Artículo 1° - Anúlese la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Artículo 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Apenas asumió la presidencia Mauricio Macri, inició un proceso de ajuste que no se sensibilizó ni siquiera por los colectivos más vulnerables. Esto implicó en el Ministerio de Desarrollo social el recorte de pensiones por invalidez, que llegó a afectar a 170 mil beneficiarios, que fueron ilegalmente privados de un derecho adquirido. Pese a que este recorte fue rechazado por la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social, las medidas de ajuste continuaron, con el endurecimiento de las condiciones para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder o mantener los beneficios por invalidez, y la consecuente decisión de suspender 20 mil pensiones de que eran titulares.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad se dictó en estos días una nueva norma la resolución 268/2018, por la cual afirman proponer un procedimiento que permita ejercer su defensa a las personas a las que se suspenden o declaran caducos sus derechos. Para evitar que tenga lugar este infeliz desenlace, la persona interesada debe solicitar un turno a efectos de que la dependencia estatal correspondiente le habilite tiempo y lugar para su descargo. En rigor de verdad, lo que persigue el gobierno es introducir a la persona afectada en los rigores burocráticos de una administración que luego de vaciar de personal y de recursos, las mismas se encuentran saturadas de tareas.

De más está decir que la posibilidad de muchos de los afectados, personas con diversos tipos de discapacidades, de iniciar los trámites para el descargo está condicionada a que cuente con alguien que lo ayude, o a un transporte que posiblemente no exista, o a un sistema de comunicación que sea accesible, entre otros factores. En definitiva, muchos no podrán proceder a lo requerido, otros activarán el procedimiento y desistirán cuando se agoten sus recursos sin haber podido concluir con las presentaciones solicitadas, en tanto que otros serán rechazados en sus planteos.

A través de este proyecto proponemos dejar sin efecto esta resolución, que limita a un plazo de 10 días la defensa de sus derechos por la persona con discapacidad, colocando en ella la responsabilidad de activar el procedimiento de cuya vigencia depende el derecho de que es titular. Realizan un sistema administrativo que permite suspender y dar caducidad sin tomar conocimiento directo a través de un equipo interdisciplinario de la situación que atraviesan los beneficiarios de las pensiones, a fin de efectuar recomendaciones que sean tenidas en cuenta por los funcionarios públicos de la Agencia Nacional de Discapacidad para la toma de decisiones.

Esta resolución afecta el principio de progresividad, porque estas reformas normativas no impactan positivamente respecto de los intereses del grupo comprendido y vulnera sus derechos.

Es responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos, adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para acercar su presencia a los sectores que menores posibilidades tienen de movilizarse para asegurar la efectividad de sus derechos.

Lo único que busca el Gobierno de Mauricio Macri es otra forma de concretar el brutal ajuste impuesto por el FMI, en el cual siempre el perjudicado es el pueblo Argentino.

Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.