Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos que corresponda informe lo siguiente:

I. Si se ha conformado el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, previsto en la ley 26.425, que estableció el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

II. Nómina de las designaciones realizadas por el Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados, los representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas, los representantes de las organizaciones empresariales más representativas y los representantes de las entidades bancarias más representativas, para que integren el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.

III. En caso de no haberse conformado el citado Consejo, explicite los motivos por los cuales no han sido designados por el Poder Ejecutivo los representantes de la ANSES y de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

IV. Quien está cumpliendo las funciones que la ley 26.425 le asignó al mismo.

Señor presidente:

Por ley 26.425, se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la que fue sancionada el 20 de noviembre de 2008 y promulgada el 4 de Diciembre 4 de 2008.

En el artículo 12 de dicha norma se dispuso la creación, en ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, del Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto es el monitoreo de los recursos del sistema.

Según dicha disposición legal, el Consejo estará integrado un representante de la ANSES, un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dos integrantes del Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la ANSES, tres representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas, dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas, dos representantes de las entidades bancarias más representativas y dos representantes del Congreso de la Nación, uno por cada Cámara.

A pesar de que han pasado tres meses de la nacionalización de las AFJP, el Poder Ejecutivo sigue sin crear los organismos de control que la ley exige para el uso estatal de sus fondos.

En contra de lo que dispone la legislación vigente, los recursos de los jubilados son asignados directamente por el Director del ANSES así como por el encargado de administrar el Fondo de Sustentabilidad.

Los fondos del SIPA están siendo utilizados para planes de incentivo del consumo y obras públicas. Éstas últimas son distribuidas discrecionalmente sin contemplar un verdadero y correcto plan como lo establece la normativa vigente en materia de obra pública. Estos fondos son ofrecidos y asignados por el Presidente del Partido Justicialista, como dan cuenta los distintos medios de comunicación nacional, a Intendentes y Gobernadores que concurren sumisamente a la residencia de Olivos. Mientras los informes de las pérdidas de puestos de trabajo se incrementan, el Poder Ejecutivo Nacional es incapaz de dar la respuesta que la crisis exige. En cambio, hace uso y abuso clientelar de los recursos económicos de los presentes y futuros jubilados.

Como siempre sostuvimos, los fondos de los jubilados deber ser para los jubilados y la ANSES debería custodiarlos para cumplir con el objetivo para los cuales fueron asignados, otorgando mejoras a nuestros abuelos.

Cuando se analizó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la eliminación del sistema de capitalización y la creación del SIPA, ya advertimos la necesidad de que los fondos debían ser estrictamente controlados para que no sufrieran desviaciones en su asignación, pero hasta el día de la fecha, los hechos nos demuestran que esto no se cumplió. En ese momento, adelantamos que el gobierno intentaba con esta ley, hacerse de fondos para obras públicas y no que los mismos llegaran a sus beneficiarios, como aducía el gobierno.

La decisión política de no conformar el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, traduce la intención del oficialismo de no permitir que los fondos cuenten con la supervisión legal, porque de esta manera, pueden disponer discrecionalmente de los recursos de los jubilados, en franca oposición con lo votado por este Congreso, utilizando los recursos para destinos ajenos a la política de seguridad social.

El Poder Ejecutivo no habría designado a ningún representante para la integración del Consejo, y dada la importancia que el mismo tiene para el contralor de los fondos de nuestros mayores, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.