Expresar su enérgico repudio y rechazo del Decreto 702/2018 firmado por la Vicepresidente Gabriela Michetti, que impuso una reducción en más de un 50% de las asignaciones familiares a los patagónicos, sin haberse tratado semejante atropello y quita de derechos adquiridos en el Congreso de la Nación, para que cada uno de los representantes de las provincias afectadas puedan exponer la realidad y necesidades que demandan los pueblos del Sur, así como los del Norte Argentino.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de declaración expresando nuestra profunda preocupación y repudio ante el dictado de un Decreto que viene a imponer cambios en la ley 24.714, y sus modificatorias y complementarias, que instituyó con alcance nacional y obligatorio el régimen de Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional; alcanzando también a los beneficiarios de la Ley de Riesgo de Trabajo y Prestación por Desempleo, Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, Sistema Integrado Previsional Argentino, régimen de pensiones no contributivas por invalidez, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Asignación por Embarazo para Protección Social y la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

El Decreto 702/2018 no sólo modifica el límite máximo de ingresos en la asignación por cada hijo de $ 3,407 a $1.578 para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos, sino que también establece que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera ingresos por encima de $41,959 quedará fuera del cobro de las asignaciones. El ajuste que implica la “reorganización” del régimen de las Asignaciones Familiares, que está en consonancia con las demandas que impone el Fondo Monetario Internacional en desmedro del pueblo trabajador, afecta aproximadamente a 450.000 personas en todo el país. Con la vil excusa de aplicar un criterio “uniforme” en las distintas jurisdicciones se perjudica principalmente a la Patagonia. En Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, el ajuste alcanza a 140.000 casos. Evidentemente no se están analizando los avatares y postergaciones que han vivido nuestros pueblos queriendo borrar con un decreto una ley como la 24.714, y sus modificatorias y complementarias, que se sancionaron con el objetivo de paliar las marcadas desigualdades.

De esa forma y por medio de un decreto se desconoce las particularidades de las regiones que nuestras familias habitan y se pone en duda la condición de “zona desfavorable” de nuestra Patagonia. Esto denota una visión artera y maliciosa de quienes detrás de un escritorio omiten compensar el mayor costo de vida y el fin de promover el desarrollo habitacional en estas regiones, que según información estadística de la ANSES – mayo 2008- sólo para la provincia Santa Cruz se registraron 42.428 pagos de asignación por hijo.

La sanción del decreto es una medida trascendental que se toma sin pasar por el Congreso Nacional anulando la posibilidad de que todos los bloques y representantes de las provincias afectadas puedan exponer sus puntos de vista. Este es un gesto que, una vez más, deja en evidencia la falta de sensibilidad social del Gobierno nacional. Por las razones expuestas y en defensa de los intereses del pueblo trabajador al que intentan aplicar reducciones a las asignaciones familiares, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.