Solicitar al Poder Ejecutivo que, por donde corresponda, se deje sin efecto o suspenda la Resolución N°268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Exhortar al Poder Ejecutivo a garantizar la incorporación de personas con discapacidad al sistema de salud a través del otorgamiento de pensiones por invalidez. Respetando los principios de la Ley N°27.044 la cual otorgó jerarquía constitucional a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Señor presidente:

Lamentablemente observamos cómo una vez más el Poder Ejecutivo avanza de una manera brutal sobre las personas más vulnerables, intentando a través de la resolución N° 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad de no cumplir con lo dispuesto por la Justicia, que ordenó restituir las cerca de 170.000 pensiones que unilateralmente e indiscriminadamente dió de baja el año pasado por decisión de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Debemos recordar que cerca de 170.000 personas están en una situación de incertidumbre porque desde el Gobierno Nacional se decidió, unilateralmente y sin investigar en profundidad, dar de baja a sus pensiones por discapacidad.

Esa decisión fue judicializada, y recientemente en un fallo de primera instancia la Sra. Jueza interviniente ordenó restituir las pensiones dadas de baja y que no habían sido notificadas correctamente.

Con la resolución N°268/2018 publicada el 25 de septiembre del corriente año, se establece que todas las personas que tenían pensiones no contributivas por invalidez laboral y fueron notificadas, tendrán (10) diez días hábiles para realizar el descargo respectivo en alguna de las oficinas de ANSES según el domicilio del beneficiario y previo turno obtenido telefónicamente.

La táctica empleada por la Agencia Nacional de Discapacidad, a través del nuevo Director Ejecutivo del organismo el Lic. Santiago Ibarzabal, resulta más que evidente: dictar una nueva resolución valiéndose de un artilugio para extinguir el derecho a la pensión de un beneficiario, solo para cumplir con una supuesta formalidad del proceso y apelar la sentencia de la jueza interviniente.

Ese proceso de notificación y procesamiento de la información debería ser realizado por el personal que reviste en las dependencias de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero como viene sucediendo a partir del año 2017 al cambio de estructura y al cierre de dependencias del interior del país, se sumaron despidos y letargo de la administración en otorgar nuevas pensiones.

Las personas con discapacidad están desamparadas ante un gobierno que decide supuestamente “ahorrar” en pensiones de los más vulnerables, pero a su vez mantiene la estructura de cargos que lo llevo a aumentar un 25% la estructura del Estado Nacional.

Por todo lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con el siguiente proyecto de resolución.