ARTICULO 1.-Establecese con carácter obligatorio la aplicación del ajuste del 88.6% dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "BADARO" sobre los haberes jubilatorios.

ARTICULO 2.- - Este incremento será aplicable a todos aquellos beneficiarios del Régimen Previsional Público que percibiendo una suma igual o superior a los $ 1000.- desde enero del 2002 a diciembre de 2006, se encuentren en la misma condición que el citado, a la fecha de la promulgación de la presente ley.

ARTICULO 3.- Derogase toda norma que se oponga a la presente ley

ARTICULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Señor presidente:

El presente proyecto de Ley tiene por finalidad cumplir con el mandato que la Corte Suprema de Justicia instituyó en su reciente fallo sobre la movilidad en el caso "Badaro" sobre reajustes previsionales.

Fundamentamos nuestro proyecto de ley en los siguientes puntos:

La Corte Suprema de Justicia realizó un fallo encomiable en el denominado caso "Badaro" sobre reajustes previsionales. Siendo que la movilidad de las jubilaciones es un derecho garantizado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y habiendo considerado que la reglamentación del método que fije la movilidad es facultad tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo y atento la falta de resultados evidenciables, el Alto Tribunal de Justicia se expidió finalmente sentando un importante precedente "erga omnes".

Así la Corte mediante este fallo reconoció que a partir de 2002, los jubilados sí tuvieron varios aumentos, pero casi todos ellos fueron dados como "sumas fijas" y asignados a los que tenían los haberes mínimos. En las demandas de actualización "de segunda generación", veíamos que la jurisprudencia infra-Corte ya tenía varias salas pronunciándose a favor de los demandas de reajuste. En "Badaro", la Corte reconoce que la modalidad de "aumentos suma-fija" se hizo tomando en consideración la grave crisis económica y social y con el declarado propósito de atender en primer lugar las necesidades más urgentes, asegurando a sus destinatarios los recursos indispensables para su subsistencia, pero concedió que "le asiste razón al apelante cuando señala que la política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo."

Dicho esto, puntualizó luego que la ausencia de aumentos en los haberes del demandante no aparece como el fruto de un sistema válido de movilidad, incumpliéndose así la finalidad de la garantía constitucional en juego que debe acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para que no se deteriore en demasía su valor con relación a los salarios de actividad.

La Corte "exhorta" al Parlamento y al Ejecutivo a dar mayor seguridad jurídica y a tal fin y hasta que se establezca una ley que fije una pauta de movilidad que sea de aplicación permanente entendemos que la aplicación del Fallo Badaro con carácter "erga omnes" permitirá establecer un equidad que subsane las carencias de las que son objeto los jubilados.

Por todo lo expuesto solicitamos acompañen el presente proyecto de ley