Expresar repudio por el Decreto N° 702/2018 del Poder Ejecutivo Nacional que modifica los topes mínimos y máximos de ingresos del grupo familiar e individual, provocando una profunda inequidad so pretexto de evitar la captación indebida de prestaciones de la seguridad social.

Señor presidente:

El cambio de los requisitos contemplados en el artículo 1° del Decreto en cuestión para que los trabajadores puedan cobrar las asignaciones familiares, sumado a la eliminación de pagos diferenciales que alcanzaban a algunas provincias, entre ellas la provincia de Salta, más precisamente en Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia, Gral. San Martín con excepción de la ciudad de Tartagal y su ejido urbano, y Orán con excepción de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano, solo contribuirá a aumentar, aún más, las profundas desigualdades que hasta hoy existen en dichos lugares, impactando de manera negativa en los niños perjudicados por el Decreto 702/2018, que ascienden a la suma de ciento cincuenta mil entre la Patagonia y el norte de nuestro país.

No queda otra alternativa que expresar el rechazo absoluto al decreto 702/2018 porque además de aumentar aún más las desigualdades que sufren los niños que residen en las zonas precitadas, también resulta falsa la afirmación del gobierno nacional cuando expresa que este decreto es necesario porque conforme su entender, desde ANSES afirmaron que ya no existían diferencias importantes entre los ingresos y el costo de vida de las distintas zonas, causante de las inequidades, dato este que se desmiente al poco andar, al realizar un simple cotejo entre el costo de vida entre las zonas diferenciadas en relación a aquellos lugares no contemplados.

Capítulo aparte merece la afirmación de que la vigencia de este decreto es necesaria a fin de evitar el fraude en el que - conforme las afirmaciones del gobierno nacional-, incurren algunos empleadores que declaran remuneraciones ínfimas a los efectos de que los trabajadores cobren las asignaciones familiares, ya que aún en el caso de ser cierta esta posibilidad, castigar al trabajador no resulta el mejor remedio para prevenir este tipo de fraudes, más teniendo en cuenta que la legislación vigente a la fecha en materia penal y del trabajo contempla los mecanismos legales a seguir a fin de repeler estas conductas, por cierto, totalmente reprochables, sin necesidad de afectar de manera negativa la calidad de vida de los niños.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.