ARTÍCULO 1º: Modifíquese el artículo 14 bis de la Ley Nº 24.714, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 14 bis:

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado; en ambos casos, siempre que no estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, modificatorias y complementarias

Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe equivalente a CINCO (5) menores.

La prestación se incrementará un cincuenta por ciento (50%) para los menores desde su nacimiento y hasta que supere los cinco (5) años de edad.

ARTÍCULO 2º: La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

En primer lugar, corresponde nuevamente recalcar el gran valor que tuvo en el año 2009 la creación de la Asignación Universal por Hijo como una de las políticas públicas más destacadas y mejor implementadas de Latinoamérica.

Con esta política se ha logrado incorporar al sistema a miles de niños y sus familias que se encontraban excluidos, otorgándoles no solo una prestación dinerarias para que ayude a satisfacer las necesidades básicas en el crecimiento de los menores, sino que ha contribuido con el mejoramiento de los índices de control de salud y de asistencia escolar.

La implementación de esta política también ha servido para desterrar el clientelismo en las prestaciones sociales más básicas y la consagración de un derecho adquirido con reglas de derecho claras sin distinción de ideologías partidarias ni de ninguna índole que impida el pleno acceso al beneficio.

Si bien hemos sido férreos defensores de la universalización de esta política pública para cubrir a todos los niños de la Argentina, siempre hemos trabajado con la esperanza de que cada día este sector más vulnerable supere la línea de la pobreza, sus familias adquieran un empleo formal y en consecuencia dejen de percibir la asignación universal por hijo.

Aunque el gobierno ha mantenido la Asignación Universal por Hijo y en algún caso ampliado la cobertura, hito que celebramos, vemos con profunda preocupación que, como consecuencia de las políticas económicas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional la situación de los niños de menos de 5 años en la Argentina se ha agravado notoriamente.

Corresponde preliminarmente tener presente ciertos conceptos básicos a la hora de aproximarnos a los motivos por los cuales impulsamos el aumento de la AUH para aquellos beneficiarios contenidos en la llamada “primera infancia”.

En tal sentido, es menester puntualizar la importancia de la primera infancia en el desarrollo de una persona. Una gran variedad de estudios permiten establecer la máxima relevancia que reviste dicha etapa para el desarrollo cerebral. En los primeros años de vida y la etapa prenatal se forma el 40% de las habilidades mentales de las personas adultas (Araujo y López-Boo, 2010), lo que consolidará las bases de desarrollo de las neuronas responsables de la cognición posterior, el lenguaje y las habilidades sensoriales. Mientras más estimulación temprana reciba la persona, se generarán mayores conexiones neuronales y con ello un mejor desarrollo de las funciones cognitivas (Heckman, 2006). Por tanto, resulta menester para el mejor desarrollo de los niños incentivar que cuenten con un entorno estimulante, que puedan llevar a cabo experiencias que promuevan sus capacidades y habilidades individuales y sociales; todo lo que implica un adecuado cuidado, atención, estimulación y nutrición de calidad, así como ambientes lo más tranquilos posibles, libres de estrés y de toxinas ambientales.

Estudios recientes han demostrado que los niños que se desarrollan en un ámbito empobrecido, ya sea desde lo físico como desde lo humano, tienen más posibilidades de caer en lo que se ha denominado “marginalidad”, imposibilitados por una desventaja adquirida ex ante de obtener resultados positivos durante la adolescencia y la edad adulta: sentenciados fruto de un menor desarrollo cognitivo y desempeño académico insuficiente, lo que resulta generador de un comportamiento antisocial, por lo que obtendrá menores salarios y así sucesivamente (Baker-Henningham y López-Boo, 2013; Grantham-McGregor, 2009; Barker, 1999), contribuyendo a perpetuar lo que se ha dado en llamarse el “ciclo intergeneracional de la pobreza”.

Por otra parte, estudiosos de las ciencias económicas han evidenciado que las inversiones en capital humano tienen mayores tasas de retorno cuanto menor es la edad de la persona. De tal forma y en términos de la rentabilidad futura de la sociedad en su conjunto, las políticas de desarrollo infantil temprano de calidad tienen la más elevada tasa de retorno a la inversión posible en materia social, calculada tanto por la constatación de los retornos de inversión propiamente dichos, como de los costos asociados a futuro por no haber invertido en tiempo oportuno (se estima una relación de hasta US$ 17 por cada US$ 1 invertido, según estudios realizado por el economista Heckman (UNICEF, 2010; Alegre, 2013).

Tampoco, se debe soslayar el factor demográfico y la importancia de la inversión en infancia. Sabido es que la Argentina se encuentra en una etapa de “bono demográfico”, que durará menos de 30 años más antes de pasar a la próxima fase de envejecimiento, motivo por el cual resulta imprescindible aprovechar esta ventana de oportunidad demográfica para invertir en los más jóvenes.

Según publicaciones del Observatorio de la deuda social argentina (UCA) en el año 2016 se generaron 1,5 MM de nuevos pobres, en ese mismo periodo, encontramos que cerca de 580.000 chicos de hasta 14 años se han sumado a la pobreza.

En este contexto, en lo que respecta al último año (julio 2017 vs julio 2016), según cifras del INDEC, hubo en los rubros alimenticios (que afecta principalmente a la primera niñez) incrementos muy por encima de la inflación. Al tiempo que la inflación alcanzó el 20,2%, en productos como la leche, lácteos y huevos llego al 32,5%, para los aceites, grasas y mantecas al 40,7%. También sufrieron aumentos por encima de la inflación los productos medicinales que llegaron a un 26,9%.

En el curso de este año, si se toman los primeros siete meses (julio 2017 vs julio 2016), según INDEC, y comparado con la inflación acumulada versus el aumento de productos y servicios de consumo también se reflejan grandes aumentos por encima de la inflación. Mientras la inflación alcanzada en este periodo es del 13.90%, el aumento en alimentos y bebidas se observa claramente que supera ese porcentaje, a modo de ejemplo; la leche fresca entera en sachet (19,28%), queso cremoso (24,79%), queso pategras (22,32%), queso sardo (24,72%), manteca (22,61%), yogur firme (45,32%), dulce de leche (23,27%), papa (24,94%), lechuga (41,51%), tomate redondo (36,28%), azúcar (15,99%), agua sin gas (19,85%), entre otros. También sobrepasa a la inflación los gastos en vivienda, agua, gas, electricidad (24,10%) y de salud (16,10%).

Vale destacar que actualmente existen distintos programas del Estado que han sido creados y tienen presupuesto asignado por este Congreso Nacional para asistir a este sector más vulnerable. Son políticas públicas que se complementan con la AUH y que depende del compromiso de gestión del gobierno nacional. Lamentablemente, más allá de las buenas intenciones vemos con mucha preocupación que el Ejecutivo sistemáticamente subejecuta estos programas sociales indispensables.

En este sentido, a la meta presupuestaria que se marcó para el presente año figura la construcción de 460 escuelas, pero al analizar según los datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas la construcción y ampliación de nuevas salas para chicos de 3 a 5 años, se observa que el programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” en cabeza del Ministerio de Educación, sobre un presupuesto vigente de $5.592,48 millones de pesos, asumió compromisos por $1.388,14 millones, se devengo un total de $1.388,14 millones, y se ha pagado un total de $896,42 millones, quedando ejecutado al 27 de agosto del 2017 solamente el 24,82% del programa.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social existe el programa de “Políticas Alimentarias”, y a pesar de discutirse un proyecto de ley de emergencia alimentaria en el ámbito del Congreso, también al 27 de agosto del 2017, el presupuesto vigente para el presente año es de $7.911,75 millones pesos, y existe un compromiso presupuestario asumido de $4.227,31 millones, mientras que se ha devengado $4.101,80 millones y se ha pagado $3.971,02 millones, alcanzando una ejecución que llega sólo al 51,84%. Desde esta misma cartera se desarrolla el programa de “Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios” el presupuesto vigente para el presente año es de $1.084,20 millones de pesos, y existe un compromiso presupuestario asumido de $200,55 millones, mientras que se ha devengado $196,13 millones y se ha pagado $157,02 millones, y la ejecución sólo alcanza el 18,09%.

Vale destacar, que en el marco de la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios se implementará el Plan Nacional de Primera Infancia, creado por Decreto Nº 574/2016, el cual tiene como objetivo principal garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de 45 días a 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos. En el marco de la red de protección social, estos espacios apuntan a un abordaje integral del niño/a y su contexto familiar y comunitario, con perspectiva de integración social, institucional y territorial.

La subjecucion de los programas planteados constituye un perjuicio para los sectores más vulnerables, y entendemos que desde el Congreso se puede dar una ayuda directa a las familias más necesitadas para que puedan asistir a sus niños recién nacidas o que estén atravesando la primera infancia, con esto reducimos la ineficiencia estatal que en muchos casos provoca daños irreversibles.

En razón de todos los argumentos expuestos se hace indispensable tomar una medida legislativa urgente que consagre un nuevo derecho para darles más protección a los niños más pequeños de nuestra sociedad. Es por ello, que resulta justo, urgente e indispensable aumentar un 50% el valor de las prestaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo para niños de 0 a 5 años.

Finalmente, en este contexto, se estima que para marzo del 2017 el número de beneficiarios de la AUH llega a los 3.749.213, entre los cuales, 1.533.836 se encuentran entre los 0 y 5 años de edad, es decir, el 40,91% del total. Respecto de los niños de 3 años, el 46% va a la escuela, el 75% en el caso de 4 años y el 95% de los de 5 años. El monto que perciben hoy los beneficiarios de la AUH es de $ 1412 por cada niña/o y pasaría de $ 1412 a $ 2118, siendo el costo anual de la medida de $ 12.994 millones de pesos.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley y su aprobación.