Artículo 1°: Se deroga el artículo 60 de la Ley 24156, de modo tal que queda establecido que cualquier pago de deuda de la Nación, sea interior o exterior, y cualquier operación de crédito público que pretenda formalizar el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales (Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Cámara de Comercio Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Interamericano, etc.) debe ser tratado por el Congreso Nacional.

Artículo 2°: Se dispone de manera unilateral el no pago de la deuda pública externa de la Nación.

Artículo 3°: Se crea una comisión investigadora de la deuda pública externa e interna del país, electa por voto directo de todos los ciudadanos de la Nación, que deberá presentar un informe público al Congreso para su tratamiento, de acuerdo con las facultades constitucionales que reafirma el Artículo 1° de la presente ley.

Artículo 4°: Se establece el control de cambios para el ingreso y el egreso de divisas extranjeras. Será facultad de la comisión investigadora creada en el artículo 3° de la presente ley, arbitrar los mecanismos para garantizar esta disposición.

Artículo 5°: Se prohíbe que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cualquier organismo de la administración pública nacional pueda realizar operaciones de compra de títulos de deuda como las Letras del Banco Central (LEBAC) o bonos en pesos o en dólares (Bonar X, Bonar 2024, Cupón PBI en pesos o en dólares, Global 2017, Disc Usd Ar, etc.).

Artículo 6°: Se derogan los artículos 165 a 173 de la ley 27430 (reforma tributaria) que reducen progresivamente hasta el año 2022 al diecinueve coma cincuenta por ciento (19,50%) la alícuota única de las contribuciones patronales correspondiente sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social regidos por las leyes 19.032 (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados —INSSJP—), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares).

Artículo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

Señor presidente:

El país está atravesando una crisis de envergadura. El llamado desesperado del gobierno de Macri al FMI es el reconocimiento de hecho del fracaso de una política, con un país que se desangra por la fuga de capitales, que debe enfrentar vencimientos de deuda en términos leoninos para la economía nacional y que todavía debe financiar un déficit de balanza de pagos que supera los 30.000 millones de dólares y que el gobierno hoy no puede conseguir sin pagar tasas usurarias superiores al 11% anual en dólares. Se trata de una tasa compatible con un país quebrado.

La fuga de capitales de Argentina ha comenzado a ser caracterizada por distintos analistas como el punto de partida de una nueva crisis internacional. En las últimas semanas, números países de los denominados “emergentes” han entrado en una espiral de devaluaciones que caracterizan un escenario de bancarrota a escala mundial. En Argentina, desde diciembre pasado, la devaluación ha llegado, provisionalmente, a cerca del 40% y en Brasil el 20%. Toda devaluación significativa equivale a un defol de la deuda pública nominada en moneda local, a la desvalorización del patrimonio nacional en su conjunto, y constituye, a término, la posibilidad de un defol internacional. Y al mismo tiempo una confiscación enorme al bolsillo popular: con paritarias con un techo irrisorio del 15%, jubilaciones de $7600 para la enorme mayoría que cobra la pensión mínima, y tarifas dolarizadas que se vuelven impagables.

Luego de la renovación de Lebac, emisión de bonos y venta de divisas del martes pasado, el dólar cotiza hoy a $24,60 –lo que da como resultado un alza que acumula un 30,4% desde que empezó el año 2018. El gobierno emitió bonos hasta los 100.000 millones de pesos, con tasas que alcanzan el 20 por ciento anual, y habilitó bonos del tesoro al 16% en pesos, pero a valor dólar, otra fuente de especulación para absorber circulante. Han aumentado la masa de deuda y están creando las condiciones de una crisis potencial todavía mayor. Es decir, que siguen apagando el fuego con deuda, es decir, con nafta.

En estas condiciones, el financiamiento que podría brindar el FMI solo servirá para reforzar la sumisión del país ante el capital financiero, tal como sucedió con la fatídica experiencia del ‘blindaje’ de De la Rúa, que sólo sirvió para financiar la fuga de capitales del círculo rojo y una vez que ésta concluyó se procedió a decretar la quiebra del país, con las secuelas que todos conocemos. El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue procesado por la Justicia por este acto delincuencial que concluyó con un aumento sustancial de la deuda externa de la Argentina. Ahora se ve con claridad que es en virtud de esos antecedentes, que el gobierno de Macri lo convocó a ejercer su actual cargo.

Un pacto con el FMI no solo no dará respuestas a los problemas de fondo, sino que agravará las condiciones ruinosas a las que quieren someter a la mayoría del pueblo trabajador argentino. El Fondo ya hizo saber sus exigencias el año pasado, en oportunidad de la revisión anual de la economía argentina. Estas incluían una reforma previsional más a fondo, que establezca la suba de la edad de jubilación a los 70 años y la vuelta al sistema de capitalización; la reforma laboral con el objetivo de fondo de terminar con la llamada ‘ultraactividad’, que permite la renovación automática de los convenios colectivos; un ajuste fiscal más pronunciado, que alcance los sistemas de salud y educación; una mayor presión a las provincias y municipios para que apliquen ellas mismas el ajuste sobre sus trabajadores. Este plan de guerra contra las masas, sin embargo, el macrismo lo ha ido aplicando hasta donde la resistencia popular se lo permitió sin revertir la quiebra del Estado y el vaciamiento financiero del país.

Las negociaciones con el FMI vendrán de la mano de una agudización del plan de guerra contra los trabajadores que viene aplicando el gobierno de Macri con la colaboración de los gobernadores de todo el país. Esta "aceleración del ajuste" solo puede pasar con mano dura contra la clase obrera, como lo muestra la represión a los trabajadores de Cresta Roja que están en lucha contra los despidos. Quieren aleccionar a todo el movimiento obrero frente a lo que se viene.

Ahora Macri y Peña plantean un gran acuerdo nacional para aplicar las condiciones del FMI. Quieren el compromiso explícito del conjunto del arco político –la “oposición” que le ha votado ya más de 100 leyes del ajuste a Cambiemos- para esta nueva fase de la ofensiva capitalista en curso. Van por la ejecución a fondo de este plan que seguirá hundiendo al país en la recesión para el repago de los intereses de la deuda y que implicará también recorte de puestos de trabajo, asistencia social y salarios. Rechazamos de plano un acuerdo nacional con el gobierno y la oposición para llevar a fondo la política antiobrera del FMI.

Este proyecto de ley es un planteo de transición para desenvolver una salida a la crisis en términos antagónicos a la política que lleva a cabo el gabinete de Cambiemos. Es decir, una salida que parte no de un rescate al capital financiero, sino de un rescate a las mayorías que viven de su trabajo y son las que ya están pagando las consecuencias de esta crisis que no generaron.

Por empezar, planteamos eliminar el artículo 60 de la Ley Cavallo de 1992 (Ley 24156) que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a contraer deuda con los organismos financieros internacionales sin pasar por el Congreso. Una ley a la medida de gobiernos títeres del capital financiero, que además es inconstitucional, porque contradice lo establecido en el Artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional. Por el contrario, planteamos que todo tipo de deuda contraída por la Nación debe ser parte de un debate público de cara a los legisladores nacionales y la población en general.

Debe ser impugnado todo el proceso de deuda, por ello planteamos la inmediata suspensión de todo pago de la deuda externa para que sea sometida a revisión por una comisión investigadora electa. Es falso el argumento oficialista de que se toma deuda porque existe un déficit fiscal; es al revés: la Argentina tiene un déficit fiscal enorme precisamente por la carga de la deuda. Tenemos unos 20 mil millones de dólares de intereses de una deuda pública que Argentina ya pagó varias veces y que en buena medida constituyen la capitalización de intereses de una deuda impagable.

La comisión investigadora electora será asimismo responsable de arbitrar los medios para establecer el control de cambios para el ingreso y el egreso de divisas extranjeras, con el objetivo de frenar la sangría de la fuga de capitales.

Se prohíbe asimismo que la ANSES, el BCRA y cualquier organismo de la administración nacional puedan endeudarse comprando títulos de deuda, bonos o letras del tesoro, para cortar un mecanismo perverso de usura con el dinero de los jubilados, contribuyentes y los trabajadores en general, en favor del capital financiero.

Finalmente, esta ley plantea reponer los aportes patronales que fueron recortados con el Artículo 165 de la Reforma Tributaria pactada entre Macri y los gobernadores, para poder afrontar el pago de las jubilaciones.

Al acuerdo pro-FMI, le oponemos un gran acuerdo de los trabajadores para expulsar al FMI y elaborar un plan económico propio, a partir de un congreso de delegados mandatados. Este proyecto es, en ese sentido, un insumo para la deliberación popular en torno a una salida propia de los trabajadores.

Promovemos, no la unidad con el capital financiero internacional, sino con los trabajadores para abrir paso a una reorganización económica y social que empiece por la reapertura de las paritarias y la indexación salarial mensual y el aumento de emergencia a los jubilados.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas nacionales el acompañamiento del presente proyecto de ley.