AUMENTO DE EMPERGENCIA A JUBILADOS Y PENSIONADOS

El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de Ley;

Artículo 1º. A partir del mes de septiembre del presente año se hará efectivo un aumento de emergencia de $10.000, sobre todas las escalas para el conjunto de jubilados y pensionados inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Artículo 2º. Se establece un haber mínimo de las jubilaciones y pensiones equivalente a la Canasta Básica Alimentaria calculada por el INDEC.

Artículo 3º. Se establece la actualización trimestral de todas las jubilaciones y pensiones, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor, la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, calculados por el INDEC.

Artículo 4º. Los fondos para este aumento de emergencia provendrán en lo inmediato de Rentas Generales del Tesoro Nacional, sobre la base de un impuesto extraordinario a la renta financiera, la reposición de los aportes patronales, vigentes en 1993, y los impuestos progresivos al capital necesarios hasta cumplir las necesidades emergentes de esta ley.

Artículo 5º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La presente ley establece una medida de urgencia que ya no se puede postergar: el aumento de emergencia de $10.000 al mes para todas las escalas de jubilados y pensionados, y elevar la jubilación mínima para que ésta equipare al menos el costo de la Canasta Básica Alimentaria calculada por el INDEC.

Distintos relevamientos indican que los precios de muchos artículos de consumo han pegado un salto de entre el 25 y el 30 por ciento desde que se realizaron las elecciones PASO en el mes de agosto. Pese a la situación desesperante que viven millones de jubilados cuyos ingresos no llegan a cubrir la tercera parte de la canasta que consumen (hoy ronda los 35.000 pesos), el gobierno decidió no aumentar los haberes previsionales, jubilaciones y pensiones, con el argumento de que las mismas tienen su propio cronograma de actualizaciones.

Los 900 pesos que recibirán en octubre y noviembre los que cobran la jubilación mínima -siempre y cuando no hayan llegado a ella por medio de una moratoria-, surgen del aumento que tuvo el salario mínimo, ya que el haber mínimo previsional no podrá ser menor al 82% de aquel. Así, como las jubilaciones mínimas de setiembre a noviembre estarán en los $12.937 pesos y el 82% del salario mínimo alcanzará a los 13.837 pesos, esa franja de jubilados recibirá la diferencia de $900. Como el monto del salario mínimo está muy por debajo de la línea de pobreza, con el aumento en las jubilaciones programado para diciembre (8,74%) las jubilaciones mínimas llegarán a 14.067 pesos, es decir que quedarán por encima del 82% del salario mínimo fijado por el gobierno y desaparecerá el “plus”. Se trata de variaciones sobre cifras de hambre, que sólo cubren alrededor de la tercera parte del costo de la canasta de los jubilados.

Por lo tanto, los motivos para establecer los $10.000 de aumento de emergencia son muy sencillos. Se trata de reorientar los recursos económicos a la defensa de los trabajadores –en este caso de quienes ya no están en actividad- y no a los especuladores financieros. Para quienes sostienen que estas medidas son inviables, les respondemos que lo inviable es defender una jubilación digna de la mano del FMI. En este proyecto contemplamos asimismo mecanismos básicos de financiamiento, como la reposición de los aportes patronales que redujeron Menem y Cavallo y preservaron todos los gobiernos que les sucedieron.

Este aumento de emergencia, no obstante, es una medida de transición. La jubilación debe recuperar su carácter de salario diferido. No es un subsidio, ni una prestación que realiza el Estado: es una porción del salario que el trabajador aportó durante toda su vida en actividad. Nuestro proyecto del 82% móvil, cajoneado hace años en este Congreso, establece precisamente eso.

En un sentido abismalmente opuesto, la decisión de hacer desaparecer al actual sistema jubilatorio, tal como lo pide el FMI y el conjunto de las patronales, ya ha dado varios pasos en el camino de liquidar al haber previsional como un ingreso que permita cubrir las necesidades vitales de los jubilados.

El haber se ha transformado de manera creciente en una mínima prestación básica, a tal punto que está muy por debajo del límite de pobreza, incluso si se suman los dos haberes de una pareja de jubilados que cobren la jubilación mínima. La intención es aumentar de manera obligatoria la edad mínima para jubilarse (a 70 los hombres y a 65 las mujeres); reducir la jubilación inicial en un 20% y volver a modificar el índice de actualización de los haberes, para que esté aún más alejado que el actual respecto del aumento de los precios, de tal manera de licuar los ingresos de todos los jubilados. Y liquidar todos los regímenes especiales como los de los docentes y los petroleros, logrados por grandes luchas de los trabajadores.

La bancarrota y la insolvencia del estado para el pago de la deuda externa llevó al Gobierno a utilizar en gran escala los fondos de la ANSES para asegurar el pago de la deuda externa fraudulenta a los acreedores internacionales. Los fondos de la ANSES, que son el resultado de los aportes de los trabajadores y tienen que ir destinados al pago de las jubilaciones, son prestados compulsivamente al Gobierno (al Tesoro) que lo utiliza en forma masiva para el pago de la deuda.

Los jubilados y los trabajadores -futuros jubilados- han demostrado que la única garantía a la satisfacción de sus reclamos son el 82% móvil (tal como establecemos en un proyecto de ley complementario), una jubilación mínima igual a la canasta del jubilado, rechazar el aumento de la edad jubilatoria, defender los regímenes especiales alcanzados como resultado de grandes luchas de los trabajadores.

Ante esta realidad desoladora que padecen millones de nuestros padres y abuelos, luego de una larga vida de trabajo, consideramos que quienes fuimos electos como representantes del pueblo, tenemos el imperioso deber de producir medidas que corrijan esta penosa situación.

En base a estas consideraciones es que elevamos este Proyecto de Ley para ser tratado con celeridad.

Por todos estos motivos, solicitamos el acompañamiento de los señores/as diputados/as.