Rechazar en todos sus términos el Decreto N°702/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre Asignaciones Familiares, el cual es manifiestamente inconstitucional y arbitrario, en razón de disponer modificaciones que importan una flagrante vulneración y regresión de las políticas públicas en materia de protección de los derechos humanos (art. 75, incisos 19, 22 y 23 de la C.N.; 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Solicitar, en su consecuencia, al Poder Ejecutivo Nacional, en virtud del vicio grave y manifiesto del Decreto 702/2018, se sirva suspender la ejecución del mismo, a los efectos de que no se consagren decisiones ilegítimas que comprometen los recursos y la subsistencia de las familias trabajadoras.

Señor presidente:

El Decreto N° 702/2018 del PODER Ejecutivo Nacional vulnera abiertamente el principio de progresividad, que constituye el aspecto positivo de la obligación del Estado de lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Sin hesitación, podemos afirmar que el estado ha incumplido con una obligación de naturaleza “negativa” -principio de no regresividad- que consiste en una prohibición de adoptar normas jurídicas cuya aplicación afecte el nivel de protección ya adquirido por sus ciudadanos, y sobre todo por quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son sus niñas, niños y adolescentes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sustentando el mismo criterio, ha considerado inconstitucional la Ley de Riesgos del Trabajo, entendiendo que el dictado de esta fue un retroceso legislativo en perjuicio del trabajador accidentado.

En este contexto, advertimos que el dictado del Decreto 702 se advierte también una retrogradación de derechos consagrados por normas fundamentales, sólo justificado por razones aparentes e inéditas (como la de lograr mayor equidad entre los beneficiarios), lo cual resulta inconcebible en el diseño constitucional moderno.

Resulta oportuno señalar, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Anses, al cancelar la zonificación del beneficio, recortaría recursos por un total de 9500 millones de pesos sólo durante el transcurso de este año.

De esta manera se prevé que el impacto será soportado especialmente por trabajadores de economías familiares o jornaleros que son empleados temporales en esas zonas desfavorables, donde el recorte por asignación alcanzará al 50 por ciento del monto actual del beneficio. En cuanto a la población que afecta la medida, se ha establecido, que la población comprometida en las cuatro zonas afectadas (sólo por la eliminación de los extra) equivale a unos 450 mil casos.

En función de ello, consideramos que el Decreto que impugnamos por inconstitucional y regresivo, es una clara afrenta al principio de la progresividad de los derechos sociales, que tiene por función evitar el retroceso de aquello que es conducente al logro de la justicia social (art. 75, incisos 19, 22 y 23 de la C.N.; 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Ahora bien, esta decisión del Poder Ejecutivo no deberá tomarse de manera aislada, sino dentro del contexto de un panorama signado por el ajuste y reducción de partidas destinadas a Servicios Sociales.

De esta manera se prevé, según fuente del Instituto de Trabajo y Economía en base a Ministerio de Hacienda, que los grados de subejecución del gasto social que, en algunos casos. llegan al 70%, sobre todo entendiendo que mayormente corresponde a pagos de programas de transferencias de ingresos (programas de promoción y asistencia social, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares).

Por lo expresado, y atento la complejidad de los derechos humanos involucrados, es que solicito a los Sres. Legisladores, el acompañamiento al presente Proyecto de Resolución.