Artículo 1°. - Derógase el Decreto N° 702/2018.

Artículo 2°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El Decreto a través del cual el Presidente de la Nación modificó el régimen de asignaciones familiares, eliminando el beneficio por zona, representa un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y familias de distintas provincias del norte, centro y sur del país. Esta decisión arbitraria del Gobierno nacional es una más de las medidas que, desde el comienzo de su mandato, se toman en el sentido de perjudicar a los trabajadores. La medida afecta a cientos de miles de familias del país.

El Gobierno justificó su decisión empleando de manera errónea el concepto de equidad. El Decreto, en sus considerandos, sostiene que el Estado debe impulsar políticas públicas destinadas a lograr equidad y solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como que resulta necesario adoptar un criterio uniforme que otorgue mayor homogeneidad en los beneficios asignados a las distintas jurisdicciones. El director ejecutivo de la ANSES también dijo que se buscaba dotar de mayor equidad al sistema de seguridad social para que resultara parejo para todos.

Ante estas afirmaciones cabe recordar que, en el caso puntual de la región patagónica, en el mes de febrero de 2017 el Presidente de la Nación anunciaba el “Proyecto Patagonia”. En ese contexto, además de prometer mejoras en la infraestructura, la creación de nuevos puestos de trabajo, impulsar la actividad pesquera, agropecuaria, el turismo y de tantas otras cosas que han quedado solo en el plano discursivo, sostuvo que debía pensarse a la Patagonia en clave de región y expresó: “(…) entre las provincias hay problemas y dificultades compartidas, pero también hay oportunidades compartidas.” Esta mirada que tiende hacia la comprensión de la Patagonia como una región con sus características propias y dificultades compartidas no resulta en lo más mínimo compatible con lo implementado a través del Decreto N° 702/2018, pues viola absolutamente este pensamiento. De este modo, se igualan situaciones completamente diversas. Esta forma de actuar ya se ha visto en medidas anteriores, como con las subas de tarifas en los servicios públicos, que sumieron a la población patagónica en un total estado de incertidumbre respecto de la posibilidad económica de afrontar el pago de servicios.

El impacto del Decreto N° 702/2018 en la Provincia del Chubut, concretamente, es que los trabajadores registrados -con excepción de los casos de hijos con discapacidad- pasarían a percibir el monto general de $1.578. Esto significa una reducción del 53% de la Asignación Familiar por Hijo respecto de la que actualmente se percibe.

Un sistema como el vigente por el Decreto mencionado que redunde en un sistema de inequidad genera la imposibilidad de un desarrollo en las economías regionales del país.

Coincidimos en que se debe propender a la equidad. El Estado tiene el deber de realizar acciones positivas basadas en políticas de equidad. Pero, justamente, es el Gobierno quien hace un mal uso de ese concepto: utiliza el discurso de la igualdad al servicio de homogeneizar, creando un modelo de igualdad ficticio. Para alcanzar la equidad, por el contrario, se requiere comprender y reconocer que la República Argentina es heterogénea, con desigualdades estructurales que requieren que se planteen políticas específicas para sujetos sociales concretos. En esta línea, supone además entender que toda política, programa y proyecto impactan de modo diferente a las poblaciones, también por cuestiones geográficas.

Equidad no significa igualar sin tomar en consideración estas particularidades de modo en que se invisibilice toda una serie de violaciones sistemáticas de derechos. La equidad, en cambio, supone un examen de esas diferencias, ponerlas en el centro del debate y establecer una distinción en el trato para garantizar condiciones más justas para todos los argentinos. La condición que dio base a un tratamiento diferencial en las asignaciones familiares fue, para las regiones patagónicas, el mayor costo de vida que tienen sus habitantes, mientras que para las provincias del norte argentino se fundó en el menor ingreso per capita de sus trabajadores con relación al resto del país. Es falso aquello que se afirma desde el Ministerio de Trabajo acerca de que no existen diferencias importantes entre los ingresos y el costo de vida de las distintas zonas. De acuerdo con las estadísticas del INDEC, si comparamos los primeros cinco meses del año, es decir el índice de precios de diciembre de 2017 con el de mayo de 2018, la región patagónica sigue siendo la zona del país donde más se siente la inflación. Mientras el promedio nacional está en el 11,9%, en la zona sur del país el aumento de los precios al consumidor ya alcanzó el 13,1%.

En consideración de lo anterior y de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 24.714, que faculta al Poder Ejecutivo a establecer “los coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o de variación salarial y situación económica social de las distintas zonas”, deviene forzoso concluir que el Poder Ejecutivo, a través de un Decreto, desvirtúa la finalidad de la ley y altera completamente el espíritu que tuvo el legislador al sancionarla.

Finalmente, este decreto viola el principio de progresividad y no regresividad de derechos. El Estado debería estar en camino a garantizar un nivel de vida adecuado para las personas, así como derechos sociales inalienables y un mínimo vital que permitiera vivir con dignidad a toda la población que no fuera alterado de la manera que lo hace el Decreto N° 702/2018.

Creemos que no hay ningún criterio sólido que pueda justificar estas acciones, más que la falta de sensibilidad, que parten del absoluto desconocimiento del federalismo, así como de la realidad que viven los patagónicos. Cualquier distinción que no se base en términos legítimos y que no tome en cuenta las características o el tratamiento de un individuo o un grupo bajo criterios de equidad, supone establecer una situación de discriminación entre los habitantes de la República en materia de asignaciones familiares y desconocer las decisiones históricas que nuestro país ha tomado en orden a las zonas geográficas que ameritan una situación diferencial.

Por estos motivos y porque de ningún modo alcanza con lo informado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social acerca de suspender por 30 días la aplicación de lo dispuesto por el Decreto 702/2018, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto que establece su derogación.