Artículo. 1 Agrégase a la ley 24016 (Jubilación Docente), el Art. 10 bis con el siguiente texto:

Art.10 bis: El personal que reuniese los requisitos establecidos en el Art. 3ro. podrá continuar en actividad, sin que sea pasible de recibir intimación para iniciar tramitaciones jubilatorias, hasta que alcance los límites de edad determinados por el régimen general de jubilaciones vigente. A partir de esa instancia quedará sujeto a la normativa que ese sistema prevea para mantenerse activo o para reingresar al trabajo en relación de dependencia.

En todo momento mantendrá el derecho de jubilarse con los haberes y condiciones previstos por el Art. 4to.

Artículo. 2 De forma.

Señor presidente:

La ley 24016 consagra el derecho que asiste a los docentes de jubilarse con 82% móvil ,con un mínimo de edad de 60 años los varones y 57 años las mujeres; con 30 años de servicio o con 25 cuando por lo menos 10 de ellos hayan sido a cargo de alumnos.(Art.3ro.)

Para gozar de tales prestaciones les exige un aporte extra del 2% , que sumados al 11% ordinario, alcanza un 13% que -además- se calcula sobre la totalidad (sin topes) de los sueldos que perciben en actividad, durante toda su carrera.

Esto convierte al régimen jubilatorio docente en un sistema diferenciado del régimen general vigente (Ley 24241). Pero, también distinto de los regímenes especiales contemplados por la propia ley 24241 (Art. 157) que corresponden a actividades que implican riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral. A quienes desempeñan este tipo de tareas se los beneficia - SIN EXIGIR APORTE EXTRA, NI REQUISITO ALGUNO- con reducciones de los límites de edad jubilatoria que pueden llegar hasta los 10 años (Art. Citado en el segundo párrafo). Y, porque esas tareas son definidas como penosas, riesgosas o insalubres, no se permite el reingreso a las mismas de quienes se hubiesen jubilado prestándolas (Art.34 de la misma ley). Ni la continuidad en esas actividades de quienes hubiesen alcanzado las edades límites fijadas.

Es obvio que la labor docente, si bien exigente, no se encuadra dentro de las categorías señaladas.

Esta descripción - entre otras características- lleva a concluir, tal como lo hiciera la Suprema Corte de Justicia, que las leyes 24016 y 24241 enmarcan regímenes jubilatorios coexistentes. Y que el que propone la primera, no es un régimen especial del tipo que se contempla en la segunda, sino uno diferente de existencia contemporánea.

Resulta entonces que se trata aquí de que los docentes puedan ejercer plena y totalmente un derecho, por el cual han tenido que tributar cifras considerablemente más elevadas que las que aportan la mayoría de los trabajadores.

No corresponde entonces entender que por imperio de ninguna circunstancia deban estar obligados a ponerlo en acto al cumplir la edad mínima requerida, ni que sus empleadores puedan intimarlos a hacerlo, porque no existe ninguna norma legal que señale tal cosa.

No lo hace la ley 24016; ni resulta de aplicación aquí lo que dispone la ley 24241 con relación a los regímenes especiales, ni al régimen general.

Por lo tanto no debería existir impedimento alguno para que un docente que alcance las edades mínimas exigidas previstas por la Ley 24016 continúe trabajando, sin perder el derecho de acogerse al beneficio en las condiciones previstas, cuando así lo desee y hasta alcanzar las edades señaladas por el régimen general.

Sin embargo y, a pesar de todo lo expuesto, son numerosos los casos de intimaciones registrados en diferentes jurisdicciones, tanto en la gestión pública como en la privada, Acciones injustas, si -como se espera haber demostrado- no existen normas que amparen tales medidas.

En ese convencimiento deberá quedar legislativamente aclarado que la ley 24016 concede a los docentes el derecho a jubilarse en condiciones diferenciadas.

Por todo lo expuesto solicito a los señores Diputados que me acompañen en esta propuesta.