Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, informe en detalle acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con el trámite y otorgamiento de pensiones por invalidez del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en las localidades de Las Breñas y Quitilipi, ambas en Provincia del Chaco , a saber:

- Listado de partes presentados durante los años 2007,2008 y 2009 para el otorgamiento de Pensiones por invalidez en esos municipios.

- Estado actual de los tramites de los partes presentados en ese periodo en los mencionados municipios chaqueños.

- Cantidad total de pensiones por invalidez otorgadas en Las Breñas y Quitilipi, Provincia del Chaco.

- Porcentual de Población económicamente activa del municipio con discapacidad laboral.

- Listado de médicos intervinientes en el aval de la operatoria para el otorgamiento de pensiones por invalidez en Las Breñas y Quitilipi, Chaco.

- Certificados que avalan el otorgamiento de pensiones por invalidez en Las Breñas y Quitilipi Chaco. Señalando con precisión Hospitales y médicos que firmaron dichos certificados.

Señor presidente:

Según el medio informativo Perfil del día 19 de noviembre del corriente año, por un exhorto del juez Sergio Torres, del Juzgado Federal Nº12 de Capital Federal, la magistrada Zunilda Niremperger, de la localidad de Saénz Peña, procedió el 18 de noviembre a realizar pesquisas en dos propiedades que figuran a nombre de Jorge Omar Araujo: una residencia y la oficina donde funciona la consultora M&A SRL, una firma de asesoramiento jurídico y previsional en la que Araujo es socio fundador.

La Policía Federal realizo seis allanamientos simultáneos y secretos en esta causa que investiga el otorgamiento irregular de 20 millones de pesos en indemnizaciones, seguros y pensiones por incapacidades a empleados del Banco Nación.

En media docena de cajas con documentos secuestrados, que estudia el juez federal Torres, se encontraron fotocopias con cuentas bancarias que demostrarían que la consultora M&A SRL( de la cual Araujo es socio fundador) se llevo comisiones hasta el 50% de las indemnizaciones.

La causa se inicio por una denuncia de la presidenta del Banco Nación Mercedes Marco del Pont quien se baso en una auditoria interna. Dicha auditoria, informo el diario Clarín del 24 de noviembre de 2009, señalaría que habría habido un abogado del Banco Nación que puso su firma para los pagos millonarios de pensiones por invalidez que ahora están siendo cuestionados por la Justicia. La actividad de Araujo, según fuentes judiciales, estaría enmarcada en una organización que funciona hace varios años y que afecta la calidad institucional del Sistema previsional argentino ya que esta practica indebida abarcaría también a otras provincias como Entre Ríos y Córdoba.

La maniobra ilícita, por la que se investiga a esta organización, consistiría en principio, en buscar empleados del Banco Nación del Chaco, Entre Ríos, Córdoba y otras provincias y convencerlos que iniciaran un reclamo por incapacidades ocasionadas por el trabajo, cuando en realidad se trataba de personas sanas. Luego se conseguía un dictamen favorable de un abogado del banco y se cobraba una indemnización, un seguro y el empleado pasaba a cobrar una pensión 10 o 15 años antes de jubilarse.

Según relató, la versión judicial, que reveló a Perfil.com detalles del presunto escándalo, Araujo actuaría como "gestor" ante el PAMI local en la pequeña localidad chaqueña de Las Breñas- Chaco, para conseguir pensiones a empleados del Banco Nación que presentan un parte de invalidez a cambio de la mitad del monto total. En la operatoria intervendrían también los médicos del hospital, avalando con su firma los certificados apócrifos.

Según el sitio informativo de la Provincia de Entre Ríos, Diario Junio del 18 de noviembre, el neurocirujano Daniel Brugo radicó una denuncia penal en la cual probaría, a través de la presentación de documentación, que personas en el hospital Felipe Heras de Concordia le robaban el sello para armar "certificados truchos de discapacidad", mediante los cuales los tenedores de esos certificados cobraban un subsidio del Estado de 400 pesos.

La denuncia fue formulada ante la fiscalía de Fernando Martínez Uncal y se asegura que, entre el breve lapso en que descubrieron la maniobra y se radicó de la denuncia, se descubrió la existencia de 27 casos similares.

Frente a la estafa, Brugo informó de tal situación a la Secretaría de Salud y allí detectaron la existencia de otros 27 casos. Las personas consultadas sospechan que el número de casos similares puede ser incalculable. Los casos detectados pertenecen a personas cuyas edades oscilan entre los 20 y los 50 años.

Lo más trágico es que esta actividad ilícita envuelve a personas que figuran como asesores legislativos de esta casa en asuntos previsionales.

Poco hace de las últimas encuestas de organismos internacionales acerca de los escalofriantes índices de corrupción que azotan a nuestra Nación. Cuestión que debemos encaminar hacia su mas rápida solución y esclarecimiento para el fortalecimiento institucional que tanto demanda nuestra sociedad y de la cual somos sus representantes.

Por los motivos expuestos, y con la voluntad de salvaguardar el prestigio de nuestras instituciones pido a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.