Que vería con agrado que, con carácter urgente, y como medida de extrema necesidad, el Poder Ejecutivo Nacional ordene un aumento en los haberes previsionales y la respectiva recomposición de los mismos, respetando los niveles de los beneficios iniciales. Ello, atento existen fondos suficientes para afrontar la transferencia de recursos, y la medida constituye una acción de estricta justicia social

Señor presidente:

Que con anterioridad a la sanción de la ley de movilidad, el Poder Ejecutivo, a instancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social llevó adelante una política de aumentos de los beneficios previsionales, que más allá de constituir un alivio en los magros beneficios de la clase pasiva, provocó un deterioro en las escalas de los beneficios, en detrimento de los sectores medios y altos .La mala técnica aplicada, ya sea por desconocimiento de la materia o por la ideología que propicia un beneficio bajo y único, provocó el desprestigio del sistema previsional estatal y el consiguiente desprestigio de la política gubernamental en la materia

Que resulta indispensable recomponer las variaciones naturales derivadas del carácter sustitutivo del salario que deben tener los beneficios, ya que de lo contrario se está produciendo un perjuicio económico a gran parte de la clase pasiva y un tiro de gracia a la credibilidad del sistema estatal. El nivel de las actuales jubilaciones y pensiones atenta contra la vida y la propiedad de gran parte de los ex trabajadores y vulnera la propia justicia social.

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció claramente las pautas de dicha recomposición que inexplicablemente el Poder Ejecutivo se negó a cumplir, produciendo una herida social en un sector de la población que no tiene otra voz más que la que emana de los jueces

Asimismo, la medida no sólo resulta indispensable por el carácter alimentario que poseen los beneficios, sino por cuanto, de no producirse la misma, la movilidad prevista para marzo del año 2009 significará la más grande desilusión que el colectivo de los trabajadores retirados reciba del gobierno de turno.

Por su parte, ante la realidad económica y las expectativas que se despertaron en la totalidad de la clase pasiva, resulta necesario otorgar un aumento generalizado de las prestaciones, ya que los jubilados y pensionados merecen, alguna vez, en la historia de estos últimos años disfrutar de los beneficios del exceso de recursos que posee el organismo administrador.

Por todo ello, sumado al momento histórico que vive la previsión social en la Argentina, después de la estatización del sistema, sobre cuyos alcances benéficos es aún necesario convencer a ciertos sectores de la sociedad que siguen viendo con desconfianza los sistemas públicos, es que propiciamos la presente medida, que como se desprende de cada fundamento, es de necesidad y urgencia extrema