El 25 de noviembre de 1981, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó a esa fecha como el día de la “Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones”, que ha proclamado el derecho fundamental a la libertad religiosa, explicitando los distintos derechos que, tanto para los individuos, como para las comunidades religiosas, derivan del mismo.

Es de destacar que en nuestra Constitución Nacional en su artículo 14º expresamente dice que todos los habitantes de la Nación gozan, entre otros derechos, al de profesar libremente su culto.

La Argentina se ha caracterizado por la convivencia pacífica entre diferentes credos y resulta importante destacar esta situación afirmando un camino de diálogo y respeto a una de las libertades y derechos humanos más vitales como es la libertad religiosa.

Convencida de que la libertad de religión o de convicciones debe contribuir también a la realización de los objetivos de paz, convivencia armónica, justicia social y la eliminación de las ideologías o prácticas de discriminatorias o inequitativas.

Es necesario reflexionar como ciudadanos responsables y tomar partido por la lucha contra la intolerancia en todas sus formas y manifestaciones, y para prevenir y combatir la discriminación por motivos de religión o convicciones, y es por ello que la propuesta busca impulsar la consolidación de una manera abierta de construir la sociedad y asegurar que la convivencia y el diálogo sean una forma de vivir entre los argentinos.

Creo oportuno promover que exista anualmente un día especialmente dedicado a reflexionar sobre el Día de la Libertad Religiosa; sus implicancias y sobre aquellos aspectos que necesiten una mejor protección y, que esa fecha, sea tenida en cuenta en el calendario nacional, en los manuales y en la programas escolares.

Algunos distritos nacionales tienen en vigencia legislación local en ese sentido. Como ejemplo se pueden citar a la Ciudad de Buenos Aires - Ley 2.140 del 9 de noviembre de 2006; la Provincia de Córdoba - Ley 9.333 del 15 de noviembre de 2006; la Provincia de San Juan - Ley 7.845 del 15 de noviembre de 2007; la Provincia de San Luis - Ley Nº I-0644-2008 del 19 de noviembre de 2008 y por último la Provincia de Entre Ríos mediante su Ley Nº 10.494 del 18 de mayo de 2017, que es la más recientemente incorporada en alusión a la fecha mencionada.

De esta manera, tomando como ejemplo a las leyes provinciales y locales en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que creo oportuno legislar a nivel nacional en ese mismo sentido.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del mencionado Proyecto de Ley.

Señor presidente:

Como es sabido y atento que ha tomado estado público la noticia sobre la renuncia del Sr. Guillermo Badino a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y, teniendo en cuenta, que también ha tomado estado público que por resolución se disolverá la Comisión Nacional de Pensiones, según constan en diferentes portales de noticias, es necesario sobre el particular contar con la información del Poder Ejecutivo.

La relevancia del tema que nos ocupa hace imperioso requerir al Poder Ejecutivo nos indique con precisión sobre el particular y muy especialmente qué es lo que va a pasar con la Comisión Nacional, el personal que la integra y con los pensionados, que en definitiva son quienes han sido víctimas de bajas de su pensión en forma absolutamente arbitraria, que fuera advertido por toda la comunidad.

Lo cierto es que cuando se habla de la disolución de un organismo es preocupante, más aún cuando a la fecha no se han brindado mayores detalles sobre el tema en particular.

Estas situaciones de renuncias de funcionarios en áreas tan sensibles, generan inestabilidad con relación a la ejecución de políticas públicas y el potencial impacto negativo en las personas que tramitan su pensión, y aún no tienen respuesta.

Amerita una consideración especial la situación del personal que integra la Comisión Nacional, al que es necesario dar una respuesta acerca del destino y futura dependencia del organismo, y reducir o eliminar incertidumbres que atentan contra el normal desempeño de las funciones asignadas.

Es evidente que las medidas de suspensión y/o eliminación de prestaciones asistenciales adoptadas ha tenido un efecto muy negativo en quienes sufrieron la interrupción de la percepción dineraria, en sus familias y todos los que reciben esa asistencia, generando incertidumbre negativa en la población.

Por lo expuesto, solicito a los Sres. Diputados me acompañen en la presente moción.