Artículo 1°: Deróguese el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 702/2018 publicado el 26 de julio de 2018.

Artículo 2°: De forma.

Señor presidente:

A través del Decreto 702/2018 publicado el 26 de julio de 2018 el gobierno nacional elevó el piso y bajó el techo para acceder al cobro de las asignaciones familiares, pero al mismo tiempo eliminó los beneficios que en ese concepto alcanzaban a más de 100 mil niños y niñas de provincias de la Patagonia y algunas zonas del norte.

La medida, que comenzaría a regir a partir de septiembre, fue presentada con el objetivo de aumentar la recaudación por aportes de empleadores, esto es un ajuste en el gasto social.

La vicepresidenta de la nación Gabriela Michetti, el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña y el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Jorge Triaca refrendaron este decreto que equiparara hacia abajo el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de ese modo las personas de las zonas en las que se percibían beneficios pasarán a cobrar menos de la mitad.

Actualmente, el monto general por asignación percibido por los trabajadores en relación de dependencia con menores salarios alanza los $1.578, y entre $3.155 y $3.407 para los registrados en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y algunos departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras zonas.

El decreto afirma que “resulta conveniente asociar el valor del límite de ingresos mínimo habilitante para la liquidación de asignaciones familiares, con el valor de la base imponible mínima previsional. Más aún teniendo en cuenta que el Sistema de Asignaciones Familiares, en su faz contributiva, tiene como fuente primordial de financiamiento a las contribuciones patronales y está fundado en los principios de reparto.”

Sin embargo, el decreto desconoce por completo que lo ingresos adicionales por zona desfavorable son un complemento que se incorpora al salario con el objeto de compensar los mayores costos que tienen los trabajadores por realizar sus tareas o vivir en lugares geográficos que, como la Patagonia, por diversas causas, tienen un nivel de precios superior al del promedio Nacional. Mantener un esquema de asignaciones familiares con un adicional por zona desfavorable no implica otra cosa que mantener el poder adquisitivo respecto de otras regiones del país, en un marco de federalismo y un verdadero imperativo de justicia social.

Las consecuencias directas del decreto sobre los grupos familiares son:

• Los grupos familiares (dos empleados en blanco con hijos)que hoy perciben ingresos hasta $94.786, cobran la asignación de forma mensual, pero desde el primero septiembre próximo sólo la recibirán los grupos familiares que perciban en conjunto hasta $83.917.

• Hoy un integrante del grupo que tiene un salario máximo de $47.393 pude cobrar la asignación, pero desde septiembre sólo aquel que tuviera un ingreso superior a los $41.959 ya no la recibirá más.

• De los que hoy cobran entre $200 a $2.815, cuando entre en vigencia la medida, el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares será de $ 2.816.

• Para los habitantes con hijos de las cuatro Zonas desfavorables que actualmente reciben hoy entre $3.155 y $3.407 por mes (Patagonia y algunos departamentos provinciales del Norte), desde septiembre se igualará hacia abajo con el área metropolitana, el Litoral y el centro de la Argentina al "valor general", que actualmente es de $ 1.578. O sea, dejaran de percibir entre $1.577 y $1.829 mensuales.

La entrada en vigencia de este decreto atenta contra el federalismo y directamente sobre el bolsillo cada familia de trabajadores que se encuentran en zonas de nuestro país bajo condiciones climáticas adversas y muy distanciados de los grandes centros urbanos de consumo y distribución de bienes y servicios. No quedan dudas que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ya no es un daño colateral de las decisiones de este gobierno sino una deliberada política pública del presidente Marucio Macri.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.