Solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios con carácter urgente y excepcional, a los efectos de elevar el monto mínimo de los haberes previsionales de jubilados y pensionados, incluídos aquellos encuadrados en la categoría de pensión no contributiva o asistencial (vejez, invalidez y madres de 7 o más hijos), y equipararlos con el valor actualizado de la canasta básica.

Señor presidente:

Con los fuertes tarifazos que en materia de servicios públicos ha implementado el Poder Ejecutivo nacional, y de acuerdo a cálculos elaborados por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, el valor de la canasta básica del jubilado alcanza los 11.031 pesos, representando el monto, un incremento del 28 % respecto de noviembre de 2015.

Contrario a esta decisión que sin duda provoca un fuerte impacto negativo en los bolsillos de la tercera edad, los haberes jubilatorios no tendrán reajuste alguno por la ley de movilidad hasta el mes de septiembre del corriente año, lo cual implica que hasta ese mes el haber mínimo que percibe un jubilado seguirá siendo de 4.959 pesos.

Sumado a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, tales como gas, luz, agua, telefonía y transporte, debemos considerar los incrementos en precio que han tenido los medicamentos y alimentos, que sin dudas han repercutido negativamente en la economía de toda la ciudadanía, pero fundamentalmente en nuestra clase pasiva, y especialmente en aquellos que perciben el haber mínimo, quienes a diario verifican la pérdida de valor de sus ingresos, imposibilitándolos de tener una vida digna.

En la Argentina más del 50 % de los jubilados percibe la mínima en concepto de jubilación. Con las medidas de ajuste implementadas recientemente por el Poder Ejecutivo y visto que a futuro podría continuarse con la política de tarifazos, cada día más gente va camino a la pobreza, y entre ellos la mayor parte de la tercera edad, con lo cual el objetivo del gobierno de llegar a la “pobreza cero” se desvanece sin excusas.

Actualmente el valor proyectado de la canasta básica para un jubilado es del orden de los 11.031 pesos mensuales debido al aumento de tarifas y precios, lo cual indica un incremento del 28% aproximadamente, sobre el valor que la misma tenía en el mes de noviembre del año 2015, cálculo este que hace la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, conducida por el Dr. Eugenio Semino.

En este sentido y conforme al relevamiento efectuado por el organismo mencionado, los medicamentos, tan indispensables para el mantenimiento de la salud de los jubilados, tuvieron un significativo aumento que ha variado hasta incluso entre un 70 y 144% para los antihipertensivos, no siendo menor las variaciones en otros esenciales y demandados por la tercera edad, que aumentaron en promedio un 60%. No menos han sido los aumentos en alimentos que variaron su precio ente un 30 y un 50 % de incremento durante los últimos cinco meses.

El aumento de las jubilaciones y pensiones, obligatorio por Ley 26.417, “Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público”, cuya iniciativa correspondió al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, permitió desde el año 2009, mantener una actualización automática de los haberes provisionales, alcanzando incluso a aquellos que perciben el haber mínimo.

El último aumento automático por ley de las jubilaciones ha sido del 15,35 por ciento, lo cual implica que a partir de marzo el haber mínimo pasó de 4.299 pesos a 4.959 pesos por mes. La movilidad automática presentó un paliativo para la caída en la capacidad de compra de los haberes jubilatorios como consecuencia de la aceleración inflacionaria que acompañó a la devaluación, la quita de retenciones, la suba de tarifas y el desmantelamiento de los esquemas de control en áreas estratégicas como los alimentos y los medicamentos.

Por la aplicación de la ley de movilidad, los haberes de los jubilados no tendrán ningún reajuste hasta septiembre del corriente año, obligándolos a hacer frente al encarecimiento de los servicios públicos, alimentos, medicamentos y otros gastos, por el término de los próximos 4 meses con haberes que quedarán completamente desfasados, marcándose una evidente diferencia entre el incremento de la canasta básica y los haberes de jubilaciones y pensiones.

Esta situación queda traducida en un deterioro notable para la calidad de vida de nuestros adultos mayores, considerando que más del 50 % de los mismos percibe los haberes mínimos, a lo cual debe sumarse quienes reciben pensiones no contributivas, alrededor de 1,5 millones de personas, con haberes de 3.460 pesos, lo cual requiere de un urgente aumento para todo el sector que los equipare al valor actual de la canasta básica, permitiéndole a los jubilados y pensionados en todas sus categorías llegar al mes de septiembre en que nuevamente se ajustarán los haberes por la Ley de “Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público”, en un valor aceptable con la realidad y que dignifique su vida diaria.

El proyecto de ley que establece la “devolución de una proporción del IVA” en los productos de la canasta básica para jubilados y pensionados y los beneficiarios de la asignación universal por hijo, tendrá un tope de 300 pesos por mes, lo cual representará un impacto positivo sustancialmente menor a lo que se proyectaba.

La jubilación mínima con el último incremento es actualmente de 4.959 pesos, y considerando que los jubilados consumen hasta el 80% de sus ingresos en productos de la canasta básica, pagando en concepto de IVA el 21 % (aproximadamente 830 pesos por mes), el tope de 300 pesos establecido en el proyecto de ley “devolución de una proporción del IVA” reduce el beneficio en 530 pesos por mes, impactando en consecuencia sobre el haber jubilatorio un escaso 6% de beneficio.

No menor es además la situación extrema que incluye a las personas que cobran pensiones asistenciales (discapacitados, madres de 7 o más hijos y adultos mayores sin contención), quienes perciben aproximadamente 4.000 pesos mensuales, siendo éste su único ingreso equivalente al 75% del haber mínimo, lo cual los coloca en un estado cercano a la indigencia y con reducidas probabilidades de supervivencia.

El gobierno incluyó en el proyecto de Ley “reparación histórica para jubilados y pensionados” la aplicación de una “pensión universal” para adultos mayores de 65 años que no lograron completar los 30 años de aportes previsionales para solicitar la jubilación.

La propuesta contempla el pago de un ingreso equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima que se otorgará en forma vitalicia. En los últimos años, los planes de moratoria implementados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández permitieron alcanzar al 97 por ciento de los adultos en edad jubilatoria.

Si se aprueba el proyecto de ley mencionado, los potenciales beneficiarios no deberán esperar el lanzamiento de estos planes para acceder a un haber previsional, pero percibirán un 20 por ciento menos que los jubilados que cobran la mínima, es decir 3.967 pesos por mes, monto absolutamente contrario a los objetivos del gobierno en su afán de “pobreza cero”.

La primera moratoria que implementó nuestro gobierno (Ley 24.476) permitía completar aportes hasta el año 1993, mientras que la segunda (Ley 26.970) extendía el beneficio hasta el 2003. Con ello se logró extender la cobertura previsional al 97 por ciento de las personas en edad de jubilarse, contra el 66 por ciento de 2001.

Ingresaron al sistema 3,2 millones de personas, de las cuales el 70 por ciento (2,2 millones) fueron mujeres con escaso o nulo nivel de aportes. Estas nuevas beneficiarias ingresaron al sistema con 60 años y tras cinco años del pago en cuotas de aportes atrasados a la Anses, pasaron a cobrar como piso la jubilación mínima.

Con los cambios que introduce el proyecto del actual gobierno, las mujeres que no tengan los aportes necesarios para la jubilación o no puedan completarlos con la primera moratoria, porque les faltan del período comprendido entre 1993 y el momento de iniciar el trámite, deberán esperar hasta los 65 para ingresar al beneficio a la vejez.

Este esquema crea jubilados de “primera” y de “segunda”, porque coexistirán aquellos que accedieron al beneficio con los aportes correspondientes por haber trabajado en blanco y aquellos que fueron víctimas de la informalidad y solo cobrarán el 80 por ciento de ese mínimo.

Los adultos mayores que se encuentran en esta situación observan a diario como su vida se transforma, perdiendo sus ahorros y patrimonio hasta llegar a un aislamiento completo en su relación con la sociedad para terminar con frecuencia en un estado de enfermedad difícil de sobrellevar.

El no poder cubrir los gastos en alimentos, medicamentos, servicios, higiene, transporte y vivienda, en fin, las necesidades básicas, los convierte en víctimas de un sistema que al menos para estos casos en que perciben los haberes mínimos deben ser reparados en forma excepcional y urgente, incrementado en consecuencia los valores de los haberes previsionales mínimos a un nivel de paridad con el monto de la canasta básica.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.