AUMENTO DE EMPERGENCIA A JUBILADOS Y PENSIONADOS

Artículo 1º. A partir del mes de abril del presente año se hará efectivo un aumento de emergencia de $ 6.000 sobre todas las escalas para el conjunto de jubilados y pensionados inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Artículo 2º. Los fondos para este aumento de emergencia provendrán en lo inmediato de Rentas Generales del Tesoro Nacional, sobre la base de un impuesto extraordinario a la renta financiera, la reposición de los aportes patronales, vigentes en 1993, y los impuestos progresivos al capital necesarios hasta cumplir las necesidades emergentes de esta ley.

Artículo 3º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Nos dirigirnos a usted con el objeto de poner a su consideración el presente Proyecto de Ley tendiente a implementar un aumento de emergencia de $6.000 al mes para todas las escalas de jubilados y pensionados.

Más del 50% de los jubilados percibe hoy el haber mínimo de $4.959, mientras otro 17% apenas supera esta cifra. Quienes perciben estos haberes no pueden, de ninguna manera, hacer frente a la escalada de precios en artículos de primera necesidad, medicamentos, alquileres y/o expensas, provocados por una devaluación de nuestra moneda que ronda el 60%, a lo que hay que sumarle el extraordinario incremento en las tarifas de servicios y transporte públicos.

Estas medidas implementadas por el gobierno nacional dispararon aún más la inflación precedente que organismos provinciales y del propio Congreso Nacional estimaron en un 15% acumulado entre los meses de diciembre 2015 y marzo 2016. Es así como el ajuste del 15.35% en los haberes previsionales del mes de marzo, fue absolutamente absorbido por la inflación, antes de que los beneficiarios los hubieran cobrado.

Esta situación, de por sí grave, se agudiza con la inflación de abril estimada en un 6% y una proyección anual no menor al 40%. Al respecto, el Defensor de La Tercera Edad, Eugenio Semino, marcó que la diferencia de aumentos entre la canasta básica y las jubilaciones “desnuda el deterioro del poder adquisitivo del sector que se suma al deterioro histórico de los haberes” y continúa, “este hecho pone en grave riesgo la calidad de vida de nuestros adultos mayores, razón por la cual, si tomamos simplemente como referencia los haberes mínimos, monto percibido por más del 50% de los jubilados y pensionados, y si además tomamos en cuenta que quienes reciben pensiones no contributivas (alrededor de 1.5 millones de personas) más afectados aún con haberes de $3.460, amerita un inmediato aumento de emergencia para todo el sector, de por lo menos $5.000”.

Es en este cuadro que la intervención del PAMI anuncia que 160 medicamentos dejarán de tener la cobertura del 100%, medida anunciada como “Plan de medicamentos sustentable”. Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal, Claudio Ucchino, entre esos medicamentos hay antibióticos y antitusivos muy utilizados por los adultos mayores y agregó que ya hay casos de jubilados y pensionados afiliados al PAMI que deciden “reducir la cantidad” de dosis porque no pueden pagar los remedios con los nuevos precios.

A esto se le suman las reformas jubilatorias que se están impulsando en el interior del país, las cuales impactarán sobre una reducción de las jubilaciones. Como por ejemplo en la provincia de Córdoba donde una ley que promovió el oficialismo, y votó la oposición, cambia el cálculo del haber jubilatorio que redunda en una pérdida del 10% en los haberes de los jubilados. En Santa Fe, invocando el déficit de la Caja de jubilaciones, también impulsan una reforma del sistema previsional donde el eje es el aumento de los aportes de los trabajadores. En Tierra del Fuego se ha avanzado con la reforma del IPAUSS, donde entre otras cosas se aumenta la edad jubilatoria a 60 años y aportes progresivos “solidarios” a partir de los 50, siendo que antes la jubilación ordinaria para las mujeres se establecía en los 50 y para los hombres en los 55 años.

El impacto de esta situación en la calidad de vida y el equilibrio emocional de millones de jubilados y pensionados es simplemente demoledor. ¿Quién puede sostener que con $4.959 mensuales estos ciudadanos argentinos pueden esperar hasta septiembre, cuando se aplique el nuevo ajuste en los haberes establecido la Ley de Movilidad? Es más ¿cómo podrán sostenerse hasta junio? Pocos ignoran que una gran cantidad de jubilados, especialmente de la franja que aquí estamos considerando, están enormemente endeudados como consecuencia de la situación que estamos describiendo. Es así como estos haberes miserables están prácticamente embargados por estas deudas.

Según el último informe elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica para los jubilados cuesta $11.031 mensuales. En diciembre pasado, esta canasta costaba $8612, registrándose un incremento de $2.419 (28% más). Esto, debido principalmente a los aumentos en las tarifas de servicios públicos. A partir de estas estadísticas es que planteamos un aumento de emergencia de $ 6 mil, lo que llevaría las jubilaciones mínimas actuales al equivalente de una canasta básica.

Ante esta realidad desoladora que padecen millones de nuestros padres y abuelos, luego de una larga vida de trabajo, consideramos que quienes fuimos electos como representantes del pueblo, tenemos el imperioso deber de producir medidas que corrijan esta penosa situación.

En base a estas consideraciones es que elevamos este Proyecto de Ley para ser tratado con celeridad.

Por todos estos motivos, solicitamos el acompañamiento de los señores/as diputados/as.