Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que Informe sobre los siguientes puntos referidos a la administración del Fondo de Garantía de la Administración Nacional de la Seguridad Social- ANSES:

1.- Si la financiación del reciente plan de créditos para la vivienda, a tasas del 2 al 14%, notoriamente por debajo de las de mercado, podría afectar a los fondos de la ANSES

2.- Si se ha examinado rigurosamente la posible pérdida de valor de los fondos de la ANSES- especialmente los que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad - comprometidos en programas ajenos a los objetivos de respaldar y mejorar los haberes previsionales.

3.- Si no es un contrasentido que se financien programas ajenos a los intereses de los jubilados y pensionados mientras se han entablado 460.000 juicios contra la ANSES por deficientes liquidaciones.

4.- Si se ha realizado un cálculo de las pérdidas para el Estado por los costos de los 460.000 juicios, el dispendio jurisdiccional, los intereses que se deben sostener y otras consecuencias gravosas para el erario

5.- Cuál es el cálculo de los costos que implicaría elevar las jubilaciones al 65 por ciento de los haberes de los activos y cuál si se subieren al 82 por ciento móvil

6.- Cuál es el motivo para el incumplimiento de la promesa de la ANSES de no apelar los fallos judiciales favorables a los jubilados, formulada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

7.- Si se ha previsto que resulta azaroso que el 58 por ciento del Fondo de Garantía esté colocado en títulos de la deuda, de por sí volátiles.

Señor presidente:

Es conocida la situación de penurias del 85 por ciento de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. El fallo Badaro no se universalizó y tampoco de cumplió la promesa formulada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos - OEA - respecto de que en lo sucesivo no se apelarían los fallos judiciales favorables a los jubilados actores.

También es sabido que el promedio de las 5.500.000 jubilaciones del país ronda los $2.050, un monto exiguo.

En tanto, los fondos de la ANSES - el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asciende a $203.000 millones, con un rendimiento neto de unos $7.000 millones. Es un caja enorme, evidentemente tentadora para una administración necesitada de recursos para mantener el creciente nivel del gasto público. Sin embargo, el compromiso moral y legal es que los fondos de los jubilados son de los jubilados y nunca más deberían desviarse para otras finalidades.

Lamentablemente, se prosigue con las mismas anomalías que datan de tiempos casi inmemoriales. Los fondos de los jubilados son sustraídos de su función para atender otras no ya urgencias sino hasta despilfarros.

Recientemente, la Corte Suprema intimó a la ANSES para que informe sobre esta situación. Es que en rigor de verdad, lo primero que debe hacer la ANSES es clarificar, con absoluta transparencia, cómo es su administración, con qué criterios económico-financieros compra bonos o letras o presta sus recursos para sustentar programas del gobierno, cuáles han sido los réditos y las pérdidas obtenidos. La ANSES, además, según informaciones públicas diversas ha ido transformando sus Unidades de Atención, que se van reproduciendo por doquier, en unidades básicas de la acción político partidaria. Ser designado al frente de una UDAI es el trampolín para la carrera político-burocrática. Da la impresión de que se desnaturaliza la función de la ANSES y sobre todo se la burocratiza con un altísimo sobrecosto pues los nuevos burócratas además de ser numerosos perciben altos emolumentos. Éstos salen también de los fondos de los jubilados.

La Cámara de Diputados de la Nación - órgano de representación por antonomasia del pueblo - no puede permanecer contemplativo ante esta inicua situación. El sufrimiento de los jubilados es nuestro sufrimiento. Por lo menos debemos pedir informes al Ejecutivo Nacional mostrando que este cuadro nos duele.

Por eso pedimos la aprobación de esta solicitud de Informes.