Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que informe, por los medios que estime convenientes, acerca de los siguientes temas:

a) si se ha hecho una estimación de la proporción de pensiones no contributivas sobre el total de la población en la localidad de Santo Pipó, Provincia de Misiones;

b) si se hubiera hecho la estimación antes referida, se sirva informar los resultados;

c) si se ha hecho una evaluación de los medios por los que se han solicitado pensiones no contributivas en la localidad de Santo Pipó, Provincia de Misiones;

d) si se hubiera hecho la evaluación antes referida, se solicita información sobre esos resultados;

e) si se ha hecho una evaluación de las edades, sexo y parentescos de los perceptores de pensiones con autoridades municipales ejecutivas o legislativas de la ciudad de Santo Pipó, Provincia de Misiones;

f) si se ha hecho una evaluación de las edades, sexo y parentescos de los perceptores de pensiones con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones y fuerzas de seguridad locales;

g) si se hubiera hecho la evaluación referida en el punto anterior, se solicita información sobre esos resultados;

h) si puede corroborar que las personas denunciadas perciban pensiones no contributivas;

i) si puede corroborar los parentescos de las personas que han sido denunciadas públicamente, entre perceptores y autoridades municipales.

Señor presidente:

Santo Pipó es una pequeña localidad de la Provincia de Misiones, del Departamento San Ignacio, a unos ochenta kilómetros de Posadas. Cuenta con alrededor de 6.500 habitantes. Curiosamente, un grupo de ciudadanos de la localidad ha hecho una denuncia pública acerca de la existencia de numerosas pensiones no contributivas para mucha gente de la localidad y, en particular, para familiares de la Intendente y algunos Concejales.

Por esta razón y, dado que estos ciudadanos ya han elevado cartas tanto a la Dirección Nacional de Pensiones no Contributivas como al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y no han tenido ninguna respuesta, es que venimos a plantear esta cuestión buscando una respuesta formal.

Los ciudadanos de Santo Pipó aseguran que hay alrededor de 3000 viviendas en la ciudad y 1100 discapacitados. Sobre estos datos queremos información. Imagínese, Señor Presidente, que si tuviéramos una ciudad en la que un tercio de la población tiene problemas de discapacidad estaríamos frente a una catástrofe en términos de salud y seguridad pública. Si ese fuera el caso, deberíamos estar arbitrando todos los medios del Estado para estudiar y contener alguna epidemia focalizada. Desde ya que no creemos que sea el caso. Y de ahí, todas estas sospechas, tanto de los vecinos, como nuestras, que las hacemos propias.

Las dudas se basan en dos cuestiones de distinta índole. Una, en la cuestión de salud pública para saber si efectivamente se trata de pensiones otorgadas en problemas de salud, discapacidades físicas o demás certificables y/o asignables a cuestiones ambientales. La otra, saber si están otorgadas por parentescos, más allá de las discapacidades reales. En este caso, se estarían privilegiando las necesidades de los ciudadanos no por ser ciudadanos, sino en función de su grado de cercanía con el poder. Esto hace que los fondos no se destinen a quienes más lo necesitan, sino que son otros factores los que definen quién tiene cobertura social y quién no.

Dados estos dos conflictos, queremos saber si, efectivamente, estas situaciones son las que se han dado en Santo Pipó. De ahí las preguntas que estamos haciendo, para saber si se trata de hechos reales o de situaciones irregulares.

La información que solicitamos se refiere los siguientes casos que han sido denunciados:

Dada esta información es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación de este proyecto.