AUMENTO DE EMPERGENCIA A JUBILADOS Y PENSIONADOS

El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de Ley;

Artículo 1º. A partir del mes de mayo del presente año se hará efectivo un aumento de emergencia de $ 8.000 sobre todas las escalas para el conjunto de jubilados y pensionados inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Artículo 2º. Los fondos para este aumento de emergencia provendrán en lo inmediato de Rentas Generales del Tesoro Nacional, sobre la base de un impuesto extraordinario a la renta financiera, la reposición de los aportes patronales, vigentes en 1993, y los impuestos progresivos al capital necesarios hasta cumplir las necesidades emergentes de esta ley.

Artículo 3º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El presente Proyecto de Ley tiene por objetivo implementar un aumento de emergencia de $8.000 al mes para todas las escalas de jubilados y pensionados.

Más del 50% de los jubilados percibe hoy el haber mínimo de $6.394, mientras otro 17% apenas supera esta cifra. Quienes perciben estos haberes no pueden, de ninguna manera, hacer frente a la escalada de precios en artículos de primera necesidad, medicamentos, alquileres y/o expensas, a lo que hay que sumarle el extraordinario incremento en las tarifas de servicios y transporte públicos.

Estas medidas implementadas por el gobierno nacional dispararon aún más la inflación precedente. Según acaba de publicar el IPC Congreso, en los últimos seis meses la inflación promedio fue del 2,1% mensual, lo que representa una suba de 28% anual (http://www.infobae.com/economia/2017/04/10/la-inflacion-congreso-fue-de-22-en-marzo-y-se-aleja-la-meta-del-bcra-para-2017/). En la tarde en que presentamos este proyecto, el INDEC dará conocer las cifras oficiales que, según ha trascendido, coincidiría en la proyección de una inflación superior al 2% para el mes de marzo. Las consultoras privadas tienen cálculos similares. Por ejemplo, la consultora C&T registró en marzo una alza del 2,3% a nivel general el mes pasado y del 31,5% en el último año con subas en alimentos y bebidas, educación, vivienda e indumentaria (http://www.ambito.com/878986-indec-da-a-conocer-la-inflacion-de-marzo-se-espera-mas-de-2).

Es así como el ajuste del 12.65% en los haberes previsionales del mes de marzo, fue absolutamente absorbido por la inflación acumulada en el último año, antes de que los beneficiarios los hubieran cobrado.

Esta situación se agrava con los aumentos por detrás de la inflación que se repiten año tras años, consolidando una monumental pérdida del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. Al respecto del aumento que tuvo lugar un año atrás, en marzo de 2016, el Defensor de La Tercera Edad, Eugenio Semino, marcó que la diferencia de aumentos entre la canasta básica y las jubilaciones “desnuda el deterioro del poder adquisitivo del sector que se suma al deterioro histórico de los haberes” y continúa, “este hecho pone en grave riesgo la calidad de vida de nuestros adultos mayores, razón por la cual, si tomamos simplemente como referencia los haberes mínimos, monto percibido por más del 50% de los jubilados y pensionados, y si además tomamos en cuenta que quienes reciben pensiones no contributivas (alrededor de 1.5 millones de personas) más afectados aún con haberes de $3.460, amerita un inmediato aumento de emergencia para todo el sector, de por lo menos $5.000”. Ese mismo planteo actualizado a 2017 nos lleva a exigir un aumento de emergencia de $8000, para que el haber mínimo supere los $14.000, y permita cubrir la canasta básica.

Según la Defensoría de la Tercera Edad, a diciembre 2016, el costo de la canasta básica del jubilado era de 14.031 pesos. Si a esto se le agregan los ajustes criminales en el PAMI, con el recorte de la cobertura de prestaciones y entrega de medicamento que comandó el desplazado Carlos Regazzoni, que en abril del año pasado firmó y defendió públicamente una resolución por la cual se eliminó el descuento del 100% para 150 medicamentos (algunos de ellos esenciales para los adultos mayores), se hace evidente la situación de desesperante pobreza que afecta a nuestros jubilados y la imperiosa necesidad de proceder a un aumento de emergencia.

El reemplazo de Regazzoni por Sergio Cassinotti (ex titular de Ioma en provincia de Buenos Aires), tiene el objetivo de profundizar el recorte de gastos del PAMI, lo cual redundará, claro, en un peor servicio a los jubilados. Se trata incluso de atacar a los sectores más humildes, el 1,5 millón de jubilados que recibe el 100% de descuento en los medicamentos para enfermedades crónicas porque no pueden pagar el diferencial del 20% que el afiliado general al PAMI debe cubrir para ese tipo de fármacos. De concretarse este nuevo recorte, ese sector de menores recursos sería duramente golpeado ya que, además, los medicamentos para enfermedades crónicas son los que tuvieron aumentos más grandes en el curso del 2016, en un marco en el que todos los precios de los remedios dieron saltos mayores que la inflación.

A esto se le suman las reformas jubilatorias que se están impulsando en el interior del país, las cuales impactarán sobre una reducción de las jubilaciones. Como por ejemplo en la provincia de Córdoba donde una ley que promovió el oficialismo, y votó la oposición, cambia el cálculo del haber jubilatorio que redunda en una pérdida del 10% en los haberes de los jubilados. En Santa Fe, invocando el déficit de la Caja de jubilaciones, también impulsan una reforma del sistema previsional donde el eje es el aumento de los aportes de los trabajadores. En Tierra del Fuego se ha avanzado con la reforma del IPAUSS, donde entre otras cosas se aumenta la edad jubilatoria a 60 años y aportes progresivos “solidarios” a partir de los 50, siendo que antes la jubilación ordinaria para las mujeres se establecía en los 50 y para los hombres en los 55 años.

El impacto de esta situación en la calidad de vida y el equilibrio emocional de millones de jubilados y pensionados es simplemente demoledor. ¿Quién puede sostener que con $6.394 mensuales estos ciudadanos argentinos pueden esperar hasta septiembre, cuando se aplique el nuevo ajuste en los haberes establecido la Ley de Movilidad? Es más ¿cómo podrán sostenerse hasta junio? Pocos ignoran que una gran cantidad de jubilados, especialmente de la franja que aquí estamos considerando, están enormemente endeudados como consecuencia de la situación que estamos describiendo. Es así como estos haberes miserables están prácticamente embargados por estas deudas. Además, como explica un artículo de La Nación del 10 de abril, “la falta de sustento también muestra relación con el estado de salud: tienen malestar psicológico, ansiedad o depresión (37.5%), y su salud bastante o muy comprometida (31.6%); se sienten poco o nada felices (19.2%) y carecen de proyectos personales que les permiten trascender el día a día (30%).” (http://www.lanacion.com.ar/2007624-el-38-de-los-adultos-mayores-dice-que-sus-ingresos-no-les-alcanzan-para-vivir)

A partir de estas consideraciones y de las estadísticas aquí vertidas es que planteamos un aumento de emergencia de $8 mil, lo que llevaría las jubilaciones mínimas actuales al equivalente de una canasta básica.

Ante esta realidad desoladora que padecen millones de nuestros padres y abuelos, luego de una larga vida de trabajo, consideramos imperioso el deber de los legisladores nacionales de producir medidas que corrijan esta penosa situación.

Por todo lo expuesto, elevamos este Proyecto de Ley para ser tratado con celeridad, y solicitamos el acompañamiento de los señores/as diputados/as.