Solicitar la presencia, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados del Sr. Director Ejecutivo de ANSES Sr. Emilio Basavilbaso, a fin de que brinde información precisa y detallada sobre comunicaciones públicas realizadas por ANSES con fecha 15 de febrero de 2017 respecto de la actualización semestral de haberes previsionales y pagos por hijo y otras asignaciones familiares, con la aplicación de una fórmula de cálculo distinta a la dispuesta actualmente en la Ley de Prestaciones Previsionales 26.417 y su reglamentación. En este sentido, informe:

- Cuál fue el cálculo realizado para la liquidación de haberes previsionales para el mes de marzo de 2017.

- Ponga a disposición la resolución administrativa que ordena la modificación de la ley de movilidad jubilatoria y/o sus reglamentaciones, tal y como el Sr. Director Ejecutivo de ANSES indicó a los medios.

- Aclare asimismo cuál fue el órgano de la administración pública que emitió la resolución y quiénes los funcionarios firmantes.

Señor presidente:

El presente pedido de informes verbales se fundamenta en la decisión anunciada por el director de la ANSES, que consiste en la modificación a través de una resolución administrativa, de la fórmula que regula los aumentos anuales de jubilaciones y pensiones, resultando en la baja del porcentaje de aumento de las prestaciones.

La Anses había anunciado que los haberes previsionales y los pagos por hijo y otras asignaciones familiares, subirían un 12,65%, con lo cual la jubilación mínima pasaría de $ 5661 a $ 6377 y el máximo, de $ 41.474 a $ 46.721. De hecho, el organismo ya tiene hechas las liquidaciones para los pagos de marzo con la aplicación de ese nivel de incremento. El aumento que correspondería según la fórmula utilizada hasta la fecha se encuentra al rededor del 15%.

Amparándose en la necesidad de realizar modificaciones técnicas para corregir el índice de aumentos, las autoridades de la ANSES han avanzado en un recorte al monto correspondiente a las jubilaciones y pensiones, algo que no sucedía en nuestro país desde hace más de 15 años. Cabe recordar que una Resolución Administrativa no puede modificar una Ley.

La lucha por una jubilación digna ha sido una demanda histórica de este sector de nuestra sociedad, en general postergado en la asignación de recursos públicos. Han sido protagonistas de ejemplares luchas y movilizaciones en la construcción de esta demanda, dejando referentes como Norma Pla, fundamentales en la historia argentina.

Sólo con las modificaciones llevadas a cabo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se pudo avanzar hacia la concreción de una institución jubilatoria universal y con haberes cercanos a lo que se considera una jubilación digna o decente.

Hoy el gobierno de Mauricio Macri decide retroceder y recortar derechos conquistados por los jubilados, constituyendo una afrenta a los derechos sociales consolidados en Argentina.

Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en el presente pedido de interpelación.