1) Se abstenga de seguir incumpliendo la ley 26.425 que estableciera la absorción de los fondos previsionales por parte del ANSES, hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación constituya la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social estipulada en el artículo 11 de la citada norma.

2) Cree y ponga en funcionamiento el Consejo del Fondo de Garantía de sustentabilidad del SIPA establecido por el artículo 12 de la ley 26425.

3) Asuma como provisorias las decisiones tomadas hasta este momento ya que las mismas deberán ser revisadas por los órganos de control mencionados.

Señor presidente:

A pesar que desde el 4 de diciembre del 2008 se promulgó la Ley 26.425, que elimina el sistema previsional mixto que regía desde 1994, instituyendo el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como único sistema previsional solidario de reparto, el Parlamento aún no cumplió con lo dispuesto por el artículo 11 de la citada ley, que sujeta a la ANSES en todo lo referido a la instrumentación de la citada norma a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social que debe ser creada por el Honorable Congreso de la Nación. Del mismo modo, en su artículo 12 la citada norma instituye al ANSES para que crea en su ámbito un Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional cuyo objeto es el monitoreo de los recursos del sistema.

Una de las principales misiones tanto de la Comisión Bicameral como del Consejo es monitorear las decisiones de inversiones que se preveé adoptar relativo a los recursos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Este Fondo que originariamente fue creado como el modo de disponer de los ahorros que el ANSES realizaba cada año, consecuencia de la postergación de los haberes, se ha engrosado con los activos que en poder de las AFJPs se han traspasado al ANSES en virtud de la sanción de la citada ley. Así el Fondo que acumulaba una masa de recursos de más de $22.345,5 millones fue agrandado por los activos en poder de las AFJPs en $78.721,3 millones, aunque su correcta valuación a los precios de mercado, reflejaría un valor de $69.296,3 millones. Así se trata de un Fondo que acumula un total de recursos por $91.641,8 millones. Se trata de una masa de recursos que excede en un 40% a la totalidad de jubilaciones y pensiones que tiene previsto afrontar la ANSES durante el 2009 (de $65.715,3 millones). Semejante relación contradice los criterios que fundamentan la constitución de un fondo de garantía, que es la de inmovilizar un determinado porcentaje de los compromisos que debe asumir (siendo el 20% una magnitud razonable). En el caso previsional, los recursos acumulados en el fondo representan el 140% del total de compromisos del sistema. Claramente se trata de un despropósito que tiene otro fin que el de resguardar las jubilaciones de eventuales caídas en la recaudación previsional.

Mientras el Congreso Nacional y la ANSES incumplen con lo dispuesto por la ley 26.425, el Gobierno ha utilizado los recursos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar los paquetes anti crisis orientados a abastecer de crédito al consumo satisfecho y el Mega Plan de Obra Pública. Así se han destinado ya $3.100 millones para la compra de autos 0 km, $650 millones para la compra de taxis 0 km, $3.500 millones en créditos para electrodomésticos (que los jubilados de más de 68 años -el 70% de los jubilados- no pueden acceder por superar la edad máxima que fija el seguro), $3.000 millones en créditos a las pymes, $1.700 millones de crédito para el agro, $1.250 millones en crédito para las empresas industriales. A su vez con los recursos de los jubilados se prevé encarar el Mega Plan de Obras Públicas, de los cuales ya se licitaron $10.900 millones para la construcción de viviendas, $4.074 millones para el soterramiento del Sarmiento, $1.500 millones en la construcción de las centrales térmicas en Buenos Aires y Santa Fe (cuyos beneficiarios son la firma IECSA e ISOLUX), $1.000 millones en la construcción de la central eléctrica de Pilar (Córdoba) y $890 millones en un crédito para que Aysa construya dos plantas potabilizadoras. De este modo se han comprometido $31.564 millones del ANSES en financiar el consumo de altos ingresos y un plan de obras públicas motorizado por empresas privadas que han tenido una larga tradición en utilizar la obra pública como mecanismo de apropiación de recursos (en este caso de los jubilados) por vía de sobreprecios que extrañamente no son debidamente controlados por las autoridades. Estos son los recursos ya destinados en lo que va del año, a lo que habría que agregar las obras públicas contenidas en el Presupuesto 2009 que tienen previsto financiamiento del ANSES, las mismas ascienden a 13.153 millones ($6.853 millones en obras de energía, $4.600 millones en obras públicas, y $1.700 millones en el sistema de transporte).

Por otra parte, según ha trascendido, el Gobierno tiene previsto seguir utilizando los recursos del Fondo de Garantía del ANSES para sostener el programa financiero del 2009. Así se preveé que la totalidad del superávit proyectado del ANSES, que por obra de la eliminación de las AFJPs y la vigencia de una ley de movilidad restringida, rondaría los $18.000 millones en el transcurso de este año sean direccionados al Tesoro, por vía de la suscripción de algún instrumento financiero, que haría aumentar la deuda del Tesoro con el ANSES por dicha suma. Del mismo modo, la totalidad de vencimientos que tiene el Tesoro con el ANSES que asciende a $19.701 millones ($8.450 millones por el stock de letras del tesoro, $5.859 millones por la renta que genera el exceso de crecimiento sobre los bonos que entraron al canje del 2005, $5.009 millones de vencimientos del stock de títulos públicos en poder del ANSES y $384 millones como resultado de los vencimientos que luego del canje de enero del 2009 se comprometió a pagar por las tenencias de Préstamos Garantizados en poder del ANSES). En total el Gobierno tiene previsto utilizar $37.701 millones de los recursos administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer frente a los distintos compromisos financieros del 2009.

Como los recursos que se acumularon en el ANSES son el resultado de haberes de miseria ($690) para el 80% de los jubilados, así como del aporte que los trabajadores activos (por vía del aporte sobre la nómina salarial) y el conjunto de la sociedad (por vía del pago de impuestos que financian la ANSES), su orientación debe ser previamente debatida por los involucrado. Este fue el espíritu de la ley 26.245 que hasta el momento no se ha cumplido.

Por estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.