES, uno terminó en contra del jubilado, es decir, ratificando sus haberes. Uno de cada cuatro juicios lo gana la ANSES, por decirlo así. Esto quiere decir que de los 240.000 juicios que todavía no tienen sentencia firme, un cuarto -si llegaran a la terminación del juicio- van a tener sentencia a favor de la ANSES. Por lo tanto, si le pagamos a los 240.000, le estaremos pagando a esos 60.000 -o sea, la cuarta parte- que, de seguir el juicio, no cobrarían.
Aun así, se puede tomar la decisión de pagarle a todos: a los que tienen derecho, a los que tendrían derecho si terminara el juicio con sentencia y a los que no lo tendrían. Yo simplemente quiero que seamos conscientes de esto.
Quiero decir que avalo todo lo que ha señalado el diputado Bossio. La tasa es del 80 por ciento, y no del 40 o 50 por ciento como informó acá el titular de la ANSES. La tasa que yo tengo es del 60 al 80 por ciento.
Después viene otro dato realmente preocupante: no iniciaron juicio aproximadamente dos millones de jubilados, a los que les correspondería. Por eso, creo que quizá no debemos generar tamaña expectativa.
Voy a dejar planteadas algunas inquietudes para que, en todo caso, me las respondan por escrito. En primer lugar, quiero saber si hicieron una simulación de liquidación sobre la base de los beneficiarios que tiene la ANSES. Esto se puede hacer.
Voy a aportar algunos, humildemente desde mi lugar, habida cuenta de que desde diciembre no tenemos información oficial y hemos pedido un oficio en la materia.
El total de jubilados a los que podría abarcar esta ley es de 3.150.000. Pero resulta que en esa cantidad no están alcanzados los de la moratoria. De los 3.125.000, hay 1.183.000 que tienen doble beneficio. Por lo tanto, hay 2.572.000 personas, más allá de que haya 3.125.000 beneficios. Pero deducidos los jubilados por invalidez, que tienen otro sistema de liquidación -y por lo tanto no son alcanzados por esta ley-, el número baja a 2.440.000.
Dentro de ello están todos los que tomaron la jubilación después de la ley de movilidad. Si nosotros calculáramos que a un cierto porcentaje ya no se les aplica el caso Badaro porque tienen la ley de movilidad, y si tomáramos muy humildemente que un cuarto de los que se jubilaron después de la ley de movilidad están bien liquidados, bajaría el universo a 1.944.000.
Dentro de ese 1.944.000, hay 500.000 que están cobrando en función de sentencias; hay cincuenta mil sentencias anuales. En los últimos doce años, de esos 2.000.000 aproximadamente, hay 500.000 que están cobrando sentencias. Por lo tanto, tampoco les va a corresponder un reajuste.
Por otra parte, hay 50.000 que tienen regímenes diferenciales -por ejemplo, los docentes-, a los que no se les aplica.
Los de las moratorias, amas de casa y monotributistas bajan a 1.173.000. Hay 350.000 personas que están en juicio, con lo cual bajamos a 800.000. Este es el universo que podría ser beneficiado. Pero resulta que para recibir este beneficio, esos 800.000 deberían estar por encima de la mínima. Esto requeriría que tuvieran un promedio mensual de remuneraciones por encima de 14.000 pesos para las jubilaciones y de 9.300 pesos para las pensiones; esto excluye a dos tercios de ellos. Por lo tanto, es muy probable que cuando se haga todo este estudio no sean más de 300.000 los jubilados a los que les puede caber este beneficio.
Voy a hacer llegar este trabajo a la comisión -un trabajo hecho en menos, no en más-, que no tiene otro alcance que determinar cuántos jubilados pueden beneficiarse con esta moratoria.
Hay algunos aspectos que son muy importantes. En primer lugar, ratifico lo que ya ha señalado la oposición: no estamos de acuerdo con la pensión, por las razones que expuso el señor diputado Kicillof. Tampoco estamos de acuerdo con que se invierta en el exterior; esta cláusula, que hemos incorporado en la ley cuando nacionalizamos el sistema, es central. Hay que ver cómo funciona el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando invierte en el interior, además de generar una ganancia de intereses o ganancias pactadas, genera aportes, contribuciones e impuestos. La tasa de rentabilidad y de retorno al sistema previsional es muy superior a la tasa de ganancia que se pacta con cualquier banco porque genera aportes y contribuciones, y el inciso q), que genera el 12 por ciento de las inversiones, está generando un retorno mayor. En la gestión anterior, de Bossio, esto se calculaba en la Facultad de Ciencias Económicas.
Tampoco estamos de acuerdo con lo planteado en cuanto a la creación de comisiones. Hace unos días he presentado un proyecto de ley con respecto a este tema. Creo que el tema de la reforma integral del sistema previsional debe ser tratado en una comisión bicameral, que tenga un plazo máximo de dos años y donde estemos representados todos los partidos. Por supuesto, a esa comisión bicameral deberíamos convocar a todos los sectores para elaborar un proyecto de reforma o un nuevo código de la seguridad social.
Por último, quiero hacer algunos comentarios con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Al 31 de diciembre este fondo tenía 77.000 millones de dólares, y con la devaluación del 50 o 60 por ciento -porque fue una fuerte devaluación y no un levantamiento del cepo- pasó a tener un poco más de 40.000 millones. Y según la respuesta del señor jefe de Gabinete de Ministros, ahora pasó a tener 53.000 millones de pesos. Obviamente, ha sufrido un fuerte impacto.
Además, en todos estos años se ha dado que el total de aportes, contribuciones e impuestos derivados a la ANSES fueron siempre mayores que el gasto de las planillas y de las sentencias. Algunos dicen que hay un déficit en el sistema previsional. Yo digo que hasta el 2015 no lo había, si es que por déficit tomamos ingresos más egresos.
Nuestro sistema es tripartito, por cuanto no solo está conformado por aportes y contribuciones, sino por aportes, contribuciones e impuestos. Estimo que este año va a ser complicado, pero lo veremos recién en diciembre; es prematuro abrir una opinión al respecto.
Obviamente, tampoco estamos de acuerdo con que se liquiden las acciones de las sociedades anónimas. El Fondo tiene una gran rentabilidad: el último año fue de 115.000 millones de pesos, y no de 90.000 o 75.000 como dicen algunos. Según el último informe oficial que tenemos, habría arrojado un incremento de 115.000 millones.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un 12 por ciento en acciones y un 60 por ciento en bonos. Si en algún momento la ANSES precisara venderlos para el cumplimiento de sus obligaciones, sería mucho más lógico liquidar los bonos del Tesoro que las acciones. Y voy a explicar por qué.
Algunos se preguntan -y lo utilizan como argumento en los debates publicitarios- qué sucede si las acciones bajan. Miremos para atrás: en todo este tiempo, las acciones no bajaron. Es más; el sector más rentable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue el de las acciones, porque el Merval ha sido la bolsa que más ha crecido en el mundo en los últimos diez años. Esto da rentabilidad al Fondo.
Cuando le pregunté al señor jefe de Gabinete cuál era el crecimiento del Fondo en pesos, me respondió que era del 15 por ciento. Y escuché al señor Basavilbaso decir que las acciones crecieron un 40 por ciento en noventa días.
Créanme que en todo este tiempo -este es un dato oficial, y lo podemos confirmar con los informes del FGS- lo que más ha crecido en el Fondo han sido las acciones, que no se negociaron, no se vendieron, no se compraron; simplemente se mantuvieron por una razón política. De manera que no veo la necesidad de que apelemos a venderlas. De cualquier forma, creo que a todos nos compromete la situación y la mejora del sistema jubilatorio. Yo no considero que ahora haya emergencia previsional. Creo que sí la había en el período 2001/2003, cuando el 60 por ciento de los adultos mayores estaba fuera del sistema.
En aquel momento escribí un artículo -no recuerdo si en "Página 12" o en algún otro medio- donde señalaba que hay que elegir entre la exclusión y el privilegio. Pero también éramos conscientes de que había que luchar para reconstituir la pirámide. Esta es una ley que no beneficia a los jubilados de menores recursos sino a los del medio, que perdieron la posibilidad de mantener la pirámide.
Con las salvedades que he planteado, y esperando que algunas de ellas se tomen en cuenta, en principio acompañaremos de una forma u otra esta iniciativa, en la medida en que lo que resuelva el bloque al que pertenezco. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Solicito a los señores diputados que se circunscriban a las preguntas porque, de lo contrario, nos quedaremos solamente con los taquígrafos.
Les aclaro que vamos a seguir debatiendo este tema. De modo que todo lo que quieran decir sobre el proyecto lo podrán expresar a posteriori. Ahora les pido que se circunscriban a las preguntas porque dentro de 35 minutos le tengo que dar la palabra a los funcionarios, que quieren contestar las preguntas personalmente.
Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
Les aclaro que vamos a seguir debatiendo este tema. De modo que todo lo que quieran decir sobre el proyecto lo podrán expresar a posteriori. Ahora les pido que se circunscriban a las preguntas porque dentro de 35 minutos le tengo que dar la palabra a los funcionarios, que quieren contestar las preguntas personalmente.
Tiene la palabra el señor diputado Amadeo.
SR. AMADEO Señor presidente: mi intención simplemente era aplaudir al diputado Sánchez y agradecer la habitual buena onda de la diputada Ciciliani. Pero me parece que algunas expresiones vertidas en este debate requieren ciertas aclaraciones, algunas de naturaleza política y otras de naturaleza más técnica. Seré lo más breve posible.
Aquí se ha dicho con mucha fuerza que estamos ante un tratamiento exprés. Me pregunto si en la Argentina de hoy hay un tema que merezca un tratamiento más urgente que el de los jubilados; me parece difícil. Si no, preguntémosle a los jubilados que están esperando desde hace mucho tiempo.
Esta sala ha sido testigo de tratamientos exprés de leyes que diría que fueron casi vergonzosas, señor presidente. Por lo tanto, creo que vale la pena que nos aboquemos al tema en tratamiento; hoy existe Internet, lo cual nos permite trabajar en muchas cosas.
Sí es cierto que estamos apurados, señor presidente, porque además de esta ley tenemos que sancionar la ley de financiamiento a la vivienda, la de pymes y las leyes de educación. Tenemos una enorme agenda de temas que nos convocan, para cuyo tratamiento seguiremos con esta metodología que elegimos, de discusión amplia y abierta, de reunirnos tres o cuatro veces en comisión antes de llegar al tratamiento en el recinto. De manera que, señor presidente, como bloque queremos insistir en la necesidad ética de dar tratamiento a los proyectos lo más rápido posible, por supuesto respetando los tiempos naturales, y no dilatar los temas de manera que se diluyan. En los 157 días del actual gobierno este Congreso ha funcionado de una manera que nos debe enorgullecer a todos: oficialistas y opositores.
Por otro lado, señor presidente, estoy orgulloso y aplaudo la unidad de este paquete legislativo, no solo por una cuestión de simplificación sino también por una cuestión ética, que muy bien planteó el señor Quintana en su exposición: porque estamos diciendo que vamos a financiar esta revolución en el sistema jubilatorio argentino con recursos que aseguran su sustentabilidad. Además, con los recursos provenientes del sinceramiento fiscal vamos a dar a esta ley una dimensión que se ha perdido en la Argentina, que es la dimensión de futuro.
Señor presidente: es un enorme mérito de este paquete que incluya la posibilidad de desarrollar mercados de capital de largo plazo. Esta norma tiene mucho sentido si la miramos de manera integral, porque con ella resolvemos el problema de los jubilados -que, como se dijo, muchos murieron sin haber podido cobrar-, generamos una transformación impositiva y otorgamos incentivos para que el dinero que venga se invierta a largo plazo.
Sé el esfuerzo que hicieron los miembros del equipo económico para encontrar la manera de incentivar la colocación del dinero en recursos, acciones y bonos que desarrollen inversiones a largo plazo, algo que en la Argentina había desaparecido, pues todo era inmediatez.
Como dije, esto es integralidad. Por eso, señor presidente, defendemos este paquete como un todo. No se trata solamente de firmar un cheque para pagar una deuda. Se trata de producir una transformación.
Me sorprendió muchísimo que algún señor diputado dijera que estamos contrabandeando a los jubilados detrás de un paquete donde hay intenciones oscuras. Me permito marcar, entre otras cosas, que en el "contrabando" hay 600.000 jubilados, que hoy cobran la mínima, que tendrán un incremento de alrededor del 32 por ciento. Entonces, siguiendo con esa metáfora, digo que estamos muy orgullosos de que en esta ley se "contrabandeen" cosas tan positivas para la gente, que son casi una novedad en la Argentina de los últimos diez años.
Por otra parte, señor presidente, aquí se ha hablado de los impuestos "a los ricos". Quiero aclarar que la eliminación del impuesto a los bienes personales es una demanda de los sectores medios de la Argentina, porque no puede ser que por tener una casita se deba pagar el impuesto a los bienes personales. ¿O estamos hablamos solo de los sectores más pobres? A éstos los estamos ayudando con todas las medidas que hemos tomado durante este tiempo, que muestran la sensibilidad social de este gobierno. La eliminación del impuesto a los bienes personales es un aliento a los sectores medios, y está acompañada por una propuesta impensable para muchos, que es el hecho de que en la Argentina se pueda instalar el impuesto a la herencia.
En cuanto a los blanqueos, pensaba hacer referencia a las experiencias que hemos tenido en el pasado. Pero, en aras del diálogo, prefiero no decir lo que se ha hecho en la Argentina con los blanqueos. Lo que está claro -como se ha marcado- es el nivel de control que este blanqueo tendrá sobre el origen de los fondos.
Además, me han informado -aquí tengo los datos- que hay catorce países de muy alto nivel económico que permiten blanqueos que no obligan a repatriar capitales. Esto da flexibilidad a la política económica, porque da flexibilidad para generar nuevas herramientas de inversión. Por lo tanto, no estamos haciendo esto como parte de una negociación con los capitales espurios.
Por último, señor presidente, no puedo dejar pasar un argumento. Yo en algún momento, en un largo fin de semana de lluvia, leí -créase o no- la tesis doctoral del diputado Kicillof. (Risas.) Y él dice que, como estamos en el final del capitalismo, la única manera de que haya inversión en el sector privado es a través de la presión del Estado. Yo creo que detrás de esa idea estuvo esta peregrina idea de tener acciones para meterse en los directorios para obligar a las empresas privadas a invertir como querían las autoridades.
Le quiero decir, señor presidente, que nosotros tenemos una visión absolutamente diferente. Nosotros confiamos en la creatividad, en la vocación de crecimiento, en la perspectiva del sector privado; y cuando digo "sector privado" me refiero tanto a la empresa más grande de la Argentina como a un maxikiosco. Por eso esta norma genera instrumentos para promover la inversión sin que tengamos que poner tecnócratas -ahora, de nuestro lado- en los directorios de las empresas para obligarlos a invertir. (Aplausos.)
Aquí se ha dicho con mucha fuerza que estamos ante un tratamiento exprés. Me pregunto si en la Argentina de hoy hay un tema que merezca un tratamiento más urgente que el de los jubilados; me parece difícil. Si no, preguntémosle a los jubilados que están esperando desde hace mucho tiempo.
Esta sala ha sido testigo de tratamientos exprés de leyes que diría que fueron casi vergonzosas, señor presidente. Por lo tanto, creo que vale la pena que nos aboquemos al tema en tratamiento; hoy existe Internet, lo cual nos permite trabajar en muchas cosas.
Sí es cierto que estamos apurados, señor presidente, porque además de esta ley tenemos que sancionar la ley de financiamiento a la vivienda, la de pymes y las leyes de educación. Tenemos una enorme agenda de temas que nos convocan, para cuyo tratamiento seguiremos con esta metodología que elegimos, de discusión amplia y abierta, de reunirnos tres o cuatro veces en comisión antes de llegar al tratamiento en el recinto. De manera que, señor presidente, como bloque queremos insistir en la necesidad ética de dar tratamiento a los proyectos lo más rápido posible, por supuesto respetando los tiempos naturales, y no dilatar los temas de manera que se diluyan. En los 157 días del actual gobierno este Congreso ha funcionado de una manera que nos debe enorgullecer a todos: oficialistas y opositores.
Por otro lado, señor presidente, estoy orgulloso y aplaudo la unidad de este paquete legislativo, no solo por una cuestión de simplificación sino también por una cuestión ética, que muy bien planteó el señor Quintana en su exposición: porque estamos diciendo que vamos a financiar esta revolución en el sistema jubilatorio argentino con recursos que aseguran su sustentabilidad. Además, con los recursos provenientes del sinceramiento fiscal vamos a dar a esta ley una dimensión que se ha perdido en la Argentina, que es la dimensión de futuro.
Señor presidente: es un enorme mérito de este paquete que incluya la posibilidad de desarrollar mercados de capital de largo plazo. Esta norma tiene mucho sentido si la miramos de manera integral, porque con ella resolvemos el problema de los jubilados -que, como se dijo, muchos murieron sin haber podido cobrar-, generamos una transformación impositiva y otorgamos incentivos para que el dinero que venga se invierta a largo plazo.
Sé el esfuerzo que hicieron los miembros del equipo económico para encontrar la manera de incentivar la colocación del dinero en recursos, acciones y bonos que desarrollen inversiones a largo plazo, algo que en la Argentina había desaparecido, pues todo era inmediatez.
Como dije, esto es integralidad. Por eso, señor presidente, defendemos este paquete como un todo. No se trata solamente de firmar un cheque para pagar una deuda. Se trata de producir una transformación.
Me sorprendió muchísimo que algún señor diputado dijera que estamos contrabandeando a los jubilados detrás de un paquete donde hay intenciones oscuras. Me permito marcar, entre otras cosas, que en el "contrabando" hay 600.000 jubilados, que hoy cobran la mínima, que tendrán un incremento de alrededor del 32 por ciento. Entonces, siguiendo con esa metáfora, digo que estamos muy orgullosos de que en esta ley se "contrabandeen" cosas tan positivas para la gente, que son casi una novedad en la Argentina de los últimos diez años.
Por otra parte, señor presidente, aquí se ha hablado de los impuestos "a los ricos". Quiero aclarar que la eliminación del impuesto a los bienes personales es una demanda de los sectores medios de la Argentina, porque no puede ser que por tener una casita se deba pagar el impuesto a los bienes personales. ¿O estamos hablamos solo de los sectores más pobres? A éstos los estamos ayudando con todas las medidas que hemos tomado durante este tiempo, que muestran la sensibilidad social de este gobierno. La eliminación del impuesto a los bienes personales es un aliento a los sectores medios, y está acompañada por una propuesta impensable para muchos, que es el hecho de que en la Argentina se pueda instalar el impuesto a la herencia.
En cuanto a los blanqueos, pensaba hacer referencia a las experiencias que hemos tenido en el pasado. Pero, en aras del diálogo, prefiero no decir lo que se ha hecho en la Argentina con los blanqueos. Lo que está claro -como se ha marcado- es el nivel de control que este blanqueo tendrá sobre el origen de los fondos.
Además, me han informado -aquí tengo los datos- que hay catorce países de muy alto nivel económico que permiten blanqueos que no obligan a repatriar capitales. Esto da flexibilidad a la política económica, porque da flexibilidad para generar nuevas herramientas de inversión. Por lo tanto, no estamos haciendo esto como parte de una negociación con los capitales espurios.
Por último, señor presidente, no puedo dejar pasar un argumento. Yo en algún momento, en un largo fin de semana de lluvia, leí -créase o no- la tesis doctoral del diputado Kicillof. (Risas.) Y él dice que, como estamos en el final del capitalismo, la única manera de que haya inversión en el sector privado es a través de la presión del Estado. Yo creo que detrás de esa idea estuvo esta peregrina idea de tener acciones para meterse en los directorios para obligar a las empresas privadas a invertir como querían las autoridades.
Le quiero decir, señor presidente, que nosotros tenemos una visión absolutamente diferente. Nosotros confiamos en la creatividad, en la vocación de crecimiento, en la perspectiva del sector privado; y cuando digo "sector privado" me refiero tanto a la empresa más grande de la Argentina como a un maxikiosco. Por eso esta norma genera instrumentos para promover la inversión sin que tengamos que poner tecnócratas -ahora, de nuestro lado- en los directorios de las empresas para obligarlos a invertir. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra la señora diputada Nazario.
SRA. NAZARIO Señor presidente: agradezco la presencia de los funcionarios que vinieron a informarnos.
Seré muy puntual. Tengo tres preguntas. La primera tiene que ver con el Título III, Pensión Universal para el Adulto Mayor. Me gustaría saber cuál es la razón por la que no se hizo una diferencia entre los 65 años para los hombres y los 60 años para las mujeres.
Si bien los conceptos de jubilación y pensión son distintos -atendiendo a un criterio que se expone en los fundamentos, de piso de protección social y demás-, creo que el jubilado o el adulto mayor no conocen esta diferencia. Lo que le importa al jubilado es saber cuánto le entra a fin de mes, ya que tal vez es lo único que tiene para vivir.
Entonces, me parece que para los hombres está más fácil, porque el que llega a los 65 años de edad y tiene 30 años de aporte, se jubila; el que llega a los 65 años de edad y puede ingresar a la ley 24.476, que es la primera moratoria, también se jubila; y el que llega a los 65 años de edad y no tiene ninguna de esas dos posibilidades, puede acceder a esta pensión, de acuerdo con este proyecto.
En el caso de las mujeres, me parece que se pone más difícil. Si tienen 60 años de edad y 30 años de aportes, se pueden jubilar. Si tienen 60 años de edad y pudieron ingresar a la primera moratoria, también se pueden jubilar; aunque esto ya es más difícil, porque la mayoría de las mujeres de esa edad tienen solo los primeros años de aportes porque después se dedicaron a la familia, a sus hijos. Creo que vino a cubrir esto lo que se conoce como jubilación de ama de casa, pero tengo entendido que a mediados de septiembre de este año finaliza la vigencia de esa ley.
Entonces, mi primera pregunta se refiere a ese grupo de mujeres de 60 años que no reúnen los requisitos para jubilarse. Por un lado, no podrán acceder a la jubilación de ama de casa porque esa ley dejará de tener vigencia en septiembre de este año. Y por otro lado, si tienen que esperar tres años, quizá no logren acceder a la pensión, porque tendrían 61, 62 o 63 años. Pregunto: ¿a qué obedece que no se haya hecho la diferencia? ¿Se debe a que se piensa prorrogar esta segunda moratoria o la ley que prevé la jubilación de ama de casa? ¿Cuál es la razón?
La segunda pregunta es por qué no se ha incluido a los jubilados de renta vitalicia, dado que es terrible lo que están cobrando. ¿Se los piensa incluir en otra ley, o tratarlos de otra manera?
Y la tercera pregunta -que también nos hacen permanentemente los jubilados- tiene que ver con los plazos. Si se sanciona esta ley, ¿en qué tiempo se completará el pago de todo esto que se está planteando?
Seré muy puntual. Tengo tres preguntas. La primera tiene que ver con el Título III, Pensión Universal para el Adulto Mayor. Me gustaría saber cuál es la razón por la que no se hizo una diferencia entre los 65 años para los hombres y los 60 años para las mujeres.
Si bien los conceptos de jubilación y pensión son distintos -atendiendo a un criterio que se expone en los fundamentos, de piso de protección social y demás-, creo que el jubilado o el adulto mayor no conocen esta diferencia. Lo que le importa al jubilado es saber cuánto le entra a fin de mes, ya que tal vez es lo único que tiene para vivir.
Entonces, me parece que para los hombres está más fácil, porque el que llega a los 65 años de edad y tiene 30 años de aporte, se jubila; el que llega a los 65 años de edad y puede ingresar a la ley 24.476, que es la primera moratoria, también se jubila; y el que llega a los 65 años de edad y no tiene ninguna de esas dos posibilidades, puede acceder a esta pensión, de acuerdo con este proyecto.
En el caso de las mujeres, me parece que se pone más difícil. Si tienen 60 años de edad y 30 años de aportes, se pueden jubilar. Si tienen 60 años de edad y pudieron ingresar a la primera moratoria, también se pueden jubilar; aunque esto ya es más difícil, porque la mayoría de las mujeres de esa edad tienen solo los primeros años de aportes porque después se dedicaron a la familia, a sus hijos. Creo que vino a cubrir esto lo que se conoce como jubilación de ama de casa, pero tengo entendido que a mediados de septiembre de este año finaliza la vigencia de esa ley.
Entonces, mi primera pregunta se refiere a ese grupo de mujeres de 60 años que no reúnen los requisitos para jubilarse. Por un lado, no podrán acceder a la jubilación de ama de casa porque esa ley dejará de tener vigencia en septiembre de este año. Y por otro lado, si tienen que esperar tres años, quizá no logren acceder a la pensión, porque tendrían 61, 62 o 63 años. Pregunto: ¿a qué obedece que no se haya hecho la diferencia? ¿Se debe a que se piensa prorrogar esta segunda moratoria o la ley que prevé la jubilación de ama de casa? ¿Cuál es la razón?
La segunda pregunta es por qué no se ha incluido a los jubilados de renta vitalicia, dado que es terrible lo que están cobrando. ¿Se los piensa incluir en otra ley, o tratarlos de otra manera?
Y la tercera pregunta -que también nos hacen permanentemente los jubilados- tiene que ver con los plazos. Si se sanciona esta ley, ¿en qué tiempo se completará el pago de todo esto que se está planteando?
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Lipovetzky.
SR. LIPOVETZKY Voy a ser muy breve, señor presidente. Primero haré algunas consideraciones y luego las preguntas que correspondan.
En primer lugar, quiero agradecer a los funcionarios y decirles que considero muy importante su presencia en esta reunión.
Creo que este es un proyecto revolucionario, siguiendo con los términos del diputado Amadeo. Digo "revolucionario" porque habría que analizar qué pasó en los últimos veinte años. Hoy el diputado Bossio hablaba del año 1991.
En los últimos veinte años se han iniciado miles y miles de juicios por reclamos jubilatorios. ¿Y por qué se iniciaron esos juicios? ¿Por la industria del juicio? ¿Porque a los abogados se les ocurrió iniciar demandas? No. Se iniciaron porque hubo una decisión política de los diferentes gobiernos de liquidar mal los haberes jubilatorios, contrariamente a lo que decían la ley y la propia jurisprudencia de la Corte. Esto originó miles y miles de juicios.
Alguien dijo acá que el porcentaje es uno de los menores. Pero si uno recorre la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social -en la calle Lavalle- o los juzgados federales del interior, donde hay Secretarías especialmente dedicadas a estos temas, se encuentra con un panorama realmente desolador, de acumulación de miles y miles de expedientes sin resolver. No debemos olvidar que detrás de cada uno de esos expedientes está un abuelo, un jubilado que está esperando que salga la sentencia o que su sentencia se cumpla, porque los trámites jubilatorios tienen dos procesos.
El primero de esos procesos es llegar hasta la sentencia, que demora muchos años porque la ANSES decide ir hasta la Corte. Acá se decía que es obligación del Estado apelar. Sí, es obligación de los abogados del Estado apelar pero hasta las instancias ordinarias; no en las instancias extraordinarias. Y el trámite llega hasta la Corte para que ésta en definitiva diga: "Señores: yo ya fallé. Acá está el caso Badaro. Ya lo dije." O el resto de los precedentes.
Entonces, hay una obligación de los abogados de apelar, pero no hasta la Corte. Esto implica demoras enormes. ¿Cuál es el objetivo? No pagar, demorar el cumplimiento de las sentencias.
El segundo proceso es la ejecución; es decir, una vez que está la sentencia firme, hay que ejecutarla. La ejecución de esa sentencia demora muchísimos años más, porque justamente la idea es seguir con la demora.
Pasar de este panorama -que he descripto muy brevemente para no dilatar el tema- a una ley que dice que va a pagar todos los juicios y va a terminar con los reclamos es un cambio revolucionario. Creo que este Congreso debería resolverlo en el menor tiempo posible porque justamente hay 250.000 abuelos, más todos los que tienen la expectativa de reclamar, que están esperando que nosotros le pongamos punto final a esto cuando hay una decisión política de un gobierno que ha resuelto terminar con este problema de los juicios o de los reclamos jubilatorios en sede judicial.
En relación con este tema quiero preguntar si se sabe la cantidad de juicios mensuales que se han iniciado en los últimos dos años. Me parece que es importante saberlo para tener una expectativa de lo que realmente está pasando en los últimos años con los trámites jubilatorios y los reclamos.
Pasando al tema de la pensión universal a la vejez, me gustaría que nos expliquen cuál ha sido el parámetro para establecer los tres años para el ingreso a la pensión. Supongo que tiene que ver con la posibilidad de elaborar una ley nueva.
Sin perjuicio de ello, quisiera que los funcionarios nos aclaren esta cuestión, porque podría ocurrir que la ley no entre en vigencia dentro de los tres años. Entonces, quizá habría que establecer que el plazo sea hasta que la ley entre en vigencia. Creo que existe la voluntad, como lo dicen los propios fundamentos del proyecto, de que este beneficio se otorgue en forma vitalicia y no temporaria.
Por último, quiero decir que coincido con el incluir a los legisladores y a los miembros de los poderes Legislativo y Judicial. Y me pregunto si no habría que incluir también a los funcionarios públicos provinciales y municipales, que en definitiva también pueden adherirse a ese blanqueo sin perjuicio de que sea una ley nacional.
En primer lugar, quiero agradecer a los funcionarios y decirles que considero muy importante su presencia en esta reunión.
Creo que este es un proyecto revolucionario, siguiendo con los términos del diputado Amadeo. Digo "revolucionario" porque habría que analizar qué pasó en los últimos veinte años. Hoy el diputado Bossio hablaba del año 1991.
En los últimos veinte años se han iniciado miles y miles de juicios por reclamos jubilatorios. ¿Y por qué se iniciaron esos juicios? ¿Por la industria del juicio? ¿Porque a los abogados se les ocurrió iniciar demandas? No. Se iniciaron porque hubo una decisión política de los diferentes gobiernos de liquidar mal los haberes jubilatorios, contrariamente a lo que decían la ley y la propia jurisprudencia de la Corte. Esto originó miles y miles de juicios.
Alguien dijo acá que el porcentaje es uno de los menores. Pero si uno recorre la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social -en la calle Lavalle- o los juzgados federales del interior, donde hay Secretarías especialmente dedicadas a estos temas, se encuentra con un panorama realmente desolador, de acumulación de miles y miles de expedientes sin resolver. No debemos olvidar que detrás de cada uno de esos expedientes está un abuelo, un jubilado que está esperando que salga la sentencia o que su sentencia se cumpla, porque los trámites jubilatorios tienen dos procesos.
El primero de esos procesos es llegar hasta la sentencia, que demora muchos años porque la ANSES decide ir hasta la Corte. Acá se decía que es obligación del Estado apelar. Sí, es obligación de los abogados del Estado apelar pero hasta las instancias ordinarias; no en las instancias extraordinarias. Y el trámite llega hasta la Corte para que ésta en definitiva diga: "Señores: yo ya fallé. Acá está el caso Badaro. Ya lo dije." O el resto de los precedentes.
Entonces, hay una obligación de los abogados de apelar, pero no hasta la Corte. Esto implica demoras enormes. ¿Cuál es el objetivo? No pagar, demorar el cumplimiento de las sentencias.
El segundo proceso es la ejecución; es decir, una vez que está la sentencia firme, hay que ejecutarla. La ejecución de esa sentencia demora muchísimos años más, porque justamente la idea es seguir con la demora.
Pasar de este panorama -que he descripto muy brevemente para no dilatar el tema- a una ley que dice que va a pagar todos los juicios y va a terminar con los reclamos es un cambio revolucionario. Creo que este Congreso debería resolverlo en el menor tiempo posible porque justamente hay 250.000 abuelos, más todos los que tienen la expectativa de reclamar, que están esperando que nosotros le pongamos punto final a esto cuando hay una decisión política de un gobierno que ha resuelto terminar con este problema de los juicios o de los reclamos jubilatorios en sede judicial.
En relación con este tema quiero preguntar si se sabe la cantidad de juicios mensuales que se han iniciado en los últimos dos años. Me parece que es importante saberlo para tener una expectativa de lo que realmente está pasando en los últimos años con los trámites jubilatorios y los reclamos.
Pasando al tema de la pensión universal a la vejez, me gustaría que nos expliquen cuál ha sido el parámetro para establecer los tres años para el ingreso a la pensión. Supongo que tiene que ver con la posibilidad de elaborar una ley nueva.
Sin perjuicio de ello, quisiera que los funcionarios nos aclaren esta cuestión, porque podría ocurrir que la ley no entre en vigencia dentro de los tres años. Entonces, quizá habría que establecer que el plazo sea hasta que la ley entre en vigencia. Creo que existe la voluntad, como lo dicen los propios fundamentos del proyecto, de que este beneficio se otorgue en forma vitalicia y no temporaria.
Por último, quiero decir que coincido con el incluir a los legisladores y a los miembros de los poderes Legislativo y Judicial. Y me pregunto si no habría que incluir también a los funcionarios públicos provinciales y municipales, que en definitiva también pueden adherirse a ese blanqueo sin perjuicio de que sea una ley nacional.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Lavagna.
SR. LAVAGNA Señor presidente: en primer lugar quiero hacer una reflexión general sobre la postura que ha tenido el Frente Renovador, y en particular Sergio Massa, sobre el tema de los jubilados. Es sabido que el 82 por ciento móvil, la recomposición de haberes y el pago a los jubilados es parte de nuestro ADN. De manera que este proyecto, por lo menos en lo que se refiere a la cancelación de las deudas con los jubilados, nos cae muy bien. Dicho esto, creo que hay que aclarar algunos conceptos.
Primero quiero recordar al diputado Laspina -que seguramente pensó que me había olvidado- que en la anteúltima sesión ordinaria, cuando tratamos el IVA, se comprometió a discutir, por lo menos, la posibilidad de darle un plus a quienes cobran la jubilación mínima, que son los que más han sufrido el impacto inflacionario de estos meses y la verdad es que muchos de ellos se encuentran en una situación crítica. Creemos que este proyecto va en el camino correcto, pero ya que incluimos tantas cuestiones, pienso que debería estar contemplado también algún plus para los jubilados que cobran la mínima.
Iré planteando mis preguntas por temas. Primero me referiré al régimen de jubilaciones. Básicamente, mis preguntas apuntan a tratar de entender bien cómo va a ser el funcionamiento, cómo van a ser los impactos y en qué tiempo se producirán estos últimos.
En ese sentido, me gustaría conocer el tiempo de aplicación de estas devoluciones o cuotas, es decir, en cuánto tiempo se estima que se podrá empezar a regularizar, primero a los mayores de 80 años y a los enfermos, y en cuánto tiempo o en qué etapa se prevé que se va a llegar a todo el universo de jubilados alcanzados por esta norma. Me parece que esto es muy importante, y va en línea con lo que decía la señora diputada Ciciliani, en cuanto a que hay una gran expectativa en los jubilados y muchos están pensando que mañana ya van a cobrar. Quiero ver qué cosas se pueden agregar o cómo podemos reforzar el proyecto para asegurar que eso suceda lo más rápido posible.
La segunda pregunta tiene que ver con el trámite de homologación que tienen que hacer los jubilados en sede judicial. Esto implica toda una movilización del jubilado, que entiendo tendrá que acercarse hasta allí. Mi pregunta es cómo está previsto ese tema, es decir, si van a ayudar al jubilado a que lo haga lo más rápido posible. Este punto va linkeado a la primera parte.
Y unido a ese tema está el de los honorarios de los abogados. Creo que en algún momento el señor Quintana señaló que los abogados corren no por cuenta de los jubilados sino del Estado. Quisiera saber si esto es correcto, porque no está puesto en el proyecto; y si está, se me escapó. En caso de que no esté puesto, quisiera saber si lo podemos incorporar.
Otra de las preguntas es qué pasa con los que tengan sentencia firme y no opten por este régimen. Como este es un régimen de adhesión voluntaria, puede suceder que algunos jubilados opten por seguir el trámite que venían haciendo y cobrar el juicio. Esto es similar a lo señalado por el señor diputado Bossio y otros colegas. Entonces, quisiera saber qué política se seguirá en esos casos: ¿se utilizará el presupuesto?, ¿cuál será la celeridad en el pago de los juicios a esos jubilados? Creo que es un punto importante para tener en claro.
El artículo 6° habla del promedio de las tasas pasivas del Banco Central. Sería bueno que especifiquemos qué es la tasa pasiva del Banco Central, porque es muy amplio el concepto.
Acerca del impacto sobre el impuesto a las ganancias, los jubilados que reciban este dinero en concepto de devolución pagarán impuesto a las ganancias como si se les hubiera retenido oportunamente. Por eso, quisiera saber cuál es el cálculo, positivo para el Estado en este caso, de ingreso por impuesto a las ganancias; esto, para ver el impacto fiscal final que uno puede estar analizando.
Con respecto al Consejo de Sustentabilidad Previsional, sería conveniente fijar plazos y parámetros sobre los cuales se podría estar trabajando en un nuevo régimen de sustentabilidad. ¿Por qué esto? Porque, si no, podemos caer en la tentación -como dijo algún diputado- de ir a un sistema del estilo de las AFJP. Si bien creo que esa no es la intención, sería interesante establecer cuáles son los parámetros básicos -los grandes títulos- sobre los cuales se debe trabajar en ese Consejo.
Adicionalmente, haría que esto tenga informes semestrales, que deban ir a la comisión -posiblemente, a la de Previsión y Seguridad Social-, para que vayan dando cuenta del avance. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros esperamos tres años para que se presente un proyecto, quizás perdimos tres años de ir mejorándolo hasta convertirlo en un sistema sustentable y que, cuando venga al Congreso, sea aprobado por una amplia mayoría porque ya va a haber tenido una discusión muy importante.
Otro punto que no me queda claro es cuándo empieza a cobrarse la primera cuota. Se paga el 50 por ciento y, después, cuotas trimestrales durante tres años. ¿Cuándo se paga la primera cuota trimestral? Entiendo que se paga tres meses después del pago del 50 por ciento. Si esto es así -y me están diciendo que es correcto-, podríamos darle una vueltita para que se interprete de este modo, porque tal como está redactado genera dudas.
Paso al tema de la pensión universal. No entiendo cuál es la finalidad de los artículos 20 y 21, porque por un lado se vence la moratoria y, por otro, les damos un plazo de 60 cuotas para que se pongan en regla con las obligaciones adeudadas. Hay algo que no me termina de cerrar. Puede ser que se refiera a algunos casos específicos.
Ahora -para descanso del señor Basavilbaso- paso a referirme al tema de las provincias. Si bien creo que la respuesta a esta pregunta surge del texto, quiero que quede bien claro. Interpreto que todos los costos que signifique devolver el 15 por ciento a las provincias, el Tesoro se los recompone a la ANSES. ¿Esto es así? Me interesa saber cómo es exactamente. Por la forma en que está redactado, pareciera que el Tesoro cubre todo el 15 por ciento. Si no se cubre todo el 15 por ciento, pregunto si se está pensando en alguna otra forma de dotar de fondos a la ANSES para que no sufra algún desfinanciamiento.
¿Qué pasa con las provincias que no tienen acuerdos firmados, es decir, que no están incluidas en esta norma? Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe y San Luis, que tienen un proceso judicial en la Corte Suprema con sentencia firme, en virtud de lo cual ya se les está restituyendo el 15 por ciento, pero la sentencia habla también de una deuda ahí. Como no está puesto acá, no sé cuál es la política que se está siguiendo en términos del reconocimiento de estas sentencias y si se está haciendo algo al respecto.
Paso a las preguntas sobre el FGS. ¿Cuál es la lógica del cambio de los porcentajes del FGS? Hay algunos que ya la ley actual no está cumpliendo; por lo menos, lo que son los máximos. Hay algo ahí que no me termina de cerrar cuál es la lógica.
Tampoco entiendo la lógica de por qué se sacan los bonos de título de deuda. Acá se nota la mano del secretario Caputo, que seguramente intervino mucho en este proyecto; hay algunos aspectos bien interesantes. No entiendo cuál es la lógica, porque hace una disminución del porcentaje pero elimina estos títulos. Creo que le termina quedando un 2 por ciento adicional que podría adquirir el FGS en títulos, si no estoy equivocado.
Pasando al artículo 27, ¿no se pensó en poner mínimos? Porque por el otro lado se pone un plazo de cuatro años para la adaptación, que hoy ya no se está cumpliendo. Entonces, se cambian los porcentajes, se pone un plazo de cuatro años para la adaptación. O estamos pensando que en esos cuatro años se puede hacer todo en títulos públicos, por ejemplo -quiero interpretar que no es así, pero podría ser-, o ese plazo de cuatro años de readecuación no tiene sentido en la medida en que nunca se están pasando los topes. No termino de entender la lógica de esos cuatro años. Y sobre todo en el medio, creo que deberíamos poner alguna restricción de que esto no significa que el 80 del FGS terminará siendo puesto en títulos públicos.
Paso al tema del blanqueo. Uno de los grandes problemas que hay con los blanqueos es que para la gente que tiene que entrar a los blanqueos no es tanto una restricción en términos del costo de entrada, sino de la certidumbre que tengan de que no van a tener problemas legales en el futuro. En este sentido, y al igual que en todos los otros blanqueos, se sacan la penal cambiaria y la penal tributaria, pero todavía queda lo que es la UIF; quedan los informes ROS que hacen las entidades financieras.
Eso puede atentar contra el éxito del blanqueo. Quizás se podría buscar algún mecanismo de certidumbre; por ejemplo, establecer cuáles son los parámetros como para que una entidad financiera entienda que no son fondos provenientes del narcotráfico, de delitos complejos o de la misma corrupción, que obviamente todos queremos dejar afuera de estos blanqueos. Esto se puede ver por facturación, por ingresos; hay muchas formas.
Pasando a otra cuestión, no entiendo cuál es el sentido del año 2010 para la restricción de funcionarios. Puedo entender que me digan que siguen la misma lógica que para las PEPs, que son dos años. Puedo entender que me digan que son los últimos diez años, porque es el plazo en el que generalmente prescriben los delitos. Puedo entender que me digan el último período presidencial. Pero el año 2010 no es referencia de nada. Por eso, me interesaría saber por qué se eligió ese año.
Paso a referirme al tema de la moratoria. La moratoria que se está haciendo es muy amplia. También es muy agresiva, en términos de los perdones y de las sanciones posibles, a punto tal -corríjanme si me equivoco, porque esto puede deberse a la rapidez con la que he leído esta iniciativa- que estamos admitiendo que entren personas con sentencia firme. No sé si estoy equivocado. Al ser tan amplia esta moratoria, me da la sensación de que es más amplia que otras anteriores.
Primero quiero recordar al diputado Laspina -que seguramente pensó que me había olvidado- que en la anteúltima sesión ordinaria, cuando tratamos el IVA, se comprometió a discutir, por lo menos, la posibilidad de darle un plus a quienes cobran la jubilación mínima, que son los que más han sufrido el impacto inflacionario de estos meses y la verdad es que muchos de ellos se encuentran en una situación crítica. Creemos que este proyecto va en el camino correcto, pero ya que incluimos tantas cuestiones, pienso que debería estar contemplado también algún plus para los jubilados que cobran la mínima.
Iré planteando mis preguntas por temas. Primero me referiré al régimen de jubilaciones. Básicamente, mis preguntas apuntan a tratar de entender bien cómo va a ser el funcionamiento, cómo van a ser los impactos y en qué tiempo se producirán estos últimos.
En ese sentido, me gustaría conocer el tiempo de aplicación de estas devoluciones o cuotas, es decir, en cuánto tiempo se estima que se podrá empezar a regularizar, primero a los mayores de 80 años y a los enfermos, y en cuánto tiempo o en qué etapa se prevé que se va a llegar a todo el universo de jubilados alcanzados por esta norma. Me parece que esto es muy importante, y va en línea con lo que decía la señora diputada Ciciliani, en cuanto a que hay una gran expectativa en los jubilados y muchos están pensando que mañana ya van a cobrar. Quiero ver qué cosas se pueden agregar o cómo podemos reforzar el proyecto para asegurar que eso suceda lo más rápido posible.
La segunda pregunta tiene que ver con el trámite de homologación que tienen que hacer los jubilados en sede judicial. Esto implica toda una movilización del jubilado, que entiendo tendrá que acercarse hasta allí. Mi pregunta es cómo está previsto ese tema, es decir, si van a ayudar al jubilado a que lo haga lo más rápido posible. Este punto va linkeado a la primera parte.
Y unido a ese tema está el de los honorarios de los abogados. Creo que en algún momento el señor Quintana señaló que los abogados corren no por cuenta de los jubilados sino del Estado. Quisiera saber si esto es correcto, porque no está puesto en el proyecto; y si está, se me escapó. En caso de que no esté puesto, quisiera saber si lo podemos incorporar.
Otra de las preguntas es qué pasa con los que tengan sentencia firme y no opten por este régimen. Como este es un régimen de adhesión voluntaria, puede suceder que algunos jubilados opten por seguir el trámite que venían haciendo y cobrar el juicio. Esto es similar a lo señalado por el señor diputado Bossio y otros colegas. Entonces, quisiera saber qué política se seguirá en esos casos: ¿se utilizará el presupuesto?, ¿cuál será la celeridad en el pago de los juicios a esos jubilados? Creo que es un punto importante para tener en claro.
El artículo 6° habla del promedio de las tasas pasivas del Banco Central. Sería bueno que especifiquemos qué es la tasa pasiva del Banco Central, porque es muy amplio el concepto.
Acerca del impacto sobre el impuesto a las ganancias, los jubilados que reciban este dinero en concepto de devolución pagarán impuesto a las ganancias como si se les hubiera retenido oportunamente. Por eso, quisiera saber cuál es el cálculo, positivo para el Estado en este caso, de ingreso por impuesto a las ganancias; esto, para ver el impacto fiscal final que uno puede estar analizando.
Con respecto al Consejo de Sustentabilidad Previsional, sería conveniente fijar plazos y parámetros sobre los cuales se podría estar trabajando en un nuevo régimen de sustentabilidad. ¿Por qué esto? Porque, si no, podemos caer en la tentación -como dijo algún diputado- de ir a un sistema del estilo de las AFJP. Si bien creo que esa no es la intención, sería interesante establecer cuáles son los parámetros básicos -los grandes títulos- sobre los cuales se debe trabajar en ese Consejo.
Adicionalmente, haría que esto tenga informes semestrales, que deban ir a la comisión -posiblemente, a la de Previsión y Seguridad Social-, para que vayan dando cuenta del avance. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros esperamos tres años para que se presente un proyecto, quizás perdimos tres años de ir mejorándolo hasta convertirlo en un sistema sustentable y que, cuando venga al Congreso, sea aprobado por una amplia mayoría porque ya va a haber tenido una discusión muy importante.
Otro punto que no me queda claro es cuándo empieza a cobrarse la primera cuota. Se paga el 50 por ciento y, después, cuotas trimestrales durante tres años. ¿Cuándo se paga la primera cuota trimestral? Entiendo que se paga tres meses después del pago del 50 por ciento. Si esto es así -y me están diciendo que es correcto-, podríamos darle una vueltita para que se interprete de este modo, porque tal como está redactado genera dudas.
Paso al tema de la pensión universal. No entiendo cuál es la finalidad de los artículos 20 y 21, porque por un lado se vence la moratoria y, por otro, les damos un plazo de 60 cuotas para que se pongan en regla con las obligaciones adeudadas. Hay algo que no me termina de cerrar. Puede ser que se refiera a algunos casos específicos.
Ahora -para descanso del señor Basavilbaso- paso a referirme al tema de las provincias. Si bien creo que la respuesta a esta pregunta surge del texto, quiero que quede bien claro. Interpreto que todos los costos que signifique devolver el 15 por ciento a las provincias, el Tesoro se los recompone a la ANSES. ¿Esto es así? Me interesa saber cómo es exactamente. Por la forma en que está redactado, pareciera que el Tesoro cubre todo el 15 por ciento. Si no se cubre todo el 15 por ciento, pregunto si se está pensando en alguna otra forma de dotar de fondos a la ANSES para que no sufra algún desfinanciamiento.
¿Qué pasa con las provincias que no tienen acuerdos firmados, es decir, que no están incluidas en esta norma? Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe y San Luis, que tienen un proceso judicial en la Corte Suprema con sentencia firme, en virtud de lo cual ya se les está restituyendo el 15 por ciento, pero la sentencia habla también de una deuda ahí. Como no está puesto acá, no sé cuál es la política que se está siguiendo en términos del reconocimiento de estas sentencias y si se está haciendo algo al respecto.
Paso a las preguntas sobre el FGS. ¿Cuál es la lógica del cambio de los porcentajes del FGS? Hay algunos que ya la ley actual no está cumpliendo; por lo menos, lo que son los máximos. Hay algo ahí que no me termina de cerrar cuál es la lógica.
Tampoco entiendo la lógica de por qué se sacan los bonos de título de deuda. Acá se nota la mano del secretario Caputo, que seguramente intervino mucho en este proyecto; hay algunos aspectos bien interesantes. No entiendo cuál es la lógica, porque hace una disminución del porcentaje pero elimina estos títulos. Creo que le termina quedando un 2 por ciento adicional que podría adquirir el FGS en títulos, si no estoy equivocado.
Pasando al artículo 27, ¿no se pensó en poner mínimos? Porque por el otro lado se pone un plazo de cuatro años para la adaptación, que hoy ya no se está cumpliendo. Entonces, se cambian los porcentajes, se pone un plazo de cuatro años para la adaptación. O estamos pensando que en esos cuatro años se puede hacer todo en títulos públicos, por ejemplo -quiero interpretar que no es así, pero podría ser-, o ese plazo de cuatro años de readecuación no tiene sentido en la medida en que nunca se están pasando los topes. No termino de entender la lógica de esos cuatro años. Y sobre todo en el medio, creo que deberíamos poner alguna restricción de que esto no significa que el 80 del FGS terminará siendo puesto en títulos públicos.
Paso al tema del blanqueo. Uno de los grandes problemas que hay con los blanqueos es que para la gente que tiene que entrar a los blanqueos no es tanto una restricción en términos del costo de entrada, sino de la certidumbre que tengan de que no van a tener problemas legales en el futuro. En este sentido, y al igual que en todos los otros blanqueos, se sacan la penal cambiaria y la penal tributaria, pero todavía queda lo que es la UIF; quedan los informes ROS que hacen las entidades financieras.
Eso puede atentar contra el éxito del blanqueo. Quizás se podría buscar algún mecanismo de certidumbre; por ejemplo, establecer cuáles son los parámetros como para que una entidad financiera entienda que no son fondos provenientes del narcotráfico, de delitos complejos o de la misma corrupción, que obviamente todos queremos dejar afuera de estos blanqueos. Esto se puede ver por facturación, por ingresos; hay muchas formas.
Pasando a otra cuestión, no entiendo cuál es el sentido del año 2010 para la restricción de funcionarios. Puedo entender que me digan que siguen la misma lógica que para las PEPs, que son dos años. Puedo entender que me digan que son los últimos diez años, porque es el plazo en el que generalmente prescriben los delitos. Puedo entender que me digan el último período presidencial. Pero el año 2010 no es referencia de nada. Por eso, me interesaría saber por qué se eligió ese año.
Paso a referirme al tema de la moratoria. La moratoria que se está haciendo es muy amplia. También es muy agresiva, en términos de los perdones y de las sanciones posibles, a punto tal -corríjanme si me equivoco, porque esto puede deberse a la rapidez con la que he leído esta iniciativa- que estamos admitiendo que entren personas con sentencia firme. No sé si estoy equivocado. Al ser tan amplia esta moratoria, me da la sensación de que es más amplia que otras anteriores.
SR. ABAD Pueden entrar sin sentencia firme.
SR. LAVAGNA De acuerdo. Me quedo más tranquilo, entonces. Pero en algún momento -me pude haber confundido- pensé que con sentencia firme también podían hacerlo.
Igual sigue siendo una moratoria alta, lo cual me lleva a pensar que después de esto hay todo un programa de fiscalización por parte de la AFIP. En este sentido, me interesaría tener mayor precisión sobre qué es lo que están pensando y hacia dónde están yendo.
Paso a referirme al impuesto a las ganancias. Coincido con el diputado Kicillof porque, como ustedes saben, nosotros hemos insistido mucho con el concepto de renta financiera. En este proyecto, más allá de alguna doble imposición o explicación, parecería haber señales de que van en contra de "vamos a buscar en algún momento hacer un proyecto" o "vamos a gravar la renta financiera". Me gustaría tener un poco más claro el alcance de la reforma del impuesto a las ganancias que están proponiendo. Y en particular, lo que tiene que ver con los ADR. Estamos buscando hacer un blanqueo de capitales para atraer capitales, lo mismo que con el bono -y me resulta interesante la forma en que lo han planteado: el bono al cero por ciento, por lo menos durante los primeros años-, pero estamos generando un mecanismo para que las ADR que hoy pagan impuesto a las ganancias no lo paguen. Cabe aclarar que las ADR son las acciones argentinas que se venden afuera. Me parece que acá hay una inconsistencia, salvo -reitero- que yo esté equivocado por la lectura rápida del proyecto. Me gustaría tener alguna explicación mayor sobre esta cuestión.
Otro tema es el de los beneficios para los que no entran en los blanqueos o los que tienen al día sus impuestos. Reconozco que es novedoso que se incorpore un reconocimiento a estas personas. Pero como estamos subiendo el piso del impuesto a los bienes personales, en la práctica eso no va a significar ningún beneficio para esas personas. Puede significar un beneficio para algún sector de la población; por ejemplo, para un asalariado o un grupo familiar que tiene un ingreso de 50 mil pesos y un departamento, que con este aumento del piso -que se lleva 805.000 pesos- posiblemente deje de pagar el impuesto.
Esas personas no van a gozar de ningún beneficio por tener sus impuestos al día. Los que sí van a tener un beneficio son aquellos que están por arriba de los 805.000 -o después con las sucesivas crecientes-, que son los de más grandes ingresos. Aquellos que pertenecen a una clase media trabajadora estarían quedando afuera y no tendrían ningún beneficio.
Creo que ahí tenemos que hacer un cambio e incorporar conceptos -como podría ser el impuesto a las ganancias u otros impuestos- para que ese beneficio que se quiere reconocer llegue efectivamente a la clase media trabajadora.
Por último, creo que merece un reconocimiento y un aplauso la incorporación de una comisión bicameral para analizar una reforma tributaria. Creo que la Argentina se debe una reforma tributaria integral -este es un asunto que tenemos pendiente-, y me parece muy bueno que se incorpore como una de las obligaciones dentro de este proyecto. (Aplausos.)
Igual sigue siendo una moratoria alta, lo cual me lleva a pensar que después de esto hay todo un programa de fiscalización por parte de la AFIP. En este sentido, me interesaría tener mayor precisión sobre qué es lo que están pensando y hacia dónde están yendo.
Paso a referirme al impuesto a las ganancias. Coincido con el diputado Kicillof porque, como ustedes saben, nosotros hemos insistido mucho con el concepto de renta financiera. En este proyecto, más allá de alguna doble imposición o explicación, parecería haber señales de que van en contra de "vamos a buscar en algún momento hacer un proyecto" o "vamos a gravar la renta financiera". Me gustaría tener un poco más claro el alcance de la reforma del impuesto a las ganancias que están proponiendo. Y en particular, lo que tiene que ver con los ADR. Estamos buscando hacer un blanqueo de capitales para atraer capitales, lo mismo que con el bono -y me resulta interesante la forma en que lo han planteado: el bono al cero por ciento, por lo menos durante los primeros años-, pero estamos generando un mecanismo para que las ADR que hoy pagan impuesto a las ganancias no lo paguen. Cabe aclarar que las ADR son las acciones argentinas que se venden afuera. Me parece que acá hay una inconsistencia, salvo -reitero- que yo esté equivocado por la lectura rápida del proyecto. Me gustaría tener alguna explicación mayor sobre esta cuestión.
Otro tema es el de los beneficios para los que no entran en los blanqueos o los que tienen al día sus impuestos. Reconozco que es novedoso que se incorpore un reconocimiento a estas personas. Pero como estamos subiendo el piso del impuesto a los bienes personales, en la práctica eso no va a significar ningún beneficio para esas personas. Puede significar un beneficio para algún sector de la población; por ejemplo, para un asalariado o un grupo familiar que tiene un ingreso de 50 mil pesos y un departamento, que con este aumento del piso -que se lleva 805.000 pesos- posiblemente deje de pagar el impuesto.
Esas personas no van a gozar de ningún beneficio por tener sus impuestos al día. Los que sí van a tener un beneficio son aquellos que están por arriba de los 805.000 -o después con las sucesivas crecientes-, que son los de más grandes ingresos. Aquellos que pertenecen a una clase media trabajadora estarían quedando afuera y no tendrían ningún beneficio.
Creo que ahí tenemos que hacer un cambio e incorporar conceptos -como podría ser el impuesto a las ganancias u otros impuestos- para que ese beneficio que se quiere reconocer llegue efectivamente a la clase media trabajadora.
Por último, creo que merece un reconocimiento y un aplauso la incorporación de una comisión bicameral para analizar una reforma tributaria. Creo que la Argentina se debe una reforma tributaria integral -este es un asunto que tenemos pendiente-, y me parece muy bueno que se incorpore como una de las obligaciones dentro de este proyecto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
SR. CASTAGNETO Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a los funcionarios que nos visitan.
Trataré de hacer un breve racconto de la situación.
Escuchando hoy a los señores diputados Bossio y Kicillof recordé que allá por el 2003, cuando asumimos el gobierno, había catorce monedas. A mí me tocó estar en pensiones no contributivas y les puedo decir que hacía ocho meses que no se pagaban ni las pensiones ni las obras sociales. Con un trabajo muy fuerte se llegó a casi un 97 por ciento de la cobertura de las jubilaciones -de un 56 por ciento a casi un 97 por ciento- a lo largo y a lo ancho del país, con un incremento del 2.700 por ciento.
En este proyecto de ley veo que no se está alcanzando a todos los jubilados sino a un 30 por ciento. No se está reconociendo, pues quedan excluidos del pago, a servicios diferenciales, rubros no remunerativos y aquellas personas que perciben de las AFJP, que aproximadamente son unas 300 mil. Es decir que solamente estaría alcanzando al 30 por ciento de las personas jubiladas en la actualidad.
También hay que tener en cuenta la ley 27.181, y aquí quiero detenerme y expresar mi opinión. Me parece que el objetivo de esta ley es nada más ni nada menos que vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, vender las acciones de las empresas. Porque si tratamos todos estos puntos en una sola ley, me hace recordar a cuando les pagamos a los fondos buitres, que decían que apenas se les pagara iban a entrar millones y millones de dólares. Ahora, tomando esta ley, también va a entrar mucha inversión y lo lleva atado al blanqueo de capitales. Entonces, yo creo que el blanqueo de capitales no va a ser exitoso.
Tratar estos temas en forma conjunta nos lleva a una encerrona: no vamos a tener otra alternativa que vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los fondos solidarios, que -tal como lo ha demostrado el señor diputado Bossio- se fueron incrementando a lo largo de estos años y dieron beneficios, y son las reservas que tienen nuestros próximos jubilados.
También, tal como decía la diputada Ciciliani, va a costar mucho llegar al 4 por uno de los activos cuando vemos una recesión muy importante en el país. Si el gobierno nacional hubiese tenido intención de tener más recaudación y llegar a esa ecuación para que la ANSES sea sustentable, no hubiese vetado la ley de emergencia ocupacional que aprobamos recientemente en el Congreso.
Hoy vemos menos empleos, menos aportes, el blanqueo no va a ser suficiente y en definitiva nos llevan a un camino de vender las acciones -vuelvo a insistir- del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y sabemos quiénes son la otra parte: son personas a las que no les interesa la generalidad de los casos ni los grupos vulnerables.
La única ley para grupos vulnerables que sancionamos en el Congreso es de muy difícil aplicación y lo estamos viendo en el territorio. Quienes caminamos el territorio vemos que el posnet no da resultado y no puede instalarse a lo largo y ancho del país.
Desde estas comisiones y desde el Congreso tenemos la gran responsabilidad de hablar con la verdad a todos los vecinos y ciudadanos. Y tenemos que decirles que estamos de acuerdo con pagar a nuestros queridos jubilados lo que les corresponde. Pero también debemos dejar en claro qué es lo que estamos poniendo en juego.
Por eso digo que estaríamos dejando de lado la ley 27.181, que dice que para vender las acciones se debe contar con los votos favorables de los dos tercios del Congreso.
Para finalizar, me voy a referir al blanqueo. Más allá de lo expuesto por los diputados Lavagna y Kicillof, el señor Abad utilizó una expresión que no me gustó. Dijo que el nuevo blanqueo limpia el pasado de los evasores y que esta es una ley de punto final. La verdad es que no me parece una buena apreciación.
Por otro lado, respecto de las excepciones y de que no queden afuera los familiares de los funcionarios públicos, me parece que el artículo 83 está escrito con nombre y apellido para muchos funcionarios que hoy integran el actual gobierno. (Aplausos.)
Trataré de hacer un breve racconto de la situación.
Escuchando hoy a los señores diputados Bossio y Kicillof recordé que allá por el 2003, cuando asumimos el gobierno, había catorce monedas. A mí me tocó estar en pensiones no contributivas y les puedo decir que hacía ocho meses que no se pagaban ni las pensiones ni las obras sociales. Con un trabajo muy fuerte se llegó a casi un 97 por ciento de la cobertura de las jubilaciones -de un 56 por ciento a casi un 97 por ciento- a lo largo y a lo ancho del país, con un incremento del 2.700 por ciento.
En este proyecto de ley veo que no se está alcanzando a todos los jubilados sino a un 30 por ciento. No se está reconociendo, pues quedan excluidos del pago, a servicios diferenciales, rubros no remunerativos y aquellas personas que perciben de las AFJP, que aproximadamente son unas 300 mil. Es decir que solamente estaría alcanzando al 30 por ciento de las personas jubiladas en la actualidad.
También hay que tener en cuenta la ley 27.181, y aquí quiero detenerme y expresar mi opinión. Me parece que el objetivo de esta ley es nada más ni nada menos que vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, vender las acciones de las empresas. Porque si tratamos todos estos puntos en una sola ley, me hace recordar a cuando les pagamos a los fondos buitres, que decían que apenas se les pagara iban a entrar millones y millones de dólares. Ahora, tomando esta ley, también va a entrar mucha inversión y lo lleva atado al blanqueo de capitales. Entonces, yo creo que el blanqueo de capitales no va a ser exitoso.
Tratar estos temas en forma conjunta nos lleva a una encerrona: no vamos a tener otra alternativa que vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los fondos solidarios, que -tal como lo ha demostrado el señor diputado Bossio- se fueron incrementando a lo largo de estos años y dieron beneficios, y son las reservas que tienen nuestros próximos jubilados.
También, tal como decía la diputada Ciciliani, va a costar mucho llegar al 4 por uno de los activos cuando vemos una recesión muy importante en el país. Si el gobierno nacional hubiese tenido intención de tener más recaudación y llegar a esa ecuación para que la ANSES sea sustentable, no hubiese vetado la ley de emergencia ocupacional que aprobamos recientemente en el Congreso.
Hoy vemos menos empleos, menos aportes, el blanqueo no va a ser suficiente y en definitiva nos llevan a un camino de vender las acciones -vuelvo a insistir- del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y sabemos quiénes son la otra parte: son personas a las que no les interesa la generalidad de los casos ni los grupos vulnerables.
La única ley para grupos vulnerables que sancionamos en el Congreso es de muy difícil aplicación y lo estamos viendo en el territorio. Quienes caminamos el territorio vemos que el posnet no da resultado y no puede instalarse a lo largo y ancho del país.
Desde estas comisiones y desde el Congreso tenemos la gran responsabilidad de hablar con la verdad a todos los vecinos y ciudadanos. Y tenemos que decirles que estamos de acuerdo con pagar a nuestros queridos jubilados lo que les corresponde. Pero también debemos dejar en claro qué es lo que estamos poniendo en juego.
Por eso digo que estaríamos dejando de lado la ley 27.181, que dice que para vender las acciones se debe contar con los votos favorables de los dos tercios del Congreso.
Para finalizar, me voy a referir al blanqueo. Más allá de lo expuesto por los diputados Lavagna y Kicillof, el señor Abad utilizó una expresión que no me gustó. Dijo que el nuevo blanqueo limpia el pasado de los evasores y que esta es una ley de punto final. La verdad es que no me parece una buena apreciación.
Por otro lado, respecto de las excepciones y de que no queden afuera los familiares de los funcionarios públicos, me parece que el artículo 83 está escrito con nombre y apellido para muchos funcionarios que hoy integran el actual gobierno. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Lusquiños.
SR. LUSQUIÑOS Señor presidente: en primer lugar quiero manifestar el agrado que nos produce la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional explicándonos este megaproyecto, ya que cada capítulo es prácticamente un código en sí mismo. Es muy dificultoso su estudio y cada vez que ahondamos encontramos nuevas cosas.
Particularmente quiero agradecer al señor Paulucci que haya recordado la Constitución de 1949, cuando se introdujeron los derechos sociales y los derechos laborales, derechos humanos de segunda generación. Además de los derechos de la ancianidad, también se incluyeron los derechos de los trabajadores.
En este proyecto de ley observamos un vacío, por lo cual vamos a proponer que se incluya eso que nos parece que falta. Para generar la riqueza se necesita el capital y el trabajo; esa es la unión que genera la riqueza. Estamos proponiendo un blanqueo de capitales, y creo que en este megaproyecto también se puede incluir un blanqueo de los trabajadores informales. Es decir que aquellas empresas con trabajadores informales que pretendan acceder al blanqueo de sus capitales, primero deberán blanquear a sus trabajadores que están en negro. Esta es una propuesta concreta que hacemos, porque creemos que es bueno para las empresas, para los gremios, para los trabajadores, para la economía y para el sinceramiento general que buscamos. Además, estamos protegiendo los derechos de los trabajadores.
Como se dijo acá, ayer estuvimos en la sesión hasta las 10 de la noche, por lo que tuvimos muy poco tiempo para analizar este proyecto. Por eso haremos llegar por escrito la propuesta de incluir el blanqueo de trabajadores informales como requisito sine qua non para aquellas personas humanas -como se dice ahora- o jurídicas con personal en negro que pretendan blanquear sus capitales.
Es muy bueno el sistema que explicaba el señor Abad, que funciona como una especie de cláusula gatillo. Es decir: "Si no cumple tal requisito, pierde los derechos". No me acuerdo a qué caso se refirió, pero era muy claro. Eso mismo se puede aplicar en este caso que estoy planteando: si no cumple blanqueando a sus trabajadores que están en negro, no puede acceder al blanqueo de su capital.
En realidad tenemos otras propuestas para hacer, pero lamentablemente no tuvimos tiempo para leer semejante megaproyecto.
Quiero plantear una pregunta de otro diputado, que no sé si hablará o no pero que me autorizó a transmitírselas. No queda claro cuál va a ser la seguridad social de todos estos nuevos pensionados. ¿Los va a proteger el PAMI? Es obvio que debería ser el PAMI. Me están diciendo que está incluido. De modo que ya está respondida la inquietud.
Particularmente quiero agradecer al señor Paulucci que haya recordado la Constitución de 1949, cuando se introdujeron los derechos sociales y los derechos laborales, derechos humanos de segunda generación. Además de los derechos de la ancianidad, también se incluyeron los derechos de los trabajadores.
En este proyecto de ley observamos un vacío, por lo cual vamos a proponer que se incluya eso que nos parece que falta. Para generar la riqueza se necesita el capital y el trabajo; esa es la unión que genera la riqueza. Estamos proponiendo un blanqueo de capitales, y creo que en este megaproyecto también se puede incluir un blanqueo de los trabajadores informales. Es decir que aquellas empresas con trabajadores informales que pretendan acceder al blanqueo de sus capitales, primero deberán blanquear a sus trabajadores que están en negro. Esta es una propuesta concreta que hacemos, porque creemos que es bueno para las empresas, para los gremios, para los trabajadores, para la economía y para el sinceramiento general que buscamos. Además, estamos protegiendo los derechos de los trabajadores.
Como se dijo acá, ayer estuvimos en la sesión hasta las 10 de la noche, por lo que tuvimos muy poco tiempo para analizar este proyecto. Por eso haremos llegar por escrito la propuesta de incluir el blanqueo de trabajadores informales como requisito sine qua non para aquellas personas humanas -como se dice ahora- o jurídicas con personal en negro que pretendan blanquear sus capitales.
Es muy bueno el sistema que explicaba el señor Abad, que funciona como una especie de cláusula gatillo. Es decir: "Si no cumple tal requisito, pierde los derechos". No me acuerdo a qué caso se refirió, pero era muy claro. Eso mismo se puede aplicar en este caso que estoy planteando: si no cumple blanqueando a sus trabajadores que están en negro, no puede acceder al blanqueo de su capital.
En realidad tenemos otras propuestas para hacer, pero lamentablemente no tuvimos tiempo para leer semejante megaproyecto.
Quiero plantear una pregunta de otro diputado, que no sé si hablará o no pero que me autorizó a transmitírselas. No queda claro cuál va a ser la seguridad social de todos estos nuevos pensionados. ¿Los va a proteger el PAMI? Es obvio que debería ser el PAMI. Me están diciendo que está incluido. De modo que ya está respondida la inquietud.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: haré una pequeña reflexión y luego plantearé algunas preguntas concretas.
Aquí hemos escuchado hablar de emergencia previsional. No hay emergencia previsional. La ley en ningún momento plantea la emergencia previsional, sino en materia de litigiosidad previsional, que es otra cosa conexa. Es importante marcar la diferencia.
Tampoco es una medida populista. Una medida populista sería hacer que la gente permanezca o reproduzca la pobreza. Esta norma va a atacar la pobreza, en línea con una de las medidas directrices del presidente Macri, que es llegar a la pobreza cero. Este proyecto está en línea con ese objetivo.
Yo noto que se intenta minimizar el proyecto, tal vez hasta con un dejo de envidia. Quiero decir que estoy orgulloso de pertenecer a un proyecto político que está tratando esta iniciativa y que en un tiempo más -ojalá que sea muy corto- estará aprobando una medida de estas características.
Simplemente como una nota de color quiero decir -con todo respeto por el diputado Kicillof- que jamás pensé escuchar en este Congreso que un diputado como Axel Kicillof reivindicara la gestión del ex ministro Domingo Cavallo, creador del impuesto a los bienes personales y a la ganancia mínima presunta. Y me refiero especialmente este último, que no es un impuesto progresista y que ha sido fulminado por la Suprema Corte de Justicia en varios casos porque grava ganancias cuando éstas no se producen, sino que toman simplemente el tema de los activos.
El impuesto a la ganancia mínima presunta fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en varias oportunidades. De modo que sería una muy buena medida que se lo elimine; ojalá se lo hubiera eliminado mucho antes.
Podemos discutir el tema del impuesto a los bienes personales. En algunas cosas coincidimos.
Aquí hemos escuchado hablar de emergencia previsional. No hay emergencia previsional. La ley en ningún momento plantea la emergencia previsional, sino en materia de litigiosidad previsional, que es otra cosa conexa. Es importante marcar la diferencia.
Tampoco es una medida populista. Una medida populista sería hacer que la gente permanezca o reproduzca la pobreza. Esta norma va a atacar la pobreza, en línea con una de las medidas directrices del presidente Macri, que es llegar a la pobreza cero. Este proyecto está en línea con ese objetivo.
Yo noto que se intenta minimizar el proyecto, tal vez hasta con un dejo de envidia. Quiero decir que estoy orgulloso de pertenecer a un proyecto político que está tratando esta iniciativa y que en un tiempo más -ojalá que sea muy corto- estará aprobando una medida de estas características.
Simplemente como una nota de color quiero decir -con todo respeto por el diputado Kicillof- que jamás pensé escuchar en este Congreso que un diputado como Axel Kicillof reivindicara la gestión del ex ministro Domingo Cavallo, creador del impuesto a los bienes personales y a la ganancia mínima presunta. Y me refiero especialmente este último, que no es un impuesto progresista y que ha sido fulminado por la Suprema Corte de Justicia en varios casos porque grava ganancias cuando éstas no se producen, sino que toman simplemente el tema de los activos.
El impuesto a la ganancia mínima presunta fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en varias oportunidades. De modo que sería una muy buena medida que se lo elimine; ojalá se lo hubiera eliminado mucho antes.
Podemos discutir el tema del impuesto a los bienes personales. En algunas cosas coincidimos.
SR. KICILLOF Con Cavallo. (Risas.)
SR. PASTORI (Risa.) Paso a las preguntas. Por una cuestión de tiempo, voy a plantear únicamente las referidas al tema previsional y omitiré las demás. Pido disculpas si algunas de ellas están respondidas en el proyecto, pero -como acá se dijo reiteradas veces- no tuvimos tiempo material para leer todo el proyecto.
La primera pregunta es si quienes hoy están cobrando un beneficio no contributivo podrán optar por acogerse a la pensión universal si ésta resulta más favorable que el beneficio que están cobrando. Perdón; me están diciendo que esto está contemplado en el proyecto.
La segunda pregunta es si les va a corresponder el reajuste a los beneficiarios de pensiones mal calculadas, derivadas de jubilaciones mal liquidadas en origen.
Por último, aquí se habló varias veces de la premura o del tiempo necesario para implementar todas estas medidas.
Escuché decir -creo que lo dijo Basavilbaso- que hay un promedio de cien mil casos por mes, que es la capacidad operativa de la ANSES. De modo que llevaría alrededor de dos años resolver los 2 millones y pico de casos potencialmente sujetos a una transacción. Pero también dijo que aquellos que exterioricen su intención de acogerse al programa, lo pueden hacer desde un primer momento y, en tal caso, cuando les llegue el término, se les pagaría el ajuste desde el momento en que solicite su incorporación al programa. Si entendí bien, la pregunta sería: ¿qué capacidad operativa tiene el organismo a su cargo para el caso de que esos 2 millones y pico de personas -eventualmente, en un caso extremo- exterioricen su intención de acogerse al programa para tener ese derecho a cobrar, en el tiempo que fuere, el reajuste desde ese momento?
La primera pregunta es si quienes hoy están cobrando un beneficio no contributivo podrán optar por acogerse a la pensión universal si ésta resulta más favorable que el beneficio que están cobrando. Perdón; me están diciendo que esto está contemplado en el proyecto.
La segunda pregunta es si les va a corresponder el reajuste a los beneficiarios de pensiones mal calculadas, derivadas de jubilaciones mal liquidadas en origen.
Por último, aquí se habló varias veces de la premura o del tiempo necesario para implementar todas estas medidas.
Escuché decir -creo que lo dijo Basavilbaso- que hay un promedio de cien mil casos por mes, que es la capacidad operativa de la ANSES. De modo que llevaría alrededor de dos años resolver los 2 millones y pico de casos potencialmente sujetos a una transacción. Pero también dijo que aquellos que exterioricen su intención de acogerse al programa, lo pueden hacer desde un primer momento y, en tal caso, cuando les llegue el término, se les pagaría el ajuste desde el momento en que solicite su incorporación al programa. Si entendí bien, la pregunta sería: ¿qué capacidad operativa tiene el organismo a su cargo para el caso de que esos 2 millones y pico de personas -eventualmente, en un caso extremo- exterioricen su intención de acogerse al programa para tener ese derecho a cobrar, en el tiempo que fuere, el reajuste desde ese momento?
SRA. CICILIANI ¿Me permite hacerle una pregunta, señor presidente?
SR. PRESIDENTE DAER Sí, señora diputada.
SRA. CICILIANI ¿Podemos conocer cuánto tiempo de debate nos resta?
SR. PRESIDENTE DAER Estarían restando unos diez o doce minutos, para luego dar paso a las respuestas de los funcionarios.
SRA. CICILIANI Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra la señora diputada Llanos.
SRA. LLANOS Señor presidente: pensaba hacer varias manifestaciones pero, por una cuestión de tiempo, las he acortado.
En primer lugar, quiero plantear lo siguiente. Yo soy de Chubut, y ya que está presente el titular de la AFIP queremos saber qué va a pasar con los ex ypefianos, para resolver el temario que tenemos que llevar nosotros. Hay un pago que se ha cortado, y desde hace años esa gente está pidiendo que se termine. Quisiera saber qué régimen pueden implementar para continuar con ese pago.
Por otro lado -y qué mejor que hacerlo en vísperas de una nueva marcha bajo la consigna "Ni una menos"- me quiero referir a lo que prevé este proyecto de ley en materia jubilatoria para las mujeres. Se prevé elevar la edad jubilatoria para la mujer, llevándola a los 65 años de edad. Pregunto: ¿por qué?, ¿cuál es el parámetro? Después de haberle brindado tantos años de trabajo al Estado, les quieren agregar cinco más, cuando ellas pueden estar disfrutando de la vida. Reitero: ¡qué mejor que hoy para hablar de este tema!
Por otro lado, fueron excluidas nuestras amas de casa, a las que también tenemos que llevar una respuesta. Pregunto: ¿en qué régimen pueden estar nuestras amas de casa? Este no es un tema menor; es un tema mayor, porque siempre fueron excluidas. Las amas de casa están en la casa de cada una de nosotros, y hay que defender sus derechos.
Me parece que tenemos que seguir ampliando el debate de esta norma, porque es muy importante. Hoy nos hemos enriquecido con las exposiciones de los invitados, a quienes agradezco. También agradezco a los diputados presentes; incluso, algunos tenían que viajar pero se quedaron en esta reunión.
Otro pregunta que quiero plantear con respecto al tema jubilatorio es qué pasa con aquellos que empiezan a cobrar de nuevo los haberes y luego se presentan en tribunales para pedir que se les paguen los retroactivos. ¿Cómo va a ser cuando se hace el pago de ANSES, si piden el retroactivo de pagos, cuando se corta la cadena del pago? Digo, cuando se inicia un juicio.
También quiero hablar de los petroleros. ¿Qué van a hacer con el impuesto a las ganancias?, ya que ellos son marginados dentro del tema del trabajo. Quieren la reducción de sus haberes dentro del impuesto a las ganancias.
Son temas muy importantes. La zona sur está sufriendo muchísimo porque no sabemos qué miradas hay al sur ni qué políticas de Estado tenemos allí, además de las políticas sociales. Estos son los temas y los he acotado bastante. (Aplausos.)
En primer lugar, quiero plantear lo siguiente. Yo soy de Chubut, y ya que está presente el titular de la AFIP queremos saber qué va a pasar con los ex ypefianos, para resolver el temario que tenemos que llevar nosotros. Hay un pago que se ha cortado, y desde hace años esa gente está pidiendo que se termine. Quisiera saber qué régimen pueden implementar para continuar con ese pago.
Por otro lado -y qué mejor que hacerlo en vísperas de una nueva marcha bajo la consigna "Ni una menos"- me quiero referir a lo que prevé este proyecto de ley en materia jubilatoria para las mujeres. Se prevé elevar la edad jubilatoria para la mujer, llevándola a los 65 años de edad. Pregunto: ¿por qué?, ¿cuál es el parámetro? Después de haberle brindado tantos años de trabajo al Estado, les quieren agregar cinco más, cuando ellas pueden estar disfrutando de la vida. Reitero: ¡qué mejor que hoy para hablar de este tema!
Por otro lado, fueron excluidas nuestras amas de casa, a las que también tenemos que llevar una respuesta. Pregunto: ¿en qué régimen pueden estar nuestras amas de casa? Este no es un tema menor; es un tema mayor, porque siempre fueron excluidas. Las amas de casa están en la casa de cada una de nosotros, y hay que defender sus derechos.
Me parece que tenemos que seguir ampliando el debate de esta norma, porque es muy importante. Hoy nos hemos enriquecido con las exposiciones de los invitados, a quienes agradezco. También agradezco a los diputados presentes; incluso, algunos tenían que viajar pero se quedaron en esta reunión.
Otro pregunta que quiero plantear con respecto al tema jubilatorio es qué pasa con aquellos que empiezan a cobrar de nuevo los haberes y luego se presentan en tribunales para pedir que se les paguen los retroactivos. ¿Cómo va a ser cuando se hace el pago de ANSES, si piden el retroactivo de pagos, cuando se corta la cadena del pago? Digo, cuando se inicia un juicio.
También quiero hablar de los petroleros. ¿Qué van a hacer con el impuesto a las ganancias?, ya que ellos son marginados dentro del tema del trabajo. Quieren la reducción de sus haberes dentro del impuesto a las ganancias.
Son temas muy importantes. La zona sur está sufriendo muchísimo porque no sabemos qué miradas hay al sur ni qué políticas de Estado tenemos allí, además de las políticas sociales. Estos son los temas y los he acotado bastante. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Pedrini.
SR. PEDRINI Agradecemos la multitud de funcionarios que hoy se encuentran presentes para el tratamiento de este extraño proyecto de ley. En una suerte de popurrí legislativo estamos tratando cuestiones legislativas, de jubilados, tributarias y de venta de activos. Así son las cosas y debemos debatirlo.
Vemos que hay un apuro en el tratamiento que no vimos en el caso de otras leyes. Cuando se trató la ley antidespidos que venía del Senado, nuestra Cámara sufrió -caso inédito- el secuestro de una ley por parte de la vicepresidenta Michetti, que no la remitía a la Cámara de Diputados. Ahora no nos quieren dar dos o tres días más y quieren que el día martes presentemos nuestros dictámenes, que lógicamente serán en disidencia.
Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con el beneficio al 20 o al 30 por ciento de nuestros jubilados. De ninguna manera aceptamos que sean 2.500.000 jubilados; nos extraña la falta de precisión de los funcionarios encargados de esta área tan sensible del Estado.
Queremos reivindicar lo que se hizo. Con mucha liviandad, desde el presidente de la Nación para abajo han descalificado a una política que generó 3 millones de nuevos jubilados y que tenía un haber mínimo jubilatorio que es el más alto de Sudamérica. En el modelo chileno solamente se les paga 100 dólares, contra los 300 dólares, aproximadamente, que les pagamos aquí.
Quería preguntarles si forma parte de la pesada herencia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 750.000 millones de pesos, que es lo que permite estas nuevas experiencias. Las acciones dieron una ganancia del 63 por ciento; fueron el instrumento que más ganancias dio al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto también debe ser parte de la pesada herencia.
Se genera una moratoria para los grandes evasores, para los que fugaron divisas, pero suspendemos la moratoria para los argentinos que, sin culpa alguna, no pudieron hacer los aportes.
Se quiere generar un nuevo régimen previsional con un doble estándar: de mayores incluidos y otros excluidos. La verdad es que es un proyecto sumamente preocupante.
Concretamente, quiero preguntarles si dentro de la década perdida y la pesada herencia incluyen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En el artículo 12 se crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable. Pregunto: ¿ese nuevo régimen previsional va a ser estatal, o se prevé nuevamente su privatización?
Por último, quiero decir que no podemos aceptar que se lleve la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años.
También quiero desagraviar a Arturo Sampay, porque fue muy mal utilizado. Se lo utiliza para justificar un régimen jubilatorio de doble estándar, donde va a haber jubilados de primera, con derechos que se transmiten, y jubilados de segunda cuyos derechos, que ya los tienen a través de las moratorias, desaparecen. Nada más lejos de la visión de Arturo Sampay y del general Perón que este régimen jubilatorio, que podría caer en la privatización. Así que hago un desagravio público del máximo constitucionalista de la Argentina, que es Arturo Sampay. (Aplausos.)
Vemos que hay un apuro en el tratamiento que no vimos en el caso de otras leyes. Cuando se trató la ley antidespidos que venía del Senado, nuestra Cámara sufrió -caso inédito- el secuestro de una ley por parte de la vicepresidenta Michetti, que no la remitía a la Cámara de Diputados. Ahora no nos quieren dar dos o tres días más y quieren que el día martes presentemos nuestros dictámenes, que lógicamente serán en disidencia.
Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con el beneficio al 20 o al 30 por ciento de nuestros jubilados. De ninguna manera aceptamos que sean 2.500.000 jubilados; nos extraña la falta de precisión de los funcionarios encargados de esta área tan sensible del Estado.
Queremos reivindicar lo que se hizo. Con mucha liviandad, desde el presidente de la Nación para abajo han descalificado a una política que generó 3 millones de nuevos jubilados y que tenía un haber mínimo jubilatorio que es el más alto de Sudamérica. En el modelo chileno solamente se les paga 100 dólares, contra los 300 dólares, aproximadamente, que les pagamos aquí.
Quería preguntarles si forma parte de la pesada herencia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 750.000 millones de pesos, que es lo que permite estas nuevas experiencias. Las acciones dieron una ganancia del 63 por ciento; fueron el instrumento que más ganancias dio al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto también debe ser parte de la pesada herencia.
Se genera una moratoria para los grandes evasores, para los que fugaron divisas, pero suspendemos la moratoria para los argentinos que, sin culpa alguna, no pudieron hacer los aportes.
Se quiere generar un nuevo régimen previsional con un doble estándar: de mayores incluidos y otros excluidos. La verdad es que es un proyecto sumamente preocupante.
Concretamente, quiero preguntarles si dentro de la década perdida y la pesada herencia incluyen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En el artículo 12 se crea el Consejo de Sustentabilidad Previsional, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable. Pregunto: ¿ese nuevo régimen previsional va a ser estatal, o se prevé nuevamente su privatización?
Por último, quiero decir que no podemos aceptar que se lleve la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años.
También quiero desagraviar a Arturo Sampay, porque fue muy mal utilizado. Se lo utiliza para justificar un régimen jubilatorio de doble estándar, donde va a haber jubilados de primera, con derechos que se transmiten, y jubilados de segunda cuyos derechos, que ya los tienen a través de las moratorias, desaparecen. Nada más lejos de la visión de Arturo Sampay y del general Perón que este régimen jubilatorio, que podría caer en la privatización. Así que hago un desagravio público del máximo constitucionalista de la Argentina, que es Arturo Sampay. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Grana, a quien le pido brevedad. Pese a que no se encontraba presente cuando le tocaba hacer uso de la palabra según la lista de oradores, se la voy a ceder por una cuestión democrática.
SR. GRANA Gracias, señor presidente. Quiero aclarar que no estaba presente en ese momento porque no quería perderme la posibilidad de participar en la movilización que un sector del movimiento obrero protagonizó hoy para expresarse en contra del tarifazo y de los despidos. Me parecía importante poder participar también en ese lugar.
En principio, considero que hoy deberíamos estar tratando, por lo menos, cinco leyes y no una. Esto me parece fundamental, porque esta suerte de "atadito" de leyes que estamos teniendo con esta ley ómnibus -como podríamos llamarla- nos genera dificultades, inclusive para poder pensar en el acompañamiento de alguna de ellas, porque al atar cuestiones que no necesariamente tienen que estar relacionadas -por lo menos, desde mi punto de vista-, se complejiza el tratamiento de hecho.
Digo esto porque la verdad es que todos estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de resarcir a los mayores y que los jubilados puedan acceder -sobre todo los que tenían sentencias firmes, los que han iniciado juicios- al derecho de su jubilación, pero nos preocupa a qué está atado, en términos de financiamiento.
Si nosotros lo relacionamos exclusivamente con el blanqueo -como nos da la sensación de que se hace, luego de esta improvisada y rápida lectura que hemos hecho de este extensísimo proyecto-, me parece que de alguna manera estamos "timbeando" con los fondos que deberían estar sujetos a esta decisión que consideramos importante. Porque si el blanqueo no funciona -ojalá no sea así, pero es una de las posibilidades- nos podemos encontrar con que estamos en una Argentina que está perdiendo capacidad contributiva de los trabajadores para sostener las jubilaciones; es decir, al haber menos personas empleadas, hay menos gente que aporta para sostener a los jubilados actuales. Estamos ampliando la masa de pago de jubilaciones con un blanqueo que no puede funcionar, debilitando quizás la mayor fortaleza que hay en nuestro sistema jubilatorio, o habilitando para debilitarla, que es este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque estamos pensando que podrían ser vendidos parte de sus activos. Esto sería sumamente complejo para el futuro de los jubilados actuales, pero también para los próximos jubilados que vayan a acceder a este derecho.
Por lo tanto, estaríamos ante una situación -por lo menos es lo que entendemos, insisto, tras la rápida lectura que tuvimos que hacer de este extensísimo proyecto- que podría ser la antesala de la detonación del sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque al ampliarlo de la manera en que se lo está haciendo -y no digo que sea una injusticia-, podríamos estar impidiendo la posibilidad de que se cobren las jubilaciones por falta de financiamiento.
En consecuencia, insisto, me parece que habría que tratar esto por separado. Y estaría bien que nosotros afrontemos el gasto de los jubilados con otro tipo de gastos y con otro tipo de recursos que vengan de lugares más previsibles que la potencialidad que da el blanqueo.
Amén de esto, dentro de todas las cuestiones que estamos tratando con este proyecto de ley, hay algunas otras que preocupan, porque también avanzan de alguna manera -no quiero juzgar las intenciones, pero sí las posibilidades que esto genera-, como el desfinanciamiento de las arcas del Estado con las potenciales moratorias que estamos planteando, con la eliminación de algunas cuestiones impositivas, como la ganancia presunta o los bienes personales, ya que se tiende a la eliminación -por lo menos, por lo que hemos podido ver-, y con eso a desfinanciar las arcas del Estado.
Por consiguiente, me parece que esto avanza en una cantidad de cuestiones en que el Estado, por acción u omisión, se desliga de las responsabilidades básicas que tiene como, por ejemplo, sostener el sistema de reparto de las jubilaciones. Por eso digo que sería importante que aclaren si esto es posible y, de no funcionar el blanqueo, cómo se va a sostener esto.
También me parece importante saber -ya han mencionado esto algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra- si para vender las acciones del Estado a la fecha hacen falta los dos tercios de los votos de las cámaras legislativas. Por lo tanto, ¿de dónde surgiría la plata, si el blanqueo no funcionara para sostener esto? Porque pareciera que detrás de los títulos ostentosos y ampulosos que tiene este proyecto de ley, va a ser de difícil cumplimiento, en términos efectivos y de generar la justicia que pretende lograr con nuestros jubilados. (Aplausos.)
En principio, considero que hoy deberíamos estar tratando, por lo menos, cinco leyes y no una. Esto me parece fundamental, porque esta suerte de "atadito" de leyes que estamos teniendo con esta ley ómnibus -como podríamos llamarla- nos genera dificultades, inclusive para poder pensar en el acompañamiento de alguna de ellas, porque al atar cuestiones que no necesariamente tienen que estar relacionadas -por lo menos, desde mi punto de vista-, se complejiza el tratamiento de hecho.
Digo esto porque la verdad es que todos estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de resarcir a los mayores y que los jubilados puedan acceder -sobre todo los que tenían sentencias firmes, los que han iniciado juicios- al derecho de su jubilación, pero nos preocupa a qué está atado, en términos de financiamiento.
Si nosotros lo relacionamos exclusivamente con el blanqueo -como nos da la sensación de que se hace, luego de esta improvisada y rápida lectura que hemos hecho de este extensísimo proyecto-, me parece que de alguna manera estamos "timbeando" con los fondos que deberían estar sujetos a esta decisión que consideramos importante. Porque si el blanqueo no funciona -ojalá no sea así, pero es una de las posibilidades- nos podemos encontrar con que estamos en una Argentina que está perdiendo capacidad contributiva de los trabajadores para sostener las jubilaciones; es decir, al haber menos personas empleadas, hay menos gente que aporta para sostener a los jubilados actuales. Estamos ampliando la masa de pago de jubilaciones con un blanqueo que no puede funcionar, debilitando quizás la mayor fortaleza que hay en nuestro sistema jubilatorio, o habilitando para debilitarla, que es este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque estamos pensando que podrían ser vendidos parte de sus activos. Esto sería sumamente complejo para el futuro de los jubilados actuales, pero también para los próximos jubilados que vayan a acceder a este derecho.
Por lo tanto, estaríamos ante una situación -por lo menos es lo que entendemos, insisto, tras la rápida lectura que tuvimos que hacer de este extensísimo proyecto- que podría ser la antesala de la detonación del sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque al ampliarlo de la manera en que se lo está haciendo -y no digo que sea una injusticia-, podríamos estar impidiendo la posibilidad de que se cobren las jubilaciones por falta de financiamiento.
En consecuencia, insisto, me parece que habría que tratar esto por separado. Y estaría bien que nosotros afrontemos el gasto de los jubilados con otro tipo de gastos y con otro tipo de recursos que vengan de lugares más previsibles que la potencialidad que da el blanqueo.
Amén de esto, dentro de todas las cuestiones que estamos tratando con este proyecto de ley, hay algunas otras que preocupan, porque también avanzan de alguna manera -no quiero juzgar las intenciones, pero sí las posibilidades que esto genera-, como el desfinanciamiento de las arcas del Estado con las potenciales moratorias que estamos planteando, con la eliminación de algunas cuestiones impositivas, como la ganancia presunta o los bienes personales, ya que se tiende a la eliminación -por lo menos, por lo que hemos podido ver-, y con eso a desfinanciar las arcas del Estado.
Por consiguiente, me parece que esto avanza en una cantidad de cuestiones en que el Estado, por acción u omisión, se desliga de las responsabilidades básicas que tiene como, por ejemplo, sostener el sistema de reparto de las jubilaciones. Por eso digo que sería importante que aclaren si esto es posible y, de no funcionar el blanqueo, cómo se va a sostener esto.
También me parece importante saber -ya han mencionado esto algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra- si para vender las acciones del Estado a la fecha hacen falta los dos tercios de los votos de las cámaras legislativas. Por lo tanto, ¿de dónde surgiría la plata, si el blanqueo no funcionara para sostener esto? Porque pareciera que detrás de los títulos ostentosos y ampulosos que tiene este proyecto de ley, va a ser de difícil cumplimiento, en términos efectivos y de generar la justicia que pretende lograr con nuestros jubilados. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor diputado Torroba.
SR. TORROBA Señor presidente: quiero agradecer a los miembros del equipo por haber venido.
Voy a hacer cinco preguntas concretas. Algunas de ellas se refieren a lo expresado por señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra. La primera es ¿cuál es la rentabilidad estimada para el año 2016 del fondo de garantía?
La segunda: ¿cuán dependiente es el pago a los jubilados del blanqueo, en términos económicos? Esto también se ha mencionado.
La tercera se vincula con lo que el vicejefe de Gabinete mencionó sobre la necesidad de un manejo profesional del funcionamiento del fondo de garantía. ¿Cuáles serían los criterios de profesionalidad a pautar para el manejo de este fondo?
La cuarta pregunta es ¿qué expectativas, en términos de ingresos, hay respecto del blanqueo? ¿Qué cifra en pesos o dólares se pretende recaudar?
La quinta pregunta es, a partir de este proceso de recuperación de la coparticipación plena del acuerdo firmado por los gobernadores, ¿cómo queda este fondo de garantía?
Por otro lado, quiero hacer una sugerencia. Si se asimila edad jubilatoria con pensión, ¿puede tener ello cierto grado de progresividad? Más allá de que nos han dicho que el 64 por ciento de los jubilados que se van a beneficiar son mujeres, lo que deja en claro que viven más que los hombres. Entonces, planteaba si esto puede tener cierto grado de progresividad, en el tiempo.
Voy a hacer cinco preguntas concretas. Algunas de ellas se refieren a lo expresado por señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra. La primera es ¿cuál es la rentabilidad estimada para el año 2016 del fondo de garantía?
La segunda: ¿cuán dependiente es el pago a los jubilados del blanqueo, en términos económicos? Esto también se ha mencionado.
La tercera se vincula con lo que el vicejefe de Gabinete mencionó sobre la necesidad de un manejo profesional del funcionamiento del fondo de garantía. ¿Cuáles serían los criterios de profesionalidad a pautar para el manejo de este fondo?
La cuarta pregunta es ¿qué expectativas, en términos de ingresos, hay respecto del blanqueo? ¿Qué cifra en pesos o dólares se pretende recaudar?
La quinta pregunta es, a partir de este proceso de recuperación de la coparticipación plena del acuerdo firmado por los gobernadores, ¿cómo queda este fondo de garantía?
Por otro lado, quiero hacer una sugerencia. Si se asimila edad jubilatoria con pensión, ¿puede tener ello cierto grado de progresividad? Más allá de que nos han dicho que el 64 por ciento de los jubilados que se van a beneficiar son mujeres, lo que deja en claro que viven más que los hombres. Entonces, planteaba si esto puede tener cierto grado de progresividad, en el tiempo.
SR. PRESIDENTE DAER Con las palabras pronunciadas por el señor diputado Torroba, concluimos la ronda de preguntas y expresiones por parte de los señores legisladores. El señor diputado Laspina y quien les habla agradecemos que hayamos podido sostener este debate durante todo este tiempo.
Ahora, pedimos a los funcionarios del Poder Ejecutivo que inicien su ronda de respuestas.
Tiene la palabra el señor vicejefe de Gabinete, señor Mario Quintana.
Ahora, pedimos a los funcionarios del Poder Ejecutivo que inicien su ronda de respuestas.
Tiene la palabra el señor vicejefe de Gabinete, señor Mario Quintana.
SR. QUINTANA Señor presidente: quiero comenzar por agradecer las consultas, las preguntas y las sugerencias. Celebro esta oportunidad de diálogo institucional para trabajar como creemos que debe ser: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en conjunto para lograr lo mejor para todos los argentinos. Así que hago este reconocimiento y este agradecimiento.
Para organizar el proceso de respuesta sugeriría lo siguiente. Hice algunas observaciones generales que se han repetido en varias de las exposiciones, con lo cual, para clarificar voy a hacer un breve resumen de qué es y qué no es este proyecto de ley. También tome nota de las preguntas de cada diputado, de manera que podemos ir recorriendo los principales comentarios de cada uno de ellos. Pido, por favor, a todo el equipo del Poder Ejecutivo que intervenga oportunamente cuando sienta que puede -seguramente- decir cosas más inteligentes e informadas que las que voy a decir yo.
Me parece que estamos, cuando hablamos de los jubilados, tratando un tema muy profundo, importante y sensible. No quiero que cierta crítica política, a veces apresurada y superficial, genere temores entre la gente que nos está escuchando. Entonces, quiero aclarar...
Para organizar el proceso de respuesta sugeriría lo siguiente. Hice algunas observaciones generales que se han repetido en varias de las exposiciones, con lo cual, para clarificar voy a hacer un breve resumen de qué es y qué no es este proyecto de ley. También tome nota de las preguntas de cada diputado, de manera que podemos ir recorriendo los principales comentarios de cada uno de ellos. Pido, por favor, a todo el equipo del Poder Ejecutivo que intervenga oportunamente cuando sienta que puede -seguramente- decir cosas más inteligentes e informadas que las que voy a decir yo.
Me parece que estamos, cuando hablamos de los jubilados, tratando un tema muy profundo, importante y sensible. No quiero que cierta crítica política, a veces apresurada y superficial, genere temores entre la gente que nos está escuchando. Entonces, quiero aclarar...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. QUINTANA Yo escuché sin ningún tipo de interrupción...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE DAER Señores diputados: mantengamos el orden así pueden expresarse los funcionarios.
SR. QUINTANA En primer lugar, esto no es una modificación del régimen previsional, no es una privatización del régimen previsional y, definitivamente, no es una detonación del sistema jubilatorio, como se ha dicho; ni ahora, ni a futuro, ni cubierto, encubierto o descubierto. No es, no pretende serlo, y no va a serlo mientras nosotros seamos gobierno.
En segundo lugar, no estamos subiendo la edad jubilatoria de las mujeres. En todo caso, estamos estableciendo una pensión no contributiva a la vejez. La única pensión no contributiva que hoy tiene la vejez es a los 70 años; nosotros la estamos bajando a los 65. Esa pensión es el 70 por ciento de la mínima y nosotros la estamos subiendo al 80 por ciento de la mínima. Entonces, no metamos temores en la sociedad que no corresponden, desde nuestra responsabilidad.
Respecto de una pregunta del señor diputado Bossio, en ningún caso estamos considerando modificar, ni dejar de considerar, ni respetar, ni ningún cambio que tenga que ver con la movilidad de previsional.
Entonces, ¿qué es este proyecto de ley? En su capítulo previsional -me sorprende que no se haya mencionado más, dado que estamos en el Poder Legislativo-, es cumplir con la ley. Algo que la administración anterior decidió expresamente incumplir.
En segundo lugar, no estamos subiendo la edad jubilatoria de las mujeres. En todo caso, estamos estableciendo una pensión no contributiva a la vejez. La única pensión no contributiva que hoy tiene la vejez es a los 70 años; nosotros la estamos bajando a los 65. Esa pensión es el 70 por ciento de la mínima y nosotros la estamos subiendo al 80 por ciento de la mínima. Entonces, no metamos temores en la sociedad que no corresponden, desde nuestra responsabilidad.
Respecto de una pregunta del señor diputado Bossio, en ningún caso estamos considerando modificar, ni dejar de considerar, ni respetar, ni ningún cambio que tenga que ver con la movilidad de previsional.
Entonces, ¿qué es este proyecto de ley? En su capítulo previsional -me sorprende que no se haya mencionado más, dado que estamos en el Poder Legislativo-, es cumplir con la ley. Algo que la administración anterior decidió expresamente incumplir.
SR. KICILLOF ¿Perdón?...
SR. QUINTANA Déjenme continuar...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PEDRINI No vamos a soportar agresiones de este tipo, señor presidente...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE DAER Vamos a pedir al funcionario que no haga adjetivaciones sobre el pasado. Queremos mantener el orden.
SR. BOSSIO Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE DAER Sea breve, señor diputado.
SR. BOSSIO Solo quiero saber el número de la ley que incumplimos.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE DAER ¿Podemos avanzar?
Señores diputados: ya llevamos seis horas de debate. Vamos a pedir al funcionario que no haga adjetivaciones sobre el pasado y que avancemos.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Señores diputados: ya llevamos seis horas de debate. Vamos a pedir al funcionario que no haga adjetivaciones sobre el pasado y que avancemos.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. BOSSIO Repito: quiero saber el número de la ley que incumplimos.
SR. PRESIDENTE DAER Señores diputados: vamos a intentar continuar.
SR. BOSSIO Que diga la ley, porque la acusación es muy grave.
SR. MORENO Debe pedir disculpas al anterior administrador. Díganos qué ley se incumplió, vaya a la Justicia y denúncielo.
SR. PRESIDENTE DAER No personalicemos...
SR. QUINTANA Voy a continuar. Espero no tener más interrupciones, como no he interrumpido durante la larga...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE DAER Pedimos al funcionario que no haga adjetivaciones sobre el pasado y que continuemos hacia adelante, y también al señor diputado Bossio...
SR. QUINTANA Señor diputado Bossio: voy a pasar a responder sus inquietudes.
Creo que usted ha sido claro en su exposición y también expresó que le hubiera gustado pagar los juicios. Entiendo que usted fue parte de un gobierno que tomó otra decisión. Lo cierto es que todos esos juicios establecieron un criterio de liquidación y de interpretación de la ley para pagar los haberes jubilatorios. Según su cálculo, hoy tenemos 1.891.000 jubilados -según el nuestro, algo más- que no están cobrando lo que dicta la ley. A esto me refiero.
Creo que usted ha sido claro en su exposición y también expresó que le hubiera gustado pagar los juicios. Entiendo que usted fue parte de un gobierno que tomó otra decisión. Lo cierto es que todos esos juicios establecieron un criterio de liquidación y de interpretación de la ley para pagar los haberes jubilatorios. Según su cálculo, hoy tenemos 1.891.000 jubilados -según el nuestro, algo más- que no están cobrando lo que dicta la ley. A esto me refiero.
SR. KICILLOF No, pero está mal...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. BOSSIO Este no es un tema menor: no lo dicta la ley. Hay una diferencia absoluta entre una ley y una sentencia particular.
Acá se dijo que no se podía apelar, y cabe decir que en este sentido hay dos conceptos. La ley obliga no apelar, y es la corrupción lo que se evita cuando no se apela. Si alguien hace un juicio y hay un funcionario que no apela, está siendo corrupto, porque efectivamente ese juicio no puede dar necesariamente un resultado. Entonces, hay diferencias entre un fallo particular y la ley. Estoy explicando una cuestión constitucional; quizás, ya fue, pero una cosa es respetar la ley y otra, no poder cumplir con los fallos.
Me parece que hay que ser riguroso, porque cuando dicen que no se cumplió la ley se está diciendo que se cometió un delito. Quiero que seamos rigurosos en los planteos, como fui yo. Cuando hablé fui riguroso en cada uno de los artículos; fui riguroso y respetuoso.
Acá se dijo que no se podía apelar, y cabe decir que en este sentido hay dos conceptos. La ley obliga no apelar, y es la corrupción lo que se evita cuando no se apela. Si alguien hace un juicio y hay un funcionario que no apela, está siendo corrupto, porque efectivamente ese juicio no puede dar necesariamente un resultado. Entonces, hay diferencias entre un fallo particular y la ley. Estoy explicando una cuestión constitucional; quizás, ya fue, pero una cosa es respetar la ley y otra, no poder cumplir con los fallos.
Me parece que hay que ser riguroso, porque cuando dicen que no se cumplió la ley se está diciendo que se cometió un delito. Quiero que seamos rigurosos en los planteos, como fui yo. Cuando hablé fui riguroso en cada uno de los artículos; fui riguroso y respetuoso.
SR. PRESIDENTE DAER Continúa en el uso de la palabra el señor Quintana.
SR. QUINTANA Si no he sido riguroso, le pido disculpas; pero lo cierto es -no quiero referirme a temas semánticos o leguleyos, que la gente no entiende- que hay 2,5 millones de abuelos, de personas mayores, que llevan años cobrando menos de lo que les corresponde. Eso representa, para ser precisos, que más del 70 por ciento de los jubilados -que no se jubilaron a través de la moratoria- no están recibiendo lo que les corresponde. Para hacer los números más precisos, de 6.700.000 jubilados, aproximadamente 3.300.000 se jubilaron por la moratoria. Esto significa que restan 3.400.000 jubilados; de esta cifra, más del 70 por ciento no recibe lo que les corresponde.
Esta es la gravedad y la urgencia de la situación, y lo que este proyecto de ley viene a subsanar. No se trata de pagar algunas decenas de miles de sentencias, que de por sí es lo suficientemente importante y grave. Se trata de algo muchísimo más amplio.
Una de las preguntas del señor diputado Bossio se refiere a la necesidad de dictaminar la emergencia de litigiosiodad previsional. Voy a pedir al secretario Paulucci si puede explicar con más detalle este tema, para tranquilidad de todos.
Esta es la gravedad y la urgencia de la situación, y lo que este proyecto de ley viene a subsanar. No se trata de pagar algunas decenas de miles de sentencias, que de por sí es lo suficientemente importante y grave. Se trata de algo muchísimo más amplio.
Una de las preguntas del señor diputado Bossio se refiere a la necesidad de dictaminar la emergencia de litigiosiodad previsional. Voy a pedir al secretario Paulucci si puede explicar con más detalle este tema, para tranquilidad de todos.
SR. PAULUCCI La emergencia está establecida por la litigiosidad previsional, cosa absolutamente innegable.
Cualquiera de nosotros puede visitar la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde hay centenares de miles de expedientes a la espera de una sentencia. Hay que considerar que detrás del papel siempre hay una persona; no es solo un expediente. Hay una persona esperando y que ha sido sometida a un proceso en el que muchas veces se le prometió pagar y luego, por distintas circunstancias -que no viene al caso analizar-, no se le pagó.
Evidentemente, la cantidad de expedientes que están allí, unos 500.000, según la Cámara Federal de la Seguridad Social -no son mis estimaciones, y cualquiera que tenga dudas al respecto puede solicitar a la señora presidenta de la Cámara, la doctora Maffei de Borghi, una estadística-, indica que detrás hay 500.000 personas esperando.
Creo que este solo número ya es suficiente para declarar la emergencia, junto con el hecho de que la Cámara Federal de la Seguridad Social haya tenido que alquilar un edificio, de varios pisos, con el propósito de guardar estos expedientes, ya que el de la calle Lavalle estaba en situación de colapso y había sido considerado por los bomberos de alto riesgo, en caso de incendio.
Evidentemente, la emergencia está por demás justificada con estas cifras que estoy dando. Si tuvieran alguna duda, puedo responderla con todo gusto.
Cualquiera de nosotros puede visitar la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde hay centenares de miles de expedientes a la espera de una sentencia. Hay que considerar que detrás del papel siempre hay una persona; no es solo un expediente. Hay una persona esperando y que ha sido sometida a un proceso en el que muchas veces se le prometió pagar y luego, por distintas circunstancias -que no viene al caso analizar-, no se le pagó.
Evidentemente, la cantidad de expedientes que están allí, unos 500.000, según la Cámara Federal de la Seguridad Social -no son mis estimaciones, y cualquiera que tenga dudas al respecto puede solicitar a la señora presidenta de la Cámara, la doctora Maffei de Borghi, una estadística-, indica que detrás hay 500.000 personas esperando.
Creo que este solo número ya es suficiente para declarar la emergencia, junto con el hecho de que la Cámara Federal de la Seguridad Social haya tenido que alquilar un edificio, de varios pisos, con el propósito de guardar estos expedientes, ya que el de la calle Lavalle estaba en situación de colapso y había sido considerado por los bomberos de alto riesgo, en caso de incendio.
Evidentemente, la emergencia está por demás justificada con estas cifras que estoy dando. Si tuvieran alguna duda, puedo responderla con todo gusto.
SR. PRESIDENTE DAER Continúa en el uso de la palabra el señor Quintana.
SR. QUINTANA Otra de las preguntas del señor diputado Bossio se refería al índice de ajuste. De los dos índices que mencionó -el ISBIC y el RIPTE-, llegamos por diversas razones a la conclusión de que el RIPTE -que emite el Ministerio de Trabajo y que refleja un promedio de todos los asalariados de todos los sectores- es mucho más representativo de la realidad que el ISBIC, que se refiere estrictamente al sector de la construcción.
La disparidad del cálculo con el ejemplo que mencionó el señor diputado Bossio varía mucho, porque es cierto que el índice ISBIC tiene una volatilidad un poco mayor que el RIPTE, con lo cual habría que analizar si el impacto que se aplica a cada jubilado dependerá estrictamente de los meses relevantes a la hora de aplicar ese índice. En cualquier caso, celebro -considerando que es uno de los que más conoce esta problemática- el consenso del señor diputado Bossio con la cuestión de fondo.
Se mencionó la quita, y esto voy a vincularlo con los comentarios del señor diputado Pitrola, que entiendo tiene una visión radicalmente distinta de los valores sociales y del sistema que le gustaría que imperen.
El señor diputado Bossio consultó si el cambio de índice implica o no una quita, y también mencionó el caso de la sentencia firme. Quiero ser muy contundente en esto: nosotros no estamos planteando quitas. Las distintas sentencias judiciales han aplicado diversos índices y criterios. Lo que estamos proponiendo es una uniformización de esos criterios.
Respecto de la comparación que ha hecho el señor diputado Pitrola con el acuerdo con los fondos buitre, le recuerdo que en ese arreglo la quita fue mayor al 40 por ciento. Aquí no hay quita. Si uno considera todos los pagos, en caso de que todos los potenciales beneficiarios de este reconocimiento y esta reparación histórica se avengan al régimen, estimamos que los pagos totales, en el tiempo, van a ser entre ocho y diez veces lo que se abonó a los fondos buitre. O sea que este default interno es mucho más significativo que lo que ha sido el default externo; pero, en todo caso, queremos acabar con todos los defaults.
El señor diputado Sánchez planteó la necesidad de que la Pensión Universal a la Vejez no sea pagada por los fondos del régimen previsional sino por los fondos del Tesoro, cosa que no está expresamente aclarada en el proyecto de ley y nos parece un aporte interesante que, en todo caso...
La disparidad del cálculo con el ejemplo que mencionó el señor diputado Bossio varía mucho, porque es cierto que el índice ISBIC tiene una volatilidad un poco mayor que el RIPTE, con lo cual habría que analizar si el impacto que se aplica a cada jubilado dependerá estrictamente de los meses relevantes a la hora de aplicar ese índice. En cualquier caso, celebro -considerando que es uno de los que más conoce esta problemática- el consenso del señor diputado Bossio con la cuestión de fondo.
Se mencionó la quita, y esto voy a vincularlo con los comentarios del señor diputado Pitrola, que entiendo tiene una visión radicalmente distinta de los valores sociales y del sistema que le gustaría que imperen.
El señor diputado Bossio consultó si el cambio de índice implica o no una quita, y también mencionó el caso de la sentencia firme. Quiero ser muy contundente en esto: nosotros no estamos planteando quitas. Las distintas sentencias judiciales han aplicado diversos índices y criterios. Lo que estamos proponiendo es una uniformización de esos criterios.
Respecto de la comparación que ha hecho el señor diputado Pitrola con el acuerdo con los fondos buitre, le recuerdo que en ese arreglo la quita fue mayor al 40 por ciento. Aquí no hay quita. Si uno considera todos los pagos, en caso de que todos los potenciales beneficiarios de este reconocimiento y esta reparación histórica se avengan al régimen, estimamos que los pagos totales, en el tiempo, van a ser entre ocho y diez veces lo que se abonó a los fondos buitre. O sea que este default interno es mucho más significativo que lo que ha sido el default externo; pero, en todo caso, queremos acabar con todos los defaults.
El señor diputado Sánchez planteó la necesidad de que la Pensión Universal a la Vejez no sea pagada por los fondos del régimen previsional sino por los fondos del Tesoro, cosa que no está expresamente aclarada en el proyecto de ley y nos parece un aporte interesante que, en todo caso...
SR. KICILLOF Está aclarado expresamente en un artículo.
SR. QUINTANA Perfecto, entonces. La intención era incluirlo, si no hubiera estado.
No sé si algún funcionario desea hacer un comentario adicional a las manifestaciones del señor diputado Bossio.
No sé si algún funcionario desea hacer un comentario adicional a las manifestaciones del señor diputado Bossio.
SR. BOSSIO Quisiera hacer una aclaración. Comparto el índice RIPTE. El problema no es el índice; lo que no comparto es lo de la quita. Para mí sí hay quita, porque si el índice es menor y hay una reducción de los plazos -estoy hablando en relación con los fallos de la Justicia, particularmente, el fallo Elliff, no generalizado, no amicus curiae-, no hay ley, hay fallo.
Mi pregunta fue muy puntual: ¿por qué ustedes creen que no habrá litigiosidad? ¿Creen que hay un acuerdo con la Justicia? Si hay un acuerdo con la Cámara Federal de la Seguridad Social para que homologuen lo que ellos, de alguna manera, dijeron que era contrario, díganlo y bienvenido sea. Porque ¿saben qué? La Cámara Federal de la Seguridad Social, con los fallos, quiere legislar, y nosotros pretendemos que quien legisle sea el Poder Legislativo, para que se discuta en ese marco cuáles son los índices a aplicar y cómo será el financiamiento. Es muy fácil legislar para un caso y después no tener los impactos para el resto. Ustedes ya lo vivieron con el 15 por ciento o en distintas circunstancias.
Entonces, quiero saber cuál es la razón por la cual no se está cumpliendo con el fallo Elliff. En definitiva, el fallo Badaro se cumple -sugiero un agregado para que se cumpla explícitamente-, el fallo Monzó se cumple, el fallo Sánchez se cumple, pero Elliff, no.
Mi pregunta fue muy puntual: ¿por qué ustedes creen que no habrá litigiosidad? ¿Creen que hay un acuerdo con la Justicia? Si hay un acuerdo con la Cámara Federal de la Seguridad Social para que homologuen lo que ellos, de alguna manera, dijeron que era contrario, díganlo y bienvenido sea. Porque ¿saben qué? La Cámara Federal de la Seguridad Social, con los fallos, quiere legislar, y nosotros pretendemos que quien legisle sea el Poder Legislativo, para que se discuta en ese marco cuáles son los índices a aplicar y cómo será el financiamiento. Es muy fácil legislar para un caso y después no tener los impactos para el resto. Ustedes ya lo vivieron con el 15 por ciento o en distintas circunstancias.
Entonces, quiero saber cuál es la razón por la cual no se está cumpliendo con el fallo Elliff. En definitiva, el fallo Badaro se cumple -sugiero un agregado para que se cumpla explícitamente-, el fallo Monzó se cumple, el fallo Sánchez se cumple, pero Elliff, no.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el director de la Anses.
SR. BASAVILBASO Quiero hacer una aclaración en relación con dos de esas sentencias. La de Badaro trata más sobre la movilidad; la de Elliff, sobre el cálculo del haber inicial. Cuando uno calcula el haber inicial, va para atrás diez años, ve cuánto aportó esa persona en su vida laboral y, en función de eso, calcula el primer mes de jubilación.
En el caso de la mejora que estamos haciendo en la ley, cuando uno va hacia atrás se encuentra que antes del año 2009, no se ajustaba correctamente. En ese año llega la ley de movilidad que justamente, dentro de sus componentes, considera el índice RIPTE.
Es verdad que nosotros somos los responsables de definir el índice. La Justicia dice que lo mejoremos, pero no está dentro de sus facultades decir qué índice debemos aplicar. Por eso, seleccionamos el índice RIPTE, que es el índice de la movilidad, que votaron ustedes acá, y que haría justicia para traer al valor presente ese primer haber.
Además, quiero hacer una segunda aclaración respecto de esto.
En el caso de la mejora que estamos haciendo en la ley, cuando uno va hacia atrás se encuentra que antes del año 2009, no se ajustaba correctamente. En ese año llega la ley de movilidad que justamente, dentro de sus componentes, considera el índice RIPTE.
Es verdad que nosotros somos los responsables de definir el índice. La Justicia dice que lo mejoremos, pero no está dentro de sus facultades decir qué índice debemos aplicar. Por eso, seleccionamos el índice RIPTE, que es el índice de la movilidad, que votaron ustedes acá, y que haría justicia para traer al valor presente ese primer haber.
Además, quiero hacer una segunda aclaración respecto de esto.
SR. BOSSIO Eso es para los jubilados de ahora...
SR. BASAVILVASO Es para los jubilados de ahora y los que se jubilaron antes, porque también decían que a partir de ahora se termina la litigiosidad, y no es así.
Terminaría en 2019, a partir del momento en que vas diez años para atrás y ya tenés la movilidad, porque antes se había hecho por decreto, y la Justicia no lo tomó.
Otra cosa respecto de las aclaraciones que se hicieron: yo también, al igual que Mario Quintana, agradezco este debate, porque más allá de las diferencias de lo que piensa cada uno, hay un consenso -todos lo dijeron- en pagar a los jubilados, y eso es lo más importante.
En algún momento también se habló del péndulo, que es un tema que desde chiquito siempre me puso mal; me refiero a esto de ir para un lado y para el tro. Fíjense que esta iniciativa viene a mejorar lo que ya estaba. Nosotros lo hemos hecho público. De hecho, estamos continuando con la moratoria y vamos a llegar en septiembre al 97 por ciento de cobertura; y lo festejamos. Esto viene a ampliar los derechos y reconocer una deuda; es innegable que hay que hacerlo, en esto estamos todos de acuerdo. Todos tenemos algún abuelo, padre o primo que tiene un juicio con el gobierno. Estamos hablando de algo muy concreto y sabemos que esto atraviesa la vida de los argentinos.
En materia de la emergencia de litigiosidad previsional, esto también refuerza los acuerdos; es otro argumento que refleja el porqué de la emergencia. Nos da sustento legal para hacer estos acuerdos, uno a uno, y que la Justicia los homologue.
En cuanto a pagar las sentencias firmes, coincido con que debemos hacerlo de la manera más rápida posible. Esperamos que sea a partir de la sanción de la ley, en cuatro meses. Tomemos dimensión de lo que es esto. Hablábamos de 40.000 sentencias por año; nosotros vamos a pasar a pagar 1.000.000 aproximadamente por año, si cumplimos con el plan. Adicionalmente, debemos destacar que este es un cambio histórico del que vamos a participar todos; es algo que no tiene precedentes. No es un tema de la última década, sino que llevamos más de dos décadas sin cumplir con nuestros jubilados.
Por otra parte, no hay quita. Esto lo dijo bien Mario Quintana. Si vamos para atrás, en los años 90 se había intentado pagar con bonos, con quitas por encima del 60 por ciento. En este caso, no hay quita. Algún señor diputado dijo que los que tienen un juicio en curso, cuando vamos cuatro años para atrás, no cubrimos a la mayoría; eso es falso. Los cuatro años para atrás cubre a la mayoría que está litigando, porque el promedio es menor.
Otro tema importante que quiero aclarar es el de las acciones. Acá no hay intención de liquidar las acciones sino de tener la flexibilidad de poder venderlas si bajan. Ése es el objetivo del fondo: conservar y mejorar el dinero de los jubilados, pero -reitero- no hay intención de vender las acciones. A nosotros ya nos tocó un caso en nuestra gestión, en el que salió una oferta pública de acción de una empresa privada; no pudimos participar de la oferta pública y, ¿qué pasó? Hoy la acción vale la mitad. ¿Quiénes perdieron? Los jubilados, porque nosotros no pudimos participar.
Para poner el tema en perspectiva, tengamos en cuenta que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un 12 por ciento en acciones. Es verdad que es un buen resguardo, pero suponiendo que ése fuese nuestro gran resguardo, las acciones durarían un mes de presupuesto de ANSES.
Pongamos los temas en perspectiva. En primer lugar, aclaro que no hay intención de vender las acciones sino de mantener su valor; si bajan, tener la posibilidad de salir y, cuando haya algo interesante, comprar.
En segundo lugar, tengamos en cuenta que es un mes de presupuesto de ANSES.
Terminaría en 2019, a partir del momento en que vas diez años para atrás y ya tenés la movilidad, porque antes se había hecho por decreto, y la Justicia no lo tomó.
Otra cosa respecto de las aclaraciones que se hicieron: yo también, al igual que Mario Quintana, agradezco este debate, porque más allá de las diferencias de lo que piensa cada uno, hay un consenso -todos lo dijeron- en pagar a los jubilados, y eso es lo más importante.
En algún momento también se habló del péndulo, que es un tema que desde chiquito siempre me puso mal; me refiero a esto de ir para un lado y para el tro. Fíjense que esta iniciativa viene a mejorar lo que ya estaba. Nosotros lo hemos hecho público. De hecho, estamos continuando con la moratoria y vamos a llegar en septiembre al 97 por ciento de cobertura; y lo festejamos. Esto viene a ampliar los derechos y reconocer una deuda; es innegable que hay que hacerlo, en esto estamos todos de acuerdo. Todos tenemos algún abuelo, padre o primo que tiene un juicio con el gobierno. Estamos hablando de algo muy concreto y sabemos que esto atraviesa la vida de los argentinos.
En materia de la emergencia de litigiosidad previsional, esto también refuerza los acuerdos; es otro argumento que refleja el porqué de la emergencia. Nos da sustento legal para hacer estos acuerdos, uno a uno, y que la Justicia los homologue.
En cuanto a pagar las sentencias firmes, coincido con que debemos hacerlo de la manera más rápida posible. Esperamos que sea a partir de la sanción de la ley, en cuatro meses. Tomemos dimensión de lo que es esto. Hablábamos de 40.000 sentencias por año; nosotros vamos a pasar a pagar 1.000.000 aproximadamente por año, si cumplimos con el plan. Adicionalmente, debemos destacar que este es un cambio histórico del que vamos a participar todos; es algo que no tiene precedentes. No es un tema de la última década, sino que llevamos más de dos décadas sin cumplir con nuestros jubilados.
Por otra parte, no hay quita. Esto lo dijo bien Mario Quintana. Si vamos para atrás, en los años 90 se había intentado pagar con bonos, con quitas por encima del 60 por ciento. En este caso, no hay quita. Algún señor diputado dijo que los que tienen un juicio en curso, cuando vamos cuatro años para atrás, no cubrimos a la mayoría; eso es falso. Los cuatro años para atrás cubre a la mayoría que está litigando, porque el promedio es menor.
Otro tema importante que quiero aclarar es el de las acciones. Acá no hay intención de liquidar las acciones sino de tener la flexibilidad de poder venderlas si bajan. Ése es el objetivo del fondo: conservar y mejorar el dinero de los jubilados, pero -reitero- no hay intención de vender las acciones. A nosotros ya nos tocó un caso en nuestra gestión, en el que salió una oferta pública de acción de una empresa privada; no pudimos participar de la oferta pública y, ¿qué pasó? Hoy la acción vale la mitad. ¿Quiénes perdieron? Los jubilados, porque nosotros no pudimos participar.
Para poner el tema en perspectiva, tengamos en cuenta que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un 12 por ciento en acciones. Es verdad que es un buen resguardo, pero suponiendo que ése fuese nuestro gran resguardo, las acciones durarían un mes de presupuesto de ANSES.
Pongamos los temas en perspectiva. En primer lugar, aclaro que no hay intención de vender las acciones sino de mantener su valor; si bajan, tener la posibilidad de salir y, cuando haya algo interesante, comprar.
En segundo lugar, tengamos en cuenta que es un mes de presupuesto de ANSES.
SR. KICILLOF Si baja, no vendan...
SR. BASAVILBASO Está bien... Existe esa flexibilidad. Además, ustedes lo tuvieron disponible hasta octubre del año pasado.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE DAERSeñor Basavilbaso: no dialogue, por favor..
SR. BASAVILBASO Perdón, es que el señor diputado me hizo una aclaración, que es pertinente.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE DAER Tratemos de no dialogar, por favor.
Continúe, señor Basavilbaso.
Continúe, señor Basavilbaso.
SR.BASAVILBASO Otro punto importante es que esto es voluntario. Al que no le sirva, tiene la opción de elegir no participar.
Un tema más que quiero mencionar es el relativo a las acciones. Hasta octubre del año pasado podían venderse. Esto es reciente. Es verdad que ustedes no vendieron, pero tenían la posibilidad de hacerlo. No queremos que haya ninguna empresa privada oportunista que quiera aprovecharse de nosotros a través de una OPA, en la que no podamos participar.
En cuanto al tema de ganancias, para poner un poco el tema en perspectiva cabe decir que hoy menos del 2 por ciento de los jubilados paga ganancias, y en estos seis meses hemos bajado un 40 por ciento la recaudación de lo que es el impuesto a las ganancias de los jubilados, esto sin contar la inflación. Además, la ley establece que será con el criterio devengado, por lo que es menor. No vamos a aplicarle un impuesto a las ganancias sobre los intereses por haber pagado tarde.
En cuanto al comentario pertinente que hizo la diputada respecto de las mujeres -siempre lucho por las mujeres, tengo cuatro hijas-, este proyecto viene a dar una respuesta principalmente a las mujeres. El 65 por ciento de las personas que están litigando son mujeres.
Un tema más que quiero mencionar es el relativo a las acciones. Hasta octubre del año pasado podían venderse. Esto es reciente. Es verdad que ustedes no vendieron, pero tenían la posibilidad de hacerlo. No queremos que haya ninguna empresa privada oportunista que quiera aprovecharse de nosotros a través de una OPA, en la que no podamos participar.
En cuanto al tema de ganancias, para poner un poco el tema en perspectiva cabe decir que hoy menos del 2 por ciento de los jubilados paga ganancias, y en estos seis meses hemos bajado un 40 por ciento la recaudación de lo que es el impuesto a las ganancias de los jubilados, esto sin contar la inflación. Además, la ley establece que será con el criterio devengado, por lo que es menor. No vamos a aplicarle un impuesto a las ganancias sobre los intereses por haber pagado tarde.
En cuanto al comentario pertinente que hizo la diputada respecto de las mujeres -siempre lucho por las mujeres, tengo cuatro hijas-, este proyecto viene a dar una respuesta principalmente a las mujeres. El 65 por ciento de las personas que están litigando son mujeres.
SR. KICILLOF Falta aclarar lo relativo a la sostenibilidad y el flujo...
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor Quintana.
SR. QUINTANA El señor diputado Ziliotto mencionó, entre sus dos planteos, la necesidad de revisar el tema de las cajas provinciales, como es el caso de La Pampa. Nuestra administración empezó a hacer auditorías. En efecto, si mal no recuerdo, la primera fue la de la caja de La Pampa; y ya hemos hecho un primer pago en lo que va de este año.
En mi alocución inicial mencioné que creemos que toda la problemática de las cajas provinciales tiene que ser profundamente estudiada y atendida, y ese es uno de los aspectos que hacen a la integralidad del trabajo de la Comisión de Sustentabilidad Previsional a la que estamos convocando.
El otro comentario del señor diputado Ziliotto se refería a la Pensión Universal a la Vejez, que ya hemos aclarado, en términos generales.
En mi alocución inicial mencioné que creemos que toda la problemática de las cajas provinciales tiene que ser profundamente estudiada y atendida, y ese es uno de los aspectos que hacen a la integralidad del trabajo de la Comisión de Sustentabilidad Previsional a la que estamos convocando.
El otro comentario del señor diputado Ziliotto se refería a la Pensión Universal a la Vejez, que ya hemos aclarado, en términos generales.
SR. PAULUCCI No se debe confundir lo que es pensión con lo que es jubilación. Son dos criterios totalmente distintos. Acá de lo que se trata es de dar una pensión a todas las personas mayores de 65 años, hombres o mujeres. Las mujeres envejecen más tarde que los hombres. Además, ninguna mujer de 65 años se siente vieja, si no hagamos una encuesta.
Señor diputado Bossio: una cosa es -usted lo sabe muy bien- una pensión y otra, una jubilación. Hace veinte años, cuando se discutió la ley 24.241, se otorgó el derecho a las mujeres a jubilarse antes, en razón de un planteo que hicieron las mujeres de los distintos bloques en la inteligencia de que la mujer cumplía una serie de tareas en el hogar.
De cualquier manera, acá se trata de dar una pensión a las personas a los 65 años, tanto a hombres como a mujeres, sin perjuicio de que la jubilación pueda otorgarse en el momento en que el Congreso lo resuelva.
Señor diputado Bossio: una cosa es -usted lo sabe muy bien- una pensión y otra, una jubilación. Hace veinte años, cuando se discutió la ley 24.241, se otorgó el derecho a las mujeres a jubilarse antes, en razón de un planteo que hicieron las mujeres de los distintos bloques en la inteligencia de que la mujer cumplía una serie de tareas en el hogar.
De cualquier manera, acá se trata de dar una pensión a las personas a los 65 años, tanto a hombres como a mujeres, sin perjuicio de que la jubilación pueda otorgarse en el momento en que el Congreso lo resuelva.
SR. ZILIOTTO Me refería al beneficio previsional, para no hablar tanto de leyes, jubilaciones o pensiones. Hoy una mujer que tiene 60 años sabe que, en el marco legal actual, a los seis o tres meses tendrá un beneficio previsional. La pregunta que le hice es en el marco de qué ley ocurrirá esto.
SR. PAULUCCI Es necesario ordenar todo el sistema previsional. Lo que usted me está planteando es una parte del sistema previsional, que precisamente está desordenada. Lo que hay que hacer no es solamente eso, sino dar la oportunidad a todas aquellas personas que han hecho aportes en su vida, de que esos aportes se vean reflejados al momento de cobrar su haber jubilatorio, como ocurre en los países centrales en el mundo, aquellos en los que nos hemos inspirado desde 1904 para establecer el régimen previsional.
Esa situación que usted plantea no se arregla con parches sino con una nueva norma; esa norma debe establecer también este derecho, que es indiscutible y unánime, para todos aquellos que algo conocemos del régimen previsional.
Esa situación que usted plantea no se arregla con parches sino con una nueva norma; esa norma debe establecer también este derecho, que es indiscutible y unánime, para todos aquellos que algo conocemos del régimen previsional.
SR. ZILIOTTO Estoy totalmente de acuerdo; pero mientras tanto, ¿qué pasa con la moratoria? Quizás no me estoy haciendo entender.
Hoy está en vigencia, para las mujeres, una legislación que dispone que al cumplir 60 años reciben un beneficio previsional, llámese como se quiera. En el caso de que esa ley vaya a prorrogarse, la pregunta es si vamos a bajar la pensión universal a los 60 años para las mujeres o si se prorroga la ley de moratoria previsional para aquellos que no tienen ningún año de aporte. Esas son las dos alternativas para que las mujeres que van a cumplir 60 años y no tengan aportes sigan teniendo un beneficio previsional.
Hoy está en vigencia, para las mujeres, una legislación que dispone que al cumplir 60 años reciben un beneficio previsional, llámese como se quiera. En el caso de que esa ley vaya a prorrogarse, la pregunta es si vamos a bajar la pensión universal a los 60 años para las mujeres o si se prorroga la ley de moratoria previsional para aquellos que no tienen ningún año de aporte. Esas son las dos alternativas para que las mujeres que van a cumplir 60 años y no tengan aportes sigan teniendo un beneficio previsional.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el señor Basavilbaso.
SR. BASAVILBASO En los artículos 20 y 21 se establece la posibilidad -bajo la ley 24.476- de completar aportes para jubilarse. Se cae la última moratoria, que vence en septiembre, y llega el piso mínimo de derechos, que es la Pensión Universal a la Vejez, que es superadora. Además, se pone a disposición de ustedes para que lo analicen también en los próximos años. Nosotros pensamos que ese es el piso mínimo para después construir el nuevo sistema jubilatorio. Además, es independiente del otro sistema, porque se financia con el Tesoro.
Como muchos dijeron, queremos poner incentivos para que el sistema sea sustentable y fomente el trabajo formal. Lo que se busca con esta iniciativa es justamente eso, porque todos los aportes de los trabajadores formales van a ir al sistema jubilatorio; no van a ser ellos los que financien a las personas que no contribuyeron. Este es un claro incentivo para el trabajo formal, no sólo para los trabajadores sino también para los empleadores.
Como muchos dijeron, queremos poner incentivos para que el sistema sea sustentable y fomente el trabajo formal. Lo que se busca con esta iniciativa es justamente eso, porque todos los aportes de los trabajadores formales van a ir al sistema jubilatorio; no van a ser ellos los que financien a las personas que no contribuyeron. Este es un claro incentivo para el trabajo formal, no sólo para los trabajadores sino también para los empleadores.
SR. PRESIDENTE DAERVamos a tratar de escuchar a los funcionarios, que se quedarán unos 25 o 30 minutos más. Lo que no pueda ser preguntado o repreguntado en el día de hoy se lo podremos hacer llegar a los funcionarios a través de los diputados del oficialismo. Les pido que avancemos.
SR. LACOSTE Respecto de bienes personales, sobre lo que había algunos comentarios, quiero decir que básicamente debido a diez años de altísima inflación, bienes personales se convirtió en un impuesto absolutamente regresivo. A través de las medidas que estamos tomando lo hacemos menos regresivo; estamos corrigiendo la base, y anunciando una fase descendente en el tiempo, en el que la comisión bicameral se va a reunir y seguramente decidirá un impuesto patrimonial muy superior a lo que es el impuesto a los activos personales.
El segundo elemento que quería comentar es el referido a blanqueo versus repatriación. Nosotros no necesitamos repatriar. Hace poco, después de haber resuelto tantos temas pendientes de la economía argentina, fuimos a colocar un bono y nos ofrecieron 70.000 millones de dólares a un costo de un 40 por ciento inferior al que le ofrecían al gobierno anterior el año pasado. Entonces, repatriar no es el objetivo de esta medida. El objetivo es la transparencia, el blanqueo y la recaudación.
Este es el blanqueo con la mayor tasa que haya habido en la historia argentina en cuanto al impuesto especial que vamos a recaudar. Me sorprende que haya planteos respecto de si hay que traer la plata o no, cuando lo que estamos diciendo es que el señor que muy cómodamente hace muchos años tiene 10 millones de dólares en Suiza va a tener que traer 1 millón de dólares a la Argentina -pagarlos de una sola vez como un impuesto limpio que entrará a las arcas del Estado argentino- para tener una situación clara a nivel internacional. Ante una situación en la que le cuesta cada vez más estar escondido, y con un gobierno comprometido a crear confianza, va a traer ese dinero muy fácilmente.
Entonces, se trata de un esquema absolutamente distinto al que estaban acostumbrados a razonar en el gobierno anterior.
Este gobierno genera confianza; no hay que manotear ni obligar a la gente a nada. Déjenme darles un ejemplo adicional: hoy la gente saca su dinero de las cajas de seguridad...
El segundo elemento que quería comentar es el referido a blanqueo versus repatriación. Nosotros no necesitamos repatriar. Hace poco, después de haber resuelto tantos temas pendientes de la economía argentina, fuimos a colocar un bono y nos ofrecieron 70.000 millones de dólares a un costo de un 40 por ciento inferior al que le ofrecían al gobierno anterior el año pasado. Entonces, repatriar no es el objetivo de esta medida. El objetivo es la transparencia, el blanqueo y la recaudación.
Este es el blanqueo con la mayor tasa que haya habido en la historia argentina en cuanto al impuesto especial que vamos a recaudar. Me sorprende que haya planteos respecto de si hay que traer la plata o no, cuando lo que estamos diciendo es que el señor que muy cómodamente hace muchos años tiene 10 millones de dólares en Suiza va a tener que traer 1 millón de dólares a la Argentina -pagarlos de una sola vez como un impuesto limpio que entrará a las arcas del Estado argentino- para tener una situación clara a nivel internacional. Ante una situación en la que le cuesta cada vez más estar escondido, y con un gobierno comprometido a crear confianza, va a traer ese dinero muy fácilmente.
Entonces, se trata de un esquema absolutamente distinto al que estaban acostumbrados a razonar en el gobierno anterior.
Este gobierno genera confianza; no hay que manotear ni obligar a la gente a nada. Déjenme darles un ejemplo adicional: hoy la gente saca su dinero de las cajas de seguridad...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. LACOSTE No me interrumpan, por favor...
¿Para qué lo saca? Para comprar LETES...
¿Para qué lo saca? Para comprar LETES...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. LACOSTE No me interrumpan... Yo lo respeté cuando habló largo y tendido, señor diputado Kicillof. ¡No interrumpan! ¡Sean educados!
Este gobierno coloca LETES a tres meses, al 3 o 4 por ciento, y la gente saca la plata de las cajas de seguridad para colocarla en este gobierno. Hace dos años, la gente sacaba la plata de las cajas de seguridad por temor a que se la manotearan. Lo que pasa ahora se llama confianza; y la confianza se construye con institucionalidad, credibilidad, transparencia y sin mentir.
Hablando de mentir, quiero hacer una aclaración al señor diputado Castagneto, que se refirió al rescate del kirchnerismo de las cuasi monedas: yo rescaté las cuasi monedas en el Banco Central, junto con Alfonso Prat-Gay, y eso fue en abril de 2003; el kirchnerismo todavía no había llegado al gobierno. Así que, saquen esa parte del relato y no mientan más. (Aplausos.)
Este gobierno coloca LETES a tres meses, al 3 o 4 por ciento, y la gente saca la plata de las cajas de seguridad para colocarla en este gobierno. Hace dos años, la gente sacaba la plata de las cajas de seguridad por temor a que se la manotearan. Lo que pasa ahora se llama confianza; y la confianza se construye con institucionalidad, credibilidad, transparencia y sin mentir.
Hablando de mentir, quiero hacer una aclaración al señor diputado Castagneto, que se refirió al rescate del kirchnerismo de las cuasi monedas: yo rescaté las cuasi monedas en el Banco Central, junto con Alfonso Prat-Gay, y eso fue en abril de 2003; el kirchnerismo todavía no había llegado al gobierno. Así que, saquen esa parte del relato y no mientan más. (Aplausos.)
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. LACOSTE ¡No mientan más! ¡Sean más educados!
-Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. PRESIDENTE DAER ¡Por favor! La Presidencia solicita a los funcionarios que se limiten a responder las preguntas para que podamos avanzar con la reunión.
SR. CASTAGNETO ¡Me trató de mentiroso, cuando en el año 2004 había 14 monedas...!
SR. PRESIDENTE DAER ¡Por favor, señor diputado Castagneto! Todos sabemos que usted no miente. (Risas y aplausos.)
Tiene la palabra el señor diputado Castagneto. Use el micrófono, por favor.
Tiene la palabra el señor diputado Castagneto. Use el micrófono, por favor.
SR. CASTAGNETO Quiero decir lo siguiente: los funcionarios expusieron, los escuchamos y nosotros preguntamos; pero no hay ninguna respuesta, simplemente agresión. Lo que quiero es que respondan a lo que hemos preguntado los señores diputados.
No queremos volver a escuchar monólogos e imputaciones. Usted se ríe, no me importa... Tratemos de irnos de aquí con respuestas, por lo menos, a una de las preguntas. Nada más.
No queremos volver a escuchar monólogos e imputaciones. Usted se ríe, no me importa... Tratemos de irnos de aquí con respuestas, por lo menos, a una de las preguntas. Nada más.
SR. PRESIDENTE DAER Vamos a tratar de avanzar en este sentido. Por eso pido a los señores diputados que se tranquilicen para continuar con la reunión y, a los funcionarios, que avancen con las respuestas, sin adjetivar -repito- para atrás.
Tiene la palabra el señor Abad.
Tiene la palabra el señor Abad.
SR. ABAD Para responder a algunas de las preguntas que se hicieron, en relación con la estimación de los ingresos del programa de sinceramiento, no hay metodologías, mecanismos ni formatos para establecer cuál va a ser el ingreso, por la propia materia de la cual estamos hablando. Si lo que se quiere hacer es precisamente sincerar lo que está oculto, es muy difícil medir lo que está oculto y ponderarlo. He hablado sobre este tema con administraciones de otros países, y es una práctica generalizada no hacer estimaciones porque realmente no tienen ningún tipo de soporte.
En relación con los activos en el extranjero, son una opción más dentro del menú. Recuerdo que, en el año 2009, cuando se hizo el blanqueo de la ley 26.476, estaba incorporada la posibilidad de exteriorizar activos en el exterior. De manera que, en ese sentido, es la continuidad de una práctica que ya se llevaba a cabo anteriormente.
Entonces, ¿para qué vamos a identificar estos activos?
En relación con los activos en el extranjero, son una opción más dentro del menú. Recuerdo que, en el año 2009, cuando se hizo el blanqueo de la ley 26.476, estaba incorporada la posibilidad de exteriorizar activos en el exterior. De manera que, en ese sentido, es la continuidad de una práctica que ya se llevaba a cabo anteriormente.
Entonces, ¿para qué vamos a identificar estos activos?
SR. KICILLOF ¿Inmuebles?
SR. ABAD Sí, inmuebles, también.
Precisamente, en relación con los inmuebles, como acaba de comentar el señor Lacoste, se crea un ámbito de trabajo, donde se va a generar una reforma impositiva.
Es muy probable -esto va a ser fruto de las decisiones que se tomen en el Congreso, en conjunto con los aportes técnicos del Ejecutivo- que se sustituya el impuesto a los bienes personales por otro impuesto patrimonial. En ese caso, tener identificados los inmuebles que están en el exterior es una excelente medida, porque permite que sean base imponible para cuando aparezca el nuevo impuesto. Es decir que no estamos saliendo de los cánones tradicionales, y vamos a aprovechar esa información para mejorar la formalización y la recaudación en el momento del sinceramiento, y a posteriori.
En relación con otro comentario que también hizo el señor diputado Kicillof sobre el blanqueo y la moratoria, no son dos mecanismos o instrumentos que tienen que actuar por separado; al contrario, si actúan juntos, se sinergizan. Pensemos en el caso de una pequeña empresa, en la que el dueño blanquea un conjunto de activos, bienes, bienes de cambio, moneda, etcétera. Al hacerlo, ordena su situación patrimonial y la explicita. Sin embargo, en el momento en que hace esto es muy probable que tenga problemas financieros derivados de la mochila que se genera cuando uno no puede pagar en tiempo y forma sus impuestos. Este es un reclamo que están haciendo sistemáticamente las cámaras y los pequeños empresarios.
Entonces, nos parece que es un momento más que oportuno para que todo ese conjunto de pequeños empresarios o de pequeñas y medianas empresas que tienen problemas de volver a reinsertarse en el mecanismo productivo y, en consecuencia, de generar empleo, consumo y rentabilidad, tendrán la posibilidad de ordenar dos aspectos clave en cualquier empresa: tener resuelto y exteriorizado su patrimonio y, en paralelo, ordenadas sus finanzas. ¿Cuál es la derivada adicional de todo esto? Que al tener eso, se convierten en sujetos de crédito para el sistema financiero y los distintos organismos, no solo del sistema financiero privado, sino del público. Lo que nos dicen en muchos casos los pequeños empresarios es "tenemos activos, pero no exteriorizados, y no nos dan préstamos", porque la gran mayoría de esos préstamos no son sobre el flujo de los proyectos sino sobre el patrimonio. Ahora van a tener el patrimonio ordenado. Además, nos dicen "no nos dan préstamos, porque como tenemos una deuda impositiva terrible, no tenemos la capacidad de generar flujo y no somos sujetos de crédito".
Entonces, ¿qué va a significar la sinergia entre el plan de sinceramiento y la moratoria? Vamos a brindar la posibilidad de reordenar integralmente su capacidad de ser competitivos y creadores de riquezas. De modo que pensamos que esto es funcional a lo que se está buscando.
Para terminar de dar la información que había solicitado el señor diputado Kicillof, le comento que los inmuebles van a estar valuados al valor de mercado. Esta es la primera parte de las preguntas.
Con referencia a lo que preguntaba el señor diputado Lavagna sobre el tema de la moratoria, creo que quedó aclarado.
El tema del programa de fiscalización es muy importante; es clave. Acá hay una fecha que es clave y creo que es importante que la conozcan las personas, las sociedades y todos los sujetos que puedan adherirse al régimen: 31 de diciembre de 2015. Estamos diciendo que la posibilidad de exteriorizar los activos está sujeta a que todos los bienes que declaren en ese momento, cuando nosotros hagamos la comparación y el chequeo, sean exactamente los que tienen. Si aparece cualquier bien o activo que no está exteriorizado, el beneficio de la exteriorización de activos cae.
Es decir que esta situación es clave. Es lo que decíamos del reloj con las tres agujas: si ponemos todo en cero, tiene que haber dos agujas; si hay tres, hay problemas.
La fiscalización tiene un momento clave, el 31 de diciembre, y tiene un beneficio adicional, que es contar con la información financiera de toda la exteriorización que se hizo de moneda y de bienes para el flujo a posteriori, ya que obviamente vamos a tener una radiografía mucho más clara de la situación financiera y patrimonial de todos los contribuyentes. Esto, sumado a la información que ya tenemos en las bases, nos dará una capacidad de fiscalización mucho más efectiva y, sobre todo, más inteligente.
Esto es importante y tiene que ver con lo que decía la señora diputada Ciciliani respecto de la devolución del 10 por ciento del IVA para las compras con tarjeta de débito. El sistema de fiscalización no funciona con la ley penal tributaria.
Quiero aclarar otra cosa que es importante que se sepa: no solo en la Argentina, sino en la mayoría de las administraciones tributarias del mundo, de cada 100 pesos que se recaudan, 97 son por cumplimiento voluntario y 3, por ejercicio de la fiscalización. Es decir que la fiscalización no sirve para recaudar sino para generar percepción de riesgo, para decir: "Si usted declara bien, no hay problema; y si declara mal, va a tener problemas".
Los mecanismos tienen que ser sistémicos. No vamos a poder resolver los problemas de La Salada ni de todas las áreas en las que hay informalidad. La experiencia de La Salada es harto conocida: va la Gendarmería, está tres días, levanta todo; como no puede quedarse a vivir, se va, y al otro día está todo de nuevo.
El problema pasa por un ordenamiento integral de toda la sociedad, por generar más empleo, más riqueza, más trabajo digno. Así se irá ordenando todo en el tiempo. Cuando decíamos que era un problema cultural nos referíamos a eso.
Al señor diputado Castagneto quiero decirle que en ningún momento dije "punto final". No suelo decirlo y además no suelo pensarlo.
Precisamente, en relación con los inmuebles, como acaba de comentar el señor Lacoste, se crea un ámbito de trabajo, donde se va a generar una reforma impositiva.
Es muy probable -esto va a ser fruto de las decisiones que se tomen en el Congreso, en conjunto con los aportes técnicos del Ejecutivo- que se sustituya el impuesto a los bienes personales por otro impuesto patrimonial. En ese caso, tener identificados los inmuebles que están en el exterior es una excelente medida, porque permite que sean base imponible para cuando aparezca el nuevo impuesto. Es decir que no estamos saliendo de los cánones tradicionales, y vamos a aprovechar esa información para mejorar la formalización y la recaudación en el momento del sinceramiento, y a posteriori.
En relación con otro comentario que también hizo el señor diputado Kicillof sobre el blanqueo y la moratoria, no son dos mecanismos o instrumentos que tienen que actuar por separado; al contrario, si actúan juntos, se sinergizan. Pensemos en el caso de una pequeña empresa, en la que el dueño blanquea un conjunto de activos, bienes, bienes de cambio, moneda, etcétera. Al hacerlo, ordena su situación patrimonial y la explicita. Sin embargo, en el momento en que hace esto es muy probable que tenga problemas financieros derivados de la mochila que se genera cuando uno no puede pagar en tiempo y forma sus impuestos. Este es un reclamo que están haciendo sistemáticamente las cámaras y los pequeños empresarios.
Entonces, nos parece que es un momento más que oportuno para que todo ese conjunto de pequeños empresarios o de pequeñas y medianas empresas que tienen problemas de volver a reinsertarse en el mecanismo productivo y, en consecuencia, de generar empleo, consumo y rentabilidad, tendrán la posibilidad de ordenar dos aspectos clave en cualquier empresa: tener resuelto y exteriorizado su patrimonio y, en paralelo, ordenadas sus finanzas. ¿Cuál es la derivada adicional de todo esto? Que al tener eso, se convierten en sujetos de crédito para el sistema financiero y los distintos organismos, no solo del sistema financiero privado, sino del público. Lo que nos dicen en muchos casos los pequeños empresarios es "tenemos activos, pero no exteriorizados, y no nos dan préstamos", porque la gran mayoría de esos préstamos no son sobre el flujo de los proyectos sino sobre el patrimonio. Ahora van a tener el patrimonio ordenado. Además, nos dicen "no nos dan préstamos, porque como tenemos una deuda impositiva terrible, no tenemos la capacidad de generar flujo y no somos sujetos de crédito".
Entonces, ¿qué va a significar la sinergia entre el plan de sinceramiento y la moratoria? Vamos a brindar la posibilidad de reordenar integralmente su capacidad de ser competitivos y creadores de riquezas. De modo que pensamos que esto es funcional a lo que se está buscando.
Para terminar de dar la información que había solicitado el señor diputado Kicillof, le comento que los inmuebles van a estar valuados al valor de mercado. Esta es la primera parte de las preguntas.
Con referencia a lo que preguntaba el señor diputado Lavagna sobre el tema de la moratoria, creo que quedó aclarado.
El tema del programa de fiscalización es muy importante; es clave. Acá hay una fecha que es clave y creo que es importante que la conozcan las personas, las sociedades y todos los sujetos que puedan adherirse al régimen: 31 de diciembre de 2015. Estamos diciendo que la posibilidad de exteriorizar los activos está sujeta a que todos los bienes que declaren en ese momento, cuando nosotros hagamos la comparación y el chequeo, sean exactamente los que tienen. Si aparece cualquier bien o activo que no está exteriorizado, el beneficio de la exteriorización de activos cae.
Es decir que esta situación es clave. Es lo que decíamos del reloj con las tres agujas: si ponemos todo en cero, tiene que haber dos agujas; si hay tres, hay problemas.
La fiscalización tiene un momento clave, el 31 de diciembre, y tiene un beneficio adicional, que es contar con la información financiera de toda la exteriorización que se hizo de moneda y de bienes para el flujo a posteriori, ya que obviamente vamos a tener una radiografía mucho más clara de la situación financiera y patrimonial de todos los contribuyentes. Esto, sumado a la información que ya tenemos en las bases, nos dará una capacidad de fiscalización mucho más efectiva y, sobre todo, más inteligente.
Esto es importante y tiene que ver con lo que decía la señora diputada Ciciliani respecto de la devolución del 10 por ciento del IVA para las compras con tarjeta de débito. El sistema de fiscalización no funciona con la ley penal tributaria.
Quiero aclarar otra cosa que es importante que se sepa: no solo en la Argentina, sino en la mayoría de las administraciones tributarias del mundo, de cada 100 pesos que se recaudan, 97 son por cumplimiento voluntario y 3, por ejercicio de la fiscalización. Es decir que la fiscalización no sirve para recaudar sino para generar percepción de riesgo, para decir: "Si usted declara bien, no hay problema; y si declara mal, va a tener problemas".
Los mecanismos tienen que ser sistémicos. No vamos a poder resolver los problemas de La Salada ni de todas las áreas en las que hay informalidad. La experiencia de La Salada es harto conocida: va la Gendarmería, está tres días, levanta todo; como no puede quedarse a vivir, se va, y al otro día está todo de nuevo.
El problema pasa por un ordenamiento integral de toda la sociedad, por generar más empleo, más riqueza, más trabajo digno. Así se irá ordenando todo en el tiempo. Cuando decíamos que era un problema cultural nos referíamos a eso.
Al señor diputado Castagneto quiero decirle que en ningún momento dije "punto final". No suelo decirlo y además no suelo pensarlo.
SR. PRESIDENTE DAER Tiene la palabra el licenciado Federici.
SR. FEDERICI Simplemente, quiero responder concretamente a una pregunta que se hizo sobre el porqué de la UIF, de los reportes y del cumplimiento de las obligaciones preventivas de lavado, en el marco del programa de sinceramiento fiscal.
La primera respuesta es porque así lo exigen los compromisos internacionales que la República Argentina ha asumido frente al mundo. Los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera, del GAFI -del que somos miembro pleno-, exigen que en el marco de programas de sinceramiento fiscal no se alteren ni se reduzcan, en lo más mínimo, los controles existentes para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Este gobierno quiere cumplir plenamente con sus compromisos internacionales y estar en sintonía con la comunidad internacional. Por eso, queremos mantener los controles vigentes, tal como están.
Además, desde un punto de vista operativo, creemos que los bancos deben hacer su trabajo. Deben cumplir con sus obligaciones y discernir a través de la debida diligencia si la operación es justificable, razonable o no para la persona que está pretendiendo beneficiarse de este programa.
En el caso de que no lo fuera, si hubiere dudas al respecto, simplemente deberán ponerlo en conocimiento del Estado a través del mecanismo del Reporte de Operación Sospechosa, que lleva la información a la UIF, para que nosotros hagamos nuestro trabajo, separemos la paja del trigo y distingamos si se trata realmente de una persona que mantuvo sus activos fuera del radar del Estado para beneficiarse impositivamente o evitar pagar un impuesto, o si se trata de un recurso proveniente de algún delito más grave, cosa que no vamos a tolerar, y si lo detectamos, lo pondremos a disposición de la Justicia para que sea debidamente sancionado.
Por último, quiero decir que la UIF tiene potestades regulatorias en la materia. Vamos a emitir pautas orientativas para que los bancos sepan cómo deben operar en este sentido, y si hiciera falta también sacaremos una resolución en coordinación con la AFIP para tales efectos.
La primera respuesta es porque así lo exigen los compromisos internacionales que la República Argentina ha asumido frente al mundo. Los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera, del GAFI -del que somos miembro pleno-, exigen que en el marco de programas de sinceramiento fiscal no se alteren ni se reduzcan, en lo más mínimo, los controles existentes para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Este gobierno quiere cumplir plenamente con sus compromisos internacionales y estar en sintonía con la comunidad internacional. Por eso, queremos mantener los controles vigentes, tal como están.
Además, desde un punto de vista operativo, creemos que los bancos deben hacer su trabajo. Deben cumplir con sus obligaciones y discernir a través de la debida diligencia si la operación es justificable, razonable o no para la persona que está pretendiendo beneficiarse de este programa.
En el caso de que no lo fuera, si hubiere dudas al respecto, simplemente deberán ponerlo en conocimiento del Estado a través del mecanismo del Reporte de Operación Sospechosa, que lleva la información a la UIF, para que nosotros hagamos nuestro trabajo, separemos la paja del trigo y distingamos si se trata realmente de una persona que mantuvo sus activos fuera del radar del Estado para beneficiarse impositivamente o evitar pagar un impuesto, o si se trata de un recurso proveniente de algún delito más grave, cosa que no vamos a tolerar, y si lo detectamos, lo pondremos a disposición de la Justicia para que sea debidamente sancionado.
Por último, quiero decir que la UIF tiene potestades regulatorias en la materia. Vamos a emitir pautas orientativas para que los bancos sepan cómo deben operar en este sentido, y si hiciera falta también sacaremos una resolución en coordinación con la AFIP para tales efectos.
SR. LAVAGNA Simplemente, quería saber cuáles eran las pautas. Justamente a eso apuntaba la pregunta; es decir, si tenemos alguna línea respecto de lo que están pensando sobre esas pautas.
SR. BOSSIO La pregunta es la siguiente. Fui director de un banco -quizás ustedes también-, y debo decir que es muy difícil discriminar entre un pequeño comerciante que efectivamente viene y hace un depósito, y aquel que lava dinero o comete un acto de corrupción. Entonces, en este punto, es central lo que dice el señor diputado Lavagna; si no, el éxito del blanqueo es muy sugestivo.
Como ex director de un banco diría que todas las operaciones -sean sospechosas o no- deberían ir a la UIF, ustedes lo deciden; después aparece juzgado un director de un banco -recién me encontré con un diputado, ex director del Banco de Córdoba- porque el Banco Central y dice: "Usted no vio esta operación". Se trata de una situación muy difícil, desde la responsabilidad penal. Me parece que la clave de un blanqueo no solo tiene que ver con la confianza -más allá del exabrupto que tuvo usted, que después lo conversaremos-, como dice el señor diputado Lavagna, sino también con estas pautas. La gente no va a blanquear a cualquier lado, va a blanquear al banco. La ventanilla no es el Estado. Entonces, ese punto es central.
Como ex director de un banco diría que todas las operaciones -sean sospechosas o no- deberían ir a la UIF, ustedes lo deciden; después aparece juzgado un director de un banco -recién me encontré con un diputado, ex director del Banco de Córdoba- porque el Banco Central y dice: "Usted no vio esta operación". Se trata de una situación muy difícil, desde la responsabilidad penal. Me parece que la clave de un blanqueo no solo tiene que ver con la confianza -más allá del exabrupto que tuvo usted, que después lo conversaremos-, como dice el señor diputado Lavagna, sino también con estas pautas. La gente no va a blanquear a cualquier lado, va a blanquear al banco. La ventanilla no es el Estado. Entonces, ese punto es central.
SR. LAVAGNA Quiero señalar algo que va en esa línea.
Hoy la tasa para traer dinero es de casi un 6 por ciento de la operación. ¿Qué es lo que va a pasar con el blanqueo? Van a traer dinero en efectivo pagando el costo, porque el problema acá no es el costo del impuesto sino la seguridad jurídica. Eso es lo que hace al éxito del blanqueo, y en ese sentido las pautas son absolutamente centrales.
Hoy la tasa para traer dinero es de casi un 6 por ciento de la operación. ¿Qué es lo que va a pasar con el blanqueo? Van a traer dinero en efectivo pagando el costo, porque el problema acá no es el costo del impuesto sino la seguridad jurídica. Eso es lo que hace al éxito del blanqueo, y en ese sentido las pautas son absolutamente centrales.
SR. PRESIDENTE DAER Les pido un favor: déjenme administrar el micrófono.
Tiene la palabra el señor Federici.
Tiene la palabra el señor Federici.
SR. FEDERICI Muchas gracias por las preguntas; son muy buenas, válidas, y corresponde dar cierta orientación.
En este sentido, ya hay mejores prácticas establecidas para emitir estas pautas, y está también la experiencia de otros países. Acá lo importante es que los bancos sepan gestionar el riesgo de lavado, que sepan entender cuáles son las variables a considerar para distinguir si una operación es sospechosa y merece ser reportada a la UIF o no lo es, dando la comodidad al banco, en ese caso, de seguir adelante, sin reportarla.
En este sentido, como no es posible tomar en consideración la conducta impositiva de la persona para valorar con ese solo mecanismo la posibilidad que pudo haber tenido de generar esas tenencias o recursos que está pretendiendo legitimar, hay que tomar en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, cuál fue la actividad real que tuvo durante su historia, cuál es la actividad real que tiene al momento actual y si esa actividad le permitió o le permite generar las tenencias o recursos que pretende blanquear.
Pero no es solo eso. Esa es una variable a tomar en cuenta. Después hay que considerar si esa persona fue funcionario público o estuvo vinculado con la función pública en algún momento, si residió en alguna jurisdicción de riesgo o no, y si estuvo dedicada a alguna actividad de riesgo de lavado.
Hay algunas actividades que presentan más riesgo de generar productos provenientes de actividades ilícitas que otras. Todas esas variables vamos a ordenarlas en pautas orientativas para que los bancos tengan la posibilidad de hacer la gestión de riesgo de manera adecuada. No pretendemos que todas las operaciones sean reportadas. Eso no ocurre en ningún lado. Sin embargo, cuando la institución financiera no cuenta con los elementos para sentirse satisfecha -digamos- respecto del riesgo que está asumiendo, ahí sí debe reportarlas, y ahí también hay que desmitificar un poco lo que es el reporte. El reporte no es más que poner en conocimiento del Estado una situación de inusualidad no justificada.
Me parece muy importante aclararlo, porque en los últimos años, por el enfoque represivo que hubo desde la UIF hacia los sujetos obligados, hacia los bancos también, en vez de...
En este sentido, ya hay mejores prácticas establecidas para emitir estas pautas, y está también la experiencia de otros países. Acá lo importante es que los bancos sepan gestionar el riesgo de lavado, que sepan entender cuáles son las variables a considerar para distinguir si una operación es sospechosa y merece ser reportada a la UIF o no lo es, dando la comodidad al banco, en ese caso, de seguir adelante, sin reportarla.
En este sentido, como no es posible tomar en consideración la conducta impositiva de la persona para valorar con ese solo mecanismo la posibilidad que pudo haber tenido de generar esas tenencias o recursos que está pretendiendo legitimar, hay que tomar en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, cuál fue la actividad real que tuvo durante su historia, cuál es la actividad real que tiene al momento actual y si esa actividad le permitió o le permite generar las tenencias o recursos que pretende blanquear.
Pero no es solo eso. Esa es una variable a tomar en cuenta. Después hay que considerar si esa persona fue funcionario público o estuvo vinculado con la función pública en algún momento, si residió en alguna jurisdicción de riesgo o no, y si estuvo dedicada a alguna actividad de riesgo de lavado.
Hay algunas actividades que presentan más riesgo de generar productos provenientes de actividades ilícitas que otras. Todas esas variables vamos a ordenarlas en pautas orientativas para que los bancos tengan la posibilidad de hacer la gestión de riesgo de manera adecuada. No pretendemos que todas las operaciones sean reportadas. Eso no ocurre en ningún lado. Sin embargo, cuando la institución financiera no cuenta con los elementos para sentirse satisfecha -digamos- respecto del riesgo que está asumiendo, ahí sí debe reportarlas, y ahí también hay que desmitificar un poco lo que es el reporte. El reporte no es más que poner en conocimiento del Estado una situación de inusualidad no justificada.
Me parece muy importante aclararlo, porque en los últimos años, por el enfoque represivo que hubo desde la UIF hacia los sujetos obligados, hacia los bancos también, en vez de...
- No se alcanzan a percibir las palabras pronunciadas fuera de micrófono.
SR. FEDERECI No, pero esto debo decirlo, porque eso generó un mecanismo muy defensivo, una actitud muy distorsionada de parte del sistema financiero en el cumplimiento de esa obligación de reportar.
El cumplimiento de la obligación de reportar no es nada más ni nada menos que asumir la responsabilidad frente a una inusualidad no justificada de poner en conocimiento del Estado la información para que éste sea quien determine si existen indicios de la posible comisión de un delito grave, y si así lo fuere, ponerlo en conocimiento de la Justicia para su debida investigación.
El cumplimiento de la obligación de reportar no es nada más ni nada menos que asumir la responsabilidad frente a una inusualidad no justificada de poner en conocimiento del Estado la información para que éste sea quien determine si existen indicios de la posible comisión de un delito grave, y si así lo fuere, ponerlo en conocimiento de la Justicia para su debida investigación.
SR. PRESIDENTE DAER La Presidencia solicita a los funcionarios respuestas puntuales, por favor.
Tiene la palabra el señor Basavilbaso.
Tiene la palabra el señor Basavilbaso.
SR. BASAVILBASO Estoy advirtiendo que han quedado cinco preguntas sin responder, aproximadamente.
Respecto del préstamo que se hace a las provincias: también está indicado en el proyecto de ley al final, en el anexo; la diferencia entre el 15 por ciento del dinero que se presta a las provincias y la tasa BADLAR, la paga el Tesoro. Eso vamos a recibirlo en la ANSES, que no está financiando por debajo de las tasas de mercado, sino que será el Tesoro el que compense esa diferencia.
En segundo lugar, en relación con el FGS, prácticamente no se cambian los topes en el proyecto de ley; sí se sube el tope de las inversiones productivas en infraestructura, del 20 al 50 por ciento, que es parte del programa del gobierno.
Por otra parte, en cuanto a la rentabilidad del FGS estimada para 2016, calculamos que va a ser del 35,2 por ciento; es decir que pasará de 664.000 millones a 898.000 millones.
En relación con cuántos jubilados están incluidos en el programa de reparación histórica, estimamos que son 2.400.000. Un señor diputado se refirió a que, en noviembre de 2014, la cifra era 1.900.000. Nosotros hemos corrido la base de ANSES e inclusive recibimos información, con número de documento, por parte de la Justicia, por lo que sabemos que el total asciende a 2.400.000.
Por último, respecto de la pregunta vinculada con el 82 por ciento móvil, lo que usualmente genera alguna confusión, en primer lugar, la movilidad está contemplada en la ley de movilidad. En relación con el porcentaje que se paga, para toda la mínima ya estamos pagando casi el 82 por ciento móvil; tenemos un salario mínimo vital y móvil de 6.060 pesos y la jubilación mínima está en 4.959 pesos. Este programa de reparación histórica tiende también al 82 por ciento, porque con una suba promedio del 40 por ciento en los haberes de los jubilados que incluye, como bien ha dicho el señor diputado Amadeo, la suba para 600.000 jubilados que hoy cobran la mínima, vamos a ir tendiendo a ese 82 por ciento móvil, que es otro deseo de todos.
Respecto del préstamo que se hace a las provincias: también está indicado en el proyecto de ley al final, en el anexo; la diferencia entre el 15 por ciento del dinero que se presta a las provincias y la tasa BADLAR, la paga el Tesoro. Eso vamos a recibirlo en la ANSES, que no está financiando por debajo de las tasas de mercado, sino que será el Tesoro el que compense esa diferencia.
En segundo lugar, en relación con el FGS, prácticamente no se cambian los topes en el proyecto de ley; sí se sube el tope de las inversiones productivas en infraestructura, del 20 al 50 por ciento, que es parte del programa del gobierno.
Por otra parte, en cuanto a la rentabilidad del FGS estimada para 2016, calculamos que va a ser del 35,2 por ciento; es decir que pasará de 664.000 millones a 898.000 millones.
En relación con cuántos jubilados están incluidos en el programa de reparación histórica, estimamos que son 2.400.000. Un señor diputado se refirió a que, en noviembre de 2014, la cifra era 1.900.000. Nosotros hemos corrido la base de ANSES e inclusive recibimos información, con número de documento, por parte de la Justicia, por lo que sabemos que el total asciende a 2.400.000.
Por último, respecto de la pregunta vinculada con el 82 por ciento móvil, lo que usualmente genera alguna confusión, en primer lugar, la movilidad está contemplada en la ley de movilidad. En relación con el porcentaje que se paga, para toda la mínima ya estamos pagando casi el 82 por ciento móvil; tenemos un salario mínimo vital y móvil de 6.060 pesos y la jubilación mínima está en 4.959 pesos. Este programa de reparación histórica tiende también al 82 por ciento, porque con una suba promedio del 40 por ciento en los haberes de los jubilados que incluye, como bien ha dicho el señor diputado Amadeo, la suba para 600.000 jubilados que hoy cobran la mínima, vamos a ir tendiendo a ese 82 por ciento móvil, que es otro deseo de todos.
SR. KICILLOF ¿Cuántos cobran la mínima?
SR. BASAVILBASO Estamos hablando de más del 50 por ciento, por la moratoria.
SR. KICILLOF ¿Y la sostenibilidad del programa?
SR. PRESIDENTE DAER La Presidencia solicita al señor diputado Kicillof que trate de no dialogar y, si tiene alguna inquietud, utilice el micrófono.
SR. BASAVILBASO El programa es sostenible, porque...
- No se alcanzan a percibir las palabras pronunciadas fuera de micrófono.
SR. BASAVILBASO Después podemos pasar esa información en detalle, porque tenemos el cuadro. Nosotros creemos que las retroactividades se pagan principalmente con el blanqueo, que tiene afectación directa para la ANSES. Por eso, hacemos las cuotas trimestrales, para que sea sostenible; es decir, pagando el 50 por ciento enseguida y después, las cuotas trimestrales, en tres años, podemos hacerlo con el flujo del FGS. Esto también es una buena noticia, porque el flujo del FGS se utilizaba para distintos proyectos. En este caso, está el compromiso de utilizarlo para pagar los juicios de los jubilados.
Es decir que a partir de ahora el fondo de los jubilados va a ser para los jubilados y se destinará para ellos.
Por último, como es un plan que tiene una adhesión voluntaria y específica, uno a uno, calculamos que tendremos un impacto de 25.000 millones este año, 50.000 millones, el año que viene -estoy hablando en números grande-, y llegaríamos al flujo constante de 75.000 millones, en el tercer año.
Es decir que a partir de ahora el fondo de los jubilados va a ser para los jubilados y se destinará para ellos.
Por último, como es un plan que tiene una adhesión voluntaria y específica, uno a uno, calculamos que tendremos un impacto de 25.000 millones este año, 50.000 millones, el año que viene -estoy hablando en números grande-, y llegaríamos al flujo constante de 75.000 millones, en el tercer año.
SR. BOSSIO Quiero hacer una pregunta cortita al señor Caputo. ¿Cuánto es la tasa de interés, en pesos, a una provincia, en las últimas colocaciones? ¿De qué corte de tasa estamos hablando?
SR. CAPUTO Depende de la provincia; todos están tratando de salir en dólares, pero andan en los 20 y largos...
SR. BOSSIO ¿Cuántos puntos, por encima de la tasa BADLAR?
SR. CAPUTO Depende de la provincia; ahora puede estar en 200 o 300 puntos básicos.
Respecto de lo que decía el señor diputado Lavagna sobre el impuesto a los ADR, es nada más que para igualar. Hoy las acciones argentinas, que cotizan en la Argentina, no pagan; sin embargo, las mismas acciones que cotizan afuera, sí lo hacen. Esto es una cosa que el gobierno pasado había hecho para crear el incentivo de traerlas. Como dijo el señor Lacoste, hoy no es el incentivo. Entonces, tener un impuesto diferencial por si están acá o afuera, no tiene mucho sentido.
En relación con las opciones del blanqueo, si algo está claro es que son caras, comparado con cualquier otro. Si bien hay un denominador común en todos, que han evadido impuestos, la mayoría de la gente que tiene plata no declarada, no tiene la misma percepción sobre las diferentes alternativas. Hay gente que prefiere escribir un cheque y tener el 90 por ciento de su plata libre; hay gente a la que le cuesta muchísimo escribir un cheque, entonces prefiere un bono a tasa cero, porque tiene su plata más o menos a tasa cero afuera y considera que no está pagando nada; pero todas tienen una lógica detrás. En cuanto al bono a tasa cero, estamos cobrando más, porque un bono a tres años cuesta 4,5 o 5 por ciento, que en tres años es casi un 15. Entonces, lo que hemos buscado es un menú para todos, porque la idea es tentar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, hemos puesto diferentes alternativas, todas con una lógica detrás; a algunos podrán parecer mejores unas u otras, pero esa es la idea.
Respecto de lo que decía el señor diputado Lavagna sobre el impuesto a los ADR, es nada más que para igualar. Hoy las acciones argentinas, que cotizan en la Argentina, no pagan; sin embargo, las mismas acciones que cotizan afuera, sí lo hacen. Esto es una cosa que el gobierno pasado había hecho para crear el incentivo de traerlas. Como dijo el señor Lacoste, hoy no es el incentivo. Entonces, tener un impuesto diferencial por si están acá o afuera, no tiene mucho sentido.
En relación con las opciones del blanqueo, si algo está claro es que son caras, comparado con cualquier otro. Si bien hay un denominador común en todos, que han evadido impuestos, la mayoría de la gente que tiene plata no declarada, no tiene la misma percepción sobre las diferentes alternativas. Hay gente que prefiere escribir un cheque y tener el 90 por ciento de su plata libre; hay gente a la que le cuesta muchísimo escribir un cheque, entonces prefiere un bono a tasa cero, porque tiene su plata más o menos a tasa cero afuera y considera que no está pagando nada; pero todas tienen una lógica detrás. En cuanto al bono a tasa cero, estamos cobrando más, porque un bono a tres años cuesta 4,5 o 5 por ciento, que en tres años es casi un 15. Entonces, lo que hemos buscado es un menú para todos, porque la idea es tentar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, hemos puesto diferentes alternativas, todas con una lógica detrás; a algunos podrán parecer mejores unas u otras, pero esa es la idea.
SR. KICILLOF Entonces, ¿hay un incentivo para que se traigan los capitales?
SR. CAPUTO Particularmente, hay una opción dedicada a que traigan aquellos capitales dedicados a la inversión productiva; no queremos incentivar que traigan capitales para inversión especulativa. Es decir, si alguien trae la plata y está dispuesto a tenerla durante cinco años en la Argentina, dedicándola a una inversión productiva, ya sea financiando pymes, desarrollo inmobiliario, energía renovable o lo que sea, bienvenido sea. Lo que no queremos es que la traigan para hacer una bicicleta financiera.
SR. LAVAGNA Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE DAERSr. Presidente Por favor, señor diputado Lavagna, sea breve, porque los funcionarios deben retirarse y queremos que terminen de responder.
SR. LAVAGNA Sí, señor presidente.
Al tener el bono a cero -que me parece muy interesante, porque el Tesoro está financiando al cero por ciento, lo cual es novedoso y bueno-, uno trata de generar un incentivo para no tener que hacer un programa financiero, en el que deba salir a colocar una tasa más alta. A eso me refería con bajar el ADR.
Mi segunda pregunta es para el señor Basavilbaso. El artículo 25 es al que me refería con el tema de las provincias; parecería que toda la detracción del 15 por ciento la pone el Tesoro.
Al tener el bono a cero -que me parece muy interesante, porque el Tesoro está financiando al cero por ciento, lo cual es novedoso y bueno-, uno trata de generar un incentivo para no tener que hacer un programa financiero, en el que deba salir a colocar una tasa más alta. A eso me refería con bajar el ADR.
Mi segunda pregunta es para el señor Basavilbaso. El artículo 25 es al que me refería con el tema de las provincias; parecería que toda la detracción del 15 por ciento la pone el Tesoro.
SR. BASAVILBASO En el anexo está la aclaración...
SR. LAVAGNA Pero como el artículo 25 habla de toda la detracción, por eso preguntaba...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
SR. ZILIOTTO Quería hacer una pregunta muy breve al señor Basavilbaso, porque hay algo que no me quedó claro.
Si no funciona el blanqueo, ¿cómo financiamos el pago de los juicios y este flujo que se planteaba?
Si no funciona el blanqueo, ¿cómo financiamos el pago de los juicios y este flujo que se planteaba?
SR. BASAVILBASO Es una ley conjunta, como vimos, y nosotros somos muy optimistas respecto del blanqueo. El equipo de Hacienda lo explicó muy bien.
A partir del año que viene se va a compartir información -lo dijo también el señor Abad- entre los distintos organismos del mundo. Ya vimos en los diarios lo que ocurre; hoy en día con la tecnología es mucho más fácil saber quién tiene dinero no declarado. Creemos que eso va a ser un gran incentivo para que se blanquee el dinero, y con eso también se financiará el programa.
¿Qué mejor que utilizar el dinero de gente que evadió, que tiene mucho dinero y a la que le estamos poniendo un incentivo para blanquear, para pagar los juicios a los jubilados? Me parece que no hay nada mejor que eso.
A partir del año que viene se va a compartir información -lo dijo también el señor Abad- entre los distintos organismos del mundo. Ya vimos en los diarios lo que ocurre; hoy en día con la tecnología es mucho más fácil saber quién tiene dinero no declarado. Creemos que eso va a ser un gran incentivo para que se blanquee el dinero, y con eso también se financiará el programa.
¿Qué mejor que utilizar el dinero de gente que evadió, que tiene mucho dinero y a la que le estamos poniendo un incentivo para blanquear, para pagar los juicios a los jubilados? Me parece que no hay nada mejor que eso.
SR. KICILLOF Buenísimo, pero ¿si no pasa?
SR. PRESIDENTE DAER Bueno, si no pasa, todos a los botes. (Risas.)
Perdón por el chiste. Tiene la palabra el señor Quintana.
Perdón por el chiste. Tiene la palabra el señor Quintana.
SR. PRESIDENTE DAERSr. Quintana.- La decisión de cumplir con los jubilados en realidad no está sujeta a nada; va a salir del FGS, y si el FGS no fuera suficiente, saldrá de Rentas del Tesoro, pero no vamos a dejar de cumplir con la obligación de pagar lo que corresponde a los mayores.
No obstante, reiteramos nuestra confianza en el éxito del blanqueo. Entiendo que esa era la respuesta que estaba esperando el señor diputado Grana.
El tiempo se nos agotó; tenemos que pedirles mil disculpas. Ya tendríamos que habernos retirado.
Tengo una lista de otros temas que se consideraron; voy a repasar solamente dos o tres. El señor diputado Lusquiños planteó la idea de un blanqueo laboral. Es algo que nos parece interesante; un principio de blanqueo laboral está planteado en el proyecto de ley de Primer Empleo, que enviamos al Congreso hace ya cerca de un mes. No quisimos seguir avanzando en eso, como hay otro proyecto de ley que apunta particularmente a la generación y blanqueo de puestos de trabajo, nos pareció oportuno que fuera parte de la misma ley.
El señor diputado Pastori nos preguntó si los beneficiarios actuales de la PNC podían optar. La respuesta es definitivamente afirmativa. Este beneficio es mejor, en términos de importe de beneficio y de edad.
Efectivamente, las pensiones que derivan de las jubilaciones mal liquidadas reciben el mismo beneficio que las jubilaciones.
Les agradezco nuevamente esta oportunidad. La verdad es que más allá de las diferentes miradas que podamos tener sobre algunos temas, lo que está fundamentalmente en juego es un mayor bienestar para 2,5 millones de personas mayores.
Por ellos, y por lo que implica, para toda la sociedad argentina, sanar esta herida que lleva tantas décadas, les solicitamos el tratamiento y la aprobación de esta iniciativa lo más urgente posible, a fin de que puedan acompañarnos en esta medida que consideramos definitivamente histórica. (Aplausos.)
No obstante, reiteramos nuestra confianza en el éxito del blanqueo. Entiendo que esa era la respuesta que estaba esperando el señor diputado Grana.
El tiempo se nos agotó; tenemos que pedirles mil disculpas. Ya tendríamos que habernos retirado.
Tengo una lista de otros temas que se consideraron; voy a repasar solamente dos o tres. El señor diputado Lusquiños planteó la idea de un blanqueo laboral. Es algo que nos parece interesante; un principio de blanqueo laboral está planteado en el proyecto de ley de Primer Empleo, que enviamos al Congreso hace ya cerca de un mes. No quisimos seguir avanzando en eso, como hay otro proyecto de ley que apunta particularmente a la generación y blanqueo de puestos de trabajo, nos pareció oportuno que fuera parte de la misma ley.
El señor diputado Pastori nos preguntó si los beneficiarios actuales de la PNC podían optar. La respuesta es definitivamente afirmativa. Este beneficio es mejor, en términos de importe de beneficio y de edad.
Efectivamente, las pensiones que derivan de las jubilaciones mal liquidadas reciben el mismo beneficio que las jubilaciones.
Les agradezco nuevamente esta oportunidad. La verdad es que más allá de las diferentes miradas que podamos tener sobre algunos temas, lo que está fundamentalmente en juego es un mayor bienestar para 2,5 millones de personas mayores.
Por ellos, y por lo que implica, para toda la sociedad argentina, sanar esta herida que lleva tantas décadas, les solicitamos el tratamiento y la aprobación de esta iniciativa lo más urgente posible, a fin de que puedan acompañarnos en esta medida que consideramos definitivamente histórica. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE DAER Les agradezco que hayamos estado aquí siete horas sentados, tratando de entender y avanzar en este debate. Siempre es bueno debatir.
Asimismo, agradezco a los funcionarios y a todos los señores diputados que estoicamente estuvieron aquí presentes. En nombre del señor diputado Laspina y de quien les habla, les agradecemos su presencia y permanencia.
El día martes a las 12 quedan convocadas nuevamente las dos comisiones para seguir considerando el tema. (Aplausos.)
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
Asimismo, agradezco a los funcionarios y a todos los señores diputados que estoicamente estuvieron aquí presentes. En nombre del señor diputado Laspina y de quien les habla, les agradecemos su presencia y permanencia.
El día martes a las 12 quedan convocadas nuevamente las dos comisiones para seguir considerando el tema. (Aplausos.)
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la reunión.
- Es la hora 19 y 46.