RESTABLECE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y EDAD JUBILATORIA PREVIOS A LA REFORMA DE DICIEMBRE DE 2017

Artículo 1º:

Déjense sin efecto las reformas previsionales establecidas mediante la ley 27.426 -Indice de movilidad. Haberes. Facultades-, sancionada el 18 de diciembre de 2017.

Artículo 2º:

A fin de dar cumplimiento a la disposición del artículo 1° de la presente, ratificase la vigencia de la ley 24.241 -Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- en todos sus términos y con todas sus modificatorias a excepción de las establecidas mediante la ley 27.426.

Artículo 3º:

A fin de dar cumplimiento a la disposición del artículo 1° de la presente, ratificase la vigencia de la ley 20.744 -Ley de Contrato de Trabajo- en todos sus términos y con todas sus modificatorias a excepción de las establecidas mediante la ley 27.426.

Artículo 4º:

El Poder Ejecutivo deberá instruir a la Administración Nacional de Seguridad Social para que recalcule los haberes liquidados según las disposiciones de la ley 27.426 y acreditar las diferencias retroactivas que correspondieren con los haberes del mes de Julio de 2018.

Artículo 5º:

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los TREINTA (30) días de su sanción.

Artículo 6º:

De forma.

Señor presidente:

El 9 de noviembre de 2016 el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la primera misión de supervisión de la economía Argentina desde 2006. El Gobierno del Presidente Macri le había vuelto a abrir la puerta al Fondo Monetario después de que la Argentina pagara todas sus deudas con el organismo internacional en el año 2006. En esa misión de supervisión, sus recomendaciones fueron:

1. Cambiar la fórmula de actualización de los beneficios de la seguridad social, reemplazándola por un índice según inflación (IPC), con el fin de reducir los aumentos, logrando un ahorro previsional;

2. Aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 años a 65 años;

3. Reducir la jubilación promedio del 72% en que se encontraba en 2016, a un 60%;

4. Separar la seguridad social (jubilaciones y pensiones) de la asistencia social (AUH, planes Progresar, Procrear, etc.), sacando de la Anses a estos últimos.

Fue en el marco de aquellas sugerencias que el Poder Ejecutivo ingresó al Senado que alcanzaba a jubilados, pensionados, beneficiarios de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, y a los veteranos de la guerra de Malvinas. En la práctica significó una reducción del 3% de las jubilaciones promedio para 2018 y del 8% para 2019, con un recorte presupuestario en seguridad social del orden de los 72.000 millones para el ejercicio fiscal 2018.

Las reformas incluyeron el cambio de fórmula con la que se venían actualizando los beneficios de la seguridad social, adoptando la recomendación del Fondo Monetario Internacional de actualizar los beneficios por el Indice de Precios al Consumidor, con el fin de generar un recorte de unos 100 mil millones de pesos. El proyecto incluyó también la supresión del régimen de los docentes y la eliminación del impuesto a las ganancias destinado al ANSES.

No es necesario explayarme en estos fundamentos respecto de la forma en que se logró la sanción de la ley 27.426, a libro cerrado, con la sociedad repudiando las reformas alrededor del Congreso, imponiendo mayorías forzadas y sin siquiera escuchar los planteos que hicimos desde la oposición. Indudablemente algo habrán hecho mal desde el oficialismo, porque hoy sabemos la caída estrepitosa del respaldo de la ciudadanía al presidente Macri y al Gobierno de Cambiemos. Y sabemos también que esa amañada reforma previsional significó no sólo una pérdida de popularidad, sino un descontento social, una desconfianza generalizada y el comienzo de una crisis que encontró su punto culminante con la corrida cambiaria de principios del mes de mayo, que nos depositó nuevamente en las escalinatas del Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo multimillonario que le permitiera al Gobierno financiar sus medidas.

Ya sabemos lo que ahora vendrá: más ajustes. El gobierno de Cambiemos se sigue negando a dialogar con sinceridad y amplitud con la oposición para encontrar los mejores caminos que permitan sacar a la Argentina de esta situación que causada por decisiones equivocadas que se vienen tomando desde hace dos años en nuestro país.

Ya se siente el impacto de los tarifazos, el gobierno ya ha aceptado que la inflación será mayor que la proyectada cuando tratamos el presupuesto. La devaluación del peso argentino de estos días, anticipa que los alimentos van a subir, y también los medicamentos, tarifas y el resto de los servicios. Los jubilados tendrán que enfrentar esta situación en inferioridad de condiciones por aquella ley aprobada con el Congreso vallado y la gendarmería haciendo de guardaespaldas del ajuste.

Es por eso que creemos necesario en la presente situación, volver atrás con aquella mala reforma previsional para que los jubilados tengan un alivio en sus haberes que les permitan afrontar lo que se viene. Y que retrotraer el régimen previsional al que regía antes de la sanción de la ley 27.426 sea una forma de iniciar entre gobierno y oposición un camino de diálogo franco que nos permita entre todos sacar el país adelante.

Por último, escuchamos con frecuencia a los miembros del Gobierno de Cambiemos hablar sobre no tomar ninguna decisión que signifique agravar el déficit fiscal -ya bastante agravado desde la asunción del actual presidente. Coincidimos en ese objetivo. No hay que tomar medidas que no puedan ser financiadas. Pero tampoco se pueden tomar medidas que signifiquen ajustes para los sectores más vulnerables de la sociedad y la clase media y alivio sólo para los sectores más concentrados de la economía. Creemos que esta medida de retrotraer el cálculo previsional, tal cual lo propongo en mi proyecto de ley, se puede financiar retrotrayendo otras decisiones que este gobierno tomó y que le restaron importantes ingresos. Estoy hablando puntualmente de las retenciones agropecuarias y mineras que este gobierno disminuyó o eliminó.

Si el proyecto de reforma previsional impulsado por Cambiemos en Diciembre del año pasado pretendía ahorrar 100.000 millones para el ejercicio 2018 por la nueva fórmula de cálculo, el costo fiscal de retrotraer la situación al punto anterior a la reforma implica casualmente un costo fiscal aproximado a los 100.000 millones respecto de las expectativas del Gobierno (aunque -tenemos que decirlo- el costo fiscal es cero, respecto de la situación previa a la reforma, lógicamente).

Supongamos, entonces, que hubiese que enfrentar un costo fiscal de 100.000 millones. Cómo se podría financiar? Retrotraer la eliminación de las retenciones mineras (aproximadamente significan 10 mil millones de pesos) y retrotraer las quitas en las retenciones agropecuarias (aproximadamente implican 100 mil millones de pesos).

Adicionalmente, es oportuno expresar, que con la depreciación del peso de mediados de mayo, los bancos privados de Argentina lograron ganancias extraordinarias -estimadas por el propio Banco Central- en 57 mil millones de pesos, por lo que a este sector de concentración financiera también se le puede pedir un esfuerzo adicional.

Es claro, por lo tanto, que si hubiese voluntad, se podría retrotraer -sin impacto en el déficit fiscal- la situación previsional hasta el momento anterior a la reforma impulsada por el gobierno en Diciembre de 2017, simplemente retrotrayendo también dos beneficios impositivos para sectores exportadores, que -por otra parte- son los principales beneficiarios de la depreciación del valor del peso y la apreciación del dólar.

Por estas razones y por las que oportunamente expondré en el recinto en ocasión de su tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.