AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA PARA TODOS LOS TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DE PLANES SOCIALES O ASISTENCIALES

Artículo 1º: Se dispone un aumento salarial de emergencia de 30 % (treinta por ciento) extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad tanto estatal como privada o empresas autárquicas, sean efectivos o bajo cualquier modalidad de contratación registrada, no registrada o defectuosamente registrada que deberá ser abonado por los empleadores antes del 31 de agosto de 2019.

Artículo 2º: Se dispone de un aumento de emergencia en los haberes previsionales de 30 % (treinta por ciento) para el conjunto de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluidos los beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que deberá ser abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) antes 31 de agosto de 2019.

Artículo 3º: Se dispone de un aumento de emergencia del 30 % (treinta por ciento) para las personas que perciban planes sociales o asistenciales, incluida la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (Decreto N°1602/09) otorgados por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá ser abonado por el organismo correspondiente antes del 31 de agosto de 2019.

Artículo 4º. En el caso de los trabajadores y trabajadoras en actividad, la totalidad de las cargas sociales correspondientes a esta remuneración extraordinaria, será abonada por los empleadores. En el caso de los jubilados y pensionados y beneficiarios de planes sociales o asistenciales alcanzados por la presente ley, el pago extraordinario establecido en la presente Ley quedará exento de sufrir descuento alguno en concepto de cargas sociales.

Artículo 5º: En el caso de los haberes correspondientes al ámbito estatal nacional así como de los haberes jubilatorios y beneficiarios y beneficiarias de planes sociales o asistenciales, los fondos para este aumento de emergencia provendrán de Rentas Generales del Tesoro Nacional, sobre la base de un impuesto extraordinario a la renta financiera.

Artículo 6º: Los aumentos de emergencia previstos en los artículos 1, 2 y 3 son adicionales a todo acuerdo salarial ya acordado o por acordar, así como a los incrementos correspondientes a la movilidad previsional establecida en el artículo 32 de la ley 24.241 y en el artículo 2 de la ley 26.417, y de ninguna manera podrán considerarse excluyentes.

Artículo 7: Cláusula gatillo: ante la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el INDEC, se otorgará a los trabajadores y beneficiarios referidos en los artículos 1, 2 y 3 en forma automática un incremento en los salarios y los haberes de igual porcentual al primer día hábil inmediatamente posterior a la publicación de dicho índice.

Artículo 8º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La situación económica se ha vuelto crítica para el pueblo trabajador. La suba de precios estuvo mes a mes muy por encima de los magros incrementos de los salarios y los ingresos populares. Especialmente en bienes fundamentales como las tarifas energéticas y de servicios públicos y los alimentos. Estos últimos fueron de los que más aumentaron en los últimos años. Según el INDEC, dicho rubro acumuló en junio una suba de 60,8 % en los últimos doce meses.

La reciente escalada del dólar de 25 % el lunes 12 de agosto, devaluación que se agrega al incremento de más de 100 % con las corridas cambiarias de 2018 y abril de 2019, se está trasladando inmediatamente a los precios. La suba del tipo de cambio es adjudicada a “los mercados” financieros, pero fue permitida y hasta festejada por el gobierno nacional, así como justificada por la coalición política peronista que obtuvo una victoria en los comicios electorales primarios del 11 de agosto.

Considerando los últimos datos disponibles de los índices de salarios y precios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el mes de mayo los trabajadores tuvieron una pérdida de su poder adquisitivo acumulada del 12 % en el último año. Esto es así porque mientras los salarios crecieron 38,5 % en ese período, el Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación de 56,8 %, sin embargo la suba de los alimentos fue aún peor.

Este deterioro es consecuencia directa de la devaluación y el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional para rescatar a los acreedores de deuda y garantizar la fuga de capitales, mientras se hipotecó al país con un incremento de deuda pública, fundamentalmente en dólares, de más de 100 %.

Para los trabajadores registrados, en el mismo período la pérdida de salario real fue del 11 %, mientras que para los no registrados fue del 16 %. Vale recordar los catastróficos datos del incremento de la pobreza, en donde más de un tercio de la población no alcanza a solventar los gastos mínimos para poder vivir. Los datos oficiales mostraron que el porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza subió de 25,7 % a 32 % entre el segundo semestre de 2017 y el mismo semestre de 2018, alcanzando a 13 millones de personas. Otra estimación de la UCA reveló que el 51,7 % de los niños y jóvenes del país son pobres y crece el número de quienes pasan hambre.

Mientras tanto, las desigualdades se incrementan. El Indec informó que el 20 % más rico se llevó el 49,8 % del total de ingresos mientras que el 20 % más pobre sólo el 4,4 %. Es el pueblo trabajador quien está pagando las consecuencias del ajuste.

En los últimos cuatro años la pérdida promedio del salario real alcanza al 20 %, de acuerdo a una medición del Observatorio del Derecho Social de la CTA en base a los datos del Indec y de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, un quinto del poder adquisitivo fue arrebatado a los trabajadores para garantizar los negocios de los capitalistas, mientras aumentaban los despidos, la desocupación y la pobreza.

El ingreso promedio de los trabajadores en el primer trimestre de este año fue de $ 20.405, según la encuesta que realiza del Indec. Una suma que está muy por debajo del valor de la Canasta de Consumos Mínimos de una familia, que llega a los $ 44.570 según la estimación de los trabajadores de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Indec, y de los $ 31.148,41 que necesita una familia para no ser pobre según el Indec. La consultora Kantar difundió un estudio en el que el 70 % de los hogares en el país afirmó que se vio obligado a cambiar su forma de alimentación. La carne se volvió un bien de lujo para muchos hogares.

En el caso de las y los jubilados y pensionados, así como a todos los beneficiarios de Anses, la ley de movilidad previsional en lugar de preservar el poder adquisitivo, como fue promocionada, significó una pérdida enorme frente a la inflación. Un verdadero robo, y es por eso que fue masivamente rechazada en las calles por el pueblo trabajador en diciembre de 2017, debiendo enfrentar la represión brutal de las fuerzas de seguridad. Para los jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares y AUH, la pérdida de poder adquisitivo frente a los precios alcanzó al 13,6 % entre mayo de 2018 y el mismo mes de 2019.

En los últimos días estamos viviendo un “golpe de mercado” por parte del capital financiero internacional luego del contundente rechazo en las urnas a la política de ajuste. Este golpe consistió en una corrida contra el peso que redujo su valor frente al dólar en un 25 %, afectando directamente los salarios en dólares, mientras los grandes empresarios y el agropower hacen negocios millonarios.

Inmediatamente la suba del dólar comenzó a impactar en los precios internos. Los empresarios no esperaron ni un día para trasladar la suba hacia los consumidores. En los supermercados hubo faltantes de mercadería, las distribuidoras no entregan productos hasta no saber qué precio alcanza el dólar. Los supermercados adelantaron que las listas de precios de sus proveedores subirán entre un 10 % y un 15 %. Las compañías alimenticias dejaron de entregar productos básicos como harina y aceite. Empresarios ya amenazan con dejar de cumplir con programas como “Precios Esenciales”.

Otras grandes empresas ya anunciaron que subirán sus precios como Unilever, Inalpa (químicos) y Aceitera General Deheza. Unilever produce las marcas Knorr, Maizena, Savora, productos de higiene y limpieza como Dove, Axe, Ala, Cif, entre varias otras. El impacto se ve también en los mecanismos de las familias trabajadoras para evitar la pérdida adquisitiva de los ingresos. En los supermercados hubo largas filas para aprovechar los diversos descuentos con las tarjetas de crédito donde muchos, para resguardarse de los futuros aumentos de precios, acudieron a comprar.

Con la nueva devaluación los salarios de la clase trabajadora seguirán hundiéndose. Los especialistas ya elevaron sus pronósticos de inflación de 40 % a más del 50 % a fin de año. De manera que en los próximos meses tendremos una pérdida acumulada de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones de más del 30 %, solamente desde inicios de 2018, y podría escalar si la espiral de precios desatada por la devaluación y la dolarización de tarifas no se detiene.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.