Expresar beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de elevar el haber mínimo en las jubilaciones y pensiones de acuerdo a la formula que establece la Ley 26.417 de Movilidad jubilatoria en un 16,9%, incremento que para el transcurso del año 2010 asciende al 26.49 por ciento.

Señor presidente:

En primer lugar es necesario ponernos en tema de las definiciones y las funciones del sistema de previsión social. La función primordial de ese sistema es cubrir a la población de la contingencia de la vejez. La razón de la obligatoriedad del sistema se funda en la miopía de los agentes, avalándonos en la teoría del ciclo vital, el flujo de ingresos de un individuo es bajo al principio y al final de su vida, mientras que es alto a la mitad de la misma. Es decir, el flujo de ingresos es consecuente con la productividad de las personas. La falta de previsibilidad, miopía, de las personas en general imposibilita el ahorro voluntario durante la vida activa para suplir la falta de ingresos hacia el final de su vida. Es aquí que el sistema de previsión social aparece como esencial.

La naturaleza del Sistema puede ser de carácter universal o contributivo. En el primero de los casos toda la población mayor de cierta edad recibe un haber previsional. En el segundo caso, el carácter contributivo lo hace exclusivo, es decir, además de la edad predeterminada solo podrá acceder al beneficio aquel que hayan aportado en su vida activa durante un tiempo específico. El haber que se percibe en los sistemas universales, a diferencia del sistema contributivo, no guarda relación con el salario recibido durante la vida activa, no existe proporcionalidad en los haberes, ya que la lógica del mismo es brindar una jubilación igual para todos.

La estructura de financiamiento de estos sistemas es variada. En el caso de los sistemas contributivos, podemos hablar de un sistema solidario intergeneracional, en donde básicamente las generaciones activas soportan a las generaciones pasivas. O bien, de uno de índole intrageneracional, justamente lo opuesto al nombrado anteriormente, una persona recibe lo que ahorro durante su vida activa, generalmente existen mecanismos que permiten capitalizar dichos ahorros. En los sistemas universales el financiamiento se basa, habitualmente, en rentas generales.

Sabiendo ahora de que estamos hablando, pasemos a analizar qué es lo que sucede en el Sistema Previsional Argentino. Este sistema, hoy denominado SIPA y de administración puramente pública, es de base contributivo, es decir, las personas que pueden acceder a él son aquellas que cumplen con los requisitos estipulados. Hoy en día estos requisitos son: tener como mínimo 65 años en el caso de los hombres y 60 años en el caso de las mujeres, y haber aportado 30 años al sistema en ambos casos.

Ahora bien, para realizar los aportes correspondientes son necesarios dos cosas, primero tener trabajo por lo menos por 30 años y luego que este empleo sea en el sector formal de la economía. Este es y ha sido el principal problema para Argentina. La tasa de desempleo promedio de los últimos diez años supera los dos dígitos (12,4%), mientras que la informalidad laboral osciló durante toda la década en el 40%. ¿Cuáles son las probabilidades de que todas las personas puedan cumplir con los requisitos? Ciertamente, muy bajas. Además, debemos tener en cuenta que, dadas las dificultades de conseguir un empleo por parte de las personas mayores o incluso, en caso de poseerlo, de poder llevarlo adelante el impacto sobre el nivel de pobreza de un país no es despreciable.

Al ser la pobreza una cuestión de Estado, desde el 2005 a nuestros días, se pusieron en marcha políticas que intentaron contrarrestar este problema de exclusión del sistema. Estas medidas de flexibilización de requisitos (moratoria previsional y jubilación anticipada) concluyeron con 2,2 millones de nuevos jubilados, representado un aumento del 42% de la nómina de jubilados en 2007. Utilizando como indicador de cobertura el ratio beneficiarios sobre personas en edad de recibir el beneficio, podemos hablar en la actualidad de un sistema universal, ya que el 98% de la población se encuentra cubierta. Hete aquí la primera gran contradicción: tenemos un sistema contributivo y universal.

Que injusto, podrán decir algunos, que una persona que haya realizado todos los aportes tenga los mismos beneficios que una que no lo haya hecho. Pero me atrevería a decir que los que dicen esto solo están viendo una parte de la película. Lo cierto es que ya desde años previos al 94 el sistema no era autosuficiente, es decir, que no se financiaba solamente con recursos propios del sistema (aportes y contribuciones), ya desde esos momentos se recurría a rentas generales para financiarlo. Es así, que con el correr de los años estos impuestos generales han cobrado más participación dentro de los recursos totales del sistema, actualmente representan el 42% y fueron el 56% de las fuentes del sistema en 2004.

Cuando hablamos de impuestos generales, estamos hablando de aquellos tan generales como lo puede ser el IVA. Este tributo lo pagamos todos aquellos que consumimos y déjenme decirles que el que no consume no vive, entonces por ende, todos somos contribuyentes de alguna manera u otra. Cambiando de eje la discusión cabría decir entonces: que injusto que algunos queden fuera del sistema!

Entremos ahora de lleno al tema de los haberes. Como primera cuestión y volviendo un poco al plano teórico, dijimos que en un sistema universal, a diferencia del contributivo, la proporcionalidad de los haberes no se busca ya que el objetivo es un haber, valga la redundancia, universal.

Los últimos datos de la ANSeS marcan que hay 5.897.000 jubilados y pensionados, de los cuales 4.213.000 cobran el haber mínimo que hoy es de $ 895. También hay casi 900.000 pensiones no contributivas fuera del sistema previsional que abonan al 70% del haber mínimo.

Estudiando la evolución de la mínima sobre población con jubilación o pensión mayores de 65 años de edad durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, se observa que esta pasó de $310,1 en mayo de 2003 a $895 en el año 2010, un 126% de incremento, más que duplicando el aumento de precios de la Canasta de Pobreza para Jubilados y Pensionados en igual lapso.

Al respecto la evolución de la pobreza en valores relativos desde mayo de 2003 / 2006, sobre población jubilada o pensionada mayor de 65 años, esto es en los tramos iniciales de la gestión Kirchner, cuando el efecto antipobreza de aumento sistemático de la mínima fue contundente. En Mayo 2003 --según la EPH continúa de entonces--, existían 28,9% de jubilados y pensionados residiendo en hogares pobres, en Mayo 2004, la cifra alcanzaba al 16,2%, en Marzo 2006 se registraban 10,0% de jubilados pobres y ya en Mayo 2006, la cifra de pobreza entre jubilados y pensionados había descendido al 6,9 %, en base a la política de aumentos de la mínima.

La caída de la tasa de pobreza entre jubilados y pensionados resultó muy intensa en el lapso bajo análisis y alcanzó al 65,4%, y en valores absolutos, el equivalente a 18,9 puntos porcentuales.

El aumento de la mínima, con retraso concomitante en el resto de las jubilaciones y pensiones, tuvo efectos muy notables sobre el nivel de pobreza de jubilados y pensionados.

Hoy, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto de justicia y compromiso con la clase pasiva, acto que nos llena de orgullo como trabajadores, decreto el aumento de 16, 9 % en las jubilaciones y pensiones mínimas que de $895,2 pasaran a percibir $1.046,50 a partir del 1 de septiembre del corriente año, si a esto le sumamos el subsidio del PAMI, la minima en bruto se establece en $1.095,5.

Este aumento se encuadra dentro de lo que establece a fórmula de movilidad jubilatoria, que en el transcurso del año ha recibido un aumento del 26,49% .

Finalmente, es posible comenzar a restituir el escalafón perdido en la emergencia del sistema previsional, es por ello que solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del presente Proyecto de Resolución.-